Un dictamen del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, plantea la "admisibilidad" del recurso de inconstitucionalidad que había presentado la provincia, después de que en primera y segunda instancia, la justicia laboral rosarina hiciese lugar a un amparo presentado por ex magistrados contra la reforma previsional sancionada recientemente.

El pronunciamiento fue en el marco del caso Barbero, que aglutina a 18 ex jueces de Santa Fe. Barraguirre objetó tanto la vía del amparo como los fundamentos escogidos para argumentarlo.

Planteó que "la evaluación de los requisitos inherentes al amparo fue efectuada con cierto apresuramiento", y advirtió que "los magistrados (intervinientes) eludieron considerar por qué excepcional razón" los amparistas no interpusieron un recurso contencioso administrativo.

La nueva composición de la Corte santafesina.

"El amparo no es una vía alternativa para que el interesado ejercite sus derechos, sino que es imprescindible que sea el único medio para evitar que los mismos se tornen ilusorios y ello sólo ocurrirá, si se encuentra imposibilitado de transitar, en el caso, la vía contencioso administrativa", sostuvo el Procurador.

Entre los puntos de la ley que los amparistas objetan se encuentran el descuento transitorio de haberes (aporte solidario) que se mantendrá mientras se extienda le emergencia previsional, y el tope a las remuneraciones del sector.

Respecto de esto último, Barraguirre consideró que la demanda de los ex magistrados carece "hasta de un cálculo aproximado" para determinar si dicho tope "configura un daño grave o irreparable".

Pero los demandantes "no sólo no lo estimaron, sino que no efectuaron tampoco una proyección que refleje, por ejemplo, los aumentos periódicos otorgados o a otorgar por la Caja y las variaciones de la base considerada, lo que permitiría analizar la existencia y extensión de lo alegado", planteó.

Por otra parte, respecto del "aporte solidario" que también se objeta, Barraguirre consideró demasiado "genérica" la argumentación esgrimida, y sostuvo que el descuento "no exhibe la envergadura y la intensidad que la vía excepcional exige.

El descuento establecido en función del aporte solidario asciende, como máximo, al 6% sobre el beneficio (…) y ello no puede considerarse de entidad tal que justifique la vía excepcional".

"Tampoco hay prueba que acredite que la disminución del 6% de los beneficios de los actores, que oscilaron en septiembre último entre 7.925.332 y $11.949975 pesos, tenga real y grave incidencia sobre el nivel de vida de ellos y el de sus familias", dijo.

En paralelo, reparó en que "ningún interviniente aportó razones o pruebas sobre la relevancia del monto detraído como aporte especial. Y ello resulta indefectiblemente relevante dado que si el daño existe, no es grave e irreparable, debe acudirse a las vías ordinarias para su tutela".

"Esa inoperancia -sostiene- no puede ser invocada con la excusa del sostén económico y la calidad de vida de las partes demandantes cuando, conforme se destacó, la detracción no tiene ni real ni significativa incidencia en el beneficio percibido. La exigüidad de la afectación, al contrario de la pretensión, es prueba más que evidente de la injustificada y forzada utilización de la vía excepcional".

El ingreso a los tribunales santafesinos. Foto: Luis Cetraro.

En otro tramo de su dictamen, Barraguirre se sorprendió ante la actitud de los amparistas y jueces intervinientes en el proceso al omitir los artículos de la Constitución de Santa Fe (5, 8 y 88) que convalidan el descuento de haberes como el que se cuestiona.

"Estos olvidos, esta falta de cargarlos en el otro platillo de la balanza, modestamente, son los que conspiran contra la debida ponderación y equilibrio que el fallo tenía que exhibir para hacerlo, argumentativa y discursivamente, tolerable", plantea.

En esa línea, mencionó la elusión del tercer párrafo del artículo 88, que permite "disminuir las remuneraciones de la magistratura y el funcionariado judicial activo, cuando se disponga por leyes generales que cumplan dos condiciones acumulativas: que sean transitorias y que se extiendan a todos los Poderes del Estado".

Sobre la base de los citados argumentos, Barraguirre sostuvo que "no parece que la ley se aparte de manera arbitraria y caprichosa de las reglas constitucionales". "Las partes actoras - sostuvo- están bajo situaciones diferentes. No todos aportaron lo mismo, nominalmente ni la misma cantidad de años. La acción para discutir esto, entonces, sería una típica acción por exceso o desvío de poder".

Finalmente, Barraguirre defendió el accionar de la Legislatura, "dándole peso a los derechos de las partes accionantes pero sin dejar de contemplar el peso que tienen las aspiraciones y derechos de membresía de los otros conciudadanos. Si el balance fue roto, es una cuestión que exige otro tipo de disputa", concluyó.

Tras el pronunciamiento del Procurador, es ahora la Corte quien debe expedirse. Será uno de los primeros temas resonantes sobre lo que resolverá el máximo tribunal, tras la incorporación de dos nuevos miembros: Margarita Zabalza y Jorge Baclini.

(Por Ivana Fux) – El ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, defendió la decisión política de la gestión de Omar Perotti de retomar un convenio de cooperación con AFIP caído desde hace años. En la práctica, si el acuerdo se firma -hasta aquí, sólo se ha rubricado una suerte de acta compromiso- y la Legislatura lo convalida, a la provincia se le retendrá el 1,9% de la coparticipación federal para financiar al organismo fiscalizador que, a cambio, proporcionará información “crucial” -según Agosto- para las políticas tributarias y de fiscalización en Santa Fe. Ello representará una detracción del orden de los ocho mil millones de pesos anuales.

Tras la reunión de más de dos horas que mantuvieron el gobernador y parte del gabinete este miércoles con todos los jefes de bloques de la Cámara de Diputados, Agosto insistió ante la consulta de El Litoral en afirmar que “una cosa (AFIP) no tiene que ver con la otra”. Pero admitió que cuando Nación insistía sobre el acuerdo con AFIP, Santa Fe exigía que antes se cerrarse el acuerdo por la deuda.

– ¿Las negociaciones fueron simultáneas? Porque el anuncio en el mismo momento generó confusión…

– Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo lo que ocurre es que se anunció en el mismo momento.

– No. Es un anuncio que el gobierno nacional tenía para hacer. Para ellos era importante; venían reclamando durante mucho tiempo que la provincia volviese a financiar AFIP y nosotros entendíamos que hasta que la Nación no acordase el pago de la deuda que mantenía con Santa Fe, no correspondía. Por eso lo estamos haciendo ahora; ya que se ha encauzado este proceso de la ejecución de la sentencia, nos parece razonable llevar adelante ese convenio porque es importante para la provincia de Santa Fe por la información clave a la que va a poder acceder.

– ¿La provincia tiene que pagar para acceder a esa información?

– Éste es un convenio de cooperación. Mire, no quería hace referencia a esto pero yo he estado como ministro de Economía en el período 2003-2007. La provincia tuvo allí un convenio de cooperación y financiamiento con AFIP, cuyos resultados en términos de recaudación han sido óptimos para la provincia; no estamos hablando de nada nuevo. Santa Fe ya lo ha hecho y 23 provincias argentinas lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Ésa es la idea; tratar de poner nuestra capacidad de recaudación y fiscalización con el máximo potencial posible; no hay otro objetivo. Porque además, entendemos que de esa manera podemos recaudar mejor los impuestos y más equitativamente. Porque todos sabemos que hay franjas de contribuyentes que tiene una gran capacidad contributiva, pero a veces no aportan. Entonces, intentamos que API tenga todas las capacidades posibles para llevar a cabo ello; y no va a ser solamente para este gobierno, sino que se trata de un proceso que va a permitir que el organismo recaudador esté con el mejor nivel de capacitación, información y tecnología posible en el contexto de todas las provincias.

Respecto de las implicancias que tendrá el acuerdo para Santa Fe, Agosto destacó que le permitirá a la provincia “acceder a información calificada para mejorar nuestra fiscalización y recaudación de impuestos”. También, “acceder a tecnología que obviamente tiene la AFIP y no tiene API; y además, llevar adelante una línea muy interesante de capacitación para todos nuestros empleados y funcionarios puesto que AFIP tiene un camino muy extenso recorrido en esto. Y lo que digo – acotó- está respaldado por el hecho de que si se suma Santa Fe, prácticamente son 23 las provincias argentinas que han formalizado esos acuerdos. Por lo tanto -insistió-, no estamos hablando de nada nuevo ni de nada que la provincia no conozca”.

Al retirarse del mismo encuentro, el diputado y jefe de la bancada oficialista, Leandro Busatto, recordó que el origen del acuerdo marco con AFIP se remonta a 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. “Retomar este convenio nos permitirá cruzar datos importantes para la recaudación porque se puede acceder de manera discriminada a los grandes contribuyentes, determinar quiénes pagan IVA y quiénes no, y cómo funciona el crimen organizado en términos económicos en la provincia”, sostuvo. “Ese convenio -acotó- se había suspendido y Nación había dejado de enviarnos información vital y trascendente para la provincia”. El legislador defendió la detracción que, como contrapartida, hará AFIP del 1,9% de los impuestos coparticipables. “No es que se está comprando información; se está destinando un mínimo porcentaje para la elaboración de estas estadísticas. Si uno no financia a los organismos públicos, difícilmente pueda obtener las cosas que luego pretende”, justificó.