El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó al presidente del directorio de la firma Yeruvá SA de la ciudad de Esperanza, por haber defraudado al fisco en los reintegros del IVA por exportación entre 2006 y 2009, lo cual fuera denunciado en 2012 por la AFIP-DGI.

La sentencia, publicada este martes por el Centro de Información Judicial (CIJ) y firmada por el camarista Luciano Lauría, impone un año de prisión en suspenso y el cumplimiento de reglas de conducta por el doble de tiempo para Juan Miguel Requena (72).

El TOF declaró al industrial oriundo de Córdoba, pero radicado en Esperanza, como autor del delito de “obtención fraudulenta de beneficios fiscales” (art. 4° de ley 24.769 y 45 del Código Penal), en el marco de un juicio abreviado alcanzado entre la Fiscal Auxiliar Jimena Caula y el abogado defensor Leandro Corti.

En los considerandos del fallo, el magistrado sostuvo que “se encuentra probado que la firma Yeruvá SA, obtuvo fraudulentamente beneficios fiscales consistentes en reintegros de IVA por exportación en perjuicio del Fisco Nacional”. Además, explicó que la maniobra se concretó “a través de la presentación de declaraciones juradas engañosas en relación al impuesto al valor agregado (IVA), aumentando en forma maliciosa su crédito fiscal, valiéndose para ello de proveedores apócrifos, en los períodos fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009”.

La investigación comenzó hace ya más de una década, cuando el 29 de marzo de 2012, el jefe interino de la sección Penal Tributaria de la delegación Santa Fe de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) radicó la denuncia penal ante el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe.

Allí se tomaron las primeras declaraciones testimoniales a los contadores de AFIP, se solicitaron informe del Registro Público de Comercio y le recibieron declaración indagatoria al director Requena, que fue procesado el 28 de agosto de 2015 por el delito por el cual resultó condenado y sobreseído por el cargo de “aprovechamiento indebido de subsidio”.

Hacia fines de 2015 la defensa de Requena interpuso un recurso de “excepción de falta de acción y cosa juzgada” que fue rechazado en primera instancia y en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en 2017, para finalmente ser elevada la causa a juicio.

Yeruvá SA es una empresa líder cuya actividad principal es la elaboración de productos alimenticios para la nutrición animal como la humana, pero también destinados a las industrias químicas, agroquímicas, cosméticas, entre otras.

En el ejercicio de dichos negocios fue que se le reprochó a Requena, como su director, haber obtenido “de modo fraudulento, en 8 oportunidades reconocimientos y/o autorizaciones para gozar reintegros de IVA por exportación, de los cuales aprovechó en forma indebida en los ejercicios fiscales 2006 (por $ 168.407,29), 2007 (por 43.680,71), 2008 (por $ 78,723,81) y 2009 (por $ 152.930,26), ya sea cobrándolos de manera efectiva o utilizándolos para compensar diferentes deudas que mantenía con el organismo recaudador”.

El juez Lauría valoró como prueba “el contenido de los libros de IVA Compras de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, de los cuales surge la utilización de proveedores apócrifos por parte de la firma denunciada para abultar sus créditos fiscales”.

Además, señaló el magistrado que “las pruebas existentes son suficientes para señalar a Juan Miguel Requena como responsable de las obtenciones fraudulentas de beneficios fiscales analizadas” puesto que “el nombrado, al momento del hecho, se desempeñaba en el cargo de presidente de la sociedad denunciada, representándola en todos sus actos legales y actuando en su nombre”.

Por último, se puso de resalto que “en este caso mediante la obtención del ‘reconocimiento del beneficio fiscal’ su autor no ha logrado todavía perjudicar patrimonialmente al sistema de recaudación tributaria o de realización de subsidios, sin perjuicio de que luego de obtenido ese reconocimiento, resulta evidente el peligro de que aquellas situaciones se sucedan”.

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quedó imputado por el supuesto intento de direccionamiento en favor de una empresa, de un pliego licitatorio para la compra de armamentos, en una operación que, tal como reveló en su momento El Litoral, fue denunciada por diputados de la oposición y dejada sin efecto por el Ministerio de Economía.

Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández le atribuyen negociación incompatible con la función pública y tentativa de defraudación. También imputaron a otros dos ex funcionarios: el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas, en tanto este viernes será el turno del ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, normalmente llamado habilitado, Marcelo Leandro Correa.

Los fiscales dialogaron con el periodismo al término de la audiencia, y consignaron que las imputaciones se vinculan “con la investigación que se inició en marzo del año pasado a raíz de una denuncia presentada por unos diputados sobre una licitación por la compra de armas para la policía de la provincia. Lo que se atribuye se calificó como negociación incompatible con la función pública, que va en concurso con una tentativa de defraudación a la administración pública”, consignaron.

Las tres audiencias se celebraron en la fiscalía vía zoom a raíz del domicilio en el que se encontraban los tres imputados y mañana se va a realizar la restante.

Al preguntarse si el ex ministro Sain había intentado refutar los cargos, los fiscales se limitaron a consignar que “luego de que se le hiciera la lectura del hecho por el cual se lo investiga, uno de los imputados ejerció su derecho a declarar e hizo manifestaciones no relativas a los hechos (porque expresaron que posteriormente y luego de tomar conocimiento del hecho lo iban a hacer), sino que hizo consideraciones particulares sobre su opinión de esta investigación”. Particularmente, según aclararon ante una repregunta de este diario, “hizo referencia a esta investigación, no al hecho que se le atribuye”.

Los funcionarios judiciales describieron la conducta imputada en términos de que “el funcionario se interesó en una licitación en la que se intentaba la compra de armas para la policía. Y confeccionaron de esta forma un pliego que establecía determinadas condiciones en cuanto a la compra de armas y que solamente permitía que una de las empresas era la que estaba habilitada a ofrecer todas las armas que se pretendían comprar”.

Además, aclararon que “los dos delitos, tanto las negociaciones incompatibles con el cargo como la tentativa de defraudación contra la administración pública por la administración fraudulenta establecen penas de prisión como de inhabilitación. El concurso que se realizó es del tipo ideal, es decir que si bien las maniobras que realizaron los imputados pueden subsumirse en distintos tipos legales se va a estar a la calificación que establezca la pena mayor”.

El próximo paso de los fiscales será solicitar medidas cautelares, en una nueva audiencia ante el juez, aunque no necesariamente se trataría de prisión preventiva.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Justicia de La Pampa condenó a dos años de prisión e inhabilitación perpetua a una docente por pedir licencia con certificados médicos truchos para viajar al exterior. Fue hallada culpable del delito de defraudación especial agravada, indicaron fuentes judiciales.

La maestra faltó a su lugar de trabajo entre el 30 de abril y 8 de mayo de 2018 y durante 2019, entre el 26 de abril y el 6 de mayo.

Por sus ausencias, presentó dos certificados médicos “truchos” suscriptos por un traumatólogo, el primero de ellos de fecha 30 de abril de 2018, en el que se prescriben nueve días de ausentismo y el restante de fecha 24 de abril de 2019, en el que se recomendó diez días de ausentismo.

Durante el juicio, presidido por el juez Carlos Ordás, reconoció haber utilizado dos certificados médicos extendidos por el médico para poder irse de vacaciones.

Las fechas de salida del país fueron 30 de abril de 2018 y el 26 de abril de 2019, sin tener autorización del Departamento de Reconocimiento Médico en ninguna de las dos oportunidades para ausentarse de su domicilio.

Por ello, fue condenada por el delito de defraudación especial agravada.

La denuncia judicial la realizó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en febrero de 2020 y la pena fue acordada en un juicio abreviado.

Las pruebas del juicio la conformaron la denuncia del fiscal Carola, el informe remitido por la Dirección General de Personal del Departamento Servicio Médico Oficial, de Contaduría General; los certificados médicos; el informe remitido por la empresa “Gol Líneas Aéreas S.A.”; la historia clínica de la docente; y una entrevista al médico que firmó los certificados.

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