El Gobierno de la provincia de Santa Fe abrió la inscripción para una nueva subasta pública de bienes incautados al delito, una herramienta que se consolidó como política de Estado en la gestión de Maximiliano Pullaro. El remate se llevará a cabo el próximo 16 de abril en la ciudad de Rosario, con más de 150 lotes disponibles y precios de base significativamente por debajo del mercado.

La convocatoria ya despertó un fuerte interés: según confirmó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, más de 2 mil personas de 17 provincias se inscribieron para participar, entre ellas más de 40 vecinos de Venado Tuerto.

“Es una política inédita a nivel nacional. Somos la única provincia que lleva adelante este tipo de subastas de manera sistemática, recuperando bienes del delito y devolviéndolos a la sociedad”, aseguró el funcionario .

El catálogo incluye una amplia variedad de bienes secuestrados en investigaciones judiciales: automóviles, camionetas, motocicletas, maquinaria y equipamiento comercial. Los valores base, en muchos casos, rondan el 30% del precio de mercado, lo que explica la alta demanda.

Entre las oportunidades más accesibles se destacan motocicletas desde 45.000 pesos y autos desde 800.000 pesos. Pero la principal novedad de esta edición será la incorporación de una aeronave.

“Por primera vez vamos a subastar un avión de seis plazas, con una base de 50 millones de pesos, que sigue siendo un valor competitivo para ese tipo de bien”, detalló Figueroa Escauriza .

Además, también se pondrá a la venta el equipamiento completo de un bar secuestrado en el microcentro rosarino, con un precio base de 4 millones de pesos. El objetivo es que quien lo adquiera pueda montar rápidamente un emprendimiento comercial.

Para participar es imprescindible inscribirse previamente en el sitio oficial de la Provincia antes del 7 de abril. Ese proceso incluye un cruce de datos para garantizar que los interesados no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que se les incautaron los bienes.

La subasta será presencial y se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario. El cronograma prevé:

Los participantes deberán presentarse con una seña en efectivo de hasta 600.000 pesos por lote. El resto del pago se completa por transferencia bancaria tras la adjudicación.

Uno de los aspectos que más dudas genera —y que desde el Gobierno buscan despejar— es la situación legal de los bienes. En ese sentido, se aclaró que los vehículos se entregan con dominio nuevo y documentación regularizada.

“Es como si el vehículo naciera de cero. Se cambia la patente y no queda ningún vínculo con los propietarios anteriores”, remarcó el funcionario .

El dinero recaudado en las subastas tiene un destino específico y transparente. En primer lugar, se utiliza para resarcir a víctimas de delitos vinculados a los bienes incautados. En segundo término, se financia el propio sistema de administración de bienes secuestrados, que implica altos costos logísticos.

Finalmente, una parte de los fondos se destina a políticas públicas y donaciones a instituciones.

“Ya hemos devuelto más de 300 millones de pesos a víctimas y también realizamos aportes a escuelas, por ejemplo con vehículos para prácticas técnicas o equipamiento educativo”, indicó Figueroa Escauriza .

Más allá del atractivo económico, desde el Gobierno provincial insisten en el impacto simbólico y estructural de esta política: quitarle al delito los bienes obtenidos de manera ilegal y reutilizarlos en beneficio de la sociedad.

“Antes estos bienes quedaban abandonados o se deterioraban en depósitos. Hoy los recuperamos, los vendemos y los transformamos en recursos útiles”, explicó el funcionario.

Incluso, el modelo ya despierta interés en municipios y comunas, aunque su implementación requiere marcos normativos específicos. En ciudades como Venado Tuerto, donde muchos vehículos secuestrados terminan compactados, se analiza la posibilidad de avanzar en esquemas similares a futuro.

La subasta del 16 de abril no solo representa una oportunidad para adquirir bienes a bajo costo, sino también una muestra concreta de una política que apunta a golpear la estructura económica del delito y transformar ese daño en beneficios para la comunidad.

En el primer año de implementación del Centro de Denuncias 911 (CD911), el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destacó la consolidación de una herramienta que amplía el acceso a la justicia y mejora la respuesta estatal frente al delito. El sistema, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, incorporó la toma de denuncias telefónicas como mecanismo ágil y cercano para la ciudadanía. EL CD911 se integró a la Central de Emergencias 911, pero se ocupa de recibir denuncias en las que no están en peligro ni la vida ni los bienes de quien llama ni de terceros.En ese sentido, el servicio CD911 tiene como misión principal recepcionar la mayor cantidad de denuncias vinculadas a hechos de robo, casos de tentativa, amenazas simples, estafas (como “cuento del tío”, transferencias de dinero mediante whatsapp, con tarjetas de crédito y/o débito), impedimento de contacto, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, entre otros.El sistema está operativo actualmente en Rosario y ciudad de Santa Fe, y desde su puesta en marcha, el 19 de marzo de 2025, el CD911 registró 9.231 llamados. De ese total, 6.665 derivaron en denuncias formales y 2.566 en instancias de orientación. Rosario concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 6.150 llamados -de los cuales 4.598 se transformaron en denuncias-, seguida por la ciudad de Santa Fe, con 3.081 comunicaciones y 2.067 denuncias efectivas.La atención está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de la 1era (Santa Fe) y 2da (Rosario) Circunscripción. La persona denunciante recibe su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunica al Ministerio Público de la Acusación vía SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

Entre los delitos más reportados se encuentran amenazas, robos y estafas, lo que evidencia la capacidad del sistema para visibilizar hechos que anteriormente no ingresaban al circuito judicial. En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que la herramienta “permite abordar delitos que muchas veces no se denunciaban” y remarcó su aporte tanto en la atención a las víctimas como en el fortalecimiento de las investigaciones penales.El dispositivo funciona con atención profesional a cargo de abogados, quienes garantizan la validez jurídica de cada denuncia y su inmediata derivación al Ministerio Público de la Acusación.Con una implementación progresiva en todo el territorio provincial, el CD911 se posiciona como un canal accesible para denunciar sin necesidad de traslado y como una fuente estratégica de información para optimizar la prevención del delito.

(Por Ivana Fux y Emerio Agretti) - La convencional Lucía Masneri defendió que la Constitución Provincial habilite al Poder Ejecutivo a dictar indultos y conmutaciones de pena a funcionarios y empleados públicos, cosa que actualmente está prohibida de manera integral, y que en la reforma introducida está vedada específicamente para los delitos contra la administración pública.

Tras un arduo y por momentos tenso debate, el plenario del cuerpo aprobó, por mayoría de 36 votos (los correspondientes a Unidos y a Fe) contra 31 (correspondientes a los demás bloques), que el gobernador "puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe de la Corte Suprema de Justicia, excepto delitos contra la administración pública".

Es la fórmula votada para el inciso 18 del artículo 72, que refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo. El texto del actual artículo 72, en su inciso 16, habilita la facultad de indultar o conmutar penas en las mismas condiciones, pero aclara que "no puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones". Ahora se levanta esa restricción en general, y se la circunscribe a los delitos contra la administración pública.

El plenario aprobó por mayoría la nueva cláusula, en una sesión marcada por el debate intenso.

En diálogo con El Litoral, la convencional Lucía Masneri (actual titular del Servicio Penitenciario) fundamento y defendió el criterio adoptado.

"Este es un tema que ya había sido analizado anteriormente, al inicio de nuestra gestión, cuando se anunció que se iba a indultar, por ejemplo, a Luciano Nocelli (N. de la R: el oficial del Comando Radioeléctrico de Rosario que había sido condenado a 25 años de prisión por matar a tiros a dos sospechosos de robo que escapaban en una moto, aunque luego la Corte Suprema anuló ese fallo por considerarlo "arbitrario"). Eso fue en razón de lo que, entendemos, se da en el marco de un acto de servicio y de una legítima defensa de terceros, y no el reproche que en su momento había determinado la Cámara (exceso de legítima defensa). Entonces, se había entendido que (la Constitución santafesina) solo hacía referencia a lo mismo que la Constitución nacional. Es decir, a aquellos quienes, utilizando por sí o por terceros su lugar de poder, buscaban abusarse y obtener réditos, al menos ilegales o ilegítimos por parte del Estado.

- No sería este el caso.

- Claro. Pensar en que una persona, simplemente por ser agente o empleado, no podía ser indultada, no tenía que ver con lo que se estaba intentando proteger. Porque si un funcionario a través de un tercero buscaba un beneficio, el problema no estaba en el delito del tercero, sino en la actitud del funcionario. Con lo cual, se eliminó esa redacción y se cambió a una redacción que lo impide, pero específicamente respecto a los delitos que afectan a la administración pública. Planteándonos el criterio y lo que realmente buscamos proteger. Esto siempre estaba, por supuesto, vinculado con lo que es la cláusula democrática y el impedimento de afectar al Etado; afectar, en definitiva, la democracia. No pensar en la persona. Digo, dejar de hacer un análisis de un delito de un derecho penal de autor, sino pensar en el delito. Es el acto lo que estamos tratando de impedir.

- Por lo tanto, el indulto ahora se va a poder aplicar a funcionarios públicos también, excepto que hayan cometido actos de corrupción o contra la administración pública, ¿es así?

- Exactamente. Hoy, si no tuviéramos, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que cambia la determinación en el caso de Noceli, podríamos (para indultarlo) no tener que recurrir a la versión taquigráfica. Que igual es una fuente de interpretación del derecho, pero hubiéramos tenido el camino más allanado con una mejor redacción.

- Es decir, Noceli hubiese podido ser indultado si esta Constitución hubiese sido modificado antes, digamos.

- Exactamente. Pero por eso digo que de todas maneras se podía hacer, porque las versiones taquigráficas, es decir, todo lo que estamos diciendo en el recinto, forma parte del derecho, es una fuente del derecho.

El caso del oficial Nocelli fue citado como ejemplo de los límites de la redacción actual. Crédito: Flavio Raina

- ¿Y cuáles son los delitos en el marco de lo que es la administración pública que están contemplados dentro de ese universo que no permitiría el indulto?

- Es un universo absolutamente grande, porque hablamos de 44 artículos del Código Penal. Con lo cual, por ejemplo, y como un delito fácil y que todos podemos entender, es el caso del cohecho, las coimas. Ese es un delito que no podría ser indultado.

- Ni conmutadas sus penas…

- Así es. Cualquier persona que haya cometido hechos contra la administración, sea funcionario o no. Porque, por ejemplo, el cohecho es un delito que el que recibe tiene que ser funcionario, pero el que ofrece la coima, no necesariamente.

- En el momento en el que se trató este artículo hubo mucho debate. Hay quienes cuestionaron que esto se modificara de esta manera, entendieron que generaba una especie de retroceso respecto de la actual Constitución. Ustedes claramente no lo entienden así.

- No, de ninguna manera. Porque creo que es confundir a la sociedad plantearlo como algo regular. Y de siempre. Esto se trata de casos específicos. Y puntualmente, en el mismo recinto yo cité una instancia en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Argentina a la aplicación de un indulto o una conmutación de penas. Entonces, si el máximo tribunal de derechos humanos de América nos viene a decir esto, ¿en qué universo podemos entender que sería un retroceso?. Y por supuesto, entendemos que es un mecanismo absolutamente excepcional y para casos específicos.

(Por Juliano Salierno) - La justicia penal santafesina confirmó las cautelares reales que permiten el congelamiento de cuentas por alrededor de 1,3 millones de dólares en criptoactivos, asociadas a una investigación por juego clandestino online que denunció el año pasado el Gobierno provincial.

El juez de la Cámara de Apelación Penal, Fabio Mudry, ratificó este jueves el pronunciamiento de su par Sebastián Creus, que el 18 de junio revocó una resolución de primera instancia que fijaba cautelares mínimas y que fue cuestionada por el vicepresidente Ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, uno de los denunciantes junto con los ministros José Goity y Victoria Tejeda.

La reciente resolución lleva la firma del camarista Fabio Mudry. Foto: Archivo

En su parte final ,el fallo resuelve: “Rechazar la totalidad de los agravios de las defensas apelantes confirmando la resolución de fecha 18 de junio de 2025, dictada por el juez del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Santa Fe, Sebastián Creus”.

Entre los principales argumentos vertidos, el Dr. Mudry señala que “estamos ante la comisión de un delito de características complejas con una arquitectura institucional y financiera de carácter transnacional”.

Para más detalle, abunda que “las cuentas digitales y las transferencias fueron los instrumentos utilizados para la concreción del ilícito, y los fondos que pasaban de una cuenta a otra para luego ser transformados en criptoactivos, son los efectos, es decir, lo obtenido como producto del delito”.

“Ello más allá de la escala de la actividad ilegal que habrían desarrollado, que de acuerdo al cúmulo de evidencias con las que se cuenta, habría generado un importante volumen de ganancias y dividendos para los imputados y las sociedades intervinientes”, apuntó el camarista.

La causa que se inició en mayo de 2024 por una denuncia del Gobierno contra 385 sitios de apuestas online, tiene a 7 personas imputadas por el delito de "organización de juego de azar sin autorización” e involucra a al menos tres empresas de capitales brasileños que habrían sido utilizadas para hacer circular los fondos del juego clandestino: Transfero Pagamento SA, Transfero SRL y Bluegreen SA.

En cuanto a los acusados, se trata de Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo; Santiago Corbetta; y a los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo, quienes tienen como defensa a los abogados Federico Kiener y Mariana Oroño; además de Justina García de la Peña, que es asistida por el Dr. Ignacio Alfonso Garrone.

Los siete fueron imputados por el fiscal Agustín Nigro, quien llevó adelante la investigación, la cual se encuentra en la instancia previa al juicio, con acusación presentada y fecha de audiencia preliminar para el próximo 22 de agosto.

En tanto, el caso cuenta con dos querellas; una es la Fiscalía de Estado y otra por Casino de Santa Fe, ambas consideradas afectadas por la diversificación del juego ilegal que existe en el mundo digital.

En el derrotero judicial el último acto, previo a lo resuelto por el juez Mudry, fue la audiencia de apelación horizontal instada por las defensa de los imputados, para morigerar las cautelares reales, que implicaba el congelamiento de cuentas de billeteras virtuales y criptoactivos por una cifra estimada en 1,3 millones de dólares.

El ministro Goity y el vicepresidente de Lotería, Di Lena, el día de la denuncia ante el MPA. Foto: Archivo

Tras expresar sus agravios, muchos de ellos de carácter estrictamente técnico por parte de las defensas, el fiscal de Cámara, Carlos Arietti, pidió que se confirme lo resuelto por el camarista anterior y que en definitiva, se discuta durante el juicio a quién pertenecen dichos activos.

“Lo cautelado busca asegurar el decomiso, en tanto se trata de un delito pluriofensivo, que se vincula con un fenómeno social que involucra graves patologías”, como la ludopatía, sostuvo el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En los Considerandos el juez Mudry coincidió con su par Creus, al considerar que “pese a que estamos en una investigación en curso, ya se cuenta con elementos suficientes como para entender que los imputados tuvieron participación en distintos grados de responsabilidad”.

Y agrega que “todos coadyuvaron con su accionar para la organización, captación y administración de apuestas y juegos de azar no autorizados legalmente”.

“En definitiva, ante la contundencia de las evidencias existentes en la IPP, se encuentra plenamente fundada la medida cautelar relativa a los efectos e instrumentos del delito que eventualmente serán objeto de decomiso, siendo improcedente adelantar la discusión que se deberá dar en el debate, conforme los fundamentos expuestos”, dijo el Dr. Mudry.

Este martes 24 de junio, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo una nueva apertura anual de los Buzones de la Vida en la ciudad de Venado Tuerto. La actividad se desarrollará en la sala “Intendente Antonio Garnier” del Palacio Municipal, con la presencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales y representantes de diversas instituciones intermedias.

Los Buzones de la Vida son una herramienta que permite a los vecinos realizar denuncias de manera completamente anónima sobre posibles casos de venta de drogas y trata de personas en los barrios de la ciudad. Estas aperturas periódicas constituyen una instancia clave para el seguimiento de las problemáticas vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos que afectan a la comunidad.

Durante lo que va del año, ya se realizaron otras instancias de apertura, en las que se recogieron denuncias que fueron elevadas a las autoridades competentes para su análisis e investigación. La iniciativa busca fortalecer el compromiso ciudadano y brindar un canal seguro para quienes deseen aportar información relevante sin exponerse.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil para enfrentar este tipo de delitos, y recordaron que la colaboración ciudadana es un pilar fundamental en la construcción de una ciudad más segura.

“No alcanza con discutir la baja de la edad de imputabilidad si no se persigue con todo el peso de la ley a los adultos que utilizan menores para delinquir. Esta problemática requiere una respuesta inmediata, enérgica y coordinada por parte de las agencias estatales responsables”. La frase es del diputado Martín Rosúa (UCR - Unidos) y está contenida en los fundamentos de un pedido de informes ingresado el pasado jueves en la Cámara.

El pedido de informes apunta a conocer estadísticas en la provincia sobre menores en conflicto con la ley penal. Rosúa ingresó el proyecto en la semana en que en la Cámara de Diputados de la Nación se dictaminó el proyecto de ley para bajar a 14 años la edad de imputabilidad de menores. El tema está listo para llegar al recinto y obtener media sanción.

“Creemos que es un debate demagógico, poco racional con falta de estadísticas y que de sancionarse va a producir un fuerte impacto en la provincia” apuntó Rosúa en opinión incluso contraria a sus correligionarios nacionales que firmaron el dictamen.

La presentación del proyecto no pasó inadvertido y enseguida solicitaron adherir con la firma desde diferentes espacios políticos. Primero fue el socialista Joaquín Blanco y enseguida se sumaron Amalia Granata (Somos Vida) y Alejandra Rodenas (Compromiso Justicialista). “Qué popular que es hoy el diputado Rosúa” señaló la ex vicegobernadora. Alicia Azanza (Somos Vida), Marìa Fernanda Castellani (Pro), Astrid Hummel (Pro), Walter Ghione (Uno), Edgardo Porfiri (Unidad por Santa Fe) y por último Germán Scavuzzo (UCR) pidió sumar la firma de los 28 legisladores de Unidos.

El pedido de informes apunta a que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio Público de la Acusación suministren estadísticas de los últimos diez años sobre causas en trámite y/o elevaciones a juicio y/o sentencias dictadas en relación a delitos que tuvieran participación de menores de edad, detallando específicamente en cuántas de ellas participaron menores de 16 años de edad.

Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola.

La existencia y aplicación de protocolos, estrategias o criterios de persecución penal específicos frente al uso de menores, por parte de adultos, para la comisión de delitos. Otro punto es la evolución de la participación de menores de edad involucrados en delitos en los últimos 15 años con porcentaje de esos delitos atribuidos a menores de 14, 15 y 16 años de edad.

El último punto es sobre la existencia de establecimientos adecuados para la detención de los menores de edad y las condiciones en las que son alojados.

“En el contexto del debate sobre la edad de imputabilidad penal, resulta urgente atender una problemática que afecta gravemente la seguridad ciudadana: el uso sistemático de menores por parte de adultos para la comisión de delitos. Este fenómeno, lejos de ser aislado, se ha instalado con fuerza en nuestra provincia, especialmente en ciudades como Rosario. Adultos que se valen de la inimputabilidad de los menores para ejecutar hechos delictivos no solo exponen a estos niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia, sino que además perpetúan la impunidad de los verdaderos responsables” señaló Rosúa a El Litoral.

Pullaro en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Recordó el asesinato de Bruno Bussanich donde, un menor habría actuado como autor material del hecho, bajo órdenes de adultos. Este tipo de episodios muestran la urgencia de actuar legislativamente”, señaló.

El legislador entiende que es necesario que a nivel nacional -códigos de fondo- se debatan reformas legislativas que contemplen una figura penal específica para quienes corrompen o utilizan menores con fines delictivos, con penas especialmente agravadas.

Rosúa enfatizó ante El Litoral que “es prioritario y complementario a cualquier debate sobre la edad de imputabilidad, enfocar los esfuerzos legislativos en sancionar con mayor dureza a aquellos adultos que involucran a menores en el mundo del crimen. La creación de una figura penal específica como la "Corrupción de menores con fines delictivos", con penas significativamente más graves, es un paso necesario para disuadir estas prácticas y proteger a los menores”. Para el santafesino “es imperativo que la Justicia cuente con herramientas más eficaces para perseguir y castigar con toda la fuerza de la ley a quienes corrompen a nuestros jóvenes”.

Al pedido de informes ingresado se sumó otra iniciativa para que la Cámara de Diputados organice una jornada de debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y su impacto en la provincia de Santa Fe. El objetivo es sumar voces de especialistas, académicos, operadores del sistema de justicia, representantes de organizaciones sociales, funcionarios públicos y actores relevantes para intercambiar ideas, exponer diferentes enfoques y enriquecer la discusión parlamentaria. “Es el aporte que podemos hacer desde Santa Fe a la discusión en el Congreso”, señaló.

Diversas áreas del Poder Ejecutivo, del MPA y de la Corte Suprema de Justicia trabajan para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil en Santa Fe previsto para la segunda quincena del mes próximo.

Es la norma que determinará el procedimiento penal para menores entre 16 y 18 años en conflicto con la ley. Mientras tanto, en el Congreso ya preparan bajar la edad a 14 años.

La Sociedad Rural de Rafaela (SRR) emitió un urgente llamado a las autoridades provinciales y locales para abordar la creciente inseguridad en la zona rural de Santa Fe. La entidad denunció un alarmante aumento de delitos que afectan tanto a productores agropecuarios como a sus trabajadores.

En un comunicado, este viernes 24 de mayo, los ruralistas advirtieron que se trata de una problemática que lleva muchos años, pero que se volvió más crítica recientemente. "Somos los productores agropecuarios y nuestros trabajadores los que habitamos la ruralidad, los que estamos detrás de la generación de alimentos, los que empujamos la economía, pero también los que jamás somos atendidos en nuestra seguridad", señalaron en el comunicado.

En las últimas horas, la región experimentó una serie de delitos en lo que describieron como una "zona liberada" para los delincuentes. Estos perpetraron robos de maquinaria, vehículos y animales, además de invadir propiedades privadas. La SRR se solidarizó con las víctimas y destacó la ausencia de medidas de seguridad básicas, como cámaras de videovigilancia en las comunas, que podrían ayudar en las investigaciones. "Ni siquiera se cuenta en las comunas con cámaras de video vigilancia para, al menos, avanzar en las investigaciones", lamentaron.

A pesar de los reiterados pedidos a las autoridades policiales, judiciales y ejecutivas, la respuesta fue insuficiente, según la SRR. La organización denunció que los productores normalizaron situaciones como el asesinato de animales y robos, mientras que las guardias rurales, a las que ellos mismos contribuyen con impuestos y donaciones, no lograron prevenir ni actuar efectivamente en estos casos. "La desatención de las guardias rurales a las que nosotros mismos aportamos con nuestros impuestos y donaciones puntuales... situación que no termina dándose," afirmaron.

Como entidad centenaria en la provincia de Santa Fe, la SRR solicitó una revisión urgente de las estrategias de seguridad actuales. Sus integrantes, exigieron leyes más estrictas para la condena de estos delitos y una actuación efectiva de la justicia para investigar y sancionar a los responsables. "Solicitamos a todas las autoridades de manera urgente la revisión de la estrategia utilizada, para que realmente se revierta la preocupante inseguridad rural," demandaron.

De esta manera, la SRR hizo un llamado a la justicia y la seguridad inmediata, ya que -afirman- no pueden seguir esperando mientras los delincuentes continúan afectando sus vidas y actividades productivas. "Queremos justicia y seguridad urgentemente, no podemos seguir esperando que los delincuentes ganen el campo," concluyeron en su comunicado.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles el segundo encuentro de la Junta Provincial de Seguridad -que integran representantes de los tres poderes del Estado-, durante el cual las áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron informes sobre las cifras de homicidios, los avances en el reequipamiento policial, la capacitación del personal y las obras penitenciarias y en comisarías que están en marcha.

Luego del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, precisó que en este espacio “confluyen los diversos actores y poderes del Estado que hacen a justicia y seguridad pública: el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensa Pública, y legisladores, entre otros actores”, con el objetivo de entablar “un diálogo institucional sobre la marcha de las políticas de justicia y seguridad en la provincia de Santa Fe”.

En este encuentro “cada una de las áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron un breve informe, dando cuenta fundamentalmente, de algo que para nosotros es muy importante, que es el marcado descenso que ha tenido la cifra de homicidios a lo largo y ancho de nuestra provincia; el reequipamiento policial; la capacitación del personal penitenciario y policial; y las obras públicas, policiales y penitenciarias, que se encuentran en marcha. En definitiva, todo lo que hace a los principales ejes del plan de seguridad que hemos trazado para la provincia de Santa Fe”, detalló Cococcioni.

En relación a los índices de delitos, el ministro precisó que “si uno compara las cifras de los primeros cuatro meses del año pasado con los primeros cuatro meses del año en curso, la cantidad de homicidios es prácticamente la mitad, en distintos puntos de la provincia y también ha bajado mucho la cantidad de heridos y de lesiones leves con arma de fuego. Esto refleja, de alguna manera, una baja en los principales indicadores de violencia en Santa Fe”.

Por último, Cococcioni recordó que “hemos entregado los primeros 100 móviles policiales, 70 en la ciudad de Rosario, 30 en la ciudad de Santa Fe, ambos para funciones netamente operativas en comandos radioeléctricos y se encuentra en marcha una licitación para 700 nuevos patrulleros, los que en muy poco tiempo vamos a estar entregando en toda la provincia. También se encuentra en marcha, y muy avanzada, la licitación para 500 motocicletas de uso policial y se están trabajando los pliegos para la adquisición de pick-up, y equipamiento para las policías especiales y de investigaciones”.

Asistieron al encuentro los presidentes de Diputados y Diputadas, Clara García; y de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el secretario General, Juan Cruz Cándido; el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre; la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

También participaron los secretarios de Justicia, Santiago Mascheroni; de Seguridad Pública, Omar Pereira; de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; de Gestión de Registros Provinciales, Dr. Matías Figueroa Escauriza; y de Asuntos Legislativos, Gabriel Real; el jefe de Policía, Luis Pablo Martín Maldonado; diputados y senadores provinciales; y fiscales regionales, entre otras autoridades.

La Junta Provincial de Seguridad es un órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la Provincia. De la misma participan representantes de los tres poderes del Estado con el objetivo de facilitar el diálogo entre las distintas esferas del Estado en los temas referidos a seguridad; facilitar y coordinar la interacción de los distintos organismos en las acciones conjuntas o coordinadas, elaboradas para la prevención y mitigación en materia de seguridad; recabar y analizar datos sobre inseguridad; y programar y coordinar las políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia.

El gobernador Maximiliano Pullaro respaldó la necesidad de cambiar las normas de fondo y permitir que menores que delinquen sean juzgados como mayores. Es más, ni quiso entrar en la discusión de la edad en la que debería empezar a ser juzgado. "El menor que comete un delito mayor que sea juzgado como un mayor. Si agarra un arma y está dispuesto a matar , edad que tenga, sabe que está haciendo un daño. El Estado lo tiene que condenar porque le arruinó la vida a una familia. No quiero discutir la edad, si el pibe sabía o no. Un pibe de 14 o 15 años sabe lo que hace, agarra un arma y mata. Tenemos que ser claros porque sino, no vamos a resolver el problema porque las organizaciones criminales quiere poner en jaque a un gobierno que los está acorralando", enfatizó ayer en Reconquista en rueda de prensa.

Mientras el gobierno nacional anuncia que en días más enviará mensajes al Congreso para bajar la edad de punibilidad de un menor, Pullaro no dudó en respaldar la necesidad de actualizar la norma en forma inmediata. Las autoridades nacionales apuraron el tema al conocerse que el principal imputado del asesinato de un trabajador de un estación de servicio en Rosario es un adolescente de 15 años.

En diálogo con los medios de prensa del norte, tras el acto por el Día del Veterano de Malvinas, el gobernador se detuvo para marcar que se necesita dar señales claras a las bandas delictivas. "Somos más los que estamos dispuestos a vivir en paz, en tranquilidad" enfatizó. Recordó que la reacción de los bandas criminales no se dio tanto cuando se los condenó sino ahora que se les quitó poder de actuar desde las cárceles. "Reaccionaron porque los aislamos en la cárcel y les quitamos poder. Tenemos que cerrarles el camino para vivir en paz. Hay un Estado, no un gobernador. La Legislatura y la justicia acompañan. Hay un Estado que les está haciendo frente y va a perseguir a esos grupos" aseguró dando a entender que en muchas ocasiones contratan a menores para delinquir aprovechando la falta de legislación penal adecuada.

Ya como gobernador electo, en diciembre último, Pullaro diputado avaló la sanción del nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia que entrará en vigencia el año próximo y prevé para la franja de entre 16 y 18 años un procedimiento similar a los mayores. Pero también puso un camino alternativo para los comprendidos entre 14 y 16 años dándole a los jueces el compromiso de un seguimiento de esos menores que -por ahora- no pueden ser condenados.

"Estamos esforzándonos para que la coordinación entre fuerzas federales y provinciales sea plena en una Rosario que duele muchísimo", dijo. Recordó que "Se atacó de manera artera y cobarde a cuatro civiles solo para dar un mensaje a los gobiernos provincial y nacional. En diciembre se terminó la fiesta en las cárceles de la provincia, desde donde mandaban a matar, a extorsionar. Se terminó, primero comenzó con amenazas a mi y a mi familia y después con ataques de violencia irracional. No contaban que íbamos a encontrar solidaridad y respaldo del gobierno nacional, de los 24 gobiernos provinciales, de la justicia, de la Legislatura. De todo el Eestado. Somos más que ellos, queremos vivir en paz, somos más que los violentos. No habrá pacto, como hubo en algún momento", señaló a colegas del norte.

El gobernador marcó que las amenazas al futbolista Angel Di María fueron "para generar conmoción y dimos con los autores. En los otros cuatro homicidios, uno cometido por un menor. Hay que modificar el Código Penal y el menor que comete un delito de mayor debe ser juzgado como un mayor. No puede ser que el Estado no tenga herramientas para no permitirle que ese menor esté en libertad, un menor que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años. Si un menor de edad comete un delito de mayor debe ser juzgado como mayor y debemos reformar la ley". Consideró que no se puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de porqué muchas personas cometen esos delitos cuando hay miles de personas en la misma situación que no cometen delitos extremos. "Tenemos que ser prácticos, pragmáticos para resolver esta problema que vive la Argentina. Si muchos creen que los los menores que cometen delitos son víctimas de un sistema que se los lleven a su casa", desafió.

El gobernador volvió a plantear en el norte la necesidad de avanzar en la discusión paritaria con los gremios docentes pero con los chicos en la escuela. Recalcó que lo que ofrece la provincia de diciembre a marzo significa un 56% de aumento cuando los recursos provinciales subieron el 30%. "Sabemos que el salario perdió valor, pero también lo hizo el Estado y no podemos atender a un solo sector con los recursos que tenemos. Nos vamos a esforzar para que los docentes como ATE y UPCN acepten la propuesta y discutir abril. Discutir mes a mes".

Pullaro estárá en CABA este jueves para mantener reuniones con el ministro del Interior, Guillermo Francos, otros ministros y no descartó que de las reuniones con los gobernadores de Juntos por el Cambio se sume en algún momento el presidente, Javier Milei. Este miércoles habrá reuniones -vía zoom- entre mandatarios de Juntos por el Cambio.

Las reuniones apuntan a avanzar en la discusión de la futura ley de Bases. Ayer, en Reconquista, el gobernador dijo ser optimista en que se firme el acuerdo de mayo en Córdoba. "Los argentinos y la dirigencia política tenemos que escucharnos mucho más; escucharnos significa entender la agenda y los problemas que tiene el otro, para anteponer algunos desafíos que tenemos para generar consensos, políticas públicas para salir adelante".

El gobernador dijo estar de acuerdo en discutir una reforma política, y una reforma fiscal, "pero también discutir el modelo productivo que va a impulsar salir hacia adelante. No solo pasa por recortar recursos, ajustar, y salir del déficit. Todos estamos de acuerdo en salir del déficit que nos ha traído altos niveles de inflación, pero el desafío es generar un modelo productivo que nos permita tener crecimiento económico estable y sólido y en eso el campo y la industria tienen mucha para decir y para dar".

Recalcó que defenderá con uñas y dientes al sistema productivo santafesino y en cuanto a la deuda de Anses para con Santa Fe señaló que es tema de las reuniones de este jueves en CABA. "Continuamos la demanda presentada por el gobernador anterior (por Perotti). Nuestros cálculos hablan de una deuda de 700 mil millones de pesos lo que equivale a más de 700 kms de ruta, mil escuelas. Tenemos que pelear por los recursos que deben venir a Santa Fe". Explicó que la demanda está en la Corte y ante el decreto de Milei que desconoce lo firmado en 2017 "vamos a reclamar. Si no cesa la medida vamos a hacer otra demanda porque los recursos nuestros los vamos a defender".

Por Gustavo Capeletti

Una vez finalizado el acto oficial por el 42º aniversario de la Gesta de Malvinas, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó contacto con medios de Reconquista en una rueda de prensa ofrecida en el lugar donde minutos antes habían estado formados efectivos militares, representantes institucionales y abanderados de establecimientos educativos de la ciudad.

En tren de abordar la coyuntura política nacional y provincial, el mandatario santafesino aprovechó una pregunta sobre el episodio de amenazas al jugador de fútbol rosarino Ángel Di María -"fueron claramente para pretender generar conmoción en donde rápidamente dimos con los autores"- para fijar una clara posición en el debate que por estos días es tema central: bajar la edad de imputabilidad.

“En esto también quiero hacer una reflexión desde aquí, desde Reconquista, creo que hay que modificar el Código Penal y un menor que comete un delito de mayor tiene que ser y debe ser juzgado como mayor”, formuló, con firmeza, y fundamentó, alusión al crimen del playero Bruno Bussanich, que “no puede ser que el Estado no tenga ninguna herramienta para permitirle o no permitirle que esté libre ese menor en este momento, una persona que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años".

Asimismo, puntualizó: "Eso es lo que sucede con nuestras leyes, si un menor de edad comete un delito de mayor que sea juzgado como mayor y para eso tenemos que reformar la ley”.

Pullaro remarcó que Argentina no puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de por qué personas llegaron a cometer los delitos que cometen, porque “hay muchas personas que vivieron las mismas situaciones que no cometen esos delitos extremos". Entonces, dijo que la salida a este problema que tenemos hoy en Argentina es por el lado de la practicidad y el pragmatismo. “Y si muchos creen que son víctimas de un sistema injusto los menores que cometen delitos, que se los lleven a sus casas…”, fustigó.

El jefe del Ejecutivo provincial subrayó sus definiciones al sostener que “menor que comete un delito de mayor que sea juzgado como mayor, si vos agarrás un arma y estás dispuesto a matar, por más que tengas la edad que tengas, sabés que estás haciendo un daño y el Estado te tiene que condenar porque le arruinaste la vida a una familia”. “Un pibe de 14 años o de 15 años que agarra un arma, va y mata sabe lo que está haciendo”, sentenció, y reclamó que “con eso tenemos que ser muy pero muy claros porque si no, nos vamos a resolver el problema”.

Con las reservas de caso, adelantó que los asesinatos que conmocionaron a Rosario, una vez que maduren las investigaciones, van a tener las mismas “líneas de conexión con muchas de esas organizaciones criminales" que desde la cárcel lo que pretenden es golpear a un gobierno que los está poniendo en jaque, que los está acorralando.

Con especial énfasis, dijo en tono coloquial: “¿Sabés lo que a mí más me calienta de esta situación y lo que más me duele? Que a mí me tocó meterlos presos y no reaccionaron cuando fui Ministro de Seguridad, le dimos condenas ejemplares, a muchos le dimos condena perpetua, a otros le dimos condenas asimilables a la de Robledo Puch y no reaccionaron; le secuestrábamos los bienes y yo iba a los remates y le rematábamos los bienes y con esos bienes que le rematábamos, resarcíamos a las víctimas, y no reaccionaron. ¿Cuándo reaccionaron? Cuando los aislamos en la cárcel. ¿Por qué? Porque los tipos están perdiendo poder, entonces nos marcan que ese es el camino y tenemos que seguir adelante para quebrar las organizaciones criminales para vivir en paz, que los chicos puedan ir a la escuela, que los trabajadores puedan salir más tranquilos de su casa".

"Y que sepan -concluyó- que acá hay un Estado, no sólo el gobernador, acá hay un Estado porque la Legislatura a mí me acompañó y me dio todas las herramientas legislativas que otros gobernadores antes no tuvieron, y la Justicia también me está acompañando, con lo cual no hay un gobierno provincial, hay un Estado que les está haciendo frente y los va a seguir hasta donde los tenga que seguir hasta que se den cuenta que el Estado tiene más fuerza que ellos.

La Provincia, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, realiza una nueva subasta de bienes secuestrados y decomisados al delito el próximo 4 de julio a las 14 en el Museo del Deporte Santafesino ubicado en Avenida Ayacucho 4800 de la ciudad de Rosario.

La inscripción previa obligatoria se hará exclusivamente desde del 16 al 23 de junio vía web en el sitio: http://www.santafe.gov.ar/subasta

A fines de garantizar que los potenciales compradores puedan constatar el estado de los lotes de bienes que se publicarán en la web y que conforman la lista de subasta se fijaron días de exhibición previa para que los inscriptos puedan asistir a corroborar el estado de los mismos.

En el caso de los inmuebles, la exhibición será los días jueves 29 de junio de 10 a 12 en el inmueble sito en calle Bolivia entre Pasco y Cochabamba de la ciudad de Rosario; y de 12 a 14 hs. en el inmueble sito sobre calle Misiones entre las calles Juan José Paso y Azcuénaga de la ciudad de Roldán en el loteo denominado Tierra de Sueños 1; y viernes 30 de junio de 10 a 12 hs. en los inmuebles ubicados en el “Conjunto edilicio condominios del Alto II ”; y de 12 a 14 hs. en el inmueble sito en la calle Miramar, entre Mar del Plata y Punta del Este de la localidad de Funes. Y para los vehículos tendrá lugar el día 3 de julio de 13 a 17 hs. en el Polo Tecnológico Rosario sito en: Av. Ayacucho 4900 – Ex Predio Batallón de comunicaciones 121.

Las bases van desde los 80.000 hasta los 4.500.000 pesos para el caso de bienes muebles incluyendo motos; automóviles, pick-up y hasta un auto de colección y un camión plancha remolcador; y desde los 6.365.000 a 49.384.000 pesos en el caso de bienes inmuebles que serán rematados.

El día de la subasta, sólo será permitido el ingreso a aquellas personas cuya inscripción vía web haya sido confirmada con la correspondiente constancia de inscripción emitida por el sistema.

Conforme la resolución de Bases y Condiciones, el día de la subasta los potenciales adjudicatarios deberán asistir con DNI y dinero en efectivo en pesos argentinos sin excepción, ya que de ganar una puja deberán abonar al contado el valor total de la comisión de martillero (6 % bienes inmuebles y 10% bienes muebles) más la seña a APRAD hasta una suma de 30.000 pesos, integrando el resto por transferencia bancaria, desde una cuenta del comprador, dentro de los dos días hábiles posteriores al acto de remate. Las acreditaciones comenzarán a las 12.30 hs.

Cabe destacar que los fondos obtenidos por la venta de los bienes subastados son invertidos en políticas asistenciales, educativas y de seguridad, como así también en instituciones privadas con fines sociales.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), creada por Ley Provincial N.º 13.579, tiene por finalidad registrar, administrar y disponer de los bienes secuestrados en el marco de investigaciones penales. En este marco, APRAD realizará una nueva subasta de bienes muebles e inmuebles.

La subasta ha sido planificada tomando todas las medidas y recaudos necesarios para garantizar a los participantes el desarrollo seguro de esta convocatoria, que ubica al Gobierno Provincial dentro de los pioneros en el país en alinearse dentro de los paradigmas internacionales de recupero de activos.

El senador provincial Lisandro Enrico, se hizo presente en la localidad de Teodelina para solidarizarse con víctimas de la inseguridad y se puso a disposición tanto de los vecinos, como así también del presidente comunal Joaquín Poleri, para reclamar a la Justicia por sentencias más duras contra las personas que cometen delitos de robos y violencia contra la comunidad. Pidió que los delincuentes queden en prisión preventiva hasta conocerse los fallos.

En este sentido, Lisandro Enrico manifestó: “Estuvimos en Teodelina para dar apoyo a Mirna, una señora mayor que fue asaltada por un cobarde para sacarle sus pertenencias. Durante la tarde estuvimos movilizándonos para que avance la investigación y que la persona que entró a robar a esta mujer, quede detenida”.

“Pedimos a jueces y fiscales que escuchen a las víctimas y las protejan. Que se actúe con mayor rapidez. Los responsables de estos robos que también ejercen violencia sobre nuestros vecinos no pueden quedar en libertad. Se tiene que terminar la puerta giratoria”, afirmó el senador.

Muchos vecinos participaron del encuentro encabezado por Enrico y Poleri.

Por otra parte, Enrico reclamó que las víctimas del delito sean escuchadas como lo marca la nueva ley de “Derechos y garantías de las personas víctimas de delitos”, uno de los proyectos legislativos que más impulsó el senador durante el último tiempo en la Cámara Alta, hasta que finalmente fuera votado y confirmado.

En este sentido, Enrico señaló que “con la nueva ley se logró darle un lugar a las víctimas que anteriormente no estaban siendo escuchadas, las estamos protegiendo. Buscamos tener una justicia penal donde se le dé más importancia a la víctima durante el proceso en la que se está juzgando a la persona que cometió el delito. Ahora los jueces y fiscales tienen la obligación de escuchar los testimonios de las personas que padecieron robos, violencia, violaciones y demás delitos, previo a dictarse una sentencia”.

Teodelina: piden la creación de una fiscalía para combatir la inseguridad

Continuando con esta ola de robos que cada día suma nuevos casos, Enrico se manifestó contra algunas determinaciones del Poder Judicial: “Para que esta situación preocupante que atraviesan varias localidades empiece a cambiar, entre otras acciones, se requiere que tanto los jueces como fiscales se comprometan con la sociedad y cumplan con lo que impone esta ley de derechos de las víctimas sancionada. A su vez, cuando existan pruebas contundentes y se encuentren autores sospechosos identificados, como ocurrió en la entradera que padeció Mirna en su casa, necesitamos que esas personas queden en prisión preventiva”.

“No puede ser que en casos como este, donde la Policía detuvo a los responsables del robo, con pruebas eficientes, estas lacras queden liberadas hasta conocer las definiciones de los magistrados, porque en ese tiempo las víctimas vuelven a tener temor de ser atacadas, las pruebas y los objetos robados tienden a desaparecer, y los autores de estos delitos regresan a la comunidad como si nada grave hubiera ocurrido. Eso es inadmisible, no es lo que esperan los vecinos de cualquier comunidad”, concluyó Enrico.

En la Complejo Cultural de Teodelina, por convocatoria del presidente comunal, Joaquín Poleri, se concentraron más de 170 vecinos para exigir a las autoridades judiciales medidas que garanticen la pacífica convivencia de la comunidad. Entre las propuestas que surgieron de la reunión y se plasmaron con firmas en un documento, sobresalen:

• El pedido de instalación de una Fiscalía en Teodelina, o un Centro Territorial de Denuncias; en post de que las víctimas de ilícitos sean escuchadas por la Justicia y las órdenes de allanamiento salgan en tiempo inmediato.

• La instalación de un “Buzón de la vida”, donde se puedan emitir denuncias anónimas.

Del encuentro, además del presidente comunal y el senador provincial participaron instituciones intermedias, partidos políticos, ONG, policía, medios de comunicación, víctimas de ilícitos y vecinos; el Jefe de Inspección de la Unidad Regional VIII, Crio. Sup. Raúl Colmegna; y el delegado del Ministerio de Seguridad, Sergio Maidana.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, firmaron este miércoles convenios con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. El objetivo de dichas rúbricas es potenciar la capacidad de respuesta de la cartera de Seguridad santafesina a la hora de prevenir los delitos cometidos en la provincia y acordaron establecer acciones conjuntas y coordinadas en materia de lavado de activos.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales y provinciales firmaron tres acuerdos que permitirán articular e implementar medidas concretas en el ámbito de justicia y seguridad. Los mismos buscan potenciar y fortalecer la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad santafesinas a la hora de prevenir y perseguir los delitos cometidos en el territorio de Santa Fe, como también implementar las políticas nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de forma conjunta con la provincia.

En ese marco, Arena destacó que “es sumamente trascendente para la provincia y un apoyo muy importante desde el Ministerio de Justicia. La provincia de Santa Fe hoy tiene una situación en la que se está avanzando respecto al combate a la narcocriminalidad y a delitos complejos, así que esta colaboración es sumamente trascendente para la provincia”.

Por su parte, Soria afirmó que “desde el gobierno nacional entendemos que la única manera de combatir al crimen organizado es a través de la articulación integral del Estado Nacional y las provincias. Los acuerdos que hoy estamos firmando son un paso más, nuevas medidas dentro de una serie de medidas que venimos implementando, para perseguir y prevenir el crimen organizado”.

En esta línea, el ministro destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de abrir la primera delegación de la UIF para la Región Central en Rosario y el trabajo que se lleva adelante desde el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado, a cargo del Ministerio de Justicia, que permitió dotar al Estado argentino de una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de la primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobadas por unanimidad por los 14 organismos especializados de los distintos poderes del Estado.

El convenio específico, que lleva las firmas de Soria y Brilloni, implementa un sistema de intercambio de información, mediante el acceso por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor (DNRPA).

Gracias a este acuerdo, la cartera de Justicia otorgó al Ministerio de Seguridad provincial el mismo tipo de acceso a la base de datos informáticos de los Registros de la Propiedad del Automotor, que utilizan exclusivamente la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a través de los motores de búsqueda habilitados para tal fin.

A partir de este momento, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe podrán utilizar la información almacenada en el DNRPA para comprobar en tiempo real la verdadera titularidad de los vehículos demorados o investigados por la Policía, como también examinar si sobre ellos pesan pedidos de secuestro, prohibiciones de circular, cautelares u otras medidas judiciales.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, afirmó: “Para nosotros es importante que la provincia pueda acceder a la base de datos que tiene en Registro de la Propiedad Automotor” y destacó que en la provincia ya terminaron el proceso licitatorio para la instalación y puesta en funcionamiento de radares para el control vial.

El acceso inmediato y la operación remota al sistema de información de la DNRPA por parte de Santa Fe estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organismo competente en la materia que desarrolla sus funciones en la órbita del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La Dirección se ocupará de garantizar el acceso y fiscalizar el uso de la información por parte de la cartera de seguridad santafesina, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley 25.326, que regula el uso y protección de los datos personales de las personas almacenados en organismos públicos.

Finalmente, la ministra Arena destacó el convenio firmado entre las carteras de Justicia ya que “refleja acciones que venimos desarrollando en conjunto” y “profundiza líneas de trabajo, vinculadas a lo que significó el establecimiento de la UIF en Rosario, el Servicio Penitenciario, entre otros ejes que estamos llevando adelante”.

En representación de la provincia de Santa Fe participaron también el secretario de Seguridad de Santa Fe, Marcos Romero; la secretaria de Gestión Federal provincial, Candelaria González del Pino; el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo; y la directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonella Cerutti. Mientras que el ministro Soria estuvo acompañado de la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Gimena del Rio, y la directora Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto (CCeI), Luis Pagnoni, mostró preocupación por el aumento de los hechos delictivos y ataques a locales ubicados en distintos puntos de la ciudad. En este marco, comentó que solicitaron una reunión con autoridades del área de Seguridad para evaluar en conjunto esta realidad y determinar medidas que puedan ponerle un freno a los constantes ataques.

Presidente del Centro Comercial e Idustrial de Venado Tuerto, Luis Pagnoni.

La rotura de la vidriera de un local de ropa ubicado en calle Brown, convirtiéndose en el tercer hecho delictivo que sufre en 7 meses, fue la gota que rebasó el vaso y que motivó a la institución a solicitar un encuentro donde se pueda poner sobre la mesa esta problemático y trabajar en conjunto por una solución. “El fin de semana mantuve una conversación telefónica con el intendente Leonel Chiarella para poder organizar una reunión con los representantes del área de seguridad, donde puedan participar representantes de las entidades intermedias”, contó Pagnoni, añadiendo que están a la espera de una respuesta y “esperemos se pueda dar para que podamos, entre todos buscar una salida”.

“Estas son situaciones que ya hemos vivido en otras oportunidades. Parece mentira, pero somos especialistas en volver a repetir problemas que tanto afecta a las personas, sobre todo a aquellas que invierten en un negocio, con el costo que eso significa. Encontrarse con estos hechos te sacan el ánimo para seguir adelante”, consideró.

Un comercio fue víctima de ladrones por tercera vez en 7 meses

El presidente de la gremial empresaria planteó a su vez la necesidad de tener una “explicación y análisis” por parte de las autoridades policiales, para luego establecer acciones, como “sucedió el año pasado cuando comenzaron a aparecer vidrieras rotas. En aquel momento, consultamos si las fuerzas de seguridad tenían faltante de patrulleros o recursos para poder hacer los recorridos preventivos, y nos manifestaron que contaban con todo lo necesario para hacer su trabajo. Allí se logró bajar considerablemente los ataques, sin embargo, ahora volvieron”, precisó.

“La seguridad la construimos entre todos. Las cámaras aportan, lo mismo que los patrullejes y las denuncias de los vecinos, pero es un compromiso que debemos asumir todas las partes”, enfatizó Pagnoni.

Por último comentó que el comerciante “volvió a perder la tranquilidad y las ganas de seguir invirtiendo en la ciudad, por eso necesitan una respuesta de las autoridades”.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó un pormenorizado balance de lo actuado en los últimos noventa días. Se trata de un trabajo apoyado sobre datos estadísticos desde un modelo de gestión en el que confluyen los aportes sistematizados por las secretarías de Seguridad Pública y de Política y Gestión de la Información, por la Policía de la Provincia, el Departamento de Informaciones Policiales D-2 y el Observatorio de Seguridad Pública. Entre los resultados más evidentes, pueden consignarse un notorio incremento en el secuestro de armas y la cantidad de detenidos en episodios vinculados con la actividad delictiva en toda la provincia.

El titular de la cartera, Rubén Rimoldi, mencionó que “la estrategia que planteamos se constituye de etapas, en principio reorganizado la policía, y en paralelo trazamos los lineamientos estratégicos del Ministerio”, y agregó que “no se resuelve la problemática ni se alcanzan los niveles se seguridad que tenemos como objetivo con solo policiamiento. Desde una visión basada en el riesgo, pusimos en marcha el desarrollo integral de intervenciones sociales, la incorporación de tecnologías (videovigilancia, modernización de comisarías, etc.) y espacios de cercanía con el vecino, como por ejemplo la modernización y refuncionalización de los Centros Territoriales de Denuncias”.

El ministro remarcó también “la incorporación de elementos logísticos y equipamiento para la policía”, y destacó asimismo “el egreso de los 1.300 efectivos que reforzarán el accionar policial” en el próximo mes de diciembre”.

Concretamente, al abordaje de la Seguridad en la provincia cuenta con un plan integral que contempla la incorporación de tecnología de punta, para un mejor servicio para la comunidad en atención del 911, y en cuanto a video vigilancia, beneficiando la operatividad en la prevención y respuesta policial. Esto incluye capacitación para el personal policial, nuevos protocolos de trabajo, y la incorporación de personal técnico, a través de una convocatoria (la inscripción cierra el 15/11) con el objetivo de sumar 785 nuevos agentes a Policía santafesina en el escalafón “Técnico”, sub escalafón “Comunicaciones e Informática”.

En ese sentido, Rimoldi aseguró que “la profesionalización y mejora continua de los RRHH es una política sostenida por el Gobierno. En esta segunda fase, las etapas en pleno desarrollo son los operativos y la profundización de las capacidades de la Policía Criminal, aunado al desarrollo del programa de ciberseguridad, con un eje en la sensibilización y capacitación destinada a los vecinos y autoridades locales. Estas acciones definen una gestión integrada e integral de la seguridad. Estoy convencido que los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, lo que necesitan y esperan de nosotros son acciones. «Menos palabras, más hechos», como indicó el gobernador Omar Perotti el día que me tocó asumir como ministro”.

“Como sostuvo el gobernador, la inseguridad es un problema estructural en la provincia de Santa Fe, continuó Rimoldi y agregó que “algunos no lo querían mostrar o no lo querían ver, consideraban que era estigmatizar a la provincia de Santa Fe”.

En el período analizado (enero-noviembre 2022), hubo 21.098 traslados por el Artículo 10 bis (el 95,3% son varones). De ese total, el 30,64% se realizó entre los meses de agosto y noviembre (6.466 traslados); el 16,4 % (3.467) fue en jurisdicción de la Unidad Regional I; y el 6% (1.260) en la Unidad Regional II.

Respecto de las capturas realizadas por las fuerzas de seguridad, en los primeros 10 meses del año se produjeron un total de 1.309 (el 29% de ellas entre agosto y noviembre). Del total, 442 las realizó la URI y 425 la URII.

En lo que refiere al secuestro de armas, desde el comienzo de año hasta los primeros días de noviembre, en toda la provincia se secuestraron 2.354 armas. De esos secuestros, el 35,55 % (837) se produjo durante la gestión de Rubén Rimoldi al frente del Ministerio de Seguridad.

De la misma manera, en el lapso enero-octubre se secuestraron 12.191 vehículos: 2.971 automóviles y camiones (24,7%) y 9.220 motovehículos (75,6%). En este último rubro (motos), el incremento en octubre respecto de enero fue del 142%.

Ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi. Foto: Gentileza GSF.

Una de las cuestiones que abordó el informe del Ministerio de Seguridad fue el referido a la cantidad de aprehendidos y detenidos en el período entre los meses de enero y octubre del corriente año, con un total de 21.320 personas, de las cuales el 89,1% son varones (en un altísimo porcentaje se trata de mayores de edad).

Asimismo, de ese total, más del 40% (8.567) fue aprehendido-detenido entre los meses de agosto y noviembre.

Al respecto, el subsecretario de Políticas de Seguridad Pública, Edgardo Glavinich, remarcó que ese 40% “de los detenidos de este año son de la gestión Rimoldi. Esto no requiere sólo actuación policial. Se requiere un abordaje integral, porque las organizaciones y los mercados criminales que afectan a zonas puntuales de la ciudad de Rosario -donde se produjeron la mayor parte de las detenciones- no se desarrollaron porque lucharon contra el Estado. Las organizaciones ocuparon un lugar en el que el Estado no estaba presente. Estamos reconstruyendo esa presencia”.

Mientras tanto, de las 21.320 aprehenciones-detenciones en lo que va del año, 4.321 se produjeron en la Unidad Regional I (URI) (el 20,26%) y 8.480 (39,77%) en la Unidad Regional II (URII).

Al 10 de noviembre de 2022, el Ministerio de Seguridad de la provincia incorporó 167 camionetas 0km para ser destinadas a diferentes dependencias y unidades de la Policía santafesina (la mayoría ya fueron entregadas, en tanto que en los próximos días se hará lo propio con las restantes).

Un eje impulsado por el gobierno provincial desde los primeros días de gestión fue el equipamiento y tecnología para la seguridad. Actualmente se está trabajando en una puesta en valor de toda la parte edilicia del Centro de Emergencias 911 todos los Centros de Despacho Remoto (funcionan en Rosario, Funes, Roldán, Casilda, Cañada de Gómez, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Venado Tuerto, Firmat y San Lorenzo) y la construcción de dos edificios nuevos que se están llevando a cabo en las ciudades de Rosario y Santa Fe que serán los centros de atención a la emergencia.

Por otro lado, en estas ciudades se están generando dos data center para lo que se denomina “sostenimiento del servicio”. A eso se le agrega todo el equipamiento necesario para el funcionamiento tanto tecnológico como mobiliario. Asimismo, se avanza en una nueva tecnología para el sistema policial con cámaras corporales y teléfonos inteligentes.

Además, se incorporará una nueva dependencia policial, un área de base tecnológica (Centro de Operaciones Policiales -COP-). El sistema de COP, responde a la estrategia de seguridad preventiva para grandes centros urbanos. Esto implicó una fuerte inversión en tecnologías para seis ciudades de la provincia: Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y San Lorenzo.

En el período del 9 de agosto al 9 de noviembre de este año, en la provincia de Santa Fe se produjeron 114 homicidios: 20 en el departamento La Capital (17,54%) y 76 en el departamento Rosario (66,66%).

En este sentido Glavinich hizo hincapié en “que los homicidios que se registran son en su mayor porcentaje relacionados a mercados criminales y en particular a las organizaciones narcocriminales”.

Del total, el 49% (56 casos) corresponden a hechos vinculados con la economía ilegal y organizaciones criminales; el 20% (23 casos) se produjeron en el marco de conflictos interpersonales; el 17% (19) están en investigación; el 6% (7) son femicidios; 4% (4) fueron en ocasión de robo; y otro tanto ocurrieron en diferentes circunstancias.

En el departamento La Capital el 42% (8 casos) de los homicidios se produjo como consecuencia de conflictos interpersonales, y el 35% (7) de los casos aún son materia de investigación. Mientras, en el departamento Rosario el 68% (52) de los hechos está relacionado con la economía ilegal y organizaciones criminales; 14% (11) están en investigación; y 11% (8) fue por conflictos interpersonales.

El diputado nacional por Santa Fe Roberto Mirabella presentó dos proyectos para modificar el Código Penal y endurecer las penas en delitos por hurto y robo simple, contemplados en los artículos 163 y 164. “Queda muy claro que el código vigente está desactualizado frente a las nuevas modalidades delictivas. Esta nueva tipificación permite incorporar herramientas y modernizar nuestro Código Penal, para adecuarlo a situaciones que en la redacción original no hubo manera de prevenir”, remarcó el legislador.

La primera iniciativa propone incorporar la palabra “intimidación” al artículo 164, que aborda los delitos tipificados como robo simple. Muchas veces, situaciones en las que el delincuente amenaza a la víctima con el uso de violencia sin llegar a ejercerla son catalogadas como hurtos, que poseen penas sustancialmente menores. “Actualmente, el Código penal no contempla la acción de intimidar, sólo habla de violencia física. Ello hace que algunos juzgados consideren a robos que se producen con intimidación como una figura más leve. Incorporar esta palabra al robo simple terminaría con esta discusión”, explicó Mirabella.

“Esta modificación trae una mejor técnica legislativa a la hora de tipificar este delito y le otorga a los operadores jurídicos mejores herramientas para aplicar el derecho. La figura de robo simple que contempla no sólo la violencia física sino también la intimidación forma parte de muchas legislaciones comparadas, como los casos de España, Chile o Uruguay”, agregó.

Por otro lado, el segundo proyecto propone modificar el inciso 3 del artículo 163, que regula los tipos agravados de hurto. El texto busca aplicar penas de uno a seis años de prisión en los casos en los que el delincuente utilice inhibidores de señales o dispositivos de suplantación o reemplazo de llaves electrónicas, una modalidad muy frecuente que no está contemplada en el Código actual.

(Por Hernán Alvarez) – El Estado santafesino a través de la APRAD (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales) que depende de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos subastará bienes muebles e inmuebles en Rosario el 9 de noviembre.

Esta será la quinta subasta bajo la actual gestión. Entre los elementos que van a remate se encuentran 11 motovehículos, 17 vehículos, un departamento, una casa, una cochera doble, una cochera simple, entre otros objetos valiosos. “Estimamos de acuerdo a las ediciones anteriores una buena recaudación”, expresó a la prensa Facundo Besson, titular de la APRAD.

Los bienes decomisados provienen de personas que incurrieron en delitos de diversa índole como la criminalidad organizada, homicidios, contra la identidad sexual, económicos. Cabe señalar que los automotores subastados cambiarán su patente por una nueva. No conservan la antigua que estaba a nombre de personas implicadas en aspectos delictivos.

A partir de este lunes y hasta el 28 de octubre se encuentra abierta la inscripción vía web desde esta dirección: www.santafe.gob.ar/subasta. “Ahí los interesados pueden inscribirse. Una vez inscriptos las personas ya tienen la posibilidad de participar el día 9”, comentó Besson. Por otro lado, tienen la posibilidad de ver los vehículos en calle Ayacucho al 3.900 que es el Polo Tecnológico de Rosario. Ahí van a ser exhibidos los vehículos de 13 a 18. Entre los autos se encuentran un Volkswagen Fox, un Chery Fulwin, una Amarok edición especial, un BMW, un Mercedes Benz.

El director de la agencia explicó que en el caso de los inmuebles deberán abonar un 3 por ciento de acuerdo a lo que surja de la subasta hasta un total de 30.000 pesos. En el caso de los rodados, un 10 por ciento hasta un total también de $ 30.000. Una vez aprobada la subasta tienen 10 días hábiles para abonar el 90 por ciento restante.

Vale aclarar que la persona que se inscriba para comprar algún bien no puede tener algún tipo de causa delictual o contravencional. “Nosotros hacemos una investigación posterior. Por eso el acto de subasta se aprueba o no. Hay una primera oferta y una segunda oferta en el caso de que la primera se caiga por estas cuestiones u otras”, afirmó el hombre de la APRAD.

Los seis Buzones de la Vida ubicados en distintos puntos de la ciudad recolectaron 44 denuncias por delitos federales, dato que surge luego del acto de apertura efectuado este jueves en el Palacio Municipal, con la presencia del intendente Leonel Chiarella, quien apoya el funcionamiento de este sistema de denuncias anónimas de delitos para que los vecinos se expresen.

Asistieron la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha; el director del área, Fernando Salinas, los concejales Nahuel Pasquinelli y Darío Jeannot y el representante del Obispado de Venado Tuerto, Marcelo Laiño. En el caso del vecinalista Alejandro Domínguez, no estuvo presente pero envió sus llaves como depositario.

Tras la apertura, Rocha confió que “el buzón del Palacio Municipal (San Martín y Marconi) siempre es el que más denuncias recibe, luego viene el del CIC (Falucho y Vuelta de Obligado). Ahora ingresaremos en Fiscalía federal estas 44 posibles denuncias y en lo que va del año llevamos 123”.

El Buzón de la Vida es una herramienta implementada por el Gobierno de Venado Tuerto para la recepción de denuncias anónimas de vecinos sobre venta de drogas o trata de personas, que luego son elevadas al fuero federal para su investigación. Esta fue la cuarta apertura del año y resta una para el 2022.

“Los buzones se han constituido para los ciudadanos en una herramienta confiable, y desde la Justicia federal nos hacen una devolución cuando informan que muchas investigaciones surgen a partir de estas denuncias anónimas de los vecinos. El número de posibles denuncias de hoy indica que la gente responde. La próxima apertura será en el mes de diciembre”, completó Rocha.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti hizo referencia a la realidad que atraviesa la provincia en materia de seguridad y convocó a todos los sectores a realizar su aporte para revertir esta realidad. A su vez se refirió a la reunión de la Junta de Seguridad y volvió a reclamar a Nación mayor presencia de Gendarmería Nacional en el territorio santafesino.

“Estamos en un momento difícil, donde las acciones la seguimos multiplicando y vamos a seguir haciéndolas. Creo que todos tenemos plena conciencia y la magnitud de lo que enfrentamos”, comentó el mandatario, agregando que esta situación “nos tiene que llevar a trabajar en forma coordinada, sumando los esfuerzos de cada uno de los sectores, sumando más movilidad, sumando más equipamiento, sumando la posibilidad real y concreta de que la tecnología nos esté aportando un mayor soporte sobre la presencia de agentes en la calle y en la acción de prevención”.

Por otro lado, afirmó que seguirán “trabajando muy duro en lo que es la generación de oportunidades y las inversiones que vamos a seguir realizando particularmente en los barrios en que el mapa del delito muestra como el más caliente, como el más rojo, a fin de mejorar las condiciones de vida en todos esos lugares”.

“Creo que hay voluntad de muchos sectores de trabajar en acciones comunes de corto, mediano y largo plazo. Darle a la ciudadanía una respuesta diferente de cómo cada uno de nosotros tiene que aportar y poner su granito de arena para la magnitud de lo que hay que enfrentar”, precisó.

Seguidamente planteó que “el deseo” es que Nación tome plenamente conciencia de que esto está pasando en su territorio. “Cuando digo Nación lo digo por el Poder Ejecutivo, necesitamos mantener la presencia de fuerzas federales, tener mayor equipamiento y más tecnología”, disparó.

Además resaltó que “seguimos esperando una mayor estructura para Justicia Federal. Las expectativas están puestas en que muy pronto se apruebe este proyecto conjunto que todos los diputados de la provincia de Santa Fe, de todos los sectores políticos, que han acordado y presentado para que las fuerzas políticas representada allí le den el acompañamiento y todos los argentinos tengamos claro que esto está pasando”.

El pasado jueves 30, en el Hall Vidriado Municipal, se concretó la apertura del Buzón por la Vida, iniciativa surgida de la firma de convenio del gobierno de Firmat con el Ministerio de Seguridad de la provincia.

A través del “Buzón por la Vida”, los vecinos pueden hacer denuncias anónimas sobre cuestiones vinculadas al tráfico, comercialización de estupefacientes y trata de personas.

En ese marco, se efectuó la apertura del Buzón, y se colocaron las 10 denuncias en un sobre. A su vez, se labró el acta respectiva.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini; el secretario General y de Control, Gabriel Grivarello y la directora de Gobierno, María de los Ángeles Pavía.

Junto al “Buzón por la Vida”, los vecinos cuentan también con otros espacios y modalidades para realizar estas denuncias: