Dos hombres fueron imputados esta mañana en el marco de una investigación penal por una tentativa de robo de dos motos, cometida en las primeras horas del sábado en el depósito judicial Santa Emilia, en jurisdicción de Hughes (departamento General López).

La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Susana Pepino en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de Melincué ante la jueza Silvina Marinucci.

Los imputados tienen 20 y 18 años, y sus iniciales son TU y SMP, respectivamente. Pepino les atribuyó a las dos personas la coautoría de tentativa de robo calificado (por ser cometido en despoblado y en banda) y agravado (por la participación de un menor de edad) y la autoría de resistencia a la autoridad.

La policía también logró detener a un menor de edad, cuya situación procesal tramita en la Justicia de Menores. Además, otras seis personas –que serían menores de edad– habrían participado de ilícito.

Persecución

El delito que investiga la fiscal Pepino fue cometido alrededor de las 2:30 de la madrugada.

“Los dos imputados junto con otras siete personas rompieron la valla que cerca el predio y se apoderaron de una moto Honda Titán de color negro y otra Yamaha YBR de color bordó”, detalló Pepino.

La fiscal relató que “en el lugar había un oficial de policía que advirtió lo que estaba ocurriendo, pidió refuerzos a las comisarías de Hughes, Labordeboy, Wheelwright y Santa Isabel y se quedó escondido hasta que llegaron los policías de esas dependencias”.

De acuerdo con lo manifestado por la fiscal en la audiencia, “luego de alrededor de 10 minutos, las nueve personas que habían ingresado al depósito judicial salieron con las dos motos que intentaban robarse”. En tal sentido, la fiscal informó que “los agentes de la fuerza pública les dieron la voz de alto, se identificaron como empleados policiales y las nueve personas comenzaron a correr por un campo ubicado frente al predio, cruzaron la ruta 8 y dejaron las motos tiradas”

“Luego de una persecución pedestre, lograron aprehender a los dos mayores de edad, a quienes le secuestraron los teléfonos celulares”, añadió la fiscal.

Prisión preventiva

De acuerdo con lo resuelto esta mañana, la audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo mañana en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). En tanto, la fiscal Pepino adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos imputados.

Carlos Retamal 

Este jueves 26 de mayo, el subcomisario Iván Aguirre fue imputado tras el hallazgo en su casa de dos autos que estaban con pedido de captura por robo, uno de los cuales tenía la patente de un coche policial, que supuestamente estaba fuera de servicio e inutilizable. El funcionario policial, que había sido detenido el lunes pasado, quedará en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (máximo dos años). 

Durante la audiencia celebrada en la Sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario, Aguirre fue imputado por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con omisión de denuncia, sustracción e inutilización dolosa de elementos probatorios y hurto agravado por ser funcionario público encubrimiento agravado en calidad de funcionario público, todo en concurso real y consumado». 

Según fuentes judiciales, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, de la Unidad de Violencia Institucional, le atribuyó en su carácter de funcionario público y en razón de desempeñarse como jefe del depósito judicial Zona Sur de la Unidad Regional II entre el 1 de julio de 2020 y el 16 de marzo de 2022, incumplir los deberes a su cargo al no contarle a sus superiores que en un incendio en ese lugar, ubicado en inmediaciones de avenida Francia al 5200, se incendiaron 5 vehículos que se encontraban dentro del predio. 

El incendio se conoció gracias a que el siniestro fue visto por quien asumió como jefe del depósito judicial en lugar de Aguirre, a fines de marzo pasado, que además verificó que el incidente no había sido asentado en el libro de guardia. 

También se le atribuyó incumplir los deberes a su cargo al no realizar las tareas necesarias para evitar la desaparición y/o sustracción de 6 vehículos que fueron remitidos al depósito entre noviembre de 2021 y enero de 2022 por parte de la División Judiciales y que se encontraban bajo su guarda y custodia dentro del depósito judicial. Este hecho también fue descubierto por su sucesor, tras recibir una nota en la cual se pedía que informe el estado de varios vehículos que iban a ser puestos a disposición de la Unidad Regional II. 

Pero además de las omisiones, se le atribuyó haber sustraído del depósito una camioneta VW Amarok, que estaba secuestrada por un hecho de encubrimiento ocurrido el 10 de diciembre del año 2019 y que fuera secuestrada una semana después, para ser remitida a ese depósito ya que era considerada como prueba. 

La camioneta fue secuestrada en un allanamiento realizado el lunes 23 en la vivienda de Aguirre, ubicada en Domingo Candia 2700, barrio Los Cedros, en la zona norte de Rosario. Además, la VW Amarok tenía una chapa patente que no correspondía con los guarismos del vehículo secuestrado. Esa patente se correspondía con un móvil que estaba registrado en el Comando Radioeléctrico de la ciudad de Funes, que fue pasado a “fuera de servicio” por ser una unidad irrecuperable y quedó en el depósito judicial Zona Sur. De esta manera, el subcomisario Aguirre sumó una nueva imputación, el haber sustraído esa chapa patente cuando era jefe en la dependencia, para colocarla en la camioneta VW Amarok que utilizaba en forma particular. 

A esas acusaciones se le sumó otra por «haber recibido y/o adquirido, a sabiendas de su procedencia ilícita, un VW Vento radicado en La Matanza, provincia de Buenos Aires, que fuera denunciado como robado el 26 de abril de 2019». Este auto, que también fue secuestrado en el domicilio del subcomisario, también tenía un dominio que no se correspondía con los guarismos de chasis y motor. 

Con todos estos datos y pruebas presentadas por el fiscal, la jueza Paula Álvarez dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (máximo de dos años). 

El funcionario policial ocupó el cargo, hasta el lunes pasado, de subjefe de la comisaría 12ª, ubicada en barrio Ludueña, una de las zonas más calientes de Rosario, seccional que fue baleada a mediados de febrero pasado.