La suba de las tarifas de los servicios públicos, por vía del retroceso de las ayudas estatales a los hogares, representa un tercio del superávit fiscal, según un estudio de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

El gasto del Estado Nacional en subsidios, tanto a la energía eléctrica en el nivel mayorista como al gas natural en su punto de ingreso a los gasoductos, bajó en 2025 en 47 puntos respecto de 2024. El Reporte de Tarifas y Subsidios indica que el gasto actual fue de solo 63% en comparación con el período anterior.

En sus consideraciones generales sobre el aumento del gasto de los hogares en servicios públicos (el estudio se enfoca en los consumos del Área Metropolitana de Buenos Aires) el reporte subraya que "los subsidios a la energía y el transporte representaron el 6,4% de los gastos primarios de la Administración Nacional acumulados al mes de noviembre".

Y agrega: "la reducción de subsidios en once meses fue de $ 0,87 billones mientras que el superávit se incrementó en $ 3,1billones en el mismo periodo" y concluye: "Dicho de otra manera, más de un tercio de la mejora en el superávit se explica por la reducción de subsidios, principalmente a la energía".

Durante el año que termina "los subsidios nominales sumaron $ 6,7 billones, mientras que en moneda constante de diciembre suman $7,4 billones", aclara el estudio.

El trabajo indica que desde el tesoro de la Nación hubo menos transferencias de recursos a CAMMESA y ENARSA, con -15% y -18% respectivamente. Lo dicho: a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima y el Ente Nacional Regulador del Gas se le hicieron esos recortes que abarataban la energía eléctrica y el gas natural por redes a los usuarios residenciales.

Tambien se observa "una reducción del 43%" en los subsidios agua potable y las cloacas así como al transporte en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano bonaerense.

El documento de la Uba y el Conicet indica que hoy los subsidios son 77% más bajos que en su pico más alto entre junio de 2021 y el mismo mes de 2022.

El Gobierno nacional dispuso un cambio de fondo respecto de quiénes podrán ser en los dos próximos años beneficiarios de los subsidios. El objetivo es producir nuevos recortes sobre distintas capas de la clase media, bajo la idea de que se abandona el esquema de "segmentación de la demanda". Desde enero de 2026 se ingresa en la "focalización" de las ayudas estatales.

El cambio será sin embargo de aplicación gradual, con medidas que van a extenderse también en una parte de 2027. La subdivisión de usuarios residenciales bajo los niveles N1, N2 y N3 (por sus ingresos altos, bajos o medios) cambia para que la mayor parte del costo real de los servicios sea asumido por quienes pagan las facturas.

Hoy el promedio de los hogares cubre solo el 60% de los costos reales para pagar la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica y el gobierno busca que ese valor trepe al 85%. En esa tendencia, se buscará que los usuarios sin subsidios cubran el 100% y que quienes gozan de alguna ayuda se aproximen más a esos valores.

Para conservar los subsidios, el límite será no superar los 3,6 millones de pesos (tres canastas básicas) por todo el grupo familiar, o no tener más de una propiedad (entre otros límites).

Según el reporte antes mencionado, en el caso de la Provincia de Santa Fe, para los usuarios residenciales N1 el valor de los kilovatios consumidos representa un 28% de sus tarifas finales. El 37% corresponde al pago de la Epe y el 35% a impuestos de todo tipo (el IVA sobre todo).

En cambio, para los hogares con menos dinero (N2), los kilovatios que usan son apenas 13% de sus boletas. Seguramente en ese nivel continuarán y habrá que ver qué sucede con el 48% del costo fijo del servicio de distribución (la VAD, que crece según consumo a partir de los 240 y los 400 kw/h). Son los que más impuestos pagan: 39%.

Finalmente, el sector que tiene todas las de perder es el de los N3, de ingresos medios. El insumo de la energía representa el 24% de sus tarifas. La Epe se queda con el 38% y otro tanto los impuestos.

(Por Mauro Muñoz) - La Libertad Avanza impulsa la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado antes de fin de año, buscando evitar que el proyecto de «ley de leyes» regrese a la Cámara de Diputados. Para alcanzar este objetivo, el oficialismo resignó el polémico capítulo 11, cuya readecuación se realizará por vía administrativa. Sin embargo, el peronismo y bloques federales centran su atención en el artículo 30, el cual prevé recortes en las metas de inversión para educación, ciencia y defensa.

El Gobierno nacional acelera las gestiones para lograr la sanción de la Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026 antes de que finalice el año. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial en el Senado de la Nación para el viernes 26 de diciembre a las 12 horas, priorizando el tratamiento del proyecto de ley presupuestaria y, en segundo término, la denominada Ley de «Inocencia Fiscal». Esta convocatoria se da tras la emisión de los despachos de comisión y la reunión de Labor Parlamentaria, evidenciando la urgencia del Poder Ejecutivo para cerrar el ciclo legislativo con una de sus herramientas de gestión más importantes aprobada.

En Casa Rosada, la estrategia es clara: evitar cualquier modificación al texto proveniente de la Cámara de Diputados. El oficialismo ha decidido resignar una potencial «revancha» por el Capítulo 11 del proyecto, que había sido rechazado en la votación en particular en Diputados. Dicho capítulo contenía el artículo 75, que proponía la derogación de leyes clave como la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad, además de incidir en ítems sensibles como los subsidios energéticos, la actualización de asignaciones familiares, la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los fondos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La premura radica en el calendario legislativo: cualquier alteración en la Cámara Alta obligaría al proyecto a regresar a Diputados, dejando al oficialismo sin margen de tiempo en los dos días hábiles restantes del año para una nueva discusión y sanción. El objetivo es mostrar rápidamente a los mercados un aval del Congreso a la hoja de ruta económica, aun cuando el presidente Javier Milei y su Gabinete ya han ratificado que reasignarán partidas presupuestarias por vía administrativa para alcanzar el objetivo de déficit cero.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se manifestó este martes a favor de la aprobación del presupuesto tal como fue girado, calificándolo como «un gran paso». En diálogo con El Observador, Santilli remarcó que la eventual sanción le otorgará «previsibilidad y ordenamiento a Argentina», siendo el primero en los tres años de gestión libertaria. El presidente Javier Milei ha sostenido públicamente que no vetará la Ley de Presupuesto si el Senado la aprueba sin modificaciones. El mandatario insistió en el «déficit cero» como «mantra libertario», asegurando que «vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos, corrigiendo por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas». Santilli complementó esta visión, explicando que el presupuesto se compone en un «85% de jubilaciones, AUH, salud, educación, discapacidad», lo que deja un «margen fino de maniobra para tener el presupuesto equilibrado». Además, afirmó que el proyecto contempla incrementos por encima de la inflación en «temáticas centrales» como educación, discapacidad y salud.

Para lograr el quórum y los votos necesarios, el oficialismo, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al frente de las negociaciones, evalúa cuidadosamente la composición de fuerzas en la Cámara Alta. La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 19 senadores, incluyendo a Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde. A ellos se suma Luis Juez, quien recientemente dejó el PRO. Las alianzas con los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y los 3 del PRO son consideradas una base sólida. En la búsqueda de acuerdos, se contemplan legisladores provinciales como el correntino «Camau» Espínola (Unidad Federal), la tucumana Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (Neuquén), la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La oposición, en tanto, ha focalizado su discusión en el artículo 30 del proyecto. Este artículo plantea la derogación de diversas normativas que afectan el financiamiento educativo, científico y de defensa. Entre ellas, se menciona el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, los artículos 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el artículo 52 de Educación Técnico Profesional, y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa. Desde el bloque peronista, liderado por el senador José Mayans, ya se adelantó la intención de buscar reformas para revertir lo que consideran un retroceso en materia educativa. En este contexto, se llevó a cabo una reunión en el Congreso entre senadores y diputados de la oposición con estudiantes, para articular el rechazo al mencionado artículo. Participaron por el Senado Jorge Capitanich, Carlos Linares y Mariano Recalde, y por Diputados Julia Strada, junto al exdirector del INET Gerardo Marchesini y alumnos de escuelas técnicas y agrotécnicas.

El frente opositor no presenta una postura monolítica. El bloque Convicción Federal había dejado trascender la posibilidad de votar afirmativamente el Presupuesto, generando una fisura en la unidad. Sin embargo, este miércoles el escenario se tornó más incierto con la declaración del senador puntano Fernando Salino, quien advirtió sobre una posible división en la bancada. «Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas», sostuvo el jefe del bloque, integrado también por Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Salino fue categórico sobre su voto individual: «Yo voy a votar en contra del Presupuesto». En declaraciones radiales, anticipó que «seguramente no tendremos una posición uniforme» y criticó el trámite exprés del proyecto, señalando que «en la Comisión de Presupuesto hubo un atropello, esperábamos un tratamiento mucho más profundo y equitativo. Nuestras preguntas no han sido del todo respondidas». El senador puntano también lamentó que el oficialismo «no terminó de resolver las diferencias que tiene» en torno al Capítulo XI caído en Diputados, advirtiendo que si el Ejecutivo presiona para reponerlo, «se le va a dificultar», mientras que si se vota el texto sin cambios, «aparentemente los votos están». Salino se plantó firmemente contra el artículo 30, argumentando su trayectoria como «ministro de Educación de San Luis» y «rector de la Universidad de la Punta«, lo que le impide aprobar la medida. Finalmente, consideró un «error garrafal» del Ejecutivo el «tendría que tener otro diálogo con los legisladores», recordando que «en definitiva somos quienes tenemos que votar».

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebraron que el Gobierno nacional haya puesto como objetivo alcanzar el déficit cero, dado que “el déficit estructural de las cuentas públicas es una de las causas del imparable proceso inflacionario que nuestro país atraviesa desde hace muchos años”, destacan en un comunicado.

“El sector que CAME representa, las centenas de miles de pymes que generan la mayor proporción de la riqueza del país, hace décadas que tiene un casi nulo acceso al crédito. Por lo tanto, la única fuente de financiación posible es la reinversión de los excedentes. Eso es, en la práctica, ni más ni menos que no gastar más de lo que se genera. Las pymes somos las empresas más aplicadas en esa teoría”, aseguran.

“Para las pequeñas y medianas empresas fue muy complejo sobrevivir en una economía con tasas de inflación de dos dígitos mensuales. No sólo que no tenemos injerencia en la formación de los precios, sino que además sufrimos la incertidumbre de no saber si se podrán reponer los productos que se venden. Esa situación ha dejado a muchos de nuestros empresarios sin viabilidad económica ni financiera de sus negocios”, alegan.

“Las medidas expuestas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en su primera intervención pública son de una extrema sensibilidad para las pymes nucleadas en CAME. La devaluación provocará un cambio sustancial en los precios relativos de la economía que, sumado a la quita de subsidios y a los recortes de inversión en infraestructura, impactarán de manera significativa en la capacidad de consumo de la ciudadanía. No podemos dejar de lado el hecho de que las pymes operan mayoritariamente en el mercado interno y que estas medidas repercutirán ineludiblemente en el nivel de actividad. Una fuerte caída de ésta podría llevar a gran parte de nuestras empresas a un déficit económico difícil de sostener”, advierten desde la gremial empresaria.

“Subrayamos la importancia del sector pyme, no sólo por ser un motor fundamental de la economía, sino también por ser el mayor generador de puestos de trabajo privado formal del país”, plantea el texto

“En CAME estamos a entera disposición del Gobierno nacional para colaborar en el diseño de las políticas públicas que permitan alcanzar el loable objetivo del déficit cero. Así, se podrá mantener en marcha y en funcionamiento el motor más relevante de la economía: las pequeñas y medianas empresas argentinas”, concluye.