A través de la Resolución 1074/2023 publicada en el Boletín Oficial se conformó el Consejo Técnico Consultivo del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI)

La resolución, impulsada por la Secretaría de Comercio, tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de los consumidores en relación con la indumentaria, en línea con lo estipulado en la Constitución Nacional y la Ley N° 24.240.

Esta designación marca un paso importante en el desarrollo e implementación del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria, cuyo propósito es brindar una información clara y precisa a los consumidores, así como garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo en el ámbito de la indumentaria.

Con esta medida, se busca fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en relación con la indumentaria y fomentar la transparencia y la calidad en el mercado. El Consejo Técnico Consultivo del SUNITI será responsable de brindar asesoramiento y colaboración en la implementación y seguimiento de este sistema.

El Consejo Técnico Consultivo del SUNITI estará encabezado por el Dr. Alejandro Álvaro Alonso Pérez Hazaña, quien ocupa el cargo de Director Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo. A su vez, la Dra. Zulma Beatriz Cardozo, Directora Nacional de Reglamentos Técnicos, formará parte de este órgano asesor.

Asimismo, se designó a representantes de diferentes sectores relacionados con la indumentaria. En representación de las cámaras sectoriales vinculadas a la indumentaria, se encuentra el Sr. Cristian Fernando Urbinati, representante de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria (CIAI). Por parte de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, la Sra. Mercedes Estruch, de la Fundación Mardel Solidaria, ha sido designada como integrante del Consejo.

Las Asociaciones de Consumidores inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores también tienen su representación en el Consejo. La Sra. María Fernanda Lacey, en representación de la Asociación Unión de Usuarios y Consumidores, ocupará este puesto.

Además, las autoridades de aplicación locales del Consejo Federal de Consumo (CoFeDeC) eligieron a la Sra. María Betania Albrecht, representante de la provincia de Santa Fe, para formar parte del Consejo.

El Consejo Técnico Consultivo del SUNITI se completa con la participación de la diseñadora Silvia Ester Barretto, representante de los profesores regulares de las Universidades Nacionales de la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil; la Lic. Jesica Julieta Lavia, en representación del Ministerio de Salud; la Lic. Silvina Nilda Maddaleno, Coordinadora de Programas y Proyectos contra la Discriminación del INADI; y la Ing. Karina Rosana Bisciotti, en representación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

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La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y se espera que el Consejo Técnico Consultivo del SUNITI comience a trabajar en la elaboración de propuestas y medidas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos.

Las autoridades competentes, a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, dependiente de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, serán responsables de supervisar y garantizar la implementación efectiva de esta resolución.

Con esta iniciativa, se espera avanzar hacia una mayor protección y empoderamiento de los consumidores en el ámbito de la indumentaria, promoviendo la transparencia, la igualdad y el respeto de los derechos de los usuarios en sus elecciones de compra.

A través del mensaje Nº 5032 del Poder Ejecutivo Provincial, el gobernador Omar Perotti firmó el anteproyecto de ley para proponerle a la Legislatura un “Sistema Provincial de Protección de Derechos de las y los Consumidores”, una norma de vanguardia que, según afirman los funcionarios, generará avances significativos en la prevención, atención y resolución de los conflictos de usuarios y consumidores, atendiendo a las nuevas demandas del comercio y el consumo, y dejando atrás décadas de mecanismos administrativos ineficientes y faltos de seguridad jurídica.

La iniciativa, que además lleva las firmas de los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, propone un conjunto de prerrogativas de políticas públicas en materia de consumo, tanto para promover la educación, el ejercicio de derechos, el acceso a la información, la prevención de estafas, abusos y publicidad engañosa, como así también para atender un grave problema en el consumo posmoderno: el sobreendeudamiento.

Por otro lado, la norma propone la descentralización de funciones hacia los gobiernos locales con todas las facultades que hoy tiene el Estado provincial a través de la decisión propia de cada municipio o comuna en sus ordenanzas de adhesión. De esta forma, se consolida la política de delegación que ya adoptó la actual gestión provincial, la cual duplicó las Oficinas Locales del Consumidor, y también delegó la facultad de celebración de audiencias de conciliación.

En relación a la autoridad de aplicación, el proyecto propone que la ejecución de las políticas integrales en materia de defensa del consumidor siga en la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, para que a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, se pongan en marcha todos los mecanismos que la ley propuesta determina, a saber:

>> Un sistema de reclamos en la vía administrativa con procesos, plazos y la despapelización como premisas fundamentales;

>> un proceso de reclamo judicial con la gratuidad, celeridad, y participación de las partes involucradas apostando a juzgados y recursos más ágiles en el tiempo y los recursos;

>> la participación de las asociaciones de consumidores como actores claves en la protección integral de derechos del consumidor, haciéndolos parte del reclamo administrativo, las audiencias y los juicios;

>> el involucramiento de las universidades, colegios profesionales, municipios, comunas, y la comunidad académica para el asesoramiento y ejecución de las políticas de consumo;

>> el establecimiento de un procedimiento que haga efectivo el régimen de sanciones dispuesto por la legislación de fondo, es decir, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240.

Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, indicó que “cumpliendo lo informado en su discurso anual a la Legislatura el pasado 1º de mayo, el gobernador Omar Perotti está a su vez cumpliendo con las y los vecinos de la provincia. Merecemos tener mecanismos de prevención y resolución de los problemas diarios del consumidor y el usuario más ágiles, donde no tengamos que estar todos los días discutiendo si corresponde o no un reclamo, o si el plazo para resolverlo es mayor o menor. Con esta propuesta de ley Santa Fe va a tener mejores servicios de defensa del consumidor”.

“Esperamos volver a compartir visiones, proyectos, y tener una ley de defensa del consumidor muy pronto, y por eso queremos agradecer todos los aportes; ahora viene el momento del diálogo parlamentario”, concluyó.

Por su parte, la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, señaló que “esta ley es el fruto de un trabajo arduo, que nos llevó mucho tiempo, atendiendo a los aportes de diferentes sectores académicos, sociales, políticos y no gubernamentales, como así también el trabajo de la Comisión Santa Fe + Justicia que interactuó con la autoridad de aplicación”. Además, “las consultas con juristas y especialistas universitarios, y la discusión provincial que encaramos desde el gobierno, hicieron que hoy podamos proponer una ley de vanguardia, moderna, ágil y con la descentralización y la celeridad en como ejes”.