Este lunes 23 de marzo de 2026, comenzó en los tribunales de Río de Janeiro el juicio contra la abogada argentina Agostina Páez (29). El proceso, que capta la atención de la opinión pública de ambos países, busca determinar la responsabilidad de la joven en un episodio de injuria racial ocurrido el pasado 14 de enero.

Páez, quien permanece en Brasil bajo arresto domiciliario y con monitoreo por tobillera electrónica, llegó a la audiencia de instrucción acompañada por su nueva defensa técnica, encabezada por la abogada Carla Junqueira.

Agostina Páez cumple medidas restrictivas ordenadas por la justicia brasileña.

El Ministerio Público de Río de Janeiro ha sido taxativo en su acusación. El hecho se originó tras una discusión por el cobro de una cuenta en un local gastronómico, donde Páez fue captada realizando gestos que simulaban a un mono frente a empleados del lugar. Bajo la Ley 14.532, que equipara la injuria racial al racismo, este delito es imprescriptible y no excarcelable bajo fianza en territorio brasileño.

La fiscalía ha solicitado que se aplique la figura de "concurso material", argumentando que hubo tres víctimas distintas en tres momentos diferentes del altercado. De prosperar este pedido, la sumatoria de penas podría alcanzar los 15 años de prisión efectiva, un escenario que la defensa califica como "desproporcionado".

Desde el inicio del calvario judicial, Páez ha manifestado vivir en un estado de "paranoia constante" y temor por su integridad física. Recientemente, la abogada difundió un video en sus redes sociales donde pidió disculpas públicas y admitió que su reacción fue "horrible", aunque negó ser una persona racista.

Su defensa actual busca demostrar que no existe riesgo de fuga y solicita que se le permita continuar el proceso desde Argentina, pedido que hasta el momento ha sido sistemáticamente rechazado por la justicia carioca para no "debilitar los mecanismos de control".

El caso de Agostina Páez se ha convertido en un emblema de la política de endurecimiento contra la discriminación en Brasil. El gobierno local incluso ha utilizado imágenes del incidente en campañas oficiales, lo que fue denunciado por la imputada como una "utilización política" de su imagen. Mientras tanto, en Argentina, colegios de abogados y familiares han solicitado la intervención de Cancillería ante lo que consideran un trato judicial riguroso en extremo.

El inicio de este juicio marca un punto de inflexión para los ciudadanos argentinos que viajan al exterior. Lo que comenzó como una disputa comercial en un bar de Ipanema ha derivado en un proceso penal que podría cambiar para siempre la vida de una joven profesional. El mensaje de la justicia brasileña es nítido: las conductas discriminatorias ya no son tratadas como contravenciones menores, sino como crímenes de Estado con penas de cumplimiento efectivo.

Mauro L. Muñoz

La publicación de la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial desató una catarata de críticas y manifestaciones de repudio en el ámbito de la salud mental. Ante las críticas, el gobierno reconoció el error y anunció la pronta modificación de la normativa.

El documento había sido emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En un anexo, empleaba terminología obsoleta y considerada ofensiva para describir distintos grados de discapacidad intelectual, incluyendo términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

Ante las críticas, la ADNIS emitió un comunicado en el que reconoció el error y se comprometió a modificar la resolución. "La publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", indicaron.

Además, el organismo anunció que la normativa será revisada para alinearse con los estándares internacionales vigentes, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).

"La ANDIS reafirma su compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica de las personas, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan", remarcaron.

La Resolución 187/2025, fechada el 14 de enero de 2025, bajo la firma del director de ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo, establecía un nuevo baremo para la evaluación médica de invalidez en el marco de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral.

El Anexo I de dicha normativa presentaba una clasificación de la discapacidad intelectual basada en coeficientes intelectuales (CI), utilizando términos despectivos para cada categoría:

CI 0-30: "Idiota". Descripto como una persona que "no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres...".

CI 30-50: "Imbécil". Definido como alguien que "no lee ni escribe, atiende ... puede realizar tareas rudimentarias...".

CI 50-60: "Débil mental profundo". Caracterizado por "solo firmar, tener vocabulario simple, no manejar el dinero, puede realizar tareas...".

"Retardado mental" también era utilizada para designar a quien padece "un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual...”.

Esta clasificación, que remite a conceptos médicos en desuso desde hace décadas, fue rápidamente señalada por especialistas y organizaciones como un retroceso en materia de derechos y una falta de respeto hacia las personas con discapacidad.

La Asociación Civil por la Igualdad presentó un reclamo administrativo solicitando la derogación inmediata de la normativa. En su comunicado, expresaron: "Esta regulación implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo. Además, las expresiones peyorativas que utiliza, lejos de combatir la discriminación, la refuerzan".

Por su parte, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificó de "ofensivos y obsoletos" los términos utilizados, señalando que "refuerzan prejuicios y concepciones arcaicas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual".

Expertos en salud mental también se pronunciaron al respecto. Marcelo Cetkovich, jefe del Departamento de Psiquiatría y director médico de INECO, afirmó que la normativa es "retrógrada y estigmatizante", y advirtió que el uso de terminología desactualizada "interfiere con la inclusión de las personas con discapacidad".

Francisco Zanotti, vicepresidente de la Unión de Entidades de y por Personas con Discapacidad (UENDISFE), sostuvo que "es un horror que desde el gobierno nacional se utilice estas palabras para referirse a las personas con discapacidad. Estas palabras fueron desterradas hace mucho tiempo del uso para evitar la discriminación. No pueden ser que vuelvan a aparecer publicadas en un documento oficial".

Este sábado 1 de febrero, desde las 18.30, Venado Tuerto será sede de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, con una concentración inicial que está programada en la intersección de 25 de Mayo y Casey, en la plaza San Martín. 

La movilización es organizada por colectivos locales como Orgullo Venado Tuerto, Venadenses por la Democracia, Agite Feminista y Cultura por Necesidad y Urgencia. Y se espera la participación de diversas agrupaciones civiles y culturales, colegios profesionales, estudiantes, partidos políticos y gremios, además de vecinos en general.

A partir de las 19.30, los participantes marcharán por avenida Casey con banderas y pancartas, continuando por Mitre y Belgrano, para regresar al punto de partida.  

Al finalizar la recorrida por las calles céntricas se llevará a cabo una asamblea en el carril interno de 25 de Mayo y Belgrano, donde cada orador dispondrá de tres minutos para dirigirse al público. 

Entre otros objetivos, los organizadores elaborarán un documento con puntos clave para presentar a las autoridades locales.

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Esta movilización surge en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia y calificó al feminismo como una distorsión de la igualdad. 

Estas afirmaciones han generado un rechazo transversal en diferentes sectores sociales y políticos en Argentina. La comunidad LGBTIQ+ y feminista, junto con organizaciones sociales, han organizado esta manifestación con réplicas en diferentes ciudades del país y también en otras partes del mundo. 

Entre las principales demandas de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se encuentran:

La marcha en Venado Tuerto se suma a esta iniciativa nacional, reafirmando el compromiso de la comunidad local con la defensa de los derechos humanos y la diversidad.

En consecuencia, se invita a toda la ciudadanía a participar de esta jornada histórica, en la que Venado Tuerto alzará su voz en defensa de la igualdad, la diversidad y en contra de cualquier forma de discriminación y fascismo.

En el documento titulado "En contra de la ofensiva reaccionaria, en defensa de la democracia y la libertad", cientos de investigadores, escritores, artistas, científicos, individuos y colectivos pertenecientes al mundo de la cultura, celebran y acompañan desde distintos puntos del país la rebelión y el llamado a la movilización amplia y popular de parte de la comunidad LGTBIQ+ y de los feminismos, que ha despertado la necesidad de aglutinar las demandas y la afirmación de derechos irrenunciables en una única bandera: la lucha contra el fascismo es la lucha de todos.

"Repudiamos los dichos del presidente argentino en el Foro de Davos, los cuales lejos de ser una excepción, constituyen una extensión de las políticas de odio y de destrucción sistemática de derechos encaradas desde su gestión a partir de diciembre de 2023. Es falso que Milei ‘no dijo lo que dijo’, como repiten desde las usinas desinformadoras del gobierno y sus equipos comunicacionales en las redes sociales. Milei dijo lo que dijo. 

El ataque del actual gobierno a las políticas de la memoria, de inclusión social, contra la diversidad, contra los trabajadores de la salud y la educación pública, contra los feminismos, contra la investigación científica pública, contra el movimiento socioambiental y contra los pueblos originarios, es central en su estrategia de construcción política. No nos engañemos, la destrucción de la diferencia y la diversidad, la criminalización y demonización de nuestros derechos, es un ‘piso’ en una peligrosa dinámica de acumulación de poder político, cuyo 'techo' no es otro que la instalación de un modelo antipluralista y autocrático. 

No es sólo el neoliberalismo a ultranza el que debemos combatir, sino también el odio oficialista contra la pluralidad y la diferencia, una vía oscurantista y de regresión de derechos que históricamente ha mostrado que conduce a las peores formas de autoritarismo político, incluso al fascismo.

Desde el mundo de la cultura, llamamos a la conformación de un espacio de acción civil y de reflexión colectiva, un frente multicolor, diverso y democrático, en defensa de nuestros bienes públicos, nuestros bienes naturales y territorios, nuestra memoria histórica, nuestra libertad y nuestra democracia". 

"Nosotros, desde nuestras identidades múltiples, tampoco volvemos más al closet", cierra el documento. 

En un contexto donde la equidad informativa es esencial para la democratización del acceso a las noticias, la plataforma Start de Microsoft ha sido objeto de críticas por su marcada tendencia a favorecer a los medios nacionales en detrimento de los locales. Esta problemática, evidenciada en el boletín informativo diario que distribuye la compañía, pone de manifiesto una falta de federalismo en la curaduría de contenido.

Para muestra basta un botón. En la captura de uno de los newsletters enviado por Start (llamado Start Daily), se observa que todas las noticias provienen de medios nacionales, sin representación alguna de medios del interior del país. Este sesgo centralista no solo limita la diversidad de perspectivas informativas, sino que también invisibiliza las problemáticas y realidades específicas de las distintas regiones del país. La plataforma, que envía resúmenes diarios de noticias a sus usuarios, selecciona sistemáticamente información de medios nacionales, dejando fuera a los medios locales.

En la imagen se ve un boletín típico de Microsoft Start Daily, donde se observa que todas las noticias provienen de medios nacionales, sin representación alguna de medios del interior del país.

Este comportamiento no solo afecta el boletín informativo, sino también las aplicaciones de Start, disponibles tanto en dispositivos Android como Apple.

La práctica afecta la visibilidad de los medios provinciales y también perpetúa una centralización de la información que no refleja la diversidad y riqueza de nuestro país.

Microsoft, fundado por Bill Gates e incluso su Fundación Bill y Melinda Gates, es conocida por su labor en la promoción de la equidad y el acceso a la información, sin embargo aquí se está haciendo caso omiso a la equidad informativa en el territorio nacional.

Es fundamental que se tomen medidas para corregir esta situación y asegurar que todas las voces, independientemente de su ubicación geográfica, tengan la oportunidad de ser escuchadas.

La portada de Microsoft Daily en su versión desktop.

Microsoft Start es una plataforma de noticias desarrollada por Microsoft y lanzada en 2021. Se promociona como un servicio que toma los intereses de los usuarios para ofrecer contenido personalizado. Utiliza inteligencia artificial y la vasta experiencia de la empresa en curaduría de contenido para proporcionar noticias y artículos relevantes de diversas fuentes.

Disponible en aplicaciones móviles para Android y iOS, así como en la web y otros dispositivos, Microsoft Start busca simplificar y reinventar la forma en que los usuarios acceden a la información, aunque ha sido criticada por su falta de diversidad de medios, ya que se evidencia solo al ingresar a la plataforma en que se toman como fuentes válidas a tres medios nacionales.

"El acoso sexual deja huella": en tres ciudades alemanas se colocaron grandes carteles blancos con este lema detrás de tres estatuas de bronce de mujeres desnudas con pechos visiblemente más claros debido al "manoseo" frecuente.

La acción es parte de una campaña llamada "sacar del silencio a la violencia", lanzada por la organización alemana de derechos de las mujeres Terre des Femmes.

Según el grupo, dos de cada tres mujeres sufren acoso sexual en algún momento de su vida.

"El acoso sexual es un problema que con demasiada frecuencia se trivializa o se ignora", afirmó Sina Tonk, de Terre des Femmes, en un comunicado de prensa. "Debemos trabajar juntos para garantizar que se escuchen las voces de las víctimas y que los perpetradores rindan cuentas".

Los carteles fueron instalados detrás de la estatua de Julieta Capuleto en la Marienplatz de Múnich, la estatua de la "Juventud" en el Hoetgerhof de Bremen y frente a la estatua de "Frau Rhein" que forma parte de la Fuente de Neptuno en el centro de Berlín, dijo el lunes una portavoz de Terre des Femmes.

Los transeúntes en las exhibiciones podrían usar códigos QR para acceder a breves grabaciones de audio que permiten que las estatuas hablen.

Según la portavoz, los carteles, que se colocaron el viernes, serán retirados este lunes por la tarde debido a problemas con los permisos.

Las fotos de las instalaciones muestran que los pechos desnudos de las estatuas femeninas tienen un brillo mucho más intenso que el resto de la estatua, un claro resultado de "dónde son tocados con más frecuencia", dijo la organización.

Las tres estatuas "muestran visiblemente décadas de agresiones por parte de transeúntes", afirmó Terre des Femmes. La ley deja su huella, "al igual que lo hace para aquellos afectados por la violencia sexualizada".

Terre des Femmes lleva más de 40 años haciendo campaña contra las violaciones de los derechos humanos de niñas y mujeres, contra la discriminación específica de género y por los derechos de las mujeres.

El Día de la Cero Discriminación fue establecido por ONUSIDA hace diez años para promover la igualdad y la equidad para todas las personas, independientemente del género, la edad, la sexualidad, el origen étnico o el estado serológico respecto al VIH. Sin embargo, los avances están en peligro.

Nadie debe ser excluido de los servicios de salud.Las leyes que estigmatizan a las poblaciones vulnerables obstaculizan el acceso a las pruebas y tratamientos del VIH.La #CeroDiscriminación salva vidas.@UnaidsLac https://t.co/KfKH2urHqb pic.twitter.com/LJv0OKe6UU

Los ataques a los derechos de las mujeres y las niñas, de las personas LGBTQ+ y de otras comunidades marginadas van en aumento.

Cuando las leyes, las políticas, las prácticas o las normas consagran el castigo, la discriminación o la estigmatización de las personas por el hecho de ser mujeres, o ser LGBTQ+, o ser inmigrantes, o profesionales del sexo, o consumir drogas, los resultados conducen al fracaso de la salud pública, ya que estas comunidades se ven apartadas de los vitales servicios sociales y de salud.

"Los ataques a los derechos son una amenaza para la libertad y la democracia y son perjudiciales para la salud. El estigma y la discriminación obstaculizan la prevención, las pruebas, el tratamiento y la atención del VIH, y frenan los avances hacia la erradicación del sida para 2030", declaró Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. "Sólo protegiendo los derechos de toda persona podremos proteger la salud de cada una".

Ha habido progresos. Al comienzo de la pandemia del sida, hace 40 años, dos tercios de los países del mundo criminalizaban a las personas LGBTQ+, hoy dos tercios de los países no lo hacen.

En tanto, 38 países de todo el mundo se han comprometido a acabar con el estigma y la discriminación relacionados con el VIH y hoy hay 50 millones más de niñas escolarizadas que en 2015.

Para continuar con este progreso, ONUSIDA insta a apoyar los movimientos de mujeres y los movimientos por los derechos de las personas LGBTQ+, por la justicia racial, por la justicia económica, por la justicia climática y por la paz. A medida que las comunidades de todo el mundo defienden sus derechos, las Naciones Unidas no sólo están de su lado, sino a su lado.

En este Día de la Cero Discriminación (1 de marzo), y durante todo el mes de marzo, actos y actividades recordarán al mundo esta lección vital y esta llamada a la acción: para proteger la salud de todas las personas, hay que proteger los derechos de cada una.

"Defendiendo los derechos de todos, podremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conseguir un mundo más seguro, más justo, más amable y más feliz, para todo el mundo", añadió Byanyima.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Juan Carlos Rodríguez, periodista y escritor de Venado Tuerto.

Del 29 de abril al 15 de mayo se llevará a cabo la Feria Virtual del Libro de Sudáfrica, en cuya jornada inaugural el periodista y escritor Juan Carlos Rodríguez, entrevistado por la periodista Marcela Barrientos, se referirá al tema “El apartheid y las categorías raciales que aún se usan oficialmente en Sudáfrica”.

Sobre este punto, el juninense radicado en Venado Tuerto, adelantó a Sur24 los ejes de su ponencia, adhiriendo a la idea de que la imputación por fraude en contra del maestro Glen Snyman por marcar la casilla “africano” en su solicitud para un puesto de director en 2017 ha puesto de relieve el actual problema de Sudáfrica con la clasificación racial.

Snyman, quien había sido definido como “de color” (es decir, con una herencia racial mixta) por el gobierno del apartheid, recientemente logró que la autoridad local retirara el cargo.

Pero la cuestión que planteaba el caso no ha desaparecido, ya que la Ley de Registro de la Población, la piedra angular de la política del apartheid que legalizó la discriminación introducida en 1950, dividió a los sudafricanos en cuatro grandes grupos: blancos, africanos, de color e indios, para hacer cumplir la política de segregación racial del gobierno minoritario.

Fue derogada en 1991 cuando el país avanzó hacia la gobernanza democrática en 1994, pero la clasificación racial sigue siendo una parte importante de la esfera de debate en el país. El gobierno la utiliza para recopilar datos que ayuden a corregir los marcados desequilibrios en los ingresos y las oportunidades económicas que son un legado del racismo oficial del pasado.

Pero muchos en el país, incluido Snyman, quien fundó la organización “Gente contra la clasificación racial” en 2010, creen que el uso de las categorías no tiene lugar en una Sudáfrica democrática.

“La eliminación de la Ley de Registro de la Población les quita a los funcionarios de reclutamiento de trabajo y a cualquier sistema gubernamental o privado el derecho legal de clasificar a los sudafricanos por raza”, escribió en una presentación a la Comisión de Derechos Humanos del país.

Si bien Snyman reconoce que todavía hay enormes desequilibrios que deben corregirse, sugiere que el gobierno debería usar una medida de pobreza para reemplazar la clasificación racial para combatirlos.

“El gobierno no tiene que conocer la identidad de las personas por grupos, necesita conocer a las personas que necesitan servicios, trabajos o lo que sea que les haga falta”, explica. “El gobierno y el sector privado deben entregar a todos los sudafricanos por igual y no discriminar por su identidad”, ha dicho Snyman.

En otro de los párrafos de su ponencia, Rodríguez -con meritorios pasos por los diarios La Ciudad, El Alba y El Informe- revela que el Dr. Saths Cooper, un psicólogo clínico, argumenta que el dominio de una identidad racial ha impedido forjar una identidad verdaderamente común. “No hemos aprendido primero que somos seres humanos”, dice.

“Siempre le ponemos un color, le ponemos atributos externos y luego le ponemos tal vez lenguaje y tal vez creencia y eso permite una mayor división. Esa narrativa luego se perpetúa”, explicó Cooper, y se lamentó: “No le hemos dado a la gente suficientes razones para decir que nos identificamos como sudafricanos”.

Mientras tanto, Snyman, a través de Parc, continúa la lucha para prohibir la clasificación racial.

“Tomaremos todas las medidas, incluidas las legales, para liberar a Sudáfrica de este flagelo que una vez más ha llevado a la discriminación contra quienes no cumplen con los criterios preferidos del gobierno actual”, promete.

El martes último visitó Venado Tuerto el presidente comunal de Chovet, Sergio Busquet, para impulsar algunas gestiones oficiales, y en el marco de esa agenda se reunió en horas del mediodía con el senador provincial Lisandro Enrico para evaluar la situación de la Escuela N° 8137, tras lo cual el legislador, con los datos actualizados, se apersonó en la mañana de este miércoles en el Ministerio de Educación provincial para presentar una solicitud de avance de obras de infraestructura y de mantenimiento, que deben ejecutarse con carácter prioritario en la escuela secundaria de la población.

Sergio Busquet, presidente comunal de Chovet.

Previo al encuentro con Enrico, Busquet dialogó con Sur24 , y en primer lugar, replicando a las autoridades del gobierno provincial que tildaron de “puesta en escena” la movilización a la Casa Gris de unos 70 intendentes y presidentes comunales opositores de toda la provincia, ratificó que “Chovet es un claro ejemplo, entre tantos otros, de la discriminación del gobierno de Omar Perotti en la asignación de obras, programas y recursos”.

“No me refiero a la coparticipación, cuyas partidas estamos recibiendo, más allá de algunos retrasos, pero presentamos proyectos de obras en el marco del Plan Incluir, y la verdad es que no recibimos nada en los dos años de mandato de este gobierno provincial. Desde la Provincia sólo recibimos cachetazos”, graficó el reelecto mandatario comunal.

“Incluso -agregó- a fines de 2019, antes de finalizar el mandato de Miguel Lifschitz, habíamos presentado un proyecto de Obras Delegadas, que estaba aprobado y firmado, y ese plan me lo bajaron en el área de Municipios y Comunas. (José Luis) Freyre no puede salir  a decir que esto que digo no es verdad. A esas calles las hicimos con recursos propios porque no podíamos seguir esperando”, enfatizó el dirigente de la UCR. “Y lo mismo haremos en los próximos meses con las arterias solicitadas en el Plan Incluir si esos fondos se nos siguen negando”, advirtió.

“En un primer momento consideré que había que darle un tiempo para que se acomode en la gestión, pero a estas alturas es muy obvio que se trata de una deliberada discriminación en perjuicio de comunas de signo político distinto al que defiende el gobernador Perotti”, expresó Busquet, quien lamentó que la gestión del Frente de Todos dejara de lado algunas políticas de Estado sostenidas por sus antecesores en la Casa Gris. “Nosotros estábamos acostumbrados a tratar con Miguel (Lifschitz), que atendía a todos por igual, sin hacer distinciones entre comunas oficialistas y opositoras, porque, como él siempre decía, no son los presidentes comunales los que más sufren con estas mezquindades de la política, sino el conjunto de la población”.

En la antesala del inicio del ciclo lectivo 2022, el presidente comunal Sergio Busquet adelantó que en paralelo se relanzará la actividad del Centro de Cuidado Infantil (CCI), que se basa en el modelo aplicado años atrás en la Comuna de Maggiolo por Luis Valerio.

Con el financiamiento comunal, el programa abarca desde el primero al séptimo grado del nivel primario, y contempla el apoyo escolar para los alumnos que lo necesitan, además de la provisión del desayuno, el almuerzo y la merienda, según los horarios de concurrencia de los niños.

“Con este programa logramos nivelar a los chicos en el proceso educativo y también en lo social, pero la pandemia nos obligó a la interrupción de estas intervenciones en los últimos dos años. Ahora estamos a punto de retomarlo y estamos muy orgullosos de hacerlo porque los resultados quedaron a la vista de todos”, dijo Busquet.

Asimismo, en referencia a los alumnos que desertaron en la escuela media, admitió que “será más difícil la reinserción”, aunque no se quedaron de brazos cruzados y desde la Comuna están gestionando activamente para que esos adolescentes vuelvan a clase en el nivel medio nocturno en el próximo ciclo lectivo.

La Renga denunció que la suspensión del show previsto para el 19 de marzo en el paseo costero de la capital neuquina fue por “la estigmatización y discriminación” hacia su público y anunció una nueva locación en la provincia de Río Negro, a 15 kilómetros del lugar original.

La polémica comenzó cuando se pusieron en venta las entradas para el concierto y la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (Cordineu) advirtió que dicho show no había sido autorizado, sacando a relucir un documento de diciembre pasado en el que se negaban los permisos por considerar que la cantidad de público que albergaría pondría en riesgo obras que se ejecutan en las inmediaciones del lugar.

Al respecto, en el comunicado difundido en las redes de la banda, sus integrantes destacaron que “la falsedad de estas afirmaciones queda demostrada en que hace unos días en ese mismo espacio tuvo lugar la Fiesta de la Confluencia, en donde actuaron artistas de todo el país y de todos los géneros, con una convocatoria, según los medios locales, de más de 150.000 personas por día”.

“Por eso -continuaron- creemos que la única razón verdadera para que no se realice el banquete en la Isla 132 es la estigmatización y discriminación hacia el público de La Renga y a la banda. Y lo que esconde en realidad es que no quisieron que La Renga toque en esta oportunidad en la Ciudad de Neuquén”.

Frente a esta situación, la banda liderada por “Chizzo” Nápoli decidió mudar el show a la ciudad de General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, en el predio Las Masías, situado en Av. 1° de Mayo km 2, a 15 kilómetros del escenario previsto originalmente.

Además, confirmó que las entradas adquiridas por el público para Neuquén son válidas para la nueva ubicación.

Por último, afirmó: “La única manera de llevar adelante una fiesta de este tipo, es que todas las partes quieran que suceda”.

Con un flamante disco bajo el brazo, “Alejado de la red”, La Renga inició una gira presentación que por el momento abarcará el próximo 26 el Aeródromo Santa María de Punilla; el 5 de marzo el Autódromo Martín Miguel de Güemes, en Salta; y el 12 de ese mes, el Autódromo de Potreros de Los Funes, en San Luis.

El ministro de Gestión, Marcos Corach, volvió a rechazar las denuncias de la oposición sobre supuesta discriminación y uso discrecional de fondos en la gestión de Omar Perotti. Lo hizo con vehemencia ante la consulta de El Litoral, después de que medio centenar de intendentes y presidentes comunales se movilizaran hasta la Casa Gris para dejar un pedido formal de audiencia al gobernador. Promovidos por el Foro de Intendentes Radicales, los dirigentes entregaron un escrito en el que plantearon que la gestión provincial les adeuda 2.500 millones de pesos en concepto de Obras Menores o transferencias para gastos corrientes. Sostuvieron, además, que el Poder Ejecutivo retacea los recursos, cuando se trata de ciudades o pueblos gobernados por autoridades no peronistas.

“Definitivamente no existe tal discriminación. Evidentemente, es un discurso que a parte de la oposición le está rindiendo. Y quiero dejar en claro esto; es parte de la oposición. No es toda. Parte de la oposición está desde hace tiempo insistiendo con este discurso aunque no sé, en la realidad, cuál es el rédito que termina teniendo. En octubre yo estuve en la Legislatura interpelado por los legisladores por el mismo tema; estuve cuatro horas, llevé ocho carpetas, di todas las explicaciones… Las obras se están haciendo; lo evidencian las fotos. Los presidentes comunales e intendentes están conformes. Es un discurso con el que vienen insistiendo desde hace mucho tiempo; hicieron esta movilización donde no sé cuántos eran intendentes y presidentes comunales”, chicaneó el ministro. En el mismo sentido se expresó el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, José Luis Freyre. El funcionario recibió a parte de la delegación que se movilizó este martes, y escribió más tarde en redes sociales que varios de los presentes no eran intendentes. “La foto de algunos intendentes, presidentes comunales y varios empleados legislativos es la pose para intentar instalar algo que no es real”, azuzó.

Consultado acerca de la posibilidad de que los referentes locales sean recibidos por el gobernador, Corach aclaró que no habló del tema con Perotti. “Pero ésta -disparó- es otra cosa que se instala; que nosotros no dialogamos. Y en realidad, cuando los legisladores dicen que nosotros no hablamos, muchas veces lo que les molesta es que no lo hagamos con ellos, sino con los intendentes y jefes comunales”.

El ministro aludió, entonces, al acto que se estaba realizando en el Museo de la Constitución junto al gobernador, mientras los intendentes se movilizaban. En esa ceremonia, provincia y municipios firmaban un acta para comprometerse a que todos los niños y niñas estuviesen este año “en las escuelas, aprendiendo”. Pero la convocatoria mostró varias sillas vacías, y Corach aludió a ello.

“Hoy estamos acá con un tema importantísimo como es la educación y evidentemente ellos no lo están sintiendo como un tema prioritario. Están más preocupados y ocupados intendentes y presidentes comunales de la oposición en seguir con este discurso que ya aburre de escucharlo; están más preocupados por eso, que por estar discutiendo el presente y el futuro de nuestros chicos en la escuela. Esto es una clara muestra de eso”, se quejó.

Respecto de la demora en la remisión de fondos sobre la que advierten los intendentes, Corach dijo que “muchas veces” ello se debe a falta de rendición de los propios municipios. “La realidad es ésta; los gastos corrientes, las obras menores, lo que se transfiere, muchas veces es contra certificación. Entonces, no lo puedo decir por todos, pero hay casos en los que si los municipios no rinden y no certifican, no pueden seguir recibiendo dinero. Si entregamos recursos para colocar mil luminarias pero sólo nos certificaron que cambiaron 200, no vamos a hacer otro desembolso porque ellos no pueden justificar en qué usaron la plata. Entonces, cuando esto se reproduce, nosotros no transferimos los recursos”, aseveró. “Hay casos particulares en los que también hay omisión de los intendentes a la hora de presentar esas rendiciones… Pero nosotros no salimos a batir el parche diciendo ‘este intendente de tal lugar en lugar de poner mil luminarias puso doscientas’. Eso no lo hacemos”, concluyó.

Un amplio grupo de presidentes comunales e intendentes de distintos partidos se manifestaron hoy en la puertas de Casa Gris en la ciudad de Santa Fe. El reclamo por la distribución de los fondos presupuestados para los años 2020 y 2021 que adeuda la provincia estuvo seguido de la entrega de un pedido de audiencia con el Gobernador Omar Perotti. Desde allí se dirigieron a la Legislatura santafesina donde diputados de la UCR y la Coalición Cívica los recibieron y escucharon cual era el reclamo. “La discriminación, y el ahogo financiero a los Gobiernos Locales que no somos del PJ ha excedido todos los límites posibles” afirmaron.

Luego de entregar un documento donde le solicitan una audiencia al Gobernador, los presidentes comunales e intendentes señalaron que “es una falta de respeto a los santafesinos que viven en localidades que no gobierna el PJ” el retraso en la transferencia de recursos aprobados por Ley “como es el caso de los fondos del Programa de Obras Menores” y la entrega “de fondos del Plan Incluir a los amigos del gobernador”.

En el encuentro con los diputados de UCR Evolución, bloque que preside Maximiliano Pullaro, y la Coalición Cívica, le pidieron a los legisladores que sigan representando su reclamo, que no aflojen y pidieron tener un encuentro con la totalidad de los bloques de ambas cámaras para detallar la situación que viven los más de 230 gobiernos locales de la UCR, el PS, el PDP y el GEN.

Intendentes y presidentes comunales reclaman a Perotti un “cambio de actitud” en el reparto de fondos

“Pareciera que el 80% de los santafesinos que viven en localidades donde perdieron los candidatos del Gobernador Perotti son de otra provincia. Estamos en una situación donde tenemos que hacernos cargo de sostener servicios como la salud pública en el marco de una pandemia, pagando a vacunadores y personal para hacer hisopados, cubriendo reemplazos del personal de salud por licencias o enfermedad, o como la seguridad comprando cubiertas, pagando combustible, reparando vehículos y haciendo aportes para gastos operativos de la Policía” señalaron y agregaron “estos son dos temas relevantes con los que hizo campaña el Gobierno y hoy está ausente”.

En nombre de los legisladores de la UCR, habló Maximiliano Pullaro y señaló que “no nos vamos a dejar someter por ningún gobernador por más autoritario que sea. Lo que hicieron hoy fue un acto de extrema valentía, que expone una situación que nos preocupa muchísimo. Están discriminando, no a quienes les toca gobernar el 80% de los habitantes de la provincia si no a todos los vecinos de esas localidades, y eso como dirigentes democráticos no lo podemos permitir. Desde nuestro rol institucional, vamos a acordar cada paso que vayamos a dar adelante, cuentan con nuestro respaldo”.

Distribución de fondos: diputadas y diputados opositores apoyaron el reclamo de los gobiernos locales

Por último, Sebastian Julierac Pinasco manifestó el apoyo de la Coalición Cívica al reclamo de los intendentes y presidentes comunales el que consideró justo para que no se siga discriminando a los santafesinos que votaron por un color político distinto al del gobierno provincial.

Intendentes y presidentes comunales de toda la provincia fueron convocados por Omar Perotti para firmar esta semana un “acta compromiso” que intentará cumplir el desafío de que “todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo”. Las autoridades de localidades del centro-norte fueron convocadas para este martes en el Museo de la Constitución en la ciudad capital ; las del sur, para el miércoles en el Acuario del Río Paraná, en Rosario. El gobernador estará acompañado por la ministra de Educación, Adriana Cantero. El propio mandatario había anticipado la iniciativa la semana pasada. En declaraciones a la prensa, dijo que se entregaría al intendente de cada ciudad un listado con el nombre y apellido de cada niño o niña que habiendo terminado la escuela primaria, no se inscribió para el nivel secundario. La finalidad es “poder buscarlos en sus hogares “para que continúen sus estudios.

La invitación del gobernador se da en un clima de tensiones con los gobiernos locales de la oposición, que vienen denunciando un manejo discrecional de fondos. El tema generó una fuerte réplica del Poder Ejecutivo el fin de semana, a través de las redes sociales. Por ese medio, el ministro de Gestión, Marcos Corach, refutó las acusaciones y enumeró las acciones que se fueron llevando a cabo en ciudades de gobiernos no peronistas. También desde la Casa Gris, se giraron entre jueves y viernes fondos adeudados para regularizar la situación con municipios y comunas. Aun así, intendentes de la oposición tienen previsto arribar mañana a Casa de Gobierno para plantear la situación.

En diálogo con El Litoral, el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Horacio Ciancio, ratificó la decisión de hacer llegar su reclamo a la Casa Gris. “No estamos planteando una movilización, pero sí tenemos previsto un número importante de intendentes llegar hasta la Casa de Gobierno para dejar formalmente un pedido de audiencia con el gobernador. Queremos plantear que se está discriminando a los municipios que no son peronistas. Y no sólo iremos representando a la UCR, sino también al PS y al PDP”, sostuvo.

Consultado acerca de las transferencias que realizó en las últimas horas el Ejecutivo, Ciancio dijo que ello no neutraliza ni aplaca el planteo. “La transferencia que realizaron el viernes por gastos corrientes fue a unos pocos. Eso no descomprime la situación. Interpretamos que este manejo es una represalia por la no aprobación del presupuesto”, interpretó.

Por Nancy Balza 

Paula Saini es delegada en la ciudad de Santa Fe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Abogada y docente, fue designada hace un año al frente de la oficina local del organismo pero conoce su funcionamiento desde hace mucho más tiempo: es asesora legal desde hace más de una década. 

En este diálogo con El Litoral analiza las formas que adquiere la discriminación en nuestro propio territorio, donde a comienzos de 2020 la pandemia puso al descubierto la solidaridad pero también el miedo que se tradujo en sesgo negativo hacia agentes de salud, mientras se sostienen conductas de marginación y exclusión en otros ámbitos. ¿En cuáles? Aquí lo explica. 

– La realidad es que no sigue vigente, fue un momento en que las personas eran hostigadas por este nuevo motivo discriminatorio que, si bien se enmarcaba en una causa prevista en el Inadi que es en el ámbito de la salud, sucedió durante los primeros meses de la pandemia. Así fue como personal de salud que quería subirse a un colectivo, o que regresaba a su casa era hostigado. A la vez hubo casos de mucha empatía cuando vecinos y vecinas esperaban con comida o frutas a agentes de salud que estaban dando la batalla contra el coronavirus. A partir de allí empezamos a perderle el miedo a lo desconocido, a ese otro u otra. 

– Creo que si. Una no puede ponerse en la cabeza de la persona que discrimina pero sí establecer que está otorgando una característica negativa a otra persona por cómo es. Pero esa característica no habla de la persona discriminada sino de la subjetividad que construye quien discrimina, que a la vez construye una jerarquía que la ubica en un lugar de superioridad: por ejemplo, el nacional sobre el migrante; pero no el migrante europeo sino el paraguayo, el boliviano. Después puede haber una idea en la que “blanco, rico, heterosexual, sin discapacidad” se construye como una hegemonía y todo lo que sale de ese marco se encuentra en una jerarquía menor. 

– Diría que más que por discriminar, porque tiene muchos prejuicios. Todos y todas tenemos prejuicios en relación con las personas. La discriminación se va a configurar si a partir de ese prejuicio se vulnera un derecho. Si eso no ocurre y queda en el imaginario individual, en principio estaría dentro de márgenes de construcción de pensamiento. El problema es cuando ese pensamiento se exterioriza a través de un discurso de odio o de un hecho discriminatorio. Hay hechos discriminatorios concretos en todas las esferas: en la provincia el ámbito en el que mayor cantidad de denuncias recibimos durante 2021 fue el laboral, por diferentes motivos como discapacidad, género, orientación sexual; entre pares, de superiores hacia trabajadores y trabajadoras. Y el principal motivo en todos los ámbitos sigue siendo la discapacidad. 

Las personas con discapacidad siguen sufriendo situaciones de discriminación a lo largo de su vida: al momento de acceder a una obra social, en el ámbito educativo, en el trabajo, en el transporte público. En todos esos ámbitos la persona con discapacidad sigue encontrando obstáculos para ejercer sus derechos. 

 Esos siguen siendo los ámbitos en los que se necesita trabajar con más fuerza en la prevención. 

– Esa es una opción. El año pasado realizamos un curso de capacitación junto a la Dirección de Empleabilidad Inclusiva del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, destinado a las cámaras empresarias para prevenir prácticas de discriminación en el ámbito de trabajo. Porque no solamente se puede tener una situación de discriminación en el momento del acceso al empleo sino durante toda la relación laboral. Es fundamental que eliminen prejuicios y reconozcan de qué manera enriquece la diversidad en la contratación del personal. 

– Es una pregunta retórica (risas). Las redes de comunicación tienen esta velocidad donde los prejuicios y los discursos de odio se exacerban. Tenemos una deuda en la regulación de las redes sociales y de los medios de comunicación porque parece que hasta en los comentarios de los medios digitales se pude decir cualquier cosa con un perfil falso. Es grave esta situación porque genera muchísimo daño y construye discursos; y la construcción de discursos de odio es muy peligrosa porque se multiplica con mucha velocidad. 

Con respecto a los medios digitales y los comentarios, hay que considerar que la libertad de expresión no es decir cualquier cosa ni atacar o construir un discurso de odio sino que todo tiene límites como cualquier otro derecho. Hay que saber que esa opinión que se expresa puede generar situaciones de violencia y discriminación en la realidad. 

La libertad de expresión tiene algunos límites: se puede actuar a través de lo que uno dice. Si ese comentario es xenófobo o discriminador y genera violencia, tiene que tener consecuencias y no está mal poder avanzar sobre esos comentarios. La libertad de expresión no puede atentar contra la democracia y los derechos humanos porque es un derecho humano en si mismo. 

– Puede hacerlo a través de la línea telefónica gratuita 168 que empezó a funcionar en marzo de 2020 y reemplazó al 0800. En Buenos Aires se renovó todo el Call Center, se jerarquizó la línea y hasta la actualidad alcanzamos un total de casi 12.500 consultas telefónicas desde todo el país. A esto se suman asesoramientos y consultas a través de las delegaciones. 

Esto puede desembocar en una denuncia, pero empieza por un asesoramiento por parte del organismo. 

– Moralmente es un impacto fuerte. Por eso siempre tratamos de apelar al diálogo y a canalizar el conflicto a través de una gestión, resolución o conciliación. En algunos casos es posible y en otros no, por ejemplo, cuando median situaciones de violencia o no se logra el acercamiento. En ese caso, se emite un dictamen y se recomiendan los pasos a seguir. 

– No sanciona ni multa. Sí tiene capacidad de sanción moral: que se diga que una empresa o una persona ejerció un acto de discriminación habilita otros medios como los judiciales o daños y perjuicios. 

“¿Alguna vez te negaron o te sentiste excluido/a/e del ingreso a un local nocturno, comercial, gastronómico, fiesta, playa, excursión por tu color de piel, tu forma de vestirte, tu corporalidad, tu discapacidad, tu orientación sexual o tu identidad de género? Eso es discriminación”. La pregunta y la respuesta pertenecen al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y permite llamar la atención sobre una campaña desplegada para los meses de vacaciones. Verano sin discriminación es el nombre de esta movida que permite poner atención sobre los discursos y conductas estigmatizantes que “reflotan” en los meses en que los cuerpos están más expuestos. 

Con lenguaje inclusivo, como todo el material elaborado por el organismo nacional, se insiste en que “tenemos derecho al disfrute, al turismo y la accesibilidad”. 

Paula Saini, delegada del Inadi en la ciudad de Santa Fe anticipa que la campaña se va a desarrollar en puntos concretos de la capital santafesina con el objetivo de “deconstruir estereotipos de belleza que indican que estar flaco está bien y estar gordo es un disvalor”, pero también para abordar desigualdades territoriales “que se presentan cuando los pibes de un barrio quieren ir a la playa y qué ocurre si ese espacio es público o privado”. 

La tarea tiene dos ejes: por un lado, “empoderar a la población sobre sus derechos” y por el otro, “sensibilizar a quienes están en una situación de autoridad, como guardavidas o personal municipal en las playas o en la costanera”. 

Una de las apuestas fuertes para este año que recién despunta es trabajar con el Ministerio de Educación en el proyecto “Escuelas sin discriminación”, que va a involucrar la formación de docentes y tiene otras aristas como los concursos para estudiantes y acompañamiento en la elaboración de documentos que van a formar parte de una recopilación nacional sobre experiencias educativas inclusivas. 

La delegación Santa Fe del Inadi funciona en 1° de Mayo 3163. 

El teléfono es: 342-4563295. 

La sede local y la de Rosario tienen correo electrónico: santafe@inadi.gob.ar y rosario@inadi,gob.ar, respectivamente. 

En IG: inadisantafe 

168 es la línea gratuita para todo el país. 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El reglamento de una pileta de natación municipal en Chubut desató una polémica por fijar a las mujeres la prohibición de usar malla enteriza blanca.

“Gorro, ojotas, malla enteriza (no blanca) y bikinis deportivas para damas”, detalla la planilla en la que se publicaron las tarifas y horarios que regirán para la pileta semi-olímpica inaugurada a fines de octubre en el distrito de Comodoro Rivadavia.

Los hombres, en cambio, no tenían restricciones y podían vestir cualquier color. El detalle generó una ola de repudio en redes sociales por considerar que se trataba de discriminación, lo cual obligó a la Municipalidad patagónica a dar explicaciones sobre el tema.

“Se trata de evitar la transparencia. No podemos poner malla transparente. Uno puede establecer un criterio general y por lo general es la blanca lo que transparentaba. Me comprometo a revisarlo en caso que no corresponda y se actualice. Es bien tomada la sugerencia; apunta a las mallas que transparenten, para evitar inconvenientes”, señaló el director de Deportes de Comodoro Rivadavia, Martín Gurisich, en declaraciones a Cadena Tiempo.

Pese a la justificación oficial, la polémica siguió en auge y la directora de Mujeres y Género chubutense, Elba Willhuber, cruzó al funcionario comodorense: “Desde que se oficializaron los colores de la diversidad, han dejado de separarnos. Lo que nos une es el respeto y que no haya más control social sobre los cuerpos en base a la vestimenta. Y lo estoy diciendo desde una perspectiva de género”.

“Pienso que es muy bueno que estas cosas se discutan. Es una interpelación a cuestiones discriminatorias que hemos pasado muchas mujeres e incluso el colectivo LGTBQ+. Son cosas que tenemos que ir dejando de lado. No quiero y nadie quiere que los colores nos separen”, señaló la integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de Chubut.

Y agregó: “Si es porque el color blanco genera transparencia sobre los cuerpos, lo que se tiene que trabajar es la aceptación y cómo deconstruir lo que es el cuerpo desde los mandatos patriarcales. Hay que revisar esa medida. No hay ninguna duda. Justamente son las diferencias las que se tienen que respetar. Que no nos separen, que nos una el respeto. La tolerancia hace que se ponga un velo a esas diferencias y eso no hay que propiciar. Que todo se discuta para que entre todos las discriminaciones sean cada vez menos”.

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El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, precisamente en la Liga Ceresina de fútbol, en un partido correspondiente a la sexta fecha, donde se enfrentaban Ferro Dho y Unión y Juventud de Bandera (Santiago del Estero). En el primer tiempo, un grupo de hinchas locales, comenzó con cánticos discriminatorios hacia el jugador colombiano Juan David Ortiz Palacio, quien defiende los colores del conjunto santiagueño y se encuentra en Argentina desde antes de la pandemia.

Juan David Ortiz Palacio, denunció en Súper Deportivo Radio Villa Trinidad, que sufrió gritos racistas durante el partido “Me gritaban mono bananero dejá de robar la plata”, confesó. “Yo juego gratis, no cobro por jugar al fútbol”, agregó. “Mis compañeros le dijeron al árbitro que pare el partido y no lo hizo”, contó Ortiz Palacio quien además confesó cómo se sintió “Me expulsaron por doble amarilla y cuando me fui al vestuario se me cayeron un par de lágrimas por lo que había sufrido”.

A pesar de los malos momentos que estaba atravesando por esta situación totalmente repudiable, fue el mismo jugador quien se negaba ante algunos de sus compañeros a detener el partido, a pesar de todo, él quería cuidar el espectáculo deportivo. Para colmo de males fue expulsado en el segundo tiempo luego de recibir una segunda amarilla en una jugada dudosa, en la cual el árbitro Daniel Britez no dudó en aplicársela.

Emiliano Nunia

La Real Academia Española (RAE) ratificó su postura de rechazo al lenguaje inclusivo mediante una respuesta a la consulta de un usuario de una red social.

La RAE consideró que el masculino gramatical “está firmemente asentado” y “no supone discriminación sexista alguna”.

Un hombre llamado Claudio Ruiz realizó una consulta al sitio de Twitter de la entidad que rige la lengua española en la que contenía ya una carga negativa en cuanto a la nueva modalidad en el habla: “Hola, RAE informa, tengo una duda: este famoso lenguaje inclusivo, ¿Es una jerigonza o un galimatías?”.

“Lo que comúnmente se ha dado en llamar ‘lenguaje inclusivo’ es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”, expresó la entidad.

La RAE ya se había manifestado en oposición al lenguaje inclusivo, una modalidad impulsada por sectores feministas y que abogan por la no discriminación sexual que tiene como característica reemplazar la o por la e en palabras como todos (todes) o nosotros (nosotres).

“El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (‘chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”, expresó la entidad el 14 de diciembre de 2020.

La postura de la RAE también había sido plasmada en enero de 2020 cuando existió una intención de modificar el texto de la Constitución de España e incorporar el lenguaje inclusivo.

“El lenguaje utilizado en la Constitución es claro e inteligible y, a pesar del tiempo transcurrido desde la redacción del texto, no plantea en la actualidad problemas serios de interpretación literal. No hay, pues, razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica que obliguen a modificar su redacción”, había indicado entonces.

A pesar de la resistencia de la RAE, en los últimos tiempos el lenguaje inclusivo ganó terreno en ámbitos oficiales y educativos argentinos, donde es aceptado su uso en clases, cátedras y documentación.