La Legislatura sancionó este jueves otras dos leyes del paquete de las normas sobre seguridad pública que remitió el Poder Ejecutivo a las cámaras: una ley que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad y la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad. Ambos temas fueron considerados en la misma jornada por las dos cámaras y en el caso de la primera, Diputados introdujo algunas reformas al texto aprobado por el Senado siete días atrás. A los pocos minutos, la Cámara Alta convalidó los cambios y convirtió en ley ese mensaje.

Ahora le resta a la Legislatura el acuerdo para otros proyectos como la creación de una agencia de inteligencia; las reformas al Código Procesal Penal y a los principales institutos: el Ministerio Público de la Acusación y el Sistema de la Defensa Pública, temas donde todavía no están logrados los consensos suficientes para votarlos en el recinto.

"Es una herramienta que sumamos a las votadas siete días atrás para organizar el Estado y recomponer la autoridad en la batalla contra la violencia y el narcotráfico", afirmó José Corral (UCR - Unidos) al presentar en el recinto el texto a votar sobre la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. "Venimos a cumplir con el compromiso de campaña de nuestro gobernador, de legislar para mejorar la política de seguridad" agregó el miembro informante de la mayoría. Los diputados oficialistas aceptaron algunas modificaciones solicitadas por el justicialismo y por Unite para consolidar una sólida mayoría a la hora de votar. Solo se abstuvieron los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía y los dos de Viva la Libertad.

Corral explicó los alcances de la ley, los objetivos e incluso se detuvo en el capítulo especial referido a los detenidos de alta peligrosidad. "Es una ley basada en el conocimiento de nuestro gobernador que fue ministro de Seguridad y del ministro actual que estuvo al frente del Servicio Penitenciario", advirtió. Valoró los aportes introducidos por algunas legisladoras de Unidos e incluso de Celia Arena (PJ) y de Emiliano Peralta (Unite),

Enseguida Lucila De Ponti (PJ) destacó el camino del diálogo en el proyecto y lo contrapuso a la actuación del oficialismo siete días antes que avanzó con proyectos sin debate en comisiones. "Es saludable esta discusión, darle herramientas a la justicia más allá de algunos reparos que podemos tener con el capítulo de alta peligrosidad. Su par, Verónica Baró Graf también valoró el debate y subrayó que lograron la inclusión de que las víctimas puedan ser escuchadas en esta norma.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías estuvieron puliendo la letra chica de la ley hasta el inicio de la sesión con la mirada atenta del Senado para aceptar los cambios. Después, en el recinto la Comisión de Presupuesto y Hacienda hizo el dictamen y lo firmó en un cuarto intermedio.

El proyecto sancionado regula los institutos propios del régimen de progresividad, incluso las salidas transitorias y semilibertad, con relativa autonomía de la legislación nacional vigente en la materia. El Poder Ejecutivo entendió que "el acople normativo es necesario y buscado por el texto, a punto tal que se toma como base para el cálculo de las principales etapas la fecha estimada de puesta en libertad según la legislación de fondo".

En cuanto a los institutos de soltura anticipada, guardan proporción con las normas nacionales que regulan la libertad condicional y la libertad asistida, evitando la salida anticipada de condenados no susceptibles de liberación bajo estos títulos, con el riesgo agravado de incumplimiento que la falta de perspectivas liberatorias previsiblemente genera.

La norma incorpora el régimen de internos de alto perfil, que hasta ahora tiene una base normativa de carácter meramente reglamentario. Además crea la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, organismo que concentrará las apelaciones en materia de ejecución penal y hábeas corpus, y tendrá competencia consultiva para anticipar criterios de interpretación y aplicación de la ley penal-ejecutiva. Este artículo fue votado en contra por la bancada justicialista entendiendo que genera un mayor gasto y choca con otras normas.

"El régimen penitenciario será progresivo, y estará segmentado en períodos que implicarán sucesivamente mayores niveles de autodeterminación personal. El avance a través de dichos períodos, y en particular el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, estará supeditado al activo involucramiento en el programa de tratamiento y a la reducción comprobable del riesgo de reiteración delictiva", dice el artículo 6.

Dispone además que los regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida y prisión domiciliaria, como así también las medidas no privativas de libertad o de atenuación de la coerción serán supervisadas por la Agencia de Medidas no Privativas de Libertad, creada por otra ley dictada este jueves.

Un artículo dispone que la administración penitenciaria proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a la estación, si éste no tuviere, para usarla en el interior del establecimiento y también regula normas de alimentación. También se ocupa de reglar las faltas y las sanciones por cometer faltas por parte de los internos. Otro del régimen de visitas y de comunicaciones.

Plenario

Un plenario de cuatro comisiones fue convocada para el miércoles próximo en la Cámara de Diputados para buscar un dictamen sobre otro proyecto en materia de seguridad. Es la propuesta del Poder Ejecutivo para regular la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito. El tema tiene controversias incluso dentro de Unidos mientras que los bloques de la oposición sugieren algunos cambios al mensaje.

Alto perfil

El capítulo 11 de la ley apunta a las normas de trato para los internos de alto perfil, definiendo como tal a aquellos internos que hayan tenido participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas y/o ligadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos, o en hechos de violencia hacia particulares fuera de su lugar de alojamiento, por sí o por medio de allegados u organizaciones criminales. También a aquellos con antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria, participación en motín o tumulto o con disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas.

No ha habido ni habrá actos administrativos relevantes hasta el próximo martes, en el marco del concurso con el que se pretenden renovar las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Sí, el gobierno provincial define por estas horas la estrategia con la que esperará a la oposición el próximo martes. Ese día, funcionarios del Poder Ejecutivo recibirán a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para despejar dudas y sospechas pero también, para ratificar el proceso.

Según pudo saber El Litoral, el gobierno sostendrá el procedimiento y defenderá su continuidad, ofreciendo “medidas excepcionales” de claridad y transparencia. En ese orden se menciona, por ejemplo, que la realización del sorteo para completar las vacantes que se hayan generado en el cuerpo evaluador, sea comunicada con la suficiente antelación para que quien lo desee, pueda presenciarlo.

Ello tropezará con la postura que llevarán algunos referentes de la oposición, sobre todo del radicalismo, quienes plantearán que el jurado debe ser constituido nuevamente en su totalidad. Plantean borrón y cuenta nueva; que renuncien todos y se vuelva a integrar de común acuerdo. Para intentar limar asperezas, la Casa Gris está entablando contactos y mantendrá diálogo con algunos legisladores de aquí al martes.

Hasta aquí, por renuncias, excusaciones y recusaciones, nueve integrantes del jurado original dieron un paso al costado. En el caso de las dimisiones, siempre se argumentan “razones personales”. Lo cierto es que la escalada de bajas en el cuerpo evaluador comenzó a generarse después de que se difundiese un audio en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain, que compromete al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.

El concurso estuvo inmerso en una fuerte tensión con la oposición desde sus inicios, pero la difusión del audio aludido elevó los decibeles de la discusión a la que se sumaron, incluso, otros actores institucionales. Fue así que por decreto, se decidió apartar a Somaglia del procedimiento. Pero ello no fue suficiente para acallar la polémica. La oposición cerró filas y estuvo a punto de pedir la interpelación de la ministra de Gobierno, Celia Arena; y del fiscal de Estado, Rubén Weder. Ambos quedaron a cargo del proceso tras el apartamiento de Somaglia. Y si no se avanzó con ese trámite legislativo, fue porque el gobierno logró desactivarlo a partir de la invitación a la oposición para conversar el próximo martes.

Fuentes del gobierno consultadas por El Litoral aseguraron que desde el punto de vista jurídico, el concurso “no está impugnado”; y acotaron que el propio reglamento establece cómo proceder para salvar la situación derivada de las renuncias y las respectivas vacantes. Pese a ello, se admite que una decisión política puede frenar y hasta hacer caer el trámite.

Tras la inscripción de los postulantes y la presentación de los planes de trabajo, el Consejo de la Magistratura debe avanzar aún en la admisibilidad de los interesados. Esto implica un análisis de los datos y requisitos objetivos de cada participante – título, años en la magistratura o en la profesión, por ejemplo- para “admitirlos” en el proceso. Posteriormente, el jurado deberá tomar las entrevistas pero antes, deberán ser cubiertas las vacantes. Restan resolver también las excusaciones y recusaciones formuladas en el marco del proceso.

En las últimas horas, se sumó a los de la semana pasada, el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Rosario. La institución se ofrece como anfitriona de una “mesa de diálogo” con todos los actores, que permita garantizar la continuidad del proceso con transparencia.

Las diputadas provinciales Georgina Orciani y Silvia Ciancio, impulsan un proyecto de ley para que al momento de producirse por cualquier motivo la vacancia de un registro, el adjunto pueda continuar como titular. El fin es que no se llame a concurso cuando se acrediten cinco años de antigüedad ininterrumpida en ese registro -por parte del adjunto- contados desde la fecha en que autorizó la primera escritura.

Además, hacen hincapié en que los profesionales no deben haber incurrido en faltas que motivaran la aplicación de medidas disciplinarias que conlleven la suspensión en el ejercicio de sus funciones. La ley vigente, plantea que ante una situación de este tipo, un escribano adjunto se desempeñe como regente interino hasta que ese registro se titularice.

“En la práctica se transforma en una injusticia dado que el adjunto debe postularse a la titularidad en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, contando solamente en su haber con la prioridad de tener los mayores puntajes”, explicaron las legisladoras radicales.

En esta línea, aclararon que “es una manera de brindar estabilidad laboral al profesional que viene demostrando su idoneidad para ocupar la vacante”, al mismo tiempo que destacaron que Santa Fe está lejos de ser pionera en esto ya que existen numerosos antecedentes legislativos en la mayoría de las provincias del país.

Orciani y Ciancio coincidieron en que volver a someter a estos profesionales a concurso para acceder a la titularidad, del mismo registro donde actúan, “es un despropósito y genera una situación de desigualdad”.

“La defensa los derechos de nuestros jóvenes profesionales que vienen capacitándose durante muchos años y desempeñan una tarea muy importante en la sociedad, es una de las tareas que las y los diputados no podemos perder de vista”, concluyeron las legisladoras que integran el bloque UCR Evolución liderado por Maxi Pullaro.

Ordenamiento en el ámbito de los escribanos. Diputadas Orciani y Ciancio