Por Luciana Mazzei

Hace unos días, nuevamente el debate acerca de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 13 años se hizo presente en los medios con opiniones a favor y en contra. Es innegable que un hecho delictivo genera enojo e impotencia en la sociedad.

Todos en algún momento hemos sido víctimas de algún acto de delincuencia y en algunos casos se han perdido vidas como consecuencia de ello, con el dolor que ello conlleva.

La frase "a delitos de adultos, penas de adultos" deja entrever la incapacidad de la sociedad para analizar el problema más allá del hecho concreto. Lo cierto es que juzgar a los menores como si fueran mayores no resuelve el problema, muy por el contrario, lo agrava. Me permito entonces hacer un análisis un poco más profundo y detallado sobre el tema, abordándolo desde distintas miradas.

En principio, en un sistema penal donde las cárceles están colapsadas y la violencia instalada, es impensable que adolescentes de 13 o 14 años puedan siquiera pensar en el daño que hicieron y salir de allí con la convicción de no volver a delinquir. Es sabido que en nuestro país las cárceles tienen más un objetivo punitorio que uno tendiente a la reinserción social de los delincuentes.

Por otro lado, gracias a los avances en neurociencias sabemos que el lóbulo frontal del cerebro, encargado de la autorregulación y la toma de decisiones, termina de desarrollarse alrededor de los 25 años.

Esto no implica que sean inconscientes, sino que, de acuerdo con la madurez de cada individuo y a los estímulos que haya recibido desde la concepción, las habilidades que aporta esta parte del cerebro se van desarrollando paulatinamente y con el apoyo de adultos que sean capaces de enseñar a regularse y ser criteriosos.

En ámbitos sociales de vulnerabilidad, donde los bebés nacen con serios déficits nutricionales, crecen con esas mismas carencias y, además, el delito es moneda corriente, es casi imposible pensar en que un adolescente sepa discernir lo que es un delito de lo que no lo es. A esto se suma la propia incapacidad de los adultos que los educan.

Ellos mismos, en muchos casos, no han logrado el desarrollo pleno de sus habilidades morales y no cuentan con los recursos personales para educar a otros. La delincuencia se transmite de padres a hijos como forma de vida y de obtener los recursos necesarios.

Son niños que nacen en condiciones desfavorables, la mayoría en condiciones de desnutrición fetal, porque ya sus madres están mal alimentadas, la consecuencia es que sus cerebros ya están en desigualdad de condiciones para desarrollarse plenamente frente a otros niños.

La violencia y el abuso son moneda corriente y en sus hogares robar, matar y consumir es lo cotidiano. Pocos logran terminar la escolaridad y quienes lo hacen acarrean importantes déficits de aprendizaje, y esto se debe a la falta de desarrollo cerebral, van a la escuela cuando pueden y no cuentan con adultos que puedan acompañar sus procesos de aprendizaje.

En estas condiciones lo que aprenden es que robar es la forma de tener un plato de comida y que la vida no vale demasiado. Crecen en contextos sociales donde los valores no existen y solo se sobrevive como se puede a la pobreza estructural que domina sus hogares. Muchos argentinos hemos sido y somos víctimas de delitos.

Pero estos niños también lo son. Víctimas de un sistema que los ve, pero mira para otro lado, que emparcha el hambre con subsidios que no logran callar sus pancitas vacías, siempre usaron ropa usada, mochilas rotas y bicicletas viejas. La solución no es fácil. Son décadas de desamparo, desigualdad y maltrato familiar.

Es imperioso que se promuevan políticas donde las familias recuperen el valor por el trabajo y el esfuerzo, que los padres aprendan a ser padres y recuperen su rol de primeros educadores.

La respuesta es proveer a estos niños un ámbito donde prime el amor y el respeto por la persona, donde puedan desarrollarse física, psíquica y espiritualmente. Donde reciban una educación en valores que les permitan ser personas de bien, que valoren el esfuerzo y la cultura del trabajo.

De nada sirve encerrarlos en cárceles donde van a vivir en la violencia y el desamparo. Es necesaria una política que promueva el desarrollo personal y la cultura del trabajo, de lo contrario estamos tapando el sol con la mano sin resolver el problema de fondo.

(*) La autora, santafesina radicada en la ciudad de Rafaela, es magíster en Orientación Familiar.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, anunció la detención de Walter Campos, un delincuente de 38 años identificado como autor de varios robos en la ciudad. La captura fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía Provincial y el Poder Judicial.

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“Walter Campos es un delincuente que hoy está preso. Fue identificado por las cámaras de seguridad del Municipio, detenido por la Policía Provincial, imputado por el fiscal Iván Raposo y dictada la prisión preventiva por el juez Mauricio Clavero”, detalló Chiarella.

Campos está acusado de cometer un violento robo el pasado sábado 8 de febrero y otro en enero de 2024. En ambos casos, utilizó el mismo modus operandi: a bordo de una moto, realizó arrebatos en la vía pública. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió su identificación y posterior detención.

El intendente destacó el trabajo coordinado entre las distintos partes y reafirmó el compromiso de su gestión en la lucha contra el delito: “Tenemos un objetivo claro contra la inseguridad y vamos a seguir por este camino”.

A través de sus redes sociales, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, comunicó que junto al delegado regional del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli, denunciaron con nombre, apellido y direcciones, diferentes puntos de venta de droga y “aguantaderos” de delincuentes ubicados en diferentes lugares de la ciudad, reafirmando su compromiso con la seguridad local.

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“Hemos presentado una denuncia de 10 puntos de venta de droga y aguantaderos de delincuentes. En la misma denuncia indicamos nombre y apellido de los que venden droga, direcciones y fotos de los lugares”, contó a los vecinos el intendente y con el mensaje de que seguirán “firmes en la lucha contra el narcotráfico y el delito”.

Desde Sur24, este lunes informamos que el narco venadense Maximiliano Ríos, alias el “Wacho Maxi”, sufrió un nuevo revés judicial al serle negado el pedido de su abogado para que recupere la libertad bajo reglas de conducta. 

Al mismo tiempo, le bajaron el pulgar a la posibilidad de acceder a “visitas íntimas” con su novia, y por otro lado se ordenó al servicio penitenciario que analice la continuidad o no del proceso de aislamiento que atraviesa en el penal.

Sobre este fallo, Chiarella manifestó: "Queremos destacar el trabajo de la fiscal Mayra Vuletic y todo el equipo de la fiscalía, y la decisión del Juez Penal Mauricio Clavero de negarle la libertad al narco Maximiliano Ríos, alias “Wacho Maxi'. Los delincuentes tienen que estar presos”, esgrimió.

Al finalizar, completó: “Vamos a seguir firmes en este camino, denunciando con nombre y apellido, y respaldando las decisiones judiciales que sean a favor de la tranquilidad de nuestros vecinos”.

En horas de la tarde de este lunes, personal de Comisaría 2da cumplimentó una orden de allanamiento dispuesta por la Fiscalía local para un domicilio de calle Quintana al 1900, donde aprehendieron a un joven de 19 años, quien habría cometido un Robo Calificado y secuestraron tres tijeras, un short color negro, un buzo con capucha, un teléfono y una moto marca Guerrero 110 cc. Los uniformados procedieron al traslado del implicado a sede policial a los fines legales correspondientes.

El Magistrado interviniente dispuso que le formen causa al sujeto por Robo Doblemente Calificado  por ser en un lugar Poblado, en Banda y por el Uso de Arma de Fuego y que permanezca en calidad de Detenido Incomunicado a la espera de la correspondiente audiencia imputativa. 

Cabe aclarar que los objetos secuestrados, a excepción de la moto, fueron sustraídos de calle Francia al 100 el pasado 04/01/24.

Este sábado, un hombre de 69 años denunció ante las autoridades policiales que autores ignorados habrían ingresado a su domicilio y le sustrajeron dos desmelazadoras, una garrafa y una radio. En paralelo, horas antes se habría recibido un llamado de Control Urbano manifestando que se intentó identificar a dos masculinos y estos se dieron a la fuga arrojando una desmelazadora en la vereda, se logró identificar a uno de ellos y el restante huyó con otra desmelazadora en bicicleta. 

Se realizaron tareas de investigación y se logró secuestrar la totalidad de lo sustraído, también se realizó la aprehensión de ambos masculinos y fueron trasladados a sede policial, en donde fiscal en turno dispuso formación de causa por Robo y Desobediencia al masculino que huyo del lugar y causa por Robo al restante. 

En cuanto a la víctima se la cito a que reconozca los elementos secuestrados y en caso de ser de su propiedad se haga su entrega. 

Mariela Goy

Los hechos delictivos, como robos, hurtos, vandalismo, no dejan a las escuelas al margen. Hay establecimientos que ya no saben cómo defenderse -ponen rejas, alarmas- pero nada parecer disuadir a los delincuentes de ingresar al edificio escolar donde estudian los chicos, generando daños que luego cuestan reponer. Ante esta situación, el Ministerio de Educación provincial envió a las escuelas un "Procedimiento frente a hechos delictivos contra establecimientos escolares".

El protocolo pertenece a la Secretaría de Gestión Educativa y se transmitió a los establecimientos mediante una circular, en diciembre de 2023. Ahora se va a reforzar la comunicación cuando se inicie el ciclo lectivo para que todos los directores estén al tanto.

"Básicamente con el protocolo de intervención para hechos delictivos, lo que hacemos es que las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, cuando se anotician de un hecho de estas características -ya sea vandalismo, robo, algún hecho de violencia dentro de la escuela-, cumplan en llamar al 911 en una primera instancia", explicó Daiana Gallo Ambrosis, a cargo de la secretaría.

De esta manera, destacó que "con el asesoramiento del 911 la escuela puede conocer qué recursos se necesitan en ese momento. Inmediatamente también (el directivo) debe avisar al Ministerio de Educación a través de un correo de denuncias o de un WhatsApp o un teléfono que tienen las nueve delegaciones regionales de Educación, y el Servicio de Enseñanza Privada (Spep)".

En una parte de la Circular 0001, fechada el 28 de diciembre, se especifica que la responsabilidad de los equipos directivos es denunciar: "Se debe hacer saber a las autoridades y docentes que cuando el personal policial interviene frente a un llamado y, habiéndose constatado hechos con aristas delictivas, genera un acto administrativo donde los agentes del Estado tienen obligación de denunciar, lo cual se volcará en un acta sucinta, los acontecimientos, generando así la actuación judicial quien ordenará las medidas que se encuentren previstas en el Código Procesal Penal o, en el mismo tenor, si el delito es de jurisdicción federal".

"Nos permite actuar rápidamente. Nosotros tenemos una Coordinación de Intervención y Resolución en Crisis dentro de la Secretaría, que articula directamente con el Ministerio de Seguridad. De hecho, tuve reuniones con gente de Seguridad y de la Policía de Santa Fe para poder estar atentos a todos los casos que ocurren", destacó la funcionaria.

Según aseguró, "el protocolo ya se utiliza" y al aplicar esta modalidad "en muchos casos hemos llegado a tiempo y no han terminado de robar en la institución educativa. En otros hemos podido recuperar parte de lo robado y se ha detenido a las personas. Y en otros tantos seguimos trabajando porque están, a lo mejor, en barrios que son más complejos, más difíciles de llegar".

"No importa el día y horario, nosotros activamos y estamos permanentemente en contacto", aseguró la funcionaria, quien indicó que, si es un fin de semana, "se acompaña desde la Regional, desde la Coordinación de Intervención y Resolución en Crisis o la policía; siempre estarán acompañados los directivos".

Gallo Ambrosis también hizo referencia al objetivo planteado cuando se inición la gestión de "reordenar" el sistema educativo santafesino. "Es lo que con el ministro (José Goity) nos marcamos cuando asumimos las funciones en Educación. Ordenar el sistema implica también dar herramientas seguras, posibles y concretables a los equipos directivos para que puedan tener un horizonte, un norte, sobre cómo actuar ante una situación como esta", indicó.

El protocolo es bien procedimental y dispone cuatro instancias cuando la dirección escolar toma conocimiento del delito. El primero es la "Elaboración del acta", haciendo un llamado primero al 911 y luego redactando un informe con la descripción de los hechos, los daños o lesiones, testigos si hubiese, e indicando si están individualizados o existen sospechas sobre los autores del hecho; todo lo cual va acompañado con firma de la autoridad escolar y documentación o elementos relacionados con el hecho.

Si la policía se presenta espontáneamente -continúa el procedimiento-, el director escolar deberá exponer el hecho. Para el caso que no se presente, "deberá elevar el acta y aguardar indicaciones del Ministerio Público de la Acusación (MAP), ya sea a través de la fiscal interviniente, de la autoridad policial o la delegación regional".

Otro punto es la "Elevación del acta", y aquí se especifica que "dentro del término de una hora en que se tomó conocimiento del hecho, la dirección escolar deberá elevar el acta a la respectiva delegación regional". Para esto, se especifica un mail de denuncias de cada una de ellas y teléfonos. Asimismo, los equipos directivos deberán informar quiénes conocen las claves de alarma del edificio y tienen acceso a las llaves.

El punto III es dar "Intervención a la supervisión" que deberá verificar que el acta cumpla con las formalidades; y ítem el IV, estipula cómo es el proceso para formular una denuncia penal en caso de que haga falta. Se aclara que es la Dirección Regional la encargada de presentar la denuncia ante el MPA o la Jefatura de Policía.

Al respecto, Gallo Ambrosis aportó: "Más allá de que el directivo llame el 911 y haga el acta con la denuncia formal, si hay que hacer una presentación en el MPA, ahí la firma el delegado o delegada regional, es decir, un funcionario, resguardando al equipo directivo".

En el caso de que la denuncia sea por robos de cables, medidores de agua o gas -que es una constante en estos tiempos-, el director escolar debe adjuntar el número de reclamo ante la empresa correspondiente a los fines de hacer un seguimiento del mismo.

"En paralelo, lo que se activa es la articulación con la EPE, con Aguas Santafesinas, para resolver la situación en el establecimiento escolar. Hay muchas cuestiones que las coordinamos con la EPE y otras con Aguas, y en las que le damos prioridad a las escuelas. Y lo mismo con Litoral Gas, con quien tenemos pendiente reuniones. Pero también articulamos con el FAE de las distintas localidades con las Áreas de Infraestructura", explicó Gallo Ambrosis.

En horas de la tarde de este jueves, personal de Comando Radioeléctrico aprehendió a un joven de 19 años dentro de la ex Cooperativa Vassalli ubicada en calle Brown, quien intentó robar mercadería del lugar. Los uniformados procedieron al traslado del implicado junto con sidras, jugos, sal, vinagre y una bicicleta en la que se conducía en calidad de secuestro a sede de Comisaría 4ta.La Fiscalía local dispuso que le formen causa por Tentativa de Robo Agravado y que sea remitido a la Alcaidía Departamental de Melincué a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.Cabe aclarar que mediante tareas investigativas de personal policial lograron identificar al detenido como autor de un hecho de robo perpetrado días atrás en el club Fredricksson. 

En el transcurso de las últimas horas, personal policial secuestró diez armas de fuego, algunas de las cuales estarían relacionadas con robos y demás ilícitos como desorden o amenazas.

Seis de los procedimientos se produjeron en Rosario. Además, fueron incautadas dos tumberas en Reconquista, una pistola 9 mm en Coronda y un revólver en la ciudad de Rafaela.

Cabe mencionar que además los efectivos trasladaron a trece personas vinculadas a los distintos hechos, las cuales fueron puestas a disposición de los órganos judiciales competentes.

Entre los procedimientos, se destaca un patrullaje preventivo realizado por agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario.

Los policías observaron a un joven ingresar a una vivienda de calles Punta del Indio y Hollywood, tras notar la presencia policial.

Los actuantes, con la autorización correspondiente, lo interceptaron en el interior de la finca y secuestraron una pistola calibre .22, una escopeta, una caja de municiones y un chaleco balístico.

En horas de la tarde de este lunes, personal de Comisaría 8va aprehendió a un joven de 19 años, quien horas antes intentó sustraer gritería de una vivienda ubicada en calle Buenos Aires al 600 y fue sorprendido por el propietario. Los uniformados procedieron al traslado del implicado junto con una mochila y las herramientas que habría utilizado en calidad de secuestro a sede policial a los fines legales correspondientes.La Fiscalía de Melincué dispuso que al demorado le formen causa por Tentativa de Hurto.

Un hombre de 37 años murió este martes en Rosario tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA).

La víctima ingresó a dicho nosocomio luego de verse involucrada el lunes por la noche en una balacera en la zona de Arévalo y Magallanes de la ciudad gobernada por el intendente Pablo Javkin.

Dicho sector representa el límite entre los barrios Belgrano y Empalme Graneros.

El hombre tenía un pedido de captura a solicitud de la justicia de la provincia de Entre Ríos. Se le atribuyen tintes mafiosos al episodio ya que al lado del cuerpo se encontró un mensaje escrito en papel.

El mensaje poseía amenazas para uno de los miembros de la zona y hacía alusión a los recientes tiroteos a establecimientos educativos.

Detrás del vallado policial se observaban manchas de sangre y cerca de ahí había un cartel con amenazas que dejaron los atacantes.

En base al reporte policial en conjunto con el parte médico inicial, el fallecido había recibido un disparo en el pecho y otro en su cabeza. Llegó al HECA en estado delicado.

La investigación del hecho quedó a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo.

Utilizando una mecánica ya tradicional, la víctima fue agredida mientras caminaba por la vía pública. Otro hombre descendió de un automóvil y realizó cuatro disparos, dos de ellos impactaron en el fallecido.

Ecuador autorizó la tenencia y porte de armas a civiles. El presidente Guillermo Lasso anunció la medida, citando el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país.

El gobierno ha estado luchando contra el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles y las cárceles, que el gobierno atribuye a las bandas de narcotraficantes. Cientos de presos murieron en los últimos meses tras riñas en las cárceles.

El asediado presidente también se enfrenta a un posible juicio político por acusaciones de malversación de fondos, acusaciones que él ha negado, luego de que el tribunal supremo diera luz verde para que las audiencias siguieran adelante.

“Tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Lasso en un mensaje a la nación.

“Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes: Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. En términos generales (…) se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento”, explicó, sin dar mayores detalles.

A los civiles también se les permitirá llevar y usar aerosoles de gas pimienta para defensa personal, añadió Lasso.

El mandatario también declaró estado de excepción en Guayaquil, una ciudad portuaria del Pacífico, y en las vecinas localidades Durán y Samborondón, así como en las provincias Santa Elena y Los Ríos.

La medida, que entró en vigencia el domingo, incluye el toque de queda desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana.

“Siento, como ustedes, la preocupación de la inseguridad, para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales”, dijo Lasso, quien no especificó cuánto durarán las medidas.

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que ordenará a las Fuerzas Armadas que colaboren en los operativos realizados por la Policía contra la delincuencia, en el marco de un estado de emergencia por la inseguridad ciudadana decretado en Lima y el vecino puerto del Callao.

“Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al delincuente grande, no podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, dijo Castillo, vestido con un chaleco antibalas y acompañado de generales de la Policía durante un operativo contra la delincuencia en el populoso distrito El Agustino, cerca del centro de Lima.

Días pasados ya el gobierno peruano había decretado el estado de emergencia por inseguridad en la capital peruana, a pedido de varios alcaldes distritales para contener la creciente ola delictiva. En ese entonces, ya se había explicado que tanto los gobiernos locales como las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo que realiza la Policía, informa el sitio France24.

Pese a ello, los militares no habían participado hasta la fecha en las acciones policiales, como en el arresto de bandas de ladrones o traficantes de drogas, entre otros numerosos operativos realizados en Lima las últimas tres semanas y difundidos profusamente por las autoridades.

Para lograr la participación de los militares Castillo pidió “al señor ministro del Interior” que se disponga a coordinar “de una vez por todas no solamente para tener a la Policía, porque no todo es la responsabilidad de la Policía”.

El anuncio se produce cuando un sondeo de Ipsos indica que Castillo alcanzó su mayor desaprobación con 69% de rechazo en siete meses de gestión, contra una aprobación de solo 25%. Bajo el estado de emergencia se restringen los derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio y las libertades de tránsito y de reunión, lo que permite a policías y militares a ingresar a viviendas en busca de sospechosos sin orden judicial.

Según el Informe Urbano de Percepción Ciudadana en Lima y Callao 2021, elaborado por la ONG Lima Cómo Vamos, siete de cada diez limeños considera que la inseguridad es el principal problema en esa capital de 10 millones de habitantes.

De acuerdo con una reciente encuesta de Ipsos, el 56% de los consultados cree que bajo el gobierno de Castillo la sensación de seguridad ha empeorado en Perú, un 39% cree que está igual que antes y solamente 4% que ha mejorado.