La Dirección de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Venado Tuerto dispuso la clausura preventiva de un almacén ubicado en Cabral al 500, luego de detectar una extensa serie de irregularidades vinculadas con la conservación, manipulación y comercialización de alimentos.

El procedimiento se inició a partir de dos denuncias recibidas por el municipio. Una advertía sobre la venta de productos vencidos y otra hacía referencia a viandas sin identificación ni información sobre su elaboración. Según confirmó el director de Seguridad Alimentaria, Adrián Panozzo Zenere, una de esas denuncias fue realizada por una persona que manifestó haberse sentido mal después de consumir una de las comidas comercializadas en el lugar.

“Cuando llegamos constatamos que todas las denuncias eran correctas”, explicó el funcionario. Durante la inspección encontraron productos con fechas de vencimiento correspondientes a 2022, 2023 y 2024, además de otros envases en los que la fecha había sido borrada o modificada.

La magnitud de la mercadería obligó a extender la inspección durante varias horas.

Panozzo Zenere detalló que el personal municipal ingresó al comercio alrededor de las 8.30 y terminó las actuaciones cerca de las 14.

“Revisamos absolutamente todo”, señaló, encontrando “alimentos vencidos y falsificados”, es decir “cuando se borra o modifica su fecha de vencimiento”.

Uno de los puntos que mayor preocupación generó fue la comercialización de viandas sin rotulación ni datos sobre su procedencia.

De acuerdo con el responsable del área, los alimentos eran exhibidos a temperatura ambiente cuando debían permanecer refrigerados. Además, se encontraron viandas congeladas que evidenciaban una interrupción previa de la cadena de frío.

“No sabíamos quién las elaboraba ni dónde se hacían. Si no nos informan quién es el elaborador, el responsable pasa a ser quien las está vendiendo”, indicó Panozzo Zenere.

El director recordó que las viandas deben contar con un rótulo que permita identificar el lugar de elaboración y disponer de una fecha de vencimiento. También señaló que, desde el momento en que son preparadas, su vida útil es de cinco días siempre que se mantengan correctamente refrigeradas.

Además, el establecimiento elaborador debe estar habilitado y cumplir condiciones vinculadas con agua potable, higiene, seguridad y manipulación de alimentos.

Durante la inspección también se constató la presencia de carne cruda junto a alimentos listos para consumir, una situación que puede provocar contaminación cruzada.

A esto se sumaron suciedad en heladeras y freezers, alimentos apoyados directamente sobre el piso y la falta de controles adecuados de conservación.

Entre los productos decomisados había alimentos secos y otros considerados de mayor riesgo sanitario, como hamburguesas, salchichas, milanesas y costeletas de cerdo.

También se retiraron enlatados, puré de tomate, snacks, galletitas, yerba y bebidas vencidas.

Panozzo Zenere puso como ejemplo un paquete de yerba cuya fecha de vencimiento correspondía a 2022 y explicó que, aun en alimentos considerados de menor riesgo, una conservación prolongada e inadecuada puede generar deterioro, humedad, hongos y consecuencias para la salud.

En total, la Dirección de Seguridad Alimentaria retiró 160 kilos de alimentos, de los cuales aproximadamente 10 kilos correspondían a viandas listas para consumir.

Toda la mercadería fue inutilizada en el mismo lugar antes de su disposición final.

“Rompimos todos los envases, los colocamos dentro de bolsas y les incorporamos un líquido que da olor y sabor desagradable para evitar que alguien pueda volver a acceder a esos alimentos”, explicó el funcionario.

El procedimiento se realizó de manera coordinada con la Secretaría de Servicios Públicos para asegurar que los productos no regresaran al circuito de consumo.

Además de las irregularidades encontradas en los alimentos, los inspectores comprobaron que el almacén funcionaba sin habilitación municipal, sin control de plagas y sin carnet de manipulación de alimentos.

Frente a ese escenario, Panozzo Zenere decidió disponer la clausura preventiva.

“Estaba infringiendo absolutamente todo. Si hacíamos el acta y nos retirábamos, esta persona iba a seguir vendiendo. La idea es que pare, se ordene y después pueda encauzar la situación”, expresó.

Las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Faltas. El acta confeccionada consta de 11 anexos, donde quedaron detallados los productos retirados, cantidades e imágenes que respaldan la intervención municipal.

La eventual reapertura dependerá de que el responsable regularice su situación, avance con la habilitación correspondiente y cumpla las condiciones exigidas para comercializar alimentos.

El director de Seguridad Alimentaria señaló además que en las últimas semanas se registró un incremento en la cantidad de denuncias vinculadas con comercios alimenticios.

En el caso del almacén de Cabral al 500, la advertencia fue recibida el lunes y el operativo se realizó al día siguiente.

“Les pedimos a los vecinos que sigan realizando las denuncias, porque eso nos permite llegar a los lugares y garantizar que los alimentos que consumen sean seguros”, remarcó Panozzo Zenere.

Equipos del Gobierno de Venado Tuerto realizaron nuevos operativos en el marco del programa de retiro de vehículos abandonados en la vía pública iniciado el año pasado.  

Tal como ocurre en cada uno de los procedimientos, los propietarios de los automóviles se encontraban previamente notificados, y debido a que no procedieron al retiro de las unidades en el plazo convenido se tuvo que actuar conforme lo dispone la normativa. 

Sobre los operativos del viernes, el director de Inspección General y Seguridad Alimentaria, Stéfano Quaglia, informó que personal del área acompañado por agentes de la Dirección de Tránsito y de la Policía provincial, secuestraron un vehículo abandonado en Santiago Brett al 700 y otros dos en Pasaje Solís al 1000. 

Vale destacar que la normativa vigente establece que el plazo para retirar la unidad, a partir de la notificación oficial, son diez días corridos. Ahora, los infractores disponen de un plazo de 20 días para presentar la documentación que acredite la propiedad del vehículo ante el Tribunal de Faltas.  

Es importe recordar a los titulares de los vehículos que son removidos de la vía pública que luego de transcurridos seis meses la unidad ingresa en el listado oficial del Programa Nacional de Compactación.