El recuento oficial al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú confirmó como ganadora a la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular (derecha), en la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.

Según detalló el organismo oficial, en la plataforma que muestra el cómputo en tiempo real, Fujimori acumuló el 50,135 por ciento de los votos válidos, mientras que su contrincante, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró el 49,865 por ciento.

En votos, Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez se llevó 9.173.755.

Su primera candidatura presidencial llegó en 2011, con solo 36 años —uno más del mínimo requerido—, bajo la bandera de Fuerza 2011. Pasó a la segunda vuelta con el 23,5% de los votos, pero el escritor Mario Vargas Llosa apoyó en el último tramo a su rival, el nacionalista Ollanta Humala, quien la derrotó con el 51,49% frente al 48,51% de ella. La diferencia fue de poco más de 447.000 votos.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Crédito: REUTERS/Angela Ponce

En 2016 llegó como favorita. Obtuvo el 39,9% en la primera vuelta, una ventaja que parecía incontestable. Pero el antifujimorismo se movilizó con una intensidad que nadie había previsto y el banquero conservador Pedro Pablo Kuczynski la derrotó por apenas 41.000 votos. Fue la derrota que más le dolió. La que, según quienes la conocen, nunca terminó de digerir.

En 2021 llegó en el peor momento posible. Las encuestas la situaban en el sexto lugar antes de la primera vuelta. El escándalo del caso Cócteles, los tres períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso habían erosionado su base. Sin embargo, la fragmentación del voto conservador actuó en su favor: obtuvo apenas el 13% en la primera vuelta, pero fue suficiente para pasar al balotaje. Allí perdió ante Pedro Castillo por un margen de décimas, en una de las noches electorales más tensas de la historia peruana.

Su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, fue condenado en Perú a través de varios juicios tras su extradición desde Chile en 2007. La condena más severa y trascendental fue de 25 años de prisión, dictada en 2009.

En abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo declaró autor mediato (autoría por dominio de la organización) de los siguientes crímenes de lesa humanidad: la Masacre de Barrios Altos (1991) por el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, a manos del grupo paramilitar "Colina", la Masacre de La Cantuta (1992) por el secuestro y posterior asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado de 1992.

Alberto Fujimori en 1997. Crédito: REUTERS/Mariano Bazo/File Photo

En diciembre de 2023, Fujimori abandonó el penal de Barbadillo tras permanecer 16 años en prisión. Su liberación se dio luego de que el Tribunal Constitucional de Perú restituyera el indulto humanitario que le había sido concedido originalmente en 2017.

Pasó sus últimos meses en libertad junto a su familia en Lima. A pesar de su avanzada edad y su deteriorada salud debido al cáncer y a problemas cardiovasculares, su entorno llegó a deslizar la posibilidad de una futura candidatura presidencial, lo cual no prosperó debido a su condición médica.

Falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años en Lima, Perú, debido a complicaciones provocadas por un cáncer de lengua que padecía desde hacía años.

Dirigentes radicales de todo el país se autoconvocaron en Santa Fe para discutir la situación política del país, en un encuentro que contó con la participación de históricos dirigentes y en el que también estuvo el gobernador Maximiliano Pullaro, así como la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana "Chuchi" Molina. Al término de la jornada, se emitió un documento en el que se reivindica las tradicionales banderas de la UCR, en oposición al rumbo del actual gobierno nacional, y se reclama a las estructuras partidarias que se pronuncien y actúen en consecuencia.

En la convocatoria estaba incluido el presidente del partido, Martín Lousteau, que finalmente no fue de la partida por encontrarse en el exterior. Entre las figuras participantes estuvieron Luis "Changui" Cáceres, Federico Storani, Juan Manuel Casella, Antonio Sappia, María Luisa Storani, Carlos Becerra, Hernán Rossi y Alicia Tate, junto a 700 autoridades de distintas provincias y referentes de la Juventud Radical (JR), la Organización de Trabajadores Radicales y la Franja Morada.

"Participé en el Encuentro Radical Nacional Autoconvocado en Santa Fe, donde compartimos ideas y reflexionamos sobre los desafíos actuales. Nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, destacó la importancia de estos espacios para fortalecer nuestro compromiso con el futuro del país", publicó Molina en redes sociales.

En tanto, la Asamblea emitió un documento en el que reafirmaron "los principios y valores históricos del Radicalismo como forma de abordar los problemas del país, reivindicando la solidaridad como valor de convivencia social, la calidad institucional como presupuesto del desarrollo económico y la reivindicación del rol del Estado como garante de la distribución de la riqueza y la justicia social".

Adriana “Chuchi” Molina., presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe.

También, el rechazo a "la pretensión del presidente, y los factores de poder económico que lo sostienen, de reemplazar el sistema parlamentario y las competencias y atribuciones del Congreso de la Nación por la arbitrariedad del decreto presidencial y del veto. La democracia, el estado de derecho y la defensa irrestricta de los derechos humanos constituyen el fundamento del contrato social y, como tal, son valores no negociables del radicalismo. Todo acuerdo político o electoral debe salvaguardar esos fundamentos".

En el mismo sentido, expresaron su repudio "a la ofensiva del gobierno nacional en contra de las conquistas obtenidas con años de lucha en materia de género y derechos sociales, muchos de ellos iniciativas del radicalismo" y remarcaron tanto la necesidad "de que los dirigentes políticos actúen con vocación y transparencia y no por intereses personales o sectoriales", como el apoyo a "las expresiones surgidas en el bloque de Diputados de la UCR 'Democracia para siempre', con claras posiciones opositoras, que vienen protagonizando en defensa de los intereses populares".

En función de ellos, resolvieron "constituir una Junta Promotora con el objeto de impulsar un movimiento nacional expresando la voluntad de esta Asamblea de recuperar las banderas históricas de la UCR, reivindicando nuestro rol opositor porque expresamos las antípodas de lo que pretende representar el gobierno nacional, que se ubica en una tendencia global de extrema derecha".

Y, al mismo tiempo, "instar a las autoridades de nuestro partido a poner en funcionamiento los cuerpos orgánicos, con la finalidad de debatir la posición de la UCR ante la realidad política actual, y adoptar las acciones que tiendan a recuperar el protagonismo y asumir el rol opositor para ser alternativa de gobierno".

Por Fernando Urriolabeitia (*)

Ser de izquierda o de derecha, al igual que calificar de esa manera a otros, resulta un encasillamiento vago y equívoco que prescinde del pensamiento y las convicciones de las personas al realizarse sin criterios de veracidad; pero, además, constituye un obstáculo para la viabilidad de un proyecto de vida en común que toda sociedad necesita.

Es conocido que el uso político de esas categorías tuvo su origen a fines del siglo XVIII en la Revolución Francesa, concretamente, en una de las sesiones de la Asamblea Nacional de 1789, extendiéndose luego a lo largo del tiempo y con una aceptación complaciente en los más diversos ámbitos (políticos, sociales, académicos, medios de comunicación y mereciendo constantemente estudios como los realizados por Marcel Gauchet o Norberto Bobbio).

Han sido empleadas con la finalidad de identificar a las personas de acuerdo a determinados contenidos conceptuales, que estarían abarcados por las denominaciones "la derecha" o "la izquierda". De modo tal que con sólo echar un vistazo, fácilmente pueda saberse la opinión que sustenta alguien a partir del lugar en que está ubicado en términos políticos, económicos y sociales.

Podría entenderse su empleo como una manera de poner en evidencia, entre quienes adscriben a esas categorías, que hay enormes y opuestas distancias en sus opiniones y hasta en las conductas. Unos y otros no somos iguales, parecieran decir. Aunque cabe preguntarse, sinceramente, si las ideas y las actitudes morales que tienen las personas son de tan poca complejidad como para que se pretenda que sean aprehendidas en ellas, o si los temas que suelen involucrar no presentan aristas y matices que hacen perder sentido a ese agrupamiento por su heterogeneidad.

Entonces, quizás habría que tomar consciencia que al calificar o, incluso, etiquetarse de esa manera, no se está representando con esa terminología cabalmente a las convicciones, ideas y valores de las personas. Incluso, más que una calificación que se hace, en el fondo, resulta una "descalificación". Llega a convertirse en un maniqueísmo de "buenos" y "malos", un generador de antagonismos emocionales. Puede haber, en algunos casos desde luego, buena intención en su utilización, pero el resultado no cambia, el otro siempre estará en la vereda de enfrente, lejos y sin posibilidad de convivencia.

Hace casi un siglo, en el año 1930, el filósofo español José Ortega y Gasset en el "Prólogo para franceses" de su obra "La rebelión de las masas", enseñó que: "Cuando alguien nos pregunta qué somos en política, o, anticipándose con la insolencia que pertenece al estilo de nuestro tiempo, nos adscribe a una, en vez de responder debemos preguntar al impertinente qué piensa él que es el hombre y la naturaleza y la historia, qué es la sociedad y el individuo, la colectividad, el Estado, el uso, el derecho. La política se apresura a apagar las luces para que todos estos gatos resulten pardos".

Así es la impertinencia que se observa con frecuencia. Esta adscripción política genera una escena risueña, porque quienes son ubicados en la "izquierda", dado que entre ellos mismos tienen respuestas que no son idénticas para esos interrogantes que Ortega desearía abordar antes de cualquier encasillamiento, al igual de los agrupados en la "derecha", las posibles contestaciones no los dejan a todos en el mismo sitio. Sucede aquí, inevitablemente, igual que en la Física, no podrá la política quebrantar la "ley de impenetrabilidad": nadie puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro.

Si varios son acomodados en la "izquierda", alguno enseguida percibirá que está a la "derecha" de otro, y así sucesiva e inversamente pueden quedar en un lado u otro, en la izquierda siendo supuestamente de derecha y viceversa. Agrupamiento sólo comprensible o con sentido para un jactancioso clasificador que tiene que verlos a distancia, única manera de concebir cierta unidad, pues en caso de acercarse se harán notorias las diferencias y tendrá que reconocer que son obsoletas las categorías conceptuales utilizadas.

Hay que evitar erigirse en ese pequeño y caprichoso demiurgo que decide el lugar que cada uno ocupa políticamente, sin importarle los matices, mientras deja para sí mismo un cómodo espacio que lo defina. Reparte a la derecha a unos y a la izquierda a otros de acuerdo a un inventario extenso de conceptos, respecto de los cuales el sólo devenir del tiempo evidenció que fueron incluidos en esas categorías de una manera liviana y sin rigor teórico.

Desfilaron y lo seguirán haciendo dentro de ellas términos como: igualdad, libertad, progreso, tradición, comunidad, individuo, laicismo, religión, iniciativa privada, intervención estatal, obediencia, emancipación, conservación, desarrollo, familia, disciplina, mercado, redistribución, propiedad, solidaridad, competencia, revolución, orden, cuestiones de género, ecologismo, justicia social, seguridad, entre otros. Todos estos conceptos tienen una historia con un denso y rico desarrollo teórico y variedad de posturas, que se soslaya siempre para estos fines clasificatorios.

El filósofo bilbaíno Daniel Innerarity, quien utiliza en sus análisis estas categorías, pero ha reflexionado sobre los cambios que sufrieron, sostuvo que "la topografía ideológica que simplificamos con las categorías de la izquierda y la derecha da lugar a diversos equívocos". A su vez, evidenció lo que genera ubicarse dentro de ellas, al punto que "puede uno creerse con toda la razón solo por estar en las antípodas de los que supuestamente no la tienen; también cabe pensar que lo más extremo es lo más bruto o lo más genuino" (artículo "No es lo mismo", en "La Vanguardia", año 2022).

Estas categorías terminan generando una visión simplificada de la realidad social, política e institucional, porque al atribuirles a sus integrantes, con sólo dos o tres trazos gruesos un perfil conceptual insuficiente, empobrecen sus posturas y dejan en consecuencia un bajo nivel de análisis teórico que lleva -inevitablemente- a la banalización de los debates públicos sobre los problemas de la comunidad. Si no hay veracidad al caracterizar a las personas, entonces, difícilmente surjan ideas valiosas a partir de un inicio con semejantes definiciones escuálidas.

Los problemas actuales necesitan, por el contrario, una actitud analítica y un espíritu crítico constante. Es un deber evitar calificaciones que no respeten criterios de veracidad, es decir, que haya por lo menos una "adecuación aceptable" entre la calificación y una exteriorización de la postura filosófico-política del calificado. Ortega y Gasset fue impiadoso ante ese proceder, al punto de manifestar que "ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral".

En fin, además del sinsentido que implica este obrar al calificar a otros como cuando se lo hace para sí mismo, la utilización frecuente y extendida de las categorías "de izquierda" y "de derecha", se convierte en un obstáculo para la viabilidad de un proyecto de vida en común. Ese maniqueísmo dificulta la conformación o mantenimiento del necesario "contrato social", que es un acuerdo donde se establece una estructura básica, los lineamientos indispensables para que una sociedad alcance los valores que permitan a sus integrantes tener una vida buena.

(*) Abogado. Actualmente es Relator Letrado en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.