Ana Inés Dobal

En la mañana del jueves 19, la ciudad de Rufino fue escenario de una movilización pacífica protagonizada por instituciones, trabajadores y familias vinculadas al ámbito de la discapacidad. La convocatoria, que se inició en diversas instituciones locales, convergió en la plaza Sarmiento, desde donde los manifestantes se dirigieron hacia las sedes de PAMI y la Municipalidad para realizar intervenciones simbólicas, como la colocación de carteles, y entonar el Himno Nacional Argentino.

El principal propósito de la jornada fue dar visibilidad a la crítica situación que atraviesa el sector, donde las dificultades económicas y prestacionales se agudizan mes a mes.. Según expresaron los participantes, no se trata de un reclamo por beneficios extraordinarios, sino de una exigencia por la continuidad de derechos fundamentales que hoy se encuentran "en vilo". Desde las instituciones advirtieron que los "puentes" creados para la integración social —como centros de día, hogares y terapias— están en serio riesgo de desaparecer.

Espacios como CIAD, Santa Francisca y Activar Rufino encabezaron la marcha, reflejando en sus rostros y carteles un temor constante por la interrupción de sus actividades. En este sentido, desde la CIAD fueron categóricos al señalar: "La discapacidad está en colapso, no pedimos favores, exigimos derechos. Porque la libertad también es tener acceso a la salud ya una vida digna". Los referentes enfatizaron que la actual emergencia económica impacta directamente en la salud y la vida de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado y la sociedad.

La movilización contó con un fuerte respaldo de la comunidad y la presencia de representantes locales, entre ellos la concejal Belén Arambel (Creo en Rufino), quien se sumó al recorrido junto a jóvenes y adultos.. "Nos sumamos a esta jornada para visibilizar la difícil situación que atraviesa el sector y para seguir trabajando por el sostenimiento de prestaciones esenciales" , subrayó el referente, destacando la necesidad de empatizar con una lucha que busca garantizar salarios dignos para los profesionales y una inclusión real para los concurrentes.

Esta acción colectiva logró instalar en la agenda pública una realidad que afecta a numerosas familias rufinenses, recordando que detrás de cada cifra y cada servicio en riesgo, están en juego la dignidad y el "buen vivir" de una porción significativa de la comunidad.

(Por Ana Inés Dobal) - La ciudad de Rufino incorporará este año una nueva propuesta de educación superior: la Tecnicatura de Acompañante Terapéutico, que se dictará en el Instituto Superior Nº 50. La inscripción ya está habilitada.

La medida forma parte de un plan provincial que contempla más de 15 nuevas carreras en distintas localidades, con el objetivo de fortalecer la formación académica y responder a las necesidades del mercado laboral.

El rol de acompañante terapéutico cobra relevancia al brindar apoyo integral a personas con discapacidad, trabajando en conjunto con instituciones y familias. La carrera representa una oportunidad para quienes buscan insertarse en un área clave del sistema de salud.

Rufino no será la única ciudad con novedades: en Villa Cañás, el Instituto Nº 38 abrirá la Tecnicatura Superior en Administración Rural, orientada a potenciar la producción local.

La expansión de la educación superior alcanza también a San Justo, Las Toscas, Vera, San Vicente, San Cristóbal, Santa Fe, Fray Luis Beltrán, Alcorta, Ceres, San Jorge y Villa Minetti, con nuevas tecnicaturas y profesorados que buscan mejorar el acceso a la formación y las oportunidades laborales en toda la provincia.

Las inscripciones están abiertas para el ciclo lectivo 2026. Los interesados pueden acercarse al instituto correspondiente para formalizar su ingreso y recibir toda la información necesaria. Según se informó, la demanda ya es numerosa.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una actualización en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con un incremento del 5,78% correspondiente a febrero de 2026.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 340/2026, publicada en el Boletín Oficial , y alcanza a todas las prestaciones comprendidas en el nomenclador vigente.

La actualización se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026, y se aplicará sin distinción entre los distintos tipos de prestaciones.

El aumento alcanza al nomenclador que regula los valores de las prestaciones del Sistema de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901. Este sistema establece el marco para servicios como rehabilitación, transporte, educación especial, acompañamiento terapéutico y otras prestaciones esenciales.

El nomenclador funciona como referencia nacional para el pago que reciben instituciones, centros especializados y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como privado.

Según se detalla en la resolución, el ajuste responde a la necesidad de adecuar los aranceles a la evolución de los precios, en línea con lo establecido por la normativa vigente. En particular, se toma como referencia lo dispuesto por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que prevé mecanismos de actualización vinculados a la inflación.

El incremento del 5,78% se aplicará de manera uniforme, es decir, sin diferencias por tipo de prestación, y se suma a otras actualizaciones realizadas en los últimos años para mantener el poder adquisitivo del sistema.

Además, la resolución ratifica la continuidad de un adicional del 20% sobre el arancel básico para prestaciones brindadas en provincias de la zona patagónica, en concepto de zona desfavorable. Este diferencial busca compensar los mayores costos operativos en esas regiones.

En los considerandos de la norma se repasan antecedentes normativos y actualizaciones previas. Entre ellos, las resoluciones conjuntas dictadas en 2024 y 2025 que dispusieron ajustes progresivos en los valores del nomenclador.

También se menciona que el directorio del sistema, órgano encargado de definir los valores de las prestaciones, propuso la actualización a partir de un acta reciente en la que se evaluó la evolución de costos y la inflación acumulada.

La normativa vigente establece que el Estado nacional debe garantizar la actualización periódica de los aranceles para asegurar la continuidad de las prestaciones y la sustentabilidad del sistema.

El sistema de prestaciones básicas constituye uno de los pilares de las políticas públicas vinculadas a discapacidad, ya que regula el acceso a servicios esenciales para miles de personas en todo el país.

La actualización busca evitar desfasajes entre los costos reales de prestación de servicios y los valores reconocidos por el sistema, una situación que suele generar tensiones entre prestadores, financiadores y beneficiarios.

La resolución dispone que los detalles de los nuevos valores se encuentran en los anexos técnicos que forman parte de la norma, donde se especifican los aranceles actualizados para cada prestación incluida en el nomenclador.

La implementación de los nuevos valores estará a cargo de las autoridades competentes del sistema, en coordinación con organismos nacionales y financiadores de prestaciones.

En términos operativos, la actualización impactará en el pago que reciben prestadores que trabajan con obras sociales, prepagas y otros subsistemas de cobertura, dado que el nomenclador nacional actúa como referencia para el conjunto del sistema.

El Juzgado Federal de Rafaela ordenó a una empresa de medicina prepaga la cobertura integral e inmediata del medicamento Vosoritida (Voxzogo) a una niña de tres años diagnosticada con acondroplasia -una enfermedad genética que afecta el crecimiento óseo-, al considerar que el escenario jurídico, clínico y regulatorio cambió sustancialmente desde la primera intervención judicial en el expediente. La medida cautelar, solicitada por los padres de la menor, se apoya en un nuevo factor decisivo: la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la comercialización del fármaco en Argentina, ocurrida en septiembre último.

En marzo de 2024, el Juzgado Federal de Rafaela, había hecho lugar a una cautelar ordenando la cobertura del tratamiento, pero en enero de 2025 la Cámara Federal de Rosario la dejó sin efecto. En aquel momento, el tribunal entendió que el medicamento permanecía en fase de ensayo clínico y que no existía evidencia concluyente sobre su eficacia y seguridad a largo plazo.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando la Anmat dictó la Disposición DI-2025-6975, habilitando formalmente su importación y comercialización en el país. Para el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien asumió como subrogante el 1 de julio último en el Juzgado Federal de Rafaela, este hecho representó un “cambio sustancial de circunstancias” que habilitaba a reexaminar la medida cautelar, en función del principio de mutabilidad propio de estas decisiones.

En este sentido, el magistrado sostuvo que, con la autorización del organismo nacional, el medicamento pasó de la Fase III (ensayo clínico) a la Fase IV, conocida como etapa de farmacovigilancia, lo cual transforma la evaluación judicial. Dicha Fase IV implica que el producto tiene un balance beneficio-riesgo aceptable, suficiente para permitir su utilización mientras continúa siendo monitoreado. Ya no se trata de una droga experimental en un marco de investigación controlada, sino de un tratamiento disponible para pacientes bajo supervisión médica. Técnicamente, se trata de un período que permite detectar efectos adversos poco frecuentes, evaluar la efectividad del medicamento en la vida cotidiana, revisar interacciones con otros fármacos y ajustar indicaciones. Según explicó el juez, basándose en el dictamen del Cuerpo Médico Forense, esta fase posibilita identificar efectos que pueden aparecer solo cuando el fármaco es utilizado masivamente, a veces con frecuencias de “1 en 100.000”.

Aunque los informes del Cuerpo Médico Forense destacaron que aún falta evidencia robusta a largo plazo, también reconocieron mejoras en el crecimiento lineal y en parámetros morfológicos relevantes —como el foramen magno— que podrían reducir riesgos severos como apnea central o muerte súbita. El juez valoró estos datos como indicios suficientes dentro de una medida cautelar.

El magistrado enfatizó que la niña se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad: es menor de edad y tiene certificado de discapacidad. En ese sentido, recordó la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas con jerarquía constitucional, que obligan a garantizar el acceso efectivo a tratamientos indispensables.

También ponderó los riesgos severos asociados a la patología, entre ellos apnea central, compresión del tronco encefálico y posibles episodios de muerte súbita, lo cual refuerza la urgencia del tratamiento y el peligro en la demora.

Citando precedentes de la Corte Suprema, el fallo reafirma que el Programa Médico Obligatorio (OMO) constituye un piso mínimo de cobertura y no puede utilizarse para excluir innovaciones terapéuticas cuando está comprometida la salud o la vida del paciente.

Asimismo, la resolución señala que otros países —como Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil— también aprobaron el uso de Vosoritida para pacientes pediátricos con acondroplasia.

Ahora, la prepaga deberá proveer con cobertura del ciento por ciento para el Vosoritida (Voxzogo), sus disolventes y los descartables necesarios para la aplicación. Todo bajo la prescripción de la médica pediatra tratante y siguiendo las guías clínicas de administración. La familia deberá presentar el consentimiento informado, conforme a la Ley 26.529.

La acondroplasia es la displasia esquelética más frecuente y provoca talla baja desproporcionada por una mutación genética del gen FGFR3. Se caracteriza por extremidades cortas, macrocefalia y mano en “tridente”. Puede producir complicaciones graves, especialmente neurológicas, como estenosis del foramen magno, apnea central y compresión del tronco encefálico, por lo que requiere seguimiento integral desde los primeros meses de vida.

La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez el martes próximo en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia para revisar planteos de nulidad del caso.

Los recursos de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello y ahora el tema llega en apelación a la sala II del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes llamaron a una audiencia para el próximo martes 28 de octubre, informaron fuentes judiciales.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo, extitular de Andis.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad.

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron "errados" y "contradictorios" y tuvieron como fin "entorpecer una pesquisa incipiente".

Los hermanos y el padre Kovalivker.

Ante la Cámara esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en esa instancia de apelación.

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei y al asesor Eduardo "Lule" Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”, especuló.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este martes dos novedades muy esperadas: la promulgación de la ley 27.795, de Financiamiento universitario y recomposición del salario docente, y de la 27.796 de Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en Salud.

Sin embargo, aclara inmediatamente que lo hace “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N.º 24.629”, de ejecución del gasto público.

¿Qué dice esta norma? Que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Es decir que, en definitiva, las leyes volvieron al Congreso para que aclare ese punto, el mismo que esgrimió el Ejecutivo cuando promulgó, sin aplicación efectiva, la ley de Emergencia en discapacidad.

La nueva medida se adoptó en pleno debate por el Presupuesto para 2026 que envió el gobierno de Javier Milei el 15 de septiembre, luego de administrar por dos años el mismo que fue aprobado en 2023, en una gestión anterior y de otro color político.

La prórroga por dos años consecutivos de la misma “hoja de ruta” de gastos y recursos es toda una novedad que se introdujo bajo el liderazgo de La Libertad Avanza. También es uno de los argumentos que se esgrimen desde la oposición para advertir sobre atrasos en asignaciones y pedir actualización de partidas.

Mientras tanto, con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, se conoció la promulgación (con aplicación en suspenso) de la ley de Emergencia sanitaria, más conocida como ley Garrahan. A propósito, el sábado hubo una caravana de personal del Hospital hasta Olivos (Milei se encontraba en campaña en Santiago del Estero y Tucumán) en reclamo de la aplicación de la ley que en su sanción y ratificación obtuvo un contundente apoyo de un arco opositor ampliado.

La norma establece que la declaración tiene por objeto “efectivizar la tutela del derecho a la salud y al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo consagrado por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional y las Leyes 26.061 y 27.611”.

En particular, “pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social”.

Todo esto junto con la “continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde con el nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas”.

Además, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en la atención de alta complejidad, garantizando, en el marco de la emergencia establecida, su pleno y sostenido funcionamiento.

A esta instancia se llega, al igual que la Emergencia en Discapacidad, luego de la aprobación por parte de las dos cámaras, el veto presidencial y la contundente ratificación de la ley en Diputados (el 17 de septiembre) y en el Senado (el 2 de octubre).

Similar es el panorama para la ley Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente que siguió el mismo derrotero: fue aprobada, vetada y ratificada por el Congreso. El Ejecutivo la promulgó pero dejó su aplicación en suspenso hasta que las Cámaras legislativas establezcan de dónde saldrán los fondos.

En este caso, la disposición lleva la firma de Milei, junto con Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una imagen de la última marcha universitaria en Santa Fe.

El texto aprobado establece que se deberá garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina, y el Ejecutivo deberá garantizar las partidas para el programa de “Desarrollo de la Educación Superior”.

Además, tendrá que asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal.

También se plantea la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas.

Todo esto junto con la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las casas de estudio, programas de bienestar estudiantil y recomposición de becas, entre otros puntos.

La situación que atraviesan las universidades públicas es “crítica” según sostuvieron en varias ocasiones desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ya derivó en varias y multitudinarias marchas frente al Congreso y en todo el país.

Para este martes y el miércoles se definió una nueva medida de fuerza en reclamo por la aplicación de la ley.

Sin dudas el tema estará en la agenda de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el 29 de octubre, a la que fueron convocados el Secretario de Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El denominador común en las firmas de estas dos promulgaciones sin fondos y la de Emergencia por discapacidad es, además del propio Presidente, Guillermo Francos. El Jefe de Gabinete fue convocado a una interpelación por la Cámara de Diputados. En la última reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento se decidió, por mayoría del plenario, esa alternativa.

El Jefe de Gabinete Guillermo Francos será convocado para informar a Diputados por la no aplicación de la Emergencia en discapacidad. Foto: Reuters

La propuesta de máxima impulsada por la oposición es una moción de censura, con lo cual el funcionario, catalogado como el más dialoguista, podría ser desplazado de su cargo. Aquella moción fue impulsada por la falta de aplicación efectiva de una emergencia, la de Discapacidad. Ahora se suman estas dos medidas publicadas hoy para caldear todavía más los ánimos en el Congreso.

De los cuidados a los apoyos, de la independencia a la autonomía, y de las barreras a las violencias, así, sin eufemismos "porque si no, se nos va la vida". Lo dice Gabriela Bruno, referente en temas de discapacidad y asesora del diputado provincial Pablo Farías en esa materia. Una materia que estuvo en un primer plano en los últimos meses, luego de la sanción, veto y posterior confirmación de la ley nacional de Emergencia en Discapacidad, pero que es preocupación cotidiana para quienes atraviesan una limitación transitoria o permanente.

Bruno estuvo, en agosto, en México donde participó activamente de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y, en ese marco, del 2° Foro Derecho a Vivir de Forma Independiente. Ahí, en esos títulos, comienzan a aparecer algunos conceptos centrales de la charla con El Litoral, que se produjo un día después de que el Senado de la Nación ratificara la emergencia. "Parimos por segunda vez la ley", dijo y reconoció que el tema puso al colectivo de la discapacidad en la agenda pública con una visibilidad favorecida por la organización federal.

"No le resuelve la vida a nadie esta ley, pero es un logro tangible", plantea, haciendo foco en el vaso medio lleno.

Volviendo a México, de la actividad participaron tres argentinas, una cordobesa y una representante de CABA además de Bruno. "La agenda de la conferencia era cuidados y, en ese marco, queríamos incorporar el sistema de apoyos". ¿Por qué? "Yo, como persona adulta no necesito alguien que me cuide, necesito apoyos", grafica, y suma el ejemplo de una de las participantes que es madre de tres hijos y, como toda mujer, necesitó apoyo luego de los nacimientos. "Esto más allá de bregar porque las personas que cumplen con tareas de cuidados sean reconocidas con todos sus derechos".

¿Apoyos para qué? Para muchas actividades en las que puede requerirlos cualquier otra persona, pero también para suplir aquello que no está disponible. "Si una mujer ciega se hace un test de embarazo, algo tan íntimo, otra persona tiene que mirar el resultado; para cualquier usuaria en silla de ruedas es complicado subir a una camilla ginecológica y requiere que haga fuerza otra persona", explica.

"Necesitamos estar en las estadísticas y visibilizadas porque no sabemos cuántas mujeres con discapacidad no se hacen los chequeos o los atraviesan como un situación incómoda" y "precisamos que los feminismos puedan tomar este tema y para eso es necesaria la interseccionalidad". De ahí la importancia de la conferencia de México y, dentro de ella, el trabajo particular por temas de discapacidad.

El encuentro acercó al grupo de personas con discapacidad a referentes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que empujó definiciones que significan un avance (aunque siempre se puede ir por más). Por ejemplo, sobre el derecho a recibir cuidados de las personas con discapacidad y con enfermedades graves, crónicas o que comprometan la independencia y que demanden la prestación de cuidados.

En ese punto se estableció que (..) "a partir de un enfoque social de la discapacidad, basado en los derechos humanos, se reconoce la discapacidad como una construcción social que se produce en el contexto en el que se desenvuelven las personas con diversidad funcional -física, mental, intelectual o sensorial-, y no por esa condición en sí misma". A la luz de este enfoque, centrado en la independencia y autonomía de la persona con discapacidad, "la Corte Interamericana de DD.HH. sostuvo que la garantía del derecho al cuidado debe partir de las necesidades de 'apoyo' y no solo de 'atención', bajo el entendimiento de que el apoyo y cuidado que requieren las personas con discapacidad no es homogéneo, y debe basarse en el respeto a sus derechos a la autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencia".

En ese sentido, "destacó que los Estados deben reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, y no como receptores pasivos de cuidado".

La declaración final llegó con el compromiso de Tlatelolco, en el que se reconoce y garantiza (inciso 30) el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía e independencia, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, mediante la adopción e implementación de políticas, servicios e infraestructuras públicas accesibles, asequibles y no discriminatorias, que transversalicen el enfoque de género y que aseguren su derecho al cuidado, a cuidar y al autocuidado, teniendo en cuenta sus necesidades específicas, incluido el uso de ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos, tecnologías y otras formas de apoyo, en línea con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en consulta con las personas con discapacidad".

También incorpora la perspectiva de género y la garantía de los derechos de las mujeres, "incluidas las que viven con enfermedades raras que puedan dar lugar a discapacidades, en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales".

Mientras se desarrollaba la actividad en tierras de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mexicana, en Santa Fe se debatía la reforma de la Constitución Provincial, que trajo novedades en materia de derechos y garantías, y medidas de acción positivas.

El flamante artículo 13 establece que "la Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación. E incluye en el inciso 5 "la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables con enfoque de diseño universal y accesibilidad".

Mauro L. Muñoz

Proyectos para visibilizar el espectro autista y favorecer la accesibilidad en transporte estuvieron sobre la mesa de la comisión de Discapacidad de Diputados. Sin embargo, acaparó toda la atención la promulgación de la Emergencia en Discapacidad y el funcionamiento de ANDIS, actualmente intervenida por Alejandro Vilches tras las denuncias de corrupción por las que el gobierno desplazó a su extitular, Diego Spagnuolo.

La cita parlamentaria tuvo lugar este martes, tan solo horas después de que el Congreso comunicara formalmente al Poder Ejecutivo la sanción definitiva de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, que se impuso el último jueves en el Senado por insistencia dejando firme el rechazo al veto presidencial.

En medio del cimbronazo político que significó el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional evalúa todavía si judicializa o no la norma, tal como lo había anticipado Javier Milei. Por el momento, la oposición exige que sea aplicada de inmediato ya que aseguran no existe sustento judicial para demorarla, por lo que se deberían destinar las partidas implicadas.

“La ley ya es ley y tienen que ponerla en marcha rápidamente”, sostuvo el presidente de la comisión, Daniel Arroyo (UxP), al abrir la reunión, señalando que el primer paso es la reasignación de partidas presupuestarias a la ANDIS. "El Jefe de Gabinete debe hacer lo que básicamente hace todos los días ya que no hay presupuesto, sacando de una partida presupuestaria y poniendo en otra", apuntó.

Con la firma de Victoria Villarruel, el Senado comunicó al Ejecutivo el rechazo al veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad.

El segundo paso, en palabras de Arroyo, es retrotraer el nomenclador de prestaciones a valores previos a la devaluación: "Es muy sencillo, es ir para atrás a diciembre del 2023 con el nomenclador, antes que tuviéramos 120% de inflación. Claramente, va a reordenar un nomenclador que hoy está trabado, afectando a familias y personas con discapacidad que no están pudiendo acceder a traslados, medicamentos, terapias, y complicando el funcionando de hogares y centros de día".

Arroyo advirtió, a su vez, que la puesta en marcha de la norma no impide que continúen las cuestionadas auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral, pero sí advirtió que obliga a focalizarlas en casos con problemas detectados y no en un proceso masivo que aseguran terminó afectando a miles de personas con discapacidad por irregularidades en la citación.

En ese sentido, indicó como tercer y último punto de la Emergencia en Discapacidad respecto a que se tome como lenguaje la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad, destinado a que "ningún gobierno, ni este, ni los próximos veinte, puedan maltratar a las personas con discapacidad de sus familias, imperando el respeto en términos prácticos".

En la reunión se pasaron a la firma una serie de iniciativas de distintos bloques que apuntaron, principalmente, al funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre ellas, declaraciones como el de Victoria Tolosa Paz (UxP) y proyectos de resolución como el impulsado por el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) que apuntan a que se restituyan las pensiones no contributivas suspendidas por las auditorías.

En ese sentido, Tolosa Paz reclamó que en la próxima sesión se rechace el decreto 843/24, donde dijo que “se metió de fondo la mano de (Federico) Sturzenegger”, e insistió en “voltear en la próxima sesión el decreto infame que permitió este descalabro con las personas con discapacidad”.

Durante la reunión, la Comisión avaló diversas iniciativas que apuntan a la ANDIS. Foto: HCDN.

Por otra parte, se pasó a la firma el proyecto de resolución del tucumano Roberto Sánchez (UCR) solicitando informes sobre las contrataciones irregulares de la ANDIS, en línea con las denuncias judiciales por retornos en la compra de medicamentos. Y también otra iniciativa de Eduardo Valdés (UxP) para exigir explicaciones sobre el destino de los recursos ahorrados con las bajas de pensiones.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a reestructurar la conducción de la ANDIS, establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UxP), informó que se aceptaron cambios sobre el texto original, por lo que la propuesta será acompañada por otros bloques opositores y quedó a la firma con modificaciones técnicas. “Elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”, señaló el legislador.

Más allá de los expedientes vinculados a la ANDIS, la comisión avanzó en proyectos de concientización y accesibilidad, como la creación del "Programa Banco Azul" y la modificación del símbolo de discapacidad en automotores, en línea con estándares internacionales.

En la reunión se avanzó también en proyectos para visibilizar el TEA y de accesibilidad en automotores para personas con discapacidad. Foto: HCDN.

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto promover la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. La diputada Eugenia Alianiello (UxP), como autora de la iniciativa, explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Más adelante, Jorge Chica (UxP) explicó el proyecto de su autoría acerca de los automotores para discapacitados - Ley 19279 – que apunta a modificar el artículo 12 sobre identificación con el Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal. La norma también logró el acompañamiento de sus pares. “Representa la igualdad de condiciones, siendo un símbolo que nos ayuda a educar, pero sobre todo a concientizar a nuestra sociedad”, afirmó y, en el mismo sentido agregó: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”

Por otra parte, los legisladores avalaron el proyecto de la diputada Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre) para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el XI Congreso Internacional Biomédico sobre autismo y desafíos del neurodesarrollo – Bioactitud 2025, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Senado de la Nación aprobó la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad para rechazar el veto de Javier Milei, en medio del escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese marco el senador por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, anunció la presentación de un proyecto que, entre otros puntos, pide la suspensión de las auditorías y la restitución de las pensiones quitadas. Además recordó otras iniciativas propuestas desde el año pasado.

Desde hace varios meses el legislador viene trabajando en conjunto con los sectores de la discapacidad. En ese marco explicó: "Esta semana presentamos un proyecto de resolución solicitando la suspensión inmediata de las auditorías que ese organismo viene realizando respecto a las pensiones no contributivas. Además, ante las irregularidades que se están dando, pedimos la restitución de la totalidad de las pensiones que hayan sido quitadas". "Hemos presentado muchos proyectos desde el año pasado: la suspensión de las auditorías, citamos al Ministro de Salud y al Director Ejecutivo de ANDIS, presentamos un proyecto para la creación de la comisión de discapacidad aquí en el Senado, hemos pedido la nómina completa de las personas con discapacidad", citó el legislador.

Proyecto de resolución

"Hace varios meses que venimos escuchando la problemática y la gran lucha vienen dando fundamentalmente los familiares de las personas con discapacidad ante el ajuste inhumano que les aplicó el gobierno nacional. Por eso, si piensan que el Estado solamente tiene que hablar de números, y no de las personas, no deberían estar en política, deberían estar al frente de una empresa manejando un balance, pero acá lo que se cuenta son las personas y estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, cuando se habla solamente de números y además se miente con los números, es mucho más grave", sostuvo.

En ese marco, Lewandowski ratificó su compromiso y sostuvo: "Acá hay crueldad por dónde se lo mire, ya ni hablo de la falta de empatía porque no se puede hablar de motosierra en el lugar de donde estamos hablando". "Meses atrás citamos en el Senado al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y al Ministro de Salud para que expliquen el estado de la situación. Nunca vinieron ni brindaron ningún tipo de explicación", resaltó.

Por último el legislador santafesino sostuvo: "Al ex titular de ANDIS, Spagnuolo, lo eyectaron del cargo por los audios que se escucharon, audios de coima justamente en ese lugar, que refiere a las personas con discapacidad". Y afirmó que con el ajuste y estos audios es evidente que "desde el gobierno nacional no solamente generaron la motosierra sino también una aspiradora de recursos del Estado".

Por Nancy Balza

El Senado nacional se reúne desde minutos después de las 11 de la mañana con dos temas principales en agenda: el rechazo al veto presidencial a la ley que estableció la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, que quedó habilitado por una sobrada cantidad de legisladores (62 positivos contra 8 negativos), y la modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia para poner límites a ese recurso del que hizo múltiple uso el Ejecutivo actual.

Sin dudas, es una agenda incómoda (eufemismo de uso generalizado en las últimas crónicas parlamentarias) para el gobierno de Javier Milei quien, luego de cerrar la campaña electoral en territorio bonaerense este miércoles por la noche, viajó a Los Ángeles.

En el caso de la emergencia, si el Senado logra la insistencia, será el primer rechazo de un veto total en 22 años.

Sin embargo, mucho antes de llegar al núcleo de la reunión en la Cámara alta que está presidida por Bartolomé Abdala (Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo en ausencia del Presidente), y como la realidad cambia y la gravedad de algunos hechos crece con los días, senadoras y senadores plantearon fuertes críticas, bajo la figura de cuestiones de privilegio, ante lo que se interpreta como un claro avance del gobierno nacional sobre la libertad de prensa. Esto a partir del fallo que prohibió hacer públicos audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. En lo que se considera un caso de “censura previa”.

Hubo pronunciamientos de distintas bancadas y una opinión compartida sobre la importancia de garantizar la libertad de expresión desde “todos y cada uno de los poderes del Estado”, tal cual sostuvo la santafesina, y también periodista, Carolina Losada.

Para el trabajo en comisiones quedarán temas complicados: uno de ellos es el pedido de Sergio Leavy (Salta-Unidad Ciudadana) para interpelar a Karina Milei a fin de que aclare el tema de los audios atribuidos al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se denuncia un entramado de coimas y sobreprecios.

Mauro L. Muñoz

Este martes se volvió a reunir la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde se trataron distintos proyectos que involucran al Poder Ejecutivo por la situación en la Agencia Nacional de Discapacidad, tras el desplazamiento de su extitular Diego Spagnuolo.

Presidida por Daniel Arroyo (UxP), la comisión unificó proyectos que giró a Asuntos Constitucionales en los que solicita el tratamiento de interpelaciones y solicita informes vinculados a la difusión de audios, en los que se expone un supuesto entramado de compras irregulares en el organismo que implica a funcionarios en sobornos.

Asimismo, Arroyo anticipó que la próxima semana volverán a reunirse para avanzar con un proyecto que disponga la restitución de las pensiones suspendidas a través de las auditorías realizadas durante la gestión de Spagnuolo, además de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS, que el gobierno decidió intervenir tras las denuncias de corrupción.

El bloque de solicitudes lo encabezaron textos presentados por Esteban Paulón (EF) y Sabrina Selva (UxP), entre otros, con eje sobre los motivos del apartamiento de Spagnuolo, las contrataciones de medicamentos con la droguería Suizo Argentina, criterios de auditorías que derivaron en las suspensiones, roles de autoridades de la secretaría general de la Presidencia y del ministerio de Salud.

El camino reglamentario apunta a la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el bloque libertario a través de la presidencia del santafesino Nicolás Mayoraz. Si no se da trámite, la oposición anticipó que buscará -tal como en anteriores oportunidades- el emplazamiento en el recinto. Y si no prospera la interpelación, tal como ocurrió con el caso de la criptomoneda $Libra, anticiparon la constitución de una comisión investigadora, que habilite los requerimientos de comparecencia.

En paralelo, la reunión dejó perfiladas otras dos líneas legislativas que la oposición busca impulsar. En primer lugar, donde más apuntaron el conjunto de diputados, fue sobre la restitución de pensiones suspendidas por fallas de notificación.

Arroyo, como presidente de la comisión y autor del proyecto de Emergencia en Discapacidad, marcó el tono del debate: “Se dieron de baja 111 mil pensiones; 90 mil se suspendieron por un problema de domicilio. Los telegramas no llegaron a destino. Lo lógico es que esas 90 mil suspensiones se vuelvan a dar de alta”, apuntó.

El núcleo de la iniciativa es revertir los efectos de una auditoría que, según relataron los diputados, arrastró graves problemas en su operatividad, con citaciones mal realizadas y en sedes alejadas de los domicilios, que derivó en la suspensión de ciento de miles de prestaciones a beneficiarios que no pudieron enterarse o no lograron trasladarse.

Por otra parte, se puso de manifiesto la intención de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS. Con un proyecto a cargo de Juan Marino (UxP), se propuso que la conducción del organismo pase a ser colegiada con representación de organizaciones de personas con discapacidad y de jurisdicciones, más órganos de control interno con voz y voto para seguimiento de licitaciones, presupuesto y beneficios. En esa línea, llamó a que se haga una "depuración democrática", para que "las organizaciones de discapacidad tengan incidencia en quién lleva adelante la conducción del ANDIS".

La oposición acordó volver a reunirse la semana próxima con un objetivo operativo: dictaminar los proyectos de informes y avanzar con un texto específico que ordene la restitución inmediata de las pensiones suspendidas por fallas de notificación, además de abrir el capítulo de una reforma de la ANDIS.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue corrido de su cargo de forma "preventiva" y "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Así lo definió el gobierno de Javier Milei, que se vio forzado a la decisión luego de la filtración de un audio con su voz, en el cual se evidencia una presunta red de coimas en la compra de medicamentos.

La “limitación” se confirmó en el Boletín Oficial de este jueves con la publicación del Decreto 599/2025, donde además se corrió a Daniel María Garbellini, Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS.

“Que la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del ESTADO NACIONAL, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública”, agrega el texto oficial en un pasaje.

La medida se da en la misma jornada en la cual la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso.

“Si hay algo que no le importa a la oposición rancia, responsable de la destrucción de la Argentina en las últimas décadas, son los jubilados”, escribió en X en consonancia el portavoz de la presidencia.

Los archivos compartidos por el programa Data Clave de C5N muestran una voz adjudicada a Spagnuolo diciendo: "Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina'”.

"¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?" y agrega la voz y comenta: "Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?".

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Nuevo interventor: El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.

Anuncio inminente: Se informará "en las próximas horas" el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor.

Objetivo declarado: El fin de la intervención, según el comunicado oficial, es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.

Decreto 599/2025 by El Litoral

La Justicia Federal le propinó un revés al gobierno nacional al declarar la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal de Campana, responde a una acción de amparo y, si bien sus efectos se limitan al caso particular, establece un importante precedente judicial.

La decisión judicial declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793.

De la decisión se desprende que, tal como lo señaló la periodista Vanesa Petrillo al difundir el fallo, aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general, aunque sienta precedente contra el decreto presidencial.

La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa.

Amparo a favor: La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.

Orden a la obra social: El fallo ordena que se comunique a la obra social de dos menores (B.N. e Y.N.) para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos.

Costas a cargo del Estado: El juez impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.

Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.

A partir de este 25 de julio quedó inaugurado oficialmente el Centro Integral para Personas con Discapacidad “Magnolia” en la localidad de María Teresa. El espacio, que desde el próximo lunes funcionará de 9 a 17 horas, abre sus puertas este viernes a toda la comunidad de 10 a 16 para que vecinos y vecinas puedan conocer sus instalaciones en una jornada de puertas abiertas.

El nuevo centro, impulsado por la comuna a partir de propuestas surgidas en reuniones de participación ciudadana, ofrecerá cuatro servicios clave: Centro de Día, Centro de Rehabilitación, Centro Educativo Terapéutico y un servicio de apoyo a la inclusión escolar. “Tres de estos servicios están orientados directamente a personas con discapacidad y uno es para toda la comunidad”, detalló la vicepresidenta comunal Danisa Perotti.

Según detalló Perotti, “los vecinos plantearon la necesidad de contar con un centro de día para personas con discapacidad. Esa propuesta fue tomada como una prioridad política y comenzamos a trabajar”, señaló.

La comuna aprovechó un edificio ya existente, el del Espacio de Primera Infancia, que fue refuncionalizado: “No dejamos de brindar ese servicio. Lo que hicimos fue dividir el edificio, ampliarlo y acondicionarlo para que puedan convivir ambas actividades”.

Las obras incluyeron la construcción de nuevos baños, pisos, divisiones internas y pintura. Además, el edificio fue preparado para cumplir con todos los requisitos del Ministerio de Salud de Santa Fe, que ya recibió la carpeta técnica para su habilitación y categorización, actualmente en etapa final de revisión.

Aunque se trata de una iniciativa local, el Centro Magnolia tendrá alcance regional. “Ya abrimos la admisión hace dos meses y tenemos inscriptos de otras localidades cercanas. Además, muchos de los profesionales que trabajarán en el centro también son de la región”, informó Perotti. En total, serán 22 los trabajadores que conformarán el equipo inicial, entre ellos coordinadores específicos por cada servicio.

El centro se perfila como una respuesta concreta a una situación compleja: “Hasta hoy, quienes requerían atención especializada debían trasladarse a Venado Tuerto. Algunos lo hacen cada semana; otros, directamente no acceden a ninguna prestación. Esto busca cambiar esa realidad”, expresó la funcionaria.

Además de atender a los habitantes de María Teresa, se apunta a cubrir una zona estratégica sobre la ruta 14, incluyendo a los pueblos de Christophersen, San Gregorio y Diego de Alvear, cuyas familias tienen mayores dificultades de conectividad con los grandes centros urbanos.

Uno de los aspectos que más destaca el proyecto es que fue financiado íntegramente con recursos propios. “No recibimos ningún subsidio. Todo esto fue posible gracias a la buena recaudación que tiene la comuna, por el compromiso de los vecinos que pagan sus impuestos”, afirmó Perotti. “Brindamos servicios, y eso se traduce en más obras. En vez de hacer más pavimento, apostamos a la inclusión, a lo social y a la generación de empleo”.

La inversión fue significativa: además de las reformas edilicias, se realizó una importante compra de equipamiento y se prevé cubrir los primeros meses de funcionamiento con el presupuesto comunal, hasta que se concreten los convenios con obras sociales.

“Vamos a trabajar con obras sociales, pero sabemos que los trámites son largos. En paralelo, ya planificamos una etapa inicial con fondos propios. Es una apuesta enorme, en un contexto muy difícil para el sector”, remarcó.

La apertura del centro se da en un momento de alta conflictividad para los prestadores de servicios de discapacidad. “Estamos en el peor momento para el sector. Las prestaciones están colapsadas, los profesionales llevan meses sin cobrar en algunos casos. Sabemos a lo que nos enfrentamos, pero también sabemos que era una necesidad urgente”, afirmó Perotti.

En este sentido, reconoció las dificultades para trabajar con Incluir Salud, el programa nacional. “Logramos hablar con quienes están a cargo de los convenios y nos dijeron que no podemos firmar porque la demanda, según ellos, ya está cubierta en la región. Que Santa Fe tiene más personas con discapacidad que otras provincias y que debemos demostrar la necesidad”, lamentó. Por ahora, el centro no contará con cobertura de Incluir, aunque se espera poder revertir esa situación a futuro.

Durante los próximos días, los profesionales del centro mantendrán entrevistas con los beneficiarios para conocer cada caso y elaborar los proyectos individuales de atención. El primer servicio en ponerse en marcha será el de rehabilitación, mientras se avanza con las gestiones para habilitar el resto.

“Todo agosto estará destinado a afianzar los equipos, conocer a las familias y terminar el proceso con el Ministerio de Salud. Sabemos que cumplimos con todos los requisitos, ya tuvimos mucho acompañamiento desde Auditoría Médica y esperamos que la habilitación llegue pronto”, explicó.

Quienes deseen consultar sobre admisiones o conocer más sobre el funcionamiento del centro pueden comunicarse al 3462 609485.

Mauro L. Muñoz

A las 14.14 de este jueves, con 42 senadores sentados en sus bancas, superando el quórum necesario, dio inicio una sesión clave en el Senado de la Nación, donde se aprobaron los siete proyectos impulsados por distintos sectores de la oposición que comprometen el equilibrio fiscal del gobierno de Javier Milei.

Mientras se entonaban las estrofas del Himno, Victoria Villarruel bajó para tomar la conducción de la sesión. Luego de dos horas de debate sobre la labor parlamentaria, la sesión fue validada y la vicepresidenta dejó el recinto. En paralelo, recibió fuertes críticas del oficialismo, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, donde se la acusó de facilitar el tratamiento de los proyectos contrarios al programa económico libertario.

Lo cierto es que no solo fueron los senadores de Unión por la Patria los que bajaron al recinto, también lo hicieron legisladores de la UCR, algunos del PRO y de bloques provinciales. En tanto, la bancada libertaria estuvo presente en el recinto para discutir la validez de la sesión y de los dictámenes conseguidos sobre algunos proyectos, pero tras no conseguir interrumpir el tratamiento los senadores oficialistas terminaron levantándose de sus bancas.

A lo largo de la tarde-noche fueron puestos a consideración siete proyectos. Tres de ellos tenían medias sanciones emitidas por la Cámara baja el pasado 4 de junio: aumento para jubilados; prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. También dos proyectos impulsados por los gobernadores, que tienen que ver con la distribución de fondos: una reforma a la norma que rige al reparto de Aportes del Tesoro Nacional, y otro sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Además, el temario incluyó el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca y una declaración sobre la resolución de la Justicia norteamericana en el tema YPF.

Por 42 votos a favor y 17 en contra se dio por aprobada la moción que certificaba la validez de los dictámenes para tratar los tres proyectos que ya tenían media sanción de Diputados: jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Así, los proyectos necesitaron solo mayoría simple y no dos tercios para ser aprobados y convertidos en Ley, hecho que el presidente Javier Milei ratificó por la tarde que vetará y judicializará en caso de que las iniciativas sean ratificadas en el Congreso.

Antes de dar paso a la votación, dejó la presidencia de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, que había reemplazado durante el debate a Villarruel. A su vez, la votación se tuvo que realizar a viva voz, debido a que se cayó el sistema y la imposibilidad de utilizar el tablero electrónico.

La actualización de haberes jubilatorios consiguió su aprobación por unanimidad con un total de 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. La votación en particular de los artículos 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, resultó con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones. Mientras que los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fueron avalados con 48 positivos, 4 negativos y 4 abstenciones; el artículo 10 alcanzó 43 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones; y el 11 y 12 lograron 44 adhesiones, 8 rechazos y 4 abstenciones.

Luego se sancionó la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

Las votaciones en los proyectos de jubilaciones y moratoria resultaron a favor, pero quedaron lejos de los dos tercios que le garantizarían sortear el veto de Javier Milei.

A continuación, ya con la restitución del tablero electrónico, los senadores presentes aprobaron por unanimidad (con 56 votos positivos) la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.

El proyecto, como las otras dos medias sanciones tratadas esta jornada en la Cámara alta había recibido sanción de Diputados el pasado 4 de junio. De esta manera, las tres fueron convertidas en ley y, de acuerdo a lo dicho por el presidente Milei, se enfrentarán ahora al veto y deberán ser ratificadas en el Congreso.

Acto seguido, la oposición dejó firme la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Primero se habilitó su tratamiento en el recinto de forma unánime y luego, la Cámara alta rechazó el veto presidencial con 51 votos afirmativos, 0 en contra y 0 abstenciones.

Pasadas las cinco horas de sesión, tras la sanción de las leyes de recomposición de jubilaciones, prórroga de la moratoria y emergencia en discapacidad, se dio paso a los proyectos por la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional.

Ambos proyectos -distribución ATN y cambios en la distribución de cargas impositivas en la comercialización de combustibles- cuentan con el respaldo de los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno porteño, por lo que contaban con el acompañamiento de todos los bloques de la oposición, e incluso las habituales fuerzas aliadas del oficialismo.

Como no habían sido tratados en comisión, requerían dos tercios de los componentes de la Cámara para recibir la media sanción. La estrategia de los mandatarios provinciales apunta a recuperar recursos para el funcionamiento de cada uno de sus distritos, con el argumento de que esto no compromete el equilibrio fiscal de la Nación, a la vez que mostrar que no buscan “romper todo” como les había adjudicado el jefe de Estado tras no asistir al acto por el 9 de julio.

Pensiones contributivas congeladas; magros salarios que repercuten en la falta de docentes integradores; instituciones en crisis; trámites para cumplir con (o repetir) una auditoría que representa, en ocasiones, trasladarse más de 300 kilómetros; imposibilidad de pagar un transporte; talleres protegidos donde el pago por las tareas que allí se desarrollan no superan los 30 mil pesos. Con ese panorama fueron convocados este jueves a la mañana organizaciones públicas y privadas que trabajan en Santa Fe en el ámbito de la discapacidad, además de referentes de educación y salud, y familiares de las personas que resultan afectadas en primer lugar.

El lugar de encuentro fue Homimen, en una invitación hecha por Gabriela Bruno, referente en materia de inclusión de personas con discapacidad, a la que fue invitada la diputada nacional Mónica Fein junto al diputado provincial Pablo Farías.

Una amplia ronda de sillas se llenó de representantes del sector para ratificar el diagnóstico de la situación y pedir por la sanción definitiva de la Ley de Emergencia nacional en Discapacidad que obtuvo media sanción en la Cámara baja el 4 de junio.

La ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027 en todo el territorio nacional obtuvo el 4 de junio el apoyo de una amplia mayoría de legisladores y legisladoras: 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Impulsada por Daniel Arroyo (UxP) junto a otros legisladores, incluida Fein, establece básicamente regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

Hasta ahí un resumen escueto de un camino que se empezó a recorrer hace tiempo, que motivó una amplia movilización a fines de mayo en el Congreso y en gran cantidad de ciudades y pueblos del país, y que tendrá en el Senado una segunda parada. La Cámara Alta deberá convalidar la media sanción y convertirla en ley; se descuenta que una vez allí logrará el acompañamiento necesario.

Sin embargo, desde el gobierno nacional ya anticiparon que si eso ocurre y la ley queda sancionada, la respuesta será un veto presidencial, como ocurrió un año atrás con la recomposición de jubilaciones, el financiamiento universitario y cualquier otra norma que altere el equilibrio fiscal.

En diálogo con los medios, Fein repasó una a una todas las dificultades que atraviesan al sector y se mostró convencida de que la ley tendrá éxito en el Senado nacional como la tuvo en Diputados. En eso consideró "fundamental" la movilización del 29 de mayo.

Además, anticipó que más de una veintena de organizaciones presentaron una nota en la Cámara alta para pedir el tratamiento de la norma; por ahora la sesión no tiene fecha confirmada.

"La emergencia tiene un sentido para entender que estamos prácticamente al cierre de instituciones que hoy prestan servicios; las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de traslado para llegar a una prestación, la maestra integradora que tiene el objetivo de acompañar el proceso va rotando porque lo que cobra no le permite continuar en su tarea", puntualizó la legisladora que hizo un pedido "a la sociedad" para que acompañe en lograr que este, "que no es cualquier tema", figure en la agenda del gobierno. En tanto aclaró que "no requiere de una alta inversión económica, sino que tiene que ver con vivir en una sociedad con humanidad".

"No seamos indiferentes; cualquiera, en cualquier momento, puede necesitar ser acompañado en un pequeño tránsito de su vida; pensemos en las personas con discapacidad a quienes además hacen auditorias porque parten de la sospecha de que son un millón y medio de mentirosos", advirtió Fein, respecto de la orden emanada del gobierno nacional para revisar todas las pensiones otorgadas.

En este mismo sentido, Farías evaluó que "la sospecha generalizada de que hay corrupción demuestra una alta deficiencia del Estado nacional de no poder controlar y auditar donde realmente es necesario".

El diputado y convencional constituyente consideró que la Ley que se debate en el Congreso "no hace más que reconocer lo que está pasando: el sistema de protección de las personas con discapacidad está en emergencia, hay instituciones al borde de la quiebra, los recursos no alcanzan para satisfacer mínimamente las necesidades básicas" y, advirtió, "los sistemas provinciales no dan abasto".

"Hay cosas a mejorar en todos los sistemas, pero sin una cobertura de la Nación que viene aportando la mayor parte de recursos para sostener servicios esenciales no es posible. "Hay personas que no pueden desarrollar sus actividades habituales si no están contenidas por una institución", señaló.

Por su parte, Bruno reconoció que la ley es "perfectible" pero "tiene que salir cuanto antes para atender las prestaciones que impactan directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad".

En cuanto a la convocatoria de este jueves, "en esta coyuntura es imprescindible porque es una manera de atrincherarnos en sostener los derechos que existen y no retroceder".

Como se dijo, la siguiente parada de la Emergencia será en el Senado para definir si convierte o no en ley la media sanción. Pero el recorrido no termina allí: si se aprueba y el Ejecutivo la veta, la última palabra la tendrá la Cámara de Diputados.

Mauro L. Muñoz

La noche se volvía madrugada y, en Diputados, lo que parecía ser una aprobación sin fisuras del proyecto de ley en Discapacidad comenzó a resquebrajarse cuando avanzaron al tratamiento por artículos.

Ya siendo jueves, cerca de la una de la mañana y habiendo pasado ya las doce horas de sesión, la Cámara baja aprobó con 148 votos afirmativos y 71 negativos el proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta 2027.

Lo que debía ser un trámite tranquilo en la oposición, tras haber logrado la media sanción sobre el segundo proyecto de la jornada -antes había sido el aumento para jubilados y la prórroga de la moratoria- se alteró en la discusión en particular.

Fue en el capítulo IV, por la incorporación de un apartado que modificaba el articulo 87 de la ley 24.013, referido a una eximición de aportes patronales a empresas que contraten personas con discapacidad.

Desde el inicio de la sesión especial del miércoles al mediodía, la oposición había logrado marcar la agenda. Unión por la Patria, junto con la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la izquierda y bloques provinciales.

Tras aprobar las reformas previsionales, dieron paso al debate sobre la Emergencia en Discapacidad. El proyecto contempla la actualización de aranceles, un nuevo esquema de pensiones no contributivas y compensaciones retroactivas para prestadores.

A lo largo de las exposiciones, a excepción de la bancada libertaria, los diputados presentes coincidieron en "alivianar el ajuste sobre los más vulnerables”. Peronistas, radicales, socialistas, de izquierda e incluso del PRO se expresaron sobre la situación que atraviesan instituciones y familias de personas con discapacidad y la falta de actualización de las prestaciones.

La votación en general reflejó el acuerdo de la oposición ampliada que marca la agenda de Diputados. Sin embargo, la discusión en particular tensó el consenso.

El autor del proyecto, Daniel Arroyo (UxP), realizó el anunció por la incorporación de un artículo proveniente de uno de los dictámenes de minoría, previamente acordados con el radicalismo.

Fue leído por la jujeña Natalia Sarapura: “los empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones y INSSPJ, a la Caja de Asignaciones y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo”.

Lo que siguió fue un encadenamiento de objeciones de parte del propio bloque peronista, especialmente los de extracción sindical como Mario Manrique (SMATA) y Sergio Palazzo (La Bancaria), quienes advirtieron que la medida implicaba desfinanciamiento del sistema previsional.

Se sumaron voces de la izquierda rechazando de plano el incentivo fiscal. “No podemos seguir vaciando las cajas de asistencia social con el argumento de fomentar la inclusión. Esto es una farsa”, lanzó Vanina Biasi, del FIT.

También se sumaron voces reprochando el proceder técnico. Stolbizer planteó que era improcedente porque no se estaba votando el dictamen de minoría y Juan Manuel López sostuvo lo contrario, apelando al artículo 162 del reglamento.

La discusión se alteró de manera insospechada ya en horas de madrugada. Molesto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, recriminó que intenten subsanar en el recinto lo que tendría que haberse hecho en comisión.

Martín Maquieyra (PRO). Foto: HCDN.

Arroyo intentó contener la controversia prometiendo la elaboración de un proyecto aparte sobre empleo en discapacidad. Pero el radical Martín Tetaz insistió en mantener la redacción, defendiendo el incentivo. Y se sumó Maquieyra, del PRO, pidiendo una redacción alternativa desde su propio dictamen de minoría, con una temporalidad limitada a tres años.

Las idas y vueltas se acumularon, hasta que Karina Banfi (UCR) presentó la moción para votar. Con 123 votos afirmativos, 82 negativos y 6 abstenciones, finalmente el artículo se incorporó al proyecto.

Finalmente, el proyecto fue aprobado y girado al Senado. Establece que las prestaciones serán actualizadas por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación. Fija una compensación retroactiva desde diciembre de 2023, con impacto en las obras sociales, prepagas y el sistema público de salud; y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, con condiciones de corte vinculadas a ingresos mayores a dos salarios mínimos.

De acuerdo al cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la iniciativa oscila entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según distintos escenarios, principalmente por el ingreso de nuevos beneficiarios y la actualización de valores.

El bloque de La Libertad Avanza votó en contra, y desde el gobierno ratificaron que el presidente Javier Milei vetará la ley si también es sancionada por el Senado, al igual que en el proyecto de aumentos jubilatorios y renovación de la moratoria.

El eventual veto presidencial, dejaría el proyecto a merced de los 55 ausentes en la votación de este miércoles, entre los que se encuentran integrantes de "la UCR con peluca", el PRO que reforzó su alianza parlamentaria con LLA de cara a las elecciones legislativas y diputados que responden a gobernadores que tejen acuerdos provinciales con la Nación.

Nancy Balza - Mauro L. Muñoz

Se respira otro miércoles de tensión en el Congreso Nacional. Afuera del Palacio de las Leyes se esperan fuertes discursos, reclamos y, como queda en evidencia cada semana, un gran despliegue de las fuerzas de seguridad que aplicarán el protocolo antipiquetes.

En las calles, se anunció la confluencia de varias demandas: jubilaciones, discapacidad, Garrahan, sistema universitario y Ni una Menos que postergó un día su habitual marcha del 3 de junio. Es un día después de que el fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por una granada de gas el 12 de marzo en el contexto de una marcha de jubilados, fue dado de alta tras casi tres meses de permanecer internado, solo para seguir su rehabilitación en otro centro de salud.

En el recinto, finalmente se logró el quorum con 131 asistencias, que permite a la oposición ampliada poner en debate modificaciones al régimen jubilatorio, declarar la emergencia en Discapacidad y atender la difícil situación que atraviesan municipios bonaerenses tras las últimas inundaciones.

En el avance de la sesión se debatieron aspectos técnicos por la conformación de la comisión investigadora del caso $Libra, emplazar a las comisiones para dictaminar en la emergencia del Hospital Garrahan y el financiamiento universitario.

Las iniciativas son impulsadas desde Unión Por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Izquierda y la Coalición Cívica. Las principales expectativas están puestas en el PRO, que salvo pocas excepciones, viene acompañando cada iniciativa del gobierno nacional, y en la Unión Cívica Radical, además de los representantes provinciales que responden directamente a gobernadores alineados con la política de Javier Milei o, al menos, dispuestos a retirar a sus representantes cuando resulta conveniente.

En la compleja sesión de la Cámara baja dos grandes temas abarcan la agenda: los proyectos jubilatorios que comprenden la prórroga de la moratoria (plan de pago de deuda previsional) y el incremento excepcional del 7.2% en los haberes de pasivos, además del aumento del bono complementario que se mantiene en 70 mil pesos desde el año pasado.

Luego llegará la declaración de la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de los montos de los haberes, retroactivo al 1° de diciembre de 2023 de acuerdo a la inflación acumulada, y una actualización automática mensual del nomenclador de los aranceles para los beneficiarios.

Miércoles 04.06

Miércoles 04.06

El experimentado diputaddo cuestionó las críticas que el presidente Milei hace al slogan del kirchnerismo de que donde hay una necesidad hay un derecho y consideró que para el jefe de estado "donde hay una necesidad hay un negocio".

Además, pidió hacer "una moratoria más" para que se puedan sumar trabajadores al sistema jubilatorio y respecto de la postura del peronismo dijo: "No somos hinchas del déficit fiscal, pero somos enemigos del ajuste como herramienta para resolver el problema".

Miércoles 04.06

Me sorprende escuchar en Diputados malas palabras. Agresiones como la que ha recibido un colega de nuestro bloque... Imperdonable llegar tan bajo, golpear tan bajo cuando es un tipo que respeta, que se majea dentro de códigos parlamentarios de alto respeto para con todos. Pero bueno, si este es el juego también lo vamos a jugar", expresó el diputado de Encuentro Federal durante su discurso.

Miércoles 04.06

Los diputados nacionales continúan con la sesión especial de este miércoles. Dio comienzo a las 12:20, cuando se alcanzó el quórum necesario, con el debate sobre la comisión investigadora por el caso $LIBRA. A las 15, tras un cuarto intermedio, la discusión siguió sobre los distintos proyectos que apuntan a sancionar por ley una recomposición de los haberes jubilatorios. En la lista de expositores todavía restan algunos oradores, luego darán cierre a los discursos los jefes de bloques, y tras ello se procederá a la votación. En la orden del día restan tratar el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad y declaraciones de emergencia para localidades bonaerenses afectadas por los últimos temporales.

Miércoles 04.06

El diputado por La Libertad Avanza, Santiago Santurio, lanzó críticas contra la oposición: “El gobierno de Alberto Fernández aumentó la pobreza y nuestro gobierno redujo la pobreza”.

En esa línea, señaló que “hablar de empatía es una caradurez”, al cuestionar: “¿No es que esto fue un paraíso durante 20 años del kirchnerismo? ustedes gobernaron”, cargó Santurio respecto a las personas que quedaron fuera del sistema de jubilaciones en este último tiempo. Y sumó: “El problema que ustedes dejaron, ahora es responsabilidad nuestra”.

Miércoles 04.06

A la espera de la votación por la prórroga de la moratoria jubilatoria, la diputada bullrichista del bloque PRO, Patricia Vázquez, cruzó al bloque de Unión por la Patria y recordó la estatización de las AFJP: "Las eliminaron en 2008 con una suerte de expropiación del kirchnerismo sobre un fondo de cerca de $75 mil millones. Les robaron a los jubilados $75 mil millones del futuro, los de hoy. Eso lo mandaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que lo administre la Anses", dijo.

Miércoles 04.06

La diputada jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que formó parte del quórum, defendió la posición asumida junto a Fabio Quetglas y Julio Cobos, y sostuvo: “vinimos a ratificar y a expresar el compromiso de un partido”.

Sobre el texto en cuestión, agregó que “es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”. Y cerró: “Tenemos la responsabilidad de que los jubilados no tengan que elegir entre comer o comprar medicamentos”.

Miércoles 04.06

El diputado Nicolás del Caño lamentó que el sector de los adultos mayores fue “las principales víctimas de la motosierra de Milei” porque “1 de cada 4 pesos que han recortado fue el sistema previsional, que también le recortaron la cobertura de los medicamentos del 100%”.

“El presidente dice que las jubilaciones acompañaron a la inflación, pero se olvida que la mayoría que son las mínimas tienen un bono congelado de 70 mil pesos desde marzo de 2024, una licuación brutal. El bono, si se hubiese aplicado la fórmula por inflación, sería por arriba de 160 mil pesos. Pero vuelven a repetir el cuento que no hay plata”, planteó y consideró que “la jubilación mínima debería cubrir la canasta básica del jubilado que sería alrededor de un millón de pesos y hay recursos”.

Miércoles 04.06

“Tenemos que tratar la reforma previsional con seriedad, pensando a largo plazo y en su sostenibilidad”, reclamó el diputado de la Coalición Cívica.

Además, recordó que la actual ministra de Seguridad del Gobierno en 2014 votó a favor de la prórroga de la moratoria jubilatoria: "Era una degenerada fiscal de aquel entonces, la votó sentadita lo más tranquila. O sea la ministra de ustedes es parte del problema de estos dos millones de jubilados más que hay sin aportes y que le echan la culpa sólo al kirchnerismo".

Miércoles 04.06

La radical Gabriela Brouwer de Koning defendió la iniciativa del radicalismo que tiene dictamen de minoría: “Nuestro proyecto lo que pretende es reconocer a las personas que han aportado durante toda su vida, pero que a la edad que se jubilan no logran, lamentablemente, cumplir con el requisito de los 30 años de aportes”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

“Los gobiernos kirchneristas han habilitado moratorias sucesivas que, si bien al principio eran una regla de excepción, luego se convirtieron en normalidad, y eso produjo déficit en el sistema previsional”, cuestionó y agregó: “¿De qué vale aportar, de qué vale el esfuerzo si luego al final del camino todos vamos a cobrar igual?”, agregó la diputada que no había dado quórum al comienzo.

Miércoles 04.06

“La política es prioridades y oportunidades, pero priorizamos mal y elegimos muy incorrectamente el tiempo de las oportunidades; dejemos de decir que no hay plata. No es un parche, es una urgencia”.

Miércoles 04.06

Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria, fue miembro informante de la discusión en el recinto, defendiendo el proyecto opositor que impulsa un aumento del 7,2$ de las jubilaciones.

La ex titular de ANSES, dijo que esa es la diferencia que perdieron los jubilados y pensionados con el salto de devaluatorio que provocó el gobierno en el inicio de su gestión, en diciembre de 2023. “No son números aleatorios ni al azar, son los números ajustados mes a mes desde que Javier Milei los dejó congelados”, dijo la legisladora de Unión por la Patria.

Miércoles 04.06

Los temas jubilatorios que comprenden la prórroga de la moratoria (plan de pago de deuda previsional) y el incremento excepcional del 7.2% en los haberes de pasivos, además del aumento del bono complementario que se mantiene en 70 mil pesos desde el año pasado.

Miércoles 04.06

Después de tres horas de debate inconducente y tras un cuarto intermedio para intentar encaminar la situación, Martín Menem consiguió bloquear la votación que la oposición quería hacer para destrabar la comisión investigadora $LIBRA, pero se comprometió a convocarla para la semana que viene cuando se va intentar nuevamente elegir a las autoridades para que la comisión funcione.

Miércoles 04.06

La Cámara de Diputados buscará tratar temas relacionados con el sistema previsional y otras declaraciones de emergencia vinculadas a las personas con discapacidad y las zonas afectadas por las inundaciones recientes.

Miércoles 04.06

Con 131 diputados y diputadas se alcanzó el número necesario para dar comienzo a una jornada maratónica de debate.

Se respira otro miércoles de tensión en el Congreso Nacional. Afuera del Palacio de las Leyes se esperan fuertes discursos, reclamos y, como queda en evidencia cada semana, un gran despliegue de las fuerzas de seguridad que aplicarán el protocolo antipiquetes.

Para esta jornada se anuncia la confluencia de varias demandas: jubilaciones, discapacidad, Garrahan, sistema científico y Ni una Menos que postergó un día su habitual marcha del 3 de junio. Será un día después de que el fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por una granada de gas el 12 de marzo en el contexto de una marcha de jubilados, fue dado de alta tras casi tres meses de permanecer internado, solo para seguir su rehabilitación en otro centro de salud.

Adentro del recinto todos los cálculos estaban puestos en el quórum (que finalmente se logró con 131 asistencias), el número necesario de diputadas y diputados que permitan a una oposición ampliada poner en debate modificaciones al régimen jubilatorio, declarar la emergencia en Discapacidad y atender la difícil situación que atraviesan municipios porteños tras las últimas inundaciones. Después del 21 de mayo, cuando ese mínimo no se alcanzó, todo era incógnita, más allá de que para esta jornada no se incluyeron dos temas incómodos para el gobierno: el debate por la comisión investigadora del caso $Libra ni la designación de auditores de la AGN.

Pero ya en el avance de la sesión, no se descarta emplazar a las comisiones respectivas para dictaminar en la emergencia del Hospital Garrahan y el financiamiento universitario. Sobre los dos últimos temas hubo novedades contundentes en los últimos días: en el hospital de pediatría, referente en todo el país, el conflicto escaló a partir de los reclamos de residentes y de profesionales de planta por aumentos de sueldos y de recursos para sostener la atención de excelencia que lo caracteriza.

Debate adentro del recinto y protestas afuera. Crédito: Xinhua

Por el lado de las universidades públicas, rectores de todo el territorio nacional presentaron a legisladores un proyecto para actualizar las partidas que se mantienen, cuanto menos, con una mínima actualización desde el último presupuesto aprobado por el parlamento nacional, en 2023.

A primera hora se descontaba que Unión Por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Izquierda y la Coalición Cívica estarían en sus bancas. Las principales expectativas estaban puestas en el PRO, que salvo pocas excepciones, viene acompañando cada iniciativa del gobierno nacional, y en la Unión Cívica Radical, además de los representantes provinciales que responden directamente a gobernadores alineados con la política de Javier Milei o, al menos, dispuestos a retirar a sus representantes cuando resulta conveniente.

Finalmente 131 legisladores ocuparon sus bancas, dos más de los necesarios para comenzar a sesionar.

En la compleja agenda de la Cámara baja están los temas jubilatorios que comprenden la prórroga de la moratoria (plan de pago de deuda previsional) y el incremento excepcional del 7.2% en los haberes de pasivos, además del aumento del bono complementario que se mantiene en 70 mil pesos desde el año pasado.

Luego llegará la declaración de la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de los montos de los haberes, retroactivo al 1° de diciembre de 2023 de acuerdo a la inflación acumulada, y una actualización automática mensual del nomenclador de los aranceles para los beneficiarios.

A continuación se pondrá a consideración la declaración de emergencia y zona de desastre por 180 días para municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones, entre ellos Zárate, Campana y San Antonio de Areco.

Todas las expectativas están puestas en el quórum. Gentileza

Eso en lo formal. Se sabe que las mociones de privilegio, para plantear cuestiones concretas que afectan a legisladores o a algún sector social en particular, forman parte de cada sesión y en las últimas reuniones parlamentarias ocuparon buena parte del tiempo de debate. Algunas fuentes parlamentarias estimaron que la sesión de este miércoles tendrá una duración mucho mayor a las 10 horas.

Para las primeras horas de la tarde se espera una fuerte concentración en el exterior del Congreso, al menos hasta donde el vallado permita un acercamiento.

Allí confluirán organizaciones de jubilados que se movilizan cada miércoles, referentes de grupos de discapacidad, el movimiento de mujeres que, como se dijo, postergó por un día su reclamo por “ni una menos” contra la violencia de género, la asamblea de trabajadores del Garrahan, representantes del sector universitario (alumnos y docentes) y referentes del sector científico.

La cantidad de agrupaciones que se darán cita en el centro porteño es un muestrario de los conflictos que mantiene abiertos el gobierno nacional, que insiste en el equilibrio fiscal como meta y anticipa vetos a cualquier ley que modifique su objetivo.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado contundente, manifestando su postura ante el "desconcierto y desamparo" que sufren muchas personas con discapacidad y sus familias. El pronunciamiento de los obispos de este 30 de mayo, subraya la "dignidad infinita" e inalienable de cada persona humana, independientemente de su circunstancia o situación.En un contexto donde se debate la ley de emergencia en Discapacidad en el Congreso, la CEA expresó su preocupación por el acceso incierto y limitado a servicios esenciales como la salud, la rehabilitación, la educación, el acompañamiento profesional y los apoyos necesarios para la vida cotidiana de las personas con discapacidad. 

Señalaron que el esfuerzo diario de las familias se realiza a menudo en soledad, sin suficiente reconocimiento social ni apoyo adecuado del Estado. Esta realidad, destacan, no es una estadística, sino que afecta a "niños, jóvenes y adultos que ven cercenadas sus posibilidades de desarrollo, participación e inclusión plena". 

Los obispos se mostraron sorprendidos por el "desconocimiento y desinterés" hacia la realidad de la discapacidad, enfatizando que debería ser una "prioridad ineludible de toda política pública". 

Y en un llamado directo, instaron a la reflexión a "quienes, desde el ámbito del Gobierno Nacional, deben apoyar con los recursos necesarios" para que el área de Discapacidad cumpla su tarea con responsabilidad y eficacia. 

El comunicado también hace una referencia implícita a ciertas actitudes y lenguajes, al señalar que frente al dolor y la angustia de las personas con discapacidad, deberían evitarse "actitudes y expresiones que lastiman, esos lenguajes despreciativos, por momentos no exentos de crueldad, que atentan seriamente contra aquella unidad que tanto necesitamos como pueblo". 

Esta observación se produce en medio de críticas desde variados sectores sobre el uso de términos ofensivos en resoluciones oficiales para referirse a personas con discapacidad o las manifestaciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien en un encuentro con Ian Moche, de 12 años, diagnosticado con autismo, y su mamá, Marlene Spesso dijo: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.

Y fue el propio Spagnuolo quien firmó una resolución en la que se modificaban los parámetros de la asignación de pensiones no contributivas por discapacidad. Y en ese documento se emplearon términos como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental” para referirse a las personas con discapacidad. 

En esta línea del conflicto, el pronunciamiento de la Iglesia se solidariza con el reclamo de organizaciones de discapacidad que han protestado a nivel nacional, solicitando una ley de emergencia que recomponga los aranceles congelados desde diciembre del año pasado, garantice pensiones y actualice las prestaciones. 

Mientras el proyecto de ley de emergencia espera en Diputados con expectativas de obtener media sanción (podría discutirse el próximo 4 de junio), también existe una gran preocupación sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la ley si es aprobada.