Por Diego Frau (*)

Estamos atravesando un período álgido en lo que respecta a la discusión sobre la importancia del sistema científico argentino, el cual atraviesa una profunda crisis de desfinanciamiento y desprestigio.

En parte por una política nacional que prioriza el achicamiento del Estado y que ha alcanzado particularmente al sistema científico y en parte porque como ciudadanos desconocemos el funcionamiento y utilidad de este último.

Frente a esto, cabe preguntarse: ¿de quién es la responsabilidad de informar y generar conciencia? ¿De los investigadores, de los medios de comunicación masiva o de la propia sociedad?

Naturalmente, todos tenemos sesgos e ideas arraigadas que nos llevan a aceptar discursos sin un análisis previo, simplemente porque encajan con nuestra forma de ver el mundo.

Así, cuando el presidente afirma en una entrevista que en el sistema científico y universitario hay "terroristas disfrazados de investigadores, docentes y alumnos", tergiversando la teoría gramsciana sobre el poder de la cultura en la generación de consensos colectivos, ese mensaje cala en buena parte de la población.

Pero, en el otro extremo, la comunicación de nuestro propio sector tampoco ayuda a clarificar. Entre las agresiones del discurso oficial y las imprecisiones del reclamo sectorial, se genera una maraña informativa donde la verdad se desdibuja.

Y es justamente esa desinformación cruzada es la que a mi criterio termina alimentando la apatía social: una población hastiada de discursos hinchados que opta por desconectarse, dejando al sistema científico a la deriva. Tratemos entonces de separar la paja del trigo.

El Estado nacional efectivamente llevó adelante un fuerte proceso de reducción del gasto y de la dotación de personal estatal: desde diciembre de 2023 se redujeron decenas de miles de puestos en el sector público (alrededor de 60.000 puestos), pero no todas esas bajas fueron despidos; hubo contratos que no se renovaron, jubilaciones, retiros voluntarios y vacantes que dejaron de cubrirse.

Lo mismo ocurre en el sistema científico: la finalización de una beca para hacer un doctorado o un posdoctorado no constituye un despido, porque un becario no ocupa un cargo laboral equivalente al de un investigador o técnico de planta, del mismo modo que un retiro voluntario en el INTA no puede contabilizarse como un despido.

Pero que una baja no sea jurídicamente un despido no significa que carezca de consecuencias para las instituciones: si una beca no se renueva, un investigador se jubila y su cargo no se repone, o un técnico se retira y la vacante queda sin cubrir, la capacidad de generar conocimiento científico también se reduce.

Por eso, la discusión no debería centrarse en cuántos científicos fueron "despedidos", sino en algo más amplio: cuántas personas dejaron de incorporarse, cuántos cargos y becas dejaron de financiarse y cuánto se redujo la capacidad efectiva de investigar por reducción de presupuesto y acceso a convocatorias de financiamiento científico.

La dimensión presupuestaria permite poner esa discusión en perspectiva. La Ley N° 27614 estableció una trayectoria creciente de inversión correspondiente a la función Ciencia y Tecnología, que para 2026 fija un piso equivalente al 0,52% del PBI y que debería alcanzar el 1% en 2032. Sin embargo, las estimaciones para 2026 ubican la inversión efectiva en torno al 0,15% del PBI.

Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno efectivamente redujo subsidios y otros componentes del gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal, por lo que tampoco sería correcto afirmar que todo el ajuste se concentró en ciencia.

La cuestión de fondo es otra: aun aceptando que el Estado necesitaba ordenar sus cuentas, todo presupuesto expresa prioridades. La pregunta, entonces, no es solamente cuánto se recortó, sino qué decidió preservar el Estado y qué decidió sacrificar.

Y en el caso de la ciencia, los números muestran que no estamos simplemente frente a una discusión sobre despidos o becas: estamos frente a una reducción muy significativa del esfuerzo público destinado a sostener el sistema científico y tecnológico nacional.

En este sentido, como científico, podría buscar convencerte con argumentos sólidos y validados con datos concretos de la importancia de la ciencia soberana, de por qué todas las áreas del conocimiento son valiosas y de que no todo saber debe tener una aplicación tecnológica inmediata o necesaria.

Te podría hablar de la importancia de generar ciencia de calidad en un país con necesidades acuciantes como la pobreza, el alto costo de vida o la crisis de vivienda. También de las consecuencias a largo plazo que genera el desfinanciamiento sobre líneas de investigación que tardan años en consolidarse para lograr crear vacunas y tratamientos médicos.

O los insumos que se usan para producir tecnologías de alto impacto que mejoran la calidad de vida de la población argentina y del mundo frente a amenazas como la resistencia a los antibióticos, el dengue, la contaminación del aire, el agua y la tierra.

Podría incluso hablarte de los peligros de la pérdida de los glaciares y la actual dialéctica extractivista o el avance de la frontera agrícola y su impacto en la salud humana y de los ecosistemas.

Temas que científicos de diferentes áreas de conocimiento trabajamos en nuestro día a día y para lo que necesitamos un Estado presente que no solo nos pague sueldos dignos y acordes a nuestra formación y labor, sino que sostenga las instituciones científicas en las que trabajamos y donde generamos conocimientos que nos sirven a todos como sociedad, a larga o a la corta.

Sin embargo, hoy los científicos estamos enfocando toda nuestra energía en salir a los medios de comunicación, usando las redes sociales y luchando contra bots y trolls que instalan discursos de odio y plantan la semilla de la desconfianza y la desinformación.

¿Cómo lo hacemos? Firmando misivas con colegas destacados de todo el mundo advirtiendo sobre las consecuencias del desfinanciamiento científico, movilizándonos y organizando actividades de todo tipo para intentar convencer a los indecisos de que lo que hacemos importa. Digo indecisos, porque quienes todavía no tienen una posición definida pueden ser receptivos a estos argumentos.

Por el contrario, quienes abrazan discursos reduccionistas en áreas estratégicas para el Estado -como ser Ciencia, Salud, Educación o Seguridad-, difícilmente cambien de postura cuando el debate se convierte en una lógica de descalificación que anula los reclamos originales y termina en un desprestigio mutuo en el campo de las redes sociales.

En este contexto, defender al sistema científico argentino se vuelve, citando a Miguel de Cervantes en el "Don Quijote", una lucha contra molinos de viento: una tarea que nos desgasta, nos desmoraliza y nos invisibiliza.

Pero acá seguimos. Frente a una clara decisión política de silenciamiento y ninguneo, seguimos apostando por la sociedad argentina de la que también formamos parte, buscando formar conciencia crítica y tratando de explicar lo que no debería requerir explicación.

Que el desarrollo científico es vital para el desarrollo de un país, que somos profesionales altamente formados y que la Argentina necesita un sistema científico saludable para dar respuestas a problemas presentes y futuros, pero también para posicionarse con soberanía frente al resto del mundo.

La pregunta que emerge entonces no es tanto de quién es la responsabilidad de informar con la verdad, sino aún más importante, qué modelo de país queremos como argentinos.

(*) El autor es doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet. La ilustración conceptual que acompaña el escrito, generada mediante IA, está basada en una idea original suya.