El Espacio de Memoria ex Comisaría 4ta de la ciudad de Santa Fe fue escenario este martes 24 para que el Gobierno de la Provincia lleve adelante el acto central por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del último Golpe de Estado. “Cada 24 de Marzo nos increpa, nos reclama, nos moviliza para que la historia no se repita, para que la Memoria, la Verdad y la Justicia no sean palabras vacías sino el fundamento ético de nuestras instituciones y el compromiso irrenunciable con la identidad de nuestra sociedad”, subrayó el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, al encabezar la actividad desarrollada en la explanada del emblemático espacio que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y muerte durante la última dictadura cívico-militar. En este sentido, el funcionario remarcó que “debemos propiciar la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos. En nuestra provincia, el ejercicio de la Memoria es una política de Estado”. Además, puso en valor “el espacio de la Memoria que da marco a este acto donde, además, está alojado el Archivo Provincial de la Memoria. Desde este lugar, desde el Gobierno de Santa Fe ejercitamos la memoria y de manera permanente lo abrimos para que santafesinos de todas las edades conozcan la historia para defender los Derechos Humanos y la Democracia en base a la documentación y los datos. Es nuestra responsabilidad trabajar diariamente por la Memoria, Verdad y Justicia como un deber ético y moral indelegable del Estado”. Finalmente, puntualizó que “en este Espacio de Memoria durante 2025 hubo 133 recorridos educativos de los que participaron 3.500 estudiantes y docentes, y los turnos de los próximos tres meses ya están agotados. Estos ámbitos son instrumentos concretos para fortalecer la Democracia e impedir el regreso del horror. Son nuestra herramienta para educar en la Memoria y construir el futuro.

El acto contó también con la presencia de los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabian Bastia; y de Economía, Pablo Olivares; del intendente Juan Pablo Poletti; de la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; el ministro la defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Estrella Morena Robinson; el secretario General de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella; el decano de la UTN Regional Santa Fe, Alejandro Toffolo; en representación de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Santa Fe e integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Hugo Kofman; referentes de organismos de Derechos Humanos; además de otras autoridades nacionales, provinciales y locales; y representantes de instituciones públicas santafesinas. Cabe señalar que tras el acto central, la atención se concentró en el interior del Espacio de Memoria ex Comisaría 4ta para la inauguración de “50 años-Nunca Más”, muestra fotográfica de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

Uno de los hitos de las actividades oficiales que desarrolla el Gobierno de la Provincia en torno a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia tendrá lugar este miércoles 25 de marzo cuando se liciten las obras que permitirán convertir a la Quinta de Funes (departamento Rosario) en un Espacio de la Memoria. El objetivo es intervenir, refaccionar, jerarquizar y conservar de manera integral este espacio donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar de nuestro país, y conseguir que este espacio se transforme en un sitio para la construcción y transmisión de la memoria colectiva. El acto de apertura de sobres con ofertas para se realizará a las 11 en la Sede de Gobierno de la ciudad de Rosario. Las tareas cuentan con un presupuesto oficial de $ 461.143.245,26 y un plazo de 150 días.

A lo largo del mes de marzo, en el marco de la conmemoración del 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina, el Museo de la Memoria de Rosario (Córdoba 2019) presenta una programación especial que reúne exposiciones, encuentros académicos, activaciones del espacio público y actividades culturales orientadas a reflexionar sobre la violencia estatal, la memoria colectiva y las persistencias del pasado reciente en el presente.

La agenda se desarrollará hasta el 27 de marzo e incluirá la inauguración simultánea de tres exposiciones que dialogan entre sí desde distintas materialidades y lenguajes, además de actividades públicas, debates y propuestas participativas. A su vez, durante los días 18, 19 y 20 de marzo, el museo se suma al Congreso Internacional de Historia en Humanidades y Artes, encuentro académico que reunirá especialistas e investigadores para debatir en torno a historia, memoria y prácticas artísticas.

El viernes 20 de marzo, desde las 19, el museo realizará la conmemoración central con la inauguración simultánea de tres exposiciones que dialogan entre sí a través de diferentes materialidades y lenguajes. Las muestras proponen una reflexión integral sobre la violencia estatal, la memoria colectiva y las persistencias del pasado reciente en el presente.  

En la sala principal se presentará la exposición «Destellos. León Ferrari en el Museo de la Memoria», con curaduría de Andrea Wain. Integrada a la exhibición permanente del Museo, la muestra establece un diálogo crítico con el terrorismo de Estado, la responsabilidad civil y los silencios sociales, recuperando la experiencia del exilio del artista, la búsqueda de su hijo Ariel -desaparecido durante la dictadura- y una práctica artística atravesada por la denuncia que habilita nuevas lecturas sobre la memoria y la justicia.

En la sala de muestras transitorias Juan Emilio Basso Feresin se inaugurará «50 veinticuatros», con curaduría de Leticia Rigat y asesoría historiográfica de Gabriela Águila y Pablo Suárez. Organizada en tres tiempos -dictadura, primeros años de democracia y nuevo siglo-, la exposición propone un recorrido multisensorial por las transformaciones del 24 de marzo en el imaginario colectivo, desde las primeras denuncias hasta la ampliación contemporánea de las agendas de memoria, verdad y justicia, configurando una retrospectiva de los 24 de marzo en Rosario.

Por su parte, en el auditorio del Museo se presentará «Archipiélago», de María Blanco, con curaduría de Carolina Urresti. La obra textil se construye a partir del diario de guerra de Marcelo Calitri, soldado argentino en Malvinas, y mediante el bordado traduce esa escritura íntima a un lenguaje sensible que pone en juego el cuerpo, el cuidado y la memoria, proponiendo una reflexión poética sobre el trauma, la violencia y la persistencia de la experiencia en los materiales.

Las actividades continuarán el sábado 21 de marzo con una activación especial del edificio del Museo en todas sus plantas, que incluirá recorridos mediados a las 12:00 en la muestra «Destellos» con Andrea Wain; a las 15:00 en la muestra «Archipiélago» con María Blanco, y en la muestra «50 veinticuatros» a las 17:00 con Leticia Rigat. 

En tanto, el domingo 22 de marzo a las 19:30 en la terraza del Museo, se realizará el streaming ‘Memoria para la democracia’, un evento especial pensado no sólo para reflexionar sobre los 50 años transcurridos desde el último golpe de Estado, sino también sobre los desafíos democráticos del futuro. La iniciativa propone un debate coral con el objetivo de ampliar las audiencias y convocar especialmente a públicos jóvenes. La jornada cerrará con música en la terraza con Canciones de la democracia, una propuesta que se desarrollará en articulación con el Galpón 11.

El domingo 23 de marzo el Museo acompañará a los organismos de derechos humanos en la tradicional vigilia de la Ronda de las Madres, que se realizará en la plaza 25 de Mayo.

El martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizará la ceremonia de plantación en el Bosque de la Memoria. Además, desde las 12:00 y hasta el inicio de la tradicional marcha, el Museo abrirá sus puertas para recorrer sus muestras. En la terraza se presentará Proyecto Pregunta, del colectivo chileno Mil M2, desarrollado en Rosario por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. La iniciativa propone una pregunta madre -“¿Qué pregunta es urgente hacer?”- como dispositivo de participación ciudadana orientado a generar, visualizar y poner en circulación debates colectivos en el espacio público.

La programación continuará el jueves 26 de marzo, a las 18:00, con la presentación del libro «De matar a dejar morir: Biopolíticas de selección de la vida», de la investigadora y escritora Pilar Calveiro, que tendrá lugar en la terraza del Museo.

Finalmente, el viernes 27 de marzo se realizará la grabación de un podcast especial por el 50° aniversario, conducido por Fabián Peralta y con la participación del intendente Pablo Javkin.

La programación se completa con otras actividades en distintos espacios culturales de la ciudad. 

El jueves 19 de marzo, la Biblioteca Estrada será sede de distintas actividades vinculadas a la memoria. A las 9:00 y 14:00 se realizará la «Maratón de cuentos: La comunidad en voz», en el marco del Día de la Narración Oral, con relatos y experiencias compartidas junto a 30 Mil Pañuelos por la Memoria, Cooperativa Mil Hojas, La Cigarra Cooperativa de Trabajo Ltda. (del diario El Ciudadano) y La Comedia de Hacer Arte. La actividad está destinada a estudiantes de 6º y 7º grado y nivel secundario. 

A las 10:30 se llevará adelante el acto 30 mil pañuelos por la memoria, con el descubrimiento de una placa con la imagen del pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en homenaje a las personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura. En la actividad, participará Mónica Torres, integrante e impulsora del proyecto en Rosario.

Ese mismo día, a las 19:00, en la Biblioteca Argentina se presentará la reedición del libro «Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976–1983)», de Sergio Pujol. La actividad se realizará en el marco del I Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar. Julián Delgado y Bárbara Pistoia conversarán con el autor sobre el vínculo entre música, cultura y contexto político durante aquellos años.

Por su parte, en el CCPE, también en el marco del Congreso sobre Historia de la Dictadura Militar, se realizará la charla ‘Reflexiones sobre la historia cultural de la última dictadura: Fidelio de Beethoven, un desaparecido entre Alemania y Argentina’, a cargo del musicólogo argentino Esteban Buch.  La actividad tendrá lugar el martes 17 de marzo, de 19:00 a 20:30, en el Túnel 4 del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), con entrada libre y gratuita.

El encuentro es organizado por la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social (Clihos) y el Seminario Permanente de Historia Social del Pasado Reciente (Ishir/Conicet-UNR), en asociación con la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, la Diplomatura de Estudios Avanzados en Historia Reciente Argentina y la Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana.

El Centro de Expresiones Contemporáneas invita también a participar de una programación especial. Durante tres jornadas -del 20 al 22 de marzo, desde las 16:00 y con entrada libre y gratuita- habrá actividades para reflexionar sobre memoria y democracia.

La propuesta incluye el estreno del documental ‘Las reglas del juego’, realizado por Universidad Nacional de Rosario a través de su plataforma Unicanal; la presentación de la obra teatral ‘Territorio Coraje’, inspirada en la figura de Juana Azurduy; y la posibilidad de recorrer la muestra VIDA, volver a manifestar impulsos vitales de Sala Reflejos, que propone pensar la memoria a partir del archivo del artista Rodolfo Elizalde. La programación se completa con conversatorios y activaciones para las infancias.

Asimismo,  el Tríptico de la Infancia se suma a la convocatoria de los organismos de derechos humanos para llenar las plazas de pañuelos y resistencias. Hasta el 23 de marzo, viernes, sábados, domingos y el lunes feriado, en La Granja, El Jardín y La Isla, se estamparán pañuelos y corazones para ponerle colores a las luchas del presente. El 24 de marzo, a partir de las 14:30 en la plaza San Martín, se seguirá estampando para luego sumarse a la marcha.

Por último, en el CelCHE se realizará Laboratorio de Análisis Cultural + proyecciones. La jornada incluirá la conversación «Clases medias, vida cotidiana e historia oral: los años setenta desde una perspectiva microhistórica», con el sociólogo Sebastián Carassai en diálogo con Rubén Chababo. La actividad tendrá lugar el jueves 26 de marzo, de 17:00 a 20:00, con entrada libre.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, puso en marcha una agenda de actividades al cumplirse 50 años del último golpe cívico-militar en la Argentina. La iniciativa busca consolidar una política pública permanente orientada a fortalecer los valores de Memoria, Verdad y Justicia y a promover una reflexión colectiva sobre el pasado reciente.Desde la gestión provincial se remarcó que la memoria no debe limitarse a una conmemoración anual, sino constituirse como una política de Estado sostenida en el tiempo y con presencia territorial. En ese sentido, remarcan que, a medio siglo del quiebre institucional de 1976, el compromiso con los derechos humanos continúa siendo un pilar fundamental de la vida democrática.El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, explicó que la propuesta articula distintas áreas del Estado para ampliar el alcance de las actividades. “Vamos a articular una agenda entre lo cultural, lo deportivo y lo educativo. No hacemos más que reafirmar lo que venimos sosteniendo durante todo el año: que la memoria es una política de Estado en la Provincia de Santa Fe”, señaló.

Según detalló el funcionario, la agenda incluye múltiples iniciativas destinadas a distintos públicos. Entre ellas se encuentran las denominadas Rondas de Memoria, encuentros participativos que invitan a reconstruir experiencias y testimonios vinculados con la última dictadura, así como propuestas culturales impulsadas junto al Ministerio de Cultura.En ese marco, se desarrollará el programa Resuena, que convoca a jóvenes artistas vinculados al hip hop y la música urbana para trabajar contenidos vinculados con los derechos humanos. El proyecto prevé un proceso de formación y producción artística que culminará con la creación de una canción que identifique al Espacio de Memoria de la ex Comisaría Cuarta de Santa Fe.La agenda también contempla actividades deportivas bajo el programa Juego de Memoria, que convocará a planteles de distintos clubes de la provincia a recorrer espacios de memoria y participar en instancias de reflexión sobre el pasado reciente. La iniciativa comenzará con instituciones de Rosario y se prevé extenderla a otros clubes, incluidos los de Colón y Unión.

Dentro de las acciones previstas, el Gobierno Provincial avanzará además en la identificación de lugares vinculados con crímenes de lesa humanidad que aún no cuentan con señalización pública.Uno de esos sitios es el lugar conocido como Masacre de Las Moras, ubicado a unos seis kilómetros de la ciudad de Coronda. Allí fueron hallados, cuatro días antes del golpe de Estado de 1976, los cuerpos enterrados de cuatro mujeres víctimas de la represión ilegal.“Ese lugar nunca había sido identificado. Trabajamos junto con organizaciones de derechos humanos para colocar una señalización sobre la ruta provincial que permita reconocerlo y preservar la memoria de las víctimas”, explicó Jatón.

Las actividades tendrán su momento central el 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El acto principal se realizará en el Espacio de Memoria Ex Comisaría Cuarta de la ciudad de Santa Fe y estará precedido por una vigilia.Durante esa jornada, además, se anunciarán avances en la recuperación y puesta en valor de otros sitios históricos vinculados con el terrorismo de Estado. Entre ellos, el proyecto de intervención en La Quinta de Funes, ex centro clandestino de detención ubicado en el sur provincial.“Los sitios de memoria son fundamentales para la provincia. Vamos a licitar una obra que permitirá poner en valor la Quinta de Funes, un espacio que había quedado abandonado en los últimos años y que queremos recuperar como un lugar de reflexión, de producción cultural y de construcción democrática”, señaló el secretario de Derechos Humanos.

La Justicia argentina dio un nuevo paso en una causa de fuerte impacto político y diplomático al solicitar formalmente la extradición del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en el país por presuntas violaciones a los derechos humanos. El requerimiento fue presentado este lunes por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.

El planteo se inscribe en un expediente que se inició en 2024 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), organización que impulsó una investigación penal contra el entonces mandatario venezolano y otros altos funcionarios del régimen chavista. Aquella presentación derivó en una orden de captura internacional que, en su momento, impidió una visita de Maduro a la Argentina.

Según consta en el dictamen del fiscal la solicitud de extradición se fundamenta en que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, lo que habilita a avanzar con el procedimiento de extradición activa.

La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde Maduro se encuentra imputado por delitos calificados como graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en el marco de una investigación que también involucra a otros integrantes de la cúpula del poder venezolano.

El expediente tuvo su punto de partida el año pasado, cuando el FADD —entonces presidido por el legislador porteño Waldo Wolff— presentó una denuncia penal contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” de ambos para prestar declaración indagatoria.

En aquella oportunidad, los jueces consideraron que existían elementos suficientes para avanzar en la investigación por hechos que podrían encuadrarse dentro de delitos de lesa humanidad, tal como los reconoce el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esa resolución, se dispuso además notificar a Interpol para activar una alerta roja de captura internacional.

Desde el FADD sostuvieron que las acciones judiciales se dirigieron “contra Nicolás Maduro y quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad”, en referencia a denuncias vinculadas a persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.

El pedido de extradición presentado ahora por Stornelli retoma ese camino judicial y busca que el ex mandatario venezolano sea trasladado a la Argentina para quedar a disposición de la Justicia local. El fiscal calificó la medida como “urgente”, al considerar que existe una orden de detención vigente y un llamado a indagatoria pendiente.

Uno de los aspectos centrales del planteo es la intervención que deberá tener la Cancillería argentina en caso de que el juez Sebastián Ramos haga lugar al pedido. De avanzar, se deberá enviar un exhorto diplomático a las autoridades estadounidenses para requerir formalmente la entrega de Maduro al país.

El procedimiento de extradición activa implica una serie de pasos formales y negociaciones diplomáticas, que incluyen la evaluación por parte del país requerido sobre la legalidad del pedido y las garantías procesales. En este caso, la situación adquiere una complejidad adicional por tratarse de un ex jefe de Estado y por el contexto internacional que rodea su detención.

En su dictamen, Stornelli recordó que la causa argentina ya cuenta con una orden de captura internacional vigente, lo que refuerza la necesidad de avanzar sin dilaciones. “Resulta imperioso iniciar el procedimiento de extradición a los fines de que el imputado sea sometido al presente proceso”, sostuvo el fiscal.

El juez Ramos deberá resolver ahora si hace lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. En caso afirmativo, se pondrá en marcha un proceso que podría sentar un precedente relevante en materia de jurisdicción universal y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en tribunales argentinos.

La solicitud de extradición generó repercusiones inmediatas en el plano político y jurídico. Desde los sectores que impulsaron la denuncia original, interpretan el avance de la causa como un mensaje claro respecto del compromiso de la Justicia argentina con la defensa de los derechos humanos, más allá de las fronteras nacionales.

Al mismo tiempo, especialistas en derecho internacional advierten que el proceso no estará exento de obstáculos, tanto por cuestiones diplomáticas como por eventuales planteos de inmunidad o competencia. Sin embargo, destacan que los delitos de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados por tribunales de distintos países bajo el principio de jurisdicción universal.

Mientras tanto, el expediente sigue su curso en Comodoro Py, a la espera de la definición del juez Ramos. La decisión que adopte será clave para determinar si la Argentina avanza formalmente en el pedido de extradición de Nicolás Maduro y profundiza una causa que, desde su inicio, tuvo un fuerte impacto político regional.

En una sentencia histórica que marca un precedente en materia de derechos humanos, perspectiva de género y responsabilidad civil, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Familia N° 1 de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Claudio Heredia, dictó un fallo ejemplar que reconoce el derecho a la reparación integral de una mujer víctima de abuso sexual agravado por el vínculo durante su niñez y adolescencia.

Cabe señalar que el fallo fue emitido justamente un 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, instituido en reconocimiento a la valentía de las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas en 1960 por luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

El caso llega a esta instancia tras haber sido acreditado penalmente el delito años atrás, con condena firme. En su demanda civil, la víctima solicitó una reparación integral por los múltiples daños sufridos, tanto físicos y psicológicos como materiales, derivados de una violencia que se extendió durante casi una década.

Tras lo cual, el juez Heredia dispuso una compensación superior a los 100 millones de pesos como reparación integral. Este monto reconoce no solo las secuelas psicológicas y emocionales de la víctima, sino también las afectaciones profundas a su calidad de vida, salud y las oportunidades truncadas debido al abuso intrafamiliar.

El fallo incluye una indemnización por los siguientes conceptos:

·         Incapacidad física y psicológica sobreviniente.

·         Daño moral.

·         Daño sexual.

·         Daño emergente derivado de los tratamientos médicos y psicológicos necesarios.

El juez destacó que el daño sufrido por la víctima constituye una lesión de extrema gravedad, y subrayó que la reparación económica no es un beneficio, sino un derecho humano fundamental, amparado por la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

El Dr. Heredia también enfatizó que en los casos de abuso sexual infantil, especialmente cuando el agresor es un progenitor, no se deben aplicar criterios rígidos ni plazos de prescripción descontextualizados. En este sentido, el fallo establece que el plazo para reclamar civilmente comienza a correr desde que la sentencia penal queda firme, y no desde la mayoría de edad de la víctima.

Esta interpretación busca evitar la impunidad civil en situaciones donde la víctima está sometida, aterrada y en silencio dentro del contexto familiar, lo que dificulta el ejercicio de su derecho a reclamar.

Además de la reparación económica, el fallo incorpora medidas de prevención y no repetición, siguiendo los estándares internacionales de protección a las víctimas de violencia de género. Entre las medidas destacadas, se encuentran:

·         Obligación de los demandados de realizar cursos y capacitaciones oficiales en perspectiva de género, violencia de género y derechos de niñas, niños y adolescentes.

·         Prohibición de cualquier forma de hostigamiento, contacto o aproximación hacia la víctima, con el objetivo de proteger su integridad física y emocional.

·         Seguimiento y control del cumplimiento de las medidas, articulado con organismos administrativos y judiciales.

·         Advertencias explícitas sobre las consecuencias legales en caso de incumplimiento, incluyendo nuevas responsabilidades civiles o penales.

Estas medidas no solo buscan proteger a la víctima, sino también evitar futuras conductas violentas, contribuyendo a la función pedagógica que la Justicia debe cumplir en materia de derechos humanos.

El fallo del Juzgado de Familia N° 1 no solo reconoce el daño sufrido por la víctima, sino que pone en el centro a la persona afectada, su dignidad y su derecho a reconstruir su vida. Asimismo, establece un camino claro para casos similares: la reparación económica es una parte inseparable de la justicia en delitos de violencia sexual agravada por el vínculo.

En un contexto social donde aún persisten silencios, estigmas y barreras para las víctimas, esta sentencia se erige como un hito jurídico y social. La decisión reafirma que el Estado tiene la obligación de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de violencia intrafamiliar.

Copacabana amaneció con cruces clavadas en la arena y un pequeño santuario en recuerdo de los policías que murieron durante la mayor operación contra el Comando Vermelho realizada en las favelas de Alemão y Penha de Río de Janeiro, Brasil.

El homenaje lo organizó la ONG Río de Paz y se produjo el 31 de octubre de 2025, en medio de un fuerte despliegue policial para prevenir posibles represalias. "Los derechos humanos no tienen lado" expresó la organización organizadora.

La operación contra el Comando Vermelho dejó más de 120 muertos según distintos informes y provocó una movilización masiva de fuerzas de seguridad en puntos turísticos como Copacabana, Ipanema, Leblón y Barra. Autoridades federales y estatales intensificaron los patrullajes y establecieron retenes en las inmediaciones de las zonas más conflictivas para intentar recuperar el control y proteger a residentes y visitantes.

Homenaje a policías caídos en Copacabana tras megaoperativo en Río.

En la playa frente al Copacabana Palace colocaron cruces, fotografías, ramos y camisetas de la Policía Civil y Militar, algunas con manchas simuladas de sangre. El tributo incluyó un cartel con la leyenda “Los derechos humanos no tienen lado” y buscó honrar a los agentes caídos en cumplimiento del deber, según los organizadores. Entre los turistas hubo quienes visitaron el memorial y luego regresaron a sus hoteles por precaución.

Las autoridades aumentaron el número de efectivos en la ciudad alrededor de un 40% en las últimas horas, frente al temor de represalias por parte de la organización criminal y por la fuga del presunto líder del Comando Vermelho. Motos y vehículos policiales patrullan de forma constante en avenidas y centros comerciales para disuadir nuevas acciones violentas.

Personas observan cuerpos que yacen sobre el suelo tras la mega operación policial contra el grupo criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, Brasil. Crédito: Xinhua / Claudia Martini.

Bares y restaurantes en los barrios costeros adoptaron medidas de seguridad y redujeron las promociones que atraen grandes aglomeraciones, mientras que muchos comercios enfrentaron pérdidas por la caída de clientes. A pesar del clima de incertidumbre, la ciudad continúa recibiendo turistas y algunos visitantes mantienen sus planes con precauciones adicionales, entre ellos argentinos que decidieron seguir recorriendo la ciudad o cambiar de destino.

Los controles en la entrada a las favelas siguieron siendo estrictos: quienes intentan ingresar deben identificarse y establecer condiciones con los grupos que controlan esos territorios, lo que limita el trabajo de identificación y asistencia en las zonas afectadas.

El Gobierno nacional envió peritos especializados para colaborar en la identificación de cadáveres y en los análisis forenses. El presidente Lula da Silva envió 20 peritos de la Policía Federal especializados en necropsias, balística y ADN para determinar responsabilidades y acelerar las identificaciones, según comunicados oficiales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a la ceremonia de firma de un proyecto de ley de educación en el Palacio de Planalto, Brasilia, Brasil. Crédito: Reuters / Adriano Machado.

A mediodía las autoridades entregarán la nómina de cuerpos para que familiares y servicios de salud puedan avanzar con los reconocimientos, y cerca de las 13 está prevista una movilización de allegados que partirá desde Penha, informaron fuentes locales. Ese paso busca dar respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos tras los enfrentamientos.

En la favela de Penha, vecinos y amigos señalaron que varios de los fallecidos eran civiles que no participaban en la actividad criminal y que fueron presentados públicamente como traficantes, indicó un amigo cercano de varias de las víctimas que declaró que muchas de las personas muertas eran inocentes. La situación generó críticas por el accionar estatal y llevó a gobiernos vecinos a reforzar controles fronterizos por la preocupación regional.

Por ahora, la ciudad mantiene un operativo de seguridad reforzado y las autoridades priorizan la identificación de los cuerpos y la atención a los heridos como pasos inmediatos para restablecer la normalidad y atender a las familias afectadas

Una madre que alumbró en un centro de salud y le dijeron que su hijo había nacido muerto; otra, casi niña, a quien prometieron mejorar su situación económica a cambio de su recién nacido; una más a la que le advirtieron que no podía conservarlo.

Las situaciones son esas o tantas otras como historias existan. Pero el resultado es el mismo: un rastro que se pierde y un desencuentro que puede durar toda la vida.

No solo eso: son fechas de nacimiento difusas, características físicas y preferencias que no se reconocen ni se explican y una historia clínica que, basada en una vida ficticia, puede derivar en antecedentes médicos desconocidos o enfermedades hereditarias que no son tales.

En las redes sociales circulan grupos de búsqueda de identidad que exponen la historia particular de sus integrantes e intentan arrimar datos para dar con la persona a la que rastrean, pero también para aportar a la pesquisa de otros; un entretejido cuyo fin es anudar el destino de madres, padres, hijas, hermanos.

El martes 28 de octubre se realizó, en el auditorio de Casa de Gobierno, un encuentro por la identidad biológica o de origen, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Emilio Jatón, junto a grupos de búsqueda y con participación de organismos públicos.

El objetivo, como en encuentros anteriores, fue abrir espacios de debate e instalar una temática muchas veces desconocida, o asociada, solamente, a los casos vinculados con la última dictadura cívico-militar.

“¿Aquí hay alguien de Cáncer?” La pregunta. lanzada por Gisela Santucci, sorprendió al auditorio. Alguien levantó la mano, ella le leyó el horóscopo que por años habrá seguido creyendo que definía su personalidad.

Pero no, ella es de Géminis y lo supo recién cuando llegó a conocer su fecha real de nacimiento y logró hacer match entre sus dudas de toda la vida y la realidad que asoma pero a la que todavía le faltan varias partes por reunir.

Puede parecer frívolo hablar de signos, pero en realidad es apenas una muestra de la cantidad de información adulterada, falsa que se construye alrededor de personas que, como Gisela, buscan la verdad porque “siempre sana”.

Ella logró llegar a una parte de su familia y en 2024 encontró en Santa Fe a un hermano (por parte del padre) que la sigue acompañando en el resto de la búsqueda. “Yo ya se quién soy, quiero saber quién hubiese sido”, reflexiona.

Quien levantó la mano para afirmar que sí era de Cáncer es María de los Ángeles Cardot (Mara) que, según su DNI nació el 2 de julio de 1968 en Neuquén aunque en realidad fue el 23 de junio. “Sigo siendo del mismo signo”, ironiza.

Integra el grupo Patagonia por la Identidad y también tiene un largo recorrido en busca de su identidad de origen, mientras afirma que a veces ella y otros en su misma situación se sienten “invisibilizados”.

Mara es clara en los términos: “Por respeto a la adopción, en nuestros casos hay que decir apropiación, sustitución de identidad, robo o trata de bebés”.

Como otras personas que buscan, asegura no juzgar a "las madres que nos parieron ni a las que nos apropiaron”, aunque “tampoco hay que romantizar el encuentro” que a veces se procura, en otros se evita y no siempre tiene final feliz.

Mientras tanto, para quien busca el tiempo se escurre y el riesgo de dejar el rompecabezas sin armar crece. Por eso el reclamo para que se impulse en el Congreso una ley nacional, la recomendación de “no dar de baja Facebook” porque mucha información de buscadores circula por allí.

También hay un llamado a las instituciones para que faciliten los registros que puedan poner nombres y fechas a tantas historias que, por ahora, permanecen en pausa.

Desde el año 2017 rige en la provincia de Santa Fe la ley 13.725 de “Derecho a archivos para conocer la identidad biológica o de origen”.

La norma fue reglamentada en 2023 por el decreto 858 y tiene por objeto garantizar un derecho humano fundamental, como es el acceso a la identidad a toda persona que presuma que ésta ha sido suprimida o alterada.

También dispone el acceso libre y gratuito a registros de partos, nacimientos, neonatología, defunciones e historias clínicas archivadas en establecimientos de gestión pública o privada, provinciales o municipales.

Además, establece las responsabilidades de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Derechos Humanos, y fija pautas destinadas al Registro Civil y al Ministerio de Salud: ambos organismos son indispensables en esa búsqueda.

Son alrededor de 400 personas que buscan su identidad en la provincia y se desconoce cuántos son en todo el país, explicó Jatón. Santa Fe es pionera en contar con una ley propia y si bien en algún momento estuvo cerca de debatirse una norma a nivel nacional, quedó en el camino.

Aún con un marco legal, “en la provincia tenemos buscadores que todavía no se animan a iniciar este camino por vergüenza o por miedo”, asegura la psicóloga Andrea Cerdá, que integra el equipo de la Secretaría.

¿Por qué miedo? “La mayoría son mujeres que han tenido sus niños siendo adolescentes, empleadas domésticas cama adentro que desconocen el circuito por el cual perdieron el rastro de su hijo. O son madres que egresaron del hospital con la noticia de que su hija o hijo estaba muerto”.

Además de la dificultad de rastrear entre anotaciones hechas a mano, archivos que se perdieron o se descartaron, existe otro desafío, como es indagar en un lugar distinto al de nacimiento.

Para eso el trabajo en red e interjurisdiccional es fundamental, como también lo sería una norma nacional que trasponga las fronteras provinciales. Sólo Santa Fe, Mendoza y Misiones tienen leyes en este sentido ya reglamentadas.

“El mes pasado cerramos una búsqueda iniciada en 2014”, señala Jatón para dar idea del tiempo que demanda esta tarea.

Un dato curioso: “Son más los hijos e hijas que buscan a su madre que al revés”, apuntó Cerdá. Por eso el trabajo en red incluye a los EMPA, los CAF, centros de salud y otros efectores que puedan tener contacto con esas madres para que acompañen el proceso de búsqueda.

Luego, podrá darse el encuentro o no. Pero la búsqueda habrá concluido.

La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, a través de su Comisión de Derechos Humanos, reclamó explicaciones urgentes por la brutal “Operación Convención”, que dejó 64 muertos y más de 80 detenidos en distintos barrios humildes de la ciudad.

El despliegue fue ordenado por el gobernador Cláudio Castro y dirigido contra el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones narco del país. Hubo enfrentamientos armados, cortes de transporte, cierre de comercios y miles de vecinos aterrados.

Dani Monteiro, diputada del PSOL y presidenta de la comisión, afirmó que las fuerzas de seguridad “actúan como si las favelas fueran territorio enemigo”. Aseguró que el operativo es “letal y sin precedentes” y exigió una investigación independiente de lo ocurrido.

La legisladora también apuntó contra el gobernador: “Insiste en actuar solo, mientras el Ministerio de Justicia afirma que respondió a todos los pedidos del estado. Río necesita cooperación, no disputas políticas”.

Entre los fallecidos figuran al menos cuatro policías civiles y más de 60 presuntos integrantes del Comando Vermelho, aunque organizaciones sociales denuncian que algunas víctimas serían civiles. “No hay claridad sobre las identidades, ni un protocolo transparente”, advirtieron.

El operativo elevó la tensión entre Cláudio Castro y el presidente Lula da Silva. Mientras el gobernador se quejó por la falta de apoyo nacional, desde Brasilia respondieron que nunca hubo un pedido formal de asistencia federal para este despliegue.

Surgido en los años '70 en las cárceles de Río, el Comando Vermelho creció hasta controlar el 90% de las favelas en los '90. Hoy, sus operaciones incluyen narcotráfico, extorsión y hasta aplicaciones ilegales de transporte. Se enfrenta al PCC y otras bandas en una guerra por el control del territorio.

Pese a la caída de varios jefes históricos como “Fernandinho Beira-Mar”, su estructura sigue activa en gran parte de Brasil. La policía sostiene que la banda se financia también con estaciones de servicio y operaciones transfronterizas.

Periodistas locales y referentes políticos acusaron al gobernador Castro de montar un “espectáculo represivo” con fines electorales. “Quiso posicionarse para ser senador. Pero lo único que logró fue sembrar más miedo y violencia”, denunció el corresponsal Lucas Rocha.

La Comisión de Derechos Humanos concluyó su pronunciamiento con un llamado a la transparencia: “El Estado debe rendir cuentas. No se construye seguridad desde la masacre. Exigimos respeto a la vida y a los derechos básicos”.

Marwan Gill

En las décadas de 1950 y 1960, la esclavitud había terminado hacía tiempo, pero aún así, en muchas partes de Estados Unidos, la segregación racial entre hombres blancos y negros era legal y un hecho aceptado en la vida cotidiana. Malcom X (1925-1965) fue una de las figuras trascendentes de aquellos años y debido a su compromiso con los derechos civiles se convirtió en uno de los lideres afroamericanos más influyentes en la historia de su país.

Malcom X fue también un activista controvertido por algunas de sus ideas y declaraciones. Por ejemplo, no creía en la posibilidad de integración entre los blancos y negros; abogaba en cambio por un nacionalismo y un separatismo negro y sostenía la postura de que era incompatible la convivencia armónica entre ambos grupos.

Sin embargo, podemos observar que abandonó este pensamiento extremo tras un viaje épico que marcó un antes y un después en su vida, tal como lo expresa en sus propias palabras:

“Había decenas de miles de peregrinos de todo el mundo. Los había de todos los colores, desde rubios de ojos azules hasta africanos de piel negra. Pero todos participábamos en los mismos rituales, mostrando un espíritu de unidad y hermandad que mis experiencias en América me habían hecho creer que nunca podría existir entre blancos y no blancos... Puede que te escandalicen estas palabras viniendo de mí. Pero en esta peregrinación, lo que he visto y experimentado me ha obligado a reorganizar gran parte de mis patrones de pensamiento anteriores y a desechar algunas de mis conclusiones previas.”

Esta experiencia que cambió la mirada de Malcom X fue la peregrinación a la Meca (en Arabia Saudita), que es el lugar más sagrado del islam. La “Kaaba”, una estructura cúbica y cubierta con una tela negra que se ubica en la ciudad de la Meca, es el corazón del mundo musulmán.

Peregrinar a este sitio, que es denominado “Hayy” en la terminología islámica, es un evento único en su importancia y tiene relevancia internacional. Durante este período, suelen visitar la Kaaba cerca de dos millones de personas de todo el mundo.

La peregrinación ocurre cada año durante el último mes del calendario islámico, que se caracteriza por ser un calendario lunar. Por tal razón, las fechas según el calendario gregoriano tienen una fluctuación anual de aproximadamente 10 días y en 2025 tiene lugar del 4 de junio al 9 de junio.

“Hayy” es uno de los cinco pilares del islam y su realización es un mandamiento obligatorio que cada musulmán, sea hombre o mujer, debe cumplir al menos una vez en su vida. No obstante, es un mandamiento condicional y aplica solo a aquellos que poseen los recursos económicos suficientes, la salud necesaria para emprender la travesía y a los que se encuentran en una situación segura para viajar.

Aquellos religiosos que no pueden llegar a la Meca se adhieren simbólicamente desde su lugar a la peregrinación, conocida como “Eidul Adha” (la celebración del sacrificio), que se festejará este año en Argentina el 7 de junio.

Unánimemente para todos los musulmanes, la Kaaba es el lugar más sagrado y fue la primera casa dedicada a la adoración del Dios Único. Así, la Meca desempeña un rol primordial en la vida cotidiana de los fieles y durante cada oración uno se dirige hacia ella, que se erige como la orientación constante y el lugar de unidad y fraternidad, sin distinción por etnia, color o estatus social.

Por todo ello, si volvemos a la transformación de Malcom X, él concluyó su experiencia personal de peregrinación con esta imagen:

“Todos éramos realmente iguales (hermanos), porque su creencia en un Dios único había eliminado lo «blanco» de sus mentes, lo “blanco” de su comportamiento y lo «blanco» de su actitud. De ello deduje que, si los estadounidenses blancos aceptaran la unidad de Dios, quizá también podrían aceptar en realidad la unidad del hombre y dejar de medir, obstaculizar y perjudicar a los demás en función de sus diferencias de color.”

Al final, con la intención de reiterar, ampliar y actualizar los anhelos de Malcom X rezo para que la peregrinación de este año sea un momento de inspiración para todos nosotros, tanto musulmanes como no musulmanes, ojalá podamos así “peregrinar” hacia una humanidad más integral, más fraterna y humana. Amen.

*Teólogo islámico y presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina

El Gobierno nacional resolvió este miércoles la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, que dejará de tener ese rango y pasará a funcionar como una subsecretaría. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según precisó, la medida incluye una reducción del 40% de la estructura administrativa y el despido del 30% de su personal. De acuerdo con estimaciones oficiales, el recorte permitirá un ahorro fiscal de aproximadamente $9.000 millones anuales.

Adorni señaló que la cartera pasará a “garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario”, en línea con la postura expresada por el Gobierno en otras oportunidades, en las que cuestionó enfoques previos sobre memoria, verdad y justicia.

Desde diciembre, la administración de Javier Milei ha implementado una serie de ajustes en áreas vinculadas a los derechos humanos, parte del plan implementado por Federico Sturzenegger. En abril, el Ministerio de Justicia había suspendido los pagos para el funcionamiento del Espacio para la Memoria (ex ESMA) y ordenado una auditoría sobre su presupuesto y gestión.

En paralelo, se confirmó la eliminación de subsidios eléctricos para 15.500 usuarios de alto consumo, ubicados principalmente en barrios cerrados del conurbano y zonas de alta gama como Puerto Madero. Según Adorni, muchos de estos hogares “gozaban de privilegios como piletas climatizadas y consumos comparables con los de una pyme”.

Se iniciará una recategorización automática para estos usuarios, lo que implicará un ahorro estimado en $3.000 millones. Sin mencionar nombres, el vocero deslizó una crítica al expresidente Alberto Fernández, quien reside en Puerto Madero, al afirmar: “Es el fin de privilegios que algunos políticos gozaban, incluso quienes vivían de prestado”.

Durante la conferencia, Adorni también ratificó que cualquier ley que implique gasto fiscal adicional, como una suba de jubilaciones impulsada por la oposición, será vetada. Afirmó que el sistema previsional actual “está quebrado” y que su mejora solo es posible mediante el crecimiento económico y la inversión.

El Gobierno, además, avanza en la reestructuración de organismos culturales. Confirmó la disolución del Instituto Juan Domingo Perón y la centralización administrativa del Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Libertad y el Instituto Nacional del Teatro, que perderán la autonomía que mantenían hasta ahora.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocieron declaraciones oficiales de organizaciones de derechos humanos en respuesta al anuncio. Tampoco hubo comunicados formales por parte de bloques legislativos o sectores partidarios.

Este martes 13 de mayo se conoció la noticia del fallecimiento de José "Pepe" Mujica, quien ocupó el cargo de presidente de Uruguay entre 2009 y 2015.

Así lo dio a conocer el presidente Yamandú Orsi: "Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", comunicó en una publicación en la red social X.

El dirigente de izquierda atravesó los últimos tiempos una dura enfermedad y falleció a los 89 años. Una de sus últimas intervenciones públicas había sido en una entrevista radial, donde pidió ser respetado, "que lo dejen en paz" y usó los micrófonos para despedirse de sus compañeros partidarios.

Nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, y su vida estuvo marcada por su militancia política desde joven. En sus primeros años, se unió al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, un grupo guerrillero de izquierda que luchaba contra la dictadura militar en Uruguay.

A lo largo de la década de 1960 y principios de 1970, los Tupamaros se enfrentaron al gobierno con acciones de resistencia armada. En 1972, Mujica fue capturado y pasó casi 14 años en prisión, la mayoría en condiciones extremadamente duras, como parte de una política represiva del régimen militar que gobernaba el país.

En la década del '70 estuvo detenido. Crédito: Reuters.

Una vez liberado en 1985, tras el retorno de la democracia en Uruguay, Mujica se reintegró a la vida política. Dejó atrás la lucha armada y se unió al Partido Nacional del Frente Amplio, un frente político de izquierda, donde comenzó a construir su carrera en el ámbito político.

En la década de 1990, Mujica fue elegido diputado y más tarde senador. A lo largo de su carrera política, se destacó por su lucha en favor de los derechos humanos, la justicia social y la equidad económica, manteniendo siempre su autenticidad y compromiso con los más vulnerables.

El ex presidente atravesaba una dura enfermedad. Crédito: Reuters.

En 2005, el Frente Amplio alcanzó el poder en Uruguay, y Mujica fue designado Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, puesto en el que sobresalió por su enfoque en la sostenibilidad y la modernización del sector rural.

En 2009, Mujica asumió la presidencia de Uruguay, cargo que ocuparía hasta 2015. Durante su mandato, se destacó por sus políticas progresistas y de inclusión social, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la implementación de la ley que legalizó la marihuana en Uruguay, convirtiéndose en el primer país en regular su venta.

Su estilo de vida austero y su rechazo al lujo le dieron fama mundial, siendo considerado un presidente "pobre", que vivía en una chacra en lugar de la residencia presidencial, y cuyo salario lo destinaba en su mayoría a obras sociales.

En sus últimas declaraciones públicas pidió que lo dejen en paz. Crédito: Reuters.

Además, sus discursos y su visión humanista de la política lo convirtieron en un referente global, reconocido por su lucha por un mundo más justo y solidario. Después de dejar la presidencia, Mujica continuó siendo una voz influyente en la política internacional, defendiendo la paz, el medio ambiente y la justicia social.

Crece el conflicto por los reclamos ligados al desmantelamiento de las políticas ligadas a los Derechos Humanos. Mientras el gobierno de Javier Milei redobla la apuesta y reflota la idea de mudar el Ministerio de Justicia a la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Una presentación judicial se sumó al reclamo que vienen manteniendo trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti -que funcionaba en la ex ESMA- que fueron informados en vísperas del Año Nuevo que no se presentaran a trabajar.

La legisladora porteña de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, denunció penalmente al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y al secretario Alberto Baños por el "desmantelamiento" de la secretaría de Derechos Humanos (SDH).

La denuncia en cuestión fue presentada ante el juzgado federal 6 de Comodoro Py, a cargo del juez subrogante Daniel Rafecas, y sostuvo que las medidas impulsadas por ambos funcionarios “afectan gravemente la preservación de los sitios de memoria y la transmisión de la historia reciente de Argentina”.

Según sostiene la denuncia, los funcionarios nacionales “han adoptado numerosas medidas que han afectado de manera directa el funcionamiento y la preservación de los sitios de memoria a través del desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos que viene sufriendo el sector público y en particular la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia”.

En su presentación, Montenegro explicó que Baños y Cúneo Libarona incumplieron la ley 26.691, que protege los excentros clandestinos, poniendo en peligro la preservación de la memoria histórica y las investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por tal motivo, fueron denunciados por abuso de autoridad y violación del deber del funcionario público.

En paralelo, el gobierno nacional analiza la iniciativa de trasladar parte del Ministerio de Justicia al edificio de la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionan actualmente dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos, cuya estructura también está siendo objeto de modificaciones, incluyendo despidos para reducir personal.

En las últimas horas hubo cesantías en el Centro Cultural Haroldo Conti y Archivo General de la Memoria, que funcionan en el predio del barrio porteño de Núñez y esto desató fuertes críticas y marchas de organismos de derechos humanos.

Incluso, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a reclamar públicamente que la administración de Javier Milei puso en marcha despidos como parte de un plan para "cerrar la ex ESMA".

En el marco de la iniciativa de Milei de reducir el Estado, el Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos. En 2025, está previsto continuar suprimiendo o bajando la estructura.

Como parte de esos cambios, la cartera estudia reacomodar personal del edificio de la sede de Justicia, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

Dentro del recorte de programas y personal de planta ligado a políticas de Derechos Humanos, está incluida la supresión del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la reducción del 90% del Ministerio de la Mujer.

En medio de este panorama, trabajadores del ex instituto nacional contra la discriminación denuncian que no fueron reubicados en la nueva estructura como les habían anticipado y tampoco cobras sus haberes desde hace algunos meses.

"Destruir el INADI fue un eje de la campaña del gobierno y en Agosto del 2024, por decreto lo desaparecieron y se regocijaron de hacerlo. A partir de ese momento pasamos a ser trabajadores de la secretaria de Derechos Humanos a cargo del Dr. Alberto Baños. El mismo funcionario que desde hace 3 meses no certifica nuestros servicios impidiendo que cobremos nuestros haberes en tiempo y forma y nos impide pasar a otra dependencia que sí nos certifique los servicios", manifestaron por medio de un comunicado.

"Esta situación la atravesamos trabajadores y trabajadoras de Planta Permanente ex INADI provenientes de 7 provincias del país: Santa Fe, San Juan, Tucumán, Corrientes, Chaco, La Rioja y Río Negro", señalan. Y agregan: "el ensañamiento es premeditado y no podemos permitir que sigan atropellando nuestros derechos".

Por este motivo, solicitaron públicamente que el secretario Baños "frente a la angustiosa situación que transitamos, se haga responsable de pagar lo adeudado y nos proporcione un lugar para reubicarnos y poder cumplir con nuestras funciones que realizamos hace tantos años".

Libarona redobla la apuesta

En este marco de reclamos por despidos, recortes de programas y sueldos adeudados, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió las prácticas implementadas en la secretaría de Derechos Humanos.

Libarona, además, salió al cruce de la denuncia penal que le hizo la legisladora porteña Victoria Montenegro, que lo acusó de "desmantelar" el área. "Estos sinvergüenzas que ahora hacen denuncias para el show mediático, solo en 2023 dilapidaron cinco mil millones de dólares en políticas de género y llenaron durante años la Secretaria de Derechos Humanos de empleados militantes", escribió Cúneo Libarona en sus redes sociales.

Por último, el ministro se desligó de las críticas y redobló la apuesta: “Vamos a seguir cortando con todos los gastos superfluos e innecesarios que fundieron al país. No me importa que me denuncien por hacer lo que está bien. Nos vemos en la justicia”.

El juez argentino Ariel Lijo ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, así como de una docena de colaboradores, por la "violación sistemática de derechos humanos" en el país centroamericano, informó este lunes (30.12.2024) el abogado que radicó la denuncia.

"El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria (dar testimonio) y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo", dijo el abogado Darío Richarte a la agencia AFP.

Además, detalló que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.

"Luego de casi dos años y medio de investigación el juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos", manifestó antes Richarte en un mensaje en su cuenta en la red social X.

El gobierno de Ortega y su esposa "es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente", dijo Richarte. "Un poco de luz entre tanta oscuridad! Un poco de justicia para tantas víctimas”, agregó.

Hace dos años, Richarte, profesor de Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, inició una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua a propuesta de un grupo de estudiantes de su cátedra en la Universidad de Buenos Aires.

La denuncia fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.

Los crímenes de los que son acusados incluyen "asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad".

"Es algo que no tenía previsto, lo hicimos probono, y lo seguimos haciendo de esta manera, es realmente emocionante la ayuda de docentes, de estudiantes de la universidad, que se han comprometido con esto", añadió.

"Cuando empezábamos sabíamos poco y ya era suficiente -recordó el abogado, y agregó: "Después, créame que a lo largo de estos dos años no perdemos la capacidad de asombro y horror de lo que está haciendo esta dictadura en Nicaragua”.

También tienen orden de captura "cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad", agregó.

La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como "plan criminal de represión" y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.

La acción judicial "se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos", precisó Richarte.

El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina en el caso del atentado a la AMIA. Por unanimidad, declaró al Estado argentino responsable de violar los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la mutual judía el 18 de julio de 1994.

El tribunal internacional ratificó una condena previa y añadió las violaciones al "derecho colectivo a la verdad". Dispuso, en tanto, que el Estado argentino "debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación".

El fallo obliga a la Argentina a formular "reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación".

La Corte IDH hizo lugar al reclamo formulado por la agrupación de víctimas y familiares Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o procesos pendientes", sostiene la sentencia.

El Estado resultó condenado por capítulos del fallo que avanzan sobre "la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento".

El fallo ordena que el Estado argentino "remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable".

En esa línea, deberá cumplir con la "construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas".

Uno de los puntos más importantes de la sentencia es que le ordenó a la Argentina abrir los archivos y la información de inteligencia relacionada con el atentado y tomar medidas normativas con el fin de regular las condiciones de ingreso de información de inteligencia a las causas judiciales, en alusión a uno de los hechos que desvió la investigación judicial que debía dilucidar lo ocurrido.

En ese sentido, la Corte IDH afirmó que "el Estado vulneró el derecho de acceso a la información por no haber garantizado un acceso real a los archivos estatales con documentación sobre el atentado y el derecho a la verdad por haber encubierto el atentado y obstaculizado su investigación".

"El Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas identificados en la sentencia", amplía el texto.

La Argentina reconoció en octubre de 2022 su responsabilidad internacional por los hechos, en audiencias celebradas en Montevideo. La Corte valoró ese reconocimiento y destacó que significó "una contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas".

En un discurso vehemente y enérgico, el gobernador se quejó públicamente esta semana de quienes objetan la política penitenciaria de la provincia, que ha profundizado controles y endurecido el régimen de visitas. "¡Llévenselos a sus casas a los presos, si tan buenos son!", exclamó Maximiliano Pullaro con indisimulable enojo y molestia, después de entregar treinta patrulleros en la explanada de la Legislatura de la provincia de Santa Fe.

"No vamos a permitir que los presos desde la cárcel manejen organizaciones criminales, extorsionen y manden a matar. Acá no vamos a tener más esos debates estériles. Y aquellos que vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos, les queremos decir ¡¡llévenselos a sus casas!!", volvió a decir con la misma irritación y potencia.

El mandatario habló así este jueves, a sólo 24 horas de que sesionase en la ciudad de Santa Fe, el Consejo Federal de Mecanismos locales para la Prevención de la Tortura. Tras esa deliberación, el organismo instó a la provincia a "la pronta creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo local de prevención de la tortura".

Por eso, tras el acto oficial y en diálogo con la prensa, Pullaro volvió a reprochar también a quienes desde "la intelectualidad" cuestionan a su gobierno por esta temática. Ya había reconocido en el discurso que por su formación académica ("soy politólogo, formado en Ciencias Sociales"), le resultaba incómodo hablar en esos términos. Pero justificó a renglón seguido tal vehemencia a partir de que "cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, cambia la forma de ser y de pensar; cuando uno está a cargo del Ministerio de Seguridad durante cuatro años, cambia las prioridades", expresó.

Consejo FederalEl Consejo Federal de Mecanismos locales para la Prevención de la Tortura sesionó – como se dijo- el miércoles en las instalaciones del hotel UNL -ATE de esta capital. En los considerados de la resolución emitida, se dejó constancia de que el propio organismo "de manera unánime", había decidido deliberar "de forma extraordinaria" en Santa Fe, "en virtud de los hechos conocidos públicamente acerca de la situación en unidades penitenciarias en esta provincia". Durante el debate, fueron escuchadas autoridades de la Corte Suprema de Justicia – asistió su titular, Rafael Gutiérrez-, del Servicio Público para la Defensa Penal, del Ministerio Público de la Acusación y docentes de la Universidad Nacional del Litoral. Todos "aportaron información – según el texto resolutivo- sobre la situación de las personas privadas de la libertad en la provincia, caracterizada por un incremento constante de la tasa de prisionización, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y en la vulneración de derechos de las personas detenidas". 

Atento a ello y "sin desconocer los graves hechos delictivos acaecidos recientemente en la provincia", el Consejo advirtió que "toda respuesta estatal debe ser ajustada a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos". Por ello, en el primer punto de la resolución, se decidió "instar a la provincia a la pronta creación y puesta en funcionamiento de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura".

En abril, miembros del Consejo Federal habían estado en Rosario tras la polémica suscitada por las requisas realizadas en Piñero – también había sido controvertida, la difusión de fotos con escenas al estilo Bukele- y presuntas torturas ejercidas en ese marco, que dieron lugar a la presentación de varios Hábeas Corpus. Por la misma razón, el mismo Comité mantuvo también un encuentro a solas con Gutiérrez, como presidente de la Corte.

El Museo Internacional para la Democracia, ubicado en calle Sarmiento 702 de la ciudad de Rosario, se sumó a la versión verano de la Noche de los Museos Abiertos, organizada por el gobierno local. Con más de 4 mil visitantes, se consolidó un fin de semana exitoso para uno de los espacios que más invitan a la reflexión sobre la Democracia en la ciudad.

Según contó a El Litoral Marina Sala, directora del museo, funciona todos los días de martes a viernes de 10 a 17 y sábado de 11 a 15. “Tiene una muestra permanente en el subsuelo cuyo salón central se apalanca sobre declaración de Derechos Humanos, tomando ocho artículos en ocho vitrinas, y tiene dos salas laterales que trabajan sobre explotación, migración y dictaduras”.

Además, cuenta con un “salón de muestras temporarias”. El acceso al museo es libre y gratuito. Hay mediadores que proponen visitas guiadas, también se puede recorrer de forma independiente.

“En la planta baja y el subsuelo se desarrollan eventos, conferencias, presentación de libros, pero Fundación para la Democracia la desarrolladora del museo lleva adelante charlas para fomentar el debate sobre diversos temas”, detalló Sala.

Si bien todos los años se lleva adelante la Noche de los Museos y “nosotros formamos parte”, esta vez “fuimos el único privado que se sumó a esta edición; es uno de los pocos que participan, y es una noche linda, porque mucha gente que no conoce el museo se acerca y después vuelven con más tranquilidad a visitarlo”, expresó la directora.

Ubicado en Sarmiento 702, aborda los dilemas más urgentes de las democracias contemporáneas.

“En cuatro horas pasaron 4 mil personas, es un montón. Las personas disfrutan mucho del espacio. Es un desarrollo al que nos gusta sumarnos siempre. Son 2.800 metros cuadrados de muestra y se llenó por completo. Es una alegría”, contó con alegría Sala.

Este ícono de Rosario “trabaja sobre los dilemas más urgentes de las democracias contemporáneas, por eso se llama Museo para la Democracia y no de la Democracia. Es un espacio que tienen en sus salas disparadores para invitar a la reflexión e invita a pensar cómo podemos mejorarla”.

“Sabemos que la democracia es un sistema imperfecto, creemos que es el mejor, pero también vemos que necesita mucho trabajo y nuestra propuesta es un espacio para pensar sobre cómo podemos construirla de mejor manera desde nuestro lugar, nuestro saber, qué aporte podemos generar para hacerla más participativa, inclusiva, más justa y más equitativa”, concluyó Sala.

La inauguración oficial fue el 24 de abril de 2019. El lugar guarda una historia más que interesante, ya que allí funcionó el histórico Café Cifré hasta su cierre definitivo, en 1959. Luego, el banco Citibank operó en ese edificio hasta 1997, dejándolo en un estado de abandono casi total.

Sin embargo, desde 2011 comenzó un proceso de restauración único en su estilo, y sus puertas se volvieron a abrir para dar a conocer los avances en el largo proceso de recuperación del edificio y para exhibir algunos de los valiosos documentos y objetos de colección.

En 2001, después de varios años de trabajo, el empresario social argentino Guillermo Whpei instaló allí el primer Museo para la Democracia privado del mundo. La restauración llevó más de una década y continúa en la actualidad.

“Se trata de un proyecto cultural concebido con el objetivo de generar un espacio plural e inclusivo, desde donde promover los valores de libertad, justicia, democracia y respeto por los derechos humanos”, explicó Whpei.

En ese sentido, ponderó que “cada una de sus diferentes salas pueden ser vistas como un espacio abierto a la reflexión y el análisis de los dilemas de la democracia en la escena contemporánea”.

“El Museo es una ventana abierta al mundo del presente, a sus zonas de sombra, pero también a sus territorios de luz, en los que hombres y mujeres batallan por ampliar los ideales de equidad y de justicia, pilares esenciales de cualquier sistema democrático”, consideró el titular del Museo.

El gobierno de Venezuela anunció su decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dio un plazo de 72 horas para que el personal afectado a esa dependencia abandone el país. "Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela", informó un comunicado del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La medida tomada por el gobierno venezolano es una respuesta a la postura que esa oficina de la ONU expresó en un comunicado, en el que señaló su "profunda preocupación" por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada por el Gobierno de "terrorismo". "Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país", indica el comunicado de la administración de Maduro.

El documento oficial, publicado en la red social X por el canciller, Yvan Gil, señala además la determinación venezolana de "realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos treinta días". En ese marco, solicitó que "el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas".

El martes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había denunciado una "campaña feroz" desde el extranjero tras la detención de San Miguel, que será imputada por "terrorismo", "traición a la patria" y "conspiración". "Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano", indicó Saab en un comunicado publicado en la red social X.

Previamente, Saab había informado que el Ministerio Público solicitaría al tribunal contra terrorismo que lleva el caso "privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros". San Miguel fue detenida el viernes 9 en la migración del aeropuerto de Maiquetía, en el estado de La Guaira, que sirve a Caracas.

La defensa de San Miguel denunció que tanto ella como cinco de sus familiares -su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo - sufrieron "desaparición forzada". La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la ex presidenta Michelle Bachelet ocupaba esa posición.

Antes de dejar el cargo, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba "mucho por hacer". Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.

El comisionado se reunió entonces con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Señaló que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país. La labor principal de la oficina técnica consiste en "brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas" en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Carta de Derechos Humanos. Actualmente, los derechos humanos están más amenazados que nunca en todo el mundo. Alemania intenta contrarrestarlo. Cuando Annalena Baerbock visitó China, en abril de este año, rápidamente se dio cuenta que aún hay que trabajar mucho para protegerlos: en la conferencia de prensa conjunta con su homólogo chino Qin Gang, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania se vio en la necesidad de criticar abiertamente las violaciones de los derechos humanos contra los uigures, a lo que el representante del gobierno de Xi Jinping respondió que lo que menos necesita China "es un maestro de Occidente" y que, después de todo, "no existen normas universales en el mundo" para la protección de los derechos humanos.

"Pero sí existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas", le replicó inmediatamente Baerbock, sin poder contenerse. Ocho meses después, la funcionaria europea dijo: "En mi opinión, la visión universal que nos supo guiar está siendo atacada actualmente de forma masiva, y precisamente por eso los derechos humanos universales son más importantes que nunca".

La ministra alemana de Asuntos Exteriores dio esas declaraciones en un acto organizado por el grupo parlamentario de su partido, Los Verdes, en el Bundestag. La ocasión surge, en realidad, como un motivo de celebración, con el especial recuerdo de la labor de Eleanor Roosevelt. Y la defensa de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, como una tarea para Alemania.

En 1948, sólo tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordaron por primera vez los derechos fundamentales que se aplican a todas las personas en la Resolución N° 217 del organismo con una frase muy simple: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Por eso mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada un hito para la comunidad internacional.

Para Baerbock, 75 años después, el documento es un mandato de la política exterior alemana, pero, al mismo tiempo, los derechos humanos también están en grave peligro. Y no sólo en el conflicto de Cercano Oriente o en la guerra de Rusia contra Ucrania. Alemania también debe velar cada minuto para que no se olvide la situación en Bielorrusia, la de Darfur, o la situación de los yazidíes.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también cree que la Carta de Derechos Humanos está bajo presión, pero en su mensaje en vídeo destaca lo que se ha logrado en los últimos 75 años: "Los derechos humanos se han convertido en una parte integral de la gobernanza y la toma de decisiones. Movimientos como Black Lives Matter, Me too, Fridays for Future, así como el activismo indígena, el feminismo y las protestas de mujeres han animado a las personas a defender sus derechos y luchar contra la injusticia. Los tribunales de algunos países, incluso, han responsabilizado a los perpetradores y reconocido el derecho a un medio ambiente sano".

La ONU enumera que la cifra de personas que huyen ha aumentado a 110 millones de personas, 50 millones viven en esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 735 millones de personas son consideradas desnutridas, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. A todo ello se suma la situación en Israel, Gaza y Ucrania, y las consecuencias de la crisis climática.

"Lo que estamos viviendo actualmente ha superado dramáticamente mi peor escenario hace diez años, no lo habría creído posible. En los últimos años no sólo ha habido retrocesos, sino auténticos colapsos. Por el avance de los regímenes autocráticos, y también por las tendencias a la autocratización dentro de las democracias establecidas", afirma el historiador Heiner Bielefeldt.

Por su parte, Bielefeldt, que es titular de la cátedra de Política de Derechos Humanos en la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, dice a DW que "la guerra de Rusia contra Ucrania es una bofetada a los derechos humanos. Es más que una violación, es es la completa ignorancia; es decir, la cínica eliminación de incluso las normas más mínimas en una guerra".

Bielefeldt elogia el hecho de que la Corte Penal Internacional de La Haya, encargada de investigar graves delitos contra los derechos humanos, haya dado exactamente la respuesta adecuada con la orden de detención internacional contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

¿Y cómo está la situación en Alemania? Una organización internacional de vigilancia rebajó recientemente la calificación del país de "abierto" a "deteriorado" en materia de derechos humanos y libertades civiles debido a su rígido trato a los activistas climáticos. Sin embargo, el experto en derechos humanos afirma que es sorprendente cómo Alemania está intentando reforzar las estructuras de protección internacional de los derechos humanos, que están bajo una enorme presión, a través de iniciativas internacionales:

"Alemania también ha estado muy comprometida con la justicia penal internacional. El primer juicio global contra la tortura estatal en Siria tuvo lugar en Coblenza, en territorio alemán, aplicando el principio penal universal, según el cual un tribunal alemán puede juzgar un caso aunque ni los autores ni las víctimas sean alemanes", destacó Bielefeldt.

En tiempos tan difíciles desde el punto de vista geopolítico, esto sería más importante que nunca, porque no significa aislarse cómodamente y hablar sólo con democracias supuestamente intachables desde el punto de vista moral, afirmó Annalena Baerbock en la conferencia sobre la Carta de los Derechos Humanos. Y el historiador Bielefeldt también ve ahí un enorme reto para Alemania en el futuro.

Anna Eleanor Roosevelt (1884-1962) fue, entre otras cosas, una renombrada escritora, activista por los derechos civiles y política estadounidense. Primera dama de Estados Unidos desde el 4 de marzo de 1933 hasta el 12 de abril de 1945 -durante los cuatro períodos presidenciales de su primo y esposo Franklin Delano Roosevelt-, se desempeñó como delegada de su país en la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1945 a 1952. El ex presidente Harry S. Truman la llamó alguna vez "Primera Dama del Mundo", por sus avances en materia de derechos humanos.​ Era sobrina de Theodore Roosevelt.

* Por Oliver Pieper - Agencia Deutsche Welle (DW)

(Por Nicolás Loyarte) - El intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, confirmó este lunes que analiza el ofrecimiento para ser el secretario de Derechos Humanos de la Provincia del gabinete del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, desde el 11 de diciembre próximo. La confirmación la realizó el mandatario local durante una rueda de prensa. “Creo que, como dijo alguna vez un presidente, si queremos hablar de Derechos Humanos debemos hablar de derechos sociales”, se posicionó.

Ante las repreguntas de la prensa, Jatón dijo: “La tarea de un intendente es diaria, nos queda mucho por hacer, hoy tengo muchas reuniones, así que yo les pido que hablemos de esto después del 10 de diciembre, por favor”.

La semana pasada había trascendido que Jatón podría ocupar cargos en Aguas Santafesinas, en la EPE o en el canal de televisión pública de la provincia. También circuló la posibilidad de que retorne a su profesión en el ámbito privado. Pero ahora fue el mismo intendente de Santa Fe quien confirmó que podría ser el secretario de Derechos Humanos.

-¿Quién más de su gabinete se sumará al equipo de Pullaro?

-Hay muchos, en el ámbito de la cultura, la logística, jurídico, son varios quienes ocuparán cargos en el futuro gabinete.

El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres, denunció este martes ante el Consejo de Seguridad "violaciones claras del derecho humanitario" en la Franja de Gaza, lo que llevó a Israel a pedir su renuncia, mientras las autoridades militares aseguraron que la ofensiva terrestre que preparan contra Hamas en el enclave palestino está demorada por cuestiones tácticas.

En tanto, continuaron los bombardeos, que ya dejaron casi 5.800 muertos, y la OMS exigió un "alto el fuego humanitario" para poder distribuir ayuda de forma segura.

"Ninguna de las partes en un conflicto está por encima del derecho humanitario internacional", dijo Guterres, quien recordó que incluso la guerra "tiene reglas".

El jefe de la ONU condenó al grupo islamista Hamas por el ataque del 7 de octubre en territorio israelí que dejó 1.400 muertos, la mayoría civiles, pero al mismo tiempo recordó que la población palestina ha sido objeto de "56 años de ocupación sofocante".

"Han visto cómo su tierra era devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia; su economía, asfixiada; su población desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo", dijo Guterres ante un concurrido Consejo de Seguridad, que no aprueba una resolución sobre el conflicto entre Israel y Hamas desde 2016.

"Señor secretario general, ¿en qué mundo vive?", le contestó el canciller israelí, Eli Cohen, tras recordar que su país "no solo tiene el derecho de defenderse", sino también "el deber de hacerlo".

A la vez, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, pidió la renuncia "inmediata" de Guterres.

"El secretario general, que se muestra comprensivo con la campaña de asesinatos masivos de niños, mujeres y ancianos, no es apto para dirigir la ONU", escribió en la red social X (ex Twttter)

מזכ״ל האו״ם מנותק מהמציאות וחייב להתפטר‼️עמדתי היום בכניסה למועצת הבטחון יחד עם משפחות החטופים וקראתי למזכ״ל להתפטר. מזכ״ל שמחפש צידוק לטבח הנורא שבוצע בנו לא יכול להישאר בתפקידו. כל יום מעכשיו שהוא ממשיך בתפקידו הוא ביזיון ומוכיח שלאו״ם אין זכות קיום! צפו ורטווטו>> pic.twitter.com/v960jTCAqJ

Para el canciller palestino, Riyad al Maliki, la inacción del Consejo de Seguridad que no ha logrado alcanzar una posición unida sobre la guerra entre Israel y Hamas, es "imperdonable", porque "tiene el deber de pararlas".

Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre, el Ejército israelí bombardea la Franja de Gaza y, desde hace varios días, dice estar preparando una posible operación terrestre contra el grupo palestino, que gobierna la pequeña región de 2,4 millones de habitantes ubicada entre el mar Mediterráneo, Israel y Egipto.

Sin embargo, el jefe del Ejército israelí, teniente general Herzi Halevi, dijo hoy que la ofensiva terrestre estaba demorada por cuestiones "tácticas e incluso estratégicas", pero que las tropas estaban listas y que esto les daba más tiempo para estar mejor preparadas, a la espera de la orden del Gobierno.

"Israel está en medio de una guerra que fue lanzada por el grupo terrorista Hamas. Ya lo está lamentando", dijo Halevi en una conferencia de prensa en la frontera con Gaza, donde Hamas tiene a unos 220 rehenes, tanto israelíes como extranjeros.

Tanto Estados Unidos, principal aliado de Israel, como Irán, su principal enemigo, han dicho que una ofensiva terrestre israelí en Gaza podría desatar un conflicto más amplio en Medio Oriente, incluyendo ataques a tropas estadounidenses desplegadas en la región de parte de milicias chiitas proiraníes de Siria, Líbano, Irak y Yemen.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con los líderes de Israel durante una visita al país en la que pidió al Gobierno relanzar las negociaciones para la creación de un Estado palestino y propuso que la coalición internacional que combate al grupo yihadista Estado Islámico en Siria e Irak también luche contra Hamas.

"La seguridad de Israel no puede ser sostenible sin un proceso político con los palestinos, que tienen derecho legítimo a un Estado", dijo Macron, que acompañó su mensaje de una condición previa inequívoca: la erradicación de Hamas, algo que ha prometido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En conferencia de prensa junto al líder francés en Jerusalén, Netanyahu dijo que su país haría todo lo posible para que las hostilidades no se prolonguen, pero advirtió que, aun así, "podría ser una guerra larga".

En Ramallah, la capital de Cisjordania, el mandatario francés se reunió el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, y expresó que el ataque de Hamas contra Israel fue "también una catástrofe para los palestinos" y aseguró que "nada puede justificar el sufrimiento" de los civiles en Gaza.

En tanto, el Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas dijo que en las últimas 24 horas murieron más de 700 personas en la franja por los ataques israelíes, con lo que la cifra de fallecidos desde la última escalda de violencia subió a al menos 5.791, entre ellos más de 2.300 niños.

El enclave palestino está bajo "asedio total" desde el 9 de octubre, sin suministros de agua, comida, electricidad y combustible, aunque desde hace unos días comenzó a recibir ayuda humanitaria a cuentagotas por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que casi las dos terceras partes de los centros médicos de Gaza -46 de 72, incluyendo 12 de 25 hospitales- dejaron de funcionar en medio de un gran incremento de los ataques de Israel en el territorio.

Por eso, denunció que el sistema sanitario de la Franja de Gaza se "desintegra", por lo que exigió un "alto el fuego humanitario" para poder distribuir la ayuda de forma segura.

Durante su incursión el 7 de octubre, los combatientes islamistas también tomaron a unos 220 rehenes.

La semana pasada, Hamas liberó a dos rehenes estadounidenses y ayer hizo lo propio con dos ancianas israelíes, que llegaron hoy de madrugada a un centro médico en Tel Aviv, donde esperaban sus familiares.

Una de ellas, Yocheved Lifshitz, de 85 años, contó el "infierno" que atravesó cuando fue secuestrada en Israel y llevada a una "telaraña" de túneles en Gaza, dijo que fue bien tratada y criticó al Ejército por no haber evitado los ataques del grupo palestino.

"Pasé por un infierno que nunca habíamos imaginado", dijo Lifshitz en declaraciones a periodistas en el hospital de Tel Aviv, al que fue llevada horas después de que Hamas la entregara a autoridades de Egipto.

Dijo que los combatientes de Hamas "arrasaron" la comunidad agrícola donde ella vivía, que sus captores le quitaron el reloj y las joyas y luego la obligaron a caminar por campos antes de llegar a una red de túneles en Gaza similar a "una telaraña".

Agregó que bajo tierra pudo ver a un grupo de otros 25 rehenes, que sus captores fueron amables, les compartían comida, y les dieron atención médica y colchones, y cuidaban de la higiene del lugar donde estaban.

Hamas dijo este lunes que liberaba a Lifshitz y Nurit Cooper, de 79 años y también de Nir Oz, como un gesto humanitario y tras una mediación de Qatar y Egipto. El marido de Lifshitz, Oded, de 83 años, permanece cautivo.

El Ejército israelí lanzó panfletos en la Franja de Gaza para pedir a los residentes del enclave palestino que faciliten información sobre la ubicación de los más rehenes.

"Si quieren un futuro mejor para ustedes y sus hijos, den información tangible y útil sobre los rehenes retenidos en la zona", afirmó el mensaje, escrito en árabe, según indicó el Ejército en su página web.

"El Ejército de Israel promete que hará lo posible para garantizar su seguridad y la de su casa y le dará una recompensa económica. Prometemos total confidencialidad", agregó.