Campolitoral

Entre los aspectos más relevantes del acuerdo UE–Mercosur se destaca el compromiso de eliminar, a partir del tercer año de vigencia, los derechos de exportación para la mayoría de los productos agroindustriales enviados a la Unión Europea.

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La única cadena exceptuada es la sojera, que mantiene un esquema de retenciones con un tope decreciente: 18% desde el quinto año de vigencia y una reducción gradual hasta alcanzar el 14% al décimo año.

Si bien el acuerdo aún debe ser ratificado por los parlamentos de ambos bloques, distintos estudios ya modelizan su impacto potencial.

Uno de ellos proyecta un escenario en el que la reducción de retenciones se extiende a todas las exportaciones, independientemente del destino, y lo compara con una situación base en la que los derechos se mantienen en los niveles actuales.

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Los resultados muestran un efecto positivo sostenido sobre la producción agropecuaria.

De aplicarse el esquema previsto en el acuerdo, la superficie sembrada con los seis principales cultivos —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— alcanzaría 41,46 millones de hectáreas en la campaña 2034/35, superando en más de un millón de hectáreas al escenario sin cambios tributarios.

Este aumento de área se traduce en un mayor volumen productivo. Hacia 2035, la producción total de esos cultivos podría llegar a 184,2 millones de toneladas, unas 10 millones más que en el escenario base.

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El maíz y la soja concentran la mayor parte de este crecimiento, seguidos por trigo y girasol, consolidando el rol del agro como motor de generación de excedentes exportables.

El impacto también se refleja en el comercio exterior. Bajo el escenario del acuerdo, las exportaciones totales de los principales complejos agrícolas alcanzarían 125,8 millones de toneladas en 2034/35, superando en 7,5 millones al escenario base. En términos de valor, las ventas externas agroindustriales ascenderían a casi 40.000 millones de dólares ese año.

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A lo largo de la próxima década, el acuerdo permitiría un ingreso adicional de divisas superior a los 10.500 millones de dólares. Incluso con la excepción parcial del complejo sojero, la menor carga tributaria favorecería un mayor procesamiento interno: el crushing de soja crecería en más de 4 millones de toneladas acumuladas, fortaleciendo la industria y el empleo asociado.

Como conclusión, el acuerdo UE–Mercosur aparece como una oportunidad concreta para revertir años de estancamiento productivo.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que el verdadero salto estructural para el agro argentino llegaría con la eliminación total de los derechos de exportación, combinada con mejoras logísticas. Más producción, más exportaciones y más divisas siguen siendo las claves para un crecimiento sostenido.

Teniendo en cuenta que la harina se obtiene de forma simultánea al aceite, los cambios en la producción de uno necesariamente afectan a las disponibilidades del otro. Con el segundo volumen de exportación del aceite más alto del siglo entre enero y noviembre del 2025, el análisis del mercado de harina resulta de especial interés.

Argentina consiguió colocar en los mercados externos 18,3 Mt de harina de soja entre abril y octubre de este año, de acuerdo con datos de la INDEC. La comparativa respecto al año anterior evidencia un descenso de un 10,3% entre campañas para este periodo. A pesar de esto, el número de embarques está un 10,5% por encima del promedio de los últimos cinco años en lo que va de la campaña.

Los valores exportados no siguieron un ritmo similar a los volúmenes. Cuando incorporamos la variable precio al análisis encontramos que, entre abril y octubre, el valor exportado de harina de soja en la campaña 2024/25 acumula US$ 5.404 millones, 23% menos que la campaña anterior. Asimismo, la campaña que corre acumula el tercer valor más bajo de la década.

Si aislamos el precio promedio, se aprecia que el valor FOB percibido por tonelada exportada de harina de soja es de US$ 296/t en este periodo, coincidente con 2018/19 y el más bajo desde 2006/7. Centrando nuestra atención en el último año, la variable se mantuvo en un continuo descenso.

En abril el valor era de US$ 312/t, para llegar a US$ 281/t en octubre. Este tema fue abordado en profundidad por la BCR.

Se trata de uno los productos para los que Argentina disputa el podio dentro de los líderes exportadores a nivel mundial. De acuerdo con cifras de INDEC, entre enero y octubre de la campaña que corre nuestro país logró un récord en tonelaje exportado de harina de girasol de 1,26 Mt, siendo la cifra más alta del siglo.

Esta cifra es un 28,6% mayor a lo conseguido la campaña anterior a esta altura, donde se habían totalizado 981.290 tn. El récord valdría también si realizamos nuestra comparación interanual con estimaciones propias de la BCR para noviembre y diciembre.

El auge del girasol contrasta con la caída histórica de los precios de la harina de soja

De esta forma, la marca acompaña al dato de exportaciones de aceite de girasol, que fue el segundo más alto del siglo, conformando un gran año para el complejo girasol.

Por su parte, los valores exportados de harina de girasol totalizan US$ 220,2 M, un 4,2% por encima del año pasado y 17,7% más que el promedio de los últimos cinco años para este periodo. Se observa que en 2020/21 se alcanzó un máximo en el siglo para los valores embarcados por un empuje en los precios en el mercado exportador.

En efecto, el precio FOB promedio por tonelada fue el más alto de la década, alcanzando los US$ 258/t. Desde esa campaña, las cotizaciones han ido decreciendo hasta alcanzar los US$ 170/t este año. Por lo tanto, se entiende que el valor exportado de este año esté en línea con el promedio del último lustro debido al viento en cola que aportaron los volúmenes, más que por precios.

En los últimos años se viene dando que varios países avanzaron en la dirección de políticas de promoción a biocombustibles más estrictas. Esta práctica suele darse en orígenes con grandes excedentes de producción de soja (como Brasil y Estados Unidos) que, en lugar de colocarse en los mercados de exportación, encuentra un destino en la industria.

Los mayores requerimientos de producción de biodiesel para cumplimentar estas normativas generan una demanda derivada de la oleaginosa para procesar y obtener aceite, llegando a convertirse en combustible vía ulteriores procesos. Sin embargo, recordemos que producto del crushing obtenemos mayormente y de forma necesaria harina por sobre aceites.

Por lo tanto, producto de las políticas gubernamentales, y en específico por la mayor producción de biodiesel, se generan grandes volúmenes de harina para vender en los mercados globales, ejerciendo una gran presión de oferta que empujó hacia abajo los precios FOB.

El auge del girasol contrasta con la caída histórica de los precios de la harina de soja.

Como correlato de lo anterior, la dinámica de los volúmenes de harina de soja vendidos en los mercados internacionales sigue un vertiginoso ascenso. Siguiendo datos de USDA, las exportaciones mundiales de harina hasta 2023/24 veían un crecimiento interanual promedio de 1,5% para los cinco mayores proveedores. Sin embargo, se vio un agudo salto en las cifras de exportación en el último año.

En la campaña 2024/25 el saldo de toneladas vendidas fue de 73,4 Mt, un 12,3% más que en el registro anterior y 18,4% por encima del promedio de los cinco años anteriores.

Se verifica nítidamente la existencia de una relación negativa entre el precio del aceite y el de la harina de soja en el caso de Argentina. En el gráfico siguiente vemos como las variaciones del FOB se mueven en direcciones opuestas, correlacionados entre sí.

Se observa que los precios relativos de exportación de entre harina respecto al aceite llegaron a mínimos históricos para Argentina en julio y agosto.

En un reciente informe publicado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), informan que las exportaciones de productos lácteos en junio de 2024 totalizaron 24.220 toneladas de productos, por un valor de US$ 90,8 millones. Esto implica una caída del 6,6%, y 6,7% en volumen de productos, y en monto total en dólares, respectivamente, comparadas con el mes anterior. Sin embargo, en la comparación interanual subieron 6% en volumen y 0,1% en monto en dólares y 7,9% en litros de leche equivalentes.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año aumentaron un 6,7% en volumen, cayeron los ingresos en dólares un 2,4% y los litros equivalentes superaron al período enero-junio de 2023 en un 13,0%.

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para el período enero-junio de 2024: 41,0% para leche en polvo; 31,5% para los quesos en sus diferentes pastas; 18,0% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); 9,5% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación por rubro de productos en función al volumen para el primer semestre del año respecto a igual período de 2023: Leches en Polvo +16,0%. Quesos +12,5%. Resto de productos -6,3%. Confidenciales -9,2%.

En litros de leche equivalentes (ene-jun 2024), las exportaciones crecieron el 13,0% y representaron el 28,3% de la producción total (en el primer semestre de 2023 representaron el 21,9%). En particular, en junio de 2024 las exportaciones tuvieron una participación del 19,6% sobre la producción total del mes.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.626 para ene-jun de 2024, lo que implicó una caída del 8,5% respecto al año 2023. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.494/ton., un 9,7% por debajo del año anterior.

Por otra parte, el precio promedio de exportación logrado en junio de 2024 medido en pesos, fue 271,2% superior al precio promedio logrado en junio de 2023, como referencia en igual período el IPC Lácteos creció 293,7%, el IPIM Lácteos el 300,4%, y el precio SIGLeA el 294,7%.

En ene-jun se da una participación similar de los habituales principales destinos de las exportaciones de LPE, Brasil en 51,4% y Argelia 39,0%.

Según destaca el informe, la cadena pedía al gobierno que se mejoren las condiciones de exportación, es decir, eliminar los derechos de exportación (DEX) y mejorar el valor del tipo de cambio. El Decreto 506/23 de Suspensión por 90 días de los Derechos de Exportación y los Decretos 549/23 que estableció un Tipo de Cambio Diferencial por 30 días (70% de dólar mayorista BCRA y 30% del dólar contado con liquidación) y el Decreto 597/23 (50/50), y luego del Decreto 28/23 (80/20) más la fuerte devaluación, vinieron a completar un panorama muy favorable para las exportaciones y generaron expectativas en función al mejor poder de compra de la leche para la exportación.

En ese sentido, vale destacar que el presidente Milei confirmó en la Expo de Palermo la eliminación de los DEX a los lácteos.

Cabe recordar al respecto que el destino de exportación se llevaba hasta noviembre el 20% de la producción total, y ya en enero la participación de las exportaciones estuvo entorno al 33,2% de la producción total, en febrero subió al 38,6%, en marzo cae al 29,4%, en abril se sostiene en 29,0%, en mayo cae fuertemente al 22,0%, y en el último mes disponible sigue bajando (y llegó al 19,6%).

El resto del destino de la leche se complementa con la venta del 70/80% de la producción que se debe colocar en el mercado interno, con un poder adquisitivo totalmente deteriorado por el proceso inflacionario (sobre todo de la clase media, principal demandante de lácteos de mayor valor agregado) y que generaron una disminución del consumo doméstico total de más del 17% para los primeros seis meses del año respecto a igual período del año anterior, de acuerdo al Balance Lácteo.

Según OCLA, "debemos estar muy atentos a la evolución del tipo de cambio que luego de la fuerte devaluación en diciembre 2023, se viene ajustando a un ritmo muchísimo más lento que la inflación y posiblemente de continuar esta situación volvamos a valores de septiembre de 2023 (cuando había fuerte retraso cambiario y vigencia de derechos de exportación y reintegros) en julio".

(Por Federico Aguer) - La multisectorial de la producción reclamó cambios de medidas mantenidas por la gestión Milei; la defensa de las economías regionales; advertencias sobre la fuerte presión impositiva; los problemas de producciones alejadas de puertos, y los precios de la vacuna contra la aftosa.

En este contexto, reiteraron el pedido de audiencia al presidente del Banco Central (BCRA), ante la falta de respuestas a lo solicitado hace ya más de tres meses, por el recargo en la tasa a los productores de trigo y soja con más del 5 % de existencias dada las necesidades crediticias ante la próxima campaña 24/25.

Con respecto al anuncio de facilidades para la importación de alimentos, "vemos el riesgo de que, si no hay igualdad de condiciones para la producción local, genera un riesgo muy importante para las mismas, tanto por la alta carga impositiva como por los costos que genera la inflación, especialmente en las economías regionales por su estructura de costos".

En una gacetilla difundida ayer, remarcaron que, en lo referido a los temas impositivos, "seguimos advirtiendo el severo perjuicio que generan los aumentos desmedidos de impuestos y la creación de tasas en varios distritos del país, que suman a la alta carga fiscal, los riesgos de caer en una doble imposición; tan solo con el fin de recaudar más y no racionalizar el gasto o brindar mejores servicios".

En este sentido, reiteraron el llamamiento a los legisladores nacionales, provinciales y municipales, que son quienes aprueban estas medidas con su voto. "En este marco, la alta carga impositiva, que se lleva el 65 % de la renta en general y aún más en ciertas producciones, significa un importante aumento en los costos de producción, no sólo por los aumentos en los combustibles (que tienen un 47 % de impuestos), de la logística, y ahora por el Impuesto país, aplicado a los insumos dolarizados".

Según denunciaron, gran parte de las producciones y en especial de las economías regionales, pasan por una situación crítica. Y ante esta situación, solicitaron tomar medidas urgentes de tipo fiscal y, por ejemplo, como señal y estímulo para la próxima cosecha, "la de anunciar ya una baja en los Derechos de Exportación, que promovería y daría la previsibilidad que incentive la producción y en consecuencia la economía del país".

Para las entidades, si bien esto es importante para todas las producciones, en el caso de muchas economías regionales que vienen con situación complicada y que además se basan en cultivos perennes, hacen imprescindible y urgente dar señales sobre el futuro de estas. "En este punto, es importante leyes que generen previsibilidad para promover el desarrollo económico, como serían la reforma laboral (poniendo límites a los costos de litigación), ley de Semillas (debidamente consensuada por las partes, donde se observe el reconocimiento de la propiedad intelectual como asimismo el derecho al uso propio del pequeño productor) y la Ley de Fomento a las Inversiones Agroindustriales (donde se prevé la amortización acelerada de inversiones, y la doble desgravación impositiva al uso de insumos como fertilizantes y semillas fiscalizadas)".

Otro punto que saltó a la luz es el costo de las vacunas. En el inicio de una nueva Campaña contra la Fiebre Aftosa, se presenta la preocupación por el alto costo de la vacuna, y particularmente en referencia a países limítrofes, por lo que adelantaron que se planteará este tema a los organismos de control para conocer los detalles de los mismos. Además, abrieron un período de consulta dentro de las entidades sobre el costo de la vacuna.

En cuanto a la logística en el inicio de la cosecha, expresaron la preocupación de aquellas zonas alejadas a los puertos, donde los altos costos de la logística hacen prohibitiva la producción. "Se hicieron planteos en cuanto a dar valor agregado a la producción primaria en sus puntos de origen, para lo cual se estudiarán temas vinculados a la inversión en biocombustibles y otros procesos que promuevan de agregado de valor, como así también la de plantear la necesidad de realizar o de mejorar las obras de infraestructura tanto ferroviaria, como vial y portuaria".

En este sentido, se destacó el potencial de las Economías Regionales y las inversiones en agregado de valor, para el arraigo rural y la generación de trabajo y empleos genuinos, en síntesis, para lograr un desarrollo económico sustentable y federal, de los pueblos del interior.

Finalmente, pidieron ser parte del Pacto del 25 de Mayo, al que convocó el Gobierno a fin de reconstituir las Bases de la Argentina.

Por Ignacio Hintermeister

La presión tributaria apunta a subir 2 puntos del PBI en 2024, pero será marginal lo que se derive de coparticipación a provincias. Así lo detallan Marcelo Capello, Nicolás Cámpoli y Juan Manuel López en el último informe de coyuntura del Ieral/Fundación Mediterránea.

"La reducción real de la recaudación nacional en el mes de diciembre (-19,8%) resultó mucho más pronunciada que la caída anual en 2023 (-7,2%), por cuanto la recesión fue avanzando durante el año, y en los meses finales se agregó el efecto de la reforma en Ganancias", expuso el documento.

En medio de las tensiones políticas entre Javier MIlei y los gobernadores que piden reponer lo que Sergio Massa y Frente de Todos sacrificaron en la fallida campaña del tigrense, financiada con recursos coparticipables, la medición del Ieral llega para ratificar que la gestión del libertario no baja los impuestos.

"En la primera mitad del año 2023, la recaudación nacional no coparticipable caía mucho más fuerte que la coparticipable, por el efecto principalmente del menor producido por Derechos de Exportación", dicen los autores del informe, en clara referencia a la sequía que impactó en menores exportaciones, que a su vez generan retenciones que no se coparticipan.

"En cambio, en el último trimestre del año, cayeron menos los recursos no coparticipables que los coparticipables, por el aumento en el impuesto PAIS (no coparticipable), y por la reforma en Ganancias (coparticipable)", que eliminó la carga sobre la cuarta categoría de ese tributo.

"Se estima que la recaudación nacional pasará del 22,8% del PIB en 2023 a 25,1% en 2024, con una suba de 2,3 puntos porcentuales, especialmente por lo que pueda ocurrir con los tributos que dependen del comercio exterior. Los que están más ligados al consumo y la actividad en el mercado interno, tendrían un leve retroceso", dicen los autores.

La referencia es -en la escena inversa a la de 2023- un año en el que la actividad agroindustrial se recupera y la nominalidad de la recaudación en pesos se incrementa por el efecto de la devaluación, en tanto la inflación no compense aquél 54% de baja relativa del peso frente al dólar dispuesta por Luis Caputo.

"Si se tiene en cuenta la forma en que se distribuyen los tributos entre Nación y Provincias, y considerando que algunos de ellos no se coparticipan en absoluto (DEX, DIM, PAIS, Cheque, seguridad social), las transferencias automáticas a provincias serían equivalentes a 7,8% del PBI en 2024, contra 7,6% en 2023 y 7,9% en 2022. Esto es, subirían 0,2 puntos del PBI en 2024 respecto al año anterior".

Advierten los economistas del Ieral/Fundación Mediterránea que "si la comparación se realiza en pesos constantes, el sector público nacional mejorará sus ingresos tributarios netos de coparticipación a provincias en un 13,1% en 2024, mientras las transferencias a provincias lo harán un 0,8%. En 2023, la variación anual real había resultado negativa para ambos: -9,3% la recaudación nacional neta, y -6,2% las transferencias automáticas a provincias". El efecto, en este caso, incluye el impacto que tendrá sobre la recaudación -por ejemplo del IVA- el impacto de la inflación a pesar de la recesión.

(Por Juan Manuel Fernández) - Tras recibir el documento que redactaron productores e industriales lácteos, solicitando una serie de medidas que eviten el colapso del sector, el ministro de Economía Sergio Massa convocará a las partes el próximo miércoles, según publicó en la red social X (ex Twitter) el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

Con fecha del 14 de septiembre, la misiva -que escribieron en la sede de Meprolsafe el lunes 11 varias entidades de la producción y el sector industrial- plantea cinco pedidos concretos a las autoridades para evitar el daño que provocaría el sobre stock de mercadería, generado por un mercado interno deprimido y la caída de cotizaciones internacionales: quita de Derechos de Exportación (DEX) en todas las posiciones arancelarias de los lácteos; establecer un equivalente en pesos por dólar exportado, en iguales condiciones al conocido como Soja Versión IV (que nos eleva mucho costos y alquileres); acelerar el pago del Programa Impulso Tambero; autorizar las siras de importación del sector lácteo y pago de los mismos; y modificar el Precio de Referencia de Aduana y ajustarlo a los valores actuales del Mercado Internacional.

Luego de anticipar que este lunes 18 se iniciarían los primeros pagos de la segunda edición del Programa Impulso Tambero, Bahillo indicó en X que el ministro le solicitó que convoque a productores, industriales y trabajadores del sector lácteo, así como a los ministros de las provincias lecheras, "con el fin de escuchar y analizar la situación del sector lechero".

Al respecto, desde Meprolsafe indicaron a Campolitoral que están al tanto de una posible convocatoria, pero aún no recibieron ninguna comunicación oficial. "Respecto a reunión conocemos que habrá, pero no tenemos precisiones a esta hora", sostuvo un directivo.

Durante su paso por la Rural de Palermo, fuerzas políticas del oficialismo y la oposición realizaron propuestas de reducir a cero las retenciones a las economías regionales. Si bien es un tema que de tanto en tanto vuelve a la agenda pública, a la fecha no existía una estimación precisa de cuánto aporta el sector en materia de Derechos de Exportación. Esta semana, la Bolsa de Comercio de Rosario le puso números finos al asunto: en base a datos de exportaciones de 2022, se estima un aporte de U$S 470 millones, un monto equivalente al 0,074 % del PBI.

Según el trabajo de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad, casi 7 de cada 10 dólares generados por las economías regionales en exportaciones están afectadas por el impuesto. Ello es así porque durante 2022 los diversos complejos exportadores dentro del grupo analizado concretaron despachos por U$S 10.067 millones, con un 65% de dicho valor exportado afectado por alguna alícuota de Derechos de Exportación.

“Se estima una detracción de retenciones por un monto de US$ 470 millones en base a los datos de exportación de 2022, que equivale a un aporte en recaudación de 0,074 % en relación al Producto Interno Bruto”, señaló el informe, que destacó que la reducción a cero del impuesto “es un paso fundamental que se debe realizar para no quitar competitividad exportadora a dichas economías“.

En el siguiente cuadro, la BCR detalló cuál es el aporte estimado de cada uno de los sectores de las economías regionales en materia de retenciones actualmente:

“Más allá de la competitividad que tiene el sector agroindustrial en nuestro país, casi todos los productos regionales han perdido participación en el mercado mundial desde el año 2010 a la actualidad. Esto quiere decir que, Argentina se queda atrás en competitividad y pierde importancia en las exportaciones de estos productos. Es decir, esto refuerza la idea de la necesidad de políticas que apoyen la producción y agregado de valor para no quedar poco a poco relegados en un mercado internacional muy competitivo que no es estático y necesita de permanentes acciones tendientes a no perder posiciones en el mercado mundial”, concluyó el informe.

A su vez, la Fundación Apertura publicó un informe en el que señala que “sin darnos cuenta, las retenciones hundieron la economía de Santa Fe”. Según advierten, por las retenciones, los productores de nuestra provincia, perdieron el año pasado 2.700 millones de dólares, y en 20 años los productores santafesinos perdieron 55 mil millones de dólares.

El impacto es todavía mas grave, “porque por el efecto Multiplicador del gasto que hubiéramos generado el año pasado, un incremento de la actividad económica provincial de alrededor del 10% del PBG (Producto Bruto Geográfico), o 5.000 millones de dólares. “Tomando la quita directa e indirecta generada por las retenciones en 20 años, los santafesinos perdimos más de 110.000 millones de dólares.

Si los productores cobraran la producción sin retenciones, la destinarían a gastarla en sus pueblos y ciudades o a invertirla en equipos y construcciones en sus explotaciones, así, los que realizan las obras y fabrican los equipos, su vez vuelven a gastar lo que genera más actividad y gasto, lo que produce una multiplicación de la actividad económica.

“En forma prudente estimamos un efecto multiplicador de 2, pero si fuéramos más optimistas, el índice podría ser 2,5 o 3, con lo que el impacto en el PBG de Santa Fe seria del 15% anual. Esta cifra millonaria que todos los años pasa directamente al Estado Nacional, corta la rueda económica local que no genera gastos ni consumos en nuestra Provincia. Tampoco genera empleo, ni construcción de casas, no se construyen rutas y calles, no se avanza la electrificación urbana ni rural, no se avanza en conectividad urbana (la conectividad rural es casi nula), no se reponen las maquinarias agrícolas al ritmo que se necesitan (el parque se está envejeciendo año a año), no se invierte en la infraestructura de los campos, en definitiva, se pierde inversión, empleo y consumo.

Según manifiestan, sin retenciones, en nuestra provincia se crearían 50.000 empleos adicionales con lo que bajaríamos el desempleo actual a menos de la mitad. “Pensemos en el alivio social que se generaría por esta fuerte baja del desempleo. Recordemos que la situación social de Santa Fe ha empeorado más que en el país. Hace 25 años la pobreza de Santa Fe era la mitad que el promedio nacional, ahora estamos en el promedio nacional, es decir que nuestra tasa de pobreza está creciendo más que el promedio. Esto pasa porque la economía de Santa Fe perdió capacidad de inversión privada”.

Además, critican la falta de firmeza para defender los intereses provinciales. “A veces nos dicen que las retenciones son imprescindibles para mejorar las finanzas de nuestra provincia y de los municipios y comunas. Pero es al revés, ya que por efecto de las retenciones cae la actividad económica en forma brutal y crónica (más de 20 años) y por ende cae la recaudación de impuestos y tasas de la provincia y de los municipios”.

Es más, sin retenciones, la provincia lograría una recaudación equivalente a duplicar su presupuesto de Obras Públicas cada año. “Pensemos los santafesinos qué infraestructura tendría hoy nuestra provincia si en estos últimos 20 años hubiéramos construido el doble de obras públicas por cada año. El aumento del consumo también hubiese mejorado la recaudación de recursos propios, de las arcas de los Municipios y Comunas, pudiendo disminuir impuestos, tasas, y hasta eliminarlos”.

Por otro lado, destacan el impacto a nivel empresario y productivo. “Las retenciones y las malas políticas nacionales y locales hacia la actividad agropecuaria, expulsaron a casi 100 mil productores en los últimos 20 años. Ex productores que terminaron alquilando o vendiendo sus campos a compradores de afuera del sector. El sector agropecuario es el sector económico que mas se achicó en estos 20 años, sin que nadie se diera cuenta”.

En Santa Fe, según los datos del Indec, entre los dos censos agropecuarios salió de la actividad el 29% de los productores, siendo una de las provincias que más productores perdió. Como consecuencia, en estos 20 años crecieron la pobreza y la indigencia, la economía está estancada y no tenemos reservas para pagar las importaciones mínimas. Esta muy instalado en el imaginario político que las retenciones son imprescindibles para que no aumente el precio de los alimentos. Nuestros vecinos no tienen retenciones y los alimentos no aumentan, y es bueno recordar que en Argentina el principal costo en la producción de alimentos es el impositivo. Los alimentos tienen una carga tributaria (de impuestos nacionales, provinciales y municipales) de casi el 40%. Esto teniendo en cuenta las tasas directas como los costos.

Por otro lado, sostienen que si bien está instalado el concepto que su eventual eliminación indirectos generados por el encarecimiento de costos de insumos para lo producción y distribución de alimentos (por ejemplo los fletes camioneros). ¿Qué hacen nuestros vecinos? En Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, países, tanto con gobiernos progresistas, no hay retenciones. Tampoco diferencial cambiario ni restricciones comerciales. “Nuestros vecinos se están desarrollando sin retenciones, independientemente de la bandera política de sus gobiernos, para todos, el desarrollo del agro es una Política de Estado.

“En estos países la cantidad de pequeños productores crece año a año. Crece la economía, crece muy fuerte la exportación y se terminaron las crisis de falta crónica de divisas, generaron empleo, bajaron la pobreza, la indigencia, bajaron la inflación y en definitiva sin retenciones mejoran la vida a su gente. Nuestros políticos El Gobernador y todos los partidos políticos santafesinos no toman conciencia de esta verdadera hecatombe económica y social”.

El informe sostiene que los políticos santafesinos desde el 2001 miran las retenciones como si solo fueran un problema de los productores con el Gobierno Nacional en donde la política local no sufre consecuencias. Como si fuera solo un problema entre los productores y el Estado Nacional. “Incluso, la mayor parte de los políticos, piensa que el campo tiene rentas extraordinarias por lo que las retenciones son justas. No saben que la información oficial muestra que ni la agricultura ni la ganadería tienen rentas extraordinarias, muy por el contrario, los trabajos técnicos oficiales muestran claramente que la renta agraria es más baja que la renta general de la economía”.

Además, la baja rentabilidad agraria coincide con la información oficial de todos los países vecinos y productores importantes del mundo. Esta confusión de nuestros dirigentes ha generado confusión en la ciudadanía que en muchos casos acepta las retenciones pensando que mejoran la situación de nuestra provincia. Muchos de nuestros políticos se convencieron que si se eliminan las retenciones crece el déficit fiscal.

Pero cuando nos preguntamos adónde va la plata de las retenciones, vemos por ejemplo que el “Régimen de Tierra del Fuego” se lleva casi todo lo que se le saca a los productores santafesinos por retenciones, con el agravante que además los consumidores pagamos la electrónica con un 40% de sobreprecio con la excusa que de esta forma se fortalece el desarrollo industrial. Desarrollo industrial que solo beneficia a 7 empresas armadoras que generan apenas 7.000 empleos, sin pensar que en Santa Fe podríamos generar sin retenciones, más de 50.000 empleos nuevos en un año.

“Estas 7 empresas, sin que nuestros políticos se den cuenta, nos sacan a Santa Fe fondos de coparticipación, porque no pagan ganancias y se quedan con el IVA que facturan. Diferencial cambiario ni restricciones comerciales. No podemos dejar de recordar la destrucción de todo el tejido productivo industrial, agropecuario y de servicios que genera la manipulación cambiaria y que está paralizando nuestra capacidad exportadora”.

“Tampoco podemos dejar de recordar la pérdida (no estimada con precisión) que genera en el agro la manipulación de precios y cierres de mercados que potencia el combo que está hundiendo al agro de nuestra provincia. Políticas gravísimas que solo mencionamos para no extendernos. Dentro de pocos días elegiremos a nuestro futuro Gobernador, también elegiremos a nuestros diputados y senadores. Necesitamos discutir la principal traba al desarrollo de santa Fe. Necesitamos discutir con datos como desarmar toda esta maraña que nos está empobreciendo“, finaliza.

La Confederación Rural Argentina (CRA) ha expresado su postura clara respecto a los Derechos de Exportación (DEX) sobre los productos del campo, instando a su eliminación total.

La entidad argumenta que mantener este impuesto distorsivo sería caer nuevamente en el facilismo populista y que es necesario adoptar una visión integral que priorice la producción y el desarrollo del país. Además, reitera que el campo es el principal generador de divisas y una pieza clave para solucionar el déficit fiscal y de balanza de pagos, por lo que la eliminación de los DEX sería beneficiosa tanto para los productores como para la economía en general.

En palabras de CRA: “Lo mejor para el país y para su economía -no sólo para los productores- es la eliminación total de los DEX. No se debe caer nuevamente en el facilismo populista de pretender solucionar el problema fiscal manteniendo en el tiempo este impuesto distorsivo.”

Según la entidad, los DEX tienen efectos negativos en la economía del país, ya que generan menos inversiones, menos empleo y menos ingreso de divisas por exportación. Además, se considera que son injustos y discriminatorios, ya que gravan de manera desproporcionada la actividad agropecuaria y las economías regionales, en contraste con otros sectores productivos. CRA defiende una menor presión tributaria y una equidad en la carga impositiva entre los distintos sectores productivos.

La entidad confederada argumenta que la eliminación total de los DEX podría desencadenar una explosión productiva, como ocurrió en 2016 cuando se eliminaron estos impuestos para el trigo y el maíz. En ese momento, se observó un notable aumento en la superficie sembrada de trigo, mejorando la rotación de cultivos y la sustentabilidad del suelo. La eliminación de los DEX permitiría generar más empleo, incrementar la entrada de divisas genuinas al país y garantizar la seguridad alimentaria para todos los argentinos.

“La estadística resulta incontrastable, sólo no la ven, quienes ignoran que es creciendo y exportando, como se sale del desastre económico y social actual.”, aseguran los ruralistas.

La entidad destaca que la eliminación de los DEX no es solo un pedido de las entidades rurales, sino que también existen proyectos de ley en el Congreso Nacional que proponen su eliminación. CRA insta a los precandidatos a presidente a considerar esta medida como parte de una visión integral del país, priorizando la producción y el desarrollo.

Para lograr un equilibrio fiscal, CRA sugiere revisar el gasto en obra pública y los subsidios económicos, así como reducir el “gasto político” y llevar a cabo una reforma del Estado. También se plantea la necesidad de simplificar los trámites burocráticos y evitar la superposición de niveles tributarios entre la Nación, las provincias y los municipios.

Con este pronunciamiento, la entidad del campo hace un llamado contundente a los precandidatos a presidente y a las autoridades del país para que adopten una postura que promueva la eliminación total de los DEX. Esta medida -aseguran- impulsaría la economía, generaría más empleo y garantizaría un mayor ingreso de divisas al país, posicionando al campo como una pieza fundamental para superar la crisis económica y social actual.

La recaudación impositiva registró en mayo ingresos por 3,18 billones de pesos, lo que significó un crecimiento interanual del 104,9 por ciento, impulsada por tres de los cuatro tributos más importantes que son el IVA, seguridad social y a los créditos y débitos bancarios que subieron en términos interanuales por encima del 100 por ciento como consecuencia de la inflación.

Así, en los primeros cinco meses del año los ingresos fiscales acumularon 12,46 billones de pesos, con una suba interanual del 92,5 por ciento, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En un comunicado de prensa emitido la noche del jueves, el organismo recaudador señaló que los ingresos “de los tres tributos más relevantes de la estructura impositiva argentina crecieron en mayo por arriba del promedio de los ingresos fiscales y de la variación interanual de los precios, en comparación con igual mes de 2022”.

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El comunicado señala que lo ingresado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) creció un 144,4 por ciento, por el impuesto a Créditos y Débitos en Cuenta Corriente un 139,9 por ciento y los ingresos de la Seguridad Social aumentaron un 117,8 por ciento.

Por el IVA Impositivo, que refleja el movimiento del consumo interno la recaudación llegó a los 624.811 millones con una suba interanual del 148,7 por ciento.

LA AFIP sostuvo que el crecimiento de estos impuestos “estrechamente vinculados a la actividad económica, demuestran que el mercado interno se mantiene en niveles relativamente elevados”.

Es más, en el comunicado del Palacio de Hacienda destacan que de excluirse los tributos vinculados con los derechos de exporrtación, los ingresos presentaron un crecimiento de 111,1% interanual.

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“Este desempeño se explica en parte por la implementación del monitoreo fiscal a través del control de las declaraciones juradas, de los cambios en los planes de facilidades para grandes contribuyentes, como así también del régimen de percepción de plataformas digitales y la optimización de la fiscalización sobre las actividades mineras”, agrega el comunicado oficial.

En comercio exterior, por derechos de exportación se recaudaron $ 177.420 millones, con un crecimiento del 36,5% y por la tasa de estadística a las importaciones los ingresos llegaron a $ 93.251, con una suba interanual del 106,5%.

El componente aduanero del IVA también registró una mejora en la recaudación, de 139,6 por ciento interanual, como resultado de la suspensión de los certificados de exclusión para determinados importadores y las percepciones de Ganancias efectuadas en Aduana se elevaron un 118,7 por ciento interanual, según informó la AFIP.

La mejora de la recaudación permitió que la masa de recursos que se coparticipa a las provincias permitió que en mayo las transferencias automáticas se incrementaran en un 110,4 por ciento por un alza de los ingresos coparticipables del 104,2 por ciento, desde diciembre pasado.

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Por tributos, el Impuesto a los Bienes Personales presentó un incremento de 183,2% interanual, afectado positivamente por la aplicación de la percepción a la compra de moneda extranjera implementada en octubre de 2022 .

Por otro lado, el Impuesto a las Ganancias registró un crecimiento de +84,9% interanual impulsado por el incremento en el monto de las remuneraciones gravadas y el monto de las operaciones alcanzadas.

Adicionalmente, el mes pasado se produjo el ingreso del saldo de la declaración jurada de sociedades con cierre en diciembre 2022 y contribuyó positivamente el incremento a las percepciones aplicadas a la compra de moneda extranjera dispuestas en julio de 2022.

Finalmente, los Derechos de Exportación e Importación en su conjunto mostraron un incremento de 54,5% interanual, en línea con el desempeño negativo de los meses anteriores debido al severo efecto de la sequía en lo que respecta a las ventas al exterior, si bien exhibiendo una mejora relativa esencialmente explicada en la instrumentación de la nueva edición del denominado dólar soja.

En particular, los Derechos de Importación y tasa estadística registraron un crecimiento de 106,5% interanual.

Con el objetivo de hacer aportes para “construir una Nación mejor” y revertir las tendencias negativas de las últimas dos décadas, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha elaborado un documento con ideas y propuestas para los candidatos que aspiran a asumir la Presidencia de la República Argentina tras las elecciones presidenciales de este año.

En el comunicado, la entidad expresa su preocupación por el incremento de la pobreza y la fragilidad laboral que ha caracterizado al país en los últimos años. Además, señala que el sector privado productivo ha sido desplazado por las políticas del Gobierno Nacional, lo cual ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico y social.

“Con el objetivo de forjar una Argentina renovada, llena de optimismo y con un futuro mejor”, CRA presenta una serie de ideas y propuestas fundamentadas en la necesidad de avanzar hacia una nueva economía y sociedad basada en la producción y el empleo privado. Según los ruralistas, “el modelo económico y social actual ha alcanzado su límite” y es necesario adoptar medidas que impulsen el desarrollo productivo y generen empleo y divisas.

Una de las principales propuestas de CRA es respetar un marco institucional sólido, que garantice estabilidad y seguridad jurídica para el sector agropecuario. Asimismo, se enfatiza la importancia de alcanzar equilibrios macroeconómicos que fomenten la inversión y la competitividad del sector.

Además, el documento destaca la necesidad de adoptar medidas concretas para impulsar la producción agropecuaria y fortalecer las economías regionales. Entre estas propuestas se encuentran la reducción de la presión fiscal sobre el sector, la eliminación de restricciones a las exportaciones y la implementación de políticas que promuevan la innovación, la tecnología y la sustentabilidad en la producción agropecuaria.

CRA argumenta que estas acciones no solo beneficiarán al sector agropecuario, sino que también contribuirán al desarrollo económico y humano del país en su conjunto. Asimismo, se resalta la importancia de trabajar en colaboración con otros sectores de la sociedad para lograr un consenso que permita implementar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

– Eliminar los Derechos de Exportación.

– Cambiar la estructura tributaria Nación-provincias- municipios, en favor de la producción y evitando la superposición de niveles tributarios.

– Reforma y capacitación laboral, reducción del costo laboral de las contribuciones patronales y de los riesgos de trabajo.

– Libertad de comercio interior.

– Libertad de comercio exterior

– Abrir más mercados de exportación para todos los productos y servicios del campo.

– Más financiamiento y crédito a largo plazo para aplicar a la producción.

– Infraestructura para la producción: basta de demoras.

– Sostenibilidad ambiental y producción.

– Investigación & Desarrollo, más trabajo conjunto.

– Bioeconomía: facilitar la transformación.

– Economías regionales: llegó la hora de ocuparse en serio, con varias medidas comunes, más allá de las necesidades y oportunidades de cada economía regional:

– Empleo y planes sociales, lograr una solución definitiva.

– Apertura de nuevos mercados de exportación.

– Seguro multiriesgo para el sector agropecuario y las economías regionales.

– Mayor equidad intra-cadena en la distribución de la renta productiva regional.

– Mayor acceso a la energía y al agua.

– Un plan vial integrador, para un mejor federalismo.

– Mejorar los FF.CC. de larga distancia, para un mejor federalismo.

– La hidrovía requiere soluciones definitivas.

– Drástica mejora en la inseguridad, abigeato y robos a mano armada en los campos.

Juntos por el Cambio se mostró muy firme en el rechazo del artículo 96 del proyecto de presupuesto nacional, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para subir retenciones, aunque con alícuotas que no podrán superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB.

“No estamos dispuestos a convalidar la suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo así como está escrito”, advirtió Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura.

El santafesino Luciano Laspina advirtió que “este congreso debe de alguna forma clarificar qué está pasando en materia de retenciones a exportaciones, cuáles son las disposiciones firmes y las delegaciones; queremos garantizar que las retenciones no van a subir”, dijo el vicepresidente de la comisión de Presupuesto.

El PRO planteaba retrotraer las retenciones al campo al 10 de diciembre de 2019, que en el caso de la soja supone una alícuota del 30%. “En trigo y maíz el gobierno tiene márgenes”, advirtió Laspina, quien recordó que no alcanza con el compromiso del secretario de Agricultura, Ricardo Bahillo, para no subir los derechos de exportación a la agroindustria,

Carlos Heller reconoció ayer que, con las modificaciones introducidas al proyecto de Massa, el gasto se incrementó en $320.655 millones “y contando”, ya que habría más erogaciones a incorporar antes de que el texto llegue al recinto.

La oposición no quiere que el gobierno central opere en año electoral con mucho margen de discrecionalidad; esa es la razón por la que condicionaron el apoyo al proyecto al hecho de que -si hay más recaudación por inflación no prevista- el Ejecutivo mande un proyecto de ley complementaria.

Sin embargo, todo recurso “no previsto” en la ley que eventualmente se sancione, queda como gasto “a sola firma” del presidente. Eso y la fuerte presión del kirchnerismo -que amenaza no vomitar el proyecto y reclama más fondos para el distrito de Axel Kicillof- interpela no sólo a la oposición, sino también a los intereses del resto de las provincias.

Cabe recordar que -como bien indicó el informe del CES/BCSF- la provincia de Santa Fe aportó al gobierno central US$2.262,8 millones por retenciones sobre los 6 principales complejos agroindustriales de la provincia de Santa Fe. Cada punto de alícuota que suba la Casa Rosada, es menos para los actores económicos locales y más para la decisión por decreto del gobierno central.

Ignacio Hintermeister El Litoral “La cadena de carne de vaca genera más de 400 mil empleos, de los cuales 100 mil se vinculan con el circuito de exportación, es decir, es el sustento de miles de familias”. En medio de las tensiones que genera la extensión de restricciones a la exportación de carne bovina, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina presentó un informe que evalúa las ventas argentinas al exterior en el primer semestre del año. Sólo en el sector bovino, el país exportó en 6 meses por U$ S 1.596 millones (555,2 mil toneladas) y aportó al fisco U$ S 127,3 millones sólo en derechos de exportación. “El 72% de las exportaciones vienen del campo. Las cadenas agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares”, dice Fada, que calculó el total de los embarques valuados en 26.500 millones de dólares. “Con la mitad de lo que producimos en nuestros campos nos abastecemos, el otro 50% lo vendemos al mundo”, describe Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. El “Monitor de Exportaciones” de las cadenas agroindustriales reseña que, a pesar del aporte sectorial decisivo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico afirma que “nuestro país es uno de los tres del mundo, que no apoya a la producción y, según el Banco Mundial, uno de los pocos que cobra Derechos de Exportación significativos. “La mayoría de los países no cobran o cobran poco, lo que ayuda al desarrollo de las regiones”, agrega Pisani Claro. Siguiendo a la OCDE, Argentina junto con India y Vietnam son los desincentivados, contrario a lo que pasa en países como Estados Unidos, China, países de Europa, Brasil, Canadá, entre otros.

“Según el Banco Mundial, en estos países sólo se cobra un menos del 1% en Derechos de Exportación. En Argentina se cobra entre un 15% y un 25%”. “Exportar significa invertir, ya que toda esa cadena necesita inversiones en maquinaria, plantas, camiones y puertos. Exportar mejora la infraestructura y los servicios públicos, a partir de los impuestos que los gobiernos recaudan a cada paso de las cadenas. Con la exportación ganamos todos, porque la actividad económica, los empleos y la inversión que impulsa la exportación significan más demanda para un kiosco, una carnicería o un negocio de ropa”, explicó Pisani Claro.

Lo que “pierden” las provincias Según los cálculos de FADA, Santa Fe aportó en seis meses al gobierno de Alberto Fernández, derechos de exportación por U$ S 803 millones de dólares por exportaciones de cereales y oleaginosas y otros U$ S 14,6 millones por embarques de carne bovina. AFIP recaudó un total de U$ S 5.214 millones en concepto de DEX (retenciones), “de los cuales el 92,2% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a U$ S 4.808 millones. Del total, el complejo soja explicó el 76%”. “Si se agrupan por cadenas -explica el documento- los cereales y oleaginosas explicaron el 92%, seguido por las cadenas cárnicas con un 3%, economías regionales 2%, lácteos 1% y el resto un 2%”. Por el lado de los cereales y oleaginosas, la provincia de Buenos Aires -al pagar retenciones- pierde ingresos por U$ S 1.335 millones, Córdoba U$ S 1.197 millones, Santiago del Estero U$ S 310 millones y Entre Ríos U$ S 221 millones. Por el lado del complejo bovino, al interior de la provincia de Buenos Aires dejan de ingresar U$ S 48,6 millones, seguidos por Córdoba U$ D 11 millones, Corrientes U$ S 10,8 millones y Entre Ríos con alrededor de U$ S 10,6 millones.

Un club de 5 En base a datos del Banco Mundial, FADA analiza la relación entre los DEX (derechos de exportación) y la recaudación tributaria nacional: de 33 países, en 25 representa menos del 1%, sólo en 5 países representa entre 15% y 25% (Argentina, Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y las Islas Salomón). “Un dato que no es menor, es que de los países que tienen una relación DEX/recaudación más elevada, Argentina es el único que tiene un perfil agroexportador”.