El Gobierno nacional oficializó un cambio importante en el sistema de transporte de larga distancia con la publicación de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte.

La medida elimina el esquema mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas por los pasajes gratuitos otorgados a determinados grupos protegidos por ley.

Proceso de desregulación y libertad tarifaria Créditos: Guillermo Di Salvatore

Pese a ello, el Ejecutivo aclaró que el derecho de esas personas a viajar sin cargo continúa plenamente vigente y debe seguir siendo garantizado por las compañías.

La decisión se enmarca dentro del proceso de desregulación y libertad tarifaria impulsado por el Gobierno nacional para el sistema de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional.

Según la resolución, las empresas ahora cuentan con mayor autonomía para definir tarifas, recorridos y horarios, por lo que el Estado considera que están en condiciones de absorber el costo de esos boletos gratuitos dentro de su propia estructura comercial.

Las empresas ahora cuentan con mayor autonomía para definir tarifas. Créditos: Guillermo Di Salvatore

Hasta ahora, el sistema funcionaba con un esquema de compensaciones económicas financiadas por el Estado nacional. Cada vez que una empresa emitía un pasaje gratuito para una persona alcanzada por las leyes vigentes, recibía luego un reintegro económico por parte del Estado.

Ese mecanismo tenía su origen en un contexto regulatorio muy distinto al actual. Durante años, el transporte de larga distancia operó bajo un esquema de fuerte intervención estatal, con tarifas reguladas y limitaciones para actualizar precios.

En ese escenario, las compensaciones funcionaban como una herramienta para equilibrar los costos que implicaban los pasajes gratuitos obligatorios.

La nueva resolución sostiene que esa situación cambió a partir del nuevo marco normativo impulsado por el Decreto 883/2024, que estableció un esquema de libertad tarifaria y mayor competencia entre empresas. Bajo este paradigma, las compañías pueden definir libremente sus precios y reorganizar sus servicios según criterios comerciales.

En otras palabras, el Gobierno entiende que la razón económica que justificaba el subsidio dejó de existir. Según el nuevo enfoque, las empresas ahora tienen capacidad para incorporar esos costos dentro del valor general de sus operaciones, sin necesidad de asistencia estatal directa.

La medida, sin embargo, no elimina el beneficio para los usuarios protegidos por las leyes vigentes. La resolución deja expresamente aclarado que el “contenido esencial” del derecho a la gratuidad no se modifica y que continúa siendo plenamente exigible frente a los transportistas.

Entre los grupos alcanzados por este derecho se encuentran las personas con discapacidad, amparadas por la Ley 22.431; las personas trasplantadas o en lista de espera del INCUCAI, contempladas por la Ley 26.928; y los niños, niñas y adolescentes con cáncer incluidos dentro de la Ley 27.674.

Todos ellos conservan el derecho a obtener pasajes gratuitos en servicios nacionales de transporte terrestre de larga distancia, bajo las mismas condiciones que existían antes de la resolución.

La implementación del nuevo esquema implica un cambio importante en el papel del Estado dentro del sistema de transporte. Con la eliminación de las compensaciones, la intervención estatal deja de centrarse en el financiamiento y pasa a enfocarse en la fiscalización y control del cumplimiento de los derechos establecidos por ley.

En ese contexto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó ratificada como autoridad encargada de garantizar que las empresas continúen entregando los pasajes gratuitos.

La resolución encomienda específicamente al organismo mantener los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para asegurar la emisión efectiva de los boletos. Esto significa que, aunque el Estado ya no pague compensaciones, las empresas siguen obligadas legalmente a otorgar los pasajes.

La CNRT también mantiene facultades de fiscalización y control sobre las compañías que operan servicios de jurisdicción nacional. Si una empresa niega un pasaje gratuito a una persona alcanzada por las leyes vigentes, el usuario puede realizar una denuncia ante el organismo.

Desde el punto de vista legal, la negativa de una empresa podría interpretarse como un incumplimiento de una obligación inherente al servicio público de transporte. La resolución deja en claro que las compañías no pueden utilizar como argumento la eliminación de las compensaciones estatales para rechazar el beneficio.

El nuevo escenario también genera interrogantes sobre cómo impactará la libertad tarifaria en el valor de los pasajes.

Si bien el Gobierno sostiene que las empresas tienen capacidad para “internalizar” esos costos, especialistas del sector advierten que parte de esas obligaciones podrían trasladarse indirectamente a las tarifas generales mediante ajustes de precios definidos por cada operador.

En paralelo, organizaciones vinculadas a personas con discapacidad y asociaciones de usuarios siguen de cerca la implementación práctica de la medida. Uno de los principales temores es que algunas empresas intenten restringir cupos, dificultar trámites o imponer obstáculos administrativos para desalentar la utilización de los pasajes gratuitos.

Por el momento, el sistema formal de solicitud y emisión continúa vigente bajo los mecanismos habituales de la CNRT. La resolución no modifica las condiciones de acceso ni los requisitos documentales establecidos por las leyes anteriores.

Otro punto relevante de la norma es la inclusión de cláusulas transitorias para resolver situaciones administrativas pendientes previas a la entrada en vigencia del nuevo esquema. En esos casos, se prevé el tratamiento de compensaciones ya devengadas o solicitudes vinculadas al sistema anterior.

Mientras el Gobierno avanza con la desregulación del transporte de larga distancia, el eje del debate pasa ahora por el equilibrio entre libertad de mercado y protección de derechos sociales.

La resolución busca trasladar la responsabilidad económica del beneficio desde el Estado hacia las empresas privadas, pero manteniendo intacta la obligación legal de garantizar el acceso gratuito al transporte para sectores vulnerables.

En ese marco, el rol de control de la CNRT aparece como uno de los elementos centrales para determinar cómo funcionará el nuevo sistema y si los derechos establecidos por las leyes nacionales podrán sostenerse sin modificaciones en la práctica cotidiana.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció que dejará de intervenir en la importación de ciertos productos de uso personal, incluyendo cosméticos y artículos de higiene, como parte de una estrategia para simplificar procesos y aumentar la eficiencia en la gestión pública.

Según la disposición 3562/2025, publicada en el Boletín Oficial el 28 de mayo de 2025, los productos que ya no requerirán la intervención de la ANMAT para su importación incluyen:

Entre los artículos específicos mencionados se encuentran pastas dentales, enjuagues bucales, pañales descartables para bebés y adultos, toallitas femeninas, protectores diarios, absorbentes de leche materna, tampones y copas menstruales.

Esta decisión se enmarca en una serie de acciones orientadas a desregular y simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la importación de productos de salud.

A principios de mayo, la ANMAT había eliminado los controles para la importación de ciertos productos médicos de uso directo por parte de los pacientes, sin necesidad de prescripción profesional, mediante la normativa N° 2857/2025.

La medida busca equilibrar la libertad del usuario con una operación más dinámica, respondiendo a los cambios impulsados por la administración actual en materia de desregulación de mecanismos.

La ANMAT aclaró que, a partir de esta flexibilización, la importación y utilización de los productos mencionados quedarán bajo la exclusiva responsabilidad del usuario final. Esto implica que las personas que importen estos artículos asumirán los riesgos y consecuencias que puedan surgir a raíz de su adquisición y uso.

Además, se establece que está prohibida la comercialización y/o utilización con fines de lucro y/o distribución gratuita de estos productos.

Esta disposición se suma a otras medidas recientes adoptadas por la ANMAT para desregular procedimientos. En abril, mediante la Disposición 2565/2025, se modificó la fecha de vencimiento que regía sobre productos específicos, reduciendo el lapso mínimo de un año desde su ingreso a seis meses.

La desregulación de la importación de cosméticos y productos de higiene personal por parte de la ANMAT representa un cambio significativo en la política sanitaria del país, orientado a simplificar procesos y aumentar la eficiencia en la gestión pública. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de responsabilidad del usuario y control de calidad de los productos importados.

Por Ramiro Huber (*)

Están sucediendo cosas en el sector Salud de la Argentina que ameritan ser analizadas, o por lo menos tenidas muy en cuenta, para reconocer sus características y poder prever sus efectos. Se trata de la implementación de diversas medidas desde el Gobierno que, en nombre de la necesaria búsqueda de mayor eficiencia, pueden afectar el derecho a la salud al condicionar el acceso a los servicios de salud a la capacidad de pago de cada individuo, resultando en una mayor inequidad. Veamos un par de casos concretos: 

1. La desregulación de la seguridad social: desde sus orígenes en los años 60, las obras sociales sindicales nacionales contaron con la “cautividad” de sus beneficiarios, que no podían disponer de otro destino para sus aportes y contribuciones laborarles que el de su obra social por rama de actividad. La desregulación del sistema ocurrida en los años 90, permitió que cada trabajador gozara de la libertad de elección, llevando sus aportes a otra obra social que elija. El sindicalismo no fomentó esta competencia entre pares, y los traspasos no fueron masivos. Ahora el gobierno profundiza esta posibilidad de cambio admitiendo el ingreso de las empresas de medicina prepaga como oferentes de sus planes de cobertura a los trabajadores formales, pero no aplica mecanismos de compensación que eviten el “descreme” de las obras sociales que pierdan a sus aportantes más jóvenes, saludables y de mejores salarios. Cuotas de prepagas que aumentan temerariamente sus precios y obras sociales que se desfinancien por el escape de sus mejores aportantes, no harán más que profundizar la inequidad del sistema de salud. “La libertad de elección te permite elegir la salsa con que serás comido", dice Eduardo Galeano. 

2. Las desigualdades sociales enferman: el crecimiento de la pobreza y de la indigencia, el ajuste que recae sobre los jubilados, el recorte de cobertura de medicamentos que se aplica en el PAMI, el desfinanciamiento universitario, los intentos por reducir el gasto público en salud desde Nación trasladando la responsabilidad de todo el gasto social a las provincias, son claras decisiones que muestran a un Gobierno preocupado por la marcha de la macroeconomía sin reparar en los daños que comienzan a generarse producto de la negación, el descuido o la desidia por la creciente deuda social interna que genera mayores desigualdades y determinan la diferente e injusta manera de enfermar y morir en la sociedad. Como lo dijo el Dr. Ramón Carrillo, “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas".

(*) El doctor Ramiro Huber es un profesional de la salud graduado con diploma de honor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Medicina General y Familiar y Magíster en Salud Pública. Además, fue secretario de Salud provincial; subsecretario en Gestión de Procesos de Trabajo y subdirector de Entes Comunitarios, además de haber sido subdirector del Hospital Provincial de Rosario.

A través del Decreto 883/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno desreguló el transporte automotor de media y larga distancia mediante un decreto que crea un Registro Nacional de Transporte de Pasajeros público, accesible en línea y gratuito.

El nuevo sistema de transporte se implementará en 60 días y, según las autoridades, no afectará las normas de seguridad actuales. La medida, que busca fomentar la competencia, tiene como objetivo reducir los costos del transporte.

El transporte automotor de pasajeros dejará de ser considerado un servicio público, lo que otorgará a las empresas del sector mayor libertad para fijar precios, modificar o suspender rutas no rentables, y facilitará la entrada de nuevas compañías al mercado.

El Gobierno Nacional implementó un programa de transformación del sistema nacional de transporte, con el objetivo de racionalizar la oferta de servicios, ampliar las inversiones y reducir los costos, con la finalidad de contribuir al aumento de la competitividad económica y a la mejora de la calidad de los servicios.

Es necesario contar con herramientas normativas más ágiles y flexibles en el sistema de transporte, a fin de implementar un régimen con mayor desregulación en la prestación y operación de servicios, fomentando así una mayor competencia. Se deben adoptar medidas para que todas las empresas de transporte registradas y futuras puedan prestar servicio libremente en todos los recorridos, garantizando la continuidad de los servicios actualmente en funcionamiento.

De acuerdo al nuevo decreto, El objetivo es la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros, adaptándolo a la dinámica actual. El nuevo registro será de acceso gratuito y público, lo que permitirá una mayor transparencia, agilidad en la gestión de trámites y ahorro de tiempo para los transportistas. contratados de manera tradicional o mediante plataformas digitales, con el fin de facilitar el mejor acceso a los mismos.

Las empresas ya registradas no necesitan volver a hacerlo. Sin embargo, las nuevas compañías deben inscribirse para operar, y, una vez registradas, obtendrán automáticamente la habilitación para operar luego de cinco días post inscripción, gracias al "Silencio Positivo". Este mecanismo, impulsado por el Ministerio de Desregulación, garantiza que, si no hay objeciones pasados los cinco días, la inscripción será automáticamente autorizada. Esta metodología busca agilizar los procedimientos y evitar retrasos que puedan afectar al usuario.El nuevo registro será de acceso gratuito y público, lo que permitirá una mayor transparencia, agilidad en la gestión de trámites y ahorro de tiempo para los transportistas.

En cuanto a la seguridad, el Gobierno enfatizo que no habrá cambios en las exigencias establecidas en la normativa vigente. Las empresas deberán continuar cumpliendo con los requisitos en esta materia, aunque tendrán mayor libertad en otros aspectos del servicio. A partir de la nueva normativa, las compañías podrán establecer libremente sus recorridos, vehículos, horarios, precios y la duración de los servicios. Además, los puntos de ascenso y descenso de pasajeros serán autorizados por las jurisdicciones locales correspondientes.

En el decreto del Boletín Oficial, en tanto, postularon que la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, por ser las autoridades encargadas de la seguridad y del orden dentro de las jurisdicciones de los aeropuertos y los puertos, deben ser las responsables de garantizar el acceso y la seguridad de los prestadores de los servicios involucrados en el presente”.

“En atención a las características particulares de los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros que se desarrollen en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional que operan en las diversas Unidades Administrativas y los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter Internacional, corresponde su exclusión de la aplicación del régimen que se propone aprobar por el presente decreto”, profundizaron.

Al tiempo que resaltaron: “Corresponde establecer una metodología de transición hasta tanto se concrete la implementación del REGISTRO NACIONAL DEL TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR y la implementación del nuevo régimen que se propone por el presente”.

De acuerdo a lo que detallaron en el texto, el marco normativo para la prestación de los servicios de transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrollen en el ámbito de la jurisdicción nacional, comprende el transporte interjurisdiccional, a) entre las Provincias y la Capital Federal; b) entre Provincias; c) en los Puertos y aeropuertos nacionales, entre ellos, o entre cualquiera de ellos y la Capital Federal o las Provincias, quedando excluido de la aplicación del citado decreto el transporte de personas que se desarrolle exclusivamente en la Región Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, o indistintamente también conocida como ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES”.

“En cumplimiento de los objetivos preestablecidos, resulta oportuno designar a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA como Autoridad de Aplicación del presente régimen. Resulta conveniente y oportuno facultar a la Autoridad de Aplicación a llevar adelante la unificación de los diversos Registros Nacionales del Transporte con el fin de simplificar y reducir las cargas administrativas, sin perjuicio de prever la apoyatura técnica necesaria para su concreción”, desarrollaron en el decreto.

Y enfatizaron que el Estado nacional “dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

A través del Decreto 302/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial el gobierno anunció la derogación del Decreto N° 690/20 y la modificación de la Ley Argentina Digital N° 27.078.

Estas medidas buscan restaurar la libre competencia y la fijación de precios por parte de los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), revirtiendo las regulaciones establecidas previamente por el gobierno.

El Decreto N° 690/20, emitido en agosto de 2020, había introducido cambios significativos al marco legal del sector de las TIC al establecer un régimen de regulación de precios por parte del Estado. Sin embargo, con la derogación de este decreto y la modificación de la Ley Argentina Digital, se busca darle autonomía a los licenciatarios para fijar precios justos y razonables, asegurando la competencia y la calidad del servicio.

Una de las principales modificaciones introducidas es la sustitución del artículo 48 de la Ley Argentina Digital, que establece que los licenciatarios de servicios de TIC tendrán la facultad de fijar sus precios, siempre y cuando sean justos y razonables, cubran los costos de explotación y promuevan la eficiencia operativa. Esta medida busca garantizar un ambiente propicio para la inversión y la innovación en el sector.

Además, el gobierno también decidió mantener el Servicio Público Telefónico como una prioridad, asegurando su condición de servicio público básico. Esto implica un compromiso con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la telefonía, especialmente en áreas donde la cobertura es limitada.

La derogación del Decreto N° 690/20 también significa el fin de la intervención del Estado en la fijación de precios y tarifas de los servicios de TIC, lo que brinda mayor certidumbre a los operadores del mercado y promueve la competencia justa y equitativa.

Las medidas se aplicaron en un contexto de ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno considera que la restauración de un marco normativo que favorezca la libre competencia es esencial para garantizar el acceso a servicios de calidad en condiciones equitativas para todos los ciudadanos.

Decreto 302/2024 by El Litoral

(Por Federico Aguer) - Julio Peterson, presidente de la Asociación de Productores del Norte, se mostró preocupado por la decisión del gobierno de Milei de apertura al mercado de la yerba mate. Y brindó sus argumentos. "Tenemos una mirada de preocupación; yo soy cuarta generación de productores, ya vivimos el libre mercado en la época de los 90, cuando desregularon, y terminamos en el camino que estamos hoy. En los 80 un kilo de hoja verde llegó a valer un dólar, y en los 90 no nos alcanzaba ni para comprar un caramelo".

En ese sentido, resaltó los alcances del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). "Después de una larga lucha desde 2002 logramos concretar el INYM. Salimos a la ruta, yo era muy joven, sin saber lo que queríamos, solo que nos paguen mejor la yerba, y en aquellas asambleas surgió la idea de retomar el Instituto". Que cuenta con amplia representatividad: 12 directores, representando a la producción, los trabajadores, las Cooperativas, la Nación, secadores e industrias). "Algo que se fue trabajando para ponerle precio a que podamos vivir mejor desde nuestra actividad", expresó.

Según explicó, la actividad yerbatera es diferente a cualquier sistema productivo de la Argentina. "De los 12.000 productores que existen hoy, es porque se recuperaron casi 3.000, gracias a que el INYM resguardaba al pequeño productor, teniendo en cuenta los costos, la sustentabilidad y la producción".

En la actualidad, unas 93 industrias procesan el total de la producción, de las cuales dos grandes en Corrientes manejan casi el 70 % de la molienda (canchada). En Misiones se produce el 88 % de la hoja verde de todo el país, pero es Corrientes la que industrializa. "Es una actividad muy fluctuante, y tememos que ocurra lo que pasó con el té. En le té están concentradas en 5 manos todas las plantaciones y este es el camino, la concentración y el monopolio que van a manejar la cosecha las plantaciones, la venta y la compra, poniendo el precio que ellos desean".

Peterson finalizó detallando que ya estuvieron reunidos con legisladores nacionales, por este tema y por la importación. "La importación de yerba desde Paraguay y Brasil nos perjudica, porque además es una yerba que venden a 1 dólar 15, la compran más barato y no tiene la misma calidad. Además está certificado que tiene metales pesados. Por eso hoy necesitamos que Senasa exija calidad para que no nos compitan con esa mala mercadería, que como no la pueden exportar nos la venden a nosotros. Brasil y Paraguay están excedidos (en las cifras de metales pesados permitidos) y a nosotros nos perjudica. Al mercado interno y la industria, que compra más barato pero en perjuicio de los consumidores".

El mega decreto 70/23 sigue dando que hablar. Pese a que fue rechazado en el Senado y todavía aguarda su tratamiento en Diputados, el primer DNU de la era Javier Milei genera efectos en la economía diaria. En este caso será el turno de la yerba mate, sector que a partir de este lunes 1 de abril oficialmente entrará en fase de desregulación tras 22 años de intervención de precios.

Hasta ahora, era el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) el organismo que se encargaba de fijar los precios de este producto típico de nuestro país. Pero el DNU impulsado por el presidente Milei le quita esta potestad.

A partir de ahora, serán los propios productores quienes podrán decidir si aceptan el precio establecido o prefieren no cosechar la hoja y esperar a que mejoren los valores

La desregulación no se limita solo en el valor de la materia prima, sino que también impacta en la presión sobre las industrias para abastecer las góndolas de los comercios con yerba a precios accesibles.

En concreto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 promueve la derogación de los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 de la ley 25.564, que en 2002 creó el INYM y le dio la potestad, entre otros temas, de fijar precios de la yerba.

El titular de la Asociación Ruta de la Yerba Mate, Raúl Karabén, explicó que desde el sector esperan que esta medida genere una “fuerte competencia” en los precios, que hoy está pagando 370 pesos el kilo de hoja y sobre el que los productores demandan 500 pesos.

En referencia de la incidencia en el bolsillo de los consumidores, opinó que “la tendencia va a ser quizás positiva para el consumidor porque va a obligar a competir más y competir más significa bajar un poco los precios”.

Al sector lo integran unos 12 mil pequeños productores además de las grandes compañías. En tanto, el INYM no tiene autoridades designadas desde que asumió la nueva gestión del gobierno nacional.

La desregulación, además, le saca presión a las industrias en la necesidad de abastecer las góndolas con yerba barata.

En el INYM defienden la regulación y anticipan que el mercado está integrado por muchos vendedores y pocos compradores, por lo que terminará perjudicando al pequeño productor.

Las ventas de yerba mate continúan con indicadores positivos en mercado interno y exportaciones. #estadisticasyerbamate https://t.co/M8nt50SXry pic.twitter.com/l906Aj1Jye

Explican también que el precio de la hoja verde se vincula al volumen de los stocks de yerba canchada que guardan las industrias. Es así que, si las reservas están altas, el precio baja porque nadie necesita comprar con urgencia la hoja verde, secarla y ponerla a estacionar.

De acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, los volúmenes de hoja verde entregados en enero y febrero durante la cosecha de verano, que explica el 10% de la cosecha anual, alcanzaron el máximo nivel en cuatro años, con 55 millones de kilos. Puntualmente en el mes de febrero la producción fue de 33,8 millones de kilos de hoja verde, con un incremento de casi 145% respecto al año anterior.

Desde que el nuevo gobierno de Javier Milei derogó la ley de alquileres, en Rosario se detectó un notable incremento de oferta de alquileres. Es que la desregulación total del mercado provocó que muchos propietarios se animen a volcar -nuevamente- sus inmuebles al mercado locativo.

En base al relevamiento que lleva adelante el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), el incremento -desde la derogación a la fecha- es del 53%. La idea de que se pueda recuperar la rentabilidad mediante un alquiler es lo que impulsa a que muchos opten por quitar sus propiedades de la venta, sector con sobreoferta lo que trajo implicancias negativas desplomando los precios del mercado.

La ya derogada ley de alquiles venía generando muchos dolores de cabeza. Resulta que con la regulación del precio de los alquileres en base a la inflación y una vez por año, expuso una retirada de inmuebles del mercado locativo, dado que las ganancias no terminaban siendo satisfactorias para sus dueños.

El hecho de migrar tantas propiedades del alquiler a la venta derrumbó los precios en dólares de las viviendas por haber una sobreoferta de inmuebles. Entonces, quienes alquilaban o necesitaban alquilar se encontraron falta de oportunidades y quienes querían vender se encontraron con precios bajos y malos negocios.

Imagen ilustrativa. Ciudad de Rosario desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola

Ahora, con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei, los contratos de alquiler de vivienda volvieron a los términos establecidos bajo el Código Civil y Comercial, como se hacía antes de junio de 2020.

Ante este escenario, Cocir demuestra que -según su portal oficial que contabiliza corredores habilitados en la ciudad- se pasó de un total 1.045 a más de 1.600 inmuebles disponibles para el alquiler.

Entre las diversas formas en las que se están generando los nuevos contratos, desde Cocir señalan que la mayoría de las revalidaciones de las condiciones están en el orden trimestral, cuatrimestral y semestral combinado con actualización por el IPC (Índices de Precios al Consumidor), que es el que se está utilizando con más frecuencia, y el ICL (Índice para Contratos de Locación).

La titular de Cocir, Gabriela Ortiz de Urbina, contó a El Litoral que están detectando que “en este escenario de mayor oferta de alquileres, los precios se están volviendo más competitivos” y que “esto es así porque cada vez más personas están interesadas en los departamentos”.

Javier Milei. Crédito: Yara Nardi/Reuters

Algo que también destaca la referente de Cocir es que los incrementos que se están dando en la ciudad “no son disparatados”, porque ahora “los ajustes se hacen de forma trimestral como mínimo y no de forma anual como antes, lo que generaba que las subas fueras complejas”.

En este sentido, insistió en que los nuevos contratos no se realicen “menores a los dos años” y que las actualizaciones “no sean menores a los tres meses”, además de utilizar índices que sean “fidedignos y de confianza”.