Moody's mejoró la calificación de deuda de cinco provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de varias empresas. Si bien la evaluadora de riesgos crediticios destacó las situaciones de fortalezas en cada caso, tomó la decisión por haber elevado el "techo país" la semana pasada.

"Estas acciones de calificación fueron motivadas por el aumento de los techos de calificación país de Argentina", explicó en su documento.

La mejora sin embargo no cambia mucho respecto de la situación en la provincia de Santa Fe, a menos que la Casa Gris eligiera usar parte de la autorización para tomar deuda -prevista en la ley de Presupuesto- en el mercado de capitales de Nueva York. Algo que -por el momento- no está en los planes de la administración de Maximiliano Pullaro y su ministro de Economía, Pablo Olivares.

Moody's expone en su informe que "en el caso de las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, la mejora de dos niveles de la calificación BCA a Caa2 (desde Ca), de la calificación de emisor y de la deuda senior no garantizada a Caa2, refleja sus bases de ingresos adecuadas, sus sólidos fundamentos económicos y su historial de políticas fiscales prudentes".

Asimismo, asegura que estos "han dado como consecuencia sólidos resultados operativos. La evaluación puede mejorar las cotizaciones de bonos en los mercados secundarios".

"Estas provincias han demostrado históricamente un alto grado de prudencia fiscal, niveles de deuda moderados y reservas de liquidez adecuadas en la actualidad, que ayudan a mitigar sus futuras necesidades de refinanciación" destaca Moody's.

"Además, esperamos que las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe sigan dependiendo de sólidos resultados fiscales y canales de financiamiento". La Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego también fueron incluidas en la lista de beneficiarias de la calificación.

Santa Fe pagó durante 2024 17,2 millones de dólares por intereses de bonos y otros 35 millones por amortizaciones e intereses de distintos préstamos, con el Fondo kuwaití, el de Abu Dhabi, el de la OPEP y por créditos de la Corporación Andina de Fomento. Este año el servicio de deuda (amortización de capital y servicios de intereses) alcanza los US$133,49 millones.

En el presupuesto 2025, el ejecutivo santafesino -en sintonía con la Ley N° 12.510 de Administración Financiera, tiene autorización para tomar $100.000.000.000 para operaciones transitorias de tesorería dentro del ejercicio.

Pero además, el gobernador está autrorizado a suscribir préstamos u otros instrumentos de deuda pública por un monto de hasta el 25% del total de la ejecución acumulada del gasto de capital realizado durante el ejercicio 2024, para financiar obras públicas.

Esta opción incluye la posibilidad de emitir títulos de deuda pública en los mercados de capitales nacionales e internacionales, y es allí donde la noticia de Moody's puede promover una mejora en las condiciones.

Hoy la provincia no tiene deudas a tasas variables y la situación ante organismos multilaterales no cambian mucho con la nueva calificación. Pero hay un detalle sobre un gestión anterior, que puede cambiar la percepción sobre Santa Fe.

Se podría apelar lo hecho en la gestión Lifschitz con dos misiones en el mercado internacional de US$ 250 millones cada una; la primera al 6,9% anual, con vencimientos este año, en 2026 y en 2027 por casi US$83 millones en cada caso, sin contar intereses.

Mientras tanto, la restante ya pagada, al 7% anual. En aquella ocasión los agentes financieros fueron JP Morgan, HSBC y City, con el Banco de Santa Fe como representante local.

Cabe destacar que Moody's también mejoró las calificaciones de moneda extranjera de tres bancos: Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro y Banco Santander Argentina.

Y también de empresas, principalmente energéticas: YPF Luz, Genneia, Pan American Energy, Vista Energy Empresa Distribuidora y Com. Norte S.A., Pampa Energía, Raghsa, Transportadora de Gas del Sur, Arcor, Telecom y Aeropuertos Argentina.

El Riesgo País de la Argentina perforó los 1.000 puntos y pasado el mediodía de este viernes se ubicaba en 984 puntos, valor que no se veía desde agosto de 2019 luego del resultado de las PASO que marcaron la derrota de Mauricio Macri.

Esta caída es producto de una nueva suba de los bonos de la deuda pública que avanzan casi 1,5% en promedio.

Este comportamiento se contrapone con algunas declaraciones realizadas por el FMI y la demora en la concreción de un nuevo programa y con las predicciones de la consultoras Moody’s que sostuvo que Argentina va a un reperfilamiento de su deuda.

En Argentina, el Riesgo País llegó a superar los 4.000 puntos básicos en marzo de 2020, cuando en el mundo se empezaron a aplicar restricciones por la pandemia que hundieron a la economía global.

Por su parte, en 2002, llegó a romper la barrera de los 7.000 puntos en el año en medio de la crisis por el colapso de la convertibilidad, el “corralito” de depósitos y el default declarado en diciembre de 2001.

En tanto, el dólar blue se mantiene en $ 1.215, mientras que el MEP cayó levemente a $ 1.157 y el contado con Liquidación cedió hasta 1.177.

Por su parte, los ADRS de acciones argentinas en Nueva York tienen otra jornada positiva con subas de hasta 4,5% como el caso del BBVA.

El Merval local también sube, en este caso 1,2% en poco menos de dos horas de operaciones.

El dólar “blue” inició las operaciones de este marte con un alza de $3 que lo ubicó en $394 para la venta, según datos de operadores del mercado de cambios.

En tanto, las opciones financieras tienen comportamientos contrapuestos. El MEP sube 1% a $380,26, mientras que el Contado con Liquidación cae 0,1% a $392,21.

A su vez, el dólar oficial sube 0,14% a $214,76. De esta forma el dólar ahorro pasa a $354,35 y los dólares para los gastos con tarjeta quedan en $375,83 (Turista) y $429,52 (Qatar). El dólar mayorista avanza 0,23% a $207,90.

En la jornada de este lunes el Banco Central perdió otros US$95 millones y en el mes acumuló una pérdida de US$1.600 millones.

En tanto, los bonos de la deuda pública involucrados en el canje anunciado por el Gobierno continúan en baja. El mayor retroceso se observaba en el AL30D con una disminución de 2,1%.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la semana pasada la pesificación de la cartera de bonos en dólares de los organismos públicos.

De esta manera, el Estado obliga a los organismos públicos que canjeen sus tenencias de bonos en dólares bajo legislación extranjera por títulos públicos nuevos en pesos que emitirá el Tesoro y, a su vez, deberán vender sus bonos en dólares bajo legislación local a tenedores privados.

La medida fue duramente cuestionada por diversos sectores de la oposición, quienes argumentan que la medida perjudicará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y pondrá en jaque el futuro de los jubilados argentinos.

En respuesta a las críticas, Massa anunció que la Auditoría General de la Nación (AGN) auditará dicha operación. Asimismo, aseguró que la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de la Facultad de Ciencias Económicas, será la responsable de la evaluación.

El titular del Palacio de Hacienda elevó el pedido formal a la UBA y la AGN para la realización de dicha auditoría.

En este sentido, Massa solicitó al Decano de la mencionada casa de estudios, Ricardo Pahlen Acuña, que “emita opinión de carácter técnico debidamente fundada” respecto a una posible pérdida o revalorización patrimonial de la cartera de los organismos alcanzados por el Decreto, tanto en relación con el canje de los bonos globales, como la venta de títulos públicos.

Durante el fin de semana el equipo económico había explicado cómo se implementará el canje de deuda en manos del sector público, principalmente la utilización del Fondo de Garantía de la ANSES.

En línea con esto, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que el canje de bonos “representa un ordenamiento de la deuda pública dentro del Estado” y que con la operación la ANSES “gana poco más de US$ 2.000 millones”.

El Gobierno nacional publicó este martes la resolución 5/2023 que legaliza los nuevos tramos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

De esta forma, desde el 1° de abril la remuneración base para los trabajadores mensualizados será de $ 80.432, lo que implica un alza de 15,6% frente a marzo. Para los jornalizados será de $ 401,71.

Desde el 1 de mayo el SMVM será de $ 84.512 para los mensualizados y de $ 422,56 para los jornalizados.

Finalmente, desde el 1 de junio el sueldo mínimo pasará a $ 87.987 para los mensuales y la hora llegará a $439,94.

De esta forma el aumento en el semestre es del orden de 34%, contra una inflación que se proyecta por encima del 50% para el mismo período.

Atenuar los aumentos salariales fue uno de los pedidos del Ministerio de Economía para sostener el proceso de alineación de expectativas inflacionarias.

El SMVM tiene impacto sobre la actualización de planes de sociales, como el Potenciar Trabajo.

El aumento del SMVM desató críticas de la CTA y de una parte de la CGT que marcó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El stock de deuda bruta ascendió a US$ 384.108 millones en octubre último, y el 67% debe ser afrontado en moneda extranjera, informó la Secretaría de Finanzas.

La semana pasada, el Tesoro logró diferir por un año vencimientos por $1,5 billones, lo que alivió el escenario financiero del cierre del año.

Respecto de septiembre, la deuda pública subió en US$ 1.853 millones, por el incremento de los compromisos en moneda extranjera en US$ 1.903 millones y la disminución en moneda local por US$ 50 millones.

Mientras los vencimientos de capital, canjes y cancelaciones sumaron US$ 6.495 millones, el financiamiento, canje y emisiones ascendió a US$ 10.226 millones. De ahí surgió un aumento primario de USD 3.731 millones.

Toda la deuda se expresa en dólares con el fin de poder comparar distintos períodos. Pero el 33% de la deuda es pagadera en moneda local, mientras que el 67% restante en moneda extranjera.

Por efecto de diferencias de cambio, principalmente asociadas con la caída del dólar en las principales plazas internacionales, Finanzas estimó una baja de US$ 2.035 millones, y suba de US$ 145 millones por la apreciación del peso que incrementó la conversión a moneda extranjera de las colocaciones ajustables por inflación.

La deuda con el FMI asciende a US$ 40.721 millones, y en octubre se produjo una suba de US$ 1.421 millones por el incremento de la valoración de los DEG (unidad de cuenta del organismo de crédito multilateral).

Para los últimos dos meses de 2022, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó vencimientos totales por el equivalente a US$ 14.275 millones, incluyendo la deuda en manos de organismos del sector público nacional.

Además, para el primer semestre de 2023 se proyectan pagos por US$ 67.933 millones, de los cuales US$ 38.989 millones corresponden a vencimientos de títulos públicos emitidos en pesos.