La agenda de la Cámara de Diputados de Santa Fe tiene, entre los proyectos con preferencia, dos temas que ofrecen controversias y cuya definición resolverá el interbloque de Unidos en reunión plenaria, previa a las reuniones de las comisiones centrales del cuerpo: Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Se trata de la norma futura que definirá los alcances del proceso en lo contencioso administrativo y la iniciativa originada en la Mesa del Diálogo para declarar a Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

Sobre el procedimiento contencioso la Legislatura discute en base a un mensaje del Poder Ejecutivo. Primero Diputados votó, por unanimidad un texto fruto del trabajo de las comisiones. Luego, el Senado votó otro texto, también por unanimidad. Ahora, la Cámara Baja debe definir si respeta el acuerdo interno que le valió la unanimidad o acepta la reforma del Senado. En el medio, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, solicitó se escuche la postura de ese municipio uno de los más implicados en dicho fuero.

Javkin avala el proyecto votado por el Senado y dio explicaciones ante integrantes de la Cámara Alta, entre ellos el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig.

La ley de procedimiento completa el cuerpo legal emanado desde el Ejecutivo para darle un nuevo contenido al fuero, especialmente después de la sanción de la reforma de la Constitución. Ya hay Código del fuero, otra ley creó el Colegio de jueces y hasta el viernes inscriben en el Consejo de la Magistratura a los postulantes a ocupar las vacantes. Todas las demandas contra el Estado se tramitarán ante el fuero y de allí la importancia de la norma sobre procedimiento.

En cuanto al proyecto sobre territorio libre de discursos de odios, hay posturas contrarias del bloque Somos Vida que conduce Amalia Granata y de algunos sectores del justicialismo como Miguel Rabbia.

La iniciativa fue presentada por la Mesa del Diálogo en sintonía con la ordenanza ya dictada en el ciudad de Santa Fe. El Senado lo votó en forma inmediata por unanimidad y Unidos le dio dictamen en dos comisiones, en una de ellos acompañados por la justicialista Celia Arena.

La libertaria Silva Malfessi es quien más ha expuesto su rechazo al proyecto y lo vinculó a la posibilidad de que haya censura desde el Estado santafesina al darle herramientas en la ley para que pueda ser sancionado el que opina diferente. Postura similar expresó Rabbia y, en la última sesión de la Cámara, fue Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) la que advirtió sobre lo peligroso de la norma cuando un legislador oficialista refutó su postura sobre temas electorales.

"A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital- que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas", marca el artículo 2 del proyecto.

En el artículo 4 se incluye en el Código de Convivencia el artículo 62 bis con la siguiente redacción: Discursos de odio. Los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discursos de odio serán reprimidos con una multa de hasta 60 jus, que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos. Para la ejecución de la instrucción o el abordaje, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura o el que en el futuro lo reemplace.

Otros tres proyectos de ley tienen también tratamiento preferencial esta semana, entre ellos uno del jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco creando la estructura tarifaria llamada "Tarifa de Movilidad Eléctrica" de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en instalaciones de usuarios encuadrados como pequeñas demandas residenciales y no residenciales (comerciales, industriales, generales y de servicios) tanto en el ámbito urbano como rural.

Blanco enmarca el proyecto en la Ley Provincial N.º 13.781, que promueve la industrialización y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia.

En tanto, un tema encabezado por Granata pero con otros ocho proyectos sobre la materia, apunta a crear un sistema digital para el control y responsabilidad alimentaria de funcionarios públicos. El quinto es una iniciativa de Beatriz Brouwe (Unite) para la promoción y apoyo a la industria audiovisual "Santafecine".

Las cámaras de Senadores y de Diputados fueron convocadas a una sesión conjunta con dos temas en agenda. Por un lado, votar acerca de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Verónica Ballari.

Por el otro, para resolver la situación del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros quien ya fuera suspendido por la Legislatura. El proceso disciplinario contra el funcionario del MPA abarca presuntas causales de mal desempeño e irregularidades, entre las que se incluyen una causa por simulación de robo / tentativa de estafa a una compañía de seguros y denuncias posteriores sumadas al expediente.

Ya Rodriguez y Barros hizo su descargo ante la Comisión de Acuerdos y este jueves se resolverá su situación. El designado instructor de la causa, el diputado Marcos Corach, propondría la destitución y tendría el aval de varios sectores políticos.

11 pliegospara elMPA

Este jueves, está convocada la Asamblea Legislativa para considerar once postulantes al Ministerio Público de la Acusación los que no tenían mayores objeciones así como un pliego para juez penal.

Los casos de fiscales, son todos adjuntos subrogantes, varios de ellos para la regional con cabecera en Reconquista.

En el caso del pliego de juez, el Ejecutivo propone a Leandro Maximiliano Martín como juez penal de segunda instancia para los tribunales de Venado Tuerto.

Para la Regional I del MPA, el Ejecutivo propone a Luciana Violeta Chiavarini quien hoy ejerce ese cargo en Reconquista.

Para la Regional III los nombres son Adolfo Germán Pisani y Antonela Santamaria.

Para la Regional IV, Juan Pablo Malberti; Rita María Llamas, Valentina Alesso, Leandro Leonel Arraga y Eduardo Sequeira Alegre.

En tanto, para la Regional V los propuestos son Ricardo Milton Kettler, Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini.

Este jueves, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de Santa Fe se resolverán los cuatro proyectos de ley que tienen tratamiento preferencial para la tarde, especialmente el mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se implementa la ley del proceso contencioso administrativo en la provincia.

Este asunto así como el proyecto iniciado en Senado y que pretende declarar a la provincia como territorio libre de discursos de odio, establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación parecen ser los temas centrales de la agenda de Diputados.

Sobre el primero de los proyectos, la Cámara de Diputados debe pronunciarse por mantener la redacción votada -por unanimidad- en el cuerpo o bien avalar los cambios introducidos por el Senado. "Es una ley muy trabajada y acordada en Diputados" admitió un legislador de Unidos. El pronunciamiento de la Cámara de Diputados fue objetado por el intendente de Rosario, Pablo Jakvin, quien advirtió sobre el fuerte impacto que la norma tendría sobre las autonomías, los recursos y la gestión diaria de las municipalidades.

El proyecto tiene como objetivo primordial establecer un proceso moderno, alineado con estándares procesales actuales que incorporen las pautas derivadas de la Constitución provincial reformada y de los instrumentos internacionales de derechos humanos constitucionalizados, así como los aspectos más valiosos y útiles de la jurisprudencia de la Corte federal, de la Corte local, y de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo de la Provincia, marcan los fundamentos del mensaje de la Casa Gris.

En cuando al proyecto votado por el Senado para declarar a la provincia de Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, ya tiene dictámenes de dos comisiones con firmas de Unidos, justicialistas y Frente Amplio por la Soberanía. No obstante, hay objeciones de la diputada libertaria Silvia Malfessi que intentarán ser consensuadas en Asuntos Constitucionales.

La iniciativa es impulsada por la Mesa del Diálogo de Santa Fe —espacio civil e institucional con más de dos décadas de trayectoria en la región— cuyas autoridades encabezadas por Martín de Palma lo presentaron en Legislatura el pasado 11 de junio. EL Senado lo aprobó, por unanimidad, en forma inmediata.

El proyecto de Santa Fe libre de odio fue presentado en el hall de Legislatura y aprobado en forma inmediata por el Senado.

El objetivo central del proyecto es replicar y ampliar a escala provincial los lineamientos que ya se venían implementando a nivel local a través de ordenanzas municipales en la ciudad de Santa Fe.

Los otros temas reservados para el tratamiento preferencial son dos iniciativas de diputados socialistas. Por un lado de Antonio Bonfatti y Rubén Galassi creando el programa de Acogimiento Familiar Transitorio a efectos de brindar un marco de contención familiar alternativo a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren amparados por medidas excepcionales adoptadas por la autoridad de aplicación de la ley 12.967.

El otro de Joaquín Blanco apunta a crear la estructura tarifaria denominada Tarifa de Movilidad Eléctrica en la EPE destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

El proyecto de Blanco se enmarca en la Ley N.º 13.781, que promueve la industrialización y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia. Esta ley, establece garantías de promoción que incluyen la introducción de una tarifa con discriminación horaria que incentive la incorporación de vehículos eléctricos al transporte público y privado y la estabilización de la curva de demanda del sistema de distribución eléctrico.

Empresa Provincial de Energía (EPE). Crédito: Manuel Fabatía

El proyecto establece una estructura tarifaria por bandas horarias orientada a desplazar el consumo hacia períodos de baja demanda ("horas valle"), reduciendo los picos de carga y optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente.

En tanto, este miércoles, se hará el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales a los efectos de escuchar la opinión de Oscar Blando y de Jorge Zárate sobre los proyectos de reforma electoral que llegarían al recinto la semana próxima.

Con la firma de Marcos Corach y del resto de la bancada justicialista, ingresó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la obra adjudicada a la empresa Pose y las intervenciones realizadas o previstas sobre la Ruta Nacional A012, recientemente transferida a la provincia.

La minuta ingresada pide la remisión de la copia íntegra, certificada y completa del convenio, contrato o instrumento administrativo celebrado entre la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa Pose, incluyendo todos sus anexos, pliegos, especificaciones técnicas, órdenes de trabajo, modificaciones, ampliaciones, redeterminaciones de precios y demás documentación complementaria.

Requiere saber en forma detallada cuáles son las trazas, tramos, rutas provinciales y demás sectores comprendidos en el objeto contractual denominado Reparaciones en rutas de la red Vial Zona VI Rosario", indicando la localización precisa de cada intervención prevista.

También pide se informe si, mediante ampliaciones de obra, redeterminaciones o modificaciones contractuales, órdenes de trabajo, actas complementarias o cualquier otro acto administrativo, se ha encomendado a la empresa contratista la ejecución de tareas de reparación, bacheo, conservación o mantenimiento sobre la Ruta Nacional A012 o sobre sus intersecciones.

Otro punto requiere se indique el marco jurídico, técnico y presupuestario que habilita a la Provincia de Santa Fe a ejecutar obras y afectar recursos provinciales sobre una vía de jurisdicción nacional.

El gobernador Maximiliano Pullaro informó a las cámaras legislativas, por nota oficial, "en uso de la autorización conferida por la Ley N° 14.423, me ausentaré del territorio nacional desde las 18 horas del día miércoles 12 de agosto hasta las 23:55 horas del día viernes 14 de agosto del corriente año, con motivo de realizar una misión institucional en la República de Chile".

Debido a la ausencia de Pullaro, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, se hará cargo en forma interina del Poder Ejecutivo y atenderá despacho jueves y viernes en Casa Gris.

Esta semana, el Senado no fue convocado a sesionar.

Sobre tablas, por unanimidad y con las firmas de todos los senadores presentes, la Cámara alta de la Legislatura santafesina sancionó la ley que declara a la Provincia de Santa Fe "como territorio libre de discursos de odio". La norma tiene el objetivo además de "establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación".

La norma que viene a dar un testimonio de cómo es la vida política de la provincia a nivel institucional, entre los partidos políticos y sus dirigentes, ciertamente cuida que ese clima derrame sobre los ciudadanos. Es una perfecta contracara de lo que sucede a nivel nacional.

Contiene en su artículo segundo una "definición de discurso" que dice: "A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas".

Con el respaldo unánime del Senado, Santa Fe se posiciona como un ejemplo en la lucha contra la discriminación, fortaleciendo su compromiso democrático. Foto: Gentileza Santa Fe.

Menos de 24 horas pasaron entre la formalización del pedido de esta norma a los legisladores provinciales por parte de la Mesa del Diálogo Santafesino y la consecuente media sanción del Senado. En rigor, desde hace décadas en el cuerpo deliberativo hay tradiciones democráticas que se respetan y cuidan. Prevalece, además de la gobernabilidad, el diálogo y la disposición a negociar.

Otro artículo ordena que el "el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, debe diseñar e implementar campañas de comunicación y sensibilización social dirigidas a la población en general, con énfasis en entornos digitales, orientadas a la prevención de los discursos de odio y a la promoción de una cultura de respeto y convivencia democrática".

Añade además "como artículo 62 bis en el Libro III, 'De las faltas y sus Penas', Título II, 'Contra la tranquilidad y el orden Público', Capítulo I, de la Ley 10.703 y modificatorias del Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe, el siguiente texto: 'Artículo 62 bis.- Discursos de odio. Los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discursos de odio será reprimido con una multa de sesenta (60) jus, que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos". Tanto la ejecución como el abordaje del curso la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura.

Durante la sesión, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig agradeció a los jefes de los bloques del oficialismo, Rodrigo Borla y de la oposición, Rubén Pirola. Subrayó el valor de la labor de las entidades que constituyen la Mesa de Diálogo Santafesino y lamentó las divisiones nacionales una y otra vez alimentadas desde el poder.

"El discurso de odio constituye uno de los fenómenos más lesivos para la convivencia democrática y el pleno ejercicio de los derechos humanos", dicen los considerandos. Y los describe, como "toda expresión que incita a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos, representa una amenaza directa a la dignidad humana y la cohesión social".

La provincia de Santa Fe adopta medidas firmes para prevenir discursos de odio, destacando la importancia de la dignidad humana y el respeto mutuo. Foto: Gentileza Santa Fe.

"La violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas, sino también en palabras, imágenes, gestos y formas de comunicación que desacreditan, ofenden o deshumanizan a personas y comunidades, deteriorando las condiciones simbólicas necesarias para la convivencia democrática", expresa.

Es valiosa la idea que luego se despliega: "los discursos de odio producen daño no solo sobre quienes son directamente destinatarios de ellos, sino también sobre el conjunto de la comunidad, erosionando el reconocimiento mutuo, debilitando la confianza social, afectando el tejido democrático que hace posible la vida común".

Advierte que los avances tecnológicos y la masificación de las redes sociales han amplificado exponencialmente la velocidad y el alcance de los discursos de odio. "Estos discursos no solo generan daño psicológico inmediato en las víctimas, sino que contribuyen a climas de violencia, exclusión social y, en casos extremos, a crímenes motivados por el odio", añade.

La nueva legislación santafesina busca prevenir la incitación al odio, promoviendo campañas educativas que incentiven el diálogo y la igualdad en la sociedad. Foto: Gentileza Santa Fe.

Enumera la creciente inmediatez de las comunicaciones, el anonimato de las redes sociales y la irrupción de la inteligencia artificial -que amplía la posibilidad de producir expresiones que deshumanizan y agreden- que vuelven "indispensable el abordaje de dicha problemática por parte del Estado".

Toda sociedad democrática requiere instituciones que sancionen la violencia у, al mismo tiempo, promuevan prácticas políticas, culturales, religiosas, educativas y comunitarias que fortalezcan el encuentro, la escucha y el reconocimiento mutuo, especialmente allí donde crecen la fragmentación social, la desconfianza y la hostilidad".

"Defender la convivencia democrática -concluye- no consiste únicamente en impedir la violencia, sino también en preservar, aun en medio de las diferencias, el respeto irrestricto por la libertad de pensar del otro".

La Mesa del Diálogo Santafesino peticionó ante las autoridades legislativas que se declare a Santa Fe como provincia "libre de discriminación y de discursos de odio" en el marco de un concurrido acto realizado en el hall de Legislatura y donde el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig aceptó el reto de presentar un proyecto para iniciar el camino.

Fue Eugenio Martín de Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe, y presidente pro témpore de la Mesa el encargado de formular el pedido en el marco de una jornada de visibilización "por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad: Santa Fe, provincia libre de discriminación y de discursos de odio".

En dicho marco, representantes de cuatro expresiones religiosas analizaron la actualidad de la encíclica Nostra Aetate (En nuestra época), considerado uno de los documentos más importantes e históricos del Concilio Vaticano II, promulgado el 28 de octubre de 1965 por el Papa Pablo VI.

El documento es una declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Los especialistas remarcan que si bien es el documento más corto del Concilio, marcó un antes y un después absoluto en la historia de la Iglesia Católica y su apertura hacia el diálogo interreligioso.

Felipe Michlig se comprometió a impulsar un proyecto de ley desde el Senado. Crédito: Guillermo Di Salvatore

En la solemnidad del acto, donde además de De Palma estaban los rectores de la UNL, Laura Tarabella, y de la regional local de la UTN, Alejandro Tóffolo; el intendente Juan Pablo Poletti; el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi; el diputado José Corral; la defensora general Estrella Moreno y los distintos representantes de entidades intermedias, religiosas que participan de la Mesa del Diálogo, la soprano Susana Calegaris entonó Honrar la Vida.

En la previa al acto, hubo una conferencia de prensa donde se destacaron los alcances de la solicitud y Michlig dijo que había empezado a trabajar el proyecto de ley, mostró una copia de un primer anteproyecto que dará ingreso en las próximas horas sumando la firma de legisladores de todos los sectores políticos.

La Mesa del Diálogo Santafesino expresó una vez más "su profunda preocupación ante las manifestaciones de violencia y los discursos de odio que atentan contra la convivencia democrática y el respeto por la dignidad humana, en particular aquellos dirigidos a personas y comunidades por motivos religiosos".

De Palma, al hablar en el hall, reconoció "que la violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas o hechos visibles. También se manifiesta en palabras, imágenes, gestos y formas de comunicación que desacreditan, ofenden o deshumanizan a personas y comunidades, deteriorando las condiciones simbólicas necesarias para la convivencia democrática".

Representantes religiosos analizaron la vigencia de la encíclica Nostra Aetate.

La Mesa se inició allá por el 2003 y el actual titular destacó que "desde nuestros inicios, nos convoca y moviliza la construcción de una sociedad que cobije y albergue a todos sus miembros, donde cada persona, sin distinción alguna, pueda desarrollar su vida en plenitud, con seguridad y en paz. Paz, no como una consigna abstracta, sino como condición indispensable para la vida individual y colectiva, y un compromiso cotidiano que nos involucra como comunidad".

Aclaró que entienden que "la paz no significa ausencia de diferencias o conflictos, sino la capacidad ética, social y democrática de tramitar esas diferencias sin convertir al otro en enemigo o amenaza. Por ello, rechazamos de manera absoluta toda forma de odio, discriminación o violencia. Ninguna expresión que promueva el desprecio, la exclusión o la agresión hacia el otro —y en particular aquellas basadas en diferencias religiosas— puede ser legitimada ni aceptada. No queremos el odio ni la violencia en nuestra sociedad, hacia nadie", afirmó.

"Los discursos de odio producen daño no solo sobre quienes son directamente destinatarios de ellos, sino también sobre el conjunto de la comunidad, erosionando el reconocimiento mutuo, debilitando la confianza social y afectando el tejido democrático que hace posible la vida común".

La Mesa del Diálogo Santafesino insiste en promover valores fundamentales como la convivencia pacífica, el respeto en la diversidad, el pluralismo y la no discriminación. "Estos principios deben traducirse en hechos concretos y sostenidos en el tiempo, con impacto real en la vida cotidiana de la comunidad santafesina", marcó De Palma.

Autoridades, universidades y entidades participaron de la jornada en la Legislatura. Crédito: Fernando Nicola

"En una época marcada por la creciente inmediatez de las comunicaciones, la circulación irresponsable de mensajes y la amplificación de expresiones que deshumanizan y agreden, resulta imprescindible promover una cultura del cuidado del lenguaje público, de la responsabilidad comunicacional y del reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona humana", agregó.

Es en ese marco, la Mesa insta a las autoridades competentes a custodiar y defender la vida y la integridad de todas las personas, garantizando la plena vigencia del Estado de derecho, investigando los hechos de violencia y haciendo cumplir las normas que regulan nuestra convivencia democrática. Asimismo, convocamos a cada institución y a cada santafesino y santafesina a comprometerse activamente con el respeto, la empatía y el reconocimiento de la humanidad que compartimos".

Para la Mesa "toda sociedad democrática requiere instituciones que sancionen la violencia, y al mismo tiempo promuevan prácticas políticas, culturales, religiosas, educativas y comunitarias que fortalezcan el encuentro, la escucha y el reconocimiento mutuo, especialmente allí donde crecen la fragmentación social, la desconfianza y la hostilidad".

Ya sobre el final instó a "defender la convivencia democrática no consiste únicamente en impedir la violencia, sino también en preservar, aun en medio de las diferencias, el rostro humano del otro y la convicción de que toda persona posee una dignidad inviolable".

Felipe Michlig recibió, antes de la reunión, al intendente Juan Pablo Poletti con quien se analizó la posibilidad de realizar una remodelación de la plaza frente al Palacio Legislativo y que se ha convertido prácticamente en una playa de estacionamiento.

Con eje en la versión original de la plaza, se trabajaría en una propuesta para mejorar ese espacio verde.

El sacerdote Nicolás Houriet, Sebastián Vainstein (DAIA), el pastor Walter Altare por el Consejo de Pastores Evangélicos y Marwan Sawar Gill por la Comunidad Musulmana Ahmadí compartieron el panel sobre la encíclica Nostra Aetate.

El documento define la postura de la Iglesia frente a otras creencias, basándose en lo que los seres humanos tienen en común y en lo que conduce a la fraternidad universal. Fue publicada en 1963 por Pablo VI.

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El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que “nadie quiere” sufrir un atentado como el que padeció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reiteró su advertencia por los sectores que “promueven un discurso confrontativo y de odio que penetra en la cabeza de mucha gente”.

En diálogo con los medios que siguieron la gira de la comitiva oficial en Estados Unidos, el mandatario se abstuvo de opinar sobre la causa que investiga el atentado contra la Vicepresidente pero pidió “no minimizar” el hecho.

Al hacer referencia al discurso que brindó ante la 77° Asamblea General de la ONU, el mandatario expresó que “tras la pandemia se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo, y eso es aprovechado por sectores reactivos, a veces más de izquierda, a veces más de derecha, pero prevalecen los de derecha, y promueven un discurso confrontativo y de odio que penetra en la cabeza de mucha gente”.

Por ese motivo se mostró interesado en que se “regule de algún modo el uso de las redes sociales” para que en esas plataformas “deje de circular el discurso violento y de odio”.

“Nadie quiere lo que le pasó a Cristina; nadie quiere que le pase a nadie”, insistió el mandatario.

En esa línea recordó que “hubo gente que fue y tiró antorchas prendidas en la Casa Rosada, bolsas mortuorias”.

“Pusieron una guillotina en la que yo aparecía cada dos por tres colgado en Plaza de Mayo”, recordó.

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Al respecto, pidió “entender que eso no es bueno para una sociedad, sino que es definitivamente malo”.

En ese aspecto, señaló que “ver a un grupo de personas que hablaban entre sí con la frialdad con la que hablaban es algo que preocupa”, en referencia a la banda acusada por el intento de asesinato contra la vicepresidenta.

También aludió, sin nombrarlo, al expresidente Mauricio Macri, al afirmar que “tampoco lo podemos minimizar diciendo que son un grupo de loquitos”.

Macri, justamente, se había expresado en ese sentido, al advertir que los responsables del ataque contra la exmandataria eran “loquitos sueltos”.

“Es muy grave lo que pasó, y el mundo entero se conmovió con lo que le pasó a Cristina”, dijo Fernández, después de haberse entrevistado con varios líderes mundiales como parte de las actividades por la cumbre de la ONU.

Por eso lamentó que en el país e haya llegado al “extremo de que alguien gatille, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza de Cristina”.

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El senador del Frente de Todos, José Mayans, reveló que el Gobierno nacional trabaja en iniciativas a impulsar para combatir los discursos de odio luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La garantía llegó horas después de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, haya desmentido el hecho y surgió de la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández el pasado martes en Casa Rosada.

Consultado por una posible Ley contra el Odio, Mayans respondió: “Hoy hablamos de eso con el Presidente, y me dijo que en un Estado de Derecho la democracia cuida el honor de las personas y evita que las personas neonazis inciten a la violencia extrema. Esa es la parte que teníamos que resolver”, expresó.

En la misma línea, contó que el mandatario trabaja en el tema junto al titular del bloque oficialista en diputados, Germán Martínez y con la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y aseguró que fue citado en tanto representante del Senado. “Es la salida que tenemos que encontrar de modo tal que tengamos responsabilidades, y está el tema de las redes que se dice cualquier cosa”, problematizó Mayans.

“Me dijo que iba a trabajar en una consulta y que de ninguna manera quiere coartar la libertad de prensa ni una Ley Mordaza, pero está trabajando y vamos a trabajar el tema para ver si podemos tener una democracia que cuide a las personas y estos grupos que son violentos que rindan cuentan a la sociedad”, afirmó el senador al tiempo que indicó que el jefe de Estado impulsará una consulta ante abogados constitucionalistas y juristas para dar forma a la iniciativa que fue negada hasta el momento.

En diálogo con una radio de la ciudad de Buenos Aires, Mayans reafirmó: “Va a haber una consulta con constitucionalistas, porque no se olviden que la figura del desacato fue lo primero que sacó Cristina Fernández de Kirchner. Después está el tema constitucional y lo que tiene que ver con el periodismo y el derecho que tiene la actividad, la preservación de la fuente, entre otras cosas. Me dijo eso y estamos hablando para cuidar a las personas y evitar que estos grupos violentos estén trabajando abiertamente en las redes”.

A su parte, descartó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esté al conocimiento del tema, y aseguró que se encuentra de buen ánimo, pero angustiada por el suceso. “Ella dice que no se dio cuenta, que se agachó a buscar un libro. Me dijo que en ningún momento vio el arma y que la entristece que alguien la quiera matar. Eso la afectó un poco”, reconstruyó el senador tras un breve encuentro que mantuvo con ella, el pasado martes por la noche.

Asimismo, planteó terminar con los discursos que atentan contra la integridad de las personas, y propuso crear el Día de la Autocrítica. “Hay expresiones inadecuadas. Hay que terminar con todo lo que sea atentar contra la integridad humana. Pondría un Día de Autocrítica para todos los sectores, pero no es tan fácil”, sostuvo.

Por último, Mayans aclaró que hubo una malinterpretación de sus dichos sobre la suspensión del juicio contra la exmandataria, y reafirmó la iniciativa del Gobierno para avanzar en una medida que controle a los sectores radicalizados de la sociedad. “El Presidente consultará con distintos juristas y profesionales para que haya un acuerdo para el tipo de sociedad que queremos construir, para que no haya una sociedad violenta. No tiene nada que ver con la Ley Mordaza”, concluyó.