Polémica en Bolivia por un proyecto de ley que propone la esterilización obligatoria a mujeres en situación de calle.

La iniciativa fue presentada por el diputado Néstor Rodríguez, del bloque Unidad, y argumentó que busca favorecer la reinserción social de personas en situación de calle y atender especialmente a mujeres que consumen drogas o inhalantes y tienen hijos en la calle.

El texto establece que cualquier procedimiento deberá contar con consentimiento libre, previo e informado, pero prevé que, una vez agotadas las instancias pertinentes, la esterilización pueda volverse obligatoria y realizarse bajo control judicial según el artículo 15 del proyecto.

El diputado Rodríguez indicó que la propuesta responde a la situación de mujeres y bebés que inhalan clefa y que la eventual intervención estaría precedida por evaluaciones médicas y psicológicas y por la revisión de la historia clínica antes del procedimiento.

La Defensoría del Pueblo rechazó el proyecto y advirtió que la esterilización obligatoria representa un retroceso en materia de derechos humanos, ya que vulneraría derechos vinculados con la autonomía, la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos.

El proyecto será revisado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, mientras defensores y activistas continúan exigiendo su archivo para evitar una vulneración institucional de derechos.

Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, afirmó que no puede imponerse a las mujeres un procedimiento de esterilización y recordó experiencias históricas denunciadas en las décadas de 1960 y 1970 que involucraron prácticas de esterilización forzada.

La institución estableció contacto con el legislador y promovió un espacio de diálogo para socializar estándares nacionales e internacionales, y solicitó al Legislativo descartar cualquier propuesta que suponga vulneración de la dignidad humana.

Organizaciones de derechos humanos y activistas expresaron su rechazo y preocupación, señalando que la medida puede constituir una vulneración de derechos fundamentales y recordar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre decisiones reproductivas.

Las organizaciones instan al Estado a respetar la Constitución y estándares internacionales, promoviendo políticas inclusivas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres sin hogar. Foto: REUTERS / Claudia Morales.

Patricia Flores, comunicadora y activista feminista, dijo que la propuesta es inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana y calificó la iniciativa como una suerte de limpieza étnica al dirigir la mirada a mujeres indígenas en situación de calle.

Las organizaciones exhortaron al Estado a actuar conforme a la Constitución y a los estándares internacionales y reclamaron políticas públicas que no limiten derechos sino que protejan inclusión y condiciones de vida digna para mujeres en situación de calle.

El proyecto debe ser analizado en primera instancia en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la Defensoría y agrupaciones mantienen el rechazo y piden que la iniciativa sea archivada para evitar una vulneración institucional de derechos.