Por Juan Manuel Fernández

Pese a los llamados de atención desde las entidades gremiales y las reuniones con funcionarios políticos, policiales y judiciales, nuevos hechos criminales en el agro del departamento Castellanos hacen temer el peor desenlace.

"No queremos que haya balas, pero lamentablemente tememos que surja alguna posibilidad que no es la deseada, si es que no se pone freno y no se pone coto", planteó el Secretario de la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela, Marcos del Fabro, tras un nuevo intento de abigeato en la zona.

La reacción se produjo tras la faena de 4 bovinos en un establecimiento de Bella Italia, durante la noche del domingo 23 y la madrugada del lunes 24. Allí quedaron varias medias reses, próximas a un acoplado. Suponen los damnificados que los delincuentes huyeron ante alguna señal de alarma cuando se disponían a cargar el botín en el vehículo, que también robarían. Un día antes, el sábado, le habían sustraído un acoplado a un productor de Aurelia.

Estos hechos se suman a una "oleada" de inseguridad rural, que fue denunciada por la Sociedad Rural de Rafaela un mes atrás, luego de un raid delictivo en varias localidades que tuvo como saldo el robo de maquinaria, un acoplados taller, un acoplado vaquero y hasta una camioneta. En un duro comunicado, la entidad planteó: "jamás somos atendidos en nuestra seguridad". Tras las repercusiones de la denuncia, el 11 de junio el sector planteó la situación ante el fiscal regional, Carlos Vottero, durante una reunión en la sede ruralista, de la que también participaron los responsables de la Unidad Regional V de la Policía de Santa Fe y la Guardia Rural Los Pumas, además legisladores, funcionarios provinciales, intendentes y presidentes comunales.

"Es un camino que a veces creemos desde el sector que puede llegar al no retorno; insisto, no esperamos que ocurra una bala, no queremos que ocurra una bala, no queremos que el sector derrame sangre, pero es importante tener en cuenta que para que esto se logre ya las mesas de discusión dejaron su camino a la mesa de acción", planteó Del Fabro.

Al respecto, el dirigente aclaró que no se trata de "revanchismo ni la advertencia implícita" de usar la violencia contra los delincuentes. Sino del riesgo de un desborde emocional ante una situación crítica. "Ante una invasión a la propiedad privada, a nuestras casas, donde hay chicos, donde hay familias y aparece alguien, uno no sabe cómo responder; y ahí es donde viene a veces el sin sentido de una emoción que uno no sabe cómo reaccionar y es el otro o uno; y ahí es donde no tenemos que llegar", subrayó.

No se trata de la primera referencia a un posible hecho violento en la región: en abril, un productor al que le faenaron 6 vacas lecheras en Josefina advirtió que contaba con personal armado y que era cuestión de tiempo para que se encuentren en el campo con los delincuentes. "Es el preludio de una tragedia entre los peones y los criminales", alertó.

Del Fabro planteó: "necesitamos que el Estado, a través de todos sus organismos, sean policial, jurisdiccional a través de Municipios y Comunas, y especialmente judicial, tome cartas en el asunto y evite esta serie de vandalismo".

Al respecto, mencionó otro hecho, ocurrido la semana anterior en Rafaela, donde también entra en juego el maltrato y la crueldad contra los animales, delitos tipificados en el Código Penal (Ley "Sarmiento" 14.346, que prevé prisión de quince días a un año). "Se faenó una vaca recién parida; había parido el día anterior y la desguazaron, le hicieron lo que no te imaginás para sacar dos o tres trozos de carne".

En tal sentido, el dirigente remarcó el "contrasentido" de que al sector agropecuario se le pida o exija que aplique Buenas Prácticas Agropecuarias (entre ellas, las de bienestar animal) y que los delincuentes que generan estos daños no paguen por ello.

Por último, Del Fabro reclamó por los productores en su condición de ciudadanos y el derecho a la justicia. "La ciudad no termina en el pavimento, la ciudad termina en los últimos alambrados de cada comarca; y cada comarca se pega a la siguiente", dijo, y manifestó el apoyo incondicional a la policía rural y las entidades, como las cooperadoras, que hacen contribuyen a que las instituciones tomen fuerza y puedan hacer su trabajo. Pero exigió: "necesitamos imperiosamente que el Estado, a través de las comunas y municipios, pero especialmente de la justicia, ponga a disposición las mejores de sus herramientas para que la policía pueda actuar y puedan agarrar a estos malvivientes".

Por Luis Rodrigo

Con la perspectiva de aprobar con media sanción un proyecto de ley que crea una "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales", en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, el Senado de la Legislatura de Santa Fe escuchará este miércoles 12 a representantes de las entidades del sector, afectadas por la llamada inseguridad rural.

La reunión está prevista para las 16.30, con agenda abierta para que participen todos los senadores interesados en oír la posición de los dirigentes ruralistas. Además, con la chance de que este jueves 13 sesione la Cámara y una preferencia para el proyecto, se busca que el tema llegue a Diputados con un fuerte impulso. Fueron convocadas la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Confederaciones Rurales Argentinas.

El proyecto de ley en cuestión pertenece al presidente del bloque de la minoría, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y del tema fue impuesta, María Cecilia Vranicich, la titular del MPA en su reciente exposición a las Cámaras sobre el último año de gestión en materia de persecución penal.

En las últimas dos semanas las malas noticias sobre el abigeato y el robo de granos ocuparon, con exposiciones de los senadores desde sus bancas, el momento de las manifestaciones. Y también el temario de las comunicaciones y pedidos de informes, tanto en la oposición como en el oficialismo.

En la última sesión del jueves 6 se aprobó un pedido de informes que solicita datos estadísticos del MPA sobre "la comisión de delitos de abigeato en el departamento Constitución", solicitado por el senador que lo representa, Germán Giacomino (UCR).

Del mismo modo, pero para el departamento Castellanos, su representante, Alcides Calvo (PJ) pidió más precisiones al gobierno provincial ante "los reiterados hechos de inseguridad y delitos sucedidos en zonas urbanas y rurales de distintas localidades".

El Senado ya votó en mayo de 2022 otra iniciativa similar, del mismo autor, pero fracasó su tratamiento en Diputados, donde existía en comisiones otro proyecto con idénticas aspiraciones del ex diputado Oscar Martínez (Renovador-100% Santafesino).

Como solía suceder en otros períodos legislativos (hoy no) sendos proyectos en ambas cámaras creaban un paralizante "empate", con un perdedor: el objetivo perseguido en esos expedientes "cruzados", según el término usado en el ámbito parlamentario provincial. Actualmente la mayoría oficialista en ambas cámaras y la concordia interna de los partidos que la integran permiten una agenda previsible.

En rigor, las aspiraciones de la Cámara alta para que una unidad del MPA tenga en la mira a los ladrones de ganado y granos existe desde hace más de cuatro años.

La Unidad Fiscal Especial propuesta dependería del Fiscal General, con sedes en cada una de las cinco circunscripciones judiciales, y establecerá la cantidad de fiscales y fiscales adjuntos que las integrarán, previo asesoramiento de la Junta de Fiscales.

"Muchos delitos rurales se cometen a través de bandas organizadas, con inteligencia previa y manejo de recursos materiales, que vuelve más compleja y dificultosa la intervención de los organismos policiales y judiciales", sostiene Pirola en los considerandos.

Por lo tanto, "se requiere una mayor consideración de la cuestión en las actuales estructuras jurisdiccionales y una mayor especialización para su prevención, investigación y persecución".

Además, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General el último filtro de todos los expedientes que logran ser aprobados con despacho en el orden del día (el trámite más extenso, opuesto a un sobre tablas) se encuentra otro proyecto de ley vinculado con el mismo problema: el robo de ganado.

Se trata de una serie de modificaciones, también propuestas por el líder de la bancada justicialista, para cambiar cinco artículos de la Ley 12256, que fue promulgada en enero de 2004, y creó el Programa de Coordinación y Seguridad Rural en la lucha contra el abigeato.

Obviamente, el encarecimiento de las carnes y la muchas veces escasa presencia policial en muy amplias áreas rurales han favorecido la multiplicación de casos. Por eso se plantea la búsqueda de soluciones que tengan en cuenta la cadena de comercialización ilegal de los cortes.

Tras realizar diversas tareas investigativas, agentes de la Dirección Gral. de Seguridad Rural aprehendieron a dos hombres por hechos de abigeato e incautaron alrededor de 300 kg. de carne de dudosa procedencia que aparentemente se comercializaba de forma clandestina.

Efectivos de la Guardia Rural Los Pumas, con asiento en la localidad de Florencia, realizaron tareas investigativas, a raíz de una denuncia por abigeato radicada por un productor ganadero, de la localidad de Hardy. Tras la información recabada, los uniformados realizaron una requisa en un domicilio de la mencionada localidad donde aprehendieron a un hombre y secuestraron cerca de 70 kg de carne de dudosa procedencia.

Otro procedimiento fue realizado por agentes de la Sección N° 9 Villa Ocampo, quienes fueron advertido que en un domicilio de dicha ciudad un sujeto comercializaba carne de origen vacuno de forma clandestina. En consecuencia, los actuantes realizaron una requisa en una finca donde secuestraron alrededor de 250 Kg. de distintos cortes cárneos de origen bovino por lo que atraparon a un hombre que se encontraba en el lugar.

Por último, cabe mencionar que en todas las intervenciones, los actuantes comunicaron las novedades a los órganos judiciales correspondientes.

Los vecinos de la comuna de Montes de Oca, en el departamento Belgrano, creyeron que la detención in fraganti de dos delincuentes que había perpetrado un robo en la zona rural podría ser, al fin, el inicio del fin de una interminable sucesión de delitos que venían sucediéndose en el distrito. Pero la decisión de un juez santafesino derrumbó en tiempo récord esa expectativa, lo que causó tal indignación que el presidente comunal elaboró un video que publicó en las redes sociales, llamando a la ciudadanía a denunciar el mal accionar judicial y a los jueces a cumplir con su deber. Antes, autoridades comunales y municipales de todo el departamento, junto al senador Guillermo Cornaglia, habían entregado una nota al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, solicitando elementos de seguridad como cámaras de alta definición, drones y más personal y móviles policiales, así como “una inmediata reunión”.

“Con altísima decepción les quiero pedir que me acompañen a visibilizar cada vez que esto suceda y pedir a los señores jueces que por favor empiecen a cuidarnos, tomen decisiones que clarifiquen el mensaje a la sociedad: pareciera que da lo mismo salir a robar, porque no tiene ninguna consecuencia, que salir a trabajar para ganarse dignamente el pan”, dijo mirando a cámara Emanuel Sagripanti el viernes 23 de septiembre en un video que se publicó en la cuenta de Facebook de la comuna.

Según relató a la prensa, el domingo previo dos sujetos robaron semillas y agroquímicos de un galpón de una familia en zona rural y, en la huida, volcaron el vehículo en Cintra, provincia de Córdoba. Allí se identificaron los elementos sustraídos, así como el carro que utilizaron para cargarlos, que también habían robado en la localidad a otra familia, y la policía cordobesa detuvo a un menor y un mayor, padre e hijo.

El funcionario explicó que los productores de la zona vienen sufriendo hechos como este con una inusual frecuencia, por lo que haber aprehendido in fraganti a los delincuentes podría develar la sospecha de estar siendo vigilados y “entregados” por algún delincuente local. “Podía ser la piedra fundamental para saber si tenemos un entregador local o si simplemente son robos aislados que se producen por estar al límite provincial y tener una vasta zona rural”.

Pero con gran decepción supieron, dos días después, que la justicia cordobesa remitió a los detenidos a Santa Fe, donde los liberaron y les permitieron volver a su domicilio en la provincia vecina. “Con una restricción para entrar durante 90 días al distrito de Montes de Oca”, explicó el presidente comunal. “Ya sentimos desconfianza, porque lo liberaron tan rápido que no sabemos cuánta energía puedan poner en la investigación”.

Esta situación impulsó la reunión con todo el arco político departamental, que incluyó al senador e intendentes y presidentes comunales “para manifestar la gran preocupación por la sucesión de hechos y el sentimiento de desamparo que tiene el productor agropecuario cuando deja elementos en el campo y tiene que salir a trabajar”.

En el video institucional, Sagripanti dijo que la demanda de justicia es “lo que reclama la Argentina en su totalidad, no sólo el productor agropecuario, ni las víctimas de un delito”. Y clamó por el fin de “la eterna puerta giratoria de la justicia; la banalización de estos hechos y el ninguneo que sienten las pequeñas comunidades”. Y reiteró que, con medidas como esta, “la justicia da un mensaje a la sociedad, que pareciera que robar es lo mismo que trabajar; es indignante y no podía dejar de manifestarlo públicamente”.

La dirección general de Seguridad Rural Los Pumas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, imputó en el mes de mayo a 615 personas por contravenciones y delitos rurales, en el marco de los procedimientos de prevención que realiza la fuerza policial.

Los delitos y contravenciones correspondieron a abigeato, robos, tenencia indebida de armas, infracciones a leyes provinciales y nacionales de protección y conservación de la fauna y la flora silvestres, violaciones a disposiciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Asimismo, en lo que va de junio, se incautaron 14 armas de fuego y 260 municiones de diferente calibre; y se secuestraron 482 animales, 21.200 kilogramos de carne de diferentes animales y 131.500 kilogramos de cereal.

De igual modo, en el marco del cumplimiento de la ley provincial Nº 4830, que prohíbe la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio santafesino, así como el tránsito, comercio e industrialización de sus cueros, pieles o productos, la Guardia Rural Los Pumas decomisó 123 animales, 65.750 kilogramos de leña, 60.000 kilogramos de carbón y 10.000 kilogramos de vigas, en el marco de la ley nacional Nº 13.273, de Defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques.

También fueron decomisadas 60.390 especies ictícolas, en cumplimiento de la ley provincial Nº 12.212, de Manejo sustentable de los recursos pesqueros.

Luis Rodrigo El Litoral La Cámara de Senadores aprobó sobre tablas un proyecto de ley que agrega a la estructura del Ministerio Público de la Acusación una unidad dedicada a la persecución de los delitos rurales. La iniciativa ya había sido sancionada por la Cámara alta sin suerte en Diputados y, tal como se había anunciado en febrero, cuando recrudecieron los casos de abigeato en varios departamentos santafesinos, el autor de la norma Rubén Pirola volvió a presentar el texto. El texto busca “potenciar la agenda de nuestra ruralidad en el debate parlamentario, atendiendo a diferentes necesidades del sector”, sostuvo el senador también un “Programa de Coordinación y Seguridad de la comunidad rural y prevención y lucha contra el abigeato”. Se trata de dotar al MPA de una estructura y organización judicial especializada en la investigación y persecución de los delitos rurales que se cometen en la provincia de Santa Fe, bajo la idea de que el delito rural no tiene las mismas características que el urbano, especialmente por la clara diferencia del terreno en que opera, que por dimensión y extensión que dificulta su control. “Es una realidad que los delitos rurales han recrudecido en el país y en nuestra provincia y que cada vez adquieren connotaciones más peligrosas, sobre todo para los habitantes de zonas rurales, por la violencia y la fuerza empleadas o uso de armas en su comisión”, añadió Pirola. Un panorama similar describió su par radical Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y destacó la necesidad de avanzar con fiscales dedicados al tema. Los senadores dijeron que bandas organizadas, con inteligencia previa y manejo de recursos materiales se han dedicado al robo de ganado y a los asaltos en viviendas alejadas de los centros urbanos. El proyecto establece los hechos tipificados en el Código Penal Argentino (en los artículos 163º, inciso 1); 167º ter; 167º quater; 167º quinque; 206º; 248º bis; 277º bis; 277º ter y 293º bis) en los que intervendrá la unidad especial. Su labor dependerá directa y exclusivamente del fiscal general (no de las fiscalías regionales).

Los 8 mil kilos de alimentos de un programa municipal de la ciudad de Rosario, que fueron encontrados en la casa de un conocido jefe de una banda de narcotraficantes fue ventilado en el recinto del Senado. La Cámara alta santafesina expresó su preocupación por el tema y aprobó sin demoras un pedido de informes del senador por Rosario, Miguel Rabbia (PJ-Lealtad) que pide que el Poder Ejecutivo traslade a esa municipalidad. Como se sabe la ayuda alimentaria corresponde a una programa municipal y el hecho ya ha sido denunciado por esas autoridades. Entre otros puntos, Rabbia pide precisiones respecto de cómo es posible que una carga equivalente a la de un camión cargado de comida del Estado haya llegado a esa vivienda.

También con el expeditivo proceso del sobre tablas, el Senado le dio media sanción a un proyecto de ley de Osvaldo Sosa (PJ-Nes-Vera) que designa con con el nombre de “Los Amores” a la Escuela EESO 560 de esa localidad.

La Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, dependiente del Ministerio de Seguridad del gobierno provincial, informó que, en los últimos dos años, los Pumas realizaron un total de 14.232 imputaciones por delitos de abigeato, robos, tenencia indebida de armas; también por contravenciones e infracciones a leyes provinciales y nacionales de protección y conservación de la fauna y la flora silvestres, así como violaciones a disposiciones de SENASA, ASSAL y AFIP. 

Además, los agentes recuperaron un total de 3.741 animales, lo que equivale a más de 150 millones de pesos. 

En el marco del cumplimiento de la Ley Provincial N.º 4830, que prohíbe la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la provincia, así como el tránsito, comercio e industrialización de sus cueros, pieles o productos, la Guardia Rural Los Pumas realizó 3.184 procedimientos, decomisó 1.589.600 kg de leña, 430.515 kg de carbón y 116.700 kg de vigas, en el marco de la Ley Nacional 13.273, de defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques. 

Además, fueron decomisadas 126.259 especies ictícolas, en cumplimiento de la Ley Provincial 12.212, de manejo sustentable de los recursos pesqueros. 

Fruto de los diferentes procedimientos realizados por Los Pumas, pudieron secuestrar un total de 506 armas de fuego y 3.778 municiones de diferente calibre, durante el mes de junio. 

Además, por contravenciones, la fuerza policial secuestró 3.714 animales, 4.158 kg de carne de diferentes animales; y 531.940 kg de cereal. 

La Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, dependiente del Ministerio de Seguridad del gobierno provincial, realiza diferentes procedimientos para prevenir delitos rurales en todo el territorio provincial.

Es así que, en los últimos dos años, los Pumas realizaron un total de 14.232 imputaciones por delitos de abigeato, robos, tenencia indebida de armas; también por contravenciones e infracciones a leyes provinciales y nacionales de protección y conservación de la fauna y la flora silvestres, así como violaciones a disposiciones de SENASA, ASSAL y AFIP.

Además, los agentes recuperaron un total de 3.741 animales, lo que equivale a más de 150 millones de pesos.

En el marco del cumplimiento de la Ley Provincial N.º 4830, que prohíbe la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la provincia, así como el tránsito, comercio e industrialización de sus cueros, pieles o productos, la Guardia Rural Los Pumas realizó 3.184 procedimientos, decomisó 1.589.600 kg de leña, 430.515 kg de carbón y 116.700 kg de vigas, en el marco de la Ley Nacional 13.273, de defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques.

Además, fueron decomisadas 126.259 especies ictícolas, en cumplimiento de la Ley Provincial 12.212, de manejo sustentable de los recursos pesqueros.

Fruto de los diferentes procedimientos realizados por Los Pumas, pudieron secuestrar un total de 506 armas de fuego y 3.778 municiones de diferente calibre, durante el mes de junio.

Además, por contravenciones, la fuerza policial secuestró 3.714 animales, 4.158 kg de carne de diferentes animales; y 531.940 kg de cereal.

La Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, realizó diferentes procedimientos para prevenir delitos rurales.

En el mes de junio, los Pumas llevaron adelante un total de 834 imputaciones por delitos de abigeato, robos, tenencia indebida de armas; también por contravenciones e infracciones a leyes provinciales y nacionales de protección y conservación de la fauna y la flora silvestres, así como violaciones a disposiciones de Senasa, Assal y Afip. Estas imputaciones se dieron en el marco de 787 procedimientos positivos realizados por la fuerza policial en toda la provincia.

Protección de la fauna y bosques

En el marco del cumplimiento de la Ley Provincial 4.830, que prohíbe la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la provincia, así como el tránsito, comercio e industrialización de sus cueros, pieles o productos, la Guardia Rural Los Pumas realizó 350 procedimiento, y decomisó 99 animales en el mes de junio.

A su vez, la fuerza policial también decomisó 83.500 kg de leña, 33.000 kg. de carbón y 15.700 kg de vigas, en el marco de la Ley Nacional 13.273, de defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques.

Además, fueron decomisadas 7154 especies ictícolas, en cumplimiento de la Ley Provincial 12.212, de manejo sustentable de los recursos pesqueros.

Contravenciones y secuestro de armas

Fruto de los diferentes procedimientos realizados por Los Pumas, pudieron secuestrar un total de 16 armas de fuego y 150 municiones de diferente calibre, durante el mes de junio.

Además, por contravenciones, la fuerza policial secuestró 323 animales, 108 kg de carne de diferentes animales; y 29.500 kg de cereal.