La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que suspende los efectos de artículos centrales del decreto del Poder Ejecutivo que modificó el régimen de financiamiento universitario, en el marco de la controversia judicial iniciada por universidades nacionales.

Con esta decisión, el máximo tribunal mantuvo vigente la protección cautelar dispuesta por instancias inferiores y garantizó, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la continuidad de los mecanismos presupuestarios y de actualización de recursos reclamados por las casas de estudio, en una causa de alto impacto para el sistema universitario público argentino.

En concreto, y mientras se desarrolla la causa de fondo sobre la validez o no del decreto que condiciona la aplicación de la ley, la Corte dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir los dos artículos relacionados con aumentos salariales de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.

El Congreso rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Financiamiento Universitario, y el tema pasó a la Justicia.

En un fallo unánime, los tres jueces de la Corte propinaron un doble revés al Gobierno nacional: desestimaron el pedido de excusación que había realizado el Ejecutivo (por considerar que, como docentes universitarios, no podían fallar sobre el asunto) y rechazaron el recurso extraordinario que pedía suspender una medida cautelar que lo obligaba a cumplir con una parte de la ley.

La queja fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano - Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y luego intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

El máximo tribunal dejó firme una medida cautelar dictada en primera instancia por el juez federal Martín Cormick, que obliga al Gobierno a cumplir “de manera inmediata” con los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El artículo 5º de la Ley establece que los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas deberán actualizarse, desde el 1 de diciembre de 2023, en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el INDEC. Además, obliga al Ejecutivo a convocar a negociaciones paritarias cada 3 meses y ofrecer aumentos salariales que no podrán ser inferiores al IPC.

En tanto, el artículo 6º determina la actualización automática y por inflación de todas las becas estudiantiles (Progresar, Manuel Belgrano, y de Enfermería, entre otras).

A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes: el acuerdo establecía que las subas se harían en 2 cuotas: un 21,3% en junio (sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y el 3% restante en octubre (sobre los básicos vigentes de septiembre).

Sin embargo, si se cumpliera con la actualización por inflación que dispone la Ley de Financiamiento, los sueldos deberían aumentar en junio un 56% respecto de los haberes de mayo.

En agosto de 2025, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que impulsaba la oposición y que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023.

Sin embargo, en septiembre el presidente Milei vetó la ley.

La oposición insistió con la propuesta y en octubre logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto. Con la insistencia del Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a promulgar la ley.

Pero el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que incluyó una aclaración: suspendía la ejecución de la norma hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.

Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto. En ese expediente, solicitó una medida cautelar para que se cumpla con 2 artículos de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).

La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó.

En el fallo de segunda instancia, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron configurados los requisitos para mantener la tutela anticipada que había dictado el juez Cormick.

Respecto de la verosimilitud del derecho, señalaron que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la ley, sin que pueda suspender sus efectos invocando una norma anterior de igual jerarquía. Además, destacaron que una ley posterior puede válidamente desplazar a otra previa, incluso en materia presupuestaria.

El tribunal también tuvo por acreditado el peligro en la demora, al ponderar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios y el carácter alimentario de las becas estudiantiles.

Asimismo, entendió que el interés público no se veía afectado por la medida, sino que, por el contrario, se encontraba comprometido en la protección del derecho a enseñar y aprender, relativizando además el impacto fiscal invocado por el Estado.

Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal. Sin embargo, la Corte Suprema recordó que las resoluciones que conceden, rechazan o modifican medidas cautelares, por regla, no constituyen sentencias definitivas ni equiparables a tales a los efectos de habilitar esa vía recursiva.

En consecuencia, desestimó el recurso extraordinario y también rechazó el pedido de excusación formulado por la demandada, remitiéndose a un precedente dictado por el propio Tribunal el 4 de junio de este año.

Con esta decisión, la medida cautelar que ordena la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales y de las becas estudiantiles permanece vigente mientras continúa la tramitación de la causa principal.

Para el Gobierno, el revés judicial es muy costoso y lo calculan en 1.3 billones de pesos. Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, ya avisó que no hay partidas para cumplir con esa obligación. Pero, frente a la exhortación judicial, comenzó a recalcular números.

Fuentes libertarias aportan que el Ministerio de Capital Humano contaba con diálogos sólidos con los rectores para avanzar con una nueva ley de Financiamiento Universitario. Incluso intentaron poner como prenda de cambio el desistimiento de la acción judicial, cosa que los rectores no aceptaron.

No obstante, en distintos sectores del oficialismo contaban con que la Corte le iba a entregar “un gesto” a la administración Javier Milei para darle “aire”. Pero, con el fallo entre manos, esa expectativa se reveló carente de sustento.

Con un agravante, tal como agregan en La Libertad Avanza: esta determinación de la Corte se produjo a pesar de que el oficialismo había avanzado hace pocos días en un acuerdo con las Universidades para cumplir parcialmente la ley de Financiamiento Universitario.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró que el planteo del Estado sobre la suspensión de la normativa era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva.

De esta manera, mientras habilita el cumplimiento de los dos artículos consignados a través de una medida procesal, la Corte aún debe pronunciarse sobre la validez de la ley o del Decreto 759/25.

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo no estatal que nuclea a las casas de altos estudios de todo el país, manifestó su "profunda preocupación por la parálisis casi total" de todos los programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y "la ausencia de una política para la ciencia, la innovación y el desarrollo del país".

En un documento difundido en los últimos días, el CIN alerta, en definitiva, "sobre la grave situación del sistema científico del país".

El pronunciamiento va en línea con un documento reciente suscripto por más de 150 integrantes de la Junta de Calificación y Promoción del Conicet, donde piden el cumplimiento de la ley 27.614 de financiamiento del sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y, a los planteos realizados por referentes de todo el país en la última reunión de comisión de la Cámara de Diputados.

"En Argentina, más del 70 % de la producción científica se origina en el sistema universitario nacional y la totalidad de la formación doctoral de nuestros profesionales está a cargo de nuestras instituciones, que además contribuyen a financiar la mayoría de sus trabajos de investigación. Esta realidad posiciona a las universidades no solo como espacios de enseñanza, sino como motores fundamentales de la innovación, el desarrollo tecnológico y el avance del conocimiento", explican las universidades.

En ese contexto, realizan un punteo sobre las medidas que confirman "el desfinanciamiento de la ciencia":

"La crisis del sistema científico es grave y profunda. La falta de recursos para la investigación no solo limita la capacidad de las universidades para generar avances científicos, sino que, también, debilita la formación profesional. Laboratorios desactualizados, menos becas para jóvenes investigadoras e investigadores y la fuga de talentos son algunas de las consecuencias inmediatas de este recorte en el financiamiento" advierten las universidades, en coincidencia con los conceptos vertidos en distintos medios por otros referentes de ese ámbito. "A largo plazo, esto repercute en la capacidad del país para competir internacionalmente, desarrollar tecnología propia y responder a desafíos globales con soluciones innovadoras".

"Recortar el apoyo a la ciencia es condenar a la nación a la dependencia tecnológica y a la pérdida de talento humano", sostiene el CIN, en tanto advierte que "lejos de impulsar un plan estratégico para el desarrollo del país, la gestión actual parece enfocada en desacreditar el trabajo de personas científicas y académicas a través de campañas mediáticas, ignorando el impacto directo que esto tiene en la formación profesional, la fuga de cerebros, la innovación tecnológica y el crecimiento económico".

Por Mariela Goy

Presupuesto atrasado con relación a la inflación, ahogo salarial, desfinanciamiento de proyectos, paralización de fondos para nuevas investigaciones e incertidumbre con las ya aprobadas, becarios a los que no se les renuevan sus beneficios, despidos de personal administrativo. Todas estas decisiones nacionales que vienen siendo advertidas por referentes del área, colocan al sector científico-tecnológico del país en la cuerda floja.

La semana pasada, la titular de Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Alicia Caballero, informó que el Gobierno Nacional solo abonará los Proyectos de Investigación (Picts) que tienen firmas -y que serían los de 2021 porque los de 2022 están aprobados pero no firmados-, mientras que para este año, no habrá ninguna convocatoria para nuevas investigaciones "por falta de fondos". Esta decisión convirtió las alertas amarillas en rojas, dado que "la Agencia" es el principal organismo de financiamiento del sector.

"Muchos investigadores están poniendo recursos propios porque no podés parar un proceso de laboratorio, eso significaría tirar toda la inversión hecha hasta ahora, a la basura", advirtió días atrás a El Litoral, Carlos Piña, director del Conicet Santa Fe, quién planteó un panorama complejo con relación al financiamiento y al "drenaje" de investigadores que eligen otros destinos para continuar sus carreras. "Cada 15 días a nivel nacional tenemos 5 ó 6 doctores que renuncian a sus cargos y se van del país", aseguró.

Para visibilizar la situación, el viernes hubo una concentración en las puertas del predio del Conicet "Dr. Alberto Cassano", por la ruta 168, en sintonía distintas movilizaciones en otras partes del país y con epicentro en el Polo Científico Tecnológico en Buenos Aires. La convocatoria porteña la hizo la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) que, en un pronunciamiento, afirma que "asistimos a un proceso de ajuste y destrucción de nuestras capacidades científicas y tecnológicas que no tiene precedentes desde la recuperación de la vida democrática en nuestro país".

Otra advertencia de similar seriedad provino del plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sesionó el viernes en La Pampa. Bajo el título "La ciencia es la universidad", advierte que "el estado de situación de la ciencia en la Argentina es alarmante", y que "de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes". Huelga aclarar que el 60 % de las personas que hacen ciencia en el país trabajan dentro de las universidades nacionales, y que muchos institutos de investigación son de doble dependencia entre alguna universidad y el Conicet.

En estos días en que aparecen advertencias firmes y movilizaciones, surgió una noticia que reafirma el capital que tiene Argentina en sus investigadores. Estados Unidos aprobó la siembra del trigo argentino transgénico tolerante a sequía (HB4), evento que fue desarrollado por la Dra. Raquel Chan, y su equipo del Conicet Santa Fe, junto a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la firma Bioceres. Ciencia de alto nivel desde Santa Fe.

Mientras, el sistema argentino de ciencia y tecnología enfrenta el peor ajuste en su historia o, como dicen las declaraciones, "sin precedentes", en la era de la motosierra de Javier Milei. En los '90 se mandó a los científicos a "lavar los platos", ahora se los califica de "parásitos". También, como ya ocurrió en el pasado, comienzan las primeras señales de otra "fuga de cerebros". Los argentinos parecemos condenados a un loop interminable donde, otra vez, queda en las sombras el entendimiento de que la ciencia es un área clave para el desarrollo y la soberanía de los países.

"Instamos a que todas las agencias del Gobierno nacional cumplan con las leyes vigentes, reviertan estas decisiones y prioricen el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, que son pilares fundamentales para el desarrollo del país", culmina el CIN en su declaración. Es de esperar que así como el Ejecutivo tuvo alguna reacción cuando la sociedad acompañó el reclamo de las universidades en la masiva marcha del 23 de abril, también aporte ahora respuestas a nuestro sistema de ciencia y técnica.

Adrián Suar volvió a la acción con la película "Jaque Mate" en un emocionante papel de agente secreto retirado. La trama se desata cuando su sobrina es secuestrada repentinamente, obligándolo a volver al mundo del espionaje. Suar reúne a un grupo de antiguos compañeros de aventuras para enfrentar este problema.

El género de acción es el favorito de Suar, quien se enorgullece de la producción a la altura de cualquier película estadounidense. En una entrevista con Newsweek, expresó su determinación de que la película no fuera una producción de baja calidad. "Nos propusimos que no fuera una película trucha", afirmó. "Estoy muy orgulloso de haber hecho esta película".

Para prepararse para el papel, Suar se sometió a un intenso entrenamiento durante un mes y medio. Desde peleas hasta el manejo de armas, el actor y productor se esforzó por lograr la autenticidad en cada escena de acción. Todo este trabajo físico y mental fue una parte integral de su interpretación.

El elenco de "Jaque Mate" cuenta con talentos internacionales como Maggie Civantos, conocida por su trabajo en "Vis a Vis" y "Las chicas del cable", junto con José Eduardo Derbez y Tsahi Halevi de "Fauda". Entre los actores argentinos se encuentran Mike Amigorena, Benja Amadeo, Charo López y Diego Cremonesi.

Además de hablar sobre la película, Suar compartió sus opiniones sobre la situación actual del cine en Argentina. Criticó la falta de apoyo gubernamental, especialmente en un momento en que la industria enfrenta desafíos económicos. "Desfinanciar el cine me parece una locura", comentó.

Suar expresó su preocupación por el futuro de la cultura en Argentina, comparando la situación con la de Venezuela. “Se habla mucho de querer salir al mundo, de no quedarnos atrás, y sin embargo vamos camino a ser Venezuela”, comentó. Para él, desfinanciar la cultura es un paso desacertado. “No desfinanciar la cultura, ponete como objetivo mejorarla”.

El productor habló sobre el cierre de Pol-ka, la productora de cine y televisión que cofundó hace 30 años junto con Fernando Blanco. Aunque describió el cese de actividades como un golpe, también lo consideró parte de un proceso de duelo que viene haciendo hace varios años. "Estoy muy agradecido y orgulloso por todo lo logrado", reflexionó. "Con las cosas buenas y las malas que hice".

El Litoral

La ministra de Educación provincial sostuvo que no la sorprenden los resultados santafesinos en las evaluaciones nacionales a estudiantes de sexto grado. Adjudicó las bajas notas a la desinversión educativa de la gestión anterior y a la pandemia. Y prometió reforzar la enseñanza en Lengua y Ciencias con la extensión horaria del nivel primario.

Las declaraciones de Adriana Cantero se dieron, este miércoles, tras un acto en el Centro Cultural Provincial, donde, junto con la ministra de Salud, entregaron mochilas técnicas a estudiantes de enfermería.

Consultada por las Pruebas Aprender, la titular de la cartera educativa sostuvo: “Se han dado los resultados que esperábamos cuando decidimos con todos los ministros del país evaluar la pandemia. Pero quiero destacar que los niños que fueron evaluados hicieron primero, segundo, tercero y cuarto grado en el período de mayor desinversión de la política educativa argentina. Y, después, trabajaron en quinto y sexto grado en medio del distanciamiento. Por lo tanto, haber sostenido los resultados de Matemática con el promedio que teníamos en el aprendizaje de este nivel y tener los puntos de descenso en Lengua que hemos tenido, eran resultados esperados”.

Asimismo, destacó el nivel de participación: “En esta prueba, hubo muchísima más presencialidad de los alumnos que en las de 2018. Creo que los chicos han hecho un gran esfuerzo, al igual que los maestros. Estamos evaluando un período de crisis inédito, algo que es compartido a nivel global por lo que vengo de escuchar (N.de la R. Cantero estuvo la semana pasada participando de la Precumbre de la Unesco en París) sobre lo que ha sido aprender en la pandemia”.

Por otro lado, señaló que la evaluación sirve para el diseño de políticas públicas. En concreto, se refirió a los avances de la extensión horaria en el nivel primario: “Estamos trabajando en más tiempo en las escuelas primarias santafesinas para después de las vacaciones de julio, con un fortalecimiento claro en lectura y escritura y, también, en la incorporación de ciencias y tecnologías, que son las grandes necesidades que tiene este nivel en la argentina”.

Respecto del horario, dijo que “estamos diseñando toda la gramática escolar, no solo en esa media hora más de clases, sino de todo lo que sucede en esa jornada de cinco horas, porque ese incremento horario, si uno lo multiplica, significan más días de clases en el calendario escolar”. Y agregó: “En estos momentos, estamos desarrollando encuentros en todo el territorio provincial con todos los directores y supervisores de las escuelas primarias rurales que van a comenzar con la experiencia una vez pasado el receso escolar”.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) emitió un comunicado en el que señala desacuerdos con la medida de extensión horaria: “Sumar una o media hora más, no resuelve ninguno de los problemas fundamentales de aprendizaje que hoy se ponen en evidencia. Por el contrario, podría agudizar las situaciones de desigualdad en las que ya se encuentran los diversos sectores de la ciudadanía en nuestro país. Y puede también significar la vulneración los derechos laborales e implicar una intensificación y sobrecarga en el trabajo docente”, plantearon en el escrito que lleva la firma de la secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario de Educación, Miguel Duhalde.

Indicaron, también, la necesidad de contar con mayor financiamiento educativo: “El problema principal es la desigualdad socio-educativa y eso se resuelve con una inversión en educación que esté acorde a la situación problemática en toda su dimensión. Es necesario garantizar la infraestructura edilicia adecuada, el equipamiento tecnológico necesario y el suficiente personal de mantenimiento, cuidado y limpieza en las escuelas; como así también reconocer el trabajo docente, crear nuevos cargos y fortalecer la formación docente, para avanzar hacia una verdadera educación de calidad, inclusiva y popular”.

Por otro lado, pidieron ser convocados a dialogar sobre el diseño de la medida a implementar: “Este tiempo que queda del año, se debería utilizar para considerar y analizar todas las dimensiones y tensiones, llevar adelante discusiones acerca de qué enseñar y qué aprender en estos nuevos tiempos, pensar nuevos diseños curriculares y nuevos formatos para la organización de las instituciones educativas. Para ello, se debe convocar a la Paritaria Nacional Docente y a las diversas instancias de negociación colectiva de las provincias ya que en muchas de ellas se está avanzando unilateralmente con medidas que atentan contra la estabilidad laboral como es el caso de la designación de horas a término en algunas jurisdicciones”.