La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el régimen de regularización de deudas para los prestadores de discapacidad, mediante la Resolución General 5828/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El régimen permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con beneficios que incluyen la condonación de hasta el 100% de intereses y multas.

El nuevo esquema normativo no contempla las deudas referidas a aportes y contribuciones a Obras Sociales, cuotas de ART, aportes de Servicio Doméstico y Monotributo, y Seguro de Vida Obligatorio, entre otras.

Los prestadores deben estar comprendidos en la Ley N° 24.901 y aparecer en la nómina que la Secretaría Nacional de Discapacidad enviará a ARCA para poder acceder al régimen. Una vez habilitados, los sujetos serán identificados en el sistema con el código “640 - Emergencia Nacional en Discapacidad”.

Los contribuyentes podrán formalizar su adhesión hasta el 17 de septiembre de 2026, dependiendo el momento en que decidan adherirse va a ser el grado de perdón fiscal sobre los intereses resarcitorios y punitorios generados.

Hasta el 16 de junio de 2026: condonación del 100% de los intereses.

Desde el 17 de junio hasta el 17 de septiembre de 2026: condonación del 50%.

Los planes de financiación tienen las siguientes pautas técnicas:

Cantidad máxima de cuotas: hasta 60 mensualidades, iguales y consecutivas.

Monto mínimo de cuota: $50.000.

Tasa de interés de financiación: será equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente a la fecha de entrada en vigor de la presente norma.

Ingreso de las cuotas: se efectuará mediante débito directo los días 16 de cada mes.

Los contribuyentes podrán refinanciar, en el marco del presente régimen, los planes de facilidades de pago presentados hasta el 2 de febrero de 2026, inclusive, a fin de gozar del beneficio de condonación vigente.

El trámite se realiza íntegramente de forma digital a través del servicio “Mis Facilidades”, opción “Ley N° 27.793 - Emergencia Nacional en Discapacidad”. Se requiere poseer Domicilio Fiscal Electrónico y una CBU declarada para el débito automático de las cuotas.

La caducidad de los planes de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de ARCA, ante la falta de pago de dos cuotas (consecutivas o alternadas) a los 60 días de vencida la segunda, o de una cuota a los 60 días del vencimiento de la última del plan.

El gobierno nacional aprobó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 del Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

El texto que llega sobre el límite del plazo establecido por la Justicia Federal, siendo este mismo miércoles 4 de febrero el último día, define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

En simultáneo, el gobierno nacional publicó el Decreto 83/2026 donde designa a los nuevos funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Con la firma del líder de La Libertad Avanza y el ministro de Desregulación, Federico Adolfo Sturzenegger, el documento pone a Alejandro Vilches en el cargo de Secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. Vilches había sido designado en agosto de 2025 como interventor de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio de las acusaciones por su intervención en una red de coimas.

A su vez, Gianfranco Scigliano será Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos y Esteban Giler Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.

El juez federal de Campana, Adrián Gonzalez Charbay, restableció este viernes la vigencia de la ley de Emergencia en Discapacidad que el Poder Ejecutivo condicionó mediante el decreto 681/25, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por padres y asociaciones y ordenar que cese la suspensión del artículo II.

El tribunal entendió que la decisión del Ejecutivo implicó un “veto encubierto” y una violación de la división de poderes, al promulgar la norma pero suspender sus efectos mediante decreto.

El magistrado también señaló que la argumentación oficial sobre la falta de fondos constituía una falacia, porque la ley facultaba al jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia y el Ejecutivo realizó múltiples modificaciones presupuestarias en otras áreas.

La ley fue aprobada por el Senado el 10 de junio y, tras el veto total del presidente el 4 de agosto, las cámaras con mayoría de dos tercios dejaron sin efecto ese rechazo, por lo que correspondía su promulgación. Al promulgar la norma, el presidente Javier Milei indicó que la ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso indicara partidas presupuestarias.

Los amparistas —padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles— sostuvieron que esa suspensión vulneraba derechos y presentaron la acción colectiva que prosperó ante el juzgado federal de Campana.

El fallo tiene alcance nacional y ordena al Estado que aplique la ley votada por el Congreso para todas las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores. Entre las medidas que se deberán instrumentar figura el pago de compensaciones a prestadores y asignaciones para talleres de producción.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto fiscal entre 0,22% y 0,42% del PBI, según el propio texto del fallo recopilado en la causa.

El juez advirtió además sobre una “discriminación estructural contra las personas con discapacidad” y el posible incumplimiento de tratados internacionales, en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño.

“El Estado incumple su deber de protección especial”, dijo Adrián Gonzalez Charbay, juez federal de Campana, al referirse a la situación de la niñez y la discapacidad como una doble vulnerabilidad.

El fallo también dispuso auditorías para identificar problemas en la gestión de prestaciones, la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y la revisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para considerar condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales.

El Gobierno podrá recurrir la sentencia y elevar el caso hasta la Corte, por lo que la aplicación definitiva de las medidas podría depender de instancias superiores.

La decisión de la ANDIS se enmarca en un proceso de revisión y auditoría de las pensiones por discapacidad que había generado preocupación entre los beneficiarios.

En agosto de 2025, el Gobierno nacional había dado de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad laboral otorgadas de manera irregular. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos, lo que llevó a la suspensión de estas prestaciones.

Además, se dieron de baja otras pensiones correspondientes a personas fallecidas o que habían renunciado al beneficio

Sin embargo, tras la presión de organizaciones sociales y la insistencia del Congreso, el Gobierno decidió restituir las pensiones a un grupo determinado de personas. La ANDIS ha establecido que los beneficiarios deberán cumplir con ciertos requisitos y presentar documentación actualizada para acceder nuevamente al beneficio.

Para acceder a la restitución de la pensión, los beneficiarios deberán:

Presentar documentación actualizada: Esto incluye certificados médicos, informes sociales y cualquier otro documento que acredite la situación de discapacidad.

Cumplir con los criterios establecidos por la ANDIS: La agencia ha establecido ciertos criterios para determinar la elegibilidad de los beneficiarios, que incluyen la evaluación de la situación socioeconómica y la gravedad de la discapacidad.

Realizar el trámite correspondiente: Los interesados deberán acercarse a las delegaciones de la ANDIS o realizar el trámite de forma virtual a través de los canales oficiales habilitados.

Es importante destacar que la restitución de las pensiones no es automática y requiere que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos.

La ANDIS ha informado que se encuentra trabajando para agilizar los trámites y garantizar que las personas que cumplen con los criterios reciban nuevamente el beneficio.

Mauro L. Muñoz

"Ejecuten la ley ya", fue la consigna bajo la que reclamaron este miércoles frente a Casa Rosada cientos de personas con discapacidad, acompañadas por familiares, prestadores y organizaciones, para reclamar lo que, paradójicamente, ya es ley: la declaración de la emergencia en discapacidad.

La norma fue sancionada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y, luego de la insistencia parlamentaria en ambas cámaras, fue finalmente promulgada por el Ejecutivo bajo el Decreto 681. Sin embargo, su aplicación fue inmediatamente suspendida, bajo el argumento de que no se especifica la partida presupuestaria que debería financiar sus disposiciones.

La decisión fue motivo del reclamo de los sectores afectados, que ven en la maniobra no sólo una postergación a las respuestas urgentes que requieren, sino que también avanza sobre los límites constitucionales del equilibrio de poderes.

"Hoy la ley está promulgada, es decir vigente, pero suspendida en cuanto a su aplicación. Verdaderamente es una maniobra que no solo perjudica al colectivo de personas con discapacidad sino que también constituye una afrenta al sistema republicano", expresó la abogada santafesina Mariela Peña, especialista en derechos de personas con discapacidad y presidenta de la asociación Incluíme, en diálogo con El Litoral.

La abogada viajó este miércoles a Buenos Aires desde Santa Fe para entregar legajos de personas del departamento Vera, cuyos beneficios fueron suspendidos a pesar de estar en condiciones de acceder a ellos. "Intentamos que se restituyan beneficios que pudimos corroborar que están mal suspendidos", explicó.

El texto de la Ley de Emergencia en Discapacidad contempla una serie de medidas con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 que tienen como fin garantizar el acceso a derechos fundamentales, en un contexto que prestadores, familias y usuarios definen como "crítico".

La insistencia de la iniciativa tras el veto fue aprobada en el Congreso el pasado 20 de agosto, lo que obligó al Poder Ejecutivo a promulgarla a pesar del veto original. Sin embargo, el Gobierno dispuso condicionar su aplicación a la aclaración, por parte del Congreso, del origen de los fondos para su financiamiento. En la práctica, esto significa que ninguna de las partidas previstas, ni los aumentos, ni la regularización de pagos a prestadores, ni los refuerzos en medicamentos y tratamientos han comenzado a regir.

Movilización en Plaza de Mayo en reclamo de la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad. Crédito: Foro Permanente Discapacidad.

La decisión generó el repudio de asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro y colegios profesionales que bregan por los derechos de las personas con discapacidad y de prestadores de servicios para este colectivo, que señalan que la no aplicación efectiva de una norma vigente vulnera el principio de legalidad y los derechos adquiridos.

"Hoy la ley está promulgada, es decir vigente, pero suspendida en cuanto a su aplicación. Verdaderamente es una maniobra que no solo perjudica al colectivo de personas con discapacidad sino que también constituye una afrenta al sistema republicano. El gobierno ignora las resoluciones judiciales, ya que no cumple con las sentencias en las cuales fueron obligados a reconocer, por ejemplo, medicamentos de alto costo, sino que también ahora ignora las normativas sancionadas por el Congreso", señaló Peña al respecto.

Mientras la movilización se desarrollaba frente a la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunciaba en conferencia de prensa una serie de medidas referidas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente intervenida y con nuevo director tras un escándalo de presunta corrupción en su conducción anterior.

Según explicó Adorni, desde ahora los beneficiarios de pensiones podrán actualizar su dirección postal desde la web de la agencia. "Una de las condiciones para recibir la pensión por invalidez laboral es actualizar la dirección para poder recibir las notificaciones, que, por cuestiones judiciales, tienen que ser postales", detalló.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció cambios en ANDIS. Crédito: Presidencia de la Nación

El vocero también informó la apertura de dos nuevas sedes de atención de la ANDIS: una en la ciudad de Paraná y otra en la Ciudad de Buenos Aires. "La Agencia Nacional de Discapacidad trabaja para mejorar la gestión y que la atención a las personas con discapacidad sea cada vez más eficiente", remarcó.

La situación sobre la ANDIS tuvo eco nuevamente en el Congreso. Este miércoles, las comisiones correspondientes del Senado de la Nación firmaron dictamen para citar a dos figuras clave del tema: el ministro de Salud, Mario Lugones, y el nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo por la causa de los audios.

Emitieron dictamen para citar al ministro de Salud y al titular de ANDIS en el Senado. Crédito: HCSN.

La citación a Vilches tendrá como objeto que explique el proceso de auditorías, la situación actual de la ANDIS y los motivos por los cuales no se está ejecutando la ley recientemente promulgada. El pedido de convocatoria de los funcionarios deberá avanzar en el recinto, que sesionará este jueves.

En su testimonio a El Litoral, Mariela Peña fue categórica sobre la situación actual del sector: "es de extrema vulnerabilidad y crisis", definió. "Las personas con discapacidad perdieron en muchos casos el único sustento que tenían, y hoy nos llaman pidiendo ayuda para ser incorporados en comedores comunitarios. Ni hablar que no acceden a medicamentos, prótesis, ortesis, que son fundamentales para el desarrollo de su vida", ahondó.

Movilización en Plaza de Mayo en reclamo de la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad. Crédito: Foro Permanente Discapacidad.

La abogada referente del sector advirtió que también se está produciendo un vaciamiento del sistema desde el costado profesional: "Estamos perdiendo profesionales sumamente calificados y formados que comienzan a cambiar su orientación laboral producto de que el sistema es inviable. Verdaderamente, toda la situación se vive con mucha angustia".

Asimismo, desde Incluíme y otras organizaciones advierten que continúa sin pausa la auditoría masiva sobre pensiones no contributivas por invalidez, que en los últimos meses generó la suspensión de más de 160.000 beneficios.

"Las auditorías continúan bajo la misma modalidad, sin ningún tipo de ajuste que corrija el desastre que hicieron. Al mes de septiembre son 160.000 bajas y esperamos los números de octubre", afirmó Peña.

Ana Inés Dobal

Jóvenes y adultos miembros del Centro Integral de Atención a Personas con Discapacidad (CIAD), que hace años funciona en la ciudad de Rufino atendiendo a personas de la ciudad y la zona, se subieron  este fin de semana al escenario del Candilejas para hacer teatro.

CIAD Rufino lleva años trabajando a favor de instalar en las rutinas cotidianas de las personas con discapacidad, espacios, actividades, proyectos, labores e iniciativas que marquen la diferencia en cada una de sus vidas, intentando mejorarlas. Desde esa perspectiva inspiran a talleristas y concurrentes en el trabajo por el “sí se puede”.

Ese trabajo profesional interdisciplinario, y sobre todo humano va dando año a año sus frutos y se visibilizan logros gigantescos a todo nivel. Ejecución de proyectos de artesanías y alimentos con proyección, ya son parte de sus logros formales y profesionalizados a lo largo del tiempo, que ponen en movimiento las manos y los corazones de muchísimos jóvenes y adultos, y el estreno de una obra teatral sumó otro.

Ahora la actividad creativa, en expansión, se fortalece, disfruta y despliega con soltura por parte de los jóvenes que -visiblemente entusiasmados-  trabajaron en componer personajes, memorizar letras y atravesar el umbral de la familiaridad para compartirse en un escenario teatral. El Candilejas los elevó y brillaron.

La emoción, los aplausos, las familias y toda la localidad celebraron este estreno que tuvo lugar el fin de semana pasado en el entrañable y acogedor Cine Teatro Candilejas. La concreción de esta obra, sembró la semilla de todo lo que se puede lograr cuando se trabaja con amor, libertad y confianza.

Las posibilidades de ser y hacer son inmensas, y todos los actores, talleristas, coordinadores y directivos del Centro, celebraron emocionados este hermoso proyecto. Gisela Festini -psicóloga y dueña del Centro- dedicó unas palabras conmovida y orgullosa, luego del estreno:

"Mientras los miraba me emocionaba…No podía dejar de pensar en cada uno de ellos, a muchos los conozco hace muchos años; los vi crecer...  Cuántas historias de vida, algunas muy duras  e injustas … tanto para ellos como para sus familias. Sin embargo  están ahí, disfrutando y dando lo mejor de cada uno, animándose, perfeccionándose. Con la espontaneidad   que los caracteriza.  Y sus familias orgullosos aplaudiendo y acompañando”.

“DESEO (con mayúsculas) poder llegar a ver una verdadera inclusión social. Donde se respeten sus derechos, tengan más oportunidades y no siempre todo sea tan cuesta arriba….Estás personas necesitan que les allanemos caminos  y no que les pongamos más obstáculos. Considero que ese es nuestro objetivo como institución y es lo que se está logrando con este comprometido y empático  grupo de trabajo. Gracias por ayudarme a concretar y sostener este sueño” , concluyó Festini comprometida.

Miembros del área de cultura municipal disfrutaron del espectáculo y distinguieron a los realizadores por su labor. “Felicitamos a todos los que forman parte de CIAD por esta iniciativa y los alentamos a seguir demostrando que el arte es para todos”, expresaron las autoridades luego de reconocer formalmente la obra. 

Diputados analizaron este martes distintas iniciativas que apuntan a investigar políticamente el escándalo sobre el presunto pedido de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que revelaron los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública; y de Discapacidad, que presiden los diputados de Unión por la Patria Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, respectivamente.

A la reunión solo solo asistieron los representantes de los distintos bloques de la oposición. En tanto que, tal como estaba previsto, faltaron a la citación el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP) recordó que, además de producir leyes, “uno de los objetivos” de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen “herramientas” como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.

En la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, el diputado opositor explicó que como “la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas, no ”va a quedar más alternativa que en la próxima sesión” se mocione un emplazamiento.

Lugones y el interventor de la Andis faltaron a Diputados.

A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, también de UxP, resaltó el “contraste obsceno” entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre presuntas coimas superiores a los 500 mil dólares.

Como muestra del cuadro de situación, el legislador opositor advirtió que “una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes” y que “los acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobrar 2900 pesos por hora a cobrar 3.100 pesos”.

“Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1500 pesos en lugar de trasladarlos cinco veces por semana, los traslada dos”, lamentó. Además, alertó que los hogares y centros de día están todos a punto de cerrar” porque están desfinanciados.

En otro orden, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad “se hicieron mal” y pusieron “en estado de desesperación a muchísimas personas”.

Daniel Arroyo y Pablo Yedlin, titulares de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad. Foto: HCDN.

“Del total de las bajas que se dieron, 110 mil, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio. El 40% de los telegramas y las cartas documento no llegaron a destino por algo muy básico y elemental y es que se tomó el domicilio original”, cuestionó Arroyo, que explicó que se omitió el hecho de que muchas personas se fueron mudando desde que tramitaron originalmente el certificado en Discapacidad hasta la actualidad.

El exministro de Desarrollo Social sostuvo que “si algo es fácil en el siglo XXI es dar con una persona”, pero sin embargo la ANDIS decidió “no cruzar la base de datos ni con el registro civil ni con Renaper” para verificar si en el medio no hubo cambios de domicilio en la población de beneficiarios.

“Un 40% de pifie hubo. Está claro que la auditoría se hizo mal, no hay debate sobre eso. Pusieron en desesperación a la mayoría de las personas”, reprochó, y le advirtió al Gobierno que una vez que el Senado rechace el veto a la ley de emergencia en Discapacidad no será “opcional” el cumplimiento de la norma y debe “ponerse en marcha de inmediato”.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta enfatizó que con el presidente Javier Milei “la corrupción avanza” y habló de una “enorme estafa” del Gobierno a las personas con discapacidad.

“Estamos hablando de un Gobierno que dijo que venía a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros, utilizando los mismos métodos de la casta que tanto denunciaban: coimas, sobreprecios. Está claro que son recontra casta”, denunció la referente de Izquierda Socialista.

Y añadió: ““¿No era que el que las hace las paga? ¿Eso es para algunos y otros no? ¿Para Karina la cajera no cuenta que el que las hace las paga? ¿Para el clan Menem tampoco? Porque la verdad que sacarle la plata a los discapacitados para que se la quede el ‘Triángulo de Hierro’ del Gobierno es algo absolutamente repudiable”.

Durante el encuentro, expusieron Johana Tricarico, mamá de un paciente del Hospital Garrahan, quien pidió “por una ley de emergencia pediátrica", y Jonatan Rondan, militante por discapacidad. Foto: HCDN.

Para De Mendieta, “la ruta del dinero de Karina Milei es la punta del iceberg o el primer capítulo de una temporada que va a tener un montón de capítulos”.

En tanto, Juan Marino, de UxP, señaló que "lo que se destapó es que había una red de corrupción que terminaba en Karina y los Menem que se estaba robando plata en medicamentos para personas en discapacidad en un contexto en que venimos de derrotar el veto a la ley de Discapacidad”, reconstruyó el legislador opositor.

El diputado de UxP denunció el “espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo con nuevos casos que surgen todos los días” y que “no por casualidad todos terminan en Karina y los Menem”.

“Habíamos tenido la estafa Libra, el contrato entre Banco Nación y Tech Security, las valijas que pasaron sin control de la aduana por Aeroparque, la venta de candidaturas, el pedido del retornos a cambio de cargos en Anses y el Pami, la versión de que quizás Milei habría cobrado coimas por la participación en el evento de la Iglesia portal del cielo en el Chaco, y ahora surge lo de la obra social de la UATRE y la lista sigue”, enumeró.

A la vez, Marino señaló que en paralelo a las coimas, los programas de la ANDIS, como el “Incluir Salud”, están “paralizados”. “Todos los días nos llegan denuncias de familias y personas con discapacidad que no están recibiendo su medicación, su tratamiento y los subsidios para el transporte”, alertó.

Tanto el diputado Pablo Yedlin como su par Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, informaron que, la próxima semana, se reunirán ambas comisiones para avanzar con los proyectos vinculados a distintos Pedidos de informes relacionados a esta temática. Foto: HCDN.

Por último, Marino le pidió a sus pares que se sumen a un “proceso colectivo” para “depurar democráticamente la ANDIS, que no sea rehén de la red de corrupción de Karina y los Menem y que se ejecuten todos los programas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.

Esteban Paulón, de Encuentro Federal, consideró que “estamos ante un escándalo de enormes proporciones, moral” y denunció “un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder”.

“Este es el Gobierno de las auditorías. Le quiere poner auditoría a todo. Faltan auditorías a las baldosas. A los que no auditan es a los que venden medicamentos al Estado, a los funcionarios que evidentemente facilitaban y aceitaban con una manito de la droguería los contratos para la compra de la medicación”, cuestionó.

El referente socialista planteó la necesidad de crear una comisión investigadora en este tema “por la gravedad, porque cada peso que no fue a un medicamento y que fue al bolsillo de algún funcionario o empresario indebidamente es un peo menos en una prestación que las familias desesperadamente necesitan”.

“Más allá de que reconocer la pronta y certera acción de la Justicia en este caso, que casi no le ha dado tiempo a cubrirse a quienes están involucrados en este escándalo, aquí también tenemos que determinar las responsabilidades políticas”, consideró.

“¿Por qué el Gobierno tiene que dar explicaciones urgentes? Porque Karina es Javier. El propio presidente ha dicho uqe él es indivisible de su hermana, que no hay proyecto político sin su hermana. Y si sobre su hermana hay un estado de sospecha lo que aquí está en juego la institucionalidad y la credibilidad de la palabra presidencial”, concluyó Paulón.

Sabrina Selva, de UxP, le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que comunique al Senado el rechazo al veto de la ley de emergencia en Discapacidad así el pleno de ese cuerpo lo puede tratar.

Leandro Santoro (UP) consideró que la auditoría que hicieron para analizar las pensiones a discapacitados es "corrupta porque en lugar de buscar quienes habían sido las personas que no calificaban para recibir las pensiones, tomaron la decisión de mandar un telegrama diciéndoles a las personas con discapacidad que si querían seguir cobrando la pensión tenian que hacerse preentes en la agencia”.

E indicó que “usaron una base de datos desactualizada porque tenían un solo fin político: llevar adelante un ajuste cruel, insensible”.

“Para colmo de males ellos fundamentan políticamente este ajuste brutal diciendo que lo hacen para luchar contra la corrupción. Y hace una semana nos vinimos a enterar que en realidad mientras ellos ajustaban a las personas con discapacidad, estaban robando en las compras y contrataciones con empresas privadas que vendían medicamentos a la agencia”, siguió el diputado de Unión por la Patria.

Por la UCR estuvo la diputada Natalia Sarapura, quien repudió “la situación de corrupción y el hecho de que hasta este momento (desde el Gobierno) no hayan retrocedido en las decisiones que afectan los derechos de las personas con discapacidad”.

El Ejecutivo nacional resolvió intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en medio de un escándalo por presuntas maniobras de corrupción. La medida fue anunciada este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también confirmó la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como interventor del organismo.

La decisión llega tras la difusión de audios atribuidos al entonces director de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se denuncian supuestos pedidos de coimas y manejos irregulares con laboratorios y proveedores. En los audios, el exfuncionario hacía referencia a una estructura de recaudación que involucraría incluso a la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del Estado.

La intervención fue dispuesta por el presidente Javier Milei con el objetivo de iniciar una auditoría integral del organismo y revisar el otorgamiento de pensiones por invalidez. Desde Casa Rosada aseguraron que buscan terminar con la "intervención política" dentro de la agencia y garantizar una administración transparente y profesional.

Alejandro Vilches, médico de larga trayectoria en gestión sanitaria en el ámbito público y privado, será el encargado de conducir la normalización del organismo. El flamante interventor ya ocupó cargos relevantes en la estructura sanitaria del país, entre ellos la Secretaría de Gestión Sanitaria.

Su principal tarea será auditar el sistema de pensiones no contributivas y revisar los mecanismos de contratación y compras dentro de la agencia.

La crisis en la ANDIS se produjo en una jornada complicada para el Gobierno. En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con apoyo de la oposición, lo que constituye un duro revés legislativo para el oficialismo.

Ahora, el texto pasará al Senado, donde se definirá si queda firme el veto de Milei o si se sanciona la ley a pesar de la objeción presidencial.

Desde el Gobierno sostienen que la intervención busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y evitar que intereses políticos o económicos interfieran en una política pública sensible. Sin embargo, la medida también fue leída como una jugada para descomprimir la presión política tras la difusión de los polémicos audios.

Con esta decisión, el Gobierno intenta retomar el control de un área clave del Estado y marcar distancia respecto de las prácticas irregulares que se le adjudican a la anterior gestión del organismo. La gestión de Vilches se perfila como una etapa de auditoría y revisión profunda, en un contexto marcado por la tensión política y la exigencia de mayor transparencia.

Mauro L. Muñoz

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación trató los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en discapacidad y de aumentos a las jubilaciones.

La primera iniciativa recibió la insistencia de parte de los legisladores. En tanto que la segunda norma no alcanzó los dos tercios necesarios para su rechazo por lo que fue ratificado el veto presidencial.

Santa Fe, con su peso de 19 bancas, repartió sus votos durante la maratónica sesión: los votos de los representantes provinciales se dividieron entre la oposición al gobierno y el apoyo al oficialismo.

La votación sobre la insistencia de la ley de discapacidad fue la que mostró mayor contundencia opositora. A nivel nacional, 172 diputados se pronunciaron por la afirmativa, 73 por la negativa y 2 se abstuvieron. Se alcanzó la mayoría especial requerida y el rechazo al veto presidencial pasó ahora al Senado.

En el caso de los legisladores santafesinos, la votación fue de doce voluntades que se inclinaron por insistir en la norma, seis que lo hicieron por respaldar al Ejecutivo y una legisladora que estuvo ausente.

La oposición logró insistir con la emergencia en discapacidad.

Los respaldos provinieron de un arco político amplio. Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli sumaron sus avales a la ley. A ellos se les agregó Roberto Mirabella, enrolado en el espacio Defendamos Santa Fe, mientras que desde Futuro y Libertad sorprendió la adhesión de Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, que en este tema se desmarcaron del oficialismo. También acompañaron Melina Giorgi, de Democracia para Siempre, y los dos referentes del socialismo santafesino en Hacemos Federal, Mónica Fein y Esteban Paulón. El radical Mario Barletta, integrante del bloque Unidos, completó la lista de quienes rechazaron la postura presidencial.

En el otro extremo, la defensa del veto quedó en manos de los tres representantes de La Libertad Avanza en la provincia: Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci. A ellos se sumó Alejandro Bongiovanni, de Futuro y Libertad, que dejó expuesta la diferencia con sus compañeros de bancada. El PRO también aportó su cuota de respaldo a Milei, con los votos negativos de Luciano Laspina y José Núñez.

Por su parte, Germana Figueroa Casas, también del PRO, se ausentó de la votación.

El segundo capítulo del día fue aún más áspero. Tras cinco horas de debate, la Cámara de Diputados dejó firme el veto presidencial a la ley previsional, que incluía un aumento del 7,2% en los haberes, la actualización del bono extraordinario a 110 mil pesos y la obligación de la ANSES de transferir fondos a las provincias con cajas no transferidas.

El resultado nacional fue ajustado: 160 votos afirmativos contra 83 negativos y 6 abstenciones. La oposición quedó a tan solo seis voluntades de lograr los dos tercios y forzar la promulgación de la norma.

El oficialismo logró blindar el veto a los aumentos jubilatorios.

En Santa Fe, los números reflejaron un escenario mucho más parejo: diez legisladores votaron por rechazar el veto y nueve se pronunciaron en defensa de la decisión presidencial.

Los apoyos a la oposición volvieron a reunir a los cinco diputados de Unión por la Patria: Martínez, Carignano, Giuliano, Mastaler y Toniolli. A ellos se les sumaron Mirabella, desde Defendamos Santa Fe; Giorgi, desde Democracia para Siempre; y los socialistas Fein y Paulón, de Hacemos Federal. Una vez más, el radical Mario Barletta acompañó esa postura y completó el grupo de diez santafesinos que votaron por los jubilados.

En la otra vereda, el oficialismo logró blindarse con mayor firmeza. Chumpitaz y Razzini, que habían roto filas en discapacidad, esta vez se alinearon detrás de la Casa Rosada y se opusieron a la ley. A ellos se les agregó Alejandro Bongiovanni, reforzando la idea de que Futuro y Libertad quedó partido en dos mitades con estrategias diferentes según el tema. El PRO aportó cuatro voluntades negativas: Laspina, Núñez, Figueroa Casas y el propio Bongiovanni, que actúa como socio político de ese sector. La Libertad Avanza cerró filas con Mayoraz, Diez y Bonacci, consolidando el bloque duro del mileísmo en la provincia.

En la previa a la sesión de la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.

Desde su cuenta de X, y a minutos de que la oposición intente rechazar los vetos presidenciales a las leyes de jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, Adorni anticipó: “El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, aseveró.

En la misma línea, el funcionario afirmó: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”. “De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”, aclaró.

Por último, y sin brindar mayor detalle, el vocero puntualizó: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”.

El mensaje enviado desde el Ejecutivo está direccionado a los legisladores opositores aliados, que esperaban de la administración libertaria un gesto ante uno de los temas más sensibles que abordará el mediodía en el recinto.

Así, esperan poder alinear a propios y aliados y comprometerlos a reafirmar los vetos contra el aumento de jubilaciones y la reinstalación de la moratoria previsional.

Con gran éxito se realizó este jueves en la noche una charla abierta sobre “La perspectiva de discapacidad en la sociedad actual”, que estuvo a cargo de la profesora y Lic. en Psicopedagogía Mariel Di Mastrogirolamo, especialista en discapacidad.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la inclusión, los derechos y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito social, educativo y comunitario.

Durante el encuentro, la disertante compartió su experiencia y conocimientos y brindó herramientas para repensar prácticas y actitudes cotidianas, fomentando una mirada más inclusiva y respetuosa.

La propuesta contó con una importante participación de vecinos, quienes se sumaron activamente al intercambio y enriquecieron el debate.

Este tipo de iniciativas apuntan a seguir construyendo una comunidad más consciente, solidaria e inclusiva, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.

Este viernes 25, la comuna de María Teresa invita a la inauguración de un nuevo espacio para su comunidad: el Centro Integral Magnolias, un espacio pensado para brindar acompañamiento, atención integral y desarrollo personal para personas con discapacidad.

Los servicios de “Magnolias”, ubicado en la Comuna de María Teresa están diseñados para abordar las diversas etapas y desafíos de la vida, promoviendo la autonomía y la integración en todos los ámbitos:

El viernes 25, de 10 a 16, las puertas del centro estarán abiertas que los interesados en conocerlo puedan recorrer sus instalaciones y adentrarse en los servicios que ofrece esta nueva institución, “impulsada desde una mirada inclusiva y respetuosa, centrada en las potencialidades de cada persona”, señalan desde la comuna.

En un hecho significativo para el pueblo, destacan que es “un paso más hacia una comunidad más accesible y comprometida”.

Mauro L. Muñoz

Mientras todas las miradas apuntaron a Diputados por la escandalosa sesión de este miércoles, el Senado de la Nación avanzó en paralelo sobre proyectos de relevancia: jubilaciones y la emergencia en Discapacidad. Sin embargo, la actividad derivó en una fuerte polémica sobre el reglamento de cara a una eventual sesión la próxima semana.

En la semana, la Cámara alta concretó el recambio de autoridades en comisiones y aceleró la actividad parlamentaria sobre las iniciativas que ya tienen media sanción, y que el gobierno nacional busca evitar que se conviertan en ley, con el argumento de que complicarán el equilibrio fiscal, motivo por el que Javier Milei ya anticipó sendos vetos.

Este martes, el peronismo en la comisión de Trabajo y Previsión Social logró dictamen tras una larga discusión, en la prórroga de la moratoria provisional y el aumento en los haberes jubilatorios del 7,2% junto a una suma fija de $40.000.

Mientras que este jueves la comisión de Población y Desarrollo Humano también firmó la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con apoyo en disidencia de senadores radicales.

Los senadores de la oposición le solicitaron en distintas instancias al jefe de la bancada oficialista (LLA-Jujuy), Ezequiel Atauche, que convoque este mismo jueves a la comisión de Presupuesto y Haciendo para tratar estos temas. La premura radica en la necesidad de poder llevar las iniciativas al recinto antes del receso parlamentario.

"Tengo conocimiento de que el presidente de la comisión le dijo a los trabajadores que no tienen que venir porque él indica. Quiero advertir que los trabajadores no son del presidente, son del Senado. Así tienen que estar presente acá porque van a estar los senadores de ambas comisiones a las 16 para tratar este tema, para dar despacho definitivo y para tratamiento en el recinto", advirtió el titular del bloque peronista, José Mayans en la reunión de Población y Desarrollo Humano.

La discusión venía de antes. El martes, en la reunión del martes en Previsión Social, se dio una extensa discusión que disparó las alertas sobre el funcionamiento parlamentario. Luego de ser ratificada presidenta de la comisión, la cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, se paró rápidamente para dar por terminada la reunión, intentó bloquear el debate sobre jubilaciones, lo que derivó en una larga discusión con los senadores presentes.

"Estoy de acuerdo con que es urgente e importante ... pero dictaminar en forma apresurada sería un error”, sostuvo Atauche, tomando la palabra. A ello respondió el radicalismo opositor, Martín Lousteau: “Es llamativo que tengamos que trabajar así”, dijo y reclamó que “las comisiones no se reúnen” y “hace más de tres semanas que tenemos proyectos con media sanción que esperan y son urgentes”.

En esa línea, Diego Recalde (UxP) criticó que se quiera "cerrar de prepo el debate” e insistió en que “la semana que viene o la otra se podrían tratar ambas iniciativas en el recinto”, aunque chicaneó: “de todos modos, ya estamos acostumbrados a que (la vicepresidente Victoria) Villarruel no convoque a sesión y dilate el tratamiento de estos temas”.

La citación de Atauche nunca se realizó y los integrantes de la comisión se presentaron igual este jueves a las 18. El plenario se llevó a cabo sin su presidente y sin transmisión oficial del SenadoTV, por lo que los senadores decidieron emitir por redes sociales.

🏛️•Cuando hay voluntad política y ganas de trabajar podemos avanzar en los proyectos importantes.Aunque el oficialismo busque paralizar el Congreso, los Senadores/as dimos dictamen a la ley de emergencia en discapacidad, moratoria previsional y aumento de jubilaciones 👇 pic.twitter.com/hok985Embb

Dieron quórum. Se votó una interpretación del reglamento a pedido de Lousteau que decidió por unanimidad que actuaban conforme a la norma. Se procedió a la firma de los proyectos. Y Juliana Di Tullio pidió al secretario parlamentario que de fe de lo dictaminado.

Así las cosas, para la oposición obtuvieron dictamen los tres proyectos: moratoria, aumento a las jubilaciones y emergencia en discapacidad. De esta manera, manifiestan que quedaron habilitados para una potencial sesión que podría tener lugar el 10 de julio de la semana próxima.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza advierten que el plenario de Presupuesto de este jueves incumple el reglamento del Senado, por lo que interpretan que no están dadas las condiciones para llevar los proyectos al recinto.

Durante la última semana de mayo se anticipó, con insistencia, en la sesión que la Cámara de Diputados de la Nación tendrá el próximo miércoles, a pedido de varios bloques opositores, para declarar la emergencia en discapacidad. Hasta el primer día de junio no figuraba la convocatoria oficial en la agenda de la Cámara baja. Sí, en cambio, aparece para este martes a las 12.30, una reunión de comisión de Acción Social y Salud Pública para abordar varios proyectos que expresan, cuanto menos, "preocupación" por la situación del Hospital Garrahan.

Es que la salud pública estuvo en el centro del debate durante la última semana y los reclamos se hicieron bien visibles con marchas en todo el país, por discapacidad, y en CABA por la suerte del hospital pediátrico, referente en la Argentina y el mundo.

Mientras tanto, los bloques opositores confían en sancionar este miércoles con una amplia mayoría un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, que es rechazado de plano por el Gobierno Nacional debido al impacto fiscal que, aseguran, tiene esa iniciativa.

No es el único tema que está en la lista: Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre pidieron la sesión para tratar, además, el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento, y del bono de los que cobran la mínima, luego de la frustrada sesión del 21 de mayo que no reunió quórum para debatir este tema. Si el debate llega finalmente al recinto, será el mismo día en que el sector pasivo se volverá a movilizar, como cada semana, al Congreso.

Sobre la sesión que se anuncia ahora, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, quien debería oficializar la convocatoria en las próximas horas, acusó a los bloques opositores de "intentar romper el equilibrio fiscal" con la intención de aprobar aumentos en jubilaciones y de las pensiones y prestaciones de discapacidad ya que implican un costo de unos 12000 millones de dólares. Se sabe que esta gestión nacional tiene al "déficit cero" por encima de toda política, aunque esta implique recomponer la mínima de jubilaciones que apenas supera los 300 mil pesos con un bono congelado desde hace meses en 70 mil pesos.

Menem dijo, a través de su cuenta en X, que "una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1.8% del PBI)."

De acuerdo a la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, el proyecto impulsado por Unión por la Patria y aliados tiene tres ejes: declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre del 2027, un aumento de las prestaciones mensuales de acuerdo a la inflación, y fija que deberán tener un valor equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

La Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.

Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al número de beneficiarios "por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios" que podrían suceder con la nueva ley.

En tanto, según el mismo informe, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7,160 millones de pesos.

En cuanto a la emergencia por discapacidad, para la sesión del miércoles hay cuatro dictámenes promovidos por UP-CC-EF y la izquierda; por el sector del PRO macrista; Democracia para Siempre y la UCR.

El oficialismo, aliados provinciales, y el PRO que responden a Patricia Bullrich, los radicales peluca (Liga del Interior) no presentaron ningún despacho con lo cual rechazan de plano todas las iniciativas.

Las principales diferencias están centradas en la extensión que tendrá la emergencia ya que UP propone que se establezca hasta el 31 de diciembre del 2027, y DPS y la UCR en un año, mientras que el PRO considera que haya una emergencia vigente.

Otro de los puntos centrales está en las prestaciones ya que el dictamen de mayoría y de Democracia Para Siempre fija que se debe compensar la diferencia entre los valores establecidos desde fines de diciembre del 2023 hasta fines del año pasado, mientras que el PRO y la UCR no contemplan esta diferencia y solo el mecanismo que se aplicará desde la sanción de la ley.

En ese punto todos los proyectos comparten en establecer que las prestaciones se actualicen con el aumento de la inflación desde la sanción de la ley.

El tema más controvertido es el aumento de las pensiones ya que el dictamen de mayoría propone que se pague el 70 por ciento del haber mínimo y ese punto no es respaldado por los radicales de DPS, la UCR ni el PRO.

Uno de los legisladores que se mostró más optimista sobre la posible media sanción de la ley es el presidente de la comisión, Daniel Arroyo, quien aseguró que el dictamen de mayoría "tiene acompañamiento de Unión por la Patria, de la izquierda, del Bloque de Encuentro Federal, de Innovación Federal, que son diputados de provincias que en general acompañan al gobierno, de la Coalición Cívica, con lo cual deberíamos claramente tener quórum y poder empezar la sesión"

El dictamen de mayoría tuvo 59 firmas, y los despachos de minoría del PRO reunieron 9 firmas, el de DpS 8 firmas y el de la UCR 7 rúbricas.

A todo esto, la comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Pablo Yedlin, convocó a reunión para el martes a las 12.30.

El temario está bien claro: un proyecto de resolución de Micaela Morán (UxP) que expresa preocupación por la política de desfinanciamiento del Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan".

Otra iniciativa similar de los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón. Y una más encabezada por Ana Carla Carrizo (Democracia Para Siempre).

A su vez Yedlin y legisladores de UxP, entre ellos Cecilia Moreau, impulsan un proyecto para declarar, por dos años, la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud.

Más allá de lo que ocurra en la comisión y de la suerte del proyecto mencionado , se descuenta que en la sesión del miércoles, si finalmente se confirma, el tema estará presente en discursos e intervenciones de las y los legisladores que desde diversos sectores (no solo la oposición dura) salieron a reclamar por la situación de uno de los centros de salud de mayor prestigio, de los profesionales que allí trabajan y, obviamente, de la incertidumbre que genera esta situación para los pacientes y sus familias.

Por María José Ramón y Mauro L. Muñoz

En un escenario atravesado por el debate en torno a las políticas públicas de inclusión, dos referentes de Santa Fe llevaron su voz hasta Alemania. María Soledad Gelvez, presidenta de FAICA (Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes), y Gabriela Bruno, secretaria de inclusión para personas con discapacidad del Partido Socialista, participaron entre el 1 y el 3 de abril de la Cumbre Mundial sobre Discapacidad, celebrada en Berlín.

La GDS (por sus siglas en inglés) fue creada en 2017 y busca integrar la inclusión de personas con discapacidad a las políticas de cooperación para el desarrollo, especialmente en países del sur global. Con participación de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, el evento reúne cada dos años a actores clave en la promoción de derechos.

Como antesala, se llevó a cabo el Foro de la Sociedad Civil, con el objetivo de fortalecer la voz de las organizaciones que representan al colectivo de personas con discapacidad.

“Pudimos dialogar con muchas personas de distintas regiones, compartir la realidad que vivimos y también conocer experiencias muy valiosas, sobre todo de América Latina”, indicaron las referentes santafesinas en diálogo con CyD Litoral.

Gelvez y Bruno viajaron como parte de una comitiva integrada por distintas organizaciones y referentes argentinos. En palabras de Gelvez y Bruno, la participación fue una oportunidad para “poner en agenda lo que estamos viviendo en Argentina con el brutal ajuste a las personas con discapacidad”.

“Presentamos un documento conjunto ante los organismos internacionales y ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que describimos el impacto de los recortes en las prestaciones, el acceso a pensiones y la desarticulación de políticas de apoyo a la vida independiente”, explicaron.

El encuentro con representantes de la ANDIS se concretó gracias a la mediación de RIADIS (Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias). “Allá logramos que nos escuchen, cosa que en Argentina no hemos podido conseguir, a pesar de los pedidos formales de audiencia”, lamentaron.

El informe presentado se advierte, entre otras situaciones, la pérdida de prestaciones básicas para personas con discapacidad, en medio de un fuerte procedimiento de revisión de la ANDIS sobre las pensiones destinadas a esta población.

“Para muchas personas con discapacidad, perder una pensión no es sólo dejar de percibir un ingreso: es quedarse sin salud, sin movilidad y sin cuidados. Estamos hablando de condiciones de vida dignas que hoy están en riesgo”, sostuvo Bruno

“Ya no se garantiza el acceso a centros de día o terapéuticos, ni se cubren necesidades como transporte adaptado, pañales, sondas, o atención de profesionales como fonoaudiólogos o kinesiólogos”, detalló Gelvez.

Intercambios y vínculos

Por otra parte, las referentes destacaron la posibilidad de “dialogar con personas de Brasil y Costa Rica”, donde las políticas públicas se encuentran en momentos opuestos: “Mientras Brasil lleva adelante un proceso fuerte de fortalecimiento de derechos, Costa Rica sufre los mismos recortes que Argentina”.

Además de intercambiar realidades, pudieron acercarse a “organismos financiadores de proyectos de vida independiente”, aunque por el momento Argentina no figura entre los países elegidos para los primeros pilotos. “Lamentablemente hoy no están dadas las condiciones mínimas para implementar esas experiencias”, señalaron.

(Por Ana Inés Dobal) - La maratón que invita a caminar, correr y participar "a todos", conocida como "Maratonata por la inclusión", ya es un evento fijado en la agenda anual de la ciudad de Rufino. Instituciones que nuclean a jóvenes y adultos con alguna discapacidad, profesores, profesionales de la salud, familia y amigos de todas las edades, se preparan para cerrar el año en bloque.

El objetivo es hacer foco en la importancia de que todos podamos convivir, cualquiera sea el marco y la circunstancia; en este caso, motivados por una causa tan importante para todos, como el movimiento para garantizar un buen estado de salud. En sillas de ruedas empujadas por algún ser querido, caminando pequeñas distancias y sintiendo esa grupalidad e integración tan indispensable, los rufinenses protagonizaron otra maratón inclusiva en el centro de la ciudad. 

Los primeros en avanzar, encarando las distancias más largas, fueron los corredores y maratonistas locales y zonales que, de forma independiente o en representación de gimnasios o grupos de running, tomaron este desafío como un motivo para acompañar y seguir sumando kilómetros. Les siguieron grupos numerosos integrados por concurrentes a los Centros Día de la ciudad, además de representantes de la Escuela Deportiva para la Discapacidad, que crece año a año desde su inauguración.

Reunir en torno al deporte a todas las personas es, en sí mismo, un gran evento; en esta oportunidad, el mal clima que coronó noviembre y dio inicio a un diciembre muy inestable, no impidió el desarrollo de la maratón como estaba prevista. 

La Comisión para la Discapacidad Interinstitucional Municipal (Codim) y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rufino fueron las responsables de la gesta no competitiva que comenzó pasadas las seis de la tarde.  

Como todos los años, quienes se inscribieron lo hicieron en las siguientes categorías: caminata (un kilómetro); maratón (tres kilómetros); maratón (seis kilómetros) y maratón (nueve kilómetros). La inscripción se habilitó con anticipación y se realizó a través de un enlace virtual a través del cual los corredores/ participantes debieron informar sus datos y elegir distancias y modalidad. 

Desde la comisión organizadora se manifestó públicamente la gratitud por la participación cada vez más nutrida: "... gracias a todos los que se sumaron a esta nueva edición de la Maratonata 2024. Es muy importante seguir trabajando por la inclusión…". A los que arribaron a la meta, todos ganadores, se les entregaron medallas valorando su esfuerzo y participación.

Además, hubo baile para todos al ritmo de los temas más pegadizos del momento, que mantuvieron los motores de los participantes encendidos. A esta actividad complementaria pudieron sumarse también personas mayores y vecinos que no fueron parte del recorrido. Las sonrisas en los rostros de cada atleta que se suma año a año -desafiándose y compartiendo una actividad al aire libre- hablan por sí solas. Avanzar hacia la buena salud social, física y emocional de una comunidad donde convivamos todos, es el horizonte. La Maratonata nos inspira e integra, año a año, y eso se celebra siempre.