Personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región III, con colaboración de los Departamentos Operativo y de Investigaciones Complejas de los distritos de Venado Tuerto, Melincué y Firmat, llevó a cabo un importante operativo este viernes 5 de diciembre en la ciudad de Venado Tuerto. Estos procedimientos, que contaron con el apoyo del Comando Radioeléctrico, se ejecutaron en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, que penaliza delitos relacionados con estupefacientes.

Los operativos se iniciaron gracias a denuncias clave  denuncias presentadas por el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio y el  coordinador del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Nahuel Pasquinelli.

Los procedimientos resultaron en la detención de cuatro personas y el secuestro de material estupefaciente. Los detenidos, identificados con las iniciales Y.N.A., T.A.C., F.A.B. y C.A.N., quedaron a disposición de la justicia por infracción a la mencionada Ley 23.737.

La operación consistió en dar cumplimiento a tres órdenes de allanamiento emitidas por la Fiscalía Regional N° 3, Sede Venado Tuerto. Las medidas judiciales se realizaron en domicilios ubicados en calle Valdez 1600, Avellaneda 2300 y República de Irlanda 1500 de la ciudad.

En la vivienda de República de Irlanda, donde fue detenido  C.A.N. (de 32 años), se incautaron 103,6 gramos de cocaína, lo que dio positivo en el test de orientación. Además, se secuestró un arma de fuego tipo escopeta de fabricación casera y un teléfono celular marca Motorola. La carátula provisional para el detenido es la de Coautor del delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.

En la calle Valdez, se realizó el traslado en calidad de detenidas de dos mujeres:  Y.N.A.  y T.A.C.. En este domicilio, se secuestraron dos aparatos celulares. Ambas enfrentan la calificación legal provisoria de Coautoras del delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.

Finalmente, en el domicilio de Avellaneda, se detuvo a F.A.B., quien está calificado provisionalmente como Coautor del delito de Comercialización de Estupefacientes. Aunque la requisa en este lugar arrojó resultado negativo en cuanto a elementos de interés el día del operativo, se menciona en una orden de detención que en allanamientos previos en esa vivienda se había secuestrado un gramo de marihuana y ocho dispositivos móviles.

La investigación que culminó con estas detenciones se originó en una causa caratulada "M.C.S. s/ infracción Ley 23.737-Amenazas Calificadas -Lesiones Dolosas Leves -Atentado y Resistencia a la Autoridad”. La Policía de Investigaciones, a través de un exhaustivo análisis de pericias telefónicas realizado durante varios meses, pudo establecer los nexos de la red.

El análisis determinó que M.C.S. era quien proveía el estupefaciente y actuaba como organizador. Se estableció que una de las detenidas (hijastra del primer sindicado) participaba en las ventas y en la guarda del material, mientras que otro de los involucrados detenidos  fue identificado como vendedor.

El Fiscal interviniente, Dr. Iván Raposo, de la Fiscalía Regional N° 3 – MPA Venado Tuerto, supervisó el procedimiento y libró las órdenes de allanamiento. Todos los detenidos permanecerán alojados en la Comisaría 2da, o dependencia policial que corresponda, hasta la audiencia imputativa, donde el Juez de Primera Instancia de Distrito Judicial N°3 de Venado Tuerto resolverá sobre su situación procesal

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este lunes un comunicado repudiando los actos antisemitas de los hinchas de All Boys en la previa y durante el partido ante Atlanta en el marco de la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional y se elevó una denuncia para que se abra un expediente al respecto.

Este domingo en el estadio Islas Malvinas de Floresta, el equipo albinegro y su par de Villa Crespo empataron sin goles en un encuentro que, marcado por la rivalidad entre ambos, tuvo el foco puesto en situaciones ajenas al propio juego como lo fueron los actos antisemitas de los hinchas del conjunto de Floresta.

Ante estos hechos que generaron un masivo repudio, el ente madre del fútbol argentino se sumó a esto con un comunicado oficial: “La Asociación del Fútbol Argentino expresa su repudio total y absoluto contra los aberrantes actos de antisemitismo efectuados por hinchas del club All Boys en el día de ayer tanto en la previa como durante el partido que dicha entidad disputó contra su similar del club Atlanta de la categoría Primera Nacional”.

“En su lucha incansable contra la discriminación, esta Asociación, llama a la sociedad futbolera en su conjunto a erradicar de una vez por todas esta clase de conductas. Eso no es folclore. Eso es discriminación. Y desde la AFA seguiremos luchando día a día para que la fiesta del futbol argentino se desarrolle en un marco de respeto y paz” reafirma el comunicado.

Además, se informó que se elevó una denuncia para que se abra un expediente al respecto: “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y la Comisión de Gobernanza, Transparencia e Integridad, elevaron hoy una denuncia formal al Tribunal de Disciplina, a fin de abrir un expediente para que tome inmediata intervención en el caso”.

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, hizo una nueva exposición ante sede policial para denunciar nuevamente a sujetos que fueron señalados por los vecinos como vendedores de estupefaciente. “No podemos ni debemos normalizar la situación”, esgrimió el jefe comunal que ya hecho este tipo de denuncias.

Sin bien, varias personas denunciadas por el presidente comunal “terminaron presas, algunas aún lo están y otras ya en libertad volvieron a las andadas como si nada”, mencionó Goyechea en redes junto al documento de la denuncia.

En su relato, el presidente comunal explicó que personalmente ve “domicilios con gran circulación de consumidores a toda hora, recibimos información de personas con problemas de consumos problemáticos que están en tratamiento, también de vecinos cansados de la impunidad, de profesionales de la salud que la pelean todos los días, etc, etc, etc y más etcéteras, con ese sustento me presenté a realizar la denuncia”, sostuvo.

Agregando que “vamos a estar muy activos hasta borrarles las carcajadas, ya hemos visto a varios con lagrimones cuando se les termina la joda con las manos esposadas en la espalda”, advirtió.

Asimismo, manifestó que “si hay personas que tienen problemas de consumo estamos y estaremos presentes con varias herramientas,  con el grupo Enlaces, con profesionales capacitados para ayudar pero si venden, tengan o no problemas de consumos, vamos a ir hasta el hueso para que no sigan complicando nuestra comunidad”, cerró. 

Quedaron en prisión preventiva un hombre de 21 años y una mujer de 33 que son investigados por actividades vinculadas a la venta de drogas en la localidad de Santa Isabel (departamento General López).

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Martín, en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto.

El fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó las preventivas ante el magistrado es Iván Raposo.

El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal y el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal.

Plantas de marihuana

Raposo indicó que “el hombre y la mujer investigados, cuyas respectivas iniciales son MP y LD, mantienen una relación de pareja y comercializaban estupefacientes en una vivienda ubicada en calle Hipólito Irigoyen, entre Chubut y Entre Ríos, en la localidad de Santa Isabel”.

“Durante la madrugada del viernes pasado, se concretó un allanamiento en el inmueble, donde se encontraron un arma de fuego, tipo pistolón, y tres plantas de marihuana de alrededor de 1,50 metros que pertenecían a los investigados”, especificó el funcionario del MPA.

Asimismo, señaló que “minutos más tarde, se allanó también un domicilio cercano, ubicado en calle Sarmiento, entre Chubut y Entre Ríos, donde los imputados fueron detenidos”. Afirmó que “allí se les secuestraron 153.270 pesos en efectivo, un cuaderno con anotaciones relativas al negocio ilícito, una pistola calibre 22 y municiones”, y precisó que “ninguno de los dos estaba autorizado a tener armas de fuego en su poder”.

“Los elementos hallados por la fuerza de seguridad llevan a presumir inequívocamente que la pareja se dedicaba a la venta de drogas al menudeo”, resaltó.

Denuncia

En cuando al origen de la investigación, Raposo destacó que “la denuncia fue radicada en Venado Tuerto por el presidente comunal de Santa Isabel, quien aportó información recabada por diferentes equipos técnicos de la gestión de la comuna, así como por vecinos que habían expresado su preocupación por las conductas delictivas”.

Delitos

Tanto el hombre como la mujer imputados son investigados por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la tenencia indebida de armas de fuego de uso civil.

El presidente chileno Gabriel Boric confirmó que este martes tarde se envió una nota de protesta a Argentina tras los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a la presencia de integrantes de la organización terrorista Hezbollah en Iquique.

"Me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones", dijo el presidente Boric tras lo dicho por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Posteriormente, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá desmintió lo dicho por Bullrich.

Sobre las declaraciones, el jefe de Estado chileno le exigió “a la ministra de Seguridad argentina (…) que si tiene antecedentes los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al ‘tun tun’ y a la rápida, sin probar absolutamente nada”.

“Porque acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile y me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones”, afirmó Boric.

“Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera, y todos quienes comentan actos delictuales, actos ilícitos, en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente”, agregó.

A continuación, Boric indicó que “si la ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden a la justicia y que se comunique a través de cancillería”.

“Estas declaraciones por la prensa al ‘tun tun’, a mí por lo menos no me parecen y vamos a hacer llegar una nota de protesta también, mediante Cancillería (…) acá yo exijo respeto para con nuestro país”, cerró.

Bullrich había manifestado que "la Argentina ha sufrido dos atentados y está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas, una directa y otra aliada a Irán, que son del Hezbollah que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina".

"También se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, el año pasado en San Pablo, Brasil, y hace unas pocas semanas en Perú y el año pasado se detuvieron a dos personas de Hezbollah en la ciudad de San Pablo", había agregado.

La titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, confirmó a El Litoral la presentación de dos denuncias penales contra el Servicio Penitenciario por presuntas torturas y vejaciones ejercidas en el marco de requisas realizadas en los penales de Piñero y Pérez. Los escritos ingresaron formalmente el jueves ante la Unidad Fiscal de Violencia Institucional de Rosario. Varias carillas recogen testimonios de internos de alto perfil e informes de médicos forenses, sobre lesiones producidas y "tratos inhumanos" practicados en requisas hacia fines de febrero y principios de marzo. Estas últimas fueron a horas de la balacera producida contra un micro que transportaba agentes penitenciarios. Como se sabe, tras ese atentado, se produjeron cuatro crímenes de personas inocentes en Rosario.

"La denuncia por torturas y hurto agravado abarca hechos sucedidos en los pabellones 7 y 8 de Piñero. Contiene la descripción que han hecho algunas de las personas que estuvieron dispuestas a dar testimonio, además de los reportes del Instituto Médico Forense, cuyos profesionales han constatado todo tipo de lesiones en las personas allí alojadas", comentó. La funcionaria sostuvo que se ofreció al Ministerio Público de la Acusación "material fotográfico y certificaciones médicas, proponiendo medidas para que se investigue este hecho y se haga lo que corresponde cuando hay hechos de violencia institucional o tratos inhumanos degradantes", planteó. "En esos casos –sostuvo-, el Estado tiene la obligación de investigar de una manera oportuna, en plazos razonables, de manera exhaustiva, independiente e imparcial, garantizando el acceso a la justicia de las víctimas para, luego de la investigación, someter a proceso y eventualmente sancionar o condenar a quienes sean responsables de esos hechos. Nuestra postura fue pedirle al MPA que investigue", resumió.

- ¿Están justificadas estas prácticas en pabellones de alto perfil?

- No, no hay ninguna justificación en ningún caso. El uso de la fuerza y de todo trato inhumano, degradante y humillante está prohibido tanto por las normas legales, como constitucionales y convencionales. No hay justificación para ello.

- ¿Podría llegar a Santa Fe el Comité Nacional para la prevención de torturas?

- Es una posibilidad, sí.

Desde el Servicio Penitenciario, su titular, Lucía Masneri, dijo a El Litoral que la eventual comisión de los delitos invocados en las denuncias es una cuestión que deberá determinar justicia.

- ¿Qué tiene para decir sobre las denuncias presentadas?

- Esto es parte de lo que venimos sosteniendo respecto de las requisas desde el 11 de diciembre, en el sentido de que los presos ya no hacen más home office desde la cárcel. Entonces, claramente, hay un grupo de ciudadanos a los que estas medidas de seguridad nos les gustan; por suerte, a la mayoría de los ciudadanos sí, porque la gente quiere vivir tranquila. Los presos están presos y en este contexto, y en virtud de algunos dichos vertidos por la Defensa, quiero aclarar que los presos están legítimamente presos a través de una orden judicial, y en el marco de un proceso en el que ellos (los defensores) han intervenido. Hay que poner las cosas en ese contexto. Es llamativo que molesten las requisas a los internos de alto perfil; no al resto. Estamos hablando de homicidas, de narcocriminales. Entonces, nuestro planteo es que las requisas están hechas como medidas de seguridad. Y a esto lo vamos a debatir en Tribunales, como corresponde, ante la Justicia. Nuestra postura es que las requisas van a seguir existiendo, al igual que las medidas de seguridad, porque tenemos muy presente que las órdenes (para delinquir) salen de las unidades penitenciarias.

- Las requisas son indiscutiblemente necesarias. La pregunta es si en ese marco se cometieron actos de tortura como los que se están denunciando… ¿Cuál es la respuesta?

- Hasta hoy, la Justicia no está de acuerdo con ese planteo, porque todos los Hábeas Corpus que tuvieron audiencia, fueron rechazados. Por eso digo que estamos y vamos a dirimir el tema en la Justicia.

- ¿Le consta como titular del Servicio que se hayan ejercido prácticas como las que se narran en la denuncia? Se habla de vejaciones, torturas, picanas…

- Se ve que ellos trabajan en un lugar donde la corriente eléctrica funciona mejor que en Piñero (sic). Incluso hay frases (en la denuncia) que ni siquiera sabemos a qué refieren. Por lo tanto, la discusión se está dando en la Justicia y en ese ámbito, los recursos (de Hábeas Corpus) se vienen rechazando. No es una cuestión que consideremos opinable; es una cuestión judicial.

- Precisamente, como no es opinable, la consulta es si los hechos existieron o no… ¿Hubo torturas al momento de las requisas? Porque la requisa es legal, no así la tortura...

- Eso es lo que se analiza judicialmente. Para la Defensa, tortura es que no ingresen más de un kilo y medio de comida por interno, o que las cárceles estén superpobladas. Esto es una discusión judicial, porque esos son sus planteos, pero nosotros no estamos de acuerdo. El punto está en la seguridad de las personas y en que vemos que las órdenes (para cometer delitos) salen de las unidades penitenciarias. Ayer se detectaron teléfonos en la Unidad Seis desde los que se hicieron amenazas a funcionarios y medios de comunicación. Eso sale de las cárceles; por eso las medidas de seguridad son extremadamente necesarias. ¿Hay grupos a los que no les gusta? Sí, los hay.

- ¿En el marco de esas requisas rigurosas, se permitieron desde el Servicio Penitenciario actos que no son legales?

- No no, de ninguna manera.

- ¿Le consta eso, al margen de lo que se dirima en la Justicia?

- Son dos cosas diferentes. Si la pregunta es '¿se permitieron'?, la respuesta es 'por supuesto que no'. Esto ya lo ha dicho incansablemente el gobernador. Ahora, si ocurrió lo que dicen los internos, eso es lo que está sujeto a una investigación judicial.

- ¿Ustedes avalan este tipo de prácticas, si la Justicia confirma los hechos?

- Por supuesto que no. Ya lo sostuvo el gobernador en campaña innumerable cantidad de veces.

A horas de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, la canciller Diana Mondino realizó una grave denuncia que apunta contra sectores que intentarán desestabilizar al Gobierno nacional.

La asamblea legislativa, que se llevará a cabo esta noche desde las 20, estará encabezado por el presidente Javier Milei y hay una enorme expectativa por su discurso, el recibimiento de la oposición y las protestas en las calles.

Entrevistada en Todo Noticias, Mondino aseguró que “hay infiltrados de Cuba y Venezuela en el país que son especialistas en desestabilizar gobiernos”.

Diana Mondino aseguró que en la marcha contra la Ley Ómnibus hubo “infiltrados” venezolanos y cubanos https://t.co/HUfYWtVzMh pic.twitter.com/9FOpynf06Y

“Ya lo hemos comprobado, algunos periodistas, tienen un grado de preparación importante. El premio por sacar a Javier debe ser muy grande", aclaró la funcionaria.

En medio de un incesante movimiento humano, con personal técnico fluyendo de un lado al otro, visitas guiadas que no se interrumpen y móviles de televisión que trajinan sin pausa los pasillos, el Congreso se pone a punto para la Asamblea Legislativa que por primera vez, y por orden de Milei, se desarrollará por la noche.

El Palacio Legislativo ya está vestido de gala, con centenares de banderas argentinas cubriendo todo el perímetro del Palacio. Adentro de los muros, los preparativos no se toman respiro.

En el Salón de Pasos Perdidos se dispuso al mediodía un corredor exclusivo en cuyos vallados, de un extremo al otro, se colocaron extensas banderas argentinas. Por allí desfilará el jefe de Estado junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la comitiva de interior en su paso desde el Salón Azul hasta el recinto.

Dentro del semicírculo sobresalía el atril desde donde dirigirá su palabra el Presidente, que fue vuelto a colocar debajo del estrado. El mueble de madera, que tiene el escudo nacional en el frente, había sido guardado ayer en una sala del subsuelo de la Cámara de Diputados luego de que se filtrara una imagen que la organización intentó evitar sin éxito. Hoy volvió a aparecer en el mismo lugar, mientras los técnicos “tiraban cables” y acomodaban las cámaras dentro del recinto y en los palcos para la transmisión televisiva.

Es la primera vez que un presidente elige un atril para dar un mensaje de apertura de sesiones. Esquivo de los libretos, Milei vuelve a presumir originalidad, como cuando en la ceremonia de asunción presidencial decidió darle la espalda a los legisladores y a los distintos estamentos de la “casta política” convocadas en la Asamblea, ofreciendo su discurso de las escalinatas del Palacio hacia sus seguidores apostados en la plaza del Congreso.

Pasaron quince días desde que Jazmín Saldaña, una niña de 11 años, murió ahogada en un río serrano. El hecho ocurrió a la altura del vado de Cabalango en el río Los Chorrillos.

De acuerdo al informe preliminar que difundió la Policía el día del suceso, la víctima fue asistida alrededor de las 17 horas en la playa por un profesional que le realizó maniobras de reanimación para tratar de estabilizarla. Después de una hora no obtuvo respuestas positivas.

La menor, oriunda de la ciudad de Córdoba, estaba junto a sus padres y una hermano en el río de la localidad de Punilla. La Justicia investiga las causas que rodean a la tragedia. Una versión da cuenta de que la niña estaba al cuidado de su hermano cuando se ahogó en el sector de “Los Piletones”.

Denuncia del padre

Días posteriores al hecho, el padre de la nena denunció que cuando intentó rescatarla “había algo que la succionaba hacía abajo”. En diálogo con diario Perfil de Córdoba, Fernando contó que “ella estaba sumergida, la quise sacar, pero era imposible porque la aspiraba un caño o algo que ejercía una fuerza brutal para abajo”, aseguró.

“Ahí nomás se tiraron tres señores y pudimos sacarla. Cuando la pusimos sobre una piedra mi hija ya estaba toda morada y sin pulso”, agregó.

Según dijo, “fue aspirada una especie de caño o compuerta del muro que permite que se forme un piletón en el río”

Además denunció que la ayuda tardó varios minutos en llegar y no había carteles en el lugar que advirtieran peligro.

Cabe destacar que la villa serrana no tiene un cuerpo de guardavidas propio, por lo que la zona está bajo jurisdicción de defensa civil local.

“¿Quién debe señalizar y advertir por los peligros en el agua que no vemos a simple vista?, ¿quién debe hacer el mantenimiento de esos diquecitos en el balneario?”, se preguntó el padre.

La denuncia por acoso y hostigamiento sexual contra el tenista David Nalbandian, presentada por su ex pareja Araceli Torrado, fue archivada debido a que se demostró que la cámara oculta instalada en la habitación de ella nunca estuvo operativa.

Las pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) revelaron que no se pudo verificar el funcionamiento de la cámara encontrada por el hermano de la modelo, la cual estaba apuntando hacia su cama. Además, no se logró determinar cuándo fue instalada.

En un audio que forma parte de la investigación, David Nalbandian admitió haber colocado una cámara en el ventiluz del departamento que compartían, tras la separación de la pareja en abril.

A pesar de la separación, continuaron compartiendo el inmueble por motivos económicos, y la modelo denunció que el ex tenista la llamaba constantemente.

La denuncia de la joven fue archivada en dos instancias, y entre otros motivos, no se consideró delito el hecho de que Nalbandian le enviara mensajes a su celular solicitando retomar la relación tras la ruptura sentimental.

Además, se confirmó que Nalbandian tenía una llave del departamento en cuestión, descartando así cualquier eventual violación de domicilio. La causa se archiva, a menos que la modelo decida apelar a otra instancia o presente una nueva denuncia con hechos adicionales.

Una serie de organizaciones de la sociedad civil y vinculadas a la temática ambiental suscribieron una presentación ante la Justicia Federal de Rosario, en la que piden una investigación penal por dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en los que habría incurrido en apología del delito, al justificar la contaminación de los ríos.

La presentación fue formulada ante el Fiscal Federal n.º 2 de la ciudad Rosario, Claudio Kishimoto, basada en declaraciones de Milei en el Congreso Económico Argentino realizado el día lunes 1° de setiembre del corriente año en la Sociedad Rural de Buenos Aires, y recogidas por el diario La Nación.

Allí sostuvo que "en el caso de una empresa que contamina el río, lo que no está bien definido es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera". Luego, se preguntó: "¿Adónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua y el precio del agua es cero".

"El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua, cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo ahí sí se termina la contaminación", agregó el candidato.

En el escrito presentado por la Cátedra del Agua, de la Universidad Nacional de Rosario, se interpreta que "la conducta mencionada se subsume dentro del tipo del art. 213 de nuestro Código Penal en cuanto el Sr. Milei realiza una defensa y alabanza de la contaminación de un río y por tanto del agua, en contravención al art. 200 del C.P. y del art. 55 de la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos".

Según especificó a El Litoral el titular de la cátedra, Aníbal Faccendini, con esas expresiones, Milei afecta el "orden público", bien jurídico tutelado, en cuanto al defender la contaminación de los ríos pone en jaque el acceso de la población a un bien imprescindible no solo para la vida humana sino para la vida toda como lo es el agua.

"La apología es la exposición de ideas o doctrinas que defienden el crimen o ensalzan a su autor ante una multitud de personas por cualquier medio de difusión. Se trata entonces de la alabanza o exaltación de un delito o de su autor, presentándolo como meritorio y digno de aceptación por todos", argumenta el escrito.

Faccendini puntualizó a este diario que esas afirmaciones "pueden generar la confusión en la ciudadanía de que contaminar no produce daño", y estimular esa práctica, o su tolerancia. "Hemos elaborado también un documento técnico en el que, punto por punto, vemos la falacia y la falta de estudio y de fundamentos científicos que aqueja al discurso del candidato, y que resultan muy dolorosas".

Al respecto, apuntó al hecho de que "el agua es un bien común público", que está por encima de la propiedad privada, y como tal está fuera del mercado. "Como es la vida lo que está en juego, el valor que tiene el agua es infinito. No es como plantea el candidato, que no tiene valor. En todo caso, no tiene precio".

También consideró "una falacia" que el recurso se tenga que privatizar, y trajo en su auxilio los ejemplos de lo ocurrido en los casos en que ese servicio fue concesionado en distintos países (e incluso en Santa Fe) y luego se debió retornar al ámbito público.

Finalmente, abundó en el efecto expansivo que tendría la explotación privada y pecuniaria del recurso hídrico, con su repercusión en los precios agropecuarios y el impacto de ello no sólo para el consumo interno, sino para la competitividad en exportaciones como la soja y la carne vacuna, que demandan una gran cantidad de agua para su desarrollo.

La presentación de la Cátedra del Agua fue acompañada desde el rectorado de la Universidad de Rosario, y también por la Asamblea de los Derechos Sociales, el Movimiento Sindical Rosarino, el Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, el Sindicato de Correos y Telecomunicaciones, el Sindicato Judiciales, APUR, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, la Multisectorial por los Humedales y la Plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad UNR.

El responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Hernán Chiarlone, advirtió que no corresponde recargo a los consumidores cuando realizan su compra con tarjeta de débito, e instó a los comercios locales a rever esta práctica.

“Al cliente en el momento que se pasa la tarjeta se le debita la compra automáticamente de la cuenta, por lo que no tendría por qué el comerciante pretender cargar ese porcentaje”, comentó el funcionario y explicó que “si el comerciante tiene un retraso con el ingreso del dinero con el banco o con Mercado Pago, por nombrar un medio de pago, es un problema que tiene que arreglar el comercio por fuera del comprador”.

Más adelante, Chiarlone aclaró que desde la OMIC “instamos a los comerciantes a que esta práctica la dejen de llevar a cabo porque no es legal y al consumidor cuando tenga algún problema con esto que se acerque a la oficina, le tomamos el reclamo, la denuncia y lo derivamos a la Dirección de Comercio para que tome conocimiento de esta práctica ilegal que realizan algunos comerciantes”.

Con el objetivo de mantener un buen diálogo desde la OMIC se busca un primer contacto con el negocio para evitar la denuncia formal, que tendrá lugar si la ley no se cumple.

Por otro lado, Chiarlone comentó que en la OMIC también reciben múltiples consultas por seguros de bancos, compras online, círculos de ahorro para compra de vehículos y viviendas industrializadas, entre otras transacciones comerciales o de servicios.

Finalmente recordó que ante cualquier inquietud por temas relacionados con los derechos del consumidor, el Gobierno de Venado Tuerto presta este servicio gratuito en el primer piso de la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes de 7 a 14.

En la mañana de este jueves se concretó una nueva apertura de los Buzones de la Vida, en los que se hallaron 37 denuncias anónimas sobre venta de estupefacientes y trata de personas, que ahora serán remitidas a la Fiscalía Federal.

El acto fue presidido por la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, quien detalló que “como lo venimos haciendo cada dos meses procedimos a la apertura de los Buzones, donde hemos recolectado 37 posibles denuncias que ya fueron ensobradas, en un proceso de suma transparencia, y ahora serán llevadas a Fiscalía Federal”.

La apertura de los Buzones de la Vida se realizó en la sala “Intendente Antonio Garnier” del Palacio Municipal, con la presencia de Rocha, los directores de Control Urbano, Fernando Salinas, y de Vecinales, Facundo Rebasti; el concejal Leo Calaianov, y el representante del Obispado de Venado Tuerto, Marcelo Laiño.

Cabe recordar que en la actualidad son siete los Buzones de la Vida donde los vecinos pueden realizar sus presentaciones en forma anónima: en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal (Brown 478) y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) informó este miércoles (14.06.2023) que creó cuatro comisiones para prevenir, investigar y generar “espacios seguros” para evitar delitos de pederastia en la Iglesia católica.

“Estas comisiones van a dar un servicio a las jurisdicciones eclesiásticas, a las congregaciones religiosas y a las instancias de la Iglesia que deban atender denuncias por un tema de abuso sexual”, dijo la encargada de la Comisión de Investigación de la CEB, Susana Inch, en una rueda de prensa.

Las comisiones estarán encargadas de “prevenir e investigar” denuncias de abusos sexuales de menores “y personas vulnerables”, según un comunicado leído en la misma comparecencia por la secretaria ejecutiva de la Comisión de Comunicación, Sarah Vargas.

La primera es la “Comisión Nacional de Prevención y Formación”, que coordinará todas las labores para evitar que haya casos de violencia en cada ambiente eclesial.

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La segunda es la “Comisión Nacional de Escucha” que estará a cargo de una psicóloga clínica que recibirá las denuncias y “proponer el adecuado acompañamiento a las víctimas”.

La tercera es la “Comisión Nacional de Investigación”, liderada por la asesora legal de la CEB, que junto con un equipo jurídico va a “acompañar las denuncias e investigaciones en el ámbito canónico para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

La última es la “Comisión Nacional de Comunicación” a cargo del vocero de la CEB, Andrés Eichmann, que informará sobre los procesos de investigación de los casos de abusos denunciados.

“Con estas acciones reafirmamos nuestra plena solidaridad y cercanía con las víctimas y nos comprometemos a ayudar, en todo lo posible, para que tengan un acompañamiento adecuado y en la medida que nos permitan ayudar a sanar sus heridas”, añade el comunicado.

Inch recalcó que la idea es que estos hechos “jamás vuelvan a suceder”, que se creen “ambientes seguros” y que ningún niño se sienta “susceptible” de algún tipo de abuso.

Las denuncias por pederastia en Bolivia se dieron luego de que el medio español El País publicara una investigación sobre un diario del jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Bolivia, desde 1971.

Inch comentó que en el Ministerio Público están abiertos aproximadamente 12 casos y que hay otras denuncias “que se están iniciando”.

La Fiscalía General de Colombia inició una investigación sobre la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, tras las recientes denuncias que han generado una crisis de gobernabilidad.

Aunque el mandatario negó dichas acusaciones, se han filtrado audios del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, enviados a la ex jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, que han intensificado la controversia.

En los audios filtrados se escuchan afirmaciones que sugieren, según políticos opositores, la financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro en 2022. El ex embajador afirmó que los audios fueron manipulados.

Colombia: investigan posibles irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro

La Fiscalía General emitió un comunicado en el que declaró: “El frente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”.

Además, precisó que se buscarán posibles responsabilidades en delitos como financiación de campañas electorales provenientes de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y otros que puedan estar tipificados.

Armando Benedetti y Laura Sarabia dejaron sus cargos la semana pasada debido a un primer escándalo relacionado con supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones a dos empleadas de la ex jefa de gabinete y abuso de poder tras un presunto robo de dinero.

La situación generó incertidumbre en el Congreso, donde Petro busca impulsar reformas en temas de salud, laborales y del sistema de pensiones. Estas reformas se encuentran sin avances y podrían ser rechazadas y archivadas debido a las denuncias de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Tanto el Consejo Nacional Electoral como la Procuraduría General están investigando las posibles irregularidades en la campaña electoral de Petro. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también recibió denuncias relacionadas con este caso y es el organismo encargado de investigar al presidente por su fuero presidencial.

Cabe destacar que solo el Congreso puede investigar al mandatario y, en caso de encontrar méritos suficientes, proceder a su destitución del cargo.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, destacó la importancia del servicio de la Línea 102, de atención a chicas, chicos y adolescentes.

“La línea de los chicos y las chicas” es un servicio telefónico especializado, gratuito y confidencial del Sistema de Protección Integral de Derechos, que coordina y articula las políticas públicas locales, provinciales y/o nacionales, para la restitución o cumplimiento del derecho vulnerado o necesidad manifestada por niñas, niños o adolescentes.

Funciona como una herramienta de prevención, promoción, difusión y protección de los derechos de las infancias y adolescencias. Tiene por objetivo brindar atención a niñas, niños y adolescentes con el fin de escuchar, contener, o derivar en los casos que sea necesario, para acercar las políticas públicas existentes que le permitan a este sector de la población el acceso a sus derechos.

Desde que comenzó a funcionar la Línea en la provincia de Santa Fe, en septiembre de 2021, el equipo recibió 1.483 llamadas, de las cuales el 70% tienen que ver con algún tipo de maltrato físico, abuso sexual infantil y negligencia, entre otras. También se recibieron consultas sobre orientación legal.

Entre los motivos que más se destacan, 287 fueron por denuncias por maltrato físico, 334 por consultas legales, 169 relacionados a temas de negligencia, mientras que se recibieron 123 consultas relacionadas con abuso sexual infantil y 74 por maltrato psicológico o emocional.

En cuanto al origen geográfico, se recibieron llamados de 111 localidades de la provincia. A su vez, se realizaron articulaciones con otras provincias donde también funciona la línea y con la Línea 144, número asignado para la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, en situaciones que involucraban a niñas, niños y adolescentes.

En la recepción de los llamados, un equipo de profesionales especialmente capacitados, lleva adelante el funcionamiento de la línea brindando atención o derivación. Actualmente, está conformado por cinco operadoras, dos profesionales que realizan tareas administrativas y soporte técnico, y dos personas que coordinan el espacio. El horario de atención es de 7 a 19, de lunes a viernes. La línea funciona también los días feriados en los mismos horarios.

Para la segunda etapa de implementación, que comienza luego de este primer año y medio de puesta en marcha, se prevé el fortalecimiento de la línea a través de campañas de difusión y apropiación por parte de las niñas, niños y adolescentes, en trabajo articulado con todas las instituciones, tanto públicas y privadas, como de la sociedad civil, para que la información llegue a todos los rincones de la provincia.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, manifestó que “debemos destacar la importancia de esta iniciativa que ya funciona en todo el país, y que significa una herramienta fundamental para garantizar más derechos para las chicas y los chicos, y que posibilita un acompañamiento y escucha de quienes transitan situaciones conflictivas”.

Por su parte, la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, recordó que “la propuesta fue generada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el año 2009 y se fue provincializando con el tiempo. Hoy, a más de un año y medio de su puesta en marcha, nos enorgullece que la gestión provincial haya tomado la decisión de que Santa Fe cuente con una línea gratuita para niños, niñas y adolescentes”.

La Línea 102 tiene alcance nacional, funciona en todo el país, y está operada por equipos especializados de cada provincia. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) acompaña a los organismos provinciales en su implementación, adecuación y fortalecimiento.

Además, capacita a los equipos de trabajo, brinda acompañamiento técnico y financiero, monitorea su funcionamiento, sistematiza la información de los llamados y facilita la articulación institucional.

Un sacerdote que cumplía funciones en Coronda fue separado provisoriamente de su actividad apostólica por mandato del Arzobispo de Santa Fe, Mons. Sergio Fenoy, mientras se investiga una denuncia escrita hecha por una mujer mayor de edad y varios testimonios orales de otras mujeres, en su contra.

En primer término, valga aclarar que en un comunicado que la autoridad católica emitió el jueves 20 de este mes a los párrocos de la arquidiócesis de Santa Fe, hace saber que “el Señor Arzobispo desea comunicar que en el día de ayer ha decidido prohibir el ejercicio de cualquier oficio en esta arquidiócesis al Sr. Pbro. G.R., indicándole como lugar de residencia el domicilio de su familia, mientras se lleva adelante la correspondiente investigación preliminar según lo establecido en el canon 1717”, menciona la nota firmada por el Vice Canciller Pbro. Salvador Zinicola.

Tengamos en cuenta que el canon 1717 estipula en el Artículo 1 sobre la investigación previa que “siempre que el Ordinario –clérigo- tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua”. Salvando las distancias, es como un sumario administrativo en un empleo público, rayano con el pase a disponibilidad.

La confirmación de que algo anormal pudo haber pasado en torno a la Iglesia y capillas de esta cabecera departamental, la dio el mismísimo Cura Párroco, autoridad máxima de la Parroquia San Jerónimo, el Presb. Sergio Javier Capoccetti.

En declaraciones a Veo Coronda, el sacerdote explicó que “nosotros recibimos ese comunicado el jueves, era para los sacerdotes” porque “es algo serio, esto lo venimos sintiendo, sufriendo mucho desde octubre aquí en la parroquia, especialmente yo, porque como sacerdote a estas cosas uno las tiene que llevar a los ámbitos que corresponde”. Luego prosiguió: “Cuando me llegó el primer comentario, que no fue denuncia, sino comentario, me dijeron tal y cual cosa, me comuniqué con el obispo para ver qué pasos daba. Nunca me pasó esto con un vicario y con estas características. El obispo habló con él”.

Al respecto, Capoccetti agregó entonces que “sin embargo, luego sí surgió una denuncia similar a aquel comentario, pero escrita, firmada y se le hizo entonces un procedimiento con una amonestación canónica, al vicario” por lo que, como consecuencia “a principios de diciembre lo retiraron de aquí, lo obligaron a estar en la casa por dos meses, aunque ya le habían dado un destino. Pero –continuó el párroco de Coronda- cuando se fue de acá empezaron a venir otras mujeres a dialogar conmigo”.

En concreto, aquella denuncia –que no es por algo ocurrido ahora, sino entre seis y siete meses atrás- tendría referencia a supuestos mensajes por whatsapp “fuera de lugar” y al parecer “subidos de tono”, dirigidos a una mujer mayor de edad de más de 35 años, con conexión por estar dentro del círculo social de la parroquia, además no correspondientes y muy lejanos a la investidura de un sacerdote y rayanos en el acoso telefónico, como mínimo…

Sobre el contenido de las charlas, Capoccetti refirió que “ninguna se animó a hacer la firma. La denuncia verbal la hicieron hablando conmigo, se las tuvo en cuenta, cada denuncia la tuve que informar al Arzobispado. Con lo que me habían dicho y mostrado ellas, no era un secreto sacramental, ellas me pedían que no diga quiénes daban el testimonio así que informé con las iniciales de las personas, se tomaron igualmente esas denuncias, que yo las hice como informe, porque yo no iba a guardar el secreto en el sentido de protegerlo a él”.

Luego, el presbítero aclaró que “tampoco me voy a llevar por lo que digan en la calle. Nosotros tenemos la justicia canónica. Ahí va la denuncia pero es mi informe, para alertar que estaba eso, que había que investigar, pero lo que sí hace falta” en estos casos “es la denuncia firmada”.

El padre Capoccetti contó cómo se actúa en estos casos: “Existe una comisión para estudiar las posibles faltas o delitos, con dos curas, un psiquiatra y un psicólogo” pero volvió a aclarar que “cuando es un problema de una mujer acosada o algo por el estilo, ellos toman la denuncia; puede servir el informe del sacerdote cuando la persona no se quiere exponer pero tengo que informar nombre y DNI y todo lo demás, pero si van con ellos, están capacitados para eso, cuando pasa algo con un cura, no quieren denunciar, pero se arma eso de que todos son iguales y eso lo sufrimos…”.

El sacerdote además aclaró que “hasta donde las personas, las mujeres que son señoras o señoritas de más de 35 años, son todas por supuesto acoso, y sobre todo telefónico. Yo no soy juez pero es así hasta donde yo sé, yo no quiero estar en el medio como un cómplice silencioso, por eso estas cosas se sanan con la Justicia aunque sea dura, la justicia canónica, si hay denuncia en lo legal, cada uno sabe, acá hay comisaría de la mujer y pueden ir tranquilamente a que les tomen la denuncia” disparó el cura.

A partir del conocimiento en la opinión pública del tema, hubo voces a favor y otras en contra. Ha habido discusiones y pareceres muy disímiles incluso entre dirigentes de entidades parroquiales. Aparecieron también personas que dieron a conocer ciertos contenidos o capturas en Facebook parecidos a lo que hay en la acusación interpuesta hasta aquí, pero no formalizaron –al menos por ahora- ninguna denuncia canónica ni policial.

De hecho, el sacerdote de marras se fue por la puerta grande, cumplió funciones entre 2021 y 2022 y fue despedido incluso con una serie de agasajos el 15 de diciembre del año pasado y se le atribuyó el hecho de haber introducido más asiduamente las misas de sanación, mejoras en merenderos, aparición de los boys scouts, mayor participación de las instituciones internas de la Iglesia, más trabajo con los enfermos, la creación de círculos bíblicos, la concreción de misiones por internet entre otras cosas. Pero una cosa no necesariamente quita a la otra…

De todos modos, y en cuanto a las actuaciones del Arzobispado “ya se comenzó el proceso, se tomó la denuncia escrita, en relación a las de aquí, esta vez se lo suspende, no puede ejercer como sacerdote en ningún momento, consideran que la denuncia es fuerte. En un caso anterior con una denuncia no lo habían suspendido, estaba en la casa pero iba y ayudaba en capillas y parroquias, él puede andar por dónde quiere pero se le suspende toda acción eclesiástica” finalizó Capoccetti.

Incluso ahora surge una conexión posible con una pintada que apareció en la casa parroquial el pasado 16 de diciembre, curiosamente el día después de que ese cura se fuera de Coronda y que al parecer habría acusado de una situación deshonrosa a ese sacerdote.

Al menos 21 soldados rusos se rindieron a las tropas ucranianas en la región de Luhansk, en el este de Ucrania, y lanzaron fuertes denuncias contra los generales de Vladimir Putin.

En un video difundido por el ejército de Kiev, se puede ver a los reclutas del país invasor que fueron capturados cerca de la ciudad de Svatove, quienes sostuvieron que fueron “enviados a la muerte que les correspondía” sin equipo ni entrenamiento y afirmaron que sus comandantes los abandonaron tan pronto como estuvieron bajo el fuego enemigo.

“No comimos ni bebimos durante tres días. Nos sentamos en las trincheras empapadas”, afirmó uno de los prisioneros sobre su experiencia en el frente. Y agregó: “[Los rusos] están disparando contra sus propias [tropas]… Nos sentamos [en las trincheras] durante tres días y nuestros propios [camaradas] nos estaban bombardeando”.

Estiman que más de 100 mil soldados rusos murieron o fueron heridos en la guerra con Ucrania 

Cabe destacar que los reclutas -la mayoría de mediana edad -son algunos de los aproximadamente 300.000 hombres movilizados por el Kremlin a partir de septiembre.

De acuerdo al grupo de expertos estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra, estiamn que los hombres que aparecen en las imágenes serían miembros del 15.° Regimiento de la 27.° Brigada Motorizada de Fusileros de Moscú y la región de Moscú, que se desplegó en el frente cerca de Svatove a principios de octubre.

Los seis Buzones de la Vida ubicados en distintos puntos de la ciudad recolectaron 44 denuncias por delitos federales, dato que surge luego del acto de apertura efectuado este jueves en el Palacio Municipal, con la presencia del intendente Leonel Chiarella, quien apoya el funcionamiento de este sistema de denuncias anónimas de delitos para que los vecinos se expresen.

Asistieron la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha; el director del área, Fernando Salinas, los concejales Nahuel Pasquinelli y Darío Jeannot y el representante del Obispado de Venado Tuerto, Marcelo Laiño. En el caso del vecinalista Alejandro Domínguez, no estuvo presente pero envió sus llaves como depositario.

Tras la apertura, Rocha confió que “el buzón del Palacio Municipal (San Martín y Marconi) siempre es el que más denuncias recibe, luego viene el del CIC (Falucho y Vuelta de Obligado). Ahora ingresaremos en Fiscalía federal estas 44 posibles denuncias y en lo que va del año llevamos 123”.

El Buzón de la Vida es una herramienta implementada por el Gobierno de Venado Tuerto para la recepción de denuncias anónimas de vecinos sobre venta de drogas o trata de personas, que luego son elevadas al fuero federal para su investigación. Esta fue la cuarta apertura del año y resta una para el 2022.

“Los buzones se han constituido para los ciudadanos en una herramienta confiable, y desde la Justicia federal nos hacen una devolución cuando informan que muchas investigaciones surgen a partir de estas denuncias anónimas de los vecinos. El número de posibles denuncias de hoy indica que la gente responde. La próxima apertura será en el mes de diciembre”, completó Rocha.

Este jueves 20 de octubre a las 10 tendrá lugar un nuevo acto de apertura de los Buzones de la Vida, en la sala “Intendente Garnier” del Palacio Municipal, con la presencia de representantes del Ejecutivo y Concejo e instituciones poseedoras de las llaves.

El Buzón de la Vida es una herramienta implementada por el Gobierno de Venado Tuerto para la recepción de denuncias anónimas de vecinos sobre venta de drogas o trata de personas, que luego son elevadas al fuero federal para su investigación.

“Será la cuarta apertura del año de los Buzones y queda una más para el 2022. Hasta el momento se presentaron 79 posibles denuncias. Es un proceso totalmente transparente, donde todas las denuncias son guardadas en un sobre que firmamos y lacramos y luego enviamos a la Fiscalía Federal”, reseñó la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha.

En la actualidad los Buzones están dispuestos en la entrada del Palacio Municipal (San Martín y Marconi), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal (Brown 478) y los Centros de Atención Primaria (Caps) de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

Hagar Blau Makaroff

Desde temprano a media mañana en Oroño y el río, ciudadanos y organizaciones ambientales reclamaron el freno de las quemas que no dejaban respirar. Sebastián Martínez de la Multisectorial por los Humedales dijo que “la Ley de Humedales se encuentra frenada en el Congreso y sin tener avances, ya que ni siquiera ingresó a comisiones, y por ahora no hay voluntad política de ninguno de los sectores para su tratamiento”.

El intendente Pablo Javkin desde sus redes el sábado mostró su disgusto y pidió a sus funcionarios “ampliar la denuncia” que el Municipio rosarino hizo en 2021, reclamando detenciones en la causa:“He instruido a mis funcionarios para que en el marco de la causa que el municipio de Rosario viene realizando, no solo ampliemos la denuncia sino exigir en el marco de esa causa las detenciones a partir de las localizaciones que esos faros aportan.

El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Roberto Rioja explicó en declaraciones radiales que los incendios “surgieron en la zona de la traza del puente Rosario-Victoria, y por el cambio de la dirección del viento es que han aparecido cenizas”.

“Es un tema que no solo nos indigna, sino que está afectando la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad”, señaló en sintonía el secretario de Gobierno del municipio Gustavo Zignago, quien precisó además que “la primera denuncia tenía alrededor de 52 imputados, de los cuales se había avanzado con un número mínimo de indagatorias, y se evidencia la inactividad (de la Justicia), que nosotros la valoramos como una falta de interés frente al hecho que está sucediendo”.

“Vamos a estar ampliando la denuncia, con todas las fuentes de información que tenemos, los episodios que sucedieron entre 8, 9 y 10 de julio”, señaló el secretario, que además criticó a los legisladores nacionales por no avanzar en una normativa que proteja a los humedales: “Hay ocho proyectos en la Cámara de Diputados de la Ley de Humedales, y hay uno en la Cámara de Senadores, y el año pasado perdió estado parlamentario nuevamente. La Justicia y los legisladores tienen que estar a la altura del tiempo y necesidades de la gente”.

El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) destacó que lo que ocasiona los nuevos focos de incendio en las islas frente a Rosario y la región es “la gran cantidad de material combustible” que hay en el terreno.

El director del Observatorio Matías De Bueno aseguró en torno a los incendios que, “de acuerdo a las estimaciones oficiales, han afectado este año la superficie equivalente a dos ciudades de Rosario o “de más de 35 parques Independencia si quisiéramos tomar dimensiones”. En ese sentido, el referente tildó a la situación que lleva más de tres años como “inexplicable”, y si bien reconoció que los brigadistas están mucho más preparados, desde el lado de la línea política aseguró que se trabaja en “menos uno”.

“El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) está en la nada, como también el Comité de Emergencia Ambiental, que deberían integrar las tres provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos) y Nación. No hay ninguna política ambiental que apunte a resolver esta situación”.

De Bueno aseguró además que “los faros de conservación son cámaras en el lugar, que pueden detectar a través del calor cuando comienza un incendio”. Y dijo “no saber” qué otro tipo de información pueden tener. “Son grandes torres con las cámaras, pero creo que en este momento ya debe intervenir la Corte Suprema de la Nación porque no creo que haya que actuar con tribunales inferiores”, vislumbró.