La fábrica de ollas y sartenes Essen en Venado Tuerto, Santa Fe, redujo su producción local y comenzó a incorporar importaciones desde China, según dio a conocer la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La compañía reemplazó alrededor del 45% de lo que antes producían en la planta, una decisión que derivó en el despido de 30 trabajadores y en la preocupación del sindicato y la comunidad local.

El ajuste incluyó la desvinculación de 20 empleados efectivos y de 10 contratados a los que no se les renovó el vínculo laboral, lo que representa cerca del 10% de la plantilla.

Desde la UOM señalaron que, ante el reclamo, la empresa aseguró que no habrá más despidos durante lo que resta de 2025; no obstante, el sindicato indicó que seguirá vigilando la situación.

Desde la UOM atribuyen la medida a la caída del consumo interno y a la búsqueda de mayor eficiencia: en el contexto actual, importar resultaría económicamente más conveniente que mantener la totalidad de la producción en la planta. El sindicato señaló que la sustitución por importaciones podría avanzar más allá de lo anunciado y provocar nuevas pérdidas de empleo.

La empresa, por su parte, promovió en los últimos años iniciativas comerciales y tecnológicas para sostener ventas. En junio de 2024 lanzó el programa de fidelidad Essen+, que hoy reúne a cerca del 60% de su base activa y registró más de 40.000 canjes de cupones. En agosto de 2024 presentó Rein, su primer robot de cocina, desarrollado junto a un fabricante asiático con una inversión de US$ 1,2 millones, y sumó proveedores estratégicos de China.

Para obtener comentarios directos sobre la situación y la estrategia de importaciones, Clarín intentó comunicarse con Essen, pero la empresa no respondió la consulta, según la información disponible.

La fábrica en Venado Tuerto es la más grande del mundo de piezas de aluminio fundido con esmalte vitrocerámico, dirigida por la tercera generación. Al respecto, Wilder Yasci, nieto del fundador y CEO de Essen, reconoció que la empresa se enfoca en ser “más productiva y eficiente”.

El recorte en la planta generó un impacto local, ya que 30 trabajadores perdieron su vínculo laboral y sus puestos formaban parte de otros movimientos en otras fábricas que se vienen dando en el cordón industrial del sur santafesino.

La discusión puso en tensión la necesidad empresarial de reducir costos y la defensa de la industria y el empleo local; el sindicato anunció que continuará la vigilancia y la exigencia de medidas para proteger las fuentes laborales.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín suspendió este jueves los efectos del decreto 461/2025 con el que el presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida, de carácter cautelar, fue solicitada por el gremio Sevina y representa un nuevo revés judicial para el Poder Ejecutivo.

La jueza Martina Isabel Forns ordenó al Gobierno abstenerse de ejecutar actos derivados del decreto, incluyendo reubicaciones, despidos, suspensiones o la supresión de estructuras en la DNV. La prohibición tendrá vigencia durante seis meses, mientras se evalúa el fondo de la cuestión.

“La Constitución Nacional y los convenios de la OIT impiden al Estado alterar unilateralmente condiciones de trabajo establecidas colectivamente”, sostuvo Forns. La magistrada consideró vulnerado el principio de estabilidad del empleo público y alertó sobre los “perjuicios irreparables” que podrían derivarse del decreto.

En su análisis, también advirtió que el artículo 32 del decreto establece una “fecha de vencimiento” para la estabilidad del personal, lo que a su criterio choca con los derechos laborales consagrados en la normativa vigente.

Otro punto cuestionado fue la decisión de subordinar todos los movimientos de personal a la aprobación del Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger. “Se vulnera el principio de estabilidad y se afecta la libertad sindical”, advirtió la jueza en su fallo, que también consideró a los trabajadores del organismo como un sector “socialmente vulnerable”.

El sindicato Sevina, que promovió la cautelar, celebró la medida: “Es un respaldo legal a nuestra lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional de la DNV”.

Si bien Forns rechazó, por el momento, declarar la nulidad o inconstitucionalidad del decreto, aclaró que ello requiere una discusión “más compleja y profunda”. La medida cautelar busca preservar el statu quo mientras se sustancia el proceso judicial de fondo.

Noticia en desarrollo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este 30 de mayo el informe mensual sobre la dotación de personal del Estado nacional. El relevamiento indica que en abril de 2025 el total de empleados en la Administración Pública Nacional (APN) fue de 292.801 personas, lo que representa una baja de 1.687 puestos respecto a marzo, es decir, una reducción del 0,6% mensual.

La tendencia de recorte viene sostenida desde noviembre de 2024, acumulando así seis meses consecutivos de caída. En ese período, el Estado nacional perdió 11.306 empleos, lo que equivale a una contracción del 3,7% en su plantel total.

El informe abarca tanto la administración central como las empresas públicas y entes descentralizados. La caída se da en medio del plan de ajuste fiscal del Gobierno nacional y los compromisos asumidos con organismos internacionales.

El ajuste no fue homogéneo: algunas áreas mostraron recortes más pronunciados que otras. Entre los más afectados se encuentran:

Empresas y sociedades estatales: bajaron un 0,9%, con 93.350 empleados.

Administración descentralizada: cayó un 0,7%, totalizando 121.125 agentes.

Administración pública nacional: perdió un 0,4%, quedando en 199.451 trabajadores.

En contraste, la administración centralizada aumentó levemente su dotación un 0,1%, y los "otros entes" crecieron un 0,2%.

A nivel ministerial, los mayores recortes se vieron en:

Jefatura de Gabinete de Ministros: -7,1%

Ministerio de Capital Humano: -2,8%

Ministerio de Economía: -3,2%

Ministerio de Defensa: -1,7%

Cancillería (Relaciones Exteriores): -2,5%

ANMAC: -13,8%

Por el contrario, algunos organismos aumentaron personal debido a procesos de regularización contractual, como el Ministerio de Justicia (+36,1%) y la Procuración del Tesoro (+33,9%).

Las empresas estatales también sufren el impacto del ajuste. El recorte alcanzó a firmas como:

Aerolíneas Argentinas: -1,1%

Banco Nación: -1%

Correo Argentino: -0,6%

Corredores Viales S.A.: -3,5%

Casa de Moneda: -4,8%

Algunas de estas empresas están bajo procesos de auditoría, reestructuración o incluso liquidación, como la Administración General de Puertos S.A.U..

La reducción de la planta estatal forma parte de la estrategia del Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal. En ese marco, se creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y se reactivó el rol de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, responsables de llevar adelante este proceso.

La metodología incluye no renovación de contratos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos directos, según fuentes oficiales.

Especialistas advierten sobre los posibles efectos en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. Desde el Ejecutivo aseguran que se busca "eficientizar" la gestión, mientras que gremios estatales denuncian despidos arbitrarios y pérdida de capacidades clave para el funcionamiento del Estado.

La principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos, tramitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, buscando reducir salarios del personal o achicar drásticamente la planta laboral para hacer frente a las dificultades económicas.

La solicitud presentada por la empresa avícola se dio a finales de la semana pasada y obtuvo el aval del Gobierno, siendo la cuarta empresa que requiere encuadrarse en el mecanismo que permite avanzar con despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

En ese caso, Granja Tres Arroyos pretendería despedir 700 empleados o descontar el pago de adicionales, que equivalen al 21% del sueldo, de acuerdo a la información divulgada por el diario Clarín, que al mismo tiempo reveló que el pedido estaría vinculado a los problemas de sostenibilidad económica que viene atravesando la compañía en el último tiempo.

La productora avícola ostenta ocho plantas de faena, entre Argentina y Uruguay, de las cuales cuatro se ubican en Buenos Aires, dos en Entre Ríos, una en Córdoba y una en Montevideo. De dicho conjunto de establecimientos, hay dos ubicados en territorio bonaerense (Esteban Echeverría y Ezeiza), que fueron heredados al adquirir el negocio de la ex Cresta Roja.

A finales de octubre se instaló con fuerza el cierre de la planta de Ezeiza esgrimiendo la caída de la producción tras la gripe aviar y la pérdida del mercado de China. En ese entonces, se había anunciado que de las 270 personas de la planta, 55 pasarían a la de Echeverría, 15 quedarían en el lugar para mantenimiento y 200 serían desafectadas.

Ahora, se retoma la idea de desprenderse de dicha fábrica pero la declaración de crisis abarcaría a otros establecimientos. A los mencionados argumentos, que se mantienen, se le suman reclamos por un dólar poco competitivo y por la presión impositiva que eleva los costos internos en comparación con otros países de la región.

A pesar de los planteos expuestos por la compañía que produce 700.000 pollos diarios y emplea a 7.000 personas, las exportaciones del sector avícola crecieron un 20% en volumen y 26% en valor entre enero y octubre de este año, según el último informe publicado por la Secretaría de Agricultura.

Se trata de la cuarta empresa que solicita un procedimiento de crisis en los últimos meses. La cerealera Vicentín presentó uno la semana pasada y Aerolíneas Argentinas amagó con tomar la misma medida en noviembre, luego de que las fabricantes de neumáticos FATE y Bridgestone solicitaran ese mecanismo en julio.

El común denominador es el interés por reducir los costos laborales en un contexto donde la industria se queja de los "sobrecostos" para exportar, como un dólar menos competitivo, salarios en dólares supuestamente más altos que los de Brasil y la carga tributaria, mientras Brasil viene devaluando y los gremios buscan recuperar la pérdida de poder adquisitivo.

Siguen los despidos en el Estado en la era Milei y se apunta nuevamente contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Se informó que el Gobierno nacional oficializó el "pase a disponibilidad" de cinco trabajadores pero serían 40 los empleados en esa situación.

De acuerdo a lo informado por medios nacionales, el Poder Ejecutivo estableció el "inicio al proceso de readecuación de personal" que contempla el "pase a situación de disponibilidad" de 5 trabajadores de la planta permanente del INCAA. La medida fue argumentada en que el organismo tiene "excedida la dotación óptima necesaria".

La resolución fue oficializada el viernes y esos 40 trabajadores fueron "absorbidos" por el Ministerio de Desregulación y Transformación para derivarlos a otras áreas del Estado pero que "aún no les ofrecieron nada". "La dotación óptima que describe es casi tan precisa y real como el algoritmo de las plataformas. Tenemos casi 40 compañeros en esa situación hace más de 2 meses y aun no les ofrecieron nada. Es más del desguace", señaló el montajista, trabajador audiovisual del INCAA y delegado de ATE, Nicolás Leonardo Vetromile.

Hacía 33 años que no se pasaban trabajadores a disponibilidad en el INCAA. En diciembre de 2023 se suspendieron todos los concursos y subsidios al cine que daba el INCAA y no se produjo ninguna película nueva.

Más de 40 trabajadores despedidos de distintas regiones del país, en su mayoría del sector estatal, fueron recibidos este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación y expusieron contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

En una audiencia pública organizada el Frente de Izquierda y Unión por la Patria, hubo trabajadores despedidos del Hospital Posadas, el INTI, Ministerio de Trabajo, la Agencia Nacional de Discapacidad, Sitios de Memoria, INCAA, Aerolíneas Argentinas, Jumbo, Siat, Secco.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo de los diputados Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) y Sergio Palazzo (Unión por la Patria), integrantes de la comisión de Legislación del Trabajo, quienes repasaron los proyectos de ley para declarar la emergencia ocupacionales a raíz del vendaval de despidos que hubo en los últimos meses, que hizo engrosar la tasa de desocupación al 7,7%.

El líder de La Bancaria reclamó que "se frene esta sangría de despidos que se están produciendo producto de las políticas que lleva a cabo este gobierno tanto en materia pública como privada”.

“Hemos intentado en varias ocasiones que el presidente de la comisión invite a los compañeros despedidos a una reunión, pero hasta ahora no lo ha convocado”, expresó Palazzo.

Por su parte, Vilca aseguró que “lamentablemente las autoridades de la Comisión no acceden a tratar este tema y no se puede esperar más”. “Por eso estamos acá escuchando la voz de los trabajadores despedidos y de los sindicatos que están peleando por la reincorporación”, expresó el jujeño.

“Entendemos que a este plan de ajuste de Milei hay que enfrentarlo en las calles, peleando por una gran movilización y un plan de lucha con paro nacional”, exhortó.

El primer orador invitado fue el delegado de Jumbo Pilar Jesús Giménez, quien denunció que fue “despedido sin causa” en enero de este año y atribuyó esa decisión de la empresa a su actividad sindical.

Según advirtió, la Ley Bases “permite a las empresas despedir a delegados con fueros gremiales dejando a los trabajadores en un estado de mayor vulnerabilidad”.

A su turno, el trabajador de ANSES Carlos Ortega señaló que fueron 1.300 despedidos, lo que representa un 10% del personal del organismo previsional. “Iniciamos los juicios correspondientes y hubo 20 restituciones. El ANSeS durante años pudimos incluir a millones de personas que fueron despedidos durante el menemismo”, destacó.

“Hay que luchar en las calles de una vez por todas para que este Gobierno se vaya por más que nos digan golpistas por un gobierno que no es democrático, porque este gobierno no es democrático es autoritarismo. Esto recién empieza, pero vamos a triunfar”, culminó.

Adolfo González Dardik, de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) indicó que en ese área desvincularon a 343 trabajadores que “tenían como misión y función garantizar los derechos de niños y adolescentes".

"No nos van a ver nunca de rodillas. En nosotros van a encontrar un bastión de resistencia y dignidad que será así hasta que logremos la victoria echando a este gobierno de cipayos”, finalizó.

Además de Vilca y Palazzo, estuvieron presentes los diputados nacionales Paula Penacca, Nicolás del Caño, Mario Manrique, Daniel Arroyo, Esteban Paulón, Germán Martínez, Julia Estrada, Hugo Yasky, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Carlos Castagnetto, Juan Marino, Daniel Gollán, Carolina Yutrovic, Eduardo Toniolli, Vanesa Siley, Myriam Bregman (mandato cumplido).

Este martes por la mañana, las inmediaciones del edificio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de la ciudad de Buenos Aires se llenaron de trabajadores protestando por nuevos despidos.

En la noche del lunes, muchos empleados de planta transitoria recibieron un mail notificándoles que sus designaciones no serían prorrogadas.

Al llegar a sus puestos de trabajo, un cordón policial impidió que los empleados ingresaran al edificio del INADI.

Los trabajadores fueron informados de su desvinculación a través de un correo electrónico en el que se les comunicaba que “no correspondía prorrogar su designación transitoria” y, por lo tanto, estaban “desvinculados” del organismo.

El pasado 22 de febrero, el Gobierno nacional había anunciado el cierre del INADI y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona. En respuesta, los empleados marcharon hacia la sede de dicha cartera para exigir la "urgente reincorporación".

“Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad”, declaró a Noticias Argentinas Mariana, una de las profesionales del personal de capacitación.

Los trabajadores estatales destacaron que la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ y que, además, hay una persona con discapacidad entre los afectados. También señalaron que la actual interventora del INADI, María Ángeles Quiroga, no ha recibido a los sindicatos desde febrero.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) criticó al Gobierno por esta decisión y acusó a la actual gestión de “avanzar con el desguace del Estado”. “Ahora despiden a otros 120 compañeros en el INADI, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas”, publicaron en su cuenta oficial de la red social X.

Los gremios estatales también aguardan con preocupación la revisión de unos 57 mil contratos regidos bajo el artículo 9 y de asistencia técnica, que fueron prorrogados en marzo pasado por otros tres meses. Se teme que a fines de junio ocurra una nueva oleada de cesantías entre los empleados de planta transitoria.

En su informe de gestión ante el Senado, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, informó que "al 31/03/2024 se registra un total estimado de 14 mil bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada". Además, el oficialismo adelantó su intención de continuar con las auditorías de los miles de empleados en la planta transitoria.

Desde ATE advierten que ya ha comenzado "la cuenta regresiva" hacia nuevas cancelaciones de contratos y denuncian que la situación podría empeorar si el Congreso sanciona la ley Bases, que no solo contempla la privatización de empresas públicas, sino también la autorización para "disolver" organismos e institutos.

El pasado mes marzo, el propio presidente Javier Milei se había expresado al respecto. “Estamos convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, que tiene mucho de motosierra y licuadora. Si lo queríamos hacer rápido, teníamos que hacer las dos cosas. Hay mucho de ambas hoy en día. Entre ellas, eliminamos la obra pública de cuajo, de lo que estoy orgulloso y algo a lo que toda la gente de bien debería oponerse. Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos 50.000 empleados públicos. Y van a caer 70.000 contratos más”, destacó en aquella oportunidad el líder de La Libertad Avanza.

En las últimas semanas, los presidentes comunales e intendentes de las localidades del departamento General López afectadas mostraron su preocupación por la decisión del Correo Oficial de la República Argentina S.A -Correo Argentino- de despedir personal, no renovar contratos y ofrecer retiros voluntarios a empleados de distintas sucursales en el marco de un proceso de reorganización interna a nivel nacional que comenzara a fines de abril de este año, lo que redundó en la presentación un proyecto de parte de la senadora departamental Leticia Di Gregorio en la Cámara alta santafesina, orientada a rever las medidas por el impacto negativo de las mismas en los distritos afectados. 

Consultados por Sur24, los mandatarios sureños manifestaron su descontento y preocupación ante este tema y enumeraron las distintas problemáticas que la merma de personal y el posible cierre de las sucursales del Correo Argentino traería a las poblaciones, sobre todo a las más pequeñas. 

Entre las localidades donde se produjeron despidos se encuentran Berabevú, donde la oficina cerró sus puertas, Teodelina, Hughes y Cafferata. 

En diálogo con Sur24, el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, manifestó que, si bien en su localidad no corre riesgo la continuidad de la sucursal del Correo Argentino ya que, a pesar de ser despedido el jefe aún quedan dos empleados más, “me sumo al reclamo, porque si bien quedan empleados, fue despedido el jefe del Coreo y eso es lamentable”.

“Teodelina tienen un movimiento muy grande del correo, sobre todo con las compras on line, y es utilizado por los vecinos con mucha frecuencia”.

Más allá del empleado despedido en Teodelina, el mandatario destacó la complejidad de la situación sobre todo “en los pueblos más chicos, porque a veces no tienen ni cajeros ni bancos y es el único medio para efectuar cobros”, añadiendo que “esto aísla más a las localidades, donde sus vecinos tienen que viajar varios kilómetros para poder cobrar sus jubilaciones y demás”. 

Por su parte, el presidente comunal de Hughes, Mauricio Donatti, explicó a Sur24 que, en sintonía con lo ocurrido en Teodelina, allí también despidieron al jefe de la sucursal local del Correo Argentino y único empleado de la repartición, por lo que en la actualidad se encuentra viajando una persona de Venado Tuerto para la atención de esa sucursal. 

“Por ahora no cerraría”, anuncio Donatti, agregando que “si bien acá los jubilados cobran en el banco, el correo es muy utilizado por las empresas y para la distribución de muchas cosas que llegan por ese medio”.

Una de las localidades más afectadas es Cafferata, donde a fines de abril fue despedido el jefe del correo del pueblo y corre peligro la continuidad de la oficina. 

“Esto pone totalmente en peligro la continuidad de la oficina local”, manifestaba Joan Stramesi, su presidente comunal.

“Hay más de 100 jubilados que cobran en la oficina del correo, ya que no tenemos bancos ni cajeros. Por eso estamos con mucha angustia y con mucha bronca por la falta de sensibilidad en la toma de estas decisiones”, agregó. 

“Cuando hacen recortes desde una planilla de Excel se olvidan que están parando una actividad y que están generando un perjuicio enorme a una localidad de poco más de 1.000 habitantes”, aseguró Stramesi.

Cafferata es un distrito que “contribuye significativamente a la economía nacional. Tenemos más de 20.000 hectáreas productivas, y solo estamos pidiendo un poco de reciprocidad. Queremos que esta oficina se siga sosteniendo y que nuestros jubilados puedan cobrar en nuestra comunidad y no ver nuevamente como hacen dedo en la ruta para ir a cobrar a Chañar Ladeado (pueblo ubicado a 15 kilómetros)”, finalizó el presidente comunal.

En medio de la ola de despidos que se están comunicando en el ámbito público nacional, Rufino toma protagonismo ante el posible cierre de la oficina del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de la localidad.

En este sentido, el jefe municipal se reunió con Mauricio Palma, Chiara Palma y Leonel Pitola, representantes del Senasa Rufino, para brindar su apoyo y prometió realizar gestiones para impedir el cierre de la sede del organismo nacional, tal como trascendió estos días, como parte de la serie de despidos de empleados públicos en el plano nacional.

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A través de un video posteado por la Municipalidad de Rufino, Lattanzi manifestó su respaldo a los trabajadores y afirmó que en Rufino "no hay ñoquis".

“Voy a gestionar para la oficina de Senasa no cierre, es una oficina que funciona y asiste a productores de Rufino y la zona”, indicó el intendente.

“Iniciamos la gestiones ante la preocupación planteada desde los directivos y los empleados locales y tenemos argumentos suficientes para defender y gestionar para que esto no suceda en Rufino” , desarrolló y esgrimió que en el organismo “no hay ñoquis” sino que “es una oficina que no genera gastos, que no tiene costo de alquiler ni de funcionamiento para la entidad nacional”.

Y remarcó que la oficina trabaja articuladamente con el municipio y las entidades que representan al sector agropecuario “y estamos en una zona que es menester el trabajo a campo y articulado y la verdad que se viene haciendo muy bien y bajo costo”.

Acto seguido reiteró que ya iniciaron las gestiones para evitar el cierre de la sede y el mantenimiento de las fuentes laborales ya que “trabajan eficientemente”.

Senasa en peligro

Semanas atrás, en el marco de despidos en el Estado llevado a cabo por el gobierno nacional se conoció que el Senasa era uno de los organismos afectados por desafectaciones en su planta de empleados.

Entre los números trascendidos, serían unos 1000 los despidos en esta dependencia nacional.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es un organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, dependiente de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Economía de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

También es de su competencia el control del tráfico federal y de las importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.

En síntesis, el Senasa es responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal.

La subsecretaria de Trabajo Mariana Hortal Sueldo renunció este miércoles a su cargo en medio de los despidos que dispuso el gobierno del presidente Javier Milei en esa dependencia y el resto del organismos del estado.

La renuncia de Hortal Sueldo se suma a la de varios funcionarios que salieron del Ministerio de Capital Humano durante las últimas semanas.

Hortal Sueldo había sido designada como subsecretaria el 15 de febrero pasado, para ser la segunda en el área del Omar Yasín. En ese cargo había sido desplazado con su llegada Horacio Pitrau, a quien en el Gobierno señalaron por buscar entablar negociaciones con los gremios.

Tras la salida de Yasin y la llegada de Cordero, Hortal Sueldo, de vínculos cercanos al ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri Jorge Triaca, quedó en su cargo hasta este miércoles que se conoció su dimisión. La ahora ex subsecretaria también había tenido un paso por la ANSES durante la gestión macrista.

De acuerdo a las fuentes oficiales, su salida del área laboral se relaciona con su cercanía a Yasín, quien fue desplazado del cargo tras una polémica por aumentos de sueldos a distintos empleados públicos.

La renuncia se da en momentos en que se profundiza el conflicto de los gremios con el Gobierno nacional por los despidos que se dispusieron en distintos organismos del estado.

Este miércoles, la Secretaría de Trabajo fue la sede central del reclamo de los trabajadores agrupados en ATE, que anunciaron un nuevo paro para el próximo viernes en el marco de un plan de lucha contra los despidos.

La ola de despidos en el Estado nacional alcanzó hasta el momento a 15 mil trabajadores de ministerios, secretarías, distintas dependencias y áreas descentralizadas de todo el país. No obstante, el gobierno advierte que el número es provisorio y no descarta que pueda triplicarse hacia fines de junio, cuando venza la prórroga de tres meses para los contratos que sí fueron renovados en esta oportunidad.

Durante el fin de semana extra largo, por Semana Santa y el Día de los Veteranos de Malvinas, miles de contratados estatales recibieron por vías informales (correo electrónico o WhatsApp) la confirmación de que no se les renovaría el vínculo laboral. Al reanudarse la actividad este miércoles, muchos se enteraron de su desvinculación al asistir a sus puestos de trabajo, en cuyo interior los esperaba un operativo de seguridad para evitar protestas.

Desde primera hora de la mañana, las protestas se replicaron en organismos estatales de todo el país e incluyó fuertes momentos de tensión en las dependencias porteñas de la Secretaría de Trabajo, INADI, CCK y Conicet. En la ciudad de Santa Fe, la imagen fue el cierre de la delegación del Enacom, con custodia de personal policial impidiendo el ingreso de los trabajadores al edificio.

En horas del mediodía, el vocero Manuel Adorni precisó el alcance del recorte en la administración pública nacional. "El número ronda los 15 mil contratos que no se han renovado", dijo y justificó que "es parte del trabajo que hacemos para achicar gastos". A su vez, respecto a las protestas gremiales en distintas dependencias, indicó: "Todo el que cometa un acto fuera de la ley va a tener sus consecuencias".

En la conferencia de prensa desde Casa Rosada que realiza diariamente, Adorni reiteró también que son cerca de 76 mil los contratos transitorios en el Estado, y que la decisión es no renovar ningún vínculo laboral temporario. Fue en línea con las declaraciones que días atrás realizó el propio presidente Javier Milei, ante un congreso de empresarios, donde prometió recortar profundizar el personal público nacional en los próximos meses.

A esta tanda de 15 mil despidos, hay que sumarle otros 10 mil contratos que no se renovaron a fines del año pasado, que correspondían a los que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencían el 31 de diciembre.

Del total de más de 70 mil contratos que están encuadrados como planta transitoria o asistencia técnica profesional, unos 50 mil fueron renovados también durante el fin de semana extra largo, mediante el decreto 286 con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Sin embargo, las renovaciones se hicieron con un tope de tres meses, plazo a partir del cual se determinará si continúan renovándose o si se darán de baja los que el Gobierno considere que son innecesarios.

Es decir que a los 15 mil contratos caídos en esta semana más los 10 mil de diciembre, unos 50 mil trabajadores que ahora fueron renovados, tendrán que esperar a junio cuando en el próximo corte el gobierno les indique si siguen vinculados o deberán dejar sus puestos.

“Lo que hace el Gobierno es recortar el gasto del Estado, en aquellos trabajadores que no eran esenciales por la tarea que cumplían”, dijo el vocero presidencial respecto a la metodología que aplica la administración libertaria, este miércoles, en su habitual conferencia de prensa matutina.

Luego de encabezar distintas medidas de protesta este miércoles, el gremio de estatales ATE votó la realización de un nuevo paro nacional. Será este viernes en el marco de un plan de lucha contra los despidos en el sector que dispuso el gobierno de Milei.

"Le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra", aseguró el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y resaltó que "este fin de semana se recibieron miles y miles de telegramas de despidos, en todos los casos ilegales y arbitrarios".

Tras definir profundizar el plan de acción con una nueva medida de fuerza nacional antes de que termine esta semana, Aguiar sostuvo: "Milei decidió tercerizar el ajuste: ahora la motosierra la tiene Techint, porque el secretario de Trabajo (Julio Cordero) es un gerente de Recursos Humanos de ese grupo empresario. Pero le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra".

A diferencia de ATE que encabezó ocupaciones en ministerios y organismos públicos de la jornada se dieron, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) eligió una estrategia diferente para reclamar contra el ajuste y los despidos en el Estado.

Por el momento, la UPCN que lidera Andrés Rodríguez, no se inclina por lanzar un paro nacional, sino que en cambio realiza ceses de tareas durante una determinada franja horaria en dependencias afectadas por los recortes, con asambleas y batucadas para exteriorizar sus reclamos.

En medio de la ola de despidos, la mesa chica de la CGT se reunió este miércoles en la sede de la UPCN. El secretario general Héctor Daer aseguró que la próxima semana se definirá si la central realizará otro paro general contra la gestión del presidente Javier Milei, en tanto que deslizó que habría una “gran movilización” de trabajadores el 1 de mayo.

El dirigente sindical detalló que durante el encuentro analizaron la situación económica actual, y adelantó que el Consejo Directivo de la central obrera se reunirá el jueves 11 de abril para decidir la modalidad y la fecha de la medida de fuerza.

Para Daer, abril será un mes de alta conflictividad, ya que a la problemática de los 15 mil despidos en el sector publico se suma el hecho de que la mayoría de los gremios estarán cerrando sus paritarias salariales.

El líder de Sanidad explicó que para el 11 de abril se espera que el nuevo proyecto de ley ómnibus del Gobierno ya haya sido presentado en el Congreso, por lo que la CGT podrá sumar ese elemento al análisis para tomar la decisión.

En este marco, la CGT deberá decidir qué curso de acción tomar. Deberá sopesar por un lado la presión de las bases sindicales y de la política que lo empujan al paro nacional, pero también tomar en cuenta que un sector importante de la sociedad sigue dándole tiempo al Gobierno y podría ver con malos ojos una medida de fuerza de tamaña magnitud.

El gobierno nacional dispuso el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (Enacom), por o que se estiman que se sumarán unos 500 despidos al recorte que la administración del presidente Javier Milei viene haciendo en el estado.

De acuerdo a la resolución, los cierres se darán a partir de próximo 1 de abril y se establecerá un "período de transición de 60 días, a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales".

En tanto, se definió que habrá "una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todo".

También estableció que se debe "difundir en las vías de comunicación pertinentes por el plazo de 30 días, a contar desde la publicación de la presente, los medios de atención, ingreso de denuncias y demás trámites administrativos de Ente, en reemplazo de la atención presencial dispensada en las citadas sedes".

Además, se deberá "instruir a la Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, a la Dirección General de Administración y a la Dirección General de Recursos Humanos para que en el marco de sus competencias procedan a llevar adelante las tareas tendientes a dar cumplimiento al artículo 1° de la presente".

De acuerdo a la resolución, se iniciará con un recorte de unos 400 empleados y para cuando se terminen las tareas de cierre, los despidos llegarían a los 500.

En tanto, el Gobierno prepara otro decreto para que el Estado no pueda interferir en los precios de Internet, cable y celulares.

Enacom es un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y fue creado en 2015 para regular las telecomunicaciones en Argentina.

(Por Conrado Beron) - La oficina de atención al público de Feliciano había sido inaugurada el 5 de abril del año pasado y tenía el objetivo de que los habitantes de la localidad no deban trasladarse a otras ciudades vecinas para realizar trámites con el organismo.

Pero ante el desmantelamiento por parte del Gobierno nacional de la Administración Pública, todo hace prever el cierre de las oficinas en muchas ciudades, como las de Feliciano, San Salvador y Federal.

Aunque aún no llegaron los telegramas de despido para los agentes estatales, trascendió que en las próximas horas se produciría el cierre.

Ante esta situación, el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, a través de una nota enviada al titular de Anses, Mariano de los Heros, realizó el reclamo ante la novedad y detalló la importancia de las oficinas en la ciudad del norte entrerriano.

En la misiva, Arévalo resaltó la importancia de la disponibilidad de la oficina de Anses para la atención y resolución de trámites personales de los vecinos de Feliciano y de ciudadanos de otras localidades próximas del norte entrerriano y sur correntino.

“Cabe destacar que, desde su creación (5 de abril del 2023) esta oficina brinda atención y gestión a más de 2 mil personas por mes entre los que se encuentran: ciudadanos de San José de Feliciano, vecinos de las tres comunas y dos juntas de gobierno de los distritos que integran el departamento Feliciano (Manantiales, Chañar, La Verbena, Atencio y Basualdo), que se encuentran en zonas rurales desfavorables, sin acceso a internet, imposibilitados de realizar trámites virtuales por plataformas del organismo”, indicó el intendente en la misiva.

Arévalo enumeró la cantidad de trámites que realiza la oficina de Anses en Feliciano, argumentando también que “la oficina de Anses más próxima se encuentra a unos 190 kilómetros, ubicada en ciudad de Concordia, y resulta un obstáculo el traslado de la mayoría de las personas que realizan sus trámites dado que generalmente provienen de los sectores más vulnerables (adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, desempleados, etc.); y actualmente existe una sola empresa de colectivos de larga distancia en la que un pasaje ida y vuelta cuesta $10.000,00, sin contar gastos de traslados internos y comida”.

“Queremos continuar trabajando de manera articulada con la Nación, por ello, desde este municipio se dispuso de todos los requerimientos necesarios, tales como alquiler de local, mobiliario, conectividad, y todo lo necesario para el funcionamiento y operatividad de dicha oficina”, ofreció el intendente Arévalo.

Se extendió por siete días más a partir de este lunes 11 de marzo la licencia de los empleados de Télam y quedó implementado el programa de Retiro Voluntario para todo el personal.

El mismo aplica tanto para empleados que estén en planta permanente como para contratados de la empresa.

La medida se informó a través de dos comunicados. Cabe recordar que desde hace una semana el servicio de agencia de noticias nacional está suspendido y los 700 trabajadores tienen licencia.

El documento firmado por el interventor Diego Chaher dio a conocer la noticia de la “extensión de la dispensa laboral”. “Se comunica a todo el personal de Télam S.E que se extiende la dispensa de prestación de débito laboral con goce de haberes por siete (7) días desde las 0 horas del 11 de marzo de 2024″, indica el documento difundido.

“En el marco del proceso de reestructuración del Estado iniciado por el Presidente de la Nación, se anuncia la implementación del programa de Retiro Voluntario, por treinta (30) días, para todo el personal, de planta y contratado a plazo fijo, de Télam S.E.”, precisó el otro de los documentos.

Ante las nuevas medidas, desde la Comisión Interna de SiPreBA de Télam informaron a través de un comunicado el rechazo al plan de retiros voluntarios planteados en el marco del cierre de la Agencia de Noticias.

Por Gonzalo Fracchia

Este lunes en horas de la madrugada se dejaron de emitir los cables de la agencia de noticias argentina Télam.

La situación se da tras el anuncio del presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado viernes durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En el marco de los anuncios previos a la convocatoria al Pacto de Mayo, el libertario manifestó que la agencia “ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”.

Sorpresivamente, y teniendo en cuenta que Télam recupera su condición de empresa autárquica en el año 2002 bajo el Decreto 2507/2002, las funciones se suspendieron sin alguna publicación en el Boletín Oficial de Nación este 4 de marzo de 2023.

Cabe destacar que la Sociedad Anónima perteneciente al Gobierno argentino se encontraba intervenida desde el 5 de febrero, bajo el Decreto 117/2024 con firma de Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El designado para la intervención de EDUC.AR, de Télam, de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y de Contenidos Públicos Sociedad del Estado fue Diego Martín Chaher. El abogado mendocino ingresó tras ser director de Asuntos Legales de Grupo Supercanal Arlink, director TVEO Productora Contenidos Audiovisuales, trabajar en el Grupo América durante casi 20 años, en UNO Medios durante 16 y ser gerente de Canal 8 de San Juan.

En lo que respecta a los trabajadores del medio, fueron comunicados de la "dispensa laboral” vía mail.

El documento, con firma de Chaher, indicó: “Por medio de la presente se notifica que todo el personal de Télam S.E. se encuentra dispensado de prestar su débito laboral por el plazo de siete (7) días con goce de haberes a partir de las 23:59 horas del Domingo 3 de marzo del corriente”.

Su cablera y su sitio web de noticias se encuentran cerradas y “en reconstrucción”. Al ingresar en ambas URLs se puede leer una leyenda que indica que “la página que intenta ver se encuentra en reconstrucción”. Sus redes sociales se mantienen activas, por ejemplo, con la publicación de las tradicionales efemérides en X (ex Twitter).

Tras su fundación el 14 de abril de 1945, la agencia de noticias Télam amaneció este lunes con vallas en el frente de su sede principal en la calle Bolívar 531 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con personal retirando parte del mobiliario, lo que indica el avance concreto hacia su cierre.

En un contexto de caída de la recaudación propia y merma de los recursos nacionales más inflación, el gobierno provincial admitió que renegocia los plazos de pago con las contratistas. Habrá un diferimiento y se pagarán las obras a noventa días. “Se van a extender los plazos producto de la situación”, confirmó el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Pusineri, aunque a renglón seguido aclaró que aun en estas condiciones, el panorama difiere del que habían heredado hace tres años y medio. “Cuando asumimos, había deudas de seis meses”, recordó.

En rigor, y de acuerdo con lo planteado a El Litoral desde el Ministerio de Infraestructura, los empresarios deben interpretar a partir de la decisión comunicada por Pusineri, que ningún pago se va a dilatar “más allá de los noventa días”. Según precisaron desde la cartera, la situación sigue implicando un análisis “obra por obra”, para determinar si se detienen, ralentizan o se mantienen a ritmo normal. Las hídricas, por ejemplo, deberían continuar. También es dispar la situación según el área de la que dependa cada proyecto; Viviendas e Infraestructuras adeudan desde marzo, en tanto que Vialidad mantiene compromisos no saldados en algunos casos hasta desde enero.

Pusineri admitió que la citada reprogramación de pagos “puede lógicamente influir en el ritmo de la obra pública, pero lo que cuenta es lo que lo podamos hacer sin que se produzcan despidos ni suspensiones; manteniendo todas las instancias de diálogo con los empleadores, con los representantes de los de los trabajadores y sabiendo que la provincia va a cumplir”, expresó. Y volvió a contraponer la situación actual con la “heredada” a partir del 10 de diciembre de 2019. “Cuando asumimos la gestión de gobierno, había una deuda importantísima en materia de obra pública; los certificados no se pagaban desde junio. Y nosotros no sólo pusimos al día los pagos o negociamos esas deudas con los empresarios, sino que cuando empezamos nuestro programa de obra pública, pagamos certificados a 30, 40 y 45 días. Hoy vamos a extender ese plazo, producto de la situación; vamos a llevar el pago de los certificados aproximadamente a noventa días y a partir de allí, en la medida en la que mejore la recaudación, también vamos a mejorar el perfil de los pagos”, prometió.

La provincia aseguró que seguirán en marcha las obras públicas en Santa Fe

El funcionario admitió que “en algunos casos puede haber conflictos o situaciones referidas a empresas puntuales, pero le vamos a dar tratamiento a cada una de esas situaciones en particular”, sostuvo. En Santa Fe y alrededores, de hecho, la UOCRA ya contabiliza entre 120 y 130 trabajadores despedidos.

– ¿Van a solicitar a las empresas una suerte de compromiso de no despidos? – consultó el El Litoral-

– Me parece que estamos en condiciones de tener un intercambio de este tipo. Nosotros damos la certidumbre de que vamos a mantener la obra y de que vamos a pagar; y nos parece que en este momento que es más complicado, debemos preservar la fuente de trabajo. Vamos a pedir ese compromiso a las empresas. También vamos a dialogar con el gremio, porque muchas veces esos compromisos implican trabajar alternativas. Hay alternativas – insistió- que no signifiquen la desvinculación de los de los trabajadores. En algunos momentos se concertaban suspensiones con pago de remuneración o de compensación. Son posibilidades que facilita el derecho laboral para poder llegar a un entendimiento. Los pagos se van a hacer, la obra pública se va a mantener, y en la medida en que mejore la situación económica, también se va a mejorar el perfil de los pagos a los contratistas de obra pública.

Sin tomarse ningún descanso de la polémica, Elon Musk protagonizó un nuevo escándalo a través de Twitter, el cual luego tuvo fuertes repercusiones dentro de su nueva empresa.

El fundador de Tesla y SpaceX discutió vía tweets con un empleado de dicha red social y tras una serie de intercambios, terminó despidiendo al trabajador.

Musk aseguró que la aplicación “es superlenta en muchos países” y que la falla es principalmente en Android. El comentario que indicaba que el código estaba mal escrito, fue respondido por sus propios empleados.

Btw, I’d like to apologize for Twitter being super slow in many countries. App is doing >1000 poorly batched RPCs just to render a home timeline!

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022

“He pasado 6 años trabajando en Twitter para Android y puedo decir que esto es incorrecto”, retrucó Eric Frohnhoefer, un ingeniero de software de la compañía.

A pesar de la insistencia, Elon continuó con su contundente postura: “Twitter es superlento en Android. ¿Qué has hecho para solucionarlo?”.

El propio empresario se encargó horas más tarde de informar que Frohnhoefer fue echado, sumándose a la lista de despedidos en Twitter, una problemática que se extiende a otras firmas de similares características.

Sasha Solomon, una ingeniera de software de Twitter, escribió en la plataforma: “No solo acabas de despedir a casi toda la infra (el equipo de infraestructura de Twitter) sino que luego hacés algún comentario descarado sobre cómo hacemos el procesamiento por lotes como si te hubieras molestado en aprender siquiera cómo funciona GraphQL”.

you did not just layoff almost all of infra and then make some sassy remark about how we do batching

like did you bother to even learn how graphql works https://t.co/eUhZuZZyid

— sachee@macaw.social (@sachee) November 13, 2022

Sam Pullara, ex miembro del personal de la empresa desde 2014, quisó aclarar que el “verdadero problema” deshicieron el código de renderización “del lado del servidor” que había escrito años antes. Ahora “tienes que descargar toneladas de código para ver un solo tuit”.

Musk sí le respondió a Pullara y no sólo le dijo que estaba equivocado, sino que también detalló que planea eliminar una característica de Twitter que permite a los usuarios ver qué dispositivo se ha utilizado para enviar un tweet.

Sheon Han, un ingeniero de software en Twitter que dice trabajar en algunos de los microservicios, se ha apresurado a disentir de la idea de Musk: “Predigo un apagón masivo en los próximos días” como resultado del plan del nuevo jefe de recortar los microservicios.

As a Twitter engineer working on a number of those microservices, I'm predicting a massive outage in the next few days if 80% are turned down https://t.co/0d1sBlMGH2

— Sheon Han (@sheonhan) November 14, 2022

Decenas de empleados de Clarence House, la residencia oficial de Carlos y Camilla antes de la muerte de Isabel II, han sido notificados de su despido, según indicó The Guardian.

Hasta 100 empleados de la residencia oficial done vivía el entonces Príncipe de Gales recibieron la notificación de que podrían perder sus trabajos: muchos trabajan allí hace décadas, y están dedicados prácticamente las 24 horas del día para facilitarle a Carlos su ascenso al trono británico.

Además, sorprendió que los empleados recibieron el aviso de que sus puestos estaban en peligro durante el servicio de acción de gracias a la Reina, en la Catedral de St Giles en Edimburgo.

Entre ellos se encuentran los secretarios privados, la oficina de finanzas, el equipo de comunicaciones y el personal doméstico.

Muchos habían asumido que se fusionarían en la nueva casa del Rey, ya que no se les había dado ninguna advertencia al respecto. Pero ayer recibieron una carta de Sir Clive Alderton, el principal ayudante del Rey, con la noticia.

Una fuente dijo a The Guardian: “Todos están absolutamente furiosos, incluidas las secretarias privadas y el equipo senior. Todo el personal ha estado trabajando hasta tarde todas las noches desde el jueves para encontrarse con esto. La gente estaba visiblemente conmocionada”.

En la carta, compartida por el medio británico, Alderton escribió: “El cambio en el rol de nuestros directores también significará un cambio para nuestro hogar… La cartera de trabajo previamente realizada en este hogar apoyando los intereses personales, las actividades anteriores y operativos en el hogar del ex Príncipe de Gales, ya no se llevarán a cabo, y Clarence House se cerrará. Por lo tanto, se espera que ya no se necesiten los puestos basados principalmente en Clarence House, cuyo trabajo apoya estas áreas”.

Luego agregó que cierto personal que brinda “apoyo y asesoramiento directo, cercano y personal” a Carlos y Camilla permanecería en el cargo.

Aparentemente, sin embargo, no parecen haberse tomado decisiones finales, y se espera que al personal que sea despedido se le ofrezca la búsqueda de empleo alternativo en todas las casas reales, asistencia para encontrar nuevos trabajos externos y una compensación por despido “mejorada” más allá del mínimo legal, según The Guardian.

La prohibición de despidos dejará de regir el 1 de enero y el recargo indemnizatorio vigente para las cesantías que de todos modos se producen se reducirá a partir de ese día de manera gradual hasta desaparecer antes de mitad de año. Se trata de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Trabajo y el gabinete económico, que debe convalidar en última instancia Alberto Fernández, respecto de dos de las medidas clave sobre las que el Gobierno buscó blindar los puestos de trabajo desde el arranque de su gestión y, en particular, a partir de la pandemia. El agravamiento de las indemnizaciones arrancó con la gestión del Frente de Todos con la duplicación de los montos y se mantuvo en el tiempo como un recargo del pago legal que en la actualidad tiene un tope de 500 mil pesos. La prohibición de las cesantías, en tanto, fue implantada en marzo de 2020 como coletazo directo de las tensiones en el mercado laboral por las restricciones a la actividad económica derivadas de la crisis sanitaria. Desde entonces el sindicalismo bregó por mantener ambas medidas y las cámaras empresarias, por derogarlas con el argumento de que representaban un desaliento a la creación de empleo. El criterio fue expuesto a dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante una charla de la que participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y sus respectivos equipos. Moroni respondió a una pregunta al respecto y blanqueó la planificación, confirmada luego por funcionarios a este diario: la prohibición de despidos tendrá fecha de defunción junto con el año y al mismo tiempo la penalidad se reducirá en un escalonamiento todavía no resuelto en el lapso de cuatro a seis meses. Una opción es bajarle 20% por mes a los 500 mil pesos del actual recargo indemnizatorio.

El equipo económico se convenció de tomar ambas determinaciones con los últimos números del mercado laboral: en septiembre la medición del segundo trimestre del año marcó un 9,6% de desempleo, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y por primera vez, de vuelta en un dígito. En el segundo trimestre de 2020 la desocupación tocó un pico de 13,1 por ciento en el momento de mayor rigor de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Desde entonces la actividad económica mostró mejorías aunque en el caso del mercado laboral lo hicieron en un contexto de sostenibilidad de una mayor precarización, marcada por el reemplazo de empleos de calidad, formales y de salarios de medios a altos, por otros precarios y ligados a formas como el monotributismo. Junto con la crisis sanitaria el Ejecutivo desplegó acciones para garantizar el sostén de los puestos de trabajo en el sector privado que incluyeron, además de la prohibición de despidos y la multa indemnizatoria, el pago de parte de los salarios a través de herramientas como la Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP), primero, y un fortalecimiento del subsidio Repro que abona el Ministerio de Trabajo a las empresas de los sectores más golpeados por la baja en la actividad económica. La prohibición de efectuar despidos fue una de las primeras reacciones en momentos en que el Grupo Techint anunció la cesantía de 1.450 operarios de la construcción en obras que desarrollaba en varias provincias. Pese a las instancias de negociación abiertas y a los reclamos del propio Alberto Fernández (sugirió que Paolo Rocca era “miserable” por echar personal en el inicio de las restricciones) el conglomerado siderúrgico completó todas las desafectaciones pautadas.

Con información de Ámbito.com

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, rechazó “los mecanismos de libertad para despedir sin pagar” la suma final correspondiente por los años trabajados, y defendió el modelo sindical argentino al referirse a las expresiones de algunos referentes de la alianza opositora Juntos por el Cambio en relación con las indemnizaciones por cesantías. El titular de la cartera laboral rechazó “los mecanismos de libertad de entrada y salida del trabajo”, y sostuvo que “más allá de la ideología, existe un error conceptual severo”. “Los modelos de legislación, de representación colectiva laboral y el sindical no son solo simples formas jurídicas sino que integran la estructura política argentina”, afirmó el funcionario en declaraciones a la radio AM 750. Moroni añadió que “la protección del contrato de trabajo no es solo la protección del ingreso sino el de la comunidad laboral y la aspiración a un imaginario de progreso”. También sostuvo que el Gobierno nacional estructuró sobre el contrato de trabajo protegido “una serie de beneficios solciales, porque se trata de un mecanismo de integración sobre el que existe la seguridad social y la salud”, remarcó el ministro. El funcionario defendió “la estructura política del contrato de trabajo protegido y las representaciones colectivas fuertes, por lo que no estoy de acuerdo con esos mecanismos de libertad de entrada y salida del empleo, porque son despidos impagos”, dijo Moroni al ser consultado respecto de la posición del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la posible eliminación de las indemnizaciones. “Otros países montaron sobre los mecanismos de libertad para entrar y salir del trabajo su estructura política. Y funcionan de esa manera. Pero la Argentina no. Por lo tanto, defender eso aquí no solo es un error ideológico sino conceptual”, concluyó el ministro.

Con información de Telam