El Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, en conjunto con la Universidad del Gran Rosario (UGR) y la Mesa de Capital Humano, convoca a empresas, industrias, comercios e instituciones de la ciudad a participar de la capacitación en "Perspectiva de Discapacidad y Derechos Humanos en los Entornos Laborales".

Esta iniciativa conjunta busca promover espacios de trabajo más inclusivos, accesibles y comprometidos, brindando herramientas prácticas para eliminar barreras y favorecer procesos de inclusión laboral sostenibles.

La capacitación será en la modalidad Virtual, con actividades asincrónicas para realizar a propio ritmo del cursante, tendrá una duración de 10 días, y el cierre será con un encuentro sincrónico de consulta e intercambio.

Esta propuesta contará con certificación emitida por la Universidad del Gran Rosario, y está destinada a personal directivo, mandos medios, equipos de Recursos Humanos y colaboradores de organizaciones públicas y privadas.

La inscripción está abierta hasta el 5 de septiembre y se realiza a través de la página web municipal (www.venadotuerto.gob.ar/entornos-laborales-inclusivos), y el cursado dará inicio el martes 15 de septiembre.

Fiorella Carrión - María José Ramón

La 4ª Cumbre Latinoamericana de Autismo reunió a representantes de distintos países de la región para debatir sobre educación, salud y derechos de las personas con autismo. El encuentro, organizado en memoria de Ignacio Galibert, incluyó además el Primer Encuentro de Agrupaciones Unidas en Discapacidad y el Cuarto Simposio Latinoamericano de Judicialización de la Discapacidad.

Durante las jornadas participaron referentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Perú y otros países, con exposiciones centradas en los desafíos que enfrentan las personas autistas y sus familias para acceder a derechos fundamentales.

Uno de los principales ejes que atravesó la cumbre fue la distancia entre el reconocimiento legal de los derechos y su cumplimiento efectivo. En ese sentido, distintos referentes coincidieron en que los avances normativos todavía no alcanzan para resolver las dificultades que atraviesan diariamente las familias.

En este punto, la especialista Leticia Amaral planteó que en Brasil existe un fuerte contraste entre las normas y la realidad. “Tenemos una legislación que protege los autistas en acceso a terapias, a educación, pero hay un abismo muy grande entre la legislación, sus derechos y la concretización”, sostuvo.

La referente brasileña también advirtió sobre las consecuencias que esta situación genera en el entorno familiar. “Todos nosotros, independientemente de sus países, tenemos mucha legislación, poca efectividad, acceso a esos derechos. Esto hace que las familias estén colapsando, colapsando mentalmente en todos los sentidos”, señaló.

Según Amaral, la falta de respuestas concretas no solo tiene consecuencias individuales, sino también jurídicas, sociales y psicológicas que alcanzan a toda la estructura familiar.

El acceso a una educación adecuada también ocupó un lugar central en las exposiciones. Eduardo Vieira, también representante de Brasil, explicó que en su país se trabaja para garantizar la inclusión dentro del sistema educativo, aunque señaló que existen situaciones particulares que requieren otros dispositivos.

“Estamos trabajando por la inclusión de todos los niños en el sistema educativo, pero identificamos un grupo bastante singular que no consigue beneficiarse de actividades pedagógicas en ambiente común. Es necesario un ambiente especializado para el pleno aprendizaje”, afirmó.

Vieira sostuvo además que el intercambio entre los distintos países puede contribuir a mejorar las políticas destinadas a la infancia y adolescencia con autismo. “Esta cumbre favorecerá también el intercambio entre Brasil, Argentina, Paraguay y los otros países para que podamos cada vez más garantizar derechos de inclusión en la escuela”, expresó.

A su turno, Edgar Gómez Leiva, representante paraguayo coincidió en que uno de los mayores problemas aparece cuando las normas deben transformarse en medidas concretas. “En Paraguay estamos avanzando mucho en la parte normativa, pero a la hora de la implementación, como alguien dice, el diablo vive en la implementación. Estamos todavía con mucho déficit”, afirmó.

El dirigente señaló que las dificultades educativas representan una carga importante para las familias y remarcó la necesidad de contar con modelos de intervención que contemplen al entorno familiar.

Durante la cumbre también hubo cuestionamientos sobre la falta de presupuesto para llevar adelante programas y políticas de alcance nacional. Horacio Joffre Galibert, presidente de ALaFe y referente de APAdeA, planteó la necesidad de que los gobiernos latinoamericanos traduzcan las declaraciones y normativas en acciones concretas.

“Queremos firmar un humilde manifiesto para nuestros gobiernos latinoamericanos”, expresó al destacar la participación de representantes de distintos países y la intención de llevar las conclusiones del encuentro a las autoridades.

Galibert también se refirió a una resolución del Gobierno nacional recientemente publicada y aunque cuestionó la ausencia de recursos asignados. Al mismo tiempo, destacó algunos aspectos que consideró positivos, como la referencia a cuestiones federales y la elaboración de guías para el diagnóstico y la detección temprana.

El referente también manifestó preocupación por la manera en que se aborda actualmente el autismo y por la necesidad de preservar una mirada basada en criterios clínicos. “Se ha alejado tanto del cuadro clínico la cuestión del autismo que todo parece ser autismo. Se comercializó muchísimo, se especula mucho”, afirmó.

Las exposiciones coincidieron en que el desafío no termina con el reconocimiento de derechos. La inclusión requiere recursos, capacitación, acompañamiento y políticas que contemplen las diferentes necesidades de las personas autistas a lo largo de sus vidas.

En ese sentido, Galibert sostuvo que la inclusión continúa siendo un proceso complejo: “El limbo final sería la inclusión per se, como quiere el artículo 24 y la convención. Pero no son fáciles los procesos de inclusión. Estamos por buen camino, pero hay que trabajar muchísimo”.

De igual manera, se puso el foco en la necesidad de acompañar a las personas autistas durante la adultez y favorecer su autonomía. Gómez Leiva explicó que su organización brinda apoyo profesional durante los primeros meses de inserción laboral, aunque reconoció que todavía existen distintas barreras.

La cumbre cerró con el compromiso de profundizar el intercambio regional y elaborar propuestas para los gobiernos latinoamericanos, con la intención de avanzar hacia políticas públicas que garanticen una inclusión efectiva en educación, salud, trabajo y acceso a derechos.

El Gobierno nacional actualizó los valores de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad y publicada este lunes 24 de agosto en el Boletín Oficial. El incremento establecido para agosto es del 2,10% y se aplica sin diferencias según el tipo de prestación.

La resolución establece que la actualización se calcula sobre los valores que habían sido fijados para julio mediante la Resolución 2227/2026, que había dispuesto entonces una suba del 1,90%. El nuevo ajuste toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026.

Los nuevos importes forman parte del anexo de la Resolución 2775/2026 y contemplan las distintas categorías y modalidades del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La actualización del 2,10% se aplica de manera uniforme sobre los valores vigentes para el mes de agosto.

Entre los importes incluidos en el anexo se encuentra el correspondiente al Centro de Día con jornada doble de la Categoría A, cuyo arancel pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06. Esta categoría reúne prestaciones de mayor complejidad dentro del esquema establecido.

En la Categoría B, el valor correspondiente al Hogar con Centro Educativo Terapéutico (CET) permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56.

Por su parte, dentro de la Categoría C, el arancel correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.

Los valores actualizados corresponden a los aranceles del sistema de prestaciones y no deben interpretarse como un aumento directo de pensiones o beneficios económicos que reciben las personas con discapacidad. Se trata de los montos establecidos para las prestaciones contempladas en el nomenclador oficial.

La resolución también señala que la actualización fue propuesta en el marco del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, a partir del trabajo de su Directorio y de lo acordado mediante el Acta N° 432. El mecanismo contempla la actualización periódica de los aranceles en función de la evolución del índice de precios.

El Nomenclador de Prestaciones Básicas tiene como antecedente la Resolución 428/1999 del entonces Ministerio de Salud y Acción Social. Su objetivo es establecer los valores de referencia para las distintas prestaciones destinadas a garantizar la atención integral de las personas con discapacidad, dentro del sistema previsto por la Ley 24.901.

Además del aumento general, la Secretaría Nacional de Discapacidad ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se brindan en las provincias de la zona patagónica.

El beneficio por zona desfavorable ya había sido contemplado en la actualización correspondiente a julio y tiene como fundamento el artículo 7° bis de la Ley 24.901. La nueva resolución mantiene su vigencia junto con los valores actualizados para agosto.

La medida fue firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y tiene fecha del 21 de agosto de 2026. Su publicación en el Boletín Oficial se realizó este lunes.

El Gobierno justificó la actualización en la necesidad de adecuar los valores del nomenclador de acuerdo con la evolución del IPC. En los considerandos de la norma se explica que, luego de la actualización del 1,90% aplicada en julio sobre la base del IPC de junio, correspondía realizar una nueva actualización utilizando la variación del índice correspondiente al mes siguiente.

De esta manera, durante 2026 los aranceles del sistema acumularon nuevas modificaciones vinculadas con la evolución de los precios. La resolución publicada este lunes establece específicamente los valores correspondientes a agosto y dispone que el incremento del 2,10% se aplique sin establecer diferencias entre los distintos tipos de prestaciones.

La actualización alcanza a los servicios contemplados en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y constituye una referencia para el funcionamiento del esquema de atención que contempla servicios de rehabilitación, educación, asistencia y alojamiento, entre otras prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

La medida se enmarca además en las disposiciones de la Ley 27.793 y su reglamentación mediante el Decreto 84/2026, normas mencionadas expresamente en los fundamentos de la resolución. La Secretaría Nacional de Discapacidad señaló que la modificación responde al procedimiento establecido para adecuar periódicamente los aranceles del sistema.

Con la publicación de la Resolución 2775/2026, los valores establecidos en el anexo pasan a constituir los aranceles correspondientes al mes de agosto de 2026, mientras que se mantiene el adicional específico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica.

Nahuel Agustín Fredes (19) fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de un procedimiento abreviado que comprendió nueve hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Venado Tuerto.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. Asimismo, participó en las tareas investigativas la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo fiscal coordinado por Raposo.

La condena comprende distintos delitos contra la propiedad, entre ellos hurto, robo simple, tentativa de robo calificado por escalamiento y robo calificado por el uso de un elemento punzante como arma impropia. También se incluyeron reiterados incumplimientos de medidas judiciales y un hecho de daño.

Entre los episodios de mayor gravedad se encuentra el robo cometido contra un adolescente con discapacidad, a quien Fredes interceptó al salir de una panadería y amenazó con un elemento punzante apoyado sobre el abdomen para sustraerle su teléfono celular.

La investigación permitió reunir testimonios de las víctimas, registros de cámaras de seguridad, actuaciones policiales, inspecciones oculares, reconocimientos e informes técnicos. La valoración conjunta de esas evidencias permitió acreditar tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal del condenado.

En el acuerdo se tuvo especialmente en cuenta la cantidad y reiteración de las conductas, la violencia empleada, la vulnerabilidad de algunas de las víctimas y la afectación provocada. Fredes reconoció los hechos y prestó su conformidad con la calificación legal y con la pena impuesta, que deberá cumplir de manera efectiva.

El Gobierno de la Provincia abrió la inscripción para participar de la primera edición de la Copa Santa Fe de Fútbol Adaptado, una nueva disciplina que se suma a la edición 2026 de la competencia provincial más importante de la región. El período de inscripción estará habilitado desde hoy hasta el viernes 21 de agosto a través del siguiente link: https://acortar.link/IwhTPf.

La iniciativa, impulsada por la Provincia, con el respaldo de Lotería de Santa Fe, se desarrollará en el mes de octubre y reunirá a equipos de distintas localidades santafesinas en un torneo que se disputará bajo la modalidad de fútbol 5 contra 5, con delegaciones integradas por diez jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico. En esta primera edición participarán equipos masculinos conformados por personas con discapacidad intelectual.

Al respecto, el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, destacó: “La incorporación del fútbol adaptado representa un paso muy importante para seguir construyendo una Copa Santa Fe cada vez más inclusiva”. “Queremos que todas las personas tengan la posibilidad de vivir la experiencia del deporte, de competir, compartir y representar a sus instituciones y localidades. Ese es el camino que nos marca el gobernador Maximiliano Pullaro: generar oportunidades y garantizar que el deporte llegue a todos los rincones de la provincia”, afirmó el funcionario del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

La incorporación del fútbol adaptado forma parte de una política pública sostenida del Gobierno provincial para fortalecer esta disciplina y generar nuevos espacios de participación para personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades a través de la actividad deportiva.

En su edición 2026, la Copa Santa Fe reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como la competencia deportiva provincial más importante de la región y fortaleciendo el desarrollo del deporte en todo el territorio santafesino.

La vocera gubernamental Virginia Coudannes aseguró hoy que la provincia ha logrado "empezar a revertir la catástrofe educativa que encontramos en Santa Fe en 2023, cuando más de 15 mil chicos de nivel primario no llegaban a leer más de 22 palabras por minuto de manera fluida".

En conferencia de prensa, la funcionaria hizo tal aseveración sobre la base de los resultados de la primera evaluación santafesina sobre fluidez lectora que se realizó en 2025, en el marco del plan provincial de Alfabetización "Raíz". Dicho programa es llevado adelante por el Ministerio de Educación.

Virginia Coudannes, vocera gubernamental.

Coudannes no reveló los datos, pero adelantó que se difundirán públicamente el próximo lunes, incluso, con la presencia de referentes de Argentinos por la Educación, organización que viene trabajando por la comprensión lectora y escritora de los alumnos.

"El plan Raíz -dijo- vino a revertir esta situación para que los niños puedan escribir y leer de manera fluida. Y tiene como marca registrada un aspecto que nos identifica como gestión; el hecho de que no se mejora lo que no se evalúa. De manera inédita - explicó-, Santa Fe a través de este mecanismo, evalúa los aprendizajes en la provincia". En los test de fluidez lectora que de manera inicial había realizado la provincia hace dos años, se reveló que sólo uno de cada cuatro niños podía leer correctamente.

Los recortes del gobierno nacional volvieron a impactar sobre las personas con discapacidad.

Durante la conferencia de prensa realizada este viernes en la ciudad de Rosario, Coudannes aludió nuevamente a los recortes del gobierno nacional que esta semana volvieron a impactar sobre el universo de personas con discapacidad. Y contrapuso la actitud de la provincia. "Mientras Nación recorta en estas prestaciones, Santa Fe se vuelve a hacer cargo. Al gobierno nacional le gusta desaparecer (sic) con aquellos que más lo necesitan, mientras que la provincia entre 2023 y 2026 aumentó en un 800% el presupuesto para el área de discapacidad", remarcó.

Coudannes aludió a la decisión dada a conocer por la Nación a través del Boletín Oficial que elimina los subsidios para los pasajes del transporte de personas con discapacidad. Ahora, deberán hacerse cargo de ese costo las empresas de transporte. "Otro recorte; otra mirada para otro lado. Esto afecta a líneas de larga distancia de jurisdicción nacional", precisó la funcionaria, y adelantó una reunión del Comité Asesor de Discapacidad para analizar la citada medida y otras que se instrumentan en la materia.

Finalmente, la vocera anunció que a partir de la liquidación de los salarios del mes de mayo cuyo calendario de pago se conoció este viernes, se podrá visualizar el impacto del plan de financiación de deudas para agentes públicos que está instrumentando la provincia. Aquel agente que adhiera al programa, accederá a planees de pago más extensos y con tasas más bajas; y las entidades financieras tendrán que respetar un nuevo tope: sólo podrán afectar hasta el 25% del salario del trabajador, y ya no el 50%.

Mauro L. Muñoz

Vuelve a escalar la disputa sobre la ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno nacional llevó su reclamo ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso extraordinario. En paralelo, aumenta la tensión en el Conrgeso tras el ingreso de un proyecto sustitutivo.

La presentación de la Procuraduría del Tesoro pidió que se frene su aplicación. En tanto, familiares, organizaciones y referentes del sector se reunieron en Diputados para hacer oír sus reclamos. Mientras el Senado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ejecutivo para revisar pensiones y endurecer auditorías, iniciativa que recibió fuertes críticas.

En su planteo ante el Máximo Tribunal, el Gobirno sostiene que el fallo “genera una situación de gravedad institucional” y que, al declarar abstracta la cuestión, “ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”.

El escrito oficial advierte que la ejecución de la norma “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”, y agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, “pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas”.

El conflicto sobre la norma viene desde el año pasado. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Legislativo, el Ejecutivo terminó promulgando la norma, pero luego dispuso su suspensión mediante el decreto 681/2025 con el argumento de que no estaban definidas las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue la que dio lugar a la demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso, además de descartar el argumento económico al recordar que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos.

En un comunicado, el Foro Permanente Discapacidad denunció que el Gobierno pretende con este recurso instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado. “Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”. Y pidió a la Corte que no habilite esa lógica: “No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan”.

Mientras la pelea escala en la Corte, en el Congreso sigue el conflicto. Este lunes, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados en una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la oposición, sin participación del oficialismo ni de sus aliados.

El encuentro fue organizado por el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria, con unos 150 invitados vinculados a la temática. La excusa formal fue el rechazo al proyecto del Gobierno para derogar la ley de Emergencia en Discapacidad y el reclamo por el ajuste que, según denunciaron, mantiene en jaque al sistema de prestaciones. Pero el tono de la reunión fue bastante más intenso que una simple audiencia de exposición.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

De la reunión participó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, quien cargó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones. “Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político”, planteó. Y agregó un pedido directo a los legisladores: “La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita”.

También participó Ian Moche, el joven influencer con autismo, que denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda luego de que, según sostuvo, la diputada Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra él. Ese testimonio volvió a correr la discusión hacia otro plano: el de la violencia simbólica, el hostigamiento y el lugar que la cuestión discapacidad ocupa en la conversación pública cuando el conflicto se politiza al extremo.

La otra pata del conflicto está en el Senado. Ahí ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que en los hechos busca reabrir la discusión sobre discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.

La iniciativa propone revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modificar la ley 13.478, introducir cambios en la ley 24.901 y tocar artículos centrales de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicho rápido: el Gobierno no pudo desactivar la norma con el veto, debió promulgarla, la suspendió por decreto, fue frenado por la Justicia y ahora busca rediscutir por la vía legislativa varios de sus puntos más sensibles.

Uno de esos núcleos es la pensión no contributiva por invalidez laboral. El proyecto reafirma que será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero vuelve a poner en el centro el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. Ahí aparece una diferencia clave con la ley de Emergencia: mientras la norma ratificada por el Congreso permitía mantener la pensión si la persona accedía a un empleo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, la propuesta del Ejecutivo vuelve a una lógica de incompatibilidad: pensión o trabajo formal.

Esa vuelta atrás no es menor. Supone correrse de una lógica de inclusión laboral con protección y regresar a un esquema más rígido, donde el acceso al empleo puede transformarse en causal de pérdida del beneficio. Otra vez, lo que aparece es un modelo. Uno que privilegia el control del universo asistido por encima de la ampliación de derechos.

El proyecto también avanza sobre el capítulo más delicado: el control. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos. Para eso podría cruzar información con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esa verificación.

En paralelo, se ordena un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja del beneficio.

Ana Inés Dobal

En la mañana del jueves 19, la ciudad de Rufino fue escenario de una movilización pacífica protagonizada por instituciones, trabajadores y familias vinculadas al ámbito de la discapacidad. La convocatoria, que se inició en diversas instituciones locales, convergió en la plaza Sarmiento, desde donde los manifestantes se dirigieron hacia las sedes de PAMI y la Municipalidad para realizar intervenciones simbólicas, como la colocación de carteles, y entonar el Himno Nacional Argentino.

El principal propósito de la jornada fue dar visibilidad a la crítica situación que atraviesa el sector, donde las dificultades económicas y prestacionales se agudizan mes a mes.. Según expresaron los participantes, no se trata de un reclamo por beneficios extraordinarios, sino de una exigencia por la continuidad de derechos fundamentales que hoy se encuentran "en vilo". Desde las instituciones advirtieron que los "puentes" creados para la integración social —como centros de día, hogares y terapias— están en serio riesgo de desaparecer.

Espacios como CIAD, Santa Francisca y Activar Rufino encabezaron la marcha, reflejando en sus rostros y carteles un temor constante por la interrupción de sus actividades. En este sentido, desde la CIAD fueron categóricos al señalar: "La discapacidad está en colapso, no pedimos favores, exigimos derechos. Porque la libertad también es tener acceso a la salud ya una vida digna". Los referentes enfatizaron que la actual emergencia económica impacta directamente en la salud y la vida de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado y la sociedad.

La movilización contó con un fuerte respaldo de la comunidad y la presencia de representantes locales, entre ellos la concejal Belén Arambel (Creo en Rufino), quien se sumó al recorrido junto a jóvenes y adultos.. "Nos sumamos a esta jornada para visibilizar la difícil situación que atraviesa el sector y para seguir trabajando por el sostenimiento de prestaciones esenciales" , subrayó el referente, destacando la necesidad de empatizar con una lucha que busca garantizar salarios dignos para los profesionales y una inclusión real para los concurrentes.

Esta acción colectiva logró instalar en la agenda pública una realidad que afecta a numerosas familias rufinenses, recordando que detrás de cada cifra y cada servicio en riesgo, están en juego la dignidad y el "buen vivir" de una porción significativa de la comunidad.

(Por Ana Inés Dobal) - La ciudad de Rufino incorporará este año una nueva propuesta de educación superior: la Tecnicatura de Acompañante Terapéutico, que se dictará en el Instituto Superior Nº 50. La inscripción ya está habilitada.

La medida forma parte de un plan provincial que contempla más de 15 nuevas carreras en distintas localidades, con el objetivo de fortalecer la formación académica y responder a las necesidades del mercado laboral.

El rol de acompañante terapéutico cobra relevancia al brindar apoyo integral a personas con discapacidad, trabajando en conjunto con instituciones y familias. La carrera representa una oportunidad para quienes buscan insertarse en un área clave del sistema de salud.

Rufino no será la única ciudad con novedades: en Villa Cañás, el Instituto Nº 38 abrirá la Tecnicatura Superior en Administración Rural, orientada a potenciar la producción local.

La expansión de la educación superior alcanza también a San Justo, Las Toscas, Vera, San Vicente, San Cristóbal, Santa Fe, Fray Luis Beltrán, Alcorta, Ceres, San Jorge y Villa Minetti, con nuevas tecnicaturas y profesorados que buscan mejorar el acceso a la formación y las oportunidades laborales en toda la provincia.

Las inscripciones están abiertas para el ciclo lectivo 2026. Los interesados pueden acercarse al instituto correspondiente para formalizar su ingreso y recibir toda la información necesaria. Según se informó, la demanda ya es numerosa.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una actualización en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con un incremento del 5,78% correspondiente a febrero de 2026.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 340/2026, publicada en el Boletín Oficial , y alcanza a todas las prestaciones comprendidas en el nomenclador vigente.

La actualización se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026, y se aplicará sin distinción entre los distintos tipos de prestaciones.

El aumento alcanza al nomenclador que regula los valores de las prestaciones del Sistema de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901. Este sistema establece el marco para servicios como rehabilitación, transporte, educación especial, acompañamiento terapéutico y otras prestaciones esenciales.

El nomenclador funciona como referencia nacional para el pago que reciben instituciones, centros especializados y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como privado.

Según se detalla en la resolución, el ajuste responde a la necesidad de adecuar los aranceles a la evolución de los precios, en línea con lo establecido por la normativa vigente. En particular, se toma como referencia lo dispuesto por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que prevé mecanismos de actualización vinculados a la inflación.

El incremento del 5,78% se aplicará de manera uniforme, es decir, sin diferencias por tipo de prestación, y se suma a otras actualizaciones realizadas en los últimos años para mantener el poder adquisitivo del sistema.

Además, la resolución ratifica la continuidad de un adicional del 20% sobre el arancel básico para prestaciones brindadas en provincias de la zona patagónica, en concepto de zona desfavorable. Este diferencial busca compensar los mayores costos operativos en esas regiones.

En los considerandos de la norma se repasan antecedentes normativos y actualizaciones previas. Entre ellos, las resoluciones conjuntas dictadas en 2024 y 2025 que dispusieron ajustes progresivos en los valores del nomenclador.

También se menciona que el directorio del sistema, órgano encargado de definir los valores de las prestaciones, propuso la actualización a partir de un acta reciente en la que se evaluó la evolución de costos y la inflación acumulada.

La normativa vigente establece que el Estado nacional debe garantizar la actualización periódica de los aranceles para asegurar la continuidad de las prestaciones y la sustentabilidad del sistema.

El sistema de prestaciones básicas constituye uno de los pilares de las políticas públicas vinculadas a discapacidad, ya que regula el acceso a servicios esenciales para miles de personas en todo el país.

La actualización busca evitar desfasajes entre los costos reales de prestación de servicios y los valores reconocidos por el sistema, una situación que suele generar tensiones entre prestadores, financiadores y beneficiarios.

La resolución dispone que los detalles de los nuevos valores se encuentran en los anexos técnicos que forman parte de la norma, donde se especifican los aranceles actualizados para cada prestación incluida en el nomenclador.

La implementación de los nuevos valores estará a cargo de las autoridades competentes del sistema, en coordinación con organismos nacionales y financiadores de prestaciones.

En términos operativos, la actualización impactará en el pago que reciben prestadores que trabajan con obras sociales, prepagas y otros subsistemas de cobertura, dado que el nomenclador nacional actúa como referencia para el conjunto del sistema.

El Juzgado Federal de Rafaela ordenó a una empresa de medicina prepaga la cobertura integral e inmediata del medicamento Vosoritida (Voxzogo) a una niña de tres años diagnosticada con acondroplasia -una enfermedad genética que afecta el crecimiento óseo-, al considerar que el escenario jurídico, clínico y regulatorio cambió sustancialmente desde la primera intervención judicial en el expediente. La medida cautelar, solicitada por los padres de la menor, se apoya en un nuevo factor decisivo: la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la comercialización del fármaco en Argentina, ocurrida en septiembre último.

En marzo de 2024, el Juzgado Federal de Rafaela, había hecho lugar a una cautelar ordenando la cobertura del tratamiento, pero en enero de 2025 la Cámara Federal de Rosario la dejó sin efecto. En aquel momento, el tribunal entendió que el medicamento permanecía en fase de ensayo clínico y que no existía evidencia concluyente sobre su eficacia y seguridad a largo plazo.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando la Anmat dictó la Disposición DI-2025-6975, habilitando formalmente su importación y comercialización en el país. Para el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien asumió como subrogante el 1 de julio último en el Juzgado Federal de Rafaela, este hecho representó un “cambio sustancial de circunstancias” que habilitaba a reexaminar la medida cautelar, en función del principio de mutabilidad propio de estas decisiones.

En este sentido, el magistrado sostuvo que, con la autorización del organismo nacional, el medicamento pasó de la Fase III (ensayo clínico) a la Fase IV, conocida como etapa de farmacovigilancia, lo cual transforma la evaluación judicial. Dicha Fase IV implica que el producto tiene un balance beneficio-riesgo aceptable, suficiente para permitir su utilización mientras continúa siendo monitoreado. Ya no se trata de una droga experimental en un marco de investigación controlada, sino de un tratamiento disponible para pacientes bajo supervisión médica. Técnicamente, se trata de un período que permite detectar efectos adversos poco frecuentes, evaluar la efectividad del medicamento en la vida cotidiana, revisar interacciones con otros fármacos y ajustar indicaciones. Según explicó el juez, basándose en el dictamen del Cuerpo Médico Forense, esta fase posibilita identificar efectos que pueden aparecer solo cuando el fármaco es utilizado masivamente, a veces con frecuencias de “1 en 100.000”.

Aunque los informes del Cuerpo Médico Forense destacaron que aún falta evidencia robusta a largo plazo, también reconocieron mejoras en el crecimiento lineal y en parámetros morfológicos relevantes —como el foramen magno— que podrían reducir riesgos severos como apnea central o muerte súbita. El juez valoró estos datos como indicios suficientes dentro de una medida cautelar.

El magistrado enfatizó que la niña se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad: es menor de edad y tiene certificado de discapacidad. En ese sentido, recordó la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas con jerarquía constitucional, que obligan a garantizar el acceso efectivo a tratamientos indispensables.

También ponderó los riesgos severos asociados a la patología, entre ellos apnea central, compresión del tronco encefálico y posibles episodios de muerte súbita, lo cual refuerza la urgencia del tratamiento y el peligro en la demora.

Citando precedentes de la Corte Suprema, el fallo reafirma que el Programa Médico Obligatorio (OMO) constituye un piso mínimo de cobertura y no puede utilizarse para excluir innovaciones terapéuticas cuando está comprometida la salud o la vida del paciente.

Asimismo, la resolución señala que otros países —como Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil— también aprobaron el uso de Vosoritida para pacientes pediátricos con acondroplasia.

Ahora, la prepaga deberá proveer con cobertura del ciento por ciento para el Vosoritida (Voxzogo), sus disolventes y los descartables necesarios para la aplicación. Todo bajo la prescripción de la médica pediatra tratante y siguiendo las guías clínicas de administración. La familia deberá presentar el consentimiento informado, conforme a la Ley 26.529.

La acondroplasia es la displasia esquelética más frecuente y provoca talla baja desproporcionada por una mutación genética del gen FGFR3. Se caracteriza por extremidades cortas, macrocefalia y mano en “tridente”. Puede producir complicaciones graves, especialmente neurológicas, como estenosis del foramen magno, apnea central y compresión del tronco encefálico, por lo que requiere seguimiento integral desde los primeros meses de vida.

La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez el martes próximo en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia para revisar planteos de nulidad del caso.

Los recursos de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello y ahora el tema llega en apelación a la sala II del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes llamaron a una audiencia para el próximo martes 28 de octubre, informaron fuentes judiciales.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo, extitular de Andis.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad.

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron "errados" y "contradictorios" y tuvieron como fin "entorpecer una pesquisa incipiente".

Los hermanos y el padre Kovalivker.

Ante la Cámara esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en esa instancia de apelación.

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei y al asesor Eduardo "Lule" Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”, especuló.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este martes dos novedades muy esperadas: la promulgación de la ley 27.795, de Financiamiento universitario y recomposición del salario docente, y de la 27.796 de Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en Salud.

Sin embargo, aclara inmediatamente que lo hace “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N.º 24.629”, de ejecución del gasto público.

¿Qué dice esta norma? Que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Es decir que, en definitiva, las leyes volvieron al Congreso para que aclare ese punto, el mismo que esgrimió el Ejecutivo cuando promulgó, sin aplicación efectiva, la ley de Emergencia en discapacidad.

La nueva medida se adoptó en pleno debate por el Presupuesto para 2026 que envió el gobierno de Javier Milei el 15 de septiembre, luego de administrar por dos años el mismo que fue aprobado en 2023, en una gestión anterior y de otro color político.

La prórroga por dos años consecutivos de la misma “hoja de ruta” de gastos y recursos es toda una novedad que se introdujo bajo el liderazgo de La Libertad Avanza. También es uno de los argumentos que se esgrimen desde la oposición para advertir sobre atrasos en asignaciones y pedir actualización de partidas.

Mientras tanto, con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, se conoció la promulgación (con aplicación en suspenso) de la ley de Emergencia sanitaria, más conocida como ley Garrahan. A propósito, el sábado hubo una caravana de personal del Hospital hasta Olivos (Milei se encontraba en campaña en Santiago del Estero y Tucumán) en reclamo de la aplicación de la ley que en su sanción y ratificación obtuvo un contundente apoyo de un arco opositor ampliado.

La norma establece que la declaración tiene por objeto “efectivizar la tutela del derecho a la salud y al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo consagrado por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional y las Leyes 26.061 y 27.611”.

En particular, “pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social”.

Todo esto junto con la “continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde con el nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas”.

Además, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en la atención de alta complejidad, garantizando, en el marco de la emergencia establecida, su pleno y sostenido funcionamiento.

A esta instancia se llega, al igual que la Emergencia en Discapacidad, luego de la aprobación por parte de las dos cámaras, el veto presidencial y la contundente ratificación de la ley en Diputados (el 17 de septiembre) y en el Senado (el 2 de octubre).

Similar es el panorama para la ley Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente que siguió el mismo derrotero: fue aprobada, vetada y ratificada por el Congreso. El Ejecutivo la promulgó pero dejó su aplicación en suspenso hasta que las Cámaras legislativas establezcan de dónde saldrán los fondos.

En este caso, la disposición lleva la firma de Milei, junto con Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una imagen de la última marcha universitaria en Santa Fe.

El texto aprobado establece que se deberá garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina, y el Ejecutivo deberá garantizar las partidas para el programa de “Desarrollo de la Educación Superior”.

Además, tendrá que asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal.

También se plantea la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas.

Todo esto junto con la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las casas de estudio, programas de bienestar estudiantil y recomposición de becas, entre otros puntos.

La situación que atraviesan las universidades públicas es “crítica” según sostuvieron en varias ocasiones desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ya derivó en varias y multitudinarias marchas frente al Congreso y en todo el país.

Para este martes y el miércoles se definió una nueva medida de fuerza en reclamo por la aplicación de la ley.

Sin dudas el tema estará en la agenda de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el 29 de octubre, a la que fueron convocados el Secretario de Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El denominador común en las firmas de estas dos promulgaciones sin fondos y la de Emergencia por discapacidad es, además del propio Presidente, Guillermo Francos. El Jefe de Gabinete fue convocado a una interpelación por la Cámara de Diputados. En la última reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento se decidió, por mayoría del plenario, esa alternativa.

El Jefe de Gabinete Guillermo Francos será convocado para informar a Diputados por la no aplicación de la Emergencia en discapacidad. Foto: Reuters

La propuesta de máxima impulsada por la oposición es una moción de censura, con lo cual el funcionario, catalogado como el más dialoguista, podría ser desplazado de su cargo. Aquella moción fue impulsada por la falta de aplicación efectiva de una emergencia, la de Discapacidad. Ahora se suman estas dos medidas publicadas hoy para caldear todavía más los ánimos en el Congreso.

De los cuidados a los apoyos, de la independencia a la autonomía, y de las barreras a las violencias, así, sin eufemismos "porque si no, se nos va la vida". Lo dice Gabriela Bruno, referente en temas de discapacidad y asesora del diputado provincial Pablo Farías en esa materia. Una materia que estuvo en un primer plano en los últimos meses, luego de la sanción, veto y posterior confirmación de la ley nacional de Emergencia en Discapacidad, pero que es preocupación cotidiana para quienes atraviesan una limitación transitoria o permanente.

Bruno estuvo, en agosto, en México donde participó activamente de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y, en ese marco, del 2° Foro Derecho a Vivir de Forma Independiente. Ahí, en esos títulos, comienzan a aparecer algunos conceptos centrales de la charla con El Litoral, que se produjo un día después de que el Senado de la Nación ratificara la emergencia. "Parimos por segunda vez la ley", dijo y reconoció que el tema puso al colectivo de la discapacidad en la agenda pública con una visibilidad favorecida por la organización federal.

"No le resuelve la vida a nadie esta ley, pero es un logro tangible", plantea, haciendo foco en el vaso medio lleno.

Volviendo a México, de la actividad participaron tres argentinas, una cordobesa y una representante de CABA además de Bruno. "La agenda de la conferencia era cuidados y, en ese marco, queríamos incorporar el sistema de apoyos". ¿Por qué? "Yo, como persona adulta no necesito alguien que me cuide, necesito apoyos", grafica, y suma el ejemplo de una de las participantes que es madre de tres hijos y, como toda mujer, necesitó apoyo luego de los nacimientos. "Esto más allá de bregar porque las personas que cumplen con tareas de cuidados sean reconocidas con todos sus derechos".

¿Apoyos para qué? Para muchas actividades en las que puede requerirlos cualquier otra persona, pero también para suplir aquello que no está disponible. "Si una mujer ciega se hace un test de embarazo, algo tan íntimo, otra persona tiene que mirar el resultado; para cualquier usuaria en silla de ruedas es complicado subir a una camilla ginecológica y requiere que haga fuerza otra persona", explica.

"Necesitamos estar en las estadísticas y visibilizadas porque no sabemos cuántas mujeres con discapacidad no se hacen los chequeos o los atraviesan como un situación incómoda" y "precisamos que los feminismos puedan tomar este tema y para eso es necesaria la interseccionalidad". De ahí la importancia de la conferencia de México y, dentro de ella, el trabajo particular por temas de discapacidad.

El encuentro acercó al grupo de personas con discapacidad a referentes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que empujó definiciones que significan un avance (aunque siempre se puede ir por más). Por ejemplo, sobre el derecho a recibir cuidados de las personas con discapacidad y con enfermedades graves, crónicas o que comprometan la independencia y que demanden la prestación de cuidados.

En ese punto se estableció que (..) "a partir de un enfoque social de la discapacidad, basado en los derechos humanos, se reconoce la discapacidad como una construcción social que se produce en el contexto en el que se desenvuelven las personas con diversidad funcional -física, mental, intelectual o sensorial-, y no por esa condición en sí misma". A la luz de este enfoque, centrado en la independencia y autonomía de la persona con discapacidad, "la Corte Interamericana de DD.HH. sostuvo que la garantía del derecho al cuidado debe partir de las necesidades de 'apoyo' y no solo de 'atención', bajo el entendimiento de que el apoyo y cuidado que requieren las personas con discapacidad no es homogéneo, y debe basarse en el respeto a sus derechos a la autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencia".

En ese sentido, "destacó que los Estados deben reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, y no como receptores pasivos de cuidado".

La declaración final llegó con el compromiso de Tlatelolco, en el que se reconoce y garantiza (inciso 30) el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía e independencia, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, mediante la adopción e implementación de políticas, servicios e infraestructuras públicas accesibles, asequibles y no discriminatorias, que transversalicen el enfoque de género y que aseguren su derecho al cuidado, a cuidar y al autocuidado, teniendo en cuenta sus necesidades específicas, incluido el uso de ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos, tecnologías y otras formas de apoyo, en línea con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en consulta con las personas con discapacidad".

También incorpora la perspectiva de género y la garantía de los derechos de las mujeres, "incluidas las que viven con enfermedades raras que puedan dar lugar a discapacidades, en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales".

Mientras se desarrollaba la actividad en tierras de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mexicana, en Santa Fe se debatía la reforma de la Constitución Provincial, que trajo novedades en materia de derechos y garantías, y medidas de acción positivas.

El flamante artículo 13 establece que "la Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación. E incluye en el inciso 5 "la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables con enfoque de diseño universal y accesibilidad".

Mauro L. Muñoz

Proyectos para visibilizar el espectro autista y favorecer la accesibilidad en transporte estuvieron sobre la mesa de la comisión de Discapacidad de Diputados. Sin embargo, acaparó toda la atención la promulgación de la Emergencia en Discapacidad y el funcionamiento de ANDIS, actualmente intervenida por Alejandro Vilches tras las denuncias de corrupción por las que el gobierno desplazó a su extitular, Diego Spagnuolo.

La cita parlamentaria tuvo lugar este martes, tan solo horas después de que el Congreso comunicara formalmente al Poder Ejecutivo la sanción definitiva de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, que se impuso el último jueves en el Senado por insistencia dejando firme el rechazo al veto presidencial.

En medio del cimbronazo político que significó el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional evalúa todavía si judicializa o no la norma, tal como lo había anticipado Javier Milei. Por el momento, la oposición exige que sea aplicada de inmediato ya que aseguran no existe sustento judicial para demorarla, por lo que se deberían destinar las partidas implicadas.

“La ley ya es ley y tienen que ponerla en marcha rápidamente”, sostuvo el presidente de la comisión, Daniel Arroyo (UxP), al abrir la reunión, señalando que el primer paso es la reasignación de partidas presupuestarias a la ANDIS. "El Jefe de Gabinete debe hacer lo que básicamente hace todos los días ya que no hay presupuesto, sacando de una partida presupuestaria y poniendo en otra", apuntó.

Con la firma de Victoria Villarruel, el Senado comunicó al Ejecutivo el rechazo al veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad.

El segundo paso, en palabras de Arroyo, es retrotraer el nomenclador de prestaciones a valores previos a la devaluación: "Es muy sencillo, es ir para atrás a diciembre del 2023 con el nomenclador, antes que tuviéramos 120% de inflación. Claramente, va a reordenar un nomenclador que hoy está trabado, afectando a familias y personas con discapacidad que no están pudiendo acceder a traslados, medicamentos, terapias, y complicando el funcionando de hogares y centros de día".

Arroyo advirtió, a su vez, que la puesta en marcha de la norma no impide que continúen las cuestionadas auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral, pero sí advirtió que obliga a focalizarlas en casos con problemas detectados y no en un proceso masivo que aseguran terminó afectando a miles de personas con discapacidad por irregularidades en la citación.

En ese sentido, indicó como tercer y último punto de la Emergencia en Discapacidad respecto a que se tome como lenguaje la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad, destinado a que "ningún gobierno, ni este, ni los próximos veinte, puedan maltratar a las personas con discapacidad de sus familias, imperando el respeto en términos prácticos".

En la reunión se pasaron a la firma una serie de iniciativas de distintos bloques que apuntaron, principalmente, al funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre ellas, declaraciones como el de Victoria Tolosa Paz (UxP) y proyectos de resolución como el impulsado por el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) que apuntan a que se restituyan las pensiones no contributivas suspendidas por las auditorías.

En ese sentido, Tolosa Paz reclamó que en la próxima sesión se rechace el decreto 843/24, donde dijo que “se metió de fondo la mano de (Federico) Sturzenegger”, e insistió en “voltear en la próxima sesión el decreto infame que permitió este descalabro con las personas con discapacidad”.

Durante la reunión, la Comisión avaló diversas iniciativas que apuntan a la ANDIS. Foto: HCDN.

Por otra parte, se pasó a la firma el proyecto de resolución del tucumano Roberto Sánchez (UCR) solicitando informes sobre las contrataciones irregulares de la ANDIS, en línea con las denuncias judiciales por retornos en la compra de medicamentos. Y también otra iniciativa de Eduardo Valdés (UxP) para exigir explicaciones sobre el destino de los recursos ahorrados con las bajas de pensiones.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a reestructurar la conducción de la ANDIS, establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UxP), informó que se aceptaron cambios sobre el texto original, por lo que la propuesta será acompañada por otros bloques opositores y quedó a la firma con modificaciones técnicas. “Elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”, señaló el legislador.

Más allá de los expedientes vinculados a la ANDIS, la comisión avanzó en proyectos de concientización y accesibilidad, como la creación del "Programa Banco Azul" y la modificación del símbolo de discapacidad en automotores, en línea con estándares internacionales.

En la reunión se avanzó también en proyectos para visibilizar el TEA y de accesibilidad en automotores para personas con discapacidad. Foto: HCDN.

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto promover la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. La diputada Eugenia Alianiello (UxP), como autora de la iniciativa, explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Más adelante, Jorge Chica (UxP) explicó el proyecto de su autoría acerca de los automotores para discapacitados - Ley 19279 – que apunta a modificar el artículo 12 sobre identificación con el Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal. La norma también logró el acompañamiento de sus pares. “Representa la igualdad de condiciones, siendo un símbolo que nos ayuda a educar, pero sobre todo a concientizar a nuestra sociedad”, afirmó y, en el mismo sentido agregó: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”

Por otra parte, los legisladores avalaron el proyecto de la diputada Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre) para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el XI Congreso Internacional Biomédico sobre autismo y desafíos del neurodesarrollo – Bioactitud 2025, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Senado de la Nación aprobó la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad para rechazar el veto de Javier Milei, en medio del escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese marco el senador por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, anunció la presentación de un proyecto que, entre otros puntos, pide la suspensión de las auditorías y la restitución de las pensiones quitadas. Además recordó otras iniciativas propuestas desde el año pasado.

Desde hace varios meses el legislador viene trabajando en conjunto con los sectores de la discapacidad. En ese marco explicó: "Esta semana presentamos un proyecto de resolución solicitando la suspensión inmediata de las auditorías que ese organismo viene realizando respecto a las pensiones no contributivas. Además, ante las irregularidades que se están dando, pedimos la restitución de la totalidad de las pensiones que hayan sido quitadas". "Hemos presentado muchos proyectos desde el año pasado: la suspensión de las auditorías, citamos al Ministro de Salud y al Director Ejecutivo de ANDIS, presentamos un proyecto para la creación de la comisión de discapacidad aquí en el Senado, hemos pedido la nómina completa de las personas con discapacidad", citó el legislador.

Proyecto de resolución

"Hace varios meses que venimos escuchando la problemática y la gran lucha vienen dando fundamentalmente los familiares de las personas con discapacidad ante el ajuste inhumano que les aplicó el gobierno nacional. Por eso, si piensan que el Estado solamente tiene que hablar de números, y no de las personas, no deberían estar en política, deberían estar al frente de una empresa manejando un balance, pero acá lo que se cuenta son las personas y estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, cuando se habla solamente de números y además se miente con los números, es mucho más grave", sostuvo.

En ese marco, Lewandowski ratificó su compromiso y sostuvo: "Acá hay crueldad por dónde se lo mire, ya ni hablo de la falta de empatía porque no se puede hablar de motosierra en el lugar de donde estamos hablando". "Meses atrás citamos en el Senado al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y al Ministro de Salud para que expliquen el estado de la situación. Nunca vinieron ni brindaron ningún tipo de explicación", resaltó.

Por último el legislador santafesino sostuvo: "Al ex titular de ANDIS, Spagnuolo, lo eyectaron del cargo por los audios que se escucharon, audios de coima justamente en ese lugar, que refiere a las personas con discapacidad". Y afirmó que con el ajuste y estos audios es evidente que "desde el gobierno nacional no solamente generaron la motosierra sino también una aspiradora de recursos del Estado".

Por Nancy Balza

El Senado nacional se reúne desde minutos después de las 11 de la mañana con dos temas principales en agenda: el rechazo al veto presidencial a la ley que estableció la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, que quedó habilitado por una sobrada cantidad de legisladores (62 positivos contra 8 negativos), y la modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia para poner límites a ese recurso del que hizo múltiple uso el Ejecutivo actual.

Sin dudas, es una agenda incómoda (eufemismo de uso generalizado en las últimas crónicas parlamentarias) para el gobierno de Javier Milei quien, luego de cerrar la campaña electoral en territorio bonaerense este miércoles por la noche, viajó a Los Ángeles.

En el caso de la emergencia, si el Senado logra la insistencia, será el primer rechazo de un veto total en 22 años.

Sin embargo, mucho antes de llegar al núcleo de la reunión en la Cámara alta que está presidida por Bartolomé Abdala (Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo en ausencia del Presidente), y como la realidad cambia y la gravedad de algunos hechos crece con los días, senadoras y senadores plantearon fuertes críticas, bajo la figura de cuestiones de privilegio, ante lo que se interpreta como un claro avance del gobierno nacional sobre la libertad de prensa. Esto a partir del fallo que prohibió hacer públicos audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. En lo que se considera un caso de “censura previa”.

Hubo pronunciamientos de distintas bancadas y una opinión compartida sobre la importancia de garantizar la libertad de expresión desde “todos y cada uno de los poderes del Estado”, tal cual sostuvo la santafesina, y también periodista, Carolina Losada.

Para el trabajo en comisiones quedarán temas complicados: uno de ellos es el pedido de Sergio Leavy (Salta-Unidad Ciudadana) para interpelar a Karina Milei a fin de que aclare el tema de los audios atribuidos al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se denuncia un entramado de coimas y sobreprecios.

Mauro L. Muñoz

Este martes se volvió a reunir la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde se trataron distintos proyectos que involucran al Poder Ejecutivo por la situación en la Agencia Nacional de Discapacidad, tras el desplazamiento de su extitular Diego Spagnuolo.

Presidida por Daniel Arroyo (UxP), la comisión unificó proyectos que giró a Asuntos Constitucionales en los que solicita el tratamiento de interpelaciones y solicita informes vinculados a la difusión de audios, en los que se expone un supuesto entramado de compras irregulares en el organismo que implica a funcionarios en sobornos.

Asimismo, Arroyo anticipó que la próxima semana volverán a reunirse para avanzar con un proyecto que disponga la restitución de las pensiones suspendidas a través de las auditorías realizadas durante la gestión de Spagnuolo, además de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS, que el gobierno decidió intervenir tras las denuncias de corrupción.

El bloque de solicitudes lo encabezaron textos presentados por Esteban Paulón (EF) y Sabrina Selva (UxP), entre otros, con eje sobre los motivos del apartamiento de Spagnuolo, las contrataciones de medicamentos con la droguería Suizo Argentina, criterios de auditorías que derivaron en las suspensiones, roles de autoridades de la secretaría general de la Presidencia y del ministerio de Salud.

El camino reglamentario apunta a la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el bloque libertario a través de la presidencia del santafesino Nicolás Mayoraz. Si no se da trámite, la oposición anticipó que buscará -tal como en anteriores oportunidades- el emplazamiento en el recinto. Y si no prospera la interpelación, tal como ocurrió con el caso de la criptomoneda $Libra, anticiparon la constitución de una comisión investigadora, que habilite los requerimientos de comparecencia.

En paralelo, la reunión dejó perfiladas otras dos líneas legislativas que la oposición busca impulsar. En primer lugar, donde más apuntaron el conjunto de diputados, fue sobre la restitución de pensiones suspendidas por fallas de notificación.

Arroyo, como presidente de la comisión y autor del proyecto de Emergencia en Discapacidad, marcó el tono del debate: “Se dieron de baja 111 mil pensiones; 90 mil se suspendieron por un problema de domicilio. Los telegramas no llegaron a destino. Lo lógico es que esas 90 mil suspensiones se vuelvan a dar de alta”, apuntó.

El núcleo de la iniciativa es revertir los efectos de una auditoría que, según relataron los diputados, arrastró graves problemas en su operatividad, con citaciones mal realizadas y en sedes alejadas de los domicilios, que derivó en la suspensión de ciento de miles de prestaciones a beneficiarios que no pudieron enterarse o no lograron trasladarse.

Por otra parte, se puso de manifiesto la intención de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS. Con un proyecto a cargo de Juan Marino (UxP), se propuso que la conducción del organismo pase a ser colegiada con representación de organizaciones de personas con discapacidad y de jurisdicciones, más órganos de control interno con voz y voto para seguimiento de licitaciones, presupuesto y beneficios. En esa línea, llamó a que se haga una "depuración democrática", para que "las organizaciones de discapacidad tengan incidencia en quién lleva adelante la conducción del ANDIS".

La oposición acordó volver a reunirse la semana próxima con un objetivo operativo: dictaminar los proyectos de informes y avanzar con un texto específico que ordene la restitución inmediata de las pensiones suspendidas por fallas de notificación, además de abrir el capítulo de una reforma de la ANDIS.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue corrido de su cargo de forma "preventiva" y "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Así lo definió el gobierno de Javier Milei, que se vio forzado a la decisión luego de la filtración de un audio con su voz, en el cual se evidencia una presunta red de coimas en la compra de medicamentos.

La “limitación” se confirmó en el Boletín Oficial de este jueves con la publicación del Decreto 599/2025, donde además se corrió a Daniel María Garbellini, Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS.

“Que la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del ESTADO NACIONAL, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública”, agrega el texto oficial en un pasaje.

La medida se da en la misma jornada en la cual la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso.

“Si hay algo que no le importa a la oposición rancia, responsable de la destrucción de la Argentina en las últimas décadas, son los jubilados”, escribió en X en consonancia el portavoz de la presidencia.

Los archivos compartidos por el programa Data Clave de C5N muestran una voz adjudicada a Spagnuolo diciendo: "Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina'”.

"¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?" y agrega la voz y comenta: "Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?".

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

Nuevo interventor: El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.

Anuncio inminente: Se informará "en las próximas horas" el nombre de la persona que quedará a cargo del organismo como interventor.

Objetivo declarado: El fin de la intervención, según el comunicado oficial, es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.

Decreto 599/2025 by El Litoral

La Justicia Federal le propinó un revés al gobierno nacional al declarar la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal de Campana, responde a una acción de amparo y, si bien sus efectos se limitan al caso particular, establece un importante precedente judicial.

La decisión judicial declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793.

De la decisión se desprende que, tal como lo señaló la periodista Vanesa Petrillo al difundir el fallo, aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general, aunque sienta precedente contra el decreto presidencial.

La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa.

Amparo a favor: La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.

Orden a la obra social: El fallo ordena que se comunique a la obra social de dos menores (B.N. e Y.N.) para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos.

Costas a cargo del Estado: El juez impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.

Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.