Por Javier Vigo Leguizamón (abogado)

Desgarrado por el dolor, con admirable coraje, el periodista Juan Pedro Aleart nos ha conmovido denunciando que, siendo niños, un tío habría abusado sexualmente en forma reiterada de él y de su hermano. Y que su hermana, a los tres años, habría sido abusada por su padre, enfermo de Sida, quien, al ser denunciado, se habría suicidado. Mi madre -dijo Aleart- "fue víctima y cómplice de lo que pasaba en casa".

"Les voy a contar -continuó- lo que implica ser abusado: Hay personas que han sido abusadas sexualmente y se han muerto de cáncer, sin hablarlo nunca; hay personas que han sido abusadas sexualmente y han entrado a las adicciones a las drogas; (…) hay personas que han sido abusadas y se han suicidado, porque les aseguro que te sentís muerto en vida y hay personas que deciden suicidarse antes que estar muerto en vida. Esas son las consecuencias de un abuso sexual infantil, es muy difícil enfrentarlo".

"(…) He tocado muchas puertas para cambiar esto, para pedir ayuda, para encontrar un poco de paz. Me he encontrado que la justicia de la provincia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir los abusos. Espero que esta vez -la causa está en poder de la Corte Suprema de la provincia- los miembros de la Corte estén a la altura de las circunstancias y se pongan del lado de los niños abusados sexualmente, que hoy son adultos, y no del lado de los abusadores. (…) Cada fallo hasta ahora de la justicia me ha dejado hecho pedazos, hecho pedazos. He juntado mis pedacitos cada vez, junté valentía, y seguí adelante, como podía, seguí tocando puertas. (…) Me he encontrado con gente que tenía en su poder la posibilidad de hacer algo, de cambiar, y me encontré con desinterés, con falta de comprensión".

Aleart denunció también que la indiferencia con que fue tratado permitió que su tío continúe como docente universitario dando la materia de educación sexual integral, y que, al enfrentarlo, le respondiera que tenía amigos importantes en la universidad que lo iban a ayudar.

"El juicio por la verdad… es una mierda", sostuvo. "(…) Es para el abusador sacarla barata. Tirarse a un chiquero y salir con una manchita… No otorga una condena proporcional al daño que provoca un abusador sexual infantil en sus víctimas", añadió. Finalmente se dirigió a quienes permanecen en silencio: "Yo sé lo que se siente, que es denigrante, que es avergonzante; sé que muchos no se lo han contado a sus mujeres, a sus hijos, a sus amigos, a sus psicólogos. Les quiero decir que el único camino para sanar es poniéndole palabras, es hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores. (…) Hablen, busquen ayuda, anímense".

Procurando aportar una cuota de esperanza a quienes siendo niños fueron víctimas de este aberrante delito, escribo este artículo informándoles que existen fundamentos legales y jurisprudenciales para cuestionar que la acción esté prescripta. Por medio de la ley Nº 23849, Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño, la cual, como tratado internacional, pasó a integrar la categoría de leyes supremas de la Nación, con jerarquía superior a las leyes, siendo sus disposiciones operativas y de aplicación inmediata, según lo indicara la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa "Ekmekdjian c/Sofovich".

Dicha convención tuvo aplicación preeminente en la causa "Ilarraz", fallada por el Superior Tribunal de Entre Ríos; o la sentenciada por el Tribunal de Impugnación de Salta en la causa "Incidente de Apelación presentado por el Dr. Fernández José Ramón, en representación de Lamas, E.R."; o la resuelta por la Cámara Criminal de Formosa según expediente 429/19, "B.J.D. s/denuncia todos descartando la prescripción". De igual modo, deben estudiarse los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos "Bulacio" y "Bueno Alves" que motivaron a su vez sendos pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, in re "Espósito" y "Derecho", mediante los cuales esta última revocó las sentencias por las cuales habían declarado prescripta la acción penal.

En la causa "Ilarraz", abierta en 2012, resultó imputado un sacerdote que abusara de siete seminaristas entre los años 1988 y 1992. Los menores afectados tenían entre 12 y 15 años de edad. Los defensores de Justo José Ilarraz sostuvieron que la acción estaba prescripta invocando el principio de ley penal más benigna y oponiéndose a que se aplicaran la ley Nº 26705 (sancionada el 5 de octubre de 2011), conocida como "Ley Piazza" (que cuenta el plazo de prescripción desde la mayoría de edad), así como la ley Nº 27206 (dictada el 9 de noviembre de 2015), conocida como "Ley de respeto a los tiempos de la víctima", que establece que la prescripción se suspende hasta que la víctima, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule la denuncia.

Esos argumentos defensivos fueron descartados en forma terminante e Ilarraz está hoy preso, cumpliendo una condena a veinticinco años de cárcel, debido a que los distintos magistrados actuantes hicieron primar, por encima de las leyes nacionales, las obligaciones asumidas por Argentina al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, que fue incorporada en 1994 mediante el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, siendo de aplicación obligatoria conforme el artículo 2 de la ley Nº 26061.

Al ratificar esa convención, Argentina asumió el compromiso de adoptar, conforme lo ordena su artículo 19, todas las medidas legislativas para proteger al niño contra toda forma de abuso físico o mental; compromiso que cumplió muy tardíamente, permitiendo la impunidad, en evidente violación del deber de garantía y de remover obstáculos internos consagrado en los artículos 1 y 2 de la CADH, en relación con el artículo 27 de la Convención de Viena, que prohíbe a los Estados invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional.

Efectuando un control de convencionalidad, y aplicando el principio de progresividad en materia de derechos humanos, los jueces concluyeron que "declarar prescripta la acción penal atentaría contra el principio del interés superior del niño", que se erige como una pauta básica de interpretación en el sistema jurídico de la niñez y conforme al cual cuando se constate un conflicto entre los derechos e intereses de los niños y otros derechos e intereses igualmente legítimos correspondientes a personas mayores de edad, es obligatorio que los jueces hagan prevalecer a los primeros. En síntesis: si el derecho no fue garantizado por la ley, toca a los jueces subsanar la deficiencia y hacer efectivas las obligaciones asumidas al ratificar el tratado, entre las que se encuentra el deber de investigar.

La CSJN, en la causa "Ekmekdjian c/Sofovich", enfatizó que "la violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Ambas situaciones resultarían contradictorias con la previa ratificación internacional del tratado" (considerando 16).

En los considerandos 18 y 19 de ese fallo, destacó la Corte "(…) que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados –aprobada por ley 19865 (...) y en vigor desde el 27 de enero de 1980- confiere primacía al Derecho Internacional convencional sobre el Derecho Interno, (…) la necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado artículo 27".

Confío en que los miembros de las Cortes Supremas de la Nación y de Santa Fe honrarán la responsabilidad internacional de Argentina, evitando así que -sabiéndose impunes- los abusadores, burlándose de sus víctimas, nieguen cínicamente sus actos y continúen libres, y al acecho de nuevos inocentes niños.

Alrededor de 40 personas se congregaron en la tarde de este miércoles en las puertas del Colegio “Sagrado Corazón”, institución venadense que hace más de 15 días está bajo la lupa ciudadana por las denuncias de adolescentes que acusan al “hermano” Pedro O y H. quien se encuentra en libertad fuera de la ciudad, por diferentes abusos sexuales que datan de 2018-2019.

A la madre de la primera denunciante, Debora Cieri, la acompañó Florencia Giacometti, del colectivo “Agite Feminista”, para apoyar la causa de que el sospechado de abusos sea llevado a juicio y finalmente encarcelado.

La concentración fue a las 18 de este miércoles, en esquina de Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre, luego se dirigieron hasta calle Francia, lugar por donde salen los alumnos del nivel primario y finamente se instalaron en la esquina del colegio con pancartas y un gran cartel que pide “Basta de Silencio”.

Florencia Giocametti, integrante de “Agite Feminista”, presente en la marcha dijo a Sur24: “Estamos acompañando a Débora y a personas que están movilizando denuncias contra el ‘hermano’ Pedro. Queríamos hacer una movilización durante un día que haya clases y tránsito aquí afuera, ya que cuando se develaron las primeras denuncias estaban en receso escolar y el objetivo es hacer visible el caso a alumnos y docentes que son los que están haciendo silencio”, se pronunció.

En relación a solicitar una audiencia con Florencia Schiappa Pietra, la fiscal que lleva adelante la investigación, Giacometti sostuvo que como colectivo feminista estarán y acompañarán siempre y cuando “estemos autorizadas por Débora y las demás familias lo haremos”. El objetivo es anoticiarse del avance de la investigación y al mismo tiempo plantear la necesidad de que Pedro O. y H. atraviesa en prisión el proceso hasta la llegada del juicio oral.

Por su parte, Débora Cieri, cara visible de esta movilización, agradeció el acompañamiento de todos y aseguró que “seguiremos viniendo las veces que sean necesarias”.

“Vemos que la gente se está preguntando, están apareciendo nuevos casos y creo que todo esto sirvió para ello, y aunque hoy no pudimos encontrarnos con quienes queríamos, todo fue fue re positivo”.

Sobre la repercusión del caso de su hija, que inició esta causa, Débora contó que “tengo conocidos que estuvieron hablando y de hecho la fiscal (Florencia Schiappa Pietra) me pidió números de teléfono de personas que se comunicaron conmigo para tener más elementos en la causa que se está moviendo”.

Respecto a un posible juicio señaló que lo espera con ansiedad pero “aparecen nuevas denuncias y el tiempo es más largo”.

También aseguró que hay personas que están dispuestas a hacer la denuncia y declarar “pero está en ellas, es un camino muy difícil. Sabemos que hay muchos casos pero que no están preparados para hablar”, cerró.

El hermano “Pedro O. y H. está imputado por Abuso sexual Simple, Agravado por la guarda, tras una denuncia realizada en el mes de septiembre de 2021 por los padres de una alumna cuando cursaba 6° y 7° grado, en los años 2018 y 2019. Pedro, por decisión del Poder Judicial, se vio obligado a renunciar al cargo de director del primario. Y pidió autorización para irse a vivir a Buenos Aires, a una vivienda de la congregación. En tanto, en la mañana del viernes 15 (mismo día de la primera marcha) se sumó una segunda denuncia radicada por los padres de una nena que en ese momento tenía 12 años y cursaba el 6° grado. A la hora de dar detalles, la metodología es exactamente la misma que la del primer caso. Desde fiscalía, consideran que también se trata de un Abuso sexual simple, sumado al maltrato verbal recibido por la ahora adolescente.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo