(Por Juliano Salierno) - El Ministerio Público de la Acusación (MPA) contabilizó al menos 404 denuncias por amenazas de balaceras en escuelas de la provincia de Santa Fe, en un fenómeno que se desató tras el crimen de Ian Cabrera, ocurrido el 30 de marzo en San Cristóbal.

Las intimidaciones —que incluyen mensajes, pintadas y hasta la exhibición de armas reales o simuladas— son investigadas como delitos penales y ya derivaron en múltiples procedimientos judiciales.

La problemática se desató en instituciones educativas a partir del crimen de Ian Cabrera. Foto ilustrativa

Según precisó la Fiscalía General, las denuncias se distribuyen en las cinco regionales del organismo: 75 corresponden a la Fiscalía Regional N.º 1 (con asiento en Santa Fe), 238 a la Fiscalía Regional N.º 2 (Rosario), 33 a la Fiscalía Regional N.º 3 (Venado Tuerto), 23 a la Fiscalía Regional N.º 4 (Reconquista) y 35 a la Fiscalía Regional N.º 5 (Rafaela).

En ese marco, al 21 de abril se desplegaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de más de 50 elementos, entre teléfonos celulares, armas de fuego, armas blancas y municiones.

El avance de las investigaciones permitió identificar al menos a 73 personas como presuntas responsables de las amenazas. De ese total, aproximadamente el 95% son menores de edad, lo que encendió las alarmas tanto en el sistema judicial como en el ámbito educativo.

Desde el MPA indicaron que los casos están siendo abordados por fiscales de toda la provincia, quienes ordenan medidas como allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.

En algunos expedientes ya se formalizaron imputaciones por delitos como amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal, con la aplicación de alternativas procesales en función de la edad de los involucrados.

En la Fiscalía Regional Nº 1, con sede en la ciudad de Santa Fe, dos adolescentes fueron imputados por “amenaza coactiva e intimidación pública en concurso ideal” y recuperaron la libertad bajo medidas alternativas: uno de ellos tiene 16 años y el otro 18.

En el ámbito de la Fiscalía Regional N.º 2, con sede en Rosario, se precisó que las causas fueron centralizadas en la Unidad Especializada en Cibercrimen, a cargo de los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia.

De acuerdo con la información oficial, dicha unidad lleva adelante una investigación compleja, bajo reserva, orientada a identificar tanto a los autores materiales de las amenazas como a eventuales instigadores de estas conductas.

Asimismo, se destacó que las tareas investigativas se desarrollan de manera coordinada con la Unidad Fiscal Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente, dada la alta proporción de menores involucrados en los hechos.

En paralelo, desde el Ejecutivo provincial se anunció una medida destinada a desalentar este tipo de hechos. La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, confirmó que el gobierno comenzó a efectivizar el cobro de los operativos de seguridad a los padres de los menores que resulten responsables.

“Los operativos van entre 5 y 6 millones de pesos”, dijo Virginia Coudannes. Foto: El Litoral

“Los operativos van entre 5 y 6 millones de pesos”, explicó la funcionaria, quien remarcó que la decisión fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro a través del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Coudannes insistió en que “los padres tendrán que responder” y reforzó el mensaje institucional sintetizado en el lema: “No es broma, es delito”. Además, destacó que la consigna comenzó a ser replicada por estudiantes en redes sociales, con contenidos que reivindican a la escuela como un espacio seguro.

Desde la Fiscalía General también se hizo hincapié en la necesidad de extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en lo relativo a la tenencia de armas de fuego o material balístico. En ese sentido, se recordó la obligación legal de mantener estos elementos bajo resguardo estricto y fuera del alcance de menores.

Finalmente, desde el gobierno provincial ratificaron la continuidad de políticas públicas orientadas a recomponer el clima en las instituciones educativas. “La escuela tiene que volver a ser un espacio de contención y educación”, sostuvo Coudannes, al tiempo que valoró el compromiso de la comunidad educativa frente a una problemática que combina dimensiones penales, sociales y culturales.

(Por Juliano Salierno) - Por segundo año consecutivo, la Argentina registró en 2025 la tasa de homicidios dolosos más baja desde que existen estadísticas oficiales, al tiempo que los robos alcanzaron su nivel mínimo histórico.

Así lo informó este jueves el Ministerio de Seguridad de la Nación, al presentar los datos preliminares del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en una exposición que volvió a poner a Rosario y al Plan Bandera en el centro de la estrategia oficial contra el crimen organizado.

La conferencia de prensa fue encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros funcionarios.

Monteoliva difundió los resultados consolidados del año pasado. Foto: Gentileza

En tanto que acompañando a Monteoliva estuvieron el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y el director nacional de Estadísticas Criminales, Marco González. Allí se difundieron los primeros resultados consolidados del año pasado, que serán completados el próximo mes con la publicación definitiva del SNIC.

Según los datos oficiales, el 2025 cerró con una tasa de 3,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción del 17% respecto de 2023, cuando ese indicador se ubicaba en 4,4.

“Si comparamos la cantidad de vidas desde 2023 a la fecha, son 392 homicidios que no ocurrieron. Para nosotros cada vida cuenta”, subrayó Monteoliva, al destacar el impacto concreto de las políticas implementadas.

La ministra remarcó que la baja se explica, en gran medida, por el despliegue focalizado de fuerzas federales en los territorios más violentos del país, con especial énfasis en Rosario.

“Enfocamos el primer año de gestión en el Plan Bandera y logramos resultados significativos. En este segundo año, la tendencia sigue descendiendo”, afirmó. En las zonas rosarinas con patrullaje exclusivo de fuerzas federales, el descenso de los homicidios alcanzó el 22% durante 2025.

En términos comparativos, Monteoliva sostuvo que Argentina volvió a ubicarse como el país con la tasa de homicidios más baja de la región por segundo año consecutivo y como el que más contribuyó a la reducción regional de este delito. Además, precisó que 15 de las 24 jurisdicciones del país mejoraron sus indicadores, lo que consolida una tendencia de alcance federal.

El informe preliminar también ratifica patrones estructurales: el 51% de los homicidios se cometieron con armas de fuego, el 82% de las víctimas fueron hombres y el 63% de los hechos ocurrieron en la vía pública.

Un dato relevante es que solo el 19% de los homicidios estaría vinculado al crimen organizado, una proporción muy inferior al promedio latinoamericano, que supera el 50%, según estadísticas de Naciones Unidas.

Otro de los ejes destacados por la ministra fue el Plan 90/10, una estrategia diseñada para intervenir de manera intensiva en los territorios que concentran la mayor violencia.

El Gobierno presenta el descenso de homicidios como "la tasa más baja de la historia". Foto: Gentileza

Según explicó Monteoliva, el diagnóstico que guía el programa indica que el 90% de los homicidios se concentra en apenas el 10% del territorio, por lo que el objetivo no solo es reducir las tasas en términos absolutos, sino también achicar progresivamente las zonas donde se producen los hechos más graves.

En ese marco, el despliegue focalizado de fuerzas federales en provincias como Córdoba, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires mostró descensos sostenidos, mientras que -como se dijo- en Rosario el esquema se articuló con el Plan Bandera, reforzando el control territorial y la presencia permanente en los barrios más afectados por el crimen organizado.

En paralelo, el Gobierno destacó el descenso histórico en los robos simples y agravados. La tasa registrada en 2025 se equipara a la de 2020, en plena pandemia, pero sin restricciones de circulación.

“La baja es homogénea en todas las jurisdicciones y no hay ninguna provincia que haya incrementado sus niveles”, señaló la ministra, quien advirtió sobre una mutación del delito hacia modalidades no presenciales, como las estafas virtuales.

La ministra destacó el descenso histórico en los robos simples y agravados. Foto: Gentileza

Finalmente, Monteoliva afirmó que estos indicadores permiten afinar las decisiones de despliegue y coordinación con las provincias. “Tomamos decisiones con base en la evidencia. Los datos nos muestran cómo vamos y de qué manera se están generando resultados positivos frente al delito y las organizaciones criminales”, concluyó.

En el marco de la política de recuperación y reutilización social de bienes provenientes del delito, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó este viernes la entrega de otros 170 marcos de lentes a jubilados y jubiladas de la ciudad de Rosario. La iniciativa se lleva adelante a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Los marcos de lentes fueron incautados en una causa por estafas y, en lugar de ser subastados, las autoridades provinciales resolvieron asignarlos directamente a personas mayores, permitiéndoles acceder a un insumo esencial cuyo valor de mercado oscila entre $ 50.000 y $ 100.000 por unidad. Con motivo de esto, se convocó a todos los centros de jubilados para que elaboren las listas de quienes recibieron los marcos. La acción forma parte del trabajo que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que pone énfasis en que los bienes secuestrados por el Estado sean reutilizados con fines sociales y comunitarios, a través de la Aprad.

En la oportunidad, el secretario de Gestión de Registros Provinciales. Matías Figueroa Escauriza, destacó que “ya son quinientas personas, quinientos jubilados y jubiladas, que reciben sus marcos de lentes, en esto de resignificar lo que nosotros vamos secuestrando. Pensemos que antes esos marcos de lente quedaban tirados en depósitos. La mayoría de los efectos secuestrados de la Provincia de Santa Fe quedaban históricamente tirados, abandonados”. “Algo que nos pidió el gobernador Pullaro fue ver qué hacer con todo esto que estaba abandonado. Ahí empezamos a pensar diferentes ideas, y viendo cada secuestro, qué finalidad le podíamos dar”, explicó.

Luego destacó la importancia que tiene para un jubilado cambiar sus lentes: “Sabemos que PAMI, como obra social, les da los vidrios, pero el marco de lente es muy caro. El Estado tiene que estar al lado de los jubilados. Han aportado, han trabajado y han acompañado toda la vida. Entonces, pensamos que era una manera de decirles, a través de este gesto, lo importantes que son”.

La entrega fue recibida con gran satisfacción por parte de los jubilados y jubiladas que participaron de la jornada, quienes destacaron el impacto concreto de la iniciativa en su vida cotidiana. “Hace años que mis lentes ya no sirven más y no los podía arreglar. Me enteré por el centro de jubilados y vine; esta oportunidad es muy importante”, expresó una de las beneficiarias. En el mismo sentido, otro jubilado señaló: “Hacerse los lentes es muy caro, justo los necesito porque se me rompieron. Esto ayuda muchísimo”. A su vez, una tercera persona remarcó: “Sabíamos que teníamos que venir a retirar los marcos y, la verdad, bienvenido sea, porque los necesito. Son caros y, sin marco, hacerse los lentes es muy difícil. Esto es un gran avance”.

En el marco de la cuarta subasta de bienes decomisados que realizó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el gobierno de la provincia de Santa Fe recaudó 1.238.960.000 millones de pesos, que serán destinados a reparar a las víctimas de delitos, a políticas sociales y para autofinanciar la Aprad.

En las tres subastas anteriores, realizadas durante la actual gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se recaudaron un total de 2.326 millones de pesos: en la primera fueron 451 millones; en la segunda, 700 millones; y en la tercera, 1.200 millones de pesos. Sumando la cuarta, lo recaudado supera los 3.500 millones de pesos. La recaudación de esta cuarta subasta fue la más importante.

La actividad se llevó a cabo este jueves en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y hubo 3.910 personas inscriptas de las 24 jurisdicciones del país. En total, se ofrecieron 157 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos.

El lote que más recaudó fue el 5, un inmueble de la localidad de Funes, por el que pagaron 90 millones de pesos. Por otra parte, el lote de joyas número 65 se pagó $ 19.500.000.

El más barato fue el 35, un celular que se subastó en $ 110.000. En tanto, el auto más caro fue el 1 que era un Toyota SW4 modelo 2023 con 5.072 kilómetros que se vendió a 60 millones de pesos.

La Aprad es la entidad del Gobierno Provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos.

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados o compactados. Otros elementos pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), donó a la Escuela Técnica N° 288 “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Rosario, un automóvil Ford Ka y dos motos 110, Mondial y Honda Wave, que fueron decomisadas al delito, para que sean utilizados como material didáctico por los alumnos del establecimiento. 

Las donaciones se enmarcan en las políticas que lleva adelante la actual gestión provincial con el fin de atacar al delito en su economía, y así debilitar uno de los eslabones más importantes de la cadena criminal. De este modo, se decomisan bienes vinculados a actividades ilícitas y luego se devuelven a la comunidad a través de subastas públicas o para ser utilizados con fines sociales o para uso del Estado.

Al respecto, el ministro de Educación, José Goity, señaló “la importancia de las escuelas técnicas y su necesidad de equipamiento y acompañamiento; por eso, junto con la Aprad, venimos a entregar un automotor y dos motos para que sean elementos de aprendizaje para los chicos. Esto demuestra que cuando el Estado trabaja de manera mancomunada, cuando articula políticas, todos podemos aportar a la educación. La escuela técnica tiene un potencial enorme y tenemos que trabajar mucho para sostenerla y proyectarla”, destacó.

En la oportunidad, también estuvo presente el director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Ludovico Grillo, quien recorrió “algunas escuelas de la ciudad y de la provincia. Para nosotros es muy importante, porque la educación técnica tiene mucha potencia y que esté presente la autoridad nacional es un reconocimiento y una apuesta al trabajo conjunto”, finalizó Goity. 

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que “como nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro, todos los elementos que podamos recuperar del delito y que no tengan valor económico como para ser subastados, los vamos a recuperar para la educación, en este caso para esta escuela técnica de Rosario. Todas las escuelas técnicas que quieran donaciones de autos o motocicletas, se pueden comunicar con nosotros”, convocó.

“Lo que pasa en Santa Fe no pasa en ningún lado: le quitamos los bienes a los delincuentes, le quitamos su poder económico subastándolo; y por otro lado se lo damos a la educación”, destacó Figueroa Escauriza; y manifestó que “el director nacional se lleva este proceso como ejemplo, para poder replicarlo, en otras provincias de la Argentina”.

En tanto, el director de la escuela Técnica N° 288 "Osvaldo Magnasco", Mauricio Torres, agradeció “la donación, porque son elementos que utilizamos normalmente todos los días, y los necesitamos; es material didáctico que utilizamos permanentemente en los ciclos superiores”.

Por último, uno de los alumnos del establecimiento educativo, Franco Almirón, señaló que estas donaciones “son un incentivo para seguir viniendo al taller”.

Las instituciones educativas interesadas en las donaciones deben solicitarlas por nota dirigida a la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, a través del WhatsApp 341 2760123 o al mail secretariaderegistros@santafe.gov.ar.

Qué es la Aprad

La Aprad administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones; con el objetivo de que estos vienen tengan utilidad social. Los mismos pueden ser: autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. 

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial; ser rematados o compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), donó a la Escuela Técnica Naval Nº 697 “P.M. Carlos Mansilla” de Rosario cuatro motocicletas y dos automóviles que se encontraban decomisados en depósitos judiciales por estar vinculados a ilícitos.

Las donaciones se produjeron en el marco de las políticas que la actual gestión provincial desarrolla de manera continua con el fin de atacar el delito en su economía, para así debilitar uno de los eslabones más importantes de la cadena criminal.

De este modo, el Gobierno de la Provincia decomisa bienes vinculados a actividades ilícitas y luego los devuelve a la comunidad a través de subastas públicas o su reutilización con fines sociales o uso del Estado.

El secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de la donación destinada a la escuela: “Como nos pidieron el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Fabián Bastia, estamos donando los elementos que se encuentran en los diferentes depósitos y pueden ser utilizados con un objetivo tan importante como la educación. La escuela está dividida en talleres, y el Taller de Mecánica necesita practicar con motores reales de cuatro tiempos y de dos tiempos, que no tenían y lo estaban haciendo de una manera sólo teórica, no práctica. Por eso, son sumamente importantes estas donaciones para la educación de los chicos”, consideró el funcionario.

Convocan a solicitar donaciones

 “Esta fue la primera escuela en que donamos elementos secuestrados del delito, y convocamos a todas las escuelas técnicas de Santa Fe a las que les sea de utilidad los motores de autos o motocicletas que se contacten con nosotros a para solicitar donaciones”, agregó el secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Las donaciones deben solicitarse por nota dirigida a la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, a través del WhatsApp 341 2760123 o al mail secretariaderegistros@santafe.gov.ar. 

El secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública destacó que “este Gobierno va a utilizar todos los bienes que vengan del delito para fines útiles. Los autos que sirvan los utilizaremos para las diferentes reparticiones públicas, los bienes que sean de valor los estaremos subastando y también los elementos que sirvan para la educación los vamos a estar asignando para las diferentes escuelas técnicas de la provincia de Santa Fe, y con la plata vamos a comprar diferentes elementos para donar a diferentes escuelas, hogares de chicos que estén esperando ser adoptados o instituciones de bien público”, precisó Figueroa Escauriza.

La Aprad es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos pueden ser: autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

Con el argumento de brindar "un mayor respaldo" a la institución policial atento a "la especial situación social y laboral" a la que se enfrenta, el jefe de la Policía provincial dispuso que todo agente que esté imputado en una investigación podrá contar con el asesoramiento de los letrados de las diferentes Unidades Regionales. Según consta en la resolución del 19 de junio firmada por el comisario Luis Maldonado, "todo personal policial imputado en un proceso penal o contravencional", podrá solicitar "asesoramiento integral" a los abogados de la institución, respecto de "las consecuencias administrativas de la causa judicial en la que se encuentra involucrado".

La propia resolución advierte que por decreto del Poder Ejecutivo (Nro. 461/14), existe una "incompatibilidad expresa" para que el personal profesional de la institución pueda intervenir asesorando a policías imputados en procesos penales y contravencionales; es por ello que los agentes involucrados deben designar un abogado particular. Pero según el jefe de Policía, eso "no impide que cada órgano de asesoramiento letrado de las Unidades Regionales brinde asesoramiento" sobre las consecuencias administrativas que puedan derivar de dichos procesos judiciales. De esa forma, se plantea, el funcionario policial investigado "tendrá un conocimiento global del proceso judicial y de la situación administrativa".

Según consigna la resolución, tal solicitud deberá efectuarse "de forma personal o mediante un representante legal con facultades suficientes, ante el órgano jurídico correspondiente".

En el segundo artículo de la resolución se dispone que el profesional jurídico de la repartición policial que lleve a cabo el asesoramiento del policía imputado, "deberá excusarse para intervenir en las actuaciones administrativas que se le sigan al agente imputado, a los fines de evitar futuras nulidades. Los letrados a los que podrá apelar el personal policial investigado serán tanto aquellos que se desempeñen en las Unidades Regionales, como en las Direcciones y demás Unidades de Organización que integren la Policía de la provincia.

En los considerandos de la resolución, se repara en que la delincuencia en la provincia "ha aumentado en el número de hechos cometidos, pero también en la gravedad de los delitos que se cometen", así como en "alta peligrosidad de quienes delinquen". Ello, plantea el escrito, "obliga a contar con una policía capacitada y respaldada en el ejercicio de sus funciones, a fin de sentirse resguardada a la hora de tener que afrontar las diferentes situaciones que en su trabajo cotidiano se les pueda presentar".

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

En la misma línea, se acota que en ocasiones, "en pos de cumplir la misión de mantener el orden público y prevenir el delito, el personal policial puede resultar inmerso en una investigación penal, donde se determine si su actuación se encuentra dentro del marco legal y de las competencias que le son propias según la ley".

El ultimo párrafo sostiene que la decisión de garantizar el asesoramiento en cuestión responde, como se planteó inicialmente, "a la especial situación social y laboral actual a la que se enfrenta el funcionario policial, que hace merecedora de un mayor respaldo en su labor por parte del Estado y la institución policial, inmiscuyéndose en dichos procesos a fin del acompañamiento debido".

Este lunes 2 de octubre se produjo un hecho de inseguridad en las calles de Venado Tuerto donde, un hombre, sufrió el robo de su celular tras ser abordado por tres jóvenes que, tras insultarlo y seguirlo durante varias cuadras, lograron su cometido y se dieron a la fuga. 

El episodio ocurrió pasadas las 21.00 horas, y la víctima fue Daniel, un operador de la emisora LT29.

Según la información otorgada por el protagonista en el programa A pesar de Todo, emitido por dicha emisora, el episodio tuvo lugar en inmediaciones de las calles Brown y San Martin, cuando el integrante de la AM venadense salía de hacer un programa.

En esas circunstancias, tres jóvenes que circulaban en bicicleta comenzaron a insultarlo, sin que Daniel reaccione a dichas agresiones. No contentos con eso, los agresores siguieron atosigando a la víctima, merodeando a su alrededor y, al llegar a la esquina de Avellaneda y San Martin, lo abordaron y le sustrajeron el celular. 

El episodio vivido por el operador de LT29 no sería el primero de ese estilo, y luego de hacerse público este hecho de inseguridad, varios oyentes del programa emitido en las mañanas de la radio dieron cuenta de otros robos ocurridos bajo la misma modalidad.

Las victimas dieron testimonio de esta nueva modalidad delictiva, donde entre varias personas comienzan a agredir de manera verbal buscando la reacción de la futura víctima y, en ese lapso, poder lograr algún robo que incluso puede tener un desenlace mucho pero que el ocurrido este lunes. 

Entre los datos otorgados por los oyentes, surgen episodios de idénticas características, uno ocurrido a una pareja en Mitre y Junín y otro que tuvo como escenario la intersección de España y Brown. 

Casi todos los bienes muebles e inmuebles decomisados y secuestrados al delito y que se subastaban este martes en la ciudad de Rosario lograron ser vendidos. Sólo una vivienda ubicada en un barrio semi cerrado de Funes quedó sin comprador.

Según pudo confirmar El Litoral, los once vehículos que constituían el resto de los lotes fueron adquiridos por algunas de las 195 personas que se habían inscripto para participar de la subasta. También, tres de los cuatro inmuebles.

En total, se lograron recaudar 96.315.0000 pesos. El monto global de los lotes teniendo en cuenta el precio base estipulado, rondaba los 124 millones de pesos. La escasa diferencia se explica en el hecho de que sobretodo para los inmuebles, prácticamente no hubo puja. Los tres vendidos se subastaron casi al precio de base. El de mayor valor se trataba de un departamento de dos habitaciones más cocheras y baulera en un condominio del norte de la ciudad de Rosario. En ese caso, el valor base había sido estipulado en 49.384.000 pesos, y ése fue el precio que se pagó. El segundo inmueble de mayor valor ofertado y vendido fue una vivienda en la localidad de Roldán, cuyo precio base (17.546.00 pesos) también terminó siendo el precio de venta. Finalmente, la tercera propiedad que también está ubicada en la ciudad de Rosario (Bolivia y Cochabamba), fue vendida a 6,3 millones de pesos.

Se registraron 195 inscriptos para una nueva subasta en Santa Fe de bienes decomisados al delito

Además de los inmuebles, también se subastaban rodados entre los que se encontraban motovehículos, automotores y hasta un camión. En tanto, uno de los lotes (el número 10) que comprendía la subasta de un auto de colección, fue quitado del remate por orden del fiscal.

Como informara El Litoral, para esta subasta se habían anotado casi doscientos interesados, muchos de ellos, del interior de la provincia pero también de otros distritos como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Chubut.

La repartición responsable de llevar adelante el remate es la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). Se trata de una entidad autárquica que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Justicia, creada en 2016 por ley provincial.

Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de la citada Agencia. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social.

Casi doscientas personas se inscribieron para participar de una nueva subasta de bienes secuestrados y decomisados al delito en la provincia. Muchas veces, esos ilícitos están asociados de manera directa o indirecta al narcotráfico, puesto que las propiedades son administradas a través de testaferros.

El remate se llevará a cabo este martes en el Colegio de Martilleros de la ciudad de Rosario. En esta ocasión, los lotes a subastar están compuestos por once rodados, entre los que se cuentan desde motos y automóviles hasta camiones; y cuatro inmuebles.

Según precisó a El Litoral el titular de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), Juan Facundo Besson, los interesados que se anotaron para el evento fueron 195. El funcionario reparó en que muchos de ellos son oriundos de diferentes localidades del interior de la provincia y ciudad de Santa Fe. Sin embargo, también hay inscriptos procedentes de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y hasta Chubut.

La Provincia realizará una nueva subasta de bienes secuestrados y decomisados al delito

Respecto de la cantidad de personas registradas, el funcionario consideró que se encuentra dentro de los parámetros habituales y de los niveles “promedio” de participación, con la salvedad de que al momento de la subasta, el número de las personas que asiste de manera presencial, termina siendo significativamente menor que el de interesados anotados.

En los días previos a la subasta y durante la habitual “exhibición” de bienes, unas treinta personas participaron de dicha instancia cuando se trató de “mostrar” los rodados. En cambio, un pequeño puñado de interesados – entre cinco y seis- asistieron para verificar los inmuebles. El número fue igualmente valorado por los funcionarios responsables de organizar el evento. Es que suelen ser éstas las propiedades que generan más recelo a la hora de la subasta por el valor simbólico indeleble que conllevan teniendo en cuenta su origen. Por esa causal, las primeras subastas de inmuebles quedaron desiertas. Las últimas, en cambio, contaron con interesados de diferentes puntos del país que terminaron comprando las propiedades a precios que se ubicaban muy por debajo de los valores de mercado. “Ya hemos vendido dos inmuebles en subastas anteriores, y no ha habido ningún tipo de represalia”, tranquilizó Besson.

En esta ocasión, los inmuebles están ubicados en un barrio cerrado de Funes, otro en Roldán y dos en la ciudad de Rosario. Un departamento de dos habitaciones, cocheras y baulera en un condominio del norte de Rosario es la propiedad cuyo valor de base es el más elevado de todos los bienes a rematar: 49 millones de pesos. El monto global de los lotes a subastar teniendo en cuenta los valores base es de 124 millones de pesos.

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¿Puede el estado otorgar otro destino a estos bienes para evitar que un particular cierre un ‘buen negocio’ a partir de propiedades salpicadas por el narcotráfico? Ante la consulta, Besson admitió que se evaluaron los posibles fines públicos de estas propiedades, pero explicó que en el caso de los inmuebles a subastar en esta ocasión, por sus características, se desestimó esa posibilidad. “Lo evaluamos – dijo-. Pero por las características de estos inmuebles que en algunos casos están ubicados en barrios cerrados o semi cerrados, la chance de afectarlos a un uso público se dificulta. Poder establecer ahí alguna oficina pública – continuó- es muy dificultoso por la propia arquitectura del lugar. Por eso la decisión ha sido tomar esta vía y siempre antes de una subasta, hacemos estos estudios y análisis previos”.

En cambio, admitió que sí fueron asignados para uso público varios rodados. “Desde 2020 hemos asignado a las fuerzas de seguridad más de 54 unidades móviles, ya sea motovehículos, pick-ups y automóviles, que son utilizados para tareas de investigación y en territorio. También hemos destinado a otros a municipios y comunas; y a otras reparticiones como Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Gobierno”, graficó.

Este jueves 22 de junio, se efectuará una nueva apertura de los Buzones de la Vida en la sala “Intendente Antonio Garnier” del Palacio Municipal, con la presencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales y referentes de instituciones.

Los Buzones de la Vida se han constituido en una herramienta de denuncia confiable para los vecinos sobre venta de drogas y trata de personas, que ha permitido a la Justicia Federal el inicio de investigaciones de su competencia con resultados positivos.

Los Buzones de la Vida están instalados en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal (Brown 478) y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

Un hombre de 45 años denunció en la Comisaría 14° de Amenábar que fue víctima de una estafa, luego de enviar vía WhatsApp fotos de índole sexuales a una mujer de la provincia de Chubut.

Según relató la víctima, venía manteniendo conversaciones a través de WhatsApp con una mujer chubutense, de nombre Abigail, intercambiando fotos de índole sexual. A los pocos días se comunica un masculino quien dice ser el padre de la mujer, amenazando con denunciarlo por ser su hija menor de edad.

Posteriormente se comunica con el denunciante, una persona que se presenta como defensor general del Ministerio Público Fiscal (MPA) de la Provincia de Chubut, diciéndole que supuestamente había una denuncia en su contra, enviando una copia en PDF de un escrito, por “grooming y ciberacoso”; manifestando que intentaría llegar a un acuerdo con la familia.

A los pocos días, nuevamente esta persona se vuelve a comunicar con el denunciante, manifestando que hubo un acuerdo con el entorno de la chica, y que debía realizar un pago de 150 mil pesos para el cierre de la causa, acordando tres pagos mensuales de 50 mil pesos.

Realizando de dichos pagos en los meses de junio, julio y agosto, a un número de cuenta que ésta persona le pasó, y por códigos de Pago mediante “Pago Fácil”, recibió una nota de “eximición de la causa”.

Este jueves, recibe un llamado de un masculino quien se presenta como fiscal general especialista en ciberdelitos, manifestando que la causa en la cual fue eximido dio un giro, a raíz de que la supuesta menor de edad había sido internada en una granja de rehabilitación, y que si no se hacía cargo de la mitad de los costos de la misma debían reabrir la causa.

Esta situación motivó a que se hiciera presente en la dependencia local para radicar una denuncia por estafa.

Un gran operativo policial se realiza desde los primeros minutos de la mañana de este lunes 26 de septiembre en los barrios Plata, Las Flores y La Granada, en la zona sur y sudoeste de Rosario, territorio de la banda Los Monos.

Fuentes judiciales indicaron que son más de 40 los allanamientos que se realizan en el marco de una investigación encabezada por la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro.

Voceros señalaron que en algunas viviendas se incautaron varios vehículos, dinero en efectivo, documentación y que por el momento hay un detenido, Dylan, hijo del fundador de la banda, Ariel Máximo Cantero, alias ‘El Viejo’, quien está detenido desde abril pasado, en el marco de una investigación por balaceras.

Los operativos se están realizando en Alsina al 5200 y 5300; Lamadrid al 3800; Lamadrid y Avellaneda. Otro de los allanamientos se realizó en la distribuidora del ‘Manco García’, ubicada sobre calle Constitución al 5100, que ha estado vinculada desde hace varios años con distintos hechos delictivos.

Noticia en desarrollo.

En horas de la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría 5° de la localidad de Santa Isabel, con la colaboración de otras dependencias, llevaron a cabo la detención de un hombre de 30 años acusado de haber robado en un campo.

El hecho investigado ocurrió el pasado 25 de julio, cuando un hombre de oficio granjero denunció que una pareja que trabajaba y se alojaba en una parte del campo había robado varios elementos que se encontraban en la casa, como también en una casilla y un galpón.

Por tal motivo, se inició una investigación en conjunto con la localidad bonaerenses de Bahía Blanca, ya que dichas personas eran oriundos de esa ciudad.

Finalmente, logrando la aprehensión del imputado en la localidad de Colón (Buenos Aires) y posteriormente lo trasladaron a la Alcaidía Departamental ubicada en Melincué.

La fiscalía dispuso que lo notifiquen de la causa por el delito de Robo y permanezca detenido.

El viernes se dictó la prisión preventiva por 30 días a la propietaria de dos geriátricos de Venado Tuerto, acusada de abandono de persona seguido de muerte de una anciana que, a causa del estado de salud en el que se encontraba al momento de ser rescatada por un familiar, falleció el pasado lunes.    

La abuela se encontraba alojada junto a su hijo, que padece Síndrome de Down, en uno de los locales de la detenida, ubicado calle Santa Fe al 500 (entre Chacabuco y Alvear), aunque pesan sobre ella otras dos causas por similares hechos ocurridos en ese lugar y en otro de sus locales, en Dean Funes 60 (casi Santa Fe). Cabe destacar que el hijo de la anciana fallecida el último lunes también presentaba estado de abandono.    

El trágico desenlace llevó a que el jueves se desarrolle la audiencia imputativa y el viernes, a pedido del fiscal Horacio Puyrredón, se dictara la prisión preventiva a la acusada por la gravedad de los hechos.  

“Habíamos recibido una denuncia sobre un hecho en particular que podía tener apariencia de delito”, destacó el funcionario del MPA, añadiendo que en medio de esa investigación “ocurre otro hecho que tenía que ver también con abandono de persona y a las pocas horas la víctima falleció. Eso agravó el tipo penal seleccionado al inicio de la causa, llevándonos a la imputación más grave para estos delitos, que es abandono de persona seguido de muerte”.   

Además, informó que “las víctimas por las que se hizo la imputación son tres, una de ellas fallecida”.

Venado Tuerto: detienen a la dueña de un geriátrico acusada de abandono de persona seguido de muerte 

En cuanto al proceso de la investigación, Puyrredón destacó que se han tomado muchas testimoniales y que hay “varias situaciones que no han podido ser atendidas aún porque hay médicos que han visitado alguna vez el geriátrico y que hoy no están en Venado Tuerto”.   

Por otro lado, pidió a aquellas personas que “han tenido vínculo o contacto o tengan alguna cuestión para contar, que se acerquen a la Fiscalía (San Martín 650) de 7 a 13. Es necesario seguir tomando testimonios”.    

El fiscal también subrayó que “este hecho es de absoluta gravedad. Hay una persona que ha perdido la vida y la pena que prevé el Código Penal es de las que denominamos ‘graves’, que tiene un mínimo de 5 años de prisión efectiva y un máximo de 15. Este hecho necesita ser investigado y juzgado, porque estamos hablando de la vida, la salud y el bienestar de nuestros abuelos”.    

Según la información otorgada por las autoridades que se hicieron presentes al momento de trasladar a la víctima a un centro médico, su estado era de deshidratación y desnutrición, con heridas en su piel, lo que llevó a que quede hospitalizada con el posterior fallecimiento.   

“Se realizaron allanamientos en cada domicilio donde funciona la misma firma, donde hay abuelos alojados y personas con distintas problemáticas”, destacó Horacio Puyrredón, agregando que “se hicieron cuatro documentaciones con evidencia, que son importantes para la causa, además de relevamientos fotográficos y demás”.   

También destacó la convocatoria al área de Salud municipal a los efectos de determinar el estado de las personas que se encuentran alojadas. “Me acompañó el doctor (Marcelo) Krenz, quien hizo una inspección y un diagnóstico del lugar y se trasladaron dos personas al hospital y una a un centro privado”.   

“Por el momento hay una sola persona imputada”, informó el fiscal, agregando que “no significa que la investigación no arroje más responsables. El tipo de delito prevé una prisión preventiva y desde la Fiscalía estamos trabajando con esa posibilidad”.   

Uno de los interrogantes que por estas horas circula es cuál será el destino del resto de las personas alojadas en estos geriátricos, a lo que el fiscal Horacio Puyrredón expresó: “Nosotros investigamos la posible comisión de un hecho ilícito que para la Fiscalía, de acuerdo a la investigación que llevamos adelante, son tres: el funcionamiento de este tipo de establecimientos, su control y las sanciones que pudieran corresponder por sus deficiencias, en tanto que todo aquello que no configure un delito es potestad de las autoridades administrativas. Ya se le ha dado intervención al Ministerio de Salud. Nosotros hemos oficiado al Ministerio y a la Regional de Salud, donde el doctor Pedro Bustos se ha puesto a disposición y están trabajando toda la situación desde esa área. También nos acompañó el área de Salud municipal de Venado Tuerto”.   

Por lo pronto, el coordinador de la Regional de Salud, Pedro Bustos, dijo a Sur24 haber realizado un relevamiento a pedido de Fiscalía. “Los resultados los mandamos a la Dirección Provincial de Auditorías, quien va a responder en breve”, estimó.    

“Hoy, en un hecho histórico, estamos aquí para acompañar a la justicia amenazada y trabajar en conjunto para ponerle un freno a las organizaciones criminales que tienen a Santa Fe de rodillas”, expresó la senadora nacional por Juntos por el Cambio, Carolina Losada, en cuanto a su participación en el Encuentro Nacional de la Justicia Federal que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Durante el evento, que contó con la participación de la Corte Suprema de la Nación, jueces federales de Santa Fe y de todo el país, los integrantes del Consejo de la Magistratura, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, Losada, junto a su par Dionisio Scarpin, remarcó “la necesidad de trabajar sobre decisiones políticas concretas y eficaces para combatir al crimen organizado”.

En el marco del momento crítico de violencia urbana ligada a la narcocriminalidad que vive Rosario, el encuentro tuvo como objetivo coordinar, revisar y hacer una autocrítica en cuanto a las acciones del Estado para encontrar una solución a la problemática.

“La solución no llegará de un día para el otro, ni esto implica que toda la pesadilla que estamos viviendo termina ahora mismo. Pero el compromiso que logramos hoy, de trabajar de manera diferente, activa y con seriedad, nos abre una nueva esperanza”.

“De este encuentro tienen que salir acciones concretas, eficaces y sostenidas en el tiempo. Políticas de largo alcance, no más parches. Ya no hay más tiempo para palabras. La ciudadanía nos está pidiendo ayuda y tenemos que protegerla”, señaló Losada, quien enfatizó sobre la necesidad de incorporar jueces, fiscales federales, tecnología, estructura y capacitación de las fuerzas de seguridad para mejorar las herramientas que tiene el Estado para combatir a las organizaciones criminales.

La senadora expresó su “compromiso y solidaridad para todos aquellos jueces y fiscales que, pese a las amenazas recibidas, continúan trabajando con valentía en defensa de la ley; y también para con toda la gente que vive rehén de la violencia en las calles, angustiada por esta situación”.

“Necesitamos decisiones políticas concretas y eficaces. No hay tiempo que perder y por eso estamos acá”.

Ya son varios los vecinos de Venado Tuerto que han denunciado que fueron víctimas de un intento de estafa con esta nueva modalidad. ¿De qué se trata?

La estafa virtual es un delito que ha crecido mucho en estos últimos años, sobre todo a partir de la pandemia por Covid-19, donde el uso de las plataformas digitales se ha incrementado de manera notable. Las estadísticas que aportan los centros de denuncian evidencian esta realidad que afecta a todo el país, con olas que se van centrando en diferentes regiones y con modalidades que van variando una vez que la ciudadanía se ve alertada. Primero fueron los secuestros virtuales, luego los llamados haciéndose pasar por supuestos representantes de entidades o instituciones como Anses, hasta han llegado a realizar estafar con el tema de la vacuna contra el Coronavirus

Estos últimos días un nuevo “cuento del tío” llegó a la ciudad, apuntando como víctimas a quienes tienen productos o bienes publicados en el Marketplace de Facebook, haciéndose pasar por compradores. A partir de ahí se inicia una serie de comunicaciones con el objetivo de quedarse con dinero de las personas.

Con el objetivo de alertar a la población, varios vecinos compartieron sus experiencias a través de las redes sociales, como el caso de Marisa, quien publicó: “Hace unos minutos una persona se comunicó conmigo, con la intención de comprar un artículo publicado en Marketplace. Luego de haberle pasado el CBU para que realice el pago, muy apurado comenzó a llamar y enviar mensajes, preocupado debido a que, por error, había transferido una suma mayor a la que habíamos acordado. Por suerte nos dimos cuenta de que algo raro había. Llamamos al banco y verificaron que no había ningún movimiento. En paralelo, me entraban llamadas de un número fijo, con característica 011. Este señor, insistía con que atendiera para que pudieran cancelar el movimiento. Después de varios llamados para asesorarme, confirmé que esto fue un intento de estafa. A todo esto envió un comprobante de transferencia adulterado, ya que comparamos con uno original. Y a simple vista, no se nota, pero en el detalle sí se ven varias diferencias”.

Walter tenía una moto publicada para la venta. También recibe una llamada de un supuesto comprador que le dice que le va a hacer una transferencia e incluso envía el comprobante (adulterado). De inmediato recibe una llamada supuestamente del banco que le dice que debe cumplimentar unos pasos para que la transferencia se vea impactada en su cuenta, en especial bajarse un aplicación y completar con datos. Ante la sospecha decide cortar la comunicación y verificar si se trataba de un intento de estaba y así era. La App que le pidieron descargar era un control remoto, es decir que le permitía a los estafadores ingresar a su celular desde cualquier plataforma digital.

Situaciones similares debieron atravesar otras personas, incluso algunos de ellos terminaron siendo víctimas de esta estafa, como le pasó a un vecino que vendía una Play Station y que terminó retribuyendo a los delincuentes con un dinero que nunca le habían depositado. En otros casos hasta le pudieron ingresar al Homebanking y tomar créditos a su nombre.

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El lunes, a las 6.30 el fiscal Leandro Mai imputará a su par venadense Mauro Blanco por una serie de hechos delictivos sobre los cuales cuenta con indicios que fueron cometidos durante el ejercicio de su función en el MPA, en el marco de una investigación iniciada el año pasado. El juez de turno es Adrian Godoy.

Blanco aguarda la audiencia detenido desde el jueves a la noche y alojado en el destacamento de la Guardia Rural Los pumas de Venado Tuerto.

Al fiscal Mai del MPA Reconquista, le asignaron esta investigación en julio de 2020 y desde entonces recolectó indicios y pruebas sobre 9 hechos delictivos que le imputará al Dr. Blanco por cohechos pasivos agravados reiterados, encubrimiento y revelación de secretos, entre otros delitos.

Además y según escuchas recibidas por el fiscal Mai se sospecha que Blanco realizó importantes inversiones durante los últimos meses, como la compra de propiedades, cuyo origen, según la investigación, podría ser ilícito.

Según información también la justicia federal acreditó que Blanco tenía relación con Novelino, otro narco preso en la cárcel de Piñero. De las escuchas telefónicas se desprende que Blanco tendría relación con una mujer apodada Mili, quien manifestó que le había dado dinero para no ser involucrada en una causa.

Allanamientos

Esta mañana se realizaron 16 allanamientos simultáneos en las provincias de Santa Fe y Córdoba, 12 en las ciudades santafesinas de Venado Tuerto y Rufino; y otros 4 en la localidad cordobesa de Villa Dolores.

Si bien el funcionario del MPA actuante demoró bastantes meses en realizar la imputación las pruebas recabadas apuntan a una serie de hechos delictivos que podría haber cometido su par venadense, nacidos de las escuchas y otras pruebas que serán presentadas oportunamente.

Cabe recordar que en enero del 2020 hubo una denuncia realizada por la Fiscalía Federal de Venado ante la Fiscalía Regional y la Fiscalía General que involucraba a Blanco en una investigación a un narcotraficante que realizaba el fuero federal.