La provincia de Santa Fe prevé, en el proyecto de presupuesto provincial 2026, recibir de la Nación, una partida de $240 mil millones del Fondo de Financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones (Anses). Pero el proyecto de ley nacional del presupuesto reconoce que este año, por esa obligación nacional, la Casa Rosada envió “cero” pesos, lo mismo que prevé remitir el próximo año.

Por Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, Nación dejó de expedir las compensaciones a 13 provincias que no transfirieron sus cajas pero que siguen sufriendo descuentos de coparticipación para financiar a la Anses, que asume las jubilaciones de 11 distritos que sí se desentendieron de sus cajas en los ‘90.

Pablo Olivares ya remitió el presupuesto santafesino 2026 a la Legislatura.

A junio de este año, los incumplimientos nacionales con Santa Fe acumularían cerca de $1,4 billones. El ministerio a cargo de Pablo Olivares está obligado a incluir la partida nacional en su cálculo de recursos, pero está claro que la remisión de los “anticipos” nacionales dependerá de la negociación que los gobernadores lleven adelante con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Eso sin perjuicio de la causa que Santa Fe tiene activa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En junio hubo una audiencia de conciliación en la que las partes quedaron lejos de un entendimiento. La demanda fue iniciada en diciembre de 2023, en la agonía de la administración Perotti.

Con menos recursos que les pertenecen pero no reciben, las provincias que no transfirieron sus cajas padecen además otras distorsiones, según revela un informe del Ieral/Fundación Mediterránea.

“Si estas jurisdicciones hubieran transferido sus cajas, el ahorro corriente medido como proporción de los ingresos corrientes hubiera sido entre 6 y 8 puntos porcentuales más alto. Esta situación viene reduciendo sustancialmente su capacidad para financiar inversión en infraestructura”, expone el reporte.

Y añade que “a la carga financiera se suma una asimetría en las contribuciones patronales: las provincias con cajas transferidas soportan una carga menor gracias a un régimen de alícuotas reducidas (Res. 4006-E de AFIP), a diferencia de las provincias no transferidas, lo que agrava la desconfiguración del régimen federal”.

Desde 2016, por ley 27.260, el Estado Nacional debe cubrir anualmente el déficit que resultaría de simular la aplicación de las normas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sobre los sistemas provinciales.

La Ley 27.260/16 fue impulsada por Alfonso Prat Gay como ministro de Macri.

La simulación incluye aplicar las alícuotas nacionales de aportes y contribuciones, así como la normativa nacional para determinar el monto del haber inicial, tope y movilidad de las prestaciones. Sin embargo, a partir de 2024 (el decreto referido) se suspendieron los giros de anticipos a cuenta del déficit.

Entre Ríos y Córdoba han accedido a acuerdos parciales y provisorios. Pero incluso estas provincias podrían ver afectados sus recursos de origen nacional a la luz del proyecto de presupuesto de 2026, que sólo prevé recursos por $122.763 millones para cubrir la obligación nacional por las cajas no transferidas.

Santa Fe tiene abierta su demanda en la Corte. Entre Ríos y Córdoba "arreglaron" con Milei.

Según el Ieral, este valor nominal es aproximadamente la mitad del contemplado en el proyecto 2025 y se basa en déficits simulados por ANSES que datan de 2017 a 2020, sin actualización. Esto implica una licuación "enorme," cubriendo apenas una fracción ínfima (aproximadamente el 4%) del monto anual que debería transferirse.

Señala el Ieral que el proyecto nacional condiciona la recepción de anticipos a la determinación del déficit del año 2021 o posterior. Dado que la ANSES no ha avanzado en estas simulaciones, ninguna provincia cumpliría los requisitos para recibir transferencias actualizadas, a pesar de haber aportado la información necesaria.

Así, el proyecto de Casa Rosada mantiene la eliminación de la actualización automática de los anticipos que estaba prevista en el presupuesto de 2023, lo que "desnaturaliza el mecanismo" en un contexto de alta inflación.

Para el instituto de la Fundación Mediterránea, dado que las cajas provinciales representan aproximadamente el 20% del gasto total de la previsión social y son un factor altamente desestabilizante para las finanzas provinciales, el Presupuesto 2026 debe generar las condiciones para un rápido ordenamiento.

Recomienda en esa línea volver a la regla de 2023, restableciendo la norma que obliga a la Nación a remitir a las cajas provinciales la doceava parte del último déficit simulado por la ANSES (los llamados anticipos, que Santa Fe calcula en $240 mil millones), actualizado por movilidad previsional.

Para eso el Ieral señala la necesidad de una partida presupuestaria nacional “sustancialmente más alta”. Sugiere establecer además la contribución patronal de las cajas transferidas al mismo nivel que se aplica a los empleados públicos nacionales.

Además señala la posibilidad del uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar la deuda a provincias como Santa Fe. “La normalización del tratamiento de las cajas no transferidas es un desafío estratégico que demanda un esfuerzo financiero importante, justificado en términos de equidad y solvencia financiera, ya que evita seguir acumulando deudas y juicios contra la ANSES”.

El gobernador Martín Llaryora encabezó hoy la delegación del Gobierno de Córdoba que participó de la segunda audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar el planteo de Córdoba por los incumplimientos del Gobierno Nacional con la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Luego del encuentro, Llaryora anunció que la Nación reconoció formalmente la deuda y presentó una propuesta que consiste en el pago de $60 mil millones a cuenta del año 2025, que serán abonados con aportes mensuales de $5 mil millones durante 12 meses.

En el transcurso de ese periodos de tiempo se tienen que conciliar las auditorías desde el año 2019 al 2024, periodo en el cual se establecerá la deuda que Anses tiene con la Provincia de Córdoba.

En Casa Gris, la noticia fue tomada con cautela. Voceros del gobierno señalaron que la demanda santafesina por la deuda de Anses fue presentada antes que Córdoba y todavía el máximo tribunal que encabeza el santafesino Horacio Rosatti no ha declarado la admisibilidad del planteo. Por otra parte, Santa Fe no está dispuesta a sentarse con Nación a negociar la compensación de deudas por entender que el gobierno central no está dispuesto a pagar la millonaria deuda para con nuestra provincia. En principio, Córdoba debería fondos a Nación y habría aceptado firmar el acuerdo de compensación, se señaló en Casa Gris.

El planteo previsional de Santa Fe es más amplio que el de Córdoba se indicó en Casa Gris "porque actualizamos deuda y actualizamos fundamentos hasta las normativas más recientes", se dijo en estricto off.

Volviendo a Córdoba, en adelante, equipos técnicos de Provincia y Nación trabajarán de manera conjunta a través de auditorías cruzadas que permitan determinar con precisión el monto exacto de la deuda con el sistema previsional cordobés y así comenzar a aliviar la situación financiera de la Caja.

En este sentido, el gobernador informó que dio instrucciones al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, para que los recursos que lleguen regularmente, originalmente destinados a cubrir el déficit generado por la falta de transferencias nacionales, al menos en parte, se orienten a mejorar los ingresos de nuestros jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido.

Finalmente, Llaryora ratificó la predisposición de Córdoba al diálogo institucional, a la cooperación entre niveles de gobierno y al fortalecimiento del federalismo, sin renunciar a reclamar lo que legalmente le corresponde a la Provincia y a sus ciudadanos.

La Corte fijó una audiencia para dentro de seis meses para evaluar la marcha del acuerdo.

La comunicación fue propuesta por el PJ y votada por unanimidad. No hubo discursos pero la posición asumida por los representantes de los 19 departamentos es clara: si es necesario habrá que llevar a un juicio al gobierno nacional para que cumpla con el pago de una compensación por no haber transferido en los '90 su sistema previsional.

El texto votado dice que la Cámara alta "vería con agrado" que el gobierno provincial, "en relación con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, por el cual se excluyen los artículos 92, 93 y 94 del Presupuesto General de la Administración Nacional 2023, Ley N° 27701, prorrogado para 2024 por Decreto N° 88/2023 y se dejan sin efecto las partidas económicas destinadas a aquellas provincias que no transfirieron sus Cajas de Jubilaciones y Pensiones Provinciales, proceda a realizar todas las acciones y gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)", a los efectos de cobrar esa acreencia santafesina.

De inmediato, las describe: "a) Gestionar todos los trámites y reclamos administrativos para rechazar las disposiciones del DNU N° 280/2024 que afectan las transferencias para 2024, correspondientes a la provincia de Santa Fe, respecto de su Caja de Jubilaciones y Pensiones; b) Asegurar la restitución y efectivo cumplimiento de las transferencias en los plazos, modalidades y montos calculados por la Ley N° 27701, de Presupuesto del año 2023, prorrogado para el año 2024 por Decreto N° 88/2023; c) Iniciar las acciones judiciales que correspondieren si el Poder Ejecutivo Nacional no ofrece respuesta o solución satisfactoria al pedido de la provincia de Santa Fe".

El texto fue planteado en la reunión de presidentes de bloques por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y no hubo reparos en agregarlo a la lista de comunicaciones, resoluciones internas y pedidos de informes para su aprobación a mano alzada.

Aunque los fundamentos no forman parte de lo que se vota, sino solo los argumentos de quienes presentan las iniciativas, conviene repasarlos. La comunicación firmada por los cinco integrantes de la bancada destaca que "los montos que deben transferirse a las provincias no son una ayuda discrecional que puede o no conceder el Poder Ejecutivo Nacional, sino que obedecen a la evolución de las relaciones entre Provincias y Nación y al proceso de transferencia de las cajas provinciales a la Nación que se inició en 1992, con la firma de los Pactos Fiscales I y II, por los cuales once provincias transfirieron sus Cajas: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán; y otras trece no lo hicieron: Santa Fe, Santa Cruz, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa y Corrientes".

Así, "se incorporaron entonces al sistema nacional las cajas de varias provincias y el Gobierno Nacional tomó a su cargo el pago de las prestaciones que se encontraban otorgadas y de las futuras a otorgarse". Pero "en cuanto a la situación de las provincias que no transfirieron sus Cajas a la Nación, pero sí cedían recursos coparticipables para financiar el sistema previsional nacional (Pacto Fiscal I), en diciembre de 1999, la Nación y los gobernadores suscribieron el 'Compromiso Federal' ", ratificado por leyes 25235 y 25400, que incorporó, en su Cláusula 12 esa obligación.

Dice lo siguiente: "El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficit globales de los sistemas provisionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes; como los de aquellos sistemas que arrojen déficit provisional originados en forma individual (personal civil, docente, policial, etc.) y las provincias, en contrapartida, deben armonizar sus legislaciones con las pautas de la legislación nacional en la materia".

La ley de Presupuesto vigente porque se prorrogó el de 2023 deja establecido cómo funciona el sistema de transferencias a las provincias durante el año. Los pagos debieron hacerse antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional. Cada anticipo mensual debe incluir "su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)".

El DNU de Milei que reniega de esas obligaciones lleva el número 280 y frente a esa posición, el justicialismo rescata los dichos del secretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Jorge Boasso: "Es otra trastada del presidente" y una "apropiación indebida de fondos" de parte del Estado nacional; "mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias", fustigó Boasso.

Y siguió, en distintas apariciones públicas: "las Cajas de jubilaciones no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral" y anticipó que la semana próxima se analizará recurrir a la vía judicial para frenar este recorte….". Las declaraciones son del día 20.

El texto presentado por Pirola con el respaldo de sus compañeros de bloque dice que el gobernador "debe ser firme y decidido para llevar adelante el reclamo, que no puede quedar reducido solamente a declaraciones contundentes en la prensa, sino que debe avanzarse en el terreno institucional, político y judicial si es necesario".

"La provincia de Santa Fe ya ha recurrido a la justicia en reclamos previsionales, algunos en marcha, como el iniciado el año pasado por deuda de ANSES con la provincia o el juicio que tuvo sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la detracción de fondos de coparticipación", recuerda el legislador al reprochar más presión por parte de la Casa Gris.

La diputada provincial Betina Florito, representante de Miguel Pichetto en Santa Fe, consideró que el acuerdo por la deuda entre Nación y Provincia debe contemplar como prioridad el pago a municipios y comunas y que ese dinero debe ser de libre disponibilidad atento a la situación de fragilidad financiera que atraviesan. Además estimó que “(el acuerdo) debió haber sido consensuado entre todos los poderes del Estado y los distintos niveles de Gobierno”.

La presidenta del bloque Encuentro Republicano Federal aseguró que “eso era indispensable a fin de lograr el apoyo necesario para la resolución de ese tema de enorme trascendencia en la vida institucional de nuestra Provincia”.

Florito participó de una reunión en la ciudad de Rosario junto a otros legisladores provinciales y nacionales, Foros de Intendentes y Presidentes Comunales, autoridades partidarias y representantes parlamentarios de distintas fuerzas de la oposición al gobierno de Omar Perotti. Estuvieron presentes representantes de la UCR, PS, PRO, PDP, GEN, CREO y UNO.

“Desde Encuentro Republicano Federal estamos convencidos que esta convocatoria, esta unión de la oposición, era necesaria para que los ciudadanos entiendan que lo que estamos haciendo es defender justamente sus intereses y sobre todo los recursos de los municipios y comunas”, sostuvo la legisladora.

El corolario del encuentro fue un documento firmado por todos los presentes adonde fijaron clara posición: “Rechazamos en forma contundente la decisión unilateral del Gobierno Provincial de acordar la detracción del 1,9% de la Coparticipación Federal en favor de la AFIP, a pesar de un fallo que determina que no debe realizarse dicho aporte, lo cual genera una pérdida de ingresos a la Provincia de $ 8.000 millones por año (que irán aumentando año a año), de los cuales $ 1.080 millones corresponden a los Gobiernos Locales. De los acuerdos firmados por el Gobernador Perotti queda claro que ha sido la condición que impuso el Gobierno Nacional para poder acordar el pago de su deuda por las sentencias de la Corte Suprema”.

Mario Cáffaro

Con la firma de catorce diputados y de dos senadores, la oposición legislativa cursó una nota al ministro de Economía, Walter Agosto, solicitando copia del convenio que el gobierno provincial firmó con el nacional referido al cobro de la deuda judicialmente reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “a los efectos de manifestarnos sobre su contenido” dice la escueta nota.

En el segundo párrafo señalan que “atento a la importancia que implica para el gobierno de la provincia de Santa Fe y de los municipios y comunas, consideramos imprescindible que con la mayor premura se envíe dicha documentación a esta Cámara, sin perjuicio que en los términos del articulo 45 de la Constitución provincial, y lo establecido por la ley orgánica de Ministerios Nª 10.101, y dentro del procedimiento establecido en el reglamento de esta Cámara se lo convoque a que brinde un exhaustivo informe a esta Cámara, en defensa de los derechos de los santafesinos y santafesinas”.

La nota tiene membrete de la Cámara de Diputados pero sumaron su firma los senadores Lisandro Enrico (UCR) y Hugo Rasetto (FPCS). Entre los diputados encabezan las firmas Julián Galdeano (UCR- Juntos por el Cambio); Maximiliano Pullaro (UCR – Evolución); Ximena Sola (Pro- Juntos por el Cambio); Clara García y Joaquín Blanco (ambos socialistas en FPCS), Gabriel Real (PDP), Sebastián Julierac (CC), Walter Ghione (Uno), Mónica Peralta (Gen), Carlos Del Frade (FSyP), Betina Florito (Encuentro Republicano Federal), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Amalia Granata (Somos Vida) y Agustina Donnet (Igualdad).