El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura que destituyó al presidente José Jerí, según informaron medios locales.

La votación concluyó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, informó el diario El Comercio.

El Parlamento acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para el cargo, tras revelarse reuniones no registradas del mandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.

Asimismo, convocó a una sesión para mañana miércoles a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.

Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo.

La destitución de Jerí sume a Perú en una nueva crisis política ya que era el séptimo presidente en ocupar la máxima magistratura en diez años.

Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.

La denuncia contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, se conoció el lunes 3 de enero de 2022. Las imágenes del video sobre su polémica visita al preso Cristian ‘Mai’ Bustos’, condenado por homicidio pocos días antes de esa fecha, se registraron entre el 29 y 30 de diciembre de 2021. Aunque la acusación inicial fue por un contacto inapropiado con el reo al que ella misma había condenado, según se observa en el video captado por cámaras de seguridad del Instituto Penitenciario de Trelew, la magistrada debió enfrentar un juicio de destitución al comprobarse que mintió para faltar a una audiencia que debía presidir cuando estaba de turno en Comodoro Rivadavia, entre otras irregularidades que se desprenden de aquella polémica conducta.

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Luego de concluir con el jury a Mariel Suárez, este miércoles el Tribunal de Enjuiciamiento declaró el veredicto de culpabilidad y por mayoría dictó la destitución de la Dra. Mariel Alejandra Suárez.

Manuel Burgueño, integrante del Consejo de la Magistratura, en diálogo con ADNSUR, “desde de extenuantes jornadas, se produjo la prueba y opinión de la mayoría del tribunal de enjuiciamiento, la acusación logró acreditar que había habido mal desempeño en base a los hechos de la acusación”. Asimismo, aclaró “no sabemos todavía los fundamentos de la sentencia que se van a leer en cinco días”.

En cuanto a la votación, la Diputada Provincial Claudia Mariela Williams, el abogado Miguel Ángel Barletta y el Dr. Daniel Esteban Báez -este último presidente del tribunal- votaron de manera afirmativa por la destitución, en tanto que votaron en contra la Diputada Selva Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora.

De manera previa, y en horas de la mañana, la magistrada sometida a jury hizo uso de su derecho a declarar. En una extensa exposición, desestimó todos los cargos en su contra y cuestionó la constitucionalidad de la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura que tuvo a su cargo la acusación sobre los hechos.

A su vez, la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura ratificó en los alegatos la totalidad de los cargos expuestos a lo largo del proceso, en cuanto a imparcialidad de la magistrada respecto a su desempeño a lo largo del juicio contra Cristian “Mai” Bustos sustanciado en Esquel en el mes de diciembre de 2021, como así también el hecho de falsear la verdad retrasando actos propios de su función propios del juez penal, al ausentarse de su jurisdicción estando de guardia.

Por último, se ratificó la acusación por la conducta indecorosa demostrada por la jueza penal en ocasión de la visita al Mai Bustos en fecha 29 y 30 de diciembre de 2021. Tanto para el Dr. Früchtenicht como para el Dr. Burgueño Ibarguren, la conducta desplegada en ocasión de los hechos endilgados configuró la causal de mal desempeño y por ello solicitaron al Tribunal que se disponga su restitución.

Tanto el Defensor General alterno, Dr. Jorge Benesperi, como así también la propia jueza, rechazaron los términos de la acusación y aseguraron que ninguna de la magistrada no se apartó de sus funciones durante y con posterioridad al juicio efectuado en oportunidad de juzgarse la conducta de Bustos en cuanto a la autoría del homicidio del policía Tito Roberts en Corcovado. En su defensa, argumentaron que todo el proceso se basó en la difusión de un video registrado en el Instituto Penitenciario Provincial, el cual fue tomado y difundido de manera ilegal, lo cual afectaría la legalidad del proceso llevado adelante.

En la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, siendo la hora 17.10 del día 15 de noviembre de 2023, y luego de haber clausurado el debate en los autos caratulados “Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/denuncia contra la Dra. Mariel SUÁREZ, Jueza Penal de Comodoro Rivadavia – Sumario N° 145/2022 CM” – Expte. N° 59 Año 2022, el Tribunal de Enjuiciamiento pasa a deliberar, a fin de dictar su veredicto en los términos del art. 42 de la Ley V Nº 80).

Acto seguido se estableció que corresponde formular las siguientes cuestiones, PRIMERA: ¿Se encuentran acreditados los cargos atribuidos de mal desempeño de sus funciones (art. 192 inc. 4 de la Constitución Provincial y art. 15, inc. “a” de la Ley V Nº 80)? SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

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Que luego de la deliberación, el Tribunal de Enjuiciamiento procede a emitir su veredicto:

A LA PRIMERA CUESTION: La Diputada Provincial Claudia Mariela WILLIAMS vota por la afirmativa; la Diputada Provincial Selva Mónica SASO vota por la negativa; la Dra. María Florencia GÓNGORA vota por la negativa; el Dr. Miguel Ángel BARLETTA vota por la afirmativa y el Dr. Daniel Esteban BÁEZ vota por la afirmativa.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: La Diputada Provincial Claudia Mariela WILLIAMS vota por la destitución; la Diputada Provincial Selva Mónica SASO vota por la absolución; la Dra. María Florencia GÓNGORA vota por la absolución; el Dr. Miguel Ángel BARLETTA vota por la destitución y el Dr. Daniel Esteban BÁEZ vota por la destitución.

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Por lo que, por mayoría de sus integrantes, el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia del Chubut dispone destituir a la Dra. Mariel Alejandra SUÁREZ, Jueza Penal de la Circunscripción Judicial II -Comodoro Rivadavia-.

El Tribunal de Enjuiciamiento dará lectura de la sentencia el día viernes 24 de noviembre de 2023 a las 08.30 horas en la Sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, de lo quedan notificadas las partes.

Con lo que se dio por concluido el acto, con las firmas de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento y de las partes, de lo que doy fe.

Firmado:

Dip. Pcial Claudia Mariela WILLIAMS; Dip. Pcial Selva Mónica SASO; Dra. María Florencia GÓNGORA; Dr. Miguel Ángel BARLETTA; Dr. Daniel Esteban BÁEZ (Ministro)

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Dr. Gabriel CORIA FRANZA (Secretario – Tribunal de Enjuiciamiento)

El juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue destituido este miércoles por el jurado del Consejo de la Magistratura que consideró probado por mayoría que el magistrado incurrió en "mal desempeño" de sus funciones, y luego quedó detenido en Mendoza tras perder la inmunidad de arresto y como parte del juicio penal que investiga delitos graves cometidos en su desempeño como juez.

El jurado estimó que el mal desempeño de Bento quedó "acreditado en forma concluyente durante el debate oral y público" que refirió las "maniobras" de entorpecimiento del juez sobre la investigación penal.

En paralelo al jury, Bento enfrenta un juicio penal en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

"Bento, desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de una investigación penal a su respecto, realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación", señaló el jurado en los fundamentos.

Además, el jurado de legisladores y funcionarios de la justicia, tuvo en cuenta que el ahora exmagistrado "procedió a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta" y que obtuvo "inescrupulosamente" un crédito hipotecario con "datos falsos e inexactos".

El jurado, designado por sorteo, estuvo integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.

El magistrado federal fue destituido por seis de los siete jurados, ya que el camarista De la Fuente se opuso a la destitución con un voto de minoría que consideró que "la causal de mal desempeño atribuida en realidad se ha basado en la comisión de hechos delictivos que no han sido probados".

Las audiencias del juicio en el Consejo finalizaron a principios del mes pasado, con los alegatos de las partes y las palabras finales del mismo magistrado que dijo ser inocente de todos los cargos y solicitó al jurado que aguarde el resultado del juicio penal para decidir sobre su caso, un pedido que parece haber atendido De la Fuente con su voto.

La Justicia mendocina detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos.

El fallo del jurado del Consejo de la Magistratura no es apelable pero incluyó, a manera de excepción, una solicitud a la obra social del juez para que mantenga vigente la atención médica sobre uno de sus hijos con capacidades especiales.

Bento escuchó la sentencia en los tribunales federales de Mendoza, ubicados sobre las calles España y Pedro Molina, escoltado por dos policías federales.

La lectura del veredicto comenzó puntualmente al mediodía, y se extendió una media hora, y sobre las 13.30, Bento fue notificado por el Tribunal Oral Federal 2 sobre la decisión de detenerlo.

Luego de la notificación, Bento fue llevado a otro sector del edificio a través de los ascensores asignados a los magistrados, desde donde fue trasladado detenido a la Unidad 32, ubicada en los subsuelos de la sede judicial y luego al penal federal, ubicado en Cacheuta.

El opositor Congreso de Ecuador resolvió este martes (09.05.2023) someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su segundo intento por destituirlo en menos de un año.

Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde a la moción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo.

Veintitrés diputados se opusieron y cinco abstuvieron de sufragar sobre el juicio que aún no tiene fecha de inicio.

La moción de juicio político contra el mandatario fue presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-2017).

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Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos y gritos de “fuera Lasso” en el pleno del unicameral Parlamento (con 137 curules).

La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana acusa a Lasso de cometer un presunto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.

El mandatario es señalado de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.

El correísmo es la principal fuerza en el Congreso, con cerca de 50 curules, mientras que el oficialista partido Creando Oportunidades (CREO) cuenta con una docena.

Lasso, de 67 años, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su “obligación poner la cara ante el pueblo”.

La semana pasada, un grupo de diputados del consejo apeló a la Duma Estatal para que presentara cargos de traición al Estado contra Putin y lo despojara del poder, citando una serie de razones que incluyen las pérdidas militares de Rusia en Ucrania y el daño a su economía por las sanciones occidentales.

Ahora, tras el fallo de un juez, un grupo de políticos de San Petersburgo que pidió la destitución del presidente Vladimir Putin por la guerra en Ucrania se enfrenta a la probable disolución de su consejo de distrito.

Nikita Yuferev relató que el juez decidió que una serie de reuniones anteriores del consejo no habían sido válidas, allanando el camino para que el gobernador regional las disolviera.

Otro miembro del consejo, Dmitry Palyuga, declaró que el mismo tribunal lo multó con 47.000 rublos (780 dólares) por “desacreditar” a las autoridades al pedir la destitución de Putin.

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Cuatro miembros más del consejo local de Smolninskoye comparecerán ante el tribunal en los próximos dos días.

Según se informó, alrededor de 65 representantes municipales de San Petersburgo, Moscú y varias otras regiones habían firmado una petición pidiendo la renuncia de Putin.

Si bien no representan una amenaza actual para el control de Putin en el poder, las medidas marcan raras expresiones de disidencia por parte de los representantes electos en un momento en que los rusos corren el riesgo de sufrir severas sentencias de prisión por “desacreditar” a las fuerzas armadas o difundir “información deliberadamente falsa” sobre ellas.

Palyuga señaló que los llamamientos del grupo estaban dirigidos no solo a los liberales rusos sino también a “personas leales a las autoridades que comienzan a tener dudas cuando ven la falta de éxito del ejército ruso”.

Confió en que esperaba que el número de esas personas aumentara después de la contraofensiva relámpago de la semana pasada en la que Ucrania expulsó a las fuerzas rusas de docenas de ciudades y recuperó una gran franja de territorio en la región nororiental de Kharkiv.

“Por supuesto, lo que está sucediendo ahora ha coincidido exitosamente con nuestra agenda. Muchas personas a las que les gustaba Putin están comenzando a sentirse traicionadas. Creo que cuanto más exitosamente opere el ejército ucraniano, más personas se volverán así”, remarcó.

En la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, no se trató el proyecto presentado por la diputada Paola Bravo para expulsar a Amalia Granata, por sus dichos respecto al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

“Por falta de consenso político, y luego de unas disculpas sin sentido en un programa televisivo de chimentos, la mayoría de los diputados y diputadas que integran el Partido Socialista, la UCR y el PRO archivó el pedido del Frente de Todos, y estuvieron de acuerdo en no profundizar el tema”, sostuvo Paola Bravo. 

“Esta semana, lejos de reflexionar o de arrepentirse de algo, la legisladora subió la apuesta, hablando de amantes y chanchurrios. Entonces, creo que la política debe poner un límite. Primero, porque si bien todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, un funcionario público, un legislador, tiene una responsabilidad con sus hechos y sus palabras.”, expresó la integrante del bloque Lealtad Kirchnerista. 

“Las palabras tienen un significado simbólico que no podemos dejar pasar así nomás.  

Debemos respetar esto porque lo juramos antes de asumir en una banca, ante la Constitución, donde claramente se habla de procurar el orden democrático”, contnuó, para agregar luego: “Todos los legisladores deben entender cómo se resuelven los hechos en la Legislatura; si no, cae la figura de la institucionalidad y de la república” sostuvo la diputada venadense. 

“Lo que se pedía era que cada uno se haga responsable de sus actos y sus palabras como funcionarios. La falta de consenso, la falta del esfuerzo para poner límites a estas situaciones, hablan claramente de una especulación política para el 2023. Hoy podemos decir que se consolidó el frente de frentes” sintetizo la diputada Bravo. 

El juez Rodolfo Mingarini fue destituido de su cargo por unanimidad de los integrantes del jury de enjuiciamiento, que avaló las acusaciones por mal desempeño del magistrado, sobre todo en casos de violencia de género.

Ofició de vocero del tribunal el diputado Maximiliano Pullaro, uno de los integrantes del cuerpo, que formuló declaraciones a la prensa al término de la reunión, que se desarrolló a puertas cerradas, mientras fuera de Tribunales se manifestaban organizaciones de mujeres.

El legislador indicó que se unificó el pronunciamiento, al que algunos miembros del tribunal adhirieron en su totalidad, y otros lo hicieron con sus propias consideraciones. Pero que se trató de una decisión unánime, que tuvo en cuenta “la falta de perspectiva de género en diferentes fallos, pero además la existencia de un patrón. Por eso se entendió que no podía permanecer como juez de la provincia de Santa Fe”.

La denuncia fue formulada por el procurador Jorge Barraguirre y toma en cuenta nueve resoluciones en las que intervino Mingarini. En términos generales, Barraguirre denunció al juez por falta de idoneidad técnica al momento de resolver en los conflictos judiciales, por lo que incumplió el artículo 88 de la Constitución Provincial que argumenta que los “magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones”. Además, considera que cometió una falta grave al Código de Ética que tienen los jueces y magistrados del Poder Judicial y que fue adaptado por la Corte Suprema de Santa Fe en el acuerdo N°10 del 20 de marzo del 2002. El mismo contempla los derechos de las mujeres.

El tribunal estuvo integrado, además de Pullaro (en representación de la Cámara de Diputados), por el senador Armando Traferri (por Senadores), Julio Pagano y Héctor Ferrero, de los Colegios de Abogados de Reconquista y Rafaela; y los seis ministros de la Corte, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, evitó este lunes ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político que mantuvo al país en vilo.

Tras un debate de más de ocho horas de duración en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio y luego hablaron 95 parlamentarios, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos para ser aprobada.

“No ha sido aprobada la resolución de declarar la vacancia de la presidencia de la República”, declaró la jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, tras la votación efectuada después de las 23h hora local (las 1 de la madrugada en la Argentina).

El resultado de la votación no fue sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al gobernante, un maestro rural de 52 años, refirió la agencia de noticias AFP.

La oposición acusaba a Castillo de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le criticaron sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes en ocho meses, algo inédito en Perú.

Castillo acudió al Congreso ayer por la tarde a presentar sus descargos -aunque no estaba obligado por ley- junto a su abogado, José Félix Palomino.

El mandatario se presentó luciendo la banda presidencial y acompañado por media docena de ministros, dos hechos que fueron resaltados como sin precedentes en debates similares, según la televisora local RPP.

Otra novedad la constituyó la presencia de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para observar el debate, permitida más temprano por las autoridades del Congreso a pedido de la cancillería, según un documento al que tuvo acceso Télam.

La sesión se desarrolló en un contexto de tensión por incidentes dentro del hemiciclo y por la presencia de cientos de manifestantes oficialistas y opositores solo separados por un cordón policial en las inmediaciones del parlamento.

Esta fue la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021 tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar.

De haber sido cesado, Castillo habría tenido el mismo destino que el de dos de sus predecesores: el centrista Martín Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, y el derechista Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió en marzo de 2018 cuando se hizo evidente que no sobreviviría a un segundo juicio político.

El oficialismo abroquelado salvó a Piñera, acusado por la revelación de presuntos negocios en paraísos fiscales, y aún antes de la votación, por los adelantos de los senadores, estaba claro que el juicio político no tenía los respaldos necesarios.

Chile: el Senado inició la acusación constitucional contra Piñera

Pasadas las 21.30 (misma hora en la Argentina), cuando el debate no había terminado, los votos anticipados por cada legislador hacían aritméticamente imposible que la acusación alcanzara los 29 sufragios necesarios.

La parte clave de la sesión avanzaba lenta y llegó después de que, por la mañana, expusiera una comisión compuesta por tres diputados que entregó sus argumentos a favor de la moción de destitución, y de que la defensa de Piñera mostrara luego sus razones a favor de descartar la acusación.

Una votación favorable a la destitución hubiera dado paso a la integración de un Gobierno transitorio encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hasta que el Congreso eligiera por mayoría absoluta a un nuevo presidente.

Pero por los números previos, ratificados en la sucesión de pronunciamientos, la suerte de la acusación parecía echada: la oposición no lograría los 29 votos que necesitaba, ya que únicamente tenía 24 senadores.

Chile: diputados aprobaron el juicio político de destitución de Sebastián Piñera

Según la investigación denominada “Pandora Papers”, a Piñera se lo acusa de vender la Minera Dominga, durante su primer mandato presidencial, entre 2010 y 2014, en una transacción en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Al mandatario lo respaldó una decena de ministros, subsecretarios y delegados, que volcaron en las redes sociales el apoyo con el menaje coincidente de “Cuidemos la democracia”.

Los senadores votaban por separado respecto de los dos capítulos que se sostienen en la acusación: haber infringido la Constitución y las leyes, por un lado, y haber comprometido gravemente el honor de la Nación.

Hasta este martes por la noche ya habían adelantado su voto en contra todos los senadores de la alianza de Gobierno excepto uno, Manuel Ossandón, que se abstendrá, por lo que ya estaba claro que la oposición no conseguiría los cinco votos oficialistas que necesitaba.

Se habían pronunciado en contra de las dos acusaciones Iván Moreira, Carmen Gloria Aravena, Felipe Kast, José García Ruminot, David Sandoval, Juan Castro, Kenneth Pugh, Ena von Baer, José MIguel Durana, Jacqueline van Rysselberghe, Claudio Alvarado, Rodrigo Galilea, Marcela Sabat, Luz Ebensperger, Francisco Chahuán y José García Huidobro.

Votarían a favor de los dos capítulos, en cambio, los opositores Alejandro Guillier, Carlos Bianchi, Isabel Allende, Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz, Yasna Provoste, Jorge Soria, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Guido Girardi, José Miguel Insulza, Carolina Goic, Ximena Órdenes, Juan Ignacio Latorre, Alfonso De Urresti, Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Lagos Weber.

Pese a que cada senador tenía 15 minutos para explicar su postura, la mayoría usó menos tiempo, según reportó el diario El Mercurio.

Con este paso, Piñera se quedará en la Casa de la Moneda hasta el fin de su mandato, el 11 de marzo del año próximo.

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La Cámara de Diputados de Chile aprobó esta madrugada realizar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero.

Tras una jornada maratónica de 24 horas los diputados resolvieron por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación los Papeles de Pandora.

La acusación se votará en la Cámara Alta apenas unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente. Sin embargo,la oposición necesitaría el apoyo de 29 de los 43 senadores para destituir al mandatario. Sólo tiene 24 votos y se estima que no conseguirá los cinco que le faltan

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Un discurso de 15 horas para conseguir un voto crucial en el juicio político

La sesión quedó marcada por la insólita proeza del diputado socialista Jaaime Naranjo: habló durante 15 horas para darle tiempo de llegar a la votación al diputado Giorgio Jackson, cuya cuarentena por haber sido contacto estrecho de covid-19 concluía a medianoche.

Tengo un discurso de 1.300 hojas. Hablaré todo el tiempo que sea necesario”, advirtió Naranjo, de 70 años, antes de comenzar. Precisó asimismo que iba a leer “el texto completo de la acusación constitucional” que presentaron el 13 de octubre todas las bancadas de oposición para destituir al mandatario conservador a cuatro meses de concluir su segundo periodo (2018-2022).

“Nunca en la historia de este país un presidente de la República en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y haber comprometido el honor de la nación, por eso yo espero que esta sala apruebe la acusación”, dijo finalmente Naranjo.

Apenas sonaron las 12, Jackson salió en su auto y recorrió los 120 kilómetros que separan Santiago de Valparaíso, donde se encuentra el Congreso. Al ingresar al hemiciclo de la Cámara Baja, Jackson se fundió en un abrazo con Naranjo.

La llegada de Jackson era crucial porque si bien la izquierda tiene la mayoría de representantes en la Cámara Baja (83 diputados), sin él solo tenían 77 votos asegurados, uno menos de los necesarios para aprobar el proceso contra Piñera.

Jackson y otro parlamentario habían quedado fuera de esta sesión debido a que tuvieron contacto estrecho con el también diputado izquierdista y candidato a la presidencia Gabriel Boric, que dio positivo en covid-19 la semana pasada y tampoco pudo acudir a esta votación.

De qué se lo acusa a Piñera

Sebastián Piñera es acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, y por haber comprometido el honor de la nación. Fue por su vinculación en la polémica venta del proyecto minero Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, revelada en los Papeles de Pandora.

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Según la investigación de los medios chilenos CIPER y LaBot, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo del presidente- por 152 millones de dólares durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).

El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.

Una vez que Piñera asumió el poder, esa área, que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección como había recomendado su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010).

Los ambientalistas afirman que el proyecto minero a cielo abierto amenaza una colonia de pingüinos de Humboldt, así como otras especies marinas como ballenas jorobadas y lobos marinos y fauna silvestre como guanacos y zorros patagónicos.

Al destacar que en el caso de Dominga se realizó una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: “Actuando como Presidente se benefició (a él) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga”, sostuvo.

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De no mediar una orden judicial en contrario, los senadores y diputados santafesinos tratarán este jueves a partir de las 15, en sesión conjunta, la destitución y e inhabilitación por diez años del director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain. La remoción del funcionario es propuesta por un dictamen de la comisión de Acuerdos, basado en la acusación de haber llevado a cabo pronunciamientos políticos y actividades proselitistas incompatibles con su función. En las últimas horas, en declaraciones periodísticas, el propio Sain dio por hecho su desplazamiento y anticipó su decisión de demandar judicialmente a la Provincia.

En tanto, la decisión tomada este miércoles por la comisión legislativa se anticipó por pocos minutos a un pronunciamiento judicial que arrojó algunas dudas sobre la continuidad del procedimiento. Fue cuando, pasado el mediodía, se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, que declaró la nulidad de parte de la decisión emitida días atrás por el juez Fabián Vega. El magistrado había considerado “inadmisible” la acción de amparo solicitada por Sain para bloquear el proceso disciplinario que se le había iniciado en la Legislatura.

Con todo, la Cámara no concedió el amparo solicitado por Sain, sino que anuló el rechazo del juez de primera instancia, y ordenó que se vuelva a tramitar la petición, “conforme a Derecho”. Así, la “segunda vuelta” cayó en manos de la jueza Laboral María Silvia Albertti. En caso de que la magistrada acepte el amparo antes de las 15, la Legislatura se vería en la disyuntiva de suspender la reunión o llevarla a cabo de todos modos; cuestión que genera discrepancias entre sus integrantes. Sain fue quien diseñó, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, al Organismo de Investigaciones. Luego fue el propio gobernador fallecido recientemente quien le sugirió a su asesor que se presente al concurso público de antecedentes y oposición, en el que fue el único postulante. Durante su gestión como ministro a ese cargo no lo abandonó, sino que tomó una licencia sin goce de sueldo, que le hizo que formara parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo al mismo tiempo.

Del dictamen de Acuerdos se destacan los siguiente párrafos que sus redactores tomaron del texto acusatorio, elaborado por el senador Lisandro Enrico. Tienden a probar que como funcionario judicial Sain violó el artículo 89 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe que dice: “Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.

A lo largo de 11 carillas, el documento señala que ese mandato constitucional no se cumple. “En su cuenta de Twitter (Sain), comparte frecuentemente notas o comentarios críticos sobre personajes de la política a los que considera sus enemigos, entre los cuales se encuentra prácticamente todo el arco político a excepción del gobernador.

“Con frecuencia las notas o comentarios son retuiteados -compartidos en esa red social- desde páginas cuya orientación política es ostensible. Normalmente incurre en descalificaciones contra lo que él llama “el bloque tradicional de poder”, que no son otros que los representantes votados por el pueblo de Santa Fe.

“En la portada de su cuenta de Twitter, puede verse una foto de Saín junto al actual Gobernador y su ex jefe, Omar Perotti. También a Perotti le dedica empalagosos elogios en otra publicación, lo que contrasta con su supuesta agudeza al criticar al resto de los dirigentes políticos.

“Tampoco se priva de compartir mensajes y contenidos de la señora Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

“Todo esto, siendo funcionario del Poder Judicial de Santa Fe. Y para que no queden dudas de esa simultaneidad, en su blog personal (https://www.marcelosainblog.com/) se define en estos términos: ‘Politólogo y Doctor en Ciencias Sociales; Profesor e investigador, UNQ; Director Provincial del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Provincia de Santa Fe; Peronista’ “.

Por Mario Cáffaro

La Cámara de Diputados tendría los 26 votos necesarios para remover del cargo al director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, en la sesión conjunta convocada para este jueves, a las 15. “Sobran votos” dijo un vocero parlamentario en estricto off the record. La ley establece que la remoción debe ser por mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. En el Senado, también tendrían asegurado los votos para aplicar la drástica sanción. 

La vicegobernadora, Alejandra Rodenas, firmó el lunes la convocatoria a la sesión conjunta para considerar los dictámenes que emanen este miércoles de la Comisión de Acuerdos.  

La remoción del Fiscal General, los regionales y del director del Organismo de Investigaciones está previsto en el artículo 15 de la ley 13.013 reformada por la 14.016.  “Podrá ser removido de su cargo a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador provincial por las causales de mal desempeño, o comisión de delito doloso”, dice. En el siguiente párrafo se señala que “la remoción del cargo se decidirá por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado”. Abajo aclara que “en este caso entenderá la Comisión de Acuerdos, la que deberá emitir despacho sobre el particular, designando en su caso a quien actuará como acusador”. 

En el caso de que los 50 diputados canten presente, serán necesarios 26 votos para la remoción. Las posturas finales se conocerán recién sobre el final de la tarde de este miércoles cuando con los dictámenes ya emitidos cada bloque decida la postura. Precisamente los alcances del dictamen de mayoría que propondrá la remoción fueron motivos de varias reuniones presenciales y virtuales en las últimas horas. “Hay que se muy precisos” señalan los que trabajan en el texto sabiendo que podrá haber recursos judiciales en las próximas semanas de parte de la defensa de Sain. 

No obstante, en una recorrida por los pasillos de la Cámara Baja se puede inferir que los bloques Evolución de UCR (10 integrantes) , el socialismo (14) y Juntos por el Cambio (4) tendrían definido acompañar el dictamen de mayoría que aconseja la remoción del funcionario judicial. Se podrían sumar a esta posición otros sectores de la Cámara como, por ejemplo, los tres legisladores que conforman el interbloque del Frente Progresista; en principio Amalia Granata así como algunos legisladores del propio justicialismo, entre ellos Luis Rubeo. 

En cambio, los dos bloques de izquierda y sectores del justicialismo votarán para mantener a Sain en el cargo. Agustina Donnet y Rubén Giustiniani de Igualdad consideran que la remoción “es un antecedente peligroso que va a quedar contra la libertad de expresión en Santa Fe”. Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) anticipó que su voto “será contra la persecusión política”. Tampoco acompañará la remoción su compañera de bloque, Dámaris Pachiotti. En el justicialismo, la postura en defensa de mantener a Sain en el cargo es llevada adelante por Leandro Busatto y Matilde Bruera. Ambos acompañaron al funcionario judicial en el ingreso al Palacio Legislativo el pasado miércoles ante la citación de la Comisión de Acuerdos. 

En cambio, Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) le dijo a El Litoral que todavía no estaba definida la postura oficial del bloque que integra con Juan Argañaraz y Natalia Armas Bellavi. 

En el Senado, más allá de la postura que adopten los seis senadores alineados con la Casa Gris la suerte de Sain parece resuelta ya que habría trece votos para la remoción.  

 SESIÓN 

La Cámara de Diputados no fue citada para sesionar este jueves mientras que si lo hizo la Cámara de Senadores. En la primera se resolvió priorizar el trabajo sobre el caso Sain y existen conversaciones entre bloques para realizar una sesión el jueves previo a las elecciones con una serie de proyectos acordados. Entre ayer y hoy fueron varias las comisiones de la Cámara Baja que realizaron su reunión semanal para despachar proyectos. 

Este jueves, la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá a familiares y víctimas de la inseguridad de Rosario a los fines de discutir proyectos sobre la figura del querellante. 

PROTOCOLO PARA VOTAR 

Con la firma de la secretaria electoral nacional, María Magdalena Gutiérrez, y del secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala, se dio a conocer el protocolo sanitario que se utilizará en las elecciones del próximo 14 de noviembre en el distrito electoral Santa Fe. 

Se señala que el Comando General Electoral aportará una botella de un litro de alcohol en gel por cada mesa electoral, otro establecimiento y tres sobres de lavandina granulada. Por su parte, la Dirección Nacional Electoral proveerá cuatro  barbijos en cada kit de útiles destinado a las autoridades de mesa y un  bolígrafo adicional en cada kit de útiles para ser utilizado por los electores. En tanto, la secretaría electoral provincia sumará tres kits sanitarios compuestos por alcohol 70/30 con aspersor, tres barbijos, y un trapo rejilla, para ser utilizados por las autoridades provinciales. 

Se mantiene la decisión de que haya un máximo de ocho mesas por cada establecimiento habilitado para votar así como de un facilitador por local.  

Al igual que durante la PASO de septiembre, la cola de electores se hará fuera de los establecimientos respetando el distanciamiento mínimo, social y obligatorio. El acta contiene recomendaciones sobre el funcionamiento de las mesas y la constitución de cuartos oscuros. 

En cuanto a los electores en la fila exterior a las 18 horas, se ordena al delegado elaborar un listado y a partir de esa hora no se permitirá el ingreso al establecimiento de ninguna persona (elector o no) que no se encuentre en el listado realizado por el delegado.  

Los medios de comunicación deberán realizar las notas -cuando consideren pertinentes- en la vereda de las escuelas. 

La recomendación de las autoridades electorales es que en todo momento las personas mantengan una distancia mínima social obligatoria;  uso en forma permanente de tapaboca o barbijo con cobertura oral y nasal; procurar en todo momento la protección respiratoria: cubrir nariz y boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. 

También se recomienda a las autoridades de mesa higienizar las manos con regularidad; no compartir mate, refrigerios, útiles, utensilios de mesa o vajilla; desinfectar las superficies y objetos de uso común o compartido de contar con insumos para ello; evitar manipular innecesariamente documentación, papeles, elementos de escritura u otros efectos de uso común. 

ACCIONES 

La defensa de Marcelo Sain está trabajando en acciones judiciales que -en principio- podrían frenar la realización de la sesión conjunta. Los legisladores también discuten posibles salidas ante una decisión favorable de la justicia a un planteo de este tipo. Por ahora, sin hipótesis de trabajo. 

Ivana Fux – Luis Rodrigo El Litoral Los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa continuaron con una extensa deliberación, tras el paso del director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain. Al término de la reunión de la comisión bicameral hubo fuertes versiones sobre la posibilidad de que en la próxima sesión, el miércoles 3 de noviembre, la mayoría de sus integrantes firmen un dictamen para recomendar a la Sesión Conjunta de ambas Cámaras la destitución del funcionario judicial, por no guardar la debida independencia y en cambio, participar de actos proselitistas y militar propaganda del justicialismo. Un detalle curioso: aunque en su cuenta de twitter tenga una fotografía del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, a los legisladores les dijo “yo no soy kirchnerista”, sino justicialista y recordó que su participación en esa fuerza es anterior a la llegada de esa corriente dentro del PJ. Trascendió que en medio de una tensa reunión con el ex ministro de Seguridad, los integrantes de la comisión que le formularon preguntas buscaron probar que son de su autoría los posteos en la red social de Twitter en su cuenta personal, con abiertas manifestaciones políticas y partidarias. Se dice que el funcionario del MPA admitió que son suyos los dichos que lo muestran en un abierto desafío a lo que manda la Constitución de Santa Fe en su artículo 89.

La historia de la V de la Victoria | Visión Regional https://t.co/SEfndnkVRm

— Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) October 27, 2021

Todo ese material probatorio se guarda en una gruesa carpeta con documentos certificados ante escribano público, en seno de la comisión mencionada. Se estima que en lo que queda de la semana y los primeros días de la próxima se terminará de dar forma a un dictamen de mayoría para pedir el apartamiento del cargo. Un poroteo de las posiciones al respecto, indica que la recomendación de mayoría tendría nueve firmas. No serán diez porque el miembro acusador Lisandro Enrico (UCR-General López) se abstendrá de hacerlo. En cambio, sin dudas se opondrán y probablemente redacten un dictamen de minoría dos legisladores del oficialismo: el senador que encabeza el bloque Lealtad, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) y el jefe de la bancada del PJ de Diputados, Leandro Busatto. Obviamente, lo que importa más allá de esos dictámenes son las posiciones a adoptar en cada una de las Cámaras. Cualquier medida necesita de la mayoría en sendos cuerpos y si en una de ellas no se llega por ejemplo al quórum no se puede tomar ninguna decisión. Todo indica que hay números de sobra para que el ex titular del ministerio de Seguridad deba dejar su cargo en el MPA. De todos modos, ya anticipó que insistirá ante la Justicia en busca de la medida de amparo que ya le fue negada en primera instancia.

El actual director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, y ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, sostuvo que el sumario administrativo en su contra obedece a una “persecusión política e institucional”, basada en el hecho de que él comanda investigaciones con impacto en el poder político. “Aquí el problema con Marcelo Sain no es un tuit, sino en que es director de la Policía Judicial, que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes; o al menos uno de ellos”, disparó al salir de la reunión de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde se le instruye un procedimiento por supuesto proselitismo. “Ese es el problema de fondo que hay sobre mí. Porque aparte mostré un proceso de persecusión política e institucional entre varios partidos, y varios poderes públicos. Lo detallé muy bien, incluso con un power point: cualquier cosa les viene bien para intentar ir sobre mí. El resultado está cantado, porque lo que van a intentar hacer es ir en contra mía”, consideró ante los periodistas que lo aguardaban. Sain confirmó que “hemos hecho explicaciones técnicas de por qué este proceso no se corresponde con las normas. Hicimos reserva de elevar la revisión de lo que se decida al respecto tanto en instancias superiores dentro de la Justicia santafesina como a nivel nacional y también en Cortes internacionales. Así que tuvimos la oportunidad, muy respetuosamente, de volcar todas las opiniones al respecto. Por supuesto, lo que les dije con absoluta claridad es que aquí el problema con Marcelo Sain no es un tuit, sino en que es director de la Policía Judicial, que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes; o al menos uno de ellos (en alusión, sin nombrarlo, a Armando Traferri).

Ante la pregunta periodística, referida al motivo por el cual se abrió el procedimiento en su contra, sostuvo que “yo no hice proselitismo en ningún momento, porque nunca me expedí sobre ningún partido, ni hablé del proceso electoral. Yo reivindico la lucha contra la mafia. Y hay actores en la Legislatura que si no son mafiosos se parecen mucho”. Incluso negó ese carácter al gesto enarbolado en el momento de su arribo a la Legislatura, que quedó registrado por las cámaras: “A la V de la victoria la hacía McArthur, ¿algún problema? ¿es un atributo del peronismo? Todos saben que soy peronista, como todo el mundo sabe que muchos funcionarios judiciales, antes de participar en el concurso por el cual terminaron ingresando al Poder Judicial, eran de la UCR o el socialismo, pero nadie cuestiona su actuación”. “Yo en ningún momento hice proselitismo, ni tengo interés en hacerlo. Hago investigaciones. Esas investigaciones duelen. Porque develan estructuras de poder que tienen protección institucionales”, redondeó. En ese marco, Sain confirmó que no tiene relación con el jefe de los fiscales, el titular del MPA Jorge Baclini, en tanto “él forma parte de la persecusión política contra mí”. Abundando sobre lo que a su entender es el punto central, planteó: “¿Para qué fue creado el Organismo de Investigaciones? Su función es investigar operaciones criminales complejas, grupos criminales complejos. ¿Qué pensaban que iba a pasar? ¿Que íbamos a quedarnos en la periferia de las grandes ciudades? Obviamente, en cuanto las investigaciones avanzan, empezamos a escalar en las estructuras de protección criminal. Eso va a al escalón policial, el escalón judicial, y el escalón político”.

Sain había llegado a la Legislatura minutos antes de las 10, sin hablar en ese momento con los periodistas que lo esperaban al rayo del sol,  con los dos brazos en alto, con ambas manos haciendo la V de la victoria. El objetivo era defenderse ante el proceso que se ha iniciado en la Comisión de Acuerdos que lo acusa de llevar a cabo actividades proselitistas como integrante del Poder Judicial de la Provincia. El ex ministro de Seguridad se dirigió a la puerta de la Cámara de Diputados, ya que la bicameral mencionada utiliza su amplio recinto para sus sesiones a puertas cerradas, pero allí se le indicó que debía ingresar por el ingreso correspondiente al Senado. “Ah, por los cavernícolas”, dijo como para que los cronistas lo escucharan (aunque luego negó haber usado esa expresión). Sain enfrenta un proceso por la violación del Artículo 89 de la Constitución de Santa Fe que impide a los miembros del Poder Judicial “actuar de manera alguna en política”. El caso se inició por una presentación del senador radical Lisandro Enrico (General López) que colecta como pruebas las posiciones públicas, los reportajes, los posteos y el perfil de sus cuentas personales en redes sociales donde el funcionario judicial se identifica por su cargo y su condición de peronista. Enrico ha asumido el rol de acusador en la Comisión y ahora es el turno del ex titular de Seguridad de defenderse.

El flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reveló que se reunirá en las próximas horas con el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Sorprendió con la mención a punto tal, que casi la interpretación inicial de todos fue que el flamante funcionario nacional se había equivocado y no había reparado en que a Sain lo reemplaza Jorge Lagna desde marzo del año pasado. Pero no hubo lapsus ni malos entendidos. Fernández nombró a Sain porque quiso, y porque será con él con quien se reúna esta semana. Es más, según pudo saber El Litoral, ambos hablaron este mismo lunes y la reunión no se concretó durante la jornada, por problemas de agenda de Sain. El encuentro será el jueves. Los dos se autodefinieron como “amigos”; se conocen desde hace años y fue Aníbal, de hecho, quien como ministro del Interior de la Nación había puesto en funciones a Sain en 2005, como interventor de la nueva Policía de Seguridad Aeronáutica.

Fernández revelaba que hablaría con el actual director del Organismo de Investigación en el mismo momento en el que contaba públicamente que también lo haría con Omar Perotti. Con el gobernador de Santa Fe conversó anoche durante una hora, después de asumir. Fue la primera reunión que concedió después de jurar para abordar la situación de una de las provincias más jaqueadas por la violencia y el narcotráfico. Por lo tanto, de haber podido Sain, las dos reuniones -con Perotti y con el actual director del OI- hubiesen sido las primeras que Aníbal Fernández mantenía como nuevo integrante del gabinete nacional. Consultado en la mañana de este martes sobre la decisión de Fernández de convocar a Sain, el gobernador se limitó a decir que “son viejos conocidos”. “Trabajaron juntos en otras oportunidades; son viejos conocidos. Hablar con gente que desarrolló actividad en el territorio, al igual que reunirse con todo nuestro equipo de tareas, me parece válido”, opinó.

Sain, acorralado por la Legislatura santafesina que analiza varias denuncias en su contra con el riesgo de su eventual destitución, vuelve así a la escena política y de la mano de un funcionario nacional.

Perotti, como se dijo, se reunió con Fernández y reiteró la idea de que Santa Fe necesita una mirada especial del gobierno nacional en materia de seguridad porque la situación de la provincia es particular y no se da en otro lugar del país.

“Santa Fe necesita una ayuda diferente; hoy se reúne (Aníbal Fernández) con titulares de todas las fuerzas. Planteamos nuestra mirada sobre la realidad de Rosario y de toda la provincia. Deseamos que después de esas reuniones, trabajemos en la instancia operativa para una mayor coordinación y refuerzo de fuerzas federales. Es clave tener un comando operativo; necesitamos que ese comando pueda tener refuerzos y la mirada atenta de Nación sobre las fuerzas. El delito muta y requiere de rapidez en la asignación de funciones. Creemos que ahí debe mejorarse. Esto no pasa en otro lado; estas asociaciones criminales vinculadas al narcotráfico crecientes con un sicariato instalado, no se da en otro lado. Como dijo el Presidente, y espero que el ministro sea un ejecutor de esto, la Argentina no puede permitirse que esto suceda”, planteó.

Perotti habló de la necesidad de que “el gobierno nacional tome la decisión firme de darle a Santa Fe la atención que merece”. El mandatario reiteró a la Nación el pedido para que se refuerce la presencia de fuerzas federales, como también la estructura federal de la justicia.

Aníbal Fernández, por su parte, admitió que la “situación en Rosario es compleja. Hay hechos de público conocimiento, un juicio que está en marcha y otro por comenzar; bandas que se enfrentan por el mismo espacio. Hablamos siempre de delitos complejos”. El funcionario prometió “hacer una propuesta” que sintetice el aporte nacional a la seguridad en Rosario, “volcarla en el papel y cuantificarla en dinero. La charla con el gobernador fue importantísima. La respuesta será con hechos concretos”, aseveró.

Además de reunirse con Aníbal Fernández, Perotti también conversó con el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Este martes permanecía en Buenos Aires donde tenía previsto mantener audiencia con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Agricultura, Julián Domínguez; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Transporte, Alexis Guerrera.