El pleno de la Cámara de Senadores de México aprobó este miércoles un acuerdo para que en cuanto llegue la reforma para ajustar la jornada de trabajo semanal a 40 horas, ésta se envié de inmediato a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social.

La reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se aprobó este miércoles en lo general y en lo particular en el Senado de la República con el aval de legisladores de fuerzas políticas de oposición.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Reuters.

Sin embargo, 15 legisladores de la oposición que votaron en contra del dictamen, acusaron que la reforma debería incluir de manera explícita que por cada cinco días de trabajo debería haber dos de descanso. Esto no se contempla en la reforma aprobada en la Cámara alta.

Mientras el Senado de la República se encontraba inmerso en la discusión de dicha reforma, en la Cámara de Diputados, se aprobó el acuerdo, para que en cuanto se reciba del Senado la Ley de las 40 horas, ésta se envié a las comisiones correspondientes para iniciar su proceso legislativo en San Lázaro.

La reforma laboral modifica el artículo 123 de la Constitución, para ajustar la jornada de trabajo de manera paulatina hasta 2030.

Es decir, en 2027 la jornada laboral bajará a 46 horas, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 horas, para culminar en 2030 a 40 horas laborales. Todo eso sin disminución salarial ni la reducción de derechos de las y los trabajadores.

Este mismo miércoles, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, instruyó a la Comisión que no se precipite para elaborar el dictamen.

La reforma será progresiva.

“Ahora que nos llegue la minuta, la indicación del presidente de la Junta de Coordinación Política, su servidor, es que no precipiten el dictamen, que den el término legal y que escuchen las comisiones a quienes quieran venir: trabajadores, organizaciones sindicales o patronales. Vamos a escucharlos con respeto”, explicó.

Hasta el momento no se tiene prevista una reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social para discutir la reforma de las 40 horas.

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana firmó, con amplio acuerdo, el texto a ingresar a la futura Constitución provincial sobre Malvinas. El texto tiene el aval de Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Fe mientras que La Libertad Avanza a través de Néstor Fandos cuestionó que no haya incorporado una sugerencia de su sector y, en principio, no firmó el dictamen.

"La Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes y su proyección antártica, por ser parte integrante del territorio nacional.

Islas Malvinas. Crédito: Beauchene Fishing Co.Ltd.

La recuperación de dichos territorios, la restitución de la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables.

La Provincia promueve e implementa políticas activas para la protección de los veteranos de guerra, así como políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa".

El dictamen de mayoría fue firmado por cuatro de los seis espacios. Foto: Convención Reformadora.

Son los tres párrafos acordados por amplia mayoría, firmado y luego la Comisión pasó a cuarto intermedio para avanzar en otros diez temas a dictaminar.

Fandos intentó que el texto también contenga el siguiente agregado: "Asimismo, garantiza el respeto a los símbolos patrios y a la bandera de la Provincia por medio del trato protocolar correspondiente". Desde el oficialismo se entendió que el agregado banaliza el tema Malvinas y no se le dio el respaldo.

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró este miércoles a la madrugada, con el respaldo de bloques opositores dialoguistas, emitir un dictamen favorable al proyecto de ley "Bases", con lo cual esa iniciativa estará habilitada para ser debatida en una sesión maratónica que se realizará este jueves y viernes.

El despacho se trataba en una tensa reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, conducida por los libertarios Guillermo Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y José Luis Espert de Avanza La Libertad.

En una sala colmada de diputados, asesores y periodistas del Anexo de Diputados, los legisladores trataron esta iniciativa que contempla una emergencia pública, privatizaciones, limitaciones a la protesta, aumento en retenciones, blanqueo de capitales y una reforma del Estado.

El oficialismo necesitaba tener mayoría en cada una de las tres comisiones que totalizan 115 miembros, con lo cual necesitaban que 57 diputados firmen algunos de los dictámenes, que finalmente consiguieron.

Bornoroni informó que el dictamen de mayoría cosechó unas 55 firmas de la Libertad Avanza, del Pro, de la UCR, Hacemos Coalición Federal, pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial.

La bancada de UXP presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo el proyecto oficial..

Las disidencias de los legisladores opositores dialoguistas que totalizaron 34 están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones.

Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley, en la votación en particular, como en el caso del ajuste de las jubilaciones, o el aumento de las retenciones agropecuarios del trigo, maíz, carne, soja, e industriales.

Las iniciativas se aprueban en general pero luego cada articulo debe ser aprobado en la discusión en particular.

Los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del Gen, que integran Hacemos, presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con la Libertad Avanza.

La izquierda también presentó su propio despacho contra la iniciativa.

Tras la firma del dictamen, el oficialismo pedirá una sesión especial para debatir desde el jueves el proyecto de ley.

"Tenemos que hacer lo que la Argentina necesita, entendemos la necesidad de la aprobación de este dictamen ahora y comenzar un proceso que deje atrás la decadencia en lo que los metió la política y empecemos un proyecto de crecimiento?, dijo, al abrir el debate, el libertario bonaerense Santiago Santurio.

El legislador agregó: "Nosotros no creemos que la política va a ser la solución, creemos que la solución son los ciudadanos. Necesitamos que el Estado nos quite el pie de encima a los argentinos, para que podamos trabajar, para que podamos emprender".

Por su parte, Martín Tetaz, de la UCR, expresó: "Tienen que haber muchas reformas pero debemos discutirlas con la profundad que se requieren".

"Tal vez hay formas distintas de expresarlo a lo largo de esta reunión, y en la forma de la firma o acompañamiento distinto del dictamen, pero estamos todos convencidos de apoyar las reformas que necesita el Gobierno al mismo tiempo que mantenemos nuestra posición muy firme en defensa de los jubilados, de los sectores productivos de la Argentina, de la división de poderes y el sistema republicano de Gobierno", agregó.

Por la Coalición Cívica, dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López apuntó: "No pudimos dar el debate porque la ley es inabordable en sesiones extraordinarias, por todo lo que propone, y por cosas que no propone y que queremos proponer. (Juan Bautista) Alberdi fue sabio, nos puso el artículo 29 de la Constitución para evitar la suma del poder público".

Por su parte, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó: "Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa que un congreso ha hecho a un ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de 8 ley Dromi."

"El corazón de este proyecto son las facultades delegadas, y todo lo que sacó Milei, lo va a poder hacer en función de las facultades delegadas.", agregó y señaló que "con esta ley pueden intervenir todo."

Desde la izquierda, Miriam Bregman dijo que en las últimas horas les entretuvieron haciendo "creer que hay una discusión entre el gobierno nacional y las provincias. Acá lo que se busca es gobernadores cómplices del Gobierno nacional. Acá la perjudicada va a ser la clase trabajadora del país, las niñeces que pierden derechos con esta ley. No hay un debate acá sobre gobernadores que pelean".

El sindicalista y diputado de Uxp, Sergio Palazzo, dijo que el oficialismo "necesita la oscuridad de la noche para llevar a cabo el robo más grande de la Argentina. Decidieron poner a la Argentina en venta. Reflexionen, ganar una elección no es una patente de impunidad para hacer lo que uno quiera", dijo el gremialista bancario".

En tanto, el radical Lisandro Nieri, dijo que "estamos procurando dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas que demanda para salir de esta tremenda crisis que le tocó al asumir el gobierno del país" y dijo que "afortunadamente se retiraron casi 140 artículos, muchos de los cuales podrán tener un tratamiento en ordinarias".

Por su parte, la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, dijo que"no vamos a acompañar el dictamen presentado por el oficialismo, el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco. Algunos creen en las fuerzas del cielo, nosotros creemos en la política, en el Estado, en las instituciones y en el comportamiento democrático par cumplir con el mandato social que es encontrar la solución a los problemas de los argentinos

El acuerdo es el corolario de una jornada plagada de reuniones de los bloques opositores dialoguistas que mantuvieron encuentros para analizar los diferentes escenarios, donde hasta esta tarde parecía que se inclinaban a presentar un dictamen propio que luego se desactivó con el consenso logrado con el oficialismo.

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de gobernadores.

En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos.

La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.

Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.

Otro punto acordado con el Gobierno está referido a la paritaria docente y allí se acordó que el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.

Además, se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social; y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.

En el dictamen de mayoría se mantiene el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año; y elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, entre otros puntos.

En cuanto a las privatizaciones, se eliminó del listado de empresas sujetas a privatización a la petrolera YPF, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

En cuanto al sistema electoral, "se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados".

De todos modos, el capítulo sobre financiamiento electoral se mantuvo en el borrador de dictamen promovido por el oficialismo que tiene objeciones de algunos de los bloques opositores.

El oficialismo mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del transito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas e un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía la iniciativa original.

También se sostiene la propuesta de permitir la legítima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.

En torno a Bienes Personales, se establece un beneficio para sujetos cumplidores y se modificó el artículo 24, que había sido objetado por la oposición.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves una serie de proyectos acordados entre el Frente de Todos (FdT) y los bloques opositores, entre los que se destacaron la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Rendam) para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de manutención de sus hijos y la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud.

En el marco de una sesión que se extendió hasta la medianoche, la Cámara avaló también un proyecto que establece la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, que lleva el nombre de “Lucio”, y el que fija la eliminación del requisito de renovación periódica del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para los casos de discapacidades permanentes.

En el tramo final la sesión se vio opacada por la decisión de los diputados del bloque PRO de retirarse del recinto en disconformidad porque el oficialismo no retiro del temario un proyecto que originalmente estaba incluido en la lista de expedientes.

Los diputados republicanos habían avalado en las comisiones la iniciativa sobre paridad de género en Deporte, pero en los últimos días cambiaron de opinión sobre el proyecto.

La iniciativa fue aprobada con el impulso del Frente de Todos, bloques minoritarios, y socios de JxC, como la UCR y Evolución Radical, que decidieron diferenciarse de la estrategia del PRO:

El plenario legislativo, presidido por su titular Cecilia Moreau, comenzó a las 12.30 con la presencia de 130 legisladores.

La deliberación se inició con un homenaje de la legisladora del Frente de Todos Mónica Litza al líder del Justicialismo, Juan Domingo Perón, al cumplirse el próximo 17 de noviembre 50 años del retorno a la Argentina tras su exilio, y otro del diputado radical MIguel Bazze por el 39° aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín, ocurrido el 30 de octubre de 1983.

La del miércoles iba a ser una de las últimas deliberaciones del período ordinario, pero el Gobierno decidió prorrogar las sesiones para tratar otras iniciativas.

El primer proyecto en ser debatido fue el que exime del pago del impuesto a las Ganancias al personal de salud que efectúa una guardia adicional a las cuatro que realiza en el mes, para evitar así que tengan descuentos por la aplicación de este tributo.

Los trabajadores de salud realizan cuatro guardias por mes, pero cuando deben hacer una quinta tienen que pagar Ganancias, por lo cual muchos de ellos evitan efectuarla.

El plenario legislativo aprobó por 223 votos la iniciativa al contar con el respaldo del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), Interbloques Provincias Unidas y Federal, Movimiento Popular Neuquino, Ser, el Frente de Izquierda y Avanza Libertad.

El segundo proyecto aprobado fue el que crea un registro de deudores alimentarios que busca sancionar a los padres que no cumplan con los fallos judiciales que establecen los montos que deben abonar para la mantener a sus hijos.

El Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (Rendam) fue aprobado por 225 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, Federal, el Frente de Izquierda, y La Libertad Avanza, mientras que José Luis Espert (Avanza Libertad) votó en contra.

Si bien hubo un amplio consenso en la aprobación en general, no sucedió así con el articulo 8 del proyecto donde se establecen los impedimentos que tendrán los inscriptos en el Registro.

En este punto hubo 161 votos contra 66 en contra que correspondieron en su mayoría al PRO, algunos legisladores de la UCR, dos de Córdoba Federal y a la bancada de derecha que conduce Javier Milei.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien es autora de una de las iniciativas, expresó a través de la red social Twitter que “aprobamos la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios”

“Una medida contra la violencia económica y la vulneración de los derechos de las infancias: quienes no cumplan con la manutención de sus hijos/as se verán impedidos de acceder a una serie de trámites”, agregó.

De acuerdo al proyecto “quienes se encuentren en el Rendam no podrán acceder a una serie de acciones y trámites como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte y desempeño de cargos públicos, entre otros”.

La tercera iniciativa aprobada fue la que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.

El proyecto sumó 228 votos a favor y se registraron 28 ausencias en la instancia definitiva y fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes el 26 de noviembre último del niño Lucio Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.

El texto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En cuarto orden, la Cámara aprobó por unanimidad y envió al Senado un proyecto de ley que flexibiliza los trámites para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fijando para el futuro, de acuerdo al grado de discapacidad, que el certificado puede expedirse sin fecha de vencimiento.

El proyecto, que contó con 227 votos a favor, sin negativos ni abstenciones y con 29 ausencias, establece que el CUD “establecido en la legislación vigente o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) será la encargada de su actualización “conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”

Dicha actualización deberá implementar “la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento”, señala el texto.

En las últimas horas de la sesión se convirtieron en ley los proyectos de cesión de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija.

Otra iniciativa que se convirtió en ley fue el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que fue suscripto en la ciudad francesa de Estrasburgo el 10 de octubre de 2018.

El temario se completó con el tratamiento de un proyecto sancionado en el Senado para aprobar la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III).

Además, se realizó el debate sobre la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.

Finalmente, cerca de la medianoche, la sesión casi se cayó porque era el turno de poner a consideración el proyecto que establece el mencionado Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte.

El proyecto de Ley de Alivio Fiscal para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo este miércoles dictamen unánime al finalizar una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado en la que se resolvió que el tema sea llevado al recinto el 30 de junio.

La iniciativa, que en Diputados fue respaldada por los bloques del oficialismo y de la oposición, pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140.000 autónomos.

“Queremos darle respuesta lo más rápido posible a este tema”, afirmó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, durante la reunión de la comisión en la que anticipó que “el próximo 30 de junio le daremos tratamiento en el recinto”.

De ese modo, el titular de la bancada oficialista aseguró que el proyecto, que cuenta con el respaldo de Juntos por el Cambio, aunque en disidencia parcial, sea convertido en ley antes del 1 de julio para poder contemplar los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral.

Para ello, deberá compararse la facturación total del período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 respecto de estos nuevos parámetros para resolver si es necesario cambiar de categoría.

La iniciativa, presentada originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del Monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

Las reformas implementadas al proyecto original contemplan que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente.

Para darle progresividad a la medida, este beneficio será para los monotributistas “puros”, es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.

De acuerdo con el dictamen original, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país. Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.

En la reunión de este miércoles, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista riojano Ricardo Guerra, aseveró que el proyecto servirá para resolver la “desactualización que se sufre por el proceso inflacionario y que no implique al monotributista pagar más impuestos, tener que saltar de escala o quedar fuera del régimen”. Mayans agregó que el Frente de Todos “apoyará el despacho tal como vino” porque “se necesita celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, consideró que el proyecto “es un parche mal hecho”, y enfatizó que Juntos por el Cambio pedirá algunos cambios en el recinto, aunque insistió en que la oposición “votará en general a favor de la iniciativa”.

Finalmente, la cordobesa de PRO, Carmen Álvarez Rivero, dijo que “este proyecto tiene un costo mayoritariamente sobre la seguridad social”, al tiempo que sentenció que “lo que hay que resolver es la inflación”.

Mañana, la Cámara de Diputados de la Nación debatirá el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, que recibió dictamen ayer por la tarde, en una sesión conjunta entre las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Se trata del texto que fue impulsado y redactado por las organizaciones de la sociedad civil y que ya había recibido dictamen en comisión el año pasado, pero había perdido estado parlamentario por tercera vez, tras la renovación de las autoridades parlamentarias.

La semana pasada, cuando se conformó la comisión, las organizaciones demandaron el tratamiento de este proyecto de manera inmediata y los diputados se habían comprometido a hacerlo: “Esta va a ser la primera ley que tratemos”, había dicho en esa oportunidad la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein, del Partido Socialista.

“Estamos muy contentes de haber conseguido el dictamen. Es la cuarta vez que presentamos el proyecto. Es fundamental que sea ley porque todos los años siguen muriendo más de 5100 personas a causa del VIH y las Hepatitis. Este proyecto salvará vidas, muchas de esas muertes se evitarían si este proyecto ya fuera ley”, dijo José María Di Bello, Presidente de Fundación Gep, al cierre de la sesión.

A diferencia de la ley actual, que ha sido muy útil durante estos treinta años pero tiene un enfoque biologicista acorde a la época en que fue sancionada, el proyecto que acaba de ser enviado a recinto para su debate tiene un enfoque de género, basado en los condicionantes sociales y en los derechos humanos.

“Es una gran satisfacción haber logrado que este proyecto, que redactamos entre más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el país y terminamos de definir en continuas reuniones virtuales los fines de semana durante la pandemia, hoy haya pasado a recinto para ser debatido por todos los diputados”, subrayó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

Es posible que se propongan modificaciones al texto redactado por las organizaciones sociales. Los diputados de Juntos por el Cambio ya dijeron que iban a realizar una propuesta. Esas modificaciones van a ser debatidas durante el tratamiento de mañana.

Entre los principales puntos cuestionados se encuentra la implementación de jubilaciones anticipadas y pensiones no contributivas. El proyecto prevé que se reduzcan los años de aportes a 20 en vez de 30 y que la edad jubilatoria para personas con VIH sea de 50 años y deben tener más de 10 años de diagnóstico. Esto es así ya que la evidencia científica ha demostrado que quienes tienen VIH sufren un proceso inflamatorio crónico que conduce a la inmunosenescencia es decir tienen un envejecimiento prematuro de su organismo que además también consecuencias severas producto de los años de tratamiento con antirretrovirales.

“Además, le da a la ley un sentido de integralidad que busca permitir que las personas en tratamiento puedan tener una alimentación adecuada para tomar los medicamentos necesarios para mantener la adherencia. Además, 7 de cada 10 personas con VIH se atienden en el sistema público, lo que implica que no están en el sistema laboral”, advirtió Di Giano, y agregó que el envejecimiento prematuro también provoca una pérdida de proyección a futuro: “¿para qué aportar si no te va a dar la vida para poder jubilarte? Así ha pasado con algunos compañeros que nos han dejado en el camino de la lucha por esta ley”, lamentó.

Por el contrario, algunos diputados de Juntos por el Cambio se plantearon en contra de los artículos sobre seguridad social, planteando que personas con otras dolencias o enfermedades pueden empezar a reclamar lo mismo o, desconociendo sobre el tema, alegando que con la adherencia al tratamiento, las personas con VIH ahora pueden estar saludables, desconociendo que el VIH por sí mismo produce un proceso inflamatorio constante que lleva al envejecimiento prematuro.

Otro de los cuestionamientos fue por la prohibición de despidos o suspensiones a causa de estas enfermedades, así como la realización de pruebas de VIH pre ocupacionales. Al respecto, si bien algunos diputados manifestaron su oposición a prohibirlas “para proteger al resto de los trabajadores”, la principal preocupación que se consensuó modificar tiene que ver con las pruebas diagnósticas de tuberculosis; ya que su modo de transmisión es diferente al resto de las infecciones.

Otro de los puntos puestos en cuestión se vinculan a la obligatoriedad de que las empresas de salud pre-pagas y las obras sociales tengan que brindar estos tratamientos de manera gratuita, algo que ya ocurre acorde a la legislación actual. Sin embargo, algunos diputados consideran que la gratuidad debería ser solo para quienes no puedan pagar los tratamientos.

Otro aspecto cuestionado se vincula a la prevención. Algunos exigen que en el proyecto conste que el sistema de salud, ya sea público, privado o mixto, contemple los distintos tipos de prevención (primaria, secundaria y terciaria) para atender a estas infecciones, detallando que se obligue a ofrecer lo que se conoce como prep (la profilaxis pre exposición) y pep (tratamientos post exposición).

Al respecto, el proyecto es más abarcativo ya que se refiere a la “prevención combinada”, que incluye ambos tipos de tratamientos y deja la posibilidad abierta a que la autoridad de aplicación vaya actualizando lo que resulte más apropiado en cada momento, puesto que los métodos preventivos que hoy se consideran eficientes pueden ser diferentes el día de mañana, ya sea porque surjan nuevos métodos e incluso vacunas.

“Todas estas cuestiones responden a lo mismo: buscan evitar la discriminación, la poca posibilidad de acceso al ámbito laboral y hasta la dificultad de acceder a los servicios mismos de salud y mantener una buena calidad de vida. Muchas de las modificaciones que piden los diputados es por falta de conocimiento, inclusive hasta del propio proyecto”, cuestionó Di Bello.

La Cámara de Senadores sostiene que uno de sus miembros, el senador Armando Traferri, “no puede ser sometido a proceso penal” sin “la autorización de dos tercios” de sus integrantes presentes, tal como sostiene el artículo 51 de la Constitución Provincial.

A ese enunciado puede resumirse la posición del cuerpo deliberativo que rechaza el fallo del juez de cámara del fuero laboral, José Luis Mascali, quien ha declarado inconstitucional ese artículo de la Carta Magna santafesina y con ello habilitó en segunda instancia a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra a enviarle una cédula judicial al legislador, a pesar de que la Cámara alta les había rechazado, en diciembre de 2020 el desafuero de Traferri.

El fallo del juez Mascali parte de la idea de que Santa Fe debería tener fueros para los legisladores idénticos a los que existen a nivel nacional, con los que diputados y senadores pueden ser indagados e imputados pero no detenidos.

El Senado ha expresado el respaldo a Traferri para que no acepte ser indagado ni imputado tras una nota que el propio jefe de la bancada del Nuevo Espacio Santafesino había ingresado a la Cámara. Allí les informó formalmente a sus pares lo que ya todos sabían: que por el fallo de Mascali había sido citado por los fiscales.

El tema fue lógicamente derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo dictamen fue elaborado por Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y firmado por siete de sus diez integrantes, todos del radicalismo y de esa línea del peronismo.

Al momento de ponerse a consideración del cuerpo ese documento (que seguramente formará parte de los antecedentes que presentará Traferri a la justicia) podrá decir sin medias tintas que fue votado de manera afirmativa por 12 de los 19 representantes. Y que 5 senadores de Lealtad presentes se abstuvieron.

En el ámbito legislativo importa lo que por escrito se aprueba, pero también lo que en el debate se dice para argumentar a favor o en contra de un asunto o proyecto. El Diario de Sesiones contiene a ambos, lo aprobado y lo dicho.

En el primer plano el documento que le dice a Traferri que “no corresponde” que sea citado, indagado y mucho menos imputado.

El dictamen recuerda que la Cámara ya votó mantener las inmunidades parlamentarias a Traferri y agrega copia del acta de aquella sesión. De inmediato pasa al artículo 51 de la Constitución Provincial y los artículos 27 y 29 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

“Huelga decir que trata de un acto propio y privativo de la apreciación y resolución del Poder Legislativo, no susceptible de revisión por ningún otro poder del Estado”, expresa el Senado.

Luego, dice que con su fallo el juez Mascali “desconoce un principio fundamental del derecho constitucional argentino (…) en cuanto las provincias pueden establecer legítimamente, para su organización institucional, soluciones diversas a las adoptadas por el Constituyente o el legislador nacional”.

Ese argumento se presenta acompañado de un extenso dictamen del constitucionalista Santiago Alfonso(h), cuyo aquilatado currículum con antecedentes de primer orden en el país y a nivel internacional fue leído en la sesión por Gramajo. Lo describió como “uno de los constitucionalistas más reconocidos de la Argentina”.

Advierte que todas las constituciones provinciales contienen disposiciones con más o menos protecciones especiales para los legisladores, porque su propósito es proteger la voluntad popular expresada en la representación legislativa “dentro del ámbito propio de la autonomía de los Estados Provinciales” dentro del marco que prevén los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional.

Sostiene que el fallo en segunda instancia “fácticamente opera a modo de una reforma de la Constitución Provincial, ahora por vía judicial, mediante la derogación para el caso particular del art. 51 de la misma” en oposición al único procedimiento que los senadores creen legítimo: el previsto en los arts. 114 y 115 de dicha carta.

Desde su banca, Gramajo insistió en explicar qué significa que pueda modificarse la Constitución por vía de fallos judiciales. Se preguntó qué pasaría si en Córdoba o Tucumán un juez dice que todas sus leyes no son constitucionales porque provienen de un sistema unicameral cuando la Constitución nacional establece la bicameralidad, y de modo más cercano, si un juez santafesino o mendocino dijera que debe habilitarse la reelección inmediata del gobernador, tal como existe la del presidente, con idéntico razonamiento al que ha guiado a Mascali.

Sin mencionar al peronismo en los ’90 y al dos veces gobernador Carlos Reutemann recordó que “se fue” a la Corte Nacional con el propósito de habilitarle la reelección al Lole con un resultado catastrófico para el PJ santafesino “de 9 a a cero”, que luego fue ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como conclusión el dictamen dice: “La resolución emanada del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de la 2da Circunscripción Judicial, el día 5 de julio de 2021, es abiertamente contraria a las disposiciones constitucionales ya mencionadas; ha generado un innecesario conflicto de poderes. Que, como señala el ya citado Dr. Alfonso (h) Santiago en su dictamen, el art. 27, primer párrafo, del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe es plenamente válido y legítimo”.

“Que en definitiva, tal resolución judicial no debe conmover lo resuelto legítimamente por esta Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en cuanto rechazó el pedido de desafuero del senador Armando Traferri”.

El senador provincial del PJ Armando Traferri fue citado a audiencia imputativa para el lunes 23 de agosto, a las 14, por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes lo acusan de ser “jefe-organizador de una estructura vinculada al juego ilegal y a la corrupción institucional en Santa Fe”, según la acusación que fue rechazada por el Senado santafesino al denegar el retiro de los fueros a ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Previamente, patrocinado por los abogados Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, el legislador había planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente decisión del camarista José Luis Mascali, que le dio luz verde a la audiencia.

Para el bloque de senadores del oficialismo lo aprobado por la mayoría de la Cámara “roza el conflicto de poderes” al “inmiscuir al Poder Legislativo en un juicio al que es ajeno”, y corresponde que se lleve a cabo “entre partes”.

Así lo expresó Ricardo Kaufmann (PJ-Lealtad-Garay) quien se preoucupó en buena parte de su discurso de explicar que la bancada más cercana al gobierno provincial se abstiene porque en términos institucionales considera que no corresponde lo expresado por el dictamen, no respecto de las cuestiones personales que afectan a uno de los miembros de la Cámara.