Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este lunes la pena de 12 años de prisión parar la vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también requirió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a “instituciones de bien público”.

El fiscal Diego Luciani durante su alegato.

“El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados”, proclamó. Luciani reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, enfatizó.

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”.

Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.

Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

El fiscal federal Sergio Mola dijo hoy que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de 5.321 millones de pesos, que equivalen a 926 millones de dólares. Así lo expuso en un tramo de la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía en la que harán el pedido de condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, y el resto de los 12 acusados.

Mola terminó de analizar la parte económica de las irregularidades de las 51 obras que recibieron las empresas de Báez y concluyó que el fraude al estado fue de 5.321.049.272,47 de pesos. Para eso se apoyó en una planilla donde describió cada una de las obras y el monto del perjuicio.

En esta última audiencia Cristina Kichner no estuvo presente ya que fue autorizada por el Tribunal Oral Federal 2 a no estar en la etapa de alegatos por sus funciones institucionales como vicepresidente.

Mola inició el alegato con el análisis de la situación de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz respecto del delito de administración fraudulenta. Relató como a criterio de la Fiscalía los ex funcionarios incumplieron sus funciones en los controles al empresario Báez.

“A esta altura no es creíble que Abel Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”, dijo Mola sobre quien era funcionario de Planificación.

Al final de la jornada está previsto que los fiscales hagan el pedido de pena para todos los acusados. El fiscal Diego Luciani acusó el viernes pasado a la vicepresidente de ser la jefa de una asociación ilícita. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, sostuvo Luciani. La Fiscalía también dijo que formaron parte de la asociación ilícita el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.

La expectativa para hoy estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina Kirchner. Puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos porque esa pena está prevista para el fraude en perjuicio de la administración pública.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo Luciani en su primera audiencia, el 1 de agosto.

Los acusados en el juicio son 12: Cristina Kirchner, Báez, De Vido, Fatala, López, Periotti, Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. La Fiscalía desvinculó a Carlos Kirchner del delito de asociación ilícita porque sostuvo que no se demostró su participación.

Cuando finalicen los alegatos de la Fiscalía será el turno de las defensas. Cada una de las 13 tendrá tres audiencias para exponer su postura. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del Tribunal es dar a conocer su veredicto antes de fin de año.

En la audiencia de hoy se sumó un anuncio sorpresivo de Cristina Kirchner. Por su cuenta de la red social Twitter anunció que quiere declarar mañana. “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.

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El fiscal Federal Diego Luciani inicio este lunes su alegato en la causa Obra Pública y denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Luciani, además, fustigo a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la “profusa prueba” producida durante el debate.

“Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz”, disparó de movida el representante del Ministerio Público Fiscal.

Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su “amigo Lázaro Báez” como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas y Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente.

También integran la lista de juzgados: Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

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