El empleo asalariado registrado privado en Argentina cayó un 4,4% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que equivale a unos 280.000 puestos formales menos según los cálculos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

Paralelamente, el salario real en ese sector se contrajo un 3,6% en el mismo lapso, reflejando un estancamiento productivo generalizado que tiene su impacto en el mercado del consumo interno y en la percepción sobre un modelo económico de crecimiento con alta heterogeneidad, que destruye empleo con más velocidad de lo que regenera.

“La caída del empleo y las remuneraciones es producto, en parte, de empresas con producción estancada o en declive. Pero también tiene origen en el proceso de reconversión que transita la mayoría de las empresas, incluso las que expanden su actividad, a los fines de adaptarse a un entorno de estabilidad y mayor integración al mundo”, sostiene el reporte.

“El fenómeno no se refleja en aumentos en el desempleo porque crece el trabajo informal, fundamentalmente, el empleo por cuenta propia no registrado o sea ni siquiera inscripto en el Monotributo”.

La intención de fijar un sueldo mínimo de convenio de $1.070.000 choca con una realidad fragmentada. El salario promedio de los trabajadores registrados asciende a $2.121.000. Sin embargo, los no registrados perciben un promedio de $821.000, una cifra sustancialmente menor que evidencia la enorme brecha existente.

El informe del centro de estudios señala que el 78% de los informales trabaja en firmas de hasta 10 empleados. En este segmento, el ingreso promedio cae a $702.000.

Para los autores del reporte, imponer un mínimo de un millón resulta inalcanzable para estas unidades, incrementando los incentivos para operar en la total informalidad laboral.

Para gestionar estas tensiones, Idesa plantea profundizar la descentralización de la reforma laboral a favor de acuerdos por empresa. Esto permitiría a las pymes desvincularse de los convenios colectivos sectoriales rígidos, cuyos estándares de salarios elevados terminan siendo inaplicables para las firmas más pequeñas.

Asimismo, se sugiere eximir de los convenios sectoriales a los microemprendimientos de hasta 10 empleados y establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Esta reducción de cargas sociales permitiría disminuir costos de manera enfocada en los sectores que concentran la informalidad laboral.

Desde la Secretaría de Trabajo liderada por Julio Cordero, bajo el Ministerio de Capital Humano, se impulsó la pasada semana un “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 brutos mensuales (alrededor de $860.000 de bolsillo) para las categorías más bajas de los convenios colectivos de trabajo.

No se trataba de subir el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) -que en agosto de 2026 estaba en unos $376.600), que es el piso legal para trabajadores sin convenio y se discute en el Consejo del Salario.

La idea oficial fue que sindicatos y cámaras empresarias negocien e incluyan ese piso en las paritarias/convenios colectivos (nuevos o renegociados tras la reforma laboral), y que luego la Secretaría de Trabajo los homologue, sin exceder una pauta del 2%, funcional a los planes de desinflación oficial.

La estrategia apuntaba sobre todo a sectores con sueldos iniciales más bajos (maestranza, trabajadores rurales) sin contemplar a los trabajadores de casas particulares.

En el Consejo del Salario no hubo acuerdo. La CGT y las CTA se retiraron porque cuestionan la propuesta oficial de aumentos muy bajos para el SMVM (hacia $382.768 en septiembre y unos $430.000 para abril 2027).

Pero la sugerencia del piso de $1.070.000 en convenios sigue siendo una iniciativa oficial y se está comunicando a los gremios en negociaciones. La CGT la consideró insuficiente (reclama pisos cercanos a la canasta básica, entonces en torno a $1,56 millones) y las empresas respondieron preocupadas por los costos.

Luego de que trascendiera la dificultad de la automotriz Toyota para conseguir empleados con estudios secundarios, un estudio indica que, en la Argentina, el 31 por ciento de los jóvenes de hasta 24 años no pudo completar ese nivel educativo. 

La situación se torna más grave entre los jóvenes con menores ingresos, ya que sólo el 52 por ciento pudo completar sus estudios secundarios, según el informe publicado por el Instituto pare el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en base a datos recopilados por el Ministerio de Educación de la Nación. 

En la misma franja etaria, pero de familias con altos niveles de ingreso, la cantidad de personas que terminan el secundario se eleva al 88 por ciento. 

Por otro lado, los datos de la cartera educativa proporcionados por IDESA y correspondientes a 2019, es decir sin que llegue a repercutir la pandemia del coronavirus, el 47 por ciento de los estudiantes no alcanzan nivel satisfactorio en lengua y matemática: el mismo porcentaje se eleva al 81 por ciento en caso de los alumnos de establecimientos públicos. 

Según el informe de IDESA, “todos los alumnos están sufriendo las consecuencias, pero los daños más severos se registran en los niveles socioeconómicos más bajos donde resultó imposible migrar a métodos de enseñanza virtuales. La crisis terminal derivada de la pandemia debería motorizar un profundo cambio en las políticas educativas”, marcó el trabajo. 

Urgencia en articulación 

Por otro lado, se señaló que en la Argentina, en el secundario, sólo se prepara a los jóvenes para ingresar a la universidad y se desatiende a los que quieren ingresar a trabajar. 

Se señala que, en países europeos como Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, entre otros, “la secundaria se organiza en dos modalidades, ya que una prepara a los jóvenes para la educación universitaria y otra para el mundo del trabajo apenas terminada la secundaria. A esta última la llaman educación vocacional”. 

En ese sentido, se menciona la urgencia de un rediseño del secundario: “La experiencia demuestra que el éxito de la educación vocacional depende crucialmente de un vínculo muy estrecho entre las escuelas secundarias y las empresas. Resulta muy enriquecedor que los estudiantes completen la formación que les provee la escuela dentro de una empresa”. 

No obstante, se advierte que en la Argentina esa propuesta encuentra “visiones obsoletas tanto del ámbito educativo (que consideran que las escuelas no están para formar mano de obra para las empresas) como de la legislación laboral (que es sumamente restrictiva a la hora de permitir que los jóvenes se formen en ámbitos laborales)”.