La Libertad Avanza intentará acelerar en el Senado el tratamiento del proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a pagar 171 millones de dólares a fondos buitres con sentencia en Estados Unidos contra la Argentina. La iniciativa, impulsada por Javier Milei y Luis Caputo, busca cerrar un principio de acuerdo con esos acreedores y evitar que el conflicto vuelva a judicializarse en condiciones más gravosas.

El expediente será discutido este miércoles a las 15 en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda. Antes de esa reunión, se constituirá formalmente la primera de esas comisiones, que quedará bajo la conducción del libertario Bartolomé Abdala, mientras que la de Presupuesto está presidida por Agustín Monteverde.

Aunque el plazo límite para que la ley quede aprobada es el 30 de abril, el oficialismo ya asumió que no llegará a sancionarla antes de esa fecha. Por eso apunta al menos a firmar dictamen esta semana, con la idea de llevarla al recinto en la primera semana de mayo y dar una señal política de cumplimiento frente a los acreedores.

La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Se trata de bonistas que litigaron contra la Argentina desde 2001 y que no ingresaron al acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo con el esquema propuesto, el Estado deberá desembolsar 67 millones de dólares para Bainbridge y 104 millones para el grupo Attestor. El pago sería realizado de manera simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen, para su inmediata cancelación y extinción.

La Casa Rosada sostiene que la aprobación parlamentaria es urgente porque los acuerdos fijan como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026. Si no hay aval legislativo, las transacciones se resolverían de manera automática y la Argentina debería retomar litigios en una posición financiera mucho más desfavorable.

El Ejecutivo remarca que el entendimiento con ambos grupos permitiría resolver de forma integral varias causas abiertas en tribunales estadounidenses. Entre ellas menciona el expediente Attestor No. 14 Civ. 5849 y las distintas acciones de TRINITY INVESTMENT DAC, además de otros reclamos asociados.

En el mensaje enviado al Senado, el Gobierno insiste en que el acuerdo también serviría para cerrar pedidos de embargo sobre activos argentinos, uno de los puntos más sensibles de este tipo de litigios. Para la administración Milei, ese beneficio justifica la necesidad de avanzar con rapidez en el Congreso.

Además, Economía subraya que las condiciones pactadas incluyen una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes reclamadas. La lectura oficial es que el Estado cancelaría pasivos litigiosos por un monto bastante menor al que podría enfrentar si las demandas siguieran su curso bajo ley de Nueva York.

Aunque el cronograma juega en contra, el oficialismo quiere dejar asentada su voluntad de cumplir los acuerdos. Por eso busca acelerar el dictamen este miércoles, aun sabiendo que la aprobación definitiva difícilmente llegue antes del vencimiento previsto para el cierre de las conciliaciones.

La apuesta es doble. Por un lado, mostrar ante los acreedores y ante la justicia estadounidense que la Argentina está intentando avanzar con el mecanismo legal necesario para pagar. Por otro, ordenar políticamente un tema incómodo en el Congreso, donde la palabra “fondos buitres” todavía conserva una carga simbólica fuerte.

El debate en el Senado, entonces, quedará atravesado por esa urgencia. No solo se discutirá una autorización de pago, sino también el costo de volver a un escenario de litigios internacionales con acreedores que ya tienen sentencia firme contra el país

El ministro de Economía, Luis Caputo, puso punto final a una semana de intensas gestiones en Washington. En el último tramo de su agenda de sábado, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo reuniones clave con representantes del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y del Banco Mundial, consolidando una hoja de ruta que busca aliviar la carga financiera de la Argentina en el corto plazo.

Acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el funcionario utilizó sus canales oficiales para oficializar el cierre de la misión: ‘Aquí con los representantes de MIGA/Banco Mundial. Última reunión de sábado de una excelente semana’, afirmó el ministro, quien tiene previsto arribar al país durante la jornada de este domingo.

El balance de la gira, realizada en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, arroja resultados que el equipo económico considera vitales para la estabilidad cambiaria. Según detalló Caputo, los acuerdos sellados permitirán al Gobierno refinanciar deuda a tasas sustancialmente más bajas que las que hoy ofrece el mercado voluntario de crédito.

La prioridad del Palacio de Hacienda es clara: reunir los fondos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de julio, que ascienden a US$ 4.300 millones, sin comprometer el stock de reservas del Banco Central. En este sentido, Caputo enumeró tres pilares logrados en territorio estadounidense:

Más allá de los créditos internacionales, Caputo llevó a Washington los números de la gestión doméstica como principal aval de su programa. En diálogo con el entorno financiero internacional, el ministro destacó el resultado fiscal de marzo, mes en el que se alcanzó un superávit financiero de $484.789 millones, tras descontar el pago de servicios de deuda.

Con estas cifras, el Sector Público Nacional acumuló en el primer trimestre del año un superávit financiero equivalente al 0,2% del PIB (y un primario cercano al 0,5%). Para el equipo económico, esta disciplina es la que permite hoy sentarse a negociar con los organismos multilaterales desde una posición de mayor firmeza.

‘Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado, reduciendo el costo financiero para el país’, concluyó el ministro, cerrando una gira que, a los ojos del Gobierno, representa un paso necesario para normalizar la relación con los mercados y sostener la arquitectura del plan económico actual.

El inicio de 2026 encuentra al Gobierno nacional ante su primer gran desafío financiero. En enero deberá afrontar vencimientos de deuda externa por un total de US$4.225 millones, una cifra que obliga al Ministerio de Economía a definir con precisión las fuentes de financiamiento disponibles para cumplir con los compromisos asumidos.

El calendario marca el 9 de enero como la fecha clave. Para ese momento, el Tesoro deberá reunir los dólares necesarios para evitar tensiones en el frente financiero y sostener el mensaje de previsibilidad que la gestión de Javier Milei busca consolidar ante los mercados y los organismos internacionales.

Según datos oficiales, el Gobierno ya cuenta con US$1.800 millones destinados a cubrir parte de esos vencimientos. A ese monto se suma la emisión del BONAR 2029N, la compra de reservas realizada en las últimas semanas y la posibilidad de utilizar, de manera parcial o total, los US$700 millones que ingresarían por las concesiones hidroeléctricas.

Sin embargo, aun considerando esas fuentes, resta cubrir aproximadamente US$2.400 millones. Ese faltante es el que mantiene abiertas distintas alternativas de financiamiento que se analizan por estas horas dentro del equipo económico que encabeza Luis Caputo.

El ministro dejó en claro que una de las prioridades es evitar la emisión de nueva deuda bajo legislación extranjera. La decisión responde a una estrategia de mediano plazo que apunta a reducir la dependencia de los mercados internacionales y fortalecer el financiamiento en moneda local.

Caputo expresó públicamente que recurrir nuevamente a Wall Street no es la opción preferida. “Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”, sostuvo, en línea con el discurso oficial de desendeudamiento y orden fiscal.

En ese marco, una de las opciones que se evalúa es la negociación de un REPO con bancos privados. Este mecanismo permitiría obtener liquidez de corto plazo utilizando activos como garantía, sin necesidad de emitir nueva deuda soberana en los mercados internacionales.

Otra alternativa en estudio es avanzar con colocaciones en el mercado de deuda local, una herramienta que el Gobierno viene utilizando de manera gradual. La apuesta es ampliar la base de financiamiento interno y reducir la exposición externa, aunque el margen sigue siendo limitado.

Desde el Palacio de Hacienda reconocen que las definiciones deberán llegar en las próximas semanas. El objetivo es cerrar el esquema de financiamiento antes de que finalice el año, para evitar sobresaltos en los primeros días de enero y sostener la estabilidad cambiaria.

El ministro de Economía fue categórico al descartar, al menos por ahora, una nueva emisión de deuda con legislación extranjera. En declaraciones públicas, remarcó que la intención del Gobierno es que Wall Street sea una fuente de financiamiento “marginal” para la Argentina.

“Trataremos de que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, afirmó Caputo al ser consultado sobre la posibilidad de volver a los mercados internacionales.

El funcionario también destacó que el REPO aparece como una herramienta viable para cubrir necesidades puntuales. “El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro”, señaló, dejando abierta la puerta a una combinación de instrumentos.

La postura del ministro se enmarca en la estrategia general del Gobierno, que prioriza el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y el cumplimiento estricto de los compromisos financieros como pilares para recuperar la confianza.

En ese sentido, la administración libertaria considera que cumplir con los pagos de enero será una señal clave para consolidar la credibilidad externa y evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio y las expectativas inflacionarias.

El presidente Javier Milei también se refirió al tema y transmitió un mensaje de optimismo. En declaraciones radiales, aseguró que el Gobierno contará con los fondos necesarios para afrontar los vencimientos sin sobresaltos.

“Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, afirmó el mandatario, reforzando la centralidad del cumplimiento financiero en su programa de gobierno.

La frase no es menor en un contexto en el que la Argentina arrastra un largo historial de crisis de deuda y reestructuraciones. Para la actual gestión, sostener la palabra y cumplir los compromisos es una condición indispensable para el crecimiento.

Enero será, así, una prueba de fuego para el esquema económico del Gobierno. El resultado de esa negociación financiera marcará el tono del año y condicionará la capacidad del Ejecutivo para avanzar con su agenda de reformas.

Mientras tanto, los mercados y los analistas siguen de cerca cada señal. La forma en que se resuelva este primer desafío del 2026 será clave para medir la solidez del rumbo elegido.

El Poder Ejecutivo, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), incluyó el otorgamiento de avales por las operaciones de crédito público externo para varias provincias, tres de los cuales son para la provincia de Santa Fe. Lo máximo a garantizar en este año alcanzaría a los 555 millones de dólares.

La provincia, a través del equipo económico que conduce Pablo Olivares, venía gestionando la inclusión de los avales. El respaldo estaba incluido en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso y no votado por las cámaras.

Se trata de hasta 125 millones de dólares para la continuidad del acueducto bi provincial Santa Fe - Córdoba con un plazo mínimo de amortización de 3 años; 30 millones de dólares para defensa contra inundaciones de la ciudad de San Javier y 400 millones, también en dólares, para infraestructura económica, productiva y social.

En el equipo económico santafesino se aclaró a El Litoral que las autorizaciones son para "eventuales operaciones futuras", excepto en el caso de San Javier que se viene ejecutando la obra tras el aval legislativo al crédito. "La inclusión es importante para tener ya aval por si surge alguna fuente de financiamiento externo en lo que resta del año", se aclaró.

La decisión de avalar posibles tomas de deudas provinciales fue incluida en el artículo 6 del DNU N° 186 que adecua el presupuesto nacional 2025 asignando recursos adicionales a áreas concretas, mencionadas en los diferentes artículos. Una planilla anexa al DNU contiene los créditos a avalar.

Además de Santa Fe se habilita el aval a deudas de Neuquén, Córdoba, CABA, Salta, Chubut, Chaco así como al INVAP y a la empresa Energía Argentina SA.

El proyecto de Presupuesto 2025 no fue aprobado en el Congreso por lo que el Poder Ejecutivo prorrogó el 2024 y va produciendo una serie de adecuaciones. En este caso, el DNU prevé partidas para áreas energéticas, educación, ciencia y tecnología; retiros y pensiones militares; represas en Santa Cruz, salud, Casa de la Moneda, etc.

Dos aspectos incluyen a las provincias, el aval para las deudas y también el régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado nacional y las provincias.

Sobre la primera la Ley N° 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal dispone que "los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio del Interior, el que conjuntamente con el Ministerio de Economía efectuarán un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley".

En los considerandos dice que "la deuda pública a la que buscan acceder las Provincias y la CABA garantizará la ejecución de obras y la prestación de servicios que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos argentinos".

En cuanto al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y provincias fue creado por un decreto del año pasado del Poder Ejecutivo y avala que bienes inmuebles "que son innecesarios y/o sin destino de propiedad del Estado Nacional podrán ser afectados al pago de deudas, lo que permitirá sanear parcialmente las cuentas públicas y aliviar el gasto que conlleva el mantenimiento de aquellos bienes que no aportan un valor fundamental para los fines estatales".

De esta manera se incorpora al sistema la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

En este último caso, Santa Fe no tiene intenciones de conciliar debido a que Nación adeuda cifras millonarias al estado provincial y dice no disponer de dinero para saldar los compromisos.

En enero el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $224.421.536 millones, lo que representó un aumento de 3,9% con respecto al cierre de 2024. Por otro lado, el stock de la deuda en moneda extranjera disminuyó en US$2.969 millones con respecto al mes anterior, hasta alcanzar un monto de US$252.344 millones.

Así lo detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso. El informe revela que el Tesoro canceló intereses de deuda en pesos por $248.844 millones y en moneda extranjera por el equivalente a US$737 millones, de los cuales US$473 millones corresponden a los bonos de reestructuración 2020.

Además se canceló capital por $27.414.391 millones y el equivalente a US$3.124 millones. Se destacan los pagos de los bonos en dólares emitidos en la reestructuración de 2020 por US$ 2.813 millones.

Pero al mismo tiempo hubo nuevo endeudamiento. La OPC destacó que el Tesoro obtuvo financiamiento en moneda extranjera por US$153 millones y en pesos por $28.327.438 millones, de los cuales $23.608.428 millones fueron por licitación.

Los ajustes por valuación y capitalización de intereses sumaron $7.519.414 millones para la deuda en pesos y US$1 millón para la deuda en moneda extranjera.

Los servicios de deuda para los próximos seis meses en moneda local se estiman en $80.772.506 millones (habitualmente eso se renueva) y en moneda extranjera en US$20.119 millones.

"Excluyendo las obligaciones intra sector público, los vencimientos de la deuda desde febrero hasta julio se estiman en $78.674.888 millones y US$7.891 millones, de los cuales US$1.205 millones corresponden a intereses a pagar al FMI".

Recuerda la OPC que según la normativa vigente, "las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, excepto por las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte.

"Con respecto a estas últimas, el PEN está facultado a contratar préstamos con organismos internacionales económico-financieros a los que la Argentina pertenezca como miembro, con la única salvedad del financiamiento del FMI que requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente, luego de la sanción de la Ley 27.612 de 2022".

El artículo 2° de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, señala textualmente: "Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

Todo gerente de multinacional que haya invertido en la Argentina y no pudo sacar dólares por utilidades -el cepo aún lo limita- esperará que le giren ese dinero antes de pedir a sus accionistas; pero la Argentina necesita del FMI para consolidar reservas y enfrentar esa demanda. Pero el Fondo exige levantar el cepo antes de un nuevo acuerdo que postergue vencimientos y desembolse fondos para despejar la incertidumbre financiera del país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó el inicio de negociaciones formales con Argentina para un nuevo programa financiero que reemplace el actual de Facilidades Extendidas que vence a fin de año. La vocera del organismo multilateral, Julie Kozack, ha reconocido desde Washington que la economía de Javier MIlei alcanzó "logros impresionantes", incluso por encima de las pautas del entendimiento que se cierra, excepto en reservas del BCRA.

Las reservas del Banco Central acumulan más de US$32 mil millones (+US$1.500 sólo en diciembre), pero vale la pena recordar que en los cálculos del Fondo sólo cuentan las reservas internacionales netas, es decir el "cash" disponible para calmar cualquier alteración del mercado financiero: los bancos que tienen letras que pueden convertir en pesos para ir al dólar y los precios, más los inversores de bonos que renuevan -o no- sus acreencias según la confianza en el gobierno.

Con el riesgo país rondando los 670 puntos, el programa de Luis Caputo viene ganando horizontes. Pero necesita algo más; el presidente Javier Milei -en una entrevista a The Wall Street Journal- dijo que confía en conseguir el apoyo de Donald Trump, incluso para un acuerdo de libre comercio.

El propio ministro de Economía ha señalado "un acuerdo con el Fondo debiera venir con una inyección de plata para recapitalizar el Banco Central, que recibimos con US$ 12.000 millones de reservas negativas".

El economista Juan Carlos De Pablo viene señalando que el respaldo del FMI es necesario, pero es mejor si no se toman fondos. El programa financiero del gobierno central viene dando señales de poder renegociar la deuda voluntaria del mercado sin necesidad de nuevos desembolsos; en la sana contabilidad fiscal es recomendable; a los ojos avaros de los financistas, si hay garantías, es mejor.

El nuevo programa es indispensable en primer término para el organismo que preside Kristalina Georgieva. No puede permitir pasar a "incobrable" los US$41.546 millones que se deben del stand by que firmó Macri en 2018, renegociado en 2022, bajo términos y promesas que Sergio Massa nunca cumplió.

Para los entusiastas del maniqueísmo ideologizado, siempre es bueno recordar que "en el undécimo mes del año 2024, el stock de deuda bruta ascendió a un monto total (deuda en pesos más deuda en dólares) equivalente a US$464.258 millones". Culpabilizar a Macri es un dato que -para igualar la vara- exige medir de dónde y a qué costo salió el resto, porque en todo caso el crédito del FMI es el más barato y -sobre todo- casi no se ha pagado.

Caputo buscará renovar la deuda con el Fondo a menor tasa y mayor plazo, apalancado en la baja del riesgo país. El ministro no adelantó detalles, pero reconoció que están por entrar al país US$11.900 millones de dólares, en planes plurianuales en el marco del RIGI, que a su vez apalancarían exportaciones (Vaca Muerta y la minería son las prioridades) y mantendrían fortalecido al peso argentino.

Ese es precisamente el punto débil del camino hacia 2025. Un "shock externo" o un "cisne negro" pueden complicar los planes. No es un escenario improbable, por el contrario. La devaluación de Brasil y la baja del precio de los commodities son una acechanza inminente.

Mirá tambiénCaputo dio detalles sobre el futuro del dólar y el FMI a empresarios de AEA

Fronteras adentro, el presidente y su equipo confían que con la baja inflación y el dólar accesible, la importación más barata (aún es parcial, a través de plataformas para consumos) y el turismo al exterior mejorarán el clima social para la "clase media". El presidente, después de eliminar el Impuesto País, cuestiona fuerte el aumento de tasas de los municipios, o incrementos como el de Santa Fe de IIBB a las plataformas digitales de pago, o el cobro de una tasa a los que ingresaron al blanqueo.

Para los sectores más vulnerables, además de los precios "calmos", el gobierno mantendrá la política por la cual la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren el 100% de la canasta básica alimentaria. Caputo suele recordar que Massa entregó esa ratio en un 54%.

Mientras tanto, la "enfermedad holandesa" (ingreso de dólares) dejará maltrechos a sectores fabriles que perderán en el nuevo escenario. En especial porque el libertario no atenderá políticas sectoriales (tasas diferenciales, planes de productividad) más allá de la ley de promoción para inversiones Pyme, que prometió Juan Pazo antes de ser transferido al Arca y en la antesala del "cierre virtual" del Congreso, al menos hasta marzo.

Un asterisco especial merece aquí el segmento de la construcción. Es el que más dinamiza la economía interna, y el que más se encareció en costos dolarizados. Un desafío que no se compensa sólo con "los hipotecarios que están por venir", de la mano de bancos que necesitan volver a trabajar de eso… de dar créditos.

Para "empardar la cancha" a los sectores perdedores, el gobierno se propone, a partir del crecimiento económico previsto hasta en 5% para el próximo año, bajar un punto del PBI en carga fiscal.

En el "podio" están las retenciones, el impuesto al cheque y en especial Ingresos Brutos, el impuesto que "más distorsiona" la economía, que sin embargo es potestad de las provincias. Pueden los gobernadores esperar una negociación poco amistosa en este punto.

Milei y los suyos ya anticiparon que con tres meses de inflación no mayor a 2,5% -si el escenario internacional no se interpone- bajarán la devaluación mensual (crawling peg) del 2% al 1%, así como las tasas de referencia del mercado. El gobierno le debe a los bancos unos $10 billones; espera que con tasas negativas, vayan pasando recursos a financiamiento de producción y consumo, en la medida que crezca la demanda de pesos "por las buenas razones".

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, oficializaron hoy la emisión de una Letra del Tesoro en dólares estadounidenses por un valor nominal de hasta USD 3.200 millones, que será suscripta directamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La letra tendrá un plazo de 10 años, con amortización íntegra al vencimiento, y devengará una tasa de interés variable vinculada al rendimiento que obtengan las reservas internacionales del BCRA en el mismo período.

El objetivo de este endeudamiento con el BCRA es financiar los servicios de la deuda externa denominada en moneda extranjera, según los considerandos de la Resolución Conjunta 2/2024.

La emisión de esta letra en dólares fue autorizada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 23/2024 del pasado 4 de enero.

En ese decreto se facultó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de la Administración Financiera, conformado por las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, a emitir esta deuda.

Con este mecanismo, el Gobierno busca obtener financiamiento en moneda extranjera por parte del BCRA para hacer frente a los vencimientos inminentes de deuda pública emitida previamente en dólares bajo legislación extranjera.

De acuerdo a los datos publicados, en 2024 vencen pagos de intereses y amortizaciones de capital de esa deuda externa por aproximadamente USD 19.000 millones. Con este préstamo del BCRA el Gobierno podría cubrir parte de esas obligaciones en moneda extranjera que enfrenta el Fisco este año.

El Gobierno ultima la preparación de un canje de deuda en pesos que podría abarcar una canasta de títulos elegibles por unos $7,5 billones.

Con ese fin, funcionarios del Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa se reunirán este lunes con bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión (FCI).

En principio la comitiva oficial la encabezaría el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, aunque no se descarta la presencia del propio Massa.

Se busca tratar de alcanzar acuerdos en los que se comprometa a esos sectores a ingresar a la operación, una manera de despejar el horizonte ante la importante cantidad de vencimientos que se avecinan hasta fin de año.

Lo que pergeñó es un un canje que postergue para los primeros años del próximo mandato una porción considerable de los pago, situación que podría permitir espejar el escenario en medio de la batalla electoral.

También le quitaría presión a los dólares paralelos ante cada licitación del Tesoro.

La idea seria reperfilar los vencimientos para 2024 y 2025, es decir, saltar la barrera electoral que marcó las licitaciones de los últimos meses.

Según trascendió, la llave para estirar los plazos es ofrecerle a los tenedores de deuda bonos ajustados por CER (Inflación) o duales, que pueden pagar el índice más conveniente entre los precios y la evolución del dólar oficial.

La propuesta, según Ámbito Financiero, es que el 80% de los nuevos bonos evolucionen con la inflación y un 20 sean de carácter dual.

Según fuentes oficiales citadas por el sitio de Ámbito Financiero, los títulos elegibles para la conversión serán los que tienen vencimiento en marzo, abril, mayo y junio. La consultora 1816 mencionan que esos títulos suman /,7 billones de pesos.

El 37% está de esos papeles los tendrían el Banco Central (BCRA), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y los bancos estatales, por lo que su renovación no corre riesgos. En tanto, el grueso de los tenedores, el 44% son bancos privados, FCI, aseguradoras y fondos extranjeros, lo que constituye la porción más importante a sumar al canje, mientras que el 19% restante estaría en poder de empresas, individuos y otros entes públicos.

Tras conocerse el canje de deuda, los bloques legislativos de Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado en el que señalaron que la operación “supondrá un enorme riesgo para los argentinos porque podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor”.

“El mencionado canje les dará a los banco una opción que ningún inversor tiene: un ´bono dual´ ajustado por inflación o devaluación y la posibilidad de vender todos los títulos al Banco Central en cualquier momento”, alertaron desde la alianza opositora.

Argentina afrontará esta semana un nuevo pago de 1.400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), en base al cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de 45.000 millones de dólares.

De ese total, este lunes vencen 692 millones de dólares, mientras que el miércoles se deben abonar otros 710 millones de dólares, que deberán ser saldados antes de que se complete la cuarta revisión correspondiente al último trimestre de 2022, que finalizará en marzo próximo.

El gobierno argentino cumplió con las metas del último trimestre del año con el FMI según estimaciones de analistas consultados, gracias a la implementación del denominado “dólar soja II”, ajustes en las cuentas fiscales y a la política de frenar el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro.

El FMI aprobará la tercera revisión e ingresarán 6.000 millones de dólares a Argentina

Esto habilitará al organismo multilateral a gatillar en marzo un nuevo desembolso para la Argentina por US$ 5.000 millones.

La cuarta revisión del programa que el FMI mantiene con la Argentina se desarrollará en febrero a nivel técnico, y se espera que la revisión se apruebe en marzo.

Los desembolsos del FMI vienen calzados para que la Argentina pueda afrontar los vencimientos del programa que esta gestión heredó de la administración Macri, que para el corriente año suman compromisos de pago por unos US$ 19.850 millones.

Según el cronograma de pagos, con el vencimiento del lunes la Argentina habría afrontado en total en enero unos US$ 2.650 millones.

Misión argentina llegó a Washington para cerrar la tercera revisión del FMI

En base a las metas acordadas con el FMI, la Argentina debía culminar 2022 con una acumulación neta en reservas de al menos US$ 5.000 millones, cifra que finalmente sobrecumplió y que, en base a las estimaciones privadas, “no requerirá de waiver” (perdón) para pasar el examen.

No obstante, algunos analistas alertan sobre la existencia de cierta presión sobre la base monetaria y por ende la inflación, como resultado de las políticas aplicadas para cumplir con los objetivos fijados.

Una comitiva encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, llegó este martes a Washington para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerrar las negociaciones para la aprobación de la tercera revisión del programa, que permitirá gatillar un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.

La delegación argentina que partió anoche hacia la capital estadounidense se completa con el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna.

Tras la reciente visita de representantes del organismo multilateral a la Argentina, se buscará ahora terminar de negociar en la sede central del organismo la tercera revisión del programa, para eventualmente recibir un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.

La tercera revisión corresponde a la auditoria del FMI de los números económicos de la Argentina del tercer trimestre del año, y forma parte del programa que el país suscribió con el FMI en marzo de 2022 para refinanciar los US$ 45.000 millones con el organismo multilateral, heredados de la gestión de Mauricio Macri.

No se descarta que la delegación argentina plantee durante su estadía en Washington, que se extenderá hasta el viernes, los efectos negativos de la guerra en Ucrania para las reservas del Banco Central, que según admitió el propio ministro de Economía, Sergio Massa, rondaron los US$ 5.200 millones.

Sin embargo, para las autoridades del FMI ese rojo no previsto se ubicó en torno a los US$ 3.700 millones, aunque todos coinciden en el efecto devastador del conflicto armado en términos del costo de la energía.

En este contexto, las autoridades argentinas también prevén “solicitar un esfuerzo adicional” por parte del FMI, en función que se está pagando por una “guerra que no elegimos”.

Otro punto sustancial que forma parte de la agenda con el FMI es la revisión de los sobrecargos que aplica el organismo sobre el préstamo concedido a la Argentina.

De hecho, en la reciente cumbre del G20 que se llevó a cabo en Bali, Indonesia, los líderes de los países miembros consensuaron una declaración final que propone la revisión de la política de sobrecargos del FMI, en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses.

Rusia dejó de pagar su deuda soberana en moneda extranjera por primera vez en un siglo y cayó oficialmente en estado de default, en lo que representa el punto cúlmine de las sanciones occidentales cada vez más duras que cerraron las vías de pago a los acreedores extranjeros. 

Durante meses, el país encontró caminos para esquivar las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin. Pero el domingo terminó el período de gracia de unos USD 100 millones de dólares en pagos de intereses que vencían el 27 de mayo, un plazo que se considera un evento de impago si no se cumple. 

El Kremlin consideró “sin fundamento legal” las afirmaciones de que Rusia suspendió pagos en relación a su deuda externa por primera vez en cien años tras expirar el domingo el período de gracia para que llegaran a los tenedores de dos eurobonos casi 100 millones de dólares y euros en intereses. 

El vocero del Kremlin Dmitri Peskov dijo en conferencia de prensa: “Estas afirmaciones sobre una suspensión de pago, también en este caso no tienen ningún fundamento legal”. 

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El 27 de mayo Rusia debía pagar los cupones de dos eurobonos con vencimiento en 2026 y 2036, en euros y dólares. 

El Ministerio de Finanzas anunció ese mismo día que la depositaria nacional pagó 71,25 millones de dólares por los bonos de 2026 y 26,5 millones de euros por los de 2036. 

Las dificultades surgieron especialmente después de que Estados Unidos no renovará el 25 de mayo la licencia que le permitía a Rusia temporalmente pagar su deuda externa en dólares. Pero, según Bloomberg, los acreedores no recibieron el pago. 

Dado que las agencias de calificación de riesgo no emiten este tipo de declaraciones de impagos al impedírselo las sanciones occidentales por la invasión a Ucrania, son los propios tenedores de eurbonos los que, al reunir el 25 % de la cantidad adeudada, tienen que afirmar que Rusia incurrió en un “evento de impago”. 

El problema para Rusia se agravó después de que las contrapartes centrales como Euroclear y Clearstream dejarán de aceptar los activos de la Depositaria Nacional de Liquidación de Rusia (NSD), según Moscú. Además, la NSD está sancionada desde principios de junio por la Unión Europea. 

El presidente Alberto Fernández calificó este martes de “tóxico” el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que esa administración aplicó un “deudicidio” en el país. Al hablar de manera virtual ante la 76ª Asamblea General Ordinaria de la ONU, Fernández sostuvo que el país fue “sometido” a un “endeudamiento tóxico e irresponsable con el FMI” que implicó un “deudicidio”. El mandatario expuso que “los recursos aprobados por el FMI a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57 mil millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo”.

“Gran parte de esos recursos han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital”, dijo y consideró que “resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en la ONU en aquella resolución 69/319 de 2015”. Al respecto, sostuvo que el Gobierno argentino “apoya la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas”. En esa línea, evaluó que “la prórroga de la iniciativa de suspensión de servicios de deuda producida por el G20 es provisoria e insuficiente”. Para Fernández, “la falta de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media sigue siendo un vacío importante dentro de la gobernanza financiera internacional”, por lo que el Gobierno alienta la “ampliación de un nuevo marco común para el tratamiento de las deudas del G20 a países de ingresos medios con vulnerabilidades”. También señaló que “la crisis originada por el Covid-19 es también una crisis de derechos humanos” porque “la pandemia ha agudizado la violencia contra las mujeres y la estigmatización contra los inmigrantes, minorías étnicas, personas LGBTIQ+ y los pueblos indígenas”, entre otros colectivos. En esa línea, repasó algunas de las medidas que el Gobierno a su cargo impulsó para garantizar la adquisición de derechos de las mujeres, diversidades y personas LGBTIQ+, que requieren “un nuevo comienzo en favor de sociedades más justas, inclusivas e igualitarias”. En otro punto de su discurso, el mandatario formuló un pedido a la comunidad internacional para avanzar en la investigación del atentado a la sede de la AMIA, cometido hace 27 años. “Se continúa la política iniciada en este ámbito en 2003 de requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas”, destacó. Asimismo, reiteró el reclamo de la Argentina por “sus derechos de soberanía legítimos e imprescriptibles, sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que integran parte del territorio nacional argentino”. “Dichos territorios se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 188 años. No existe ninguna razón salvo la intención del Reino Unido de mantener la manifiesta e ilegítima situación colonial para que no se retome el diálogo bilateral ya mismo por la cuestión Malvinas”, concluyó. Debido a la pandemia, este año los líderes mundiales fueron invitados a enviar videos pregrabados de sus discursos que fueron retransmitidos en directo, por lo que no todos estuvieron presentes en la sede de la ONU en Nueva York.