La histórica cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada fue declarada en quiebra por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, luego de constatarse la inviabilidad económica de la empresa y el fracaso anticipado de su proceso concursal.

La resolución judicial, conocida este miércoles y firmada por el juez Marcelo Gelcich, se sustenta entre otros elementos en el propio reconocimiento de la compañía de que no estaba en condiciones de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores ni de sostener su operatoria corriente, lo que derivó en una “quiebra indirecta” por frustración del concurso preventivo.

A lo largo de sus 49 páginas, el fallo describe una situación financiera crítica, con un pasivo concursal de “varios miles de millones de pesos” y más de 86 millones de dólares, al que se suma una pesada carga de deuda generada durante el propio proceso concursal.

Utiliza para ello una síntesis del todo el proceso en términos de “lenguaje claro”, y añade un “mensaje a la sociedad”, en el que sustenta el compromiso judicial de atender debidamente el interés de los acreedores, sin perder de vista el impacto de la medida en la comunidad.

“A nadie se le oculta el valor de mercado que hoy sigue teniendo la marca, lo cual es fundamento cierto de reales expectativas sobre la posible venta de la misma (es un activo separado e independiente de las plantas industriales) a valores significativos”, consigna el juez.

Y pone de resalto a continuación “que el sustento de la marca es ciertamente humano: son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca.

“Sería del todo razonable y conveniente que los eventuales interesados en comprar activos de SANCOR CUL sepan que aquí radica verdaderamente el valor de los activos: basta con hacer el ejercicio mental de suponer la hipótesis en que la empresa se quedara sin activos físicos y tuviera que adquirir otros semejantes, lo cual seguramente sería solucionado en poco tiempo por el personal que hoy trabaja”, añade.

Se dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas.

Pero a la vez, aclara que si, a la inversa, las plantas se quedaran sin el personal, “sería muy difícil estimar el tiempo que llevaría a nuevos empleados construir la organización que hoy existe, y, sobre todo, elaborar los mismos productos, y con la misma calidad”.

En la descripción del cuadro presentado, el fallo precisa que solo en concepto de deuda postconcursal, la cooperativa acumulaba al 31 de enero de 2026:

Más de $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales

$12.788 millones en salarios adeudados

$3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos

$13.313 millones en deudas comerciales

A esto se añade un ritmo de generación de nuevo pasivo cercano a los $3.000 millones mensuales, en un contexto en el que los ingresos corrientes ya no alcanzaban para cubrir los costos operativos.

El deterioro económico estuvo acompañado por una fuerte contracción de la actividad. La empresa operaba con seis plantas industriales —ubicadas en Santa Fe y Córdoba— pero con niveles de utilización muy por debajo de su capacidad.

El caso más crítico es el de Sunchales, su planta principal, que funcionaba con niveles de ocupación inferiores al 10%, mientras otras instalaciones directamente quedaron paralizadas o en situación de subutilización.

El proceso también implicó un cambio estructural en el modelo productivo: durante 2025, SanCor pasó de procesar leche propia a depender de terceros (fazón), y finalmente terminó operando con volúmenes mínimos de producción propia, reflejo de la pérdida de proveedores y contratos comerciales.

Pese a la declaración de quiebra, el tribunal dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas, con el objetivo de preservar el valor de la empresa en marcha y evitar un deterioro mayor de los activos.

En paralelo, se ordenó avanzar en un proceso de enajenación de la compañía —total o por unidades productivas— mediante mecanismos de licitación, en línea con lo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

La estrategia apunta a maximizar el recupero para los acreedores y eventualmente facilitar el ingreso de nuevos operadores privados interesados en activos industriales, marcas o segmentos del negocio.

El colapso de SanCor tiene un fuerte impacto en el entramado productivo regional. Al momento de la sentencia, la empresa contaba con 914 trabajadores, muchos de ellos con salarios impagos y en condiciones laborales precarias.

El fallo reconoce la gravedad de la situación y pone especial énfasis en la protección de los créditos laborales, aunque en el marco de un proceso falencial donde la prioridad será la liquidación ordenada del patrimonio.

La quiebra marca el desenlace de un proceso de deterioro que se arrastra desde hace años. SanCor, que supo ser uno de los principales actores del sector lácteo argentino, no logró revertir sus problemas estructurales: alta carga de costos, pérdida de competitividad, endeudamiento creciente y dificultades para sostener su red de productores asociados.

El expediente judicial deja en claro que, más allá de los intentos de reestructuración, la empresa ingresó en una fase de “insolvencia estructural”, es decir, una incapacidad permanente para generar recursos suficientes incluso para sostener su operación cotidiana.

Con este fallo, se abre ahora una nueva etapa en la que el destino de la marca y de sus activos quedará sujeto al interés del mercado, en un escenario donde el desafío será preservar lo que aún resulte viable de una de las cooperativas emblemáticas de la economía regional.

El ministerio de Economía de la Nación ya informó a sus pares del equipo económico santafesino que el gobierno central avalará los dos créditos ya otorgados por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -, y para emitir bonos de deuda en Estados Unidos.

Es más, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, ya firmó el aval respectivo a los créditos de CAF y solo resta el decreto que habilita a firmar la garantía federal con aval de la coparticipación. "También nos anticiparon que nos darán el aval para la emisión de bonos" dijo a El Litoral un vocero del equipo económico santafesino que encabeza Pablo Olivares.

Hoy, con el riesgo país muy alto no es el momento más adecuado para salir a pedir financiamiento externo en esos mercados. Diferentes son los créditos de organismos internacionales generalmente a muy baja tasa de interés y plazos más elongados de amortización.

No obstante, los tres temas ya tienen aval de la Legislatura. En diciembre pasado, la Legislatura autorizó tomar un crédito de la CAF de 75 millones de dólares para los Juegos Odesur que se harán en septiembre del 2026. En junio último, en tanto, desde el Poder Legislativo hubo luz verde para 150 millones de dólares de CAF para infraestructura en el sur y la emisión de bonos por mil millones.

Los tres endeudamientos requieren aval del gobierno central y venían demorados, especialmente el que atañe a los Juegos Odesur donde la provincia está llevando adelante obras de infraestructura deportiva y villas olímpicas en Rosario, Santa Fe y Rafaela, las tres sedes de los juegos.

Es más, Economía está pagando con recursos provinciales los certificados de obras deportivas porque urge tener terminado estadios y restantes instalaciones en los tiempos estipulados por Odesur.

Este viernes, en Chile, una delegación santafesina encabezada por Julián Galdeano presentó ante el Comité Ejecutivo de Odesur un informe sobre la marcha de obras y de la organización para septiembre venidero.

La designación de Santa Fe como sede de Odesur 2026 fue alcanzada durante la gestión de Omar Perotti quien también definió las tres ciudades sedes y el compromiso fue ratificado por la gestión de Pullaro y los tres intendentes.

En Santiago de Chile, Santa Fe informó sobre la marcha de trabajos de Odesur. Crédito: Odesur

El pasado jueves cuando dos ministros del Ejecutivo y otros funcionarios estuvieron reunidos con senadores para otro crédito externo, en este caso de la Agencia Francesa para el Desarrollo, informaron que ya estaba el aval de Nación para los otros tres créditos. Fue la respuesta a la inquietud de un senador justicialista acerca de si Nación avalaría la toma de deuda de Santa Fe.

En el equipo económico se confirmó la firma de los avales por parte de Guberman y se está a la espera de la publicación de los decretos en el Boletín Oficial. La plata de CAF llegará a medida que se vayan haciendo las obras y certificándolas mientras que la emisión de bonos dependerá de la situación financiera del país.

"Hoy no están dadas las condiciones" dijo el vocero y la expectativa está puesta en el día después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El crédito de 75 millones de dólares con la CAF, tiene un plazo mínimo de 12 años para amortización y los recursos solo pueden estar destinados al programa de fortalecimiento de la actividad deportiva urbana en Santa Fe.

También ya la CAF concedió a Santa Fe los 150 millones de dólares para infraestructura en el sur santafesino, obras que se encuentran algunas en marcha y otras en período de licitación. El préstamo tendrá una tasa del 6% con un plazo de amortización de 18 años con 66 meses de gracia.

Carlos Guberman firmó los avales nacionales para los créditos solicitados por Santa Fe.

El coordinador general de la organización de los Juegos Odesur 2026 en Santa Fe, Julián Galdeano, estuvo en Santiago de Chile participando este viernes del comité ejecutivo de la Organización Deportiva Sudamericana que definió que en 2031 la cita será en Asunción del Paraguay.

Más allá de la definición de los juegos que se sucederán a los de Santa Fe, Galdeano presentó un informe sobre la marcha de la organización, especialmente de la construcción de la infraestructura. Santa Fe espera para septiembre del 2026 unos 4.000 atletas para los 43 deportes que competirán por el medallero.

La inversión en obras para deportes demandará casi 60 millones de dólares y en informe de Galdeano mostró los avances en la construcción de los diferentes estadios en las tres ciudades y el cronograma de finalización previsto. "A mediados de junio estará todo terminado" le dijo a El Litoral.

"Si el PBI sube, puede existir un superávit primario menor a los intereses a pagar (déficit financiero), pero que se trate de una situación fiscal sustentable, aun cuando aumente la deuda nominal, si no sube su peso en términos del PBI".

El párrafo integra un análisis de Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, responsables de la sección Fiscal del Ieral/Fundación Mediterránea. Para los analistas, incluso con un PBI estancado, tomar deuda para cancelar vencimientos o incrementa el stock.

En medio de discusiones políticas y técnicas del rol de "la deuda" en la economía argentina, los economistas explicaron que incluso "si la tasa de crecimiento del PBI es positiva y supera a la tasa de interés de la deuda", podría existir un déficit primario (y financiero), "y resultar sustentable, si la relación entre la deuda y el PBI de todos modos no aumenta".

A su vez señalan que "si deuda, como proporción del PBI, se estabiliza, en principio podría plantearse que la política fiscal se desarrolla en un sendero sustentable, y a la inversa en el caso contrario". Es parte del fundamento de la defensa cerrada de la Casa Rosada sobre el superávit fiscal.

"Por supuesto -especulan Capello y Cámpoli- también se debería atender a la exposición cambiaria de la deuda, aunque dicho riesgo resultaría ahora acotado, dado que no se esperan movimientos pronunciados del tipo de cambio, antes o después de las elecciones de octubre.

"Con un tipo de cambio flexible y equilibrio fiscal, difícilmente ocurra una maxi depreciación de la moneda local, aunque sí podrían darse movimientos moderados de corto plazo".

Exponen que "en un año en que el PBI se recupera", un leve déficit financiero "podría resultar de todos modos fiscalmente sustentable, si el peso de la deuda no sube en el tiempo, sino que se estabiliza o reduce".

Allí los economistas señalan que el nivel de la deuda entre noviembre del 2023 y mayo del 2025, en el consolidado de Tesoro Nacional más BCRA, "habría bajado entre 5% y 8%, en dólares, entre ambos períodos, o entre 10 y 12 puntos del PBI". Eso aún cuando "se habría mantenido relativamente constante si se compara la deuda en moneda local constante".

Tras un pico de endeudamiento tras la devaluación de diciembre del 2023, "desde enero de 2024 comienza una baja sostenida de su peso, con guarismos en mayo de 2025 (55% del PBI) inferiores a los de noviembre del 2023 (66%).

"Si de la deuda total se restan los depósitos del Tesoro en el BCRA, la tendencia a la baja en el peso de la deuda resulta más marcada: la deuda total pasa de 64% del PBI en noviembre de 2023 a 52% en mayo de 2025, con una disminución de 12 puntos porcentuales".

En cuanto a la deuda pública nacional con privados y organismos (se excluye la deuda intra sector público), "el nivel habría pasado del 60% de diciembre del 2023 al 31% en marzo pasado, con una reducción de alrededor de 29 puntos porcentuales en ese lapso".

En plena discusión parlamentaria por el techo de la deuda de Estados Unidos, Elon Musk sorprendió con una autocrítica que lo aleja simbólicamente de Javier Milei. “Milei me dio la motosierra entre bambalinas y salí con ella, pero, en retrospectiva, le faltó empatía”, escribió el magnate en X a las 1.52 AM (hora del Este), al responder a un usuario que le cuestionó el gesto.

El video en cuestión corresponde a una aparición conjunta en mayo durante el foro del Milken Institute en Los Ángeles, donde el presidente argentino le obsequió a Musk una réplica de su icónica motosierra, símbolo de la política de ajuste libertario. Musk la tomó y la agitó en escena, en un gesto que ahora admite que fue desacertado.

Musk reapareció en X criticando al gobierno estadounidense

La frase surge justo cuando en el Congreso de los Estados Unidos se intensifica la pulseada por el techo de deuda federal. Musk publicó que “llegar al límite es la única forma de frenar el despilfarro y el fraude”, pero generó rechazos. “Estás actuando como un tonto con esa motosierra”, le respondió un usuario. Musk, lejos de redoblar, contestó con una inusual admisión: “Valid point. Le faltó empatía”.

“Faltó empatía”, reconoció Musk sobre el gesto con el símbolo libertario. X

La escena volvió a tomar fuerza este martes mientras se acumulan advertencias sobre el riesgo de default si no se llega a un acuerdo. Musk, quien se presenta como defensor de un Estado más eficiente, quiso reforzar su postura fiscal, pero la imagen de la motosierra restó seriedad a su mensaje ante una situación que afecta a millones de estadounidenses.

El distanciamiento simbólico con Milei no pasa desapercibido. En su momento, la interacción fue celebrada por el oficialismo argentino como una señal de respaldo internacional. Hoy, esa complicidad entra en revisión. Y el propio Musk parece querer bajarle el tono al show.

En mayo el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $243.464.227 millones, 2,6% mayor respecto del cierre de abril, mientras que la pagadera en moneda extranjera disminuyó 4,9% y totaliza US$254.842 millones. Así lo reveló un nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo técnico que por lo demás no depende del oficialismo, en minoría en ambas cámaras.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, en el IFF Argentina Economic Forum de esta semana, aseguró que "estamos en un proceso de desendeudamiento marcado y sostenido en el tiempo". El funcionario dijo que le presta menos atención al Riesgo País que no baja, o al "tipo de cambio", que a "las tendencias" en términos de superávit fiscal con crecimiento económico.

Ratificó que eso "nos va a llevar a un marcado proceso de desendeudamiento; un proceso que ya comenzó. Desde que subió este gobierno hasta el día de hoy -si nosotros miramos la deuda consolidada del Banco Central y del fisco- bajo en 50.000 millones dólares. Este proceso de desendeudamiento va a seguir".

Resaltó el regreso de la Argentina al mercado de capitales "con una colocación de un bono que se suscribía en dólares y se pagaba en pesos; es parte del proceso de refinanciación y de pago que no agrega deuda al país porque se utiliza para el rollover y para cumplir compromisos.

"No vamos a emitir deuda nueva para aumentar el gasto; no vamos a emitir deuda nueva más allá de los refinanciamientos que se requieren. Quiero dejar muy en claro: estamos bajando la deuda, no estamos aumentando la deuda y en el proceso estamos mejorando la calidad; la deuda pasa a ser en pesos y no en dólares, a pesar de que fue suscrita en dólares".

En línea con las afirmaciones de Daza, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que en mayo el Tesoro recompró letras intransferibles por US$13.091 millones con los fondos obtenidos por el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de facilidades extendidas de abril.

Detalla que una de las dos licitaciones que hizo el Tesoro en mayo implicó la emisión de un nuevo bono en pesos a tasa fija orientado exclusivamente a inversores internacionales, bajo legislación local, de suscripción en dólares y con vencimiento en mayo 2030.

Detalla la OPC que se cancelaron intereses de deuda en moneda extranjera por el equivalente a US$854 millones, de los cuales US$612 millones correspondieron a préstamos del FMI. Además el Tesoro no registró financiamiento neto por AT (adelantos transitorios del BCRA) , con lo cual el stock permaneció invariable desde agosto 2023 en $4.091.100 millones.

Los vencimientos en pesos de junio a diciembre de 2025 ascienden a $102.936.462 millones y en moneda extranjera se estiman en el equivalente a US$9.219 millones.

Las operaciones de deuda registradas en mayo fueron las siguientes:

Intereses: el Tesoro canceló intereses de deuda en pesos por $1794568 millones y en moneda extranjera por US$854 millones.

Amortizaciones: se canceló capital por $18.907.097 millones, principalmente por vencimientos de títulos de mercado, y US$13.862 millones, de los cuales US$13.617 millones fueron por la recompra de letras intransferibles al BCRA.

Nuevo endeudamiento: el Tesoro obtuvo financiamiento en pesos por $17.661.701 millones, de los cuales $15.536.487 millones fueron por licitación, y en moneda extranjera por US$770 millones.

Ajustes de valuación y capitalización de intereses: sumaron $7.352.032 millones para la deuda en pesos y US$33 millones para la deuda en moneda extranjera.

Perfil: los vencimientos para el periodo de junio a diciembre en moneda local se estiman en $102.936.462 millones y en moneda extranjera en US$9.219 millones.

Cabe destacar que, del stock de deuda pagadera en moneda extranjera, que totaliza US$ 254.842 millones (y se redujo en US$ 13.059 millones en el mes), sólo 21,4% es ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los programas de Facilidades Extendidas de 2022 (EFF 2022) y 2025 (EFF 2025).

El grueso de ese stock de deuda se compone de 37,8% por los bonos step-up emitidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de 2020 (Bonares y Globales); 21,9% por letras intransferibles colocadas al BCRA; 15,7% por préstamos de otros organismos internacionales de crédito y 3,2% por otras deudas (letras en garantía, otros títulos públicos, avales y préstamos de bancos comerciales).

En tan solo una semana desde su ingreso formal, al cabo de dos reuniones clave y con despacho conjunto de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe avanzó con media sanción para obtener financiación internacional para "blindar" su plan de Obras Públicas con 1.150 millones de dólares.

Se trata de dos leyes pedidas por el gobernador Maximiliano Pullaro que en un caso plantean la salida al mercado internacional para emitir bonos de deuda por mil millones de billetes verdes y llevar adelante nuevas inversiones (además de garantizar la conclusión de las que están en marcha) y en el restante para acceder a un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por 150 millones de dólares para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

Para ambas normas, mantuvieron sendas reuniones con el oficialismo primero y la oposición después dos ministros del Gabinete. El de Economía, Pablo Olivares, que expuso los números de los flujos de inversión corrientes y su lectura sobre la baja en los fondos que provienen del gobierno nacional fuera de la coparticipación automática, además de las potencialidades de Santa Fe para enfrentar un endeudamiento que aún es muy bajo; y el de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, que tiene la misión de apurar los tiempos en la Legislatura y asistió a la sesión donde los dos proyectos lograron la media sanción. Los textos llegaron de inmediato a Diputados y pasaron a comisiones (lo mismo que ya había hecho el Senado).

Para el senador Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) se trata de una operación de toma de deuda que alienta "un proceso virtuoso, destinado a inversiones de capital que cuidan el futuro de los santafesinos", con un nuevo plan de obras a desarrollar y que asegura "blinda" las que están en ejecución. "Es para llevar adelante obras que no se han iniciado", resumió.

Afirmó que en 2024 la inversión de capital del gobierno de Santa Fe llegó a los 500 millones de dólares y subrayó que ahora, con este plan de financiación, se llegará a otros 1.500. "Buscamos asegurar más competitividad para la producción, no solo la santafesina, también para Córdoba y provincias mineras que van a lograr una mejor salida de su producción al mundo por los puertos de Santa Fe".

El presidente provisional del Senado dijo que "ha llegado el momento de tomar decisiones inteligentes" y usar las fortalezas provinciales de su bajo nivel de endeudamiento con una emisión de bonos en el mercado externo: dos estados subnacionales tienen las mejores calificaciones, "Santa Fe y Caba". Concluyó que "queremos cancelar al menos en parte la deuda social y productiva que tenemos con los santafesinos".

Expresó su especial agradecimiento a todos los senadores justicialistas que votaron favorablemente y los nombró a cada uno de los cinco integrantes de la bancada justicialista.

En tanto, Rodrigo Borla como jefe de bloque del oficialismo recordó los efectos positivos de mantener políticas de Estado más allá de los vaivenes políticos en los gobiernos. Habló de gestiones anteriores del Frente Progresista, Cívico y Social y del Justicialismo que han iniciado y continuado, según el caso, gobiernos en alternancia, una prolija administración de las cuentas fiscales. "En Santa Fe, nunca nos endeudamos para pagar deudas o para la bicicleta financiera, ni para tener reservas, o gastos corrientes: es para hacer obras", destacó.

Habló de la merma en los flujos de fondos no automáticos del Estado Nacional, donde Santa Fe ocupa el último lugar en el envío de los ATN y graficó la premisa de "obra pública cero" de Milei con consecuencias mortuorias en las rutas: "Hoy tenemos intendentes y presidentes de comunas que están tapando como pueden los baches de las rutas nacionales", alertó.

Explicó que de un ticket de compras de cualquier consumición sometida a impuestos de 10 mil pesos, en Santa Fe quedan apenas 200 mientras que otros 1.800 van a la Nación. "Esperamos más allá de este plan de financiación que alguna vez nos devuelvan algo de esto", más adelante, Esteban Motta (UCR-San Martín) afirmó que bastaría con un año de retenciones al agro para llegar a mil millones de dólares.

Con objeciones parciales y expresiones de deseo para que no haya situaciones de discriminación por color político a la hora de definir obras públicas, el bloque del Partido Justicialista decidió votar favorablemente la media sanción para dos leyes que permitirán ampliar el endeudamiento exterior de Santa Fe por 1.150 millones de dólares en total.

Los senadores opositores cuentan con apenas 5 de las 19 bancas y eligieron que la gestión a llevar adelante por Santa Fe -que también requerirá de la no objeción del gobierno nacional- cuente con el aval de la unanimidad de la Cámara alta de la Legislatura santafesina.

Para ello, esta semana los legisladores peronistas se reunieron con los ministros de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia y de Economía Pablo Olivares. Alcides Calvo (Castellanos), Hugo Sosa (Vera), Armando Traferri (San Lorenzo), Eduardo Rosconi (Caseros) y Rubén Pirola (Las Colonias) plantearon la necesidad de que haya una distribución armónica de los fondos a obtener mediante deuda que se traducirán en obras.

La bancada mostró su predisposición a avanzar con la construcción de infraestructura que es estratégicas en todo el mapa de la bota en materia de rutas, gasoductos, acueductos como así también obras previstas con fondos nacionales que "lamentablemente no han visto continuidad y que las podrían ser ejecutadas por la Provincia".

Rubén Pirola, como titular de la bancada, agradeció la predisposición de Michlig de Unidos y de los ministros para poder hablar poder "tener criterios comunes para mirar al mediano y el largo plazo" en obras estratégicas. Destacó que se añadió un documento con consideraciones sobre el proyecto para que vayan a Diputados, aunque no integren el expediente, y definió: "No somos nosotros los que trabemos el desarrollo de la Provincia de Santa Fe. Se triplica el endeudamiento actual que igual seguirá siendo bajo y entendemos que es una iniciativa positiva", destacó.

Pidió recordar que "la provincia tiene 19 departamentos y que todos tienen que crecer, que igualar es desarrollo. Damos un voto de confianza al Poder Ejecutivo Provincial porque somos dirigentes de la Provincia de Santa Fe: queremos más inversiones de capital", agregó.

La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad el compromiso de darle un tratamiento preferencial para la próxima sesión a dos proyectos de ley del gobernador Maximiliano Pullaro, en los que el Poder Ejecutivo Provincial pide la autorización para obtener financiamiento internacional por 1.150 millones de dólares para "blindar" el plan de obras públicas futuras (las actuales ya están garantizadas) y agregar más iniciativas en infraestructura también para 2025.

El oficialismo logró para la aprobación de una preferencia (una forma de marcar la agenda legislativa) el apoyo del bloque del Partido Justicialista luego de asegurarle a los senadores de la oposición en minoría que también serán recibidos por los ministros que encabezaron las gestiones ante la Legislatura para la sanción de los dos mensajes: uno con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 150 millones de dólares para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario y otro para la emisión de bonos de deuda en el exterior por 1.000 millones de la moneda norteamericana, para rutas, puentes, defensas, equipamiento urbano, redes de servicios públicos y viviendas, entre otros.

Por ahora no tiene fecha el encuentro entre los cinco senadores peronistas Rubén Pirola (Las Colonias), Alcides Calvo (Castellanos), Armando Traferri (San Lorenzo), Hugo Sosa (Vera) y Eduardo Rosconi (Caseros) con los titulares de las carteras de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia y de Economía, Pablo Olivares.

Tal como había adelantado El Litoral, este jueves 15 de mayo ingresaron dos mensajes con proyectos de ley desde la Casa Gris que constituyen "el primer paso" para salir a buscar créditos a tasas bajas porque Santa Fe ha logrado demostrar (durante años) su solvencia y bajo nivel de endeudamiento. El punto más destacable es que no se trata de buscar dinero fresco para cubrir gastos corrientes sino mejorar los bienes de capital con que cuenta el Estado santafesino.

Aunque la cifra impacta por inédita en el tratamiento de proyectos de ley de endeudamiento en Santa Fe, no se trata de magnitudes exorbitantes respecto de los miles de millones de dólares que posee el presupuesto provincial y el flujo de recursos destinados a obras públicas. Al término de la sesión, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR- San Cristóbal), comentó que -en la reunión con ambos altos colaboradores de Pullaro- los legisladores se informaron que por mes el movimiento de dinero en certificaciones de obras (el pago por el avance de cada trabajo a las contratistas) implica unos 100 millones de dólares. El monto a tomar en emisión de bonos es menos de un año extra para proteger y asegurar la marcha de las obras aunque los grifos nacionales se cierren aún más.

Se trata de una decisión política que parte de "verificar que caen los recursos nacionales" y según el gobierno provincial y el oficialismo en la Cámara alta incluso la coparticipación federal. La idea dominante en el bloque mayoritario de Unidos para Cambiar Santa Fe es que sesionen de forma conjunta las comisiones por las que debe pasar obligatoriamente el expediente para apurar su paso por el recinto de 19 bancas. Como mínimo, van a tener que producir despacho Presupuesto y Hacienda, Obras y Servicios Públicos, además del filtro final que requiere toda norma tratada con despacho: las firmas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Con esas previsiones la media sanción podría tener lugar el próximo jueves 22.

Tras la sesión, Michlig destacó que se busca "volver a los mercados internacionales de créditos para un plan de obras públicas futuras" para que antes del receso legislativo y del inicio de la Convención Reformadora el gobierno pueda dar más pasos para tomar esos préstamos, que requieren de una futura autorización del gobierno nacional. En última instancia, el garante natural de los préstamos de los estados subnacionales como las provincias o Caba es, en efecto, el Estado nacional.

"Nuestro gobierno apuesta a mantener el ritmo de obras públicas que genera trabajo, desarrollo y mejor calidad de vida para todos los santafesinos", subrayó y rercordó que "con fuerte decisión política, nuestra provincia tomó a cargo obras nacionales prometidas por años y nunca ejecutadas y otras abandonadas". Puso entonces como ejemplo "una obra millonaria y sumamente necesaria como es el puente Santa Fe – Santo Tomé", entre otras.

Desde su banca, el senador por San Jerónimo, Leonardo Diana, lamentó el reciente fallecimiento del periodista corondino Juan Peratitis. En ese sentido, expresó sus condolencias y apoyo a la familia y allegados del reconocido trabajador de diversos medios de comunicación del departamento San Jerónimo y la provincia. Mencionó su labor, su pasión por la profesión, por el mundo de los medios y destacó que cuando fue encontrado ya sin vida vestía una remera con una inscripción de su ciudad: Coronda. La vicegobernadora Gisela Scaglia se expresó en el mismo sentido.

Por otra parte, hubo reflexiones sobre dos hechos que marcan un inicio y un epílogo, fuera del país, por parte del senador Rodrigo Borla (UCR-San Justo). El jefe del bloque radical habló de la elección del Papa León XIV y el comienzo de su pontificado, y de la muerte del líder uruguayo José "Pepe" Mujica como un ejemplo para la actividad política en la región.

Orfilio Marcón (UCR- General Obligado) recordó el natalicio del cantautor santafesino Horacio Guarany, quien este 15 de mayo cumpliría 100 años y es oriundo de su departamento pese a que está tan asociado a la capital provincial.

Esteban Motta (UCR- San Martín) expresó duras críticas sobre el fracaso del proyecto de ley de "Ficha Limpia" en el Congreso y comparó lo sucedido con la norma con que Santa Fe cuenta desde hace años y que fue aprobada por unanimidad en esa Cámara, según se encargó de agregar Joaquín Gramajo (Unite-Unidos-9 de Julio). Subrayó que próximamente se buscará establecer dicha norma en la Constitución Provincial. Ciro Seisas (Creo-Unidos-Rosario) fue más allá y comentó que en el Concejo Municipal de esa ciudad hubo dos fuerzas políticas que "como a nivel nacional" votaron en contra de un proyecto de declaración que condenaba lo sucedido en el Congreso sobre ese tema. "Sí, La Libertad Avanza y el Kirchnernismo no apoyaron esa declaración", subrayó.

Esta semana marcó el fin de la concesión del puente Rosario-Victoria y de parte del Corredor Vial 18. Desde ese momento, la administración y el mantenimiento de las rutas nacionales 12, 14 y 174 pasaron a estar bajo control directo del Estado nacional, a través del organismo vial correspondiente.

Como parte de este cambio, se puso en marcha un plan de contingencia que incluye tareas de mantenimiento inmediato, mejoras en la señalización y asistencia para casos de emergencia. Las barreras de peaje quedaron levantadas mientras se reorganiza el esquema operativo.

La atención ante siniestros viales o problemas en el corredor se canaliza mediante líneas telefónicas habilitadas, disponibles las 24 horas, y también a través de un botón de emergencia disponible en la web oficial del organismo de rutas. Esto permite una coordinación con servicios de salud, bomberos y fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el traspaso de funciones no estuvo exento de tensiones. Trabajadores de la empresa saliente se presentaron en sus puestos sin información clara sobre su situación laboral. A muchos de ellos se les negó el ingreso, lo que generó momentos de incertidumbre y malestar en los accesos a los peajes.

Esta semana marcó el fin de la concesión del puente Rosario-Victoria y de parte del Corredor Vial 18.

Desde el ámbito gremial se expresó preocupación por la continuidad de los empleos y por la ausencia de una empresa operadora que garantice el servicio completo de asistencia y mantenimiento, especialmente en un corredor que concentra un volumen importante de tránsito interprovincial.

Las estaciones de peaje ubicadas en puntos clave del corredor -como Zárate, Piedritas, Isla Deseada y Colonia Elía- permanecerán inactivas mientras dure el proceso de reorganización. El objetivo es evitar demoras y facilitar la circulación en un momento de transición.

Además del plan de emergencia, se están realizando trabajos de desmalezamiento en las banquinas, mejoras en la carpeta asfáltica con mezcla en caliente y nuevas instalaciones de señalización vial en distintos tramos del corredor.

Otro punto que genera inquietud es el volumen de deuda que dejó la concesión saliente, producto de supuestos incumplimientos en el contrato original. Las actuaciones administrativas ya se encuentran en curso, pero la situación se sigue con cautela desde distintos sectores.

Esta semana marcó el fin de la concesión del puente Rosario-Victoria y de parte del Corredor Vial 18.

Mientras se avanza en las tareas operativas, agentes de Gendarmería Nacional permanecen en algunas estaciones de peaje, especialmente en el puente Rosario-Victoria, donde los trabajadores se congregaron a la espera de definiciones.

La transición aún no tiene un horizonte del todo claro. El mantenimiento del corredor y la seguridad vial están siendo atendidos por el organismo estatal, pero la resolución del conflicto laboral y la definición del futuro esquema de gestión son todavía una incógnita.

El mercado se muestra cada vez más confiado en que la Argentina cumplirá con sus pagos de deuda, por lo que la cotización de los bonos sube y el riesgo país cayó a su nivel más bajo desde julio de 2019.

Un clima internacional más favorable para la Argentina hasta la consolidación del superávit financiero y la acumulación de reservas explican el ánimo de los inversores.

Los títulos de deuda alcanzan valores máximos desde la reestructuración de deuda en 2020. En la tercera rueda de la semana, el riesgo país se posiciona en 800 puntos básicos.

Para encontrar una cifra similar, hay que remontarse al 31 de julio de 2019, cuando el indicador se ubicaba en 781 puntos básicos.

En aquel entonces, se estaba disputando la carrera presidencial entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, un momento de incertidumbre que empezó a recalentar al índice.

Dos semanas después, las urnas sorprendieron con la victoria de la entonces oposición y, al día siguiente, el riesgo país se disparó de 872 puntos básicos a 1.467 puntos básicos. Apenas unos días después, ya superaba los 2.500.

Los Bonares treparon este miércoles hasta 2,03% (AL41D) y los Globales, 3,64% (GD46D).

Según analistas, el optimismo entre los inversores se produce a partir de los avances en el plan de estabilización económica.

La baja de la inflación al 2,7% en octubre también es motivo de celebración entre los inversores, porque refleja que el programa económico empieza a rendir frutos.

Además, el Gobierno anunció otro mes consecutivo de superávit financiero, lo que otorga confianza al proceso de consolidación fiscal y de reformas desregulatorias.

En plena temporada de balances, con resultados que impulsan aún más al S&P Merval.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también tendieron al alza. Esta rueda, se destacaron los papeles de Transportadora de Gas del Sur (+5,8%), Central Puerto (+4,4%), Pampa Energía (+3,8%) y Telecom Argentina (+3,8%).

El gobierno provincial creó el programa de emisión de títulos de deuda por hasta $50.000 mil millones de pesos, o su equivalente en moneda extranjera, con el objetivo de ejecutar las obras de infraestructura vial para logística de exportaciones. La decisión está contenida en el decreto 0510 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares.

El dinero servirá para poner en marcha una serie de obras anticipadas por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en su reciente visita a la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y que están mencionadas en los considerandos del decreto: el acceso a los puertos de Timbúes; la intersección de la Ruta Provincial N° 91 con la Ruta Nacional N° 11; el Camino del Mozo; el Camino de la Cremería - Ruta Provincial N° 25S -; y el tercer carril de la Autopista Santa Fe – Rosario "Estas obras estratégicas no sólo prometen facilitar el flujo de bienes y personas, sino que también serán un impulso central para la actividad comercial y el crecimiento regional", señala el instrumento.

El ministro Enrico le dijo ayer a Sur24 que la emisión de esos títulos permitirá agilizar el inicio de trabajos y para lo cual se están terminando los proyectos definitivos para poder licitarlos. El funcionario señaló que la emisión tiene un fuerte impulso de la Bolsa de Comercio de Rosario que actuará para captar recursos financieros de la región ya sea de empresas o de particulares para la adquisición de los bonos.

La Ley de Presupuesto autoriza la toma de operaciones de crédito público por hasta esa suma, fijándole como características: tipo de deuda, directa y externa y/o interna; plazo mínimo de amortización de un año; plazo máximo de amortización, diez años; tasa de interés aplicable podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y deberá estar dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero para títulos comparables. Como es usual en este tipo de normas, la garantía estará en recursos propios de la provincia o del Régimen de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. Pero además, la norma presupuestaria establece que el endeudamiento autorizado podrá ser contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, incluyendo sin carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda pública en los mercados de capitales nacionales e internacionales.

El decreto en sí, faculta al Ministerio de Economía a definir los términos y condiciones de los títulos a emitir bajo el Programa así como a efectuar todas las gestiones y seleccionar, aprobar, suscribir convenios y/o contratos y efectuar todas las acciones que resulten necesarias para la instrumentación del decreto; suscribir y realizar el depósito de los certificados globales de los títulos, solicitar su listado y/o negociación en uno o varios mercados autorizados en la República Argentina y a realizar las tareas necesarias para la emisión, registro y pago de los títulos de deuda que se emitan. También habilita a la cartera económica a la apertura de una cuenta comitente en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a nombre del gobierno de la Provincia de Santa Fe a los efectos del depósito de los certificados globales, y a designar como firmantes a dos o más funcionarios con rango no menor a subdirector general.

"Vamos a colocar bonos para obras, veremos si hay interesados en el mercados, pero también vamos a aplicar leyes como la de contribución de mejoras para los frentistas que se beneficiarán con los trabajos" dijo Enrico a Sur24.

La vicegobernadora, Gisela Scaglia, y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda se reunieron con el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, y con Lorena Chara, directora de la Agencia Francesa de Desarrollo. Las santafesinas presentaron los proyectos para trabajar y abordar políticas de niñez, mujeres y narcotráfico.

"El mundo tiene que ser aliado de Santa Fe en las difíciles peleas que estamos dando. Si entendemos que el gobierno es servicio público y acompañar con presencia estatal lograremos grandes cambios", dijo Scaglia al retirarse del encuentro.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y parte de su gabinete estarán este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para gestionar la continuidad de trabajos que paralizó el gobierno nacional en la provincia pero también para avanzar en la cooperación entre Nación y provincia.

Enrico dijo a El Litoral ser optimista en que nación de a poco reanudará algunas de las obras paralizadas en el cambio de gobierno, mientras que otras obras directamente no serán tomadas en cuenta como viviendas o construcción sociales. El ministro santafesino considera probable que la obra de estabilización de la cascada Los Saladillos se reanude así como la ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario.

En la comisión de Obras Públicas de Diputados, Enrico resaltó que en el área de Obras Públicas del gobierno nacional están dirigentes cordobeses que entienden la necesidad de reforzar la infraestructura. Luis Enrique Giovine es el secretario de Obras Públicas que recibirá a Enrico y a otros funcionarios. También estarán en la mesa el subsecretario de Obras y Servicios, Norberto Daniel Coroli y el subsecretario de Recursos Hídricos, Andrés Rodríguez.

Enrico subrayó que en la zona de Bajos Submeridionales, la obra de defensa de la localidad de Los Amores está ya un 82% realizada por lo que es ilógico paralizarla así como otras obras hídricas puestas en marcha por acuerdos con otras provincias y el CFI.

El ministro, en diálogo con El Litoral, subrayó la decisión del gobierno de Santa Fe de colaborar y trabajar con nación para destrabar proyectos.

Este jueves desde las 16, en el salón Metropolitano de Rosario, se realizará la subasta de bienes decomisados al delito organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). En esta oportunidad se rematarán 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección.

Los lotes a subastar tendrán como precio base entre un 40 % y un 60 % del valor de mercado. Cabe aclarar que a los vehículos se les cambia el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlos.

Para participar de la subasta se inscribieron más de 4.500 personas de todas las provincias del país. Quienes se registraron, podrán ir a observar los vehículos al Salón Metropolitano, este miércoles y el jueves entre las 9 y las 13. Para ingresar deberán presentar su DNI. Pueden ir acompañados de un mecánico para verificar las unidades, el cual, también deberá presentar su documento.

El diputado Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) ingresó el pasado jueves un pedido de informes referido a la relación entre nación y provincia por el sistema previsional santafesino ante la decisión del gobierno federal de dejar de transferir los recursos prometidos e incluso los alcances de Decreto de Necesidad y Urgencia número 280 que también compromete esos fondos.

La minuta comienza por preguntar "si el Poder Ejecutivo Nacional, a través de Anses, ha remitido los fondos correspondientes para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones durante el año 2024, indicando en ese caso los montos mensuales". Después pasa a preguntar para el caso de no haber percibido la provincia dichos recursos, "qué acciones administrativas y/o judiciales ha llevado adelante el Poder Ejecutivo provincial para preservar los derechos de la provincia". Enseguida reclama conocer "qué acciones ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo, a partir del 12 de diciembre pasado, para dar continuidad a la demanda interpuesta en sede judicial por la provincia al Gobierno Nacional, el 26 de septiembre de 2023, en reclamo de los fondos no transferidos por Anses". La presentación de septiembre la realizó el fiscal de Estado de entonces, Rubén Weder, a instancias del gobernador Perotti para lo no remitido hasta esa fecha.

En el último punto, Agosto solicita conocer "cuáles son las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo provincial en virtud del dictado del DNU 280/24, teniendo en cuenta que el mismo en su artículo 18º establece que los artículos 92, 93 y 94 de la Ley Nº 27. 701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023 no se encuentran comprendidos en la prórroga dispuesta por artículo 1 ° del Decreto Nº 88/23, con el perjuicio que dicha norma conlleva para los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia". Precisamente en esos artículos de la Ley de Presupuesto vigente se disponía la transferencia de recursos a cajas no transferidas el día 20 de cada mes.

En los fundamentos, Agosto recuerda que "entre 1994 y 1997, a partir del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los estados provinciales, suscripto el 12 de agosto de 1993, un conjunto de provincias transfirieron al sistema público nacional de previsión social sus cajas de jubilaciones y pensiones". Dichos traspasos fueron formalizados a través de convenios suscriptos entre cada gobierno provincial y el gobierno nacional, que posteriormente se ratificaron por medio de leyes provinciales y decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

El legislador señaló que "esta situación generaba inequidad con aquellas provincias que decidieron preservar sus sistemas jubilatorios en sus esferas locales para mantener autonomía en las decisiones de la política previsional. Ello, dado que, en 1992, a partir del Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, todas las provincias se habían comprometido a aportar un 15% de la masa de recursos coparticipables para financiar el sistema previsional nacional. Para resolver esta disparidad, en el marco del Compromiso Federal firmado por la Nación y las provincias en diciembre de 1999, ratificado mediante la Ley Nacional NO 25.235/99, se incluyó el artículo 12 el cual establece que: "El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes".

Santa Fe estuvo en las provincias que no transfirió su sistema previsional juntamente con otras 12 jurisdicciones, y acordó con Nación la transferencia de fondos. "Dichos acuerdos han sido incumplidos reiteradamente por el Gobierno Nacional, lo que ha originado reclamos formales por parte de la provincia solicitando su efectivo cumplimiento", subraya Agosto. Ahora agregó tres artículos en el DNU 280 que parecen querer eximir al gobierno nacional de cumplir los compromisos asumidos, de allí la presentación del pedido de informes.

El jueves al mediodía, la Cámara de Diputados realizará la sesión Preparatoria para elección de autoridades ante el Período Ordinario que abrirá el gobernador Maximiliano Pullaro el miércoles venidero. No se esperan cambios en la mesa de conducción de la Cámara que fuera elegida en diciembre último. Así Clara García seguirá en la presidencia acompañada por José Corral y Sonia Martorano como vices, primero y segundo.

La Cámara de Diputados completó la sanción de la ley creando el Gabinete Productivo que estará coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El mensaje del Poder Ejecutivo no fue acompañado por Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) por entender "que no es tiempo de crear nuevas estructuras en el Estado".

La finalidad del gabinete será la de definir los lineamientos estratégicos y acciones coordinadas en materia de política de desarrollo productivo en el territorio provincial, a través de la participación conjunta de todos los Ministerios que lo integran. La ley determina que ese gabinete estará integrado permanentemente por las carteras de Desarrollo Productivo, Gobierno e Innovación Pública, Economía, Educación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Obras Públicas, Ambiente y Cambio Climático y la Secretaría General de Gobernación.

Entre las funciones que le asigna la ley está la coordinar y articular las acciones y herramientas para lograr el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y acciones que se definan; elaborar un sistema de metas e indicadores que permita evaluar los resultados obtenidos; coordinar acciones en materia de desarrollo productivo con intendentes, presidentes comunales y legisladores provinciales y nacionales; articular con los diversos actores del sector productivo santafesino acciones que contribuyan al desarrollo productivo y el desarrollo de exportaciones e inserción internacional, pudiendo convocar a tales efectos a asociaciones cooperativas, del comercio, la industria, el agro, las pequeñas y medianas empresas con personería jurídica en el ámbito de la Provincia. También está facultado para constituirse en Gabinetes de Crisis ante determinadas emergencias, en este caso por convocatoria del gobernador; elaborar estrategias que contribuyan a la generación de empleos genuinos; y elaborar propuestas legislativas que considere elevar al gobernador.

El mensaje del Ejecutivo había sido aprobado en febrero por el Senado y ahora pasó a promulgación del Ejecutivo.

En marzo el stock de la deuda pública pagadera en moneda local llegó a $121.649.577 millones, lo que implica un aumento de 13,5% respecto al cierre de febrero. La pagadera en moneda extranjera se mantuvo a similar nivel y alcanzó US$258.766 millones el último día del tercer mes del año.

Así lo informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. El documento señala que el 82% de las obligaciones en pesos son ajustables por CER, lo que supone que crece al ritmo de la inflación. La deuda en pesos -con la divisa retrasada y la recaudación en baja- se convierte así en el tramo de la mayor carga relativa para las obligaciones financieras nacionales.

"La emisión neta de deuda en pesos en marzo fue de $3.442.128 millones. Se canjearon títulos pagaderos en pesos por $43.829.631 millones", señala el reporte.

La deuda en moneda extranjera disminuyó US$467 millones con respecto al cierre de febrero. "Se canceló deuda en moneda extranjera por US$408 millones principalmente por pagos a organismos multilaterales de crédito y al Club de París.

"Los servicios de la deuda estimados para el periodo de abril a septiembre en moneda local se estiman en $15.822.393 millones y en moneda extranjera de US$16.420 millones", añade la OPC. En ese período los pagos al FMI suman el equivalente a US$4.156 millones.

Mientras tanto el Gobierno nacional analiza emitir una nueva serie de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) que les permita a las empresas liquidar utilidades y dividendos a sus socios. Esa acción está impedida en el marco del cepo, mientras el gobierno asegura que recompone reservas internacionales netas del Banco Central, que superaban un rojo de unos US$11500 millones al cierre de la gestión del ex presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía Sergio Massa.

Según un reporte de Bloomberg Línea, el equipo que encabeza Luis Caputo inició sondeos informales con las empresas para analizar la receptividad de la nueva emisión, que no es estrictamente nueva deuda sino que busca actualizar la disponibilidad de dólares que les fueron -y aún le son- negadas a las firmas que obtienen ganancias pero no pueden disponer de sus utilidades porque el BCRA no les da acceso a las divisas.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, advirtió que el potencial egreso de reservas por dividendos y utilidades sería de unos US$6.900 millones. Sin embargo el especialista reconoció que buena parte de esa cifra está reinvertida, por lo que la "sangría" no superaría los US$ 3 mil millones, cifra que Economía quiere compensar con los bonos para que -llegada la liberación del cepo- la demanda de billetes "verdes" no presione su cotización.

La emisión de Bopreal es parte de la advertencia entre economistas críticos de Milei, quienes advierten que ese es un nuevo pasivo del Banco Central, más allá de la licuación de su deuda en pesos y de la compra de reservas netas. Señalan que el cambio en la composición del balance del BCRA no implica su saneamiento más allá de "la licuadora" por la deuda en pesos.

El Banco Central acumula compras por más de US$14.000 millones de dólares desde el cambio de gobierno, mientras las reservas brutas están cerca de pasar el umbral de los US$30.000 millones. El gobierno espera que desde el campo comiencen incrementarse las liquidaciones de divisas de la cadena agroindustrial.

En abril la autoridad monetaria acumula compras por US$ 2.896 millones y superó ya el resultado de febrero y marzo de este año. Según las proyecciones y a falta de seis ruedas para cerrar abril también superaría los US$3.273 millones adquiridos en enero . Algunos analistas especulan que las liquidaciones del campo no se acelerarían si no mejora el tipo de cambio.

El economista Salvador Di Stefano estimó que si las lluvias no vuelven a complicar el piso para las cosechas y el transporte -por caminos que en no pocos tramos son de tierra (no soportan el peso de los camiones con 30 t de carga neta-) la entrada de divisas se normalizaría desde mediados de esta semana.

El especialista advirtió que los productores no pueden especular mucho; la "chicharrita" se comió hasta 2 millones de hectáreas de maíz; los costos internos no cubren la perspectiva para sembrar trigo y cebada y hay que pagar lo que se invirtió para sembrar y levantar la cosecha gruesa. ¿Se agranda el tramo de liquidación de Contado con Liquidación para el "blend" del dólar agro? El presidente -que no devalúa- tiene la palabra.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, junto al secretario de Trabajo, Julio Genesini, participaron de la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión que preside el socialista Joaquín Blanco, en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

En el encuentro se analizó la situación laboral de la provincia, se hizo hincapié en los casos Sancor y Vasalli, se admitió la falta de inspectores laborales y también se habló de la situación del sistema previsional santafesino.

El ministro señaló que en materia laboral no hay interlocutores en el gobierno nacional, más allá de los intentos de acercarse a la actual secretaria.

El otro dato que dejó Báscolo fue la millonaria deuda de Anses para con la Caja de Jubilaciones de la provincia por el no pago de los acuerdos por la no transferencia del organismo.

Para Báscolo la deuda está en el orden de los 400 mil millones de pesos al 30 de septiembre del año último. Se trata de la deuda de los ejercicios 2020, 2021, 2022, los primeros nueve meses del 2023, más las actualizaciones.

“El Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior alcanzó los US$ 21.000 millones”, comunicó en su cuenta de X el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Son insumos y productos que se compraron al exterior sin que el BCRA -que tiene el monopolio del mercado del dólar, cepo mediante- entregue las divisas para sostener la actividad económica.

“El monto está compuesto por US$16.500 millones de grandes empresas, US$2.500 millones de medianas y US$2.000 millones de pequeñas y micro empresas”, advirtió el funcionario de la gestión MIlei.

📈 El Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior alcanzó los USD 21.000 millones.👇El monto está compuesto por USD 16.500 millones de grandes empresas, USD 2.500 millones de medianas y USD 2.000 millones de pequeñas y micro empresas.

Caputo recordó que la inscripción al Padrón de Deuda Comercial con proveedores del exterior “es obligatoria (hasta el 24 de enero) para quienes realizaron importaciones de bienes y/ o servicios hasta el 13/12/23 y que no hayan accedido al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones.

“Quienes cancelaron deudas mediante otros mecanismos que no implicaron el giro de divisas, deberán informar la operación como ‘cumplida’ y se da por concluida la operatoria ante las entidades financieras mediante su actualización en el Seguimiento de Pagos de Importaciones”, recordó Economía. Las operaciones informadas a través de este método ya han superado los 2 mil millones de dólares.

Por otra parte, Caputo informó que se eliminó el Sistema de Capacidad Económica Financiera para normalizar y facilitar las importaciones. “A través de la Resolución General Conjunta 5478/2024 de la Secretaría de Comercio y la AFIP, se elimina el mecanismo sistémico que calculaba la Capacidad Económica Financiera (CEF) de los contribuyentes, y que se utilizaba para restringir y limitar las operaciones de comercio exterior”.

El ministro se encargó de apuntar que -en línea con la eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRAs) y las Licencias No Automáticas- “la eliminación de la CEF busca facilitar y dar certidumbre a los importadores y fabricantes locales para tener un acceso a sus insumos.

“De esta manera, la medida otorgará mayor libertad para importar e impedirá que exista arbitrariedad de parte del Estado a la hora de intervenir en el proceso de compras en el exterior. El Sistema CEF constituía una enorme barrera a la hora de importar, analizando un gran número de variables atinentes a la situación financiera de las empresas que no guardan relación con el nuevo sistema declarativo”.

Por último Caputo detalló que “la decisión de eliminar el Sistema CEF está en línea con la creación del SEDI, la nueva plataforma de análisis y seguimiento de datos estadísticos sobre importación de bienes, impulsada con el objetivo de normalizar y agilizar el comercio exterior.

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, oficializaron hoy la emisión de una Letra del Tesoro en dólares estadounidenses por un valor nominal de hasta USD 3.200 millones, que será suscripta directamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La letra tendrá un plazo de 10 años, con amortización íntegra al vencimiento, y devengará una tasa de interés variable vinculada al rendimiento que obtengan las reservas internacionales del BCRA en el mismo período.

El objetivo de este endeudamiento con el BCRA es financiar los servicios de la deuda externa denominada en moneda extranjera, según los considerandos de la Resolución Conjunta 2/2024.

La emisión de esta letra en dólares fue autorizada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 23/2024 del pasado 4 de enero.

En ese decreto se facultó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de la Administración Financiera, conformado por las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, a emitir esta deuda.

Con este mecanismo, el Gobierno busca obtener financiamiento en moneda extranjera por parte del BCRA para hacer frente a los vencimientos inminentes de deuda pública emitida previamente en dólares bajo legislación extranjera.

De acuerdo a los datos publicados, en 2024 vencen pagos de intereses y amortizaciones de capital de esa deuda externa por aproximadamente USD 19.000 millones. Con este préstamo del BCRA el Gobierno podría cubrir parte de esas obligaciones en moneda extranjera que enfrenta el Fisco este año.

El Ministerio de Economía informó este martes por la noche que el Banco Central (BCRA) anunciará este miércoles nuevas medidas de su política monetaria, en complemento a los anuncios realizados por el Palacio de Hacienda.

Desde su cuenta en la red social X, la cartera económica expresó que "el BCRA anunciará mañana, posterior a su reunión de directorio, las medidas relativas a política monetaria, tasa de interés y deuda, en complemento a los anuncios realizados por el Ministerio de Economía".

La prioridad del Gobierno Nacional es alcanzar el superávit fiscal en el primer año de mandato. Los siguientes números reflejan el ajuste inevitable que enfrentaremos a fin de lograr ese objetivo. pic.twitter.com/lYP7ROTiKA

Al mismo tiempo, las autoridades económicas presentaron una estimación de ingresos y gastos en la cual se detalla que 2023 arrojará un déficit primario de 3% del PBI y que ese desequilibrio se mantendría en 2024, a lo cual habría que sumarle 2,2% de intereses, lo que llevaría el resultado financiero del año próximo a un déficit de 5,2%.

En el detalle de ingresos y gastos, el Palacio de Hacienda proyectó un incremento de los primeros de 2,2% del PBI y una suba de las erogaciones del 2,9% del PBI.

Entre los ingresos, se estima que el impuesto PAIS representaría 0,8% del PBI, el aumento adicional de retenciones del 15% sumaría 0,5% del PBI, una reversión de la última reforma del Impuesto a las Ganancias aportaría 0,4% del PBI y finalmente, una modificación del impuesto a los Bienes Personales, una moratoria y eventual blanqueo de capitales podrían añadir 0,5% del PBI.

En el capítulos de gastos, habría aumentos para las jubilaciones y pensiones que significarían 0,4% del PBI, las transferencias corrientes a las provincias se incrementarían en 0,5% del PBI, los subsidios económicos y las erogaciones de capital treparían 0,7% del PBI, los programas sociales con intermediarios escalarían 0,4% del PBI y los gastos de funcionamiento 0,5% del PBI.

La Argentina le pagó al Club de París US$ 190 millones por vencimientos de deuda, en un escenario de alza de los dólares financieros y caída de reservas.

Con dificultades, el Ministerio de Economía trata de evitar que se dispare la divisa a poco menos de tres semanas de las elecciones presidenciales. Para eso, postergó el pago de US$ 2.600 millones que vencían con el FMI en octubre, hasta una semana después de los comicios.

Las reservas cerraron este lunes en US$ 26.635 millones, lo que representó una caída de US$ 285 millones respecto del viernes último.

Al pago al club de deudores con sede en París se sumó una mayor demanda de divisas que obligó al Banco Central a poner más dólares en el mercado cambiario para evitar una disparada mayor de los dólares financieros. Además, el Tesoro hizo otros giros a organismos de crédito internacionales.

En este mes estaban previstos, además, otros vencimientos con el Fondo Monetario pero el ministro-candidato Sergio Massa volvió a echar mano de la estrategia de postergarlos hasta fin de mes, una vez que hayan pasado las elecciones presidenciales.

Además de al Club de París, la Argentina debió cumplir compromisos financieros con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -depende del Banco Mundial-, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los vencimientos con ese club de acreedores establecen dos pagos semestrales de capital e intereses hasta 2028, para repagar los US$ 1.970 millones que quedaban pendientes de cancelación.

La deuda argentina con el Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). También se le adeuda a Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28%).

El desafío para el gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo es que el 40% del saldo pendiente de la deuda debería ser cancelado a lo largo de 2024.

La cantante colombiana dejó España hace meses, pero aún debe resolver cuestiones judiciales por presuntamente haber defraudado a Hacienda años atrás.

Ahora, Shakira está llamada a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de este año por una supuesta evasión fiscal de U$S 16,2 millones, que habría tenido lugar en los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014.

Son hechos sobre los que la artista defiende su inocencia. Afirma “haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”, informó su equipo legal.

Pero a esta causa además se le suma otra investigación por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal en 2018, tal y como notificó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya este pasado mes de julio.

Si bien hasta este martes se desconocía el alcance de esta segunda investigación, se filtró el texto de la querella presentado por la Fiscalía provincial de Barcelona en la que acusa a Shakira por defraudar otros US$ 6,4 millones a la Hacienda española. De este monto, US$ 5,61 millones (5,3 millones de euros) corresponderían a la cantidad no satisfecha por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y US$ 819.000 (773.000 euros) por los rendimientos de la actividad que desarrollaba.

Al residir en España, la Fiscalía entiende que la artista debía tributar la totalidad de su renta mundial sin importar dónde se hubiese producido y cualquiera que fuera la residencia del pagador. Sin embargo, denuncia que la cantante no lo hizo y omitió declarar rendimientos derivando las rentas a una estructura societaria con presencia en “países de baja tributación y alta opacidad”, así como que dedujo gastos que no procedían.

Su equipo legal manifestó: “No se ha recibido notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella en relación con el ejercicio 2018”. Además, aclararon que su equipo de abogados están centrados en la preparación del juicio por los ejercicios 2012 - 2014 que comienza el próximo 20 de noviembre.

Los delitos contra la Hacienda Pública que motivan la denuncia de la Fiscalía por el ejercicio fiscal de 2018, comprendidos en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal son castigados en España con la pena de prisión de dos a seis años y una multa del doble al séxtuple de la cuota defraudada.

La Administración Nacional de la Seguridad Social debe hoy a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe $ 56.318 millones, porque sus transferencias llegan cada mes a valores históricos, sin tener en cuenta lo que dicta la Ley de Presupuesto sobre su actualización y su pago en término.

Cada mes, al organismo previsional santafesino arriban $ 949 millones de los $ 7.207 millones que deberían enviarse si se cumpliera con la norma vigente. Desde la década del '90, cuando buena parte de las provincias transfirieron sus cajas (con lo que sus déficits son pagados por el conjunto de los argentinos), la Casa Rosada debe compensar a aquellos estados provinciales que no libraron a sus jubilados a la suerte nacional. Y cubrir sus respectivos déficits.

Santa Fe es una de las 12 provincias que -al igual que Córdoba- no le pasó a la Nación su caja de jubilaciones. El rojo de sus cuentas debería ser asumido por las arcas nacionales, pero no así. El grueso de los desequilibrios previsionales provinciales los pagan todos los santafesinos, sean o no sus futuros beneficiarios.

De acuerdo con cifras oficiales proporcionadas a este diario el pago del total de los beneficios jubilatorios y las pensiones sumaron en septiembre 41.200 millones. Y lo que Anses le debe a los santafesinos está por encima de esos recursos ($ 56.318 M). Dentro de poco será igual a un mes y medio de jubilaciones y pensiones.

Además, a esas cifras debe sumarse un elemento que ayer develó El Litoral. En el proyecto de ley de presupuesto 2024 no se agregaron dos artículos que aseguran tanto la actualización de esos giros, como su pago a tiempo. Obviamente, es el artículo 92 del cálculo de gastos y recursos de 2023 el que hoy no se cumple: la Nación paga a Santa Fe como si nada hubiera ocurrido en materia económica entre hoy y 2019, es decir, a valor histórico, sin la actualización prevista por dicho artículo, según se explicó oficialmente.

Tal como se informó en la víspera, el mensaje enviado al Congreso por el ministro de Economía Sergio Massa no contiene los artículos 92 y 93 que en el ejercicio vigente impuso la oposición, en la negociación parlamentaria, gracias a que Córdoba llevó el planteo a Diputados. El Bloque Federal tomó el tema y se logró su inclusión, pero una vez más la Nación lo incumplió.

En febrero de este año, cuando recién comenzaba a aplicarse la ley de presupuesto, se presentó una protesta formal de la Casa Gris santafesina a la Rosada. Hoy se observa que no tuvo resultado. A Santa Fe le ocurre lo mismo que a las 13 provincias deben recibir fondos nacionales que compensen sus déficits previsionales producto de no haber transferido -en los '90- sus cajas de jubilaciones. Sólo 6 de ellas se quejaron, sin más resultados que la exposición pública del problema. Entre ellas, las de la Región Centro: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El tema en la provincia mediterránea genera mucha mayor atención porque su estado sufre además el pago de intereses de un endeudamiento externo en dólares que crece con cada devaluación. Allí crece la idea de un nuevo reclamo judicial, una vez agotada la instancia administrativa.

Luego de regresar de Nueva Delhi, la India, donde se celebró la Cumbre G20, Alberto Fernández realizó una entrevista radial dónde marcó una fuerte postura sobre el Fondo Monetario Internacional.

Entre sus declaraciones habló sobre la sequía en Argentina y el comportamiento del organismo monetario ante ella: "la sequía arruinó nuestras cosechas e importaciones, y eso debería ser considerado porque cuando firmamos con el FMI estaba contemplado".

Para el Presidente, el Fondo no está considerando adecuadamente el daño económico como consecuencia de la sequía, que dejó una pérdida de $25 millones de dólares. "Es demasiada plata, y eso afecta cualquier economía. Lo que uno esperaba que ante semejante tragedia iba a dar flexibilidad en el alcance de los objetivos", reclamó.

Además, cuestionó el comportamiento del organismo: "El staff del FMI tiene la misma lógica que un fondo buitre".

"Un Fondo Buitre actúa como un buitre, son usureros, viven de cobrar los intereses y el FMI nació como prestamista en última instancia. Le daba recursos a los países que no podían conseguir recursos en el mercado privado, por eso debería cobrar intereses menores y todo eso se dio vuelta", explicó Fernández.

El mandatario expresó que “no tiene sentido asfixiar a un país” para el pago de su deuda y opinó que esa lógica es la que impera en el staff del FMI. "Cuando creíamos que algo había cambiado vuelve a imperar el problema".

Previamente, el jefe de Estado mantuvo una reunión con Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, durante la Cumbre de Líderes del G20, sobre ella aseveró que: “la directora Ejecutiva me dio la razón en lo que decía: el staff del FMI tiene un poder indebido”.

Respecto a la política local, Alberto Fernández responsabilizó a los candidatos de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza de "quererle meter a la gente en la cabeza la idea de que la democracia es un sistema que no ayuda a revertir las necesidad" a través de discursos del odio.

"De lo que deberíamos hablar es de cómo construimos. Nos ha pasado la deuda que tomó Mauricio Macri, con una irresponsabilidad enorme y con la complicidad de Trump y del FMI. Los problemas son resultados de esa enorme irresponsabilidad", insistió.