Julio fue el primer mes del año con déficit fiscal del gobierno nacional, a pesar de lo cual el superávit primario acumulado en los primeros siete meses sería de 1,1% del PBI y el fiscal de 0,3%, según los cálculos del Iaraf.

La administración de Javier Milei registró un déficit financiero de $168.515 millones en el séptimo mes del año, influenciado por el pago de intereses de deuda ($1.917.901 millones) y el medio aguinaldo al sector público. A pesar de esto, se mantuvo un superávit primario de $1.7 billones. Este fue el segundo mes con saldo negativo de la gestión libertaria.

Resultado primario acumulado en cada mes de 2024 y 2025, en porcentaje del PBI.

De todas maneras la Casa Rosada mantuvo un superávit primario de $1.749.386 millones, lo que indica que los ingresos superaron los gastos primarios (sin considerar los intereses de la deuda). Los resultados del mes eran esperados tanto por Economía como por los mercados.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que dirige Nadin Argañaraz, señaló que del análisis de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) surge que los ingresos totales de julio tuvieron una variación real interanual positiva de 2,8%.

"Esto obedece a que los ingresos tributarios subieron en términos reales un 2,4% interanual y al incremento de los ingresos no tributarios de 8,5% real interanual." A su vez el gasto primario registró una baja real interanual del 1,3%. A valores constantes, el superávit primario de $1.750.000 millones en julio de 2025 creció 41% interanual.

Resultado fiscal acumulado en cada mes del 2024 y 2025, en porcentaje del PBI.

Sin embargo, por el referido pago de deudas, el déficit fiscal de $820.700 millones de julio de 2024 (primer mes en rojo de la administración nacional vigente) "se transformó en un déficit de $168.000 millones en julio de 2025, siempre teniendo en cuenta la moneda constante de julio 2025".

"Durante los primeros siete meses del año, los ingresos totales descendieron un 1% real interanual, mientras que el gasto primario creció un 3,6% real interanual", señala el informe del Iaraf.

"De este comportamiento, se tiene que el superávit primario del periodo enero-julio 2024 de $13.425.000 millones en pesos constantes de julio 2025, se transformó en un superávit de $10.119.284 millones en 2025 (baja del 25%)".

En cuanto al superávit fiscal acumulado de $3.499.128 millones en el año 2024, se transformó en un superávit fiscal de $3.147.000 millones este año, un 10% menos "siempre considerando la moneda de julio de 2025".

Hubo en el período 9 gastos subiendo y 7 gastos bajando según el Iaraf. "Los gastos que más subieron fueron: transferencias de capital a provincias (+127%), transferencias corrientes a provincias (+126,9%) y asignación universal para la protección social (+33%).

"Por otro lado, los gastos que más cayeron fueron: subsidios a otras funciones (-67,7%), subsidios a la energía (-55%) y programas sociales (-29%)".

El superávit primario acumulado a julio de 2025 fue de 1,1% del PBI y el fiscal de 0,3% del PBI anual. Y los intereses pagados equivalieron a 0,8% del PBI, dato de relevancia para referir en la discusión entre los defensores del presente modelo fiscal y los impulsores de mayor gasto social. "No se habrían registrado cambios del resultado fiscal en 2025 con relación al acumulado a julio de 2024", añade el Iaraf.

En julio se aprecia que 4 de los 16 componentes del gasto nacional tuvieron incrementos interanuales en términos reales: transferencias corrientes a provincias (+99,6%), asignación universal (+20%) y bienes y servicios (+19,7%). "Resulta importante destacar el incremento del 16,5% del gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, que participa en el 38,5% del gasto primario".

Sobre los gastos que más cayeron, apunta Iaraf a "subsidios a otras funciones (-81,7%), asignaciones familiares (-34%) e inversión real directa (-29,4%)".

Durante el primer trimestre de 2025, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de US$ 5.191 millones. Si bien el turismo argentino al exterior o el crecimiento de importaciones alienta las advertencias de quienes aseguran que el tipo de cambio está retrasado, desde el gobierno ven las cifras desde otra perspectiva. La grieta está abierta.

En el criterio de la Casa Rosada, lo que importa es que el superávit fiscal se sostenga, el crecimiento se ratifique (fue 5,8% del PBI en el primer trimestre) y el costo de los viajes al exterior se pague básicamente con "dólares del colchón" y no con el dólar tarjeta, que afectaría a las polémicas reservas del BCRA.

Según el Indec, el déficit de la balanza de pagos tiene dos grandes componentes: los saldos negativos registrados en la balanza de servicios por US$ 4.502 millones y el ingreso primario negativo por US$ 3.333 millones (son mayores las rentas giradas que las ingresadas al país).

Esos datos fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes por US$ 2.060 millones y en el ingreso secundario por US$ 584 millones.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, ha señalado que "si crecemos al 6 % y el déficit de cuenta corriente es de 1%, quiere decir que estamos en algo equilibrado y sostenible. No es un problema. Brasil tiene un déficit de cuenta corriente del 3% y crece al 2%", ejemplificó.

Además sostuvo días atrás en declaraciones al streaming Neura, que "si quisiéramos bajar el déficit de cuenta corriente a cero, tenemos que bajar el gasto interno; lo puede hacer el Estado o las personas.

"El Estado lo puede hacer con una devaluación", lo que descartó porque implicaría "salarios más bajos, menos consumo y menor importación; la forma sana es bajando el gasto del Estado. Y si queremos las cuentas externas ordenadas como están hoy en día, tenés que tener superávit fiscal" por haber bajado el gasto, subrayó.

El informe del Indec expone que el país tuvo una balanza de bienes con exportaciones por US$ 18.702 millones e importaciones por 16.642 millones. Pero es en servicios donde el balance se revierte, por exportaciones de US$ 4.681 millones e importaciones -siempre en el trimestre- de US$ 9.183 millones.

Y es precisamente en "servicios" donde pesan los US$ 4923 millones en viajes al exterior. Una erogación que no afecta en forma directa a las reservas por cuanto el dólar turista que implicaría usar la tarjeta de crédito para ese fin, tiene un costo de $1564,47 por dólar. Comprar la divisa en el mercado libre para afrontar esa erogación cuesta $1.233,44.

Si bien en la Casa Rosada preferirían que los dólares del colchón lubriquen la economía interna sin tener que emitir pesos, al menos en el ecosistema cambiario vigente no desconocen que hay US$ 242.978 millones por fuera del sistema financiero local -fuera del colchón- que, en blanco o en negro, financian a menor costo las compras y gastos argentinos en el exterior.

El desafío mayor para la administración Milei está, mientras tanto, en una elección que le permita tener tercios en el Congreso para avalar vetos del presidente a leyes que incrementen el gasto (el caso de las jubilaciones es un proyecto testigo en esta materia) y contar con las exportaciones mineras y energéticas que despejen el desafío de los dólares.

En el ministerio de Economía de Luis Caputo miran con entusiasmo en el corto plazo, cómo crecieron las liquidaciones de exportaciones de soja en las últimas horas. Salvador Vitelli aseguró que sólo el 24 de junio se reportó un récord anual en las DJVE, con 750.000 toneladas.

Vía retenciones, crecerán las reservas del BCRA en lo inmediato sin que el gobierno intervenga en el mercado (lo hace vía Futuros). Según proyecciones del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), las exportaciones del sector alcanzarían este año US$ 44.820 millones, lo que pone "al campo" una vez más como motor y salvavidas de la economía nacional.

Pero Economía cree que los US$ 13 mil millones del balance de energía y minería, crecerán exponencialmente a 16, 18, 23, 31 y 39 mil millones de dólares en los años sucesivos hasta 2030. Y en eso sostienen la "despreocupación" por la balanza de pagos del primer trimestre.

Jorge Vasconcelos (Ieral/Fundación Mediterránea) advirtió que "luego del pico de la recuperación post-recesión alcanzado en el primer trimestre de este año, se advierte una especie de 'serrucho' en indicadores de actividad, y un amesetamiento" en la economía, por altas tasas y restricción monetaria, a pesar de la baja de inflación.

Eso "empezó a frenar importaciones" entre abril y mayo. "Y si bien en el desagregado de las importaciones se advierte una mayor participación de bienes de capital, que pasaron de 15,0 a 19,2 % del total, los ítems de bienes de consumo más automóviles se incrementaron en 6,5 pts. porcentuales en el total de importaciones, desde un share de 14,8 % el año pasado al 21,3 % en los últimos datos".

Vasconcelos considera que "con un superávit comercial que este año apunta a achicarse a 8,6 mil millones de dólares, la cuenta corriente del balance de pagos, que incluye servicios reales (turismo incluido) y financieros, estaría pasando de un superávit de 1,0 % del PBI el año pasado a un rojo de 2 % del PIB en 2025".

A fuego lento, la estrategia oficialista para producir reformas en el sistema previsional que atemperen el déficit y que sirvan de puente a una posible decisión para el caso extremo que Nación desconozca la ley vigente, así como para llegar a fin de año con la declaración legislativa de reforma de la Constitución provincial, siguen su firme marcha.

La reforma constitucional, sigue en el escenario político más allá de los cuatro proyectos ya con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Foto: Agencia

La Casa Gris no quiere perder tiempo y al día siguiente que la Legislatura votara la ley de creación de una comisión "que tendrá por objeto el estudio, elaboración y redacción de un informe respecto de la sustentabilidad del régimen previsional vigente en la provincia de Santa Fe" la promulgó y publicó en el Boletín Oficial. Ese viernes se apuraron las invitaciones para que el miércoles estuvieran legisladores, funcionarios y dirigentes gremiales sentados en una mesa donde la mayoría conoce los números y los efectos del déficit. El peso de la redacción del proyecto de la reforma previsional recayó en el Poder Ejecutivo tras dimes y diretes en el seno del bloque oficialista de Diputados que optó por cambiar el objeto de la comisión.

Abogados previsionalistas e incluso legisladores con varios años en la banca, subrayan que hace años están los estudios actuariales que advertían sobre la necesidad de introducir algunas reformas para evitar la multiplicación del rojo previsional. Primó el criterio de aquél árbitro Francisco Lamolina "siga, siga". Nadie quiso tomar el toro por las astas sabiendo que no se ganarán simpatías en el amplio abanico de empleados del estado santafesino.

Ahora, el propio gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que "cuando algo tiene un déficit de esas características, ya hemos visto lo que ha sucedido en diferentes momentos de Argentina y la provincia de Santa Fe". Graficó que "el déficit de junio rondará los 40 mil millones de pesos, estamos hablando de que en un mes hubiésemos podido construir 8 escuelas, o 40 kilómetros de ruta, o comprar 940 patrulleros. Ese es el significado del déficit mensual de la Caja de Jubilaciones". Enseguida agrega la pregunta "¿por qué un quiosquero en Rafaela o Reconquista, por ejemplo, tiene que sostener el déficit de la Caja de los empleados públicos? Desde ese lugar decimos que hay que sincerar los números y el Estado no puede seguir dejando de hacer cosas para financiar el déficit. Ponemos los números sobre la mesa y esperamos que los legisladores lo puedan discutir". El tema dominará la agenda legislativa después del receso de julio.

La otra reforma, la constitucional, sigue en el escenario político más allá de los cuatro proyectos ya con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. La semana pasada, la nueva conducción del Partido Socialista, que encabeza Joaquín Blanco, integró una comisión para redactar un proyecto de reforma y puso al frente a Raúl Lamberto, alguien que desde sus años como diputado provincial siempre estuvo trabajando la temática. Es más, las conducciones del PS y la UCR que encabezan Blanco y Felipe Michlig están cerrando una reunión conjunta para analizar en exclusividad el tema. Es que Michlig recibió un pedido de audiencia de la también flamante conducción del PJ a cargo de Ricardo Cornaglia para tener como eje la reforma constitucional.

Mientras, el oficialismo sigue mirando a la Corte Suprema de Justicia y aspira a tener -al menos- cuatro vacantes antes de fin de año para el proceso de renovación que pretende hacer la Casa Gris. Foto: El Litoral

Radicales y socialistas parecen coincidir en la necesidad de buscar una especie de núcleo de coincidencias básicas para que el proceso de reforma no se descontrole. Capitalidad, bicameralidad y otros temas no podrían tocarse. La coincidencia es que las elecciones de convencionales puedan coincidir con las de intendentes y presidentes comunales, lejos de las de diputados nacionales donde tallará un nuevo actor, La Libertad Avanza.

Radicales y socialistas luego deberán tener el aval de los restantes integrantes de la coalición oficialista pero ambas fuerzas saben que deben tener las máximas coincidencias antes de buscar el aval interno y el externo. El justicialismo, por su parte, deberá darse el debate sobre si avala o no un proceso de reforma que varios legisladores impulsaron en determinados momentos, incluso uno de los proyectos es de Lucila De Ponti.

En el medio del trabajo de ambas reformas, el oficialismo sigue mirando a la Corte Suprema de Justicia y aspira a tener -al menos- cuatro vacantes antes de fin de año para el proceso de renovación que pretende hacer la Casa Gris. El primer paso lo consiguió con el anuncio de Mario Netri de alejarse a partir del 1 de noviembre. En las próximas semanas esperan algún otro anuncio de retiro con fecha confirmada.

El diputado provincial por Hacemos Santa Fe (PJ) y ex ministro de economía de la administración de Omar Perotti, Walter Agosto, resaltó que “el déficit” fiscal santafesino de 2023 “no era $ 200.000 millones como el gobierno venía anunciando”. En respuesta al discurso que pronunciara Maximiliano Pullaro ante en la apertura de sesiones legislativas, apuntó que “tampoco es de $131.000 millones”, como señaló el mandatario.

“El déficit real de la provincia en 2023 fue de 90.000 millones, muy en línea con lo que anticipamos al finalizar la gestión. En cualquier caso, en este tema hubo una gran omisión en el discurso. Falto decir que ese déficit presupuestario quedó totalmente financiado con los recursos de libre disponibilidad que dejamos en el Tesoro provincial, provenientes de los superávits de los ejercicios 2020, 2021 y 2022".

“Los superávits de esos 3 años -resaltó el legioslador justicialista- superaron holgadamente el desequilibrio de 2023. Tampoco el gobernador hizo referencia a la cartera de títulos públicos que dejamos en el activo de la provincia, que ha quedado intacta porque nunca se vendieron y que a la fecha tiene un valor de mercado del orden de $600.000 millones”.

- ¿Por qué dice que son $90.000 y no $ 130.000 millones?

- Llegan a esa cifra a través de una modificación metodológica, que consiste en registrar solo 11 meses de recursos de la caja de jubilaciones -contribuciones patronales y aportes personales- en lugar de 12 meses como correspondería, registrando las contribuciones del mes de diciembre 2023 en enero 2024. Esto significa que en 2023 en la Caja de Jubilaciones se contabilizaron 12 meses de gastos pero 11 meses de recursos. De este modo, se aumenta artificialmente el déficit de la Caja de Jubilaciones en $41.000 millones y por ende el déficit de toda la Administración Pública Provincial en el mismo monto. Por eso digo que el déficit real de la provincia no es $131.000 millones sino $90.000 millones.

- El gobernador dijo en su mensaje que el incremento de la planta del sector público provincial explica el 71% del déficit del año 2023.

- Esta expresión es incorrecta y no refleja la realidad. Esto es muy fácil de verificar mirando los números concretos que el propio gobierno publica: el gasto corriente de 2023 sólo creció 1,3% real con relación a 2022, es decir, se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, los recursos corrientes cayeron 7% en términos reales. Es decir, el resultado negativo se produce exclusivamente por la fuerte caída de la recaudación y no por el aumento del gasto que se mantuvo en los mismos niveles de 2022. El impacto de la sequía fue demoledor para la producción y para las finanzas provinciales. El gobernador para graficar ese impacto hizo referencia a una caída del PBI a nivel país de 1,6%, teniendo a disposición el indicador de actividad de la Provincia, publicado por Ipec, que refleja una caída del producto en Santa Fe de 8,6% en 2023.

- ¿Pero hubo un aumento en la planta de personal 10.460 cargos y 86.790 horas cátedra, en cuatro años?

- Los datos publicados permiten ver que el 98% del incremento entre 2020 y 2023 se explican por aumentos en 3 sectores: salud, seguridad y educación. Son áreas intensivas en recursos humanos cuyos planteles crecen con el aumento vegetativo de la población. Pero además, el aumento se potenció como consecuencia de la demanda del sector salud derivada de la pandemia, palabra ausente en el discurso del gobernador.

También la planta se incrementó por los pases a planta, que año a año se aprobaban en las leyes de presupuesto, aunque muchos de los que aprobaron esas leyes ahora critiquen. En el mismo sentido, hubo programas educativos destinados a mitigar los efectos resultantes de la pandemia, tales como “Avance Continuo” o el Programa Nacional “Plan 25”, financiado desde el Gobierno Nacional, los cuales tuvieron un impacto sobre la planta de personal educativo.

No se aumentó el personal

“Si tomamos el indicador de empleados públicos cada 1000 habitantes, se mantuvo estable aún habiendo atravesado por una pandemia”, que requirió multiplicar esfuerzos en Salud. Agosto explicó además que “si descontamos el impacto de los programas educativos (Plan 25 y Avance Continuo), hay 42,1 empleados públicos cada 1000 habitantes, frente a los 42 empleados cada mil habitantes que existían en noviembre de 2019”.

“Falto decir que ese déficit presupuestario quedó totalmente financiado con los recursos de libre disponibilidad que dejamos en el Tesoro provincial, provenientes de los superávits de los ejercicios 2020, 2021 y 2022”

El gobernador Maximiliano Pullaro instó este lunes públicamente a tener en la provincia "un profundo debate" sobre la situación de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. El organismo previsional soporta un déficit estructural millonario y creciente durante los últimos años, que se agudizado con la no remisión de las partidas comprometidas por Anses.

A poco de iniciada la gestión, El Litoral dio cuenta acerca de la necesidad de discutir reformas al régimen jubilatorio santafesino que permitiesen evitar un colapso del organismo.

Semanas atrás, el Poder Ejecutivo incluyó en el temario de extraordinarias un mensaje para constituir una comisión con representantes de todos los actores involucrados en el tema, a fin de estudiar el sistema y alumbrar un proyecto de modificación al actual régimen.

Este lunes, en el marco de la jornada de apertura de las actividades que se llevarán a cabo en Rosario por la IV Semana de la Seguridad Social, el propio secretario ratificó sus dichos. Del acto también participó la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien como titular del Senado garantizó ecuanimidad y pluralidad en la comisión a constituirse. "Será para corregir o mejorar lo que en la Caja está mal", prometió. También participó la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, quien reivindicó "las leyes vigentes", ya que, si se cumplieran los acuerdos firmados con el gobierno central, Santa Fe contaría con los fondos necesarios para costear su rojo previsional.

El discurso de cierre del acto de apertura de la actividad estuvo a cargo de Pullaro. El mandatario pidió a todos los actores involucrados sumar su voz para poder "encontrar la salida adecuada" al problema previsional. "Es importante empezar a debatirlo. Tenemos que ponernos de acuerdo hacia qué lugar vamos y a qué lugar queremos llegar. Vamos a respetar los derechos de los trabajos, pero poniendo sobre la mesa debates profundos en la provincia", planteó. "Tenemos que tener la capacidad de escucharnos. Muchas veces en el país -sostuvo-, hay griterío y uno tapa al otro con voz más alta. Aquí en la provincia, en esta jornada, queremos poner sobre la mesa este tema que es importante, y que hay que debatirlo escuchando todas las posiciones políticas". Para Pullaro, esa dinámica tiene que ver "con nuestra identidad política; con un frente constituido por gente que viene de diversos lugares y extracciones partidarias. Muchos de los que estamos aquí teníamos disputas electorales, pero a fuerza de respetarnos, ahora estamos en este mismo gobierno", comentó.

Pullaro insistió en que Santa Fe "tiene que tener un profundo debate sobre lo que ha sucedido con la Caja de Jubilaciones. Eso no significa que se le vaya a quitar el derecho a nadie, pero sí, que los legisladores, gremios y representantes de los pasivos puedan dar su mirada sobre lo que está pasando. Esto le dará más fuerza al reclamo que se está haciendo ante la Nación (por los fondos adeudados). Durante muchos años -observó-, la Nación ha jodido a Santa Fe. Queremos poner sobre la mesa un problema importante en la provincia -reiteró-. Así funcionamos, poniendo temas complejos sobre la mesa, pero escuchando a todas las partes para encontrar luego la mejor salida posible", sostuvo.

El ministro Báscolo, por su parte, intentó llevar tranquilidad acerca del eventual impacto de la iniciativa legislativa ingresada semanas atrás en la Legislatura para crear la comisión de análisis citada.

"Quiero llevar tranquilidad porque hay gente que empezó a hablar de cosas que se iban a hacer y todavía no se ha hecho nada. Sólo se dijo en la Legislatura que se tratará un proyecto para armar una Comisión en la que estarán todos invitados para discutir el tema previsional. El debate será amplio - prometió-; lo peor que podemos hacer es evitar el tema", dijo.

La discusión vuelve a escena, como se planteó, a raíz del creciente y millonario déficit previsional. "El déficit de febrero de la Caja fue de 23 mil millones de pesos. Tenemos que abordar el tema con seriedad y responsabilidad. Y si bien la situación económica es complicada, esto lo hacemos pensando en el futuro. No tengamos miedo a debatir el tema; no hay todavía ninguna propuesta. Esto es el inicio de un debate para que todos puedan opinar", finalizó.

El déficit primario que dejará el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía Sergio Massa alcanzará un 3,0% del PBI este año, "mientras que para 2024 se espera alcanzar un equilibrio", según analizó un reporte de JP Morgan en la antesala del inicio de la gestión de Javier Milei.

El nuevo presidente, que llega con su "pecado original" de no haber propuesto representaciones parlamentarias que lo avalen, navegará un estrecho margen político en un escenario parlamentario incierto y en minoría. Sólo lo que pueda hacer "por decreto" avalará el enorme ancla fiscal (léase ajuste) con el que se propone iniciar su gestión.

Ese ajuste es para JP Morgan "la madre de todas las batallas". Señala el reporte que "la necesidad de cerrar la brecha fiscal de manera sostenible sería el eje de cualquier programa de estabilización y una condición necesaria para construir credibilidad en el futuro".

El desequilibrio de las cuentas públicas, agravado por el fallido esfuerzo presidencial de Massa -basado en el reparto de dinero impreso- "hace que el esfuerzo fiscal necesario -en consonancia con el reajuste de los precios relativos y la eliminación gradual de los controles de capital- para lograr un equilibrio fiscal primario sea muy oneroso".

Las petroleras ya comenzaron en las últimas horas a hacer las correcciones de precios. Y hasta el Banco Central de Miguel Pesce "devaluó" antes de irse un 6% del tipo de cambio oficial sin corregir la pizarra. Como diría alguien no se hace cargo: "no es lo que parece".

"Creemos que el programa fiscal del presidente electo Javier Milei abogaría por un fuerte ajuste del gasto concentrado en la reducción de las subvenciones, las transferencias provinciales, otros gastos corrientes y los gastos de capital (obras públicas), con el fin de reducir la presión fiscal en el futuro", expuso JP Morgan.

Alberto Fernandez. Crédito: Pilar Olivares/Reuters

El informe coincide con los escasos esbozos locales acerca de lo que anunciará Milei en sus primeras horas de gobierno. Son especulaciones respecto de un esfuerzo que de señales y genere confianzas en los actores económicos y financieros institucionales, a costa de un esfuerzo social en las fronteras de las tolerancias políticas.

De acuerdo con el informe de la banca internacional,la sequía le costó a la economía nacional 1,1% del PBI, en tanto que hubo una reducción de 0,6% del gasto (sobre todo vía inflación) por parte del gobierno central, a pesar del incremento en la nominalidad de las erogaciones. Un esfuerzo que según JP Morgan se hicieron -sobre todo- desde "las pensiones", es decir desde la cuenta para pagar las jubilaciones.

Juan Parma, CEO del HSBC Argentina, brindó su respaldo al giro político dado por el país y dijo ser "muy optimista" sobre el gobierno de Javier Milei, quien asumirá este domingo.

"Creemos que es un cambio en la dirección correcta", aseguró Parma, quien incluso no esperó a que la prensa la consultara sobre el tema y decidió fijar posición.

"Me parece que la Argentina no podía seguir en la dirección que iba. Es un cambio bienvenido, es un cambio muy complejo desde lo fiscal, desde lo cambiario. La transformación es quirúrgica y tiene riesgos, pero somos muy optimistas. Somos realmente muy, pero muy optimistas", enfatizó en un encuentro de fin de año con periodistas.

Consideró que el nuevo gobierno "tiene una oportunidad histórica" y auguró que la Argentina "se enfrenta a una transformación no solamente económica, sino del proyecto de país, también de la visión que la propia sociedad tiene de cómo queremos llevar adelante la Argentina".

En los primeros diez meses del año, comparados con igual período del año anterior, el déficit primario del gobierno central -sin computar pago de deuda- se redujo en un 11,7% a $ 3,3 billones y el rojo financiero (contabilizando intereses y capital de deuda) en un 6,9% hasta $5,8 billones, de acuerdo a cifras oficiales.

Según detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso, los gastos totales sumaron $27,6 billones (léase millones de millones), un 4,4% menos en la comparación interanual a 10 meses, a valores reales. "Las disminuciones más relevantes se registraron en las asignaciones familiares (28,5% año contra año) y en los subsidios a la energía (25,8% a/a)".

El "ajuste" en el caso de las erogaciones para el pago de jubilaciones y pensiones (representaron 37,4% de los gastos primarios del gobierno central) fueron del 3,5% en la comparación de enero-octubre de este año respecto de 2022, lo que aportó la tercer mayor porción en la baja del gasto público de la gestión de Sergio Massa para lo que va del año.

En cambio subieron en el período bajo análisis los gastos en pensiones no contributivas (4,4% a/a), las transferencias de capital -básicamente obras- (7,6% a/a), los gastos en personal (8,8% a/a), los subsidios al transporte (11,7% a/a) y las transferencias a universidades (13,0% a/a).

El informe destaca "una contracción real de 3,6% a/a en los ingresos", más allá de la apuntada reducción promedio del 4,3% en los gastos. La recaudación total al 31 de octubre sumó $21.7 billones, cifra que a valores reales (descontada la inflación) representa una caída del 3,6%.

El presupuesto de gastos se incrementó 30,6 % en relación al monto original. Sin embargo, los subsidios al transporte, las mayores transferencias a provincias y la suba en algunos planes, duplicaron esa suba.

Aclaran los autores del informe que la baja de recursos "se reduce a -1,8% año contra año (a/a) si se computan dentro de los ingresos corrientes $400.000 millones que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le transfirió al Tesoro Nacional en los meses de julio y agosto de 2023 en concepto de distribución de utilidades".

En la comparación interanual, los ingresos impositivos se contrajeron 9,9%, impulsados mayormente por las bajas registradas en los Derechos de Exportación (63,8% a/a) e Importación (6,0% a/a) y en el Impuesto a las Ganancias (12,4% a/a).

"Estas reducciones no lograron ser compensadas por las variaciones positivas reflejadas en la recaudación del Impuesto PAIS (87,9% a/a), del IVA (11,3% a/a) y del Impuesto al Cheque (2,1% a/a)".

Por último destaca la OPC que las sumas percibidas por los recursos provenientes de la Seguridad Social crecieron 0,2% a/a en términos reales. Los gastos primarios totalizaron $25.083.993 millones con una contracción de 4,8% a/a en términos reales.

Resultado económico

"El resultado económico fue deficitario en $3.974.727 millones (-7,9% a/a real). En el período enero-octubre el crédito vigente se incrementó en $8.9 billones en relación con el presupuesto inicial aprobado del ejercicio, lo que representó el 30,6%".

Ejecución dispar

Siempre según el informe de la OPC, "en los gastos corrientes se ejecutó el 73,4%" de lo presupuestado, mientras que "en los gastos de capital el 67,2%. Se destacan los niveles de ejecución de los subsidios a la energía (88,2%), de los otros gastos corrientes (85,2%) y de los programas sociales tales como las Becas Progresar (88,9%) y Políticas Alimentarias (85,9%)".

En 2012 la idea era revertir la caída en la producción de petróleo y gas que caracterizó al último tramo de la gestión privada, encabezada por esa firma y la familia Eskenazi, muy cercana a la familia Kirchner. 

Los rumores sobre un desembarco del Estado en YPF comenzaron a brotar cerca de 28 de enero de 2012. 

La acción de YPF está en los 5 dólares desde la invasión rusa a Ucrania, una movida que permitió mejorar las cotizaciones de la mayoría de las petroleras occidentales. 

De todas formas, la valuación bursátil de la compañía está en torno a los 3.400 millones de dólares, una quinta parte de lo que valía hace 10 años. 

La vicepresidenta Cristina Kirchner defendió hace unas semanas la expropiación de la petrolera durante su segundo mandato como jefa de Estado, como una forma de reivindicación de su decisión: “Ahora Vaca Muerta es nuestro”. 

Los recursos que tiene la Argentina en energía y alimentos “son casi un botín de guerra”, indicó en un acto el pasado 2 de abril, al tiempo que aseguró que “no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera” de no ser por las medidas tomadas: “Se deben revalorizar nuestras reservas de gas y petróleo”. 

Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo en gas no convencional y la cuarta más grande en petróleo no convencional. 

En 2012, cuando se expropió YPF, la formación neuquina apenas atravesaba sus primeras etapas de pozos exploratorios, pero los técnicos ya veían gran calidad de la “roca”, más allá que faltaban inversiones. 

El primer desarrollo millonario allí fue de YPF asociado con la estadounidense Chevron. 

El acuerdo -que contenía polémicas cláusulas secretas- impulsó Loma Campana desde 2013. 

En 2014, la producción de petróleo y gas del país fue la más baja desde 2003, pero Vaca Muerta comenzó a morder con cierta participación sobre la producción de petróleo. 

Al principio, a las petroleras les costaba que los pozos fueran redituables, porque sus gastos eran muy altos, pero a medida que hubo más escala, se alcanzó mayor producción. 

En 2015, la participación de Vaca Muerta sobre el total de la producción no superaba el dígito y en 2022 ya representa casi un 40% de la producción, informó este domingo diario Clarín. 

La Argentina posee más gas que petróleo, pero hay un cuello de botella para transportarlo, por lo que la producción petrolera viene mucha más dinámica que la de gas. 

Ieasa (la ex Enarsa) espera tener listo un gasoducto para el próximo invierno, al tiempo que las empresas dicen que podrían duplicar su producción actual de ese fluído. 

La estatización del 51 por ciento de YPF despojó a Repsol de su control, pero también afectó a la familia Eskenazi. 

Ese grupo nacional llegó a controlar el 25 por ciento de la empresa, que fue perdiendo su participación porque no pudo abonar los préstamos que le estaba pagando a Repsol con las mismas ganancias que generaba la petrolera nacional. 

Petersen Energía, la sociedad de los Eskenazi, se había constituido en España, donde fue a la quiebra. 

El fondo Burford -que se dedica a litigar activos en liquidación y busca apuestas arriesgadas y de altas ganancias- compró los derechos para los juicios que tuviera Petersen contra el Estado argentino, dueño del 51 por ciento de la firma, y se presentó en la justicia de Nueva York, que es el ámbito en que se dirimen estas controversias. 

Como YPF está listada en Wall Street, acepta las regulaciones estadounidenses al respecto. 

El pleito lleva varios años, pero hay una posibilidad de que haya una sentencia a mediados de año. 

El reclamo se basa en que el Estado argentino debería haber hecho una oferta pública y haberles pagado por el 25 por ciento de las acciones que tenían. 

Sebastián Maril, uno de los especialistas que mejor conoce el juicio, destacó que un experto consultado estimó que la Argentina podría terminar pagando 8.400 millones de dólares a Burford (por los derechos de Petersen) y a Eton Park, otro fondo que era el tercer accionista de la petrolera. 

El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prometió no pagar por la expropiación lo que querían sus ex accionistas, pero dos años después de consumada, llegó a un entendimiento con Repsol. 

Fue así que el Tesoro le pagó 5.000 millones de dólares en bonos a la petrolera española. 

El jueves pasado venció el plazo para que cada parte presente un escrito pidiendo al tribunal estadounidense que dicte un fallo sumario a su favor. 

En ese sentido, se hace por medio de argumentos exclusivamente jurídicos, sin necesidad de celebrar un juicio. 

El reclamo de Burford y Eton -los US$ 8.400 millones- podría trepar hasta los 19.665 millones de dólares con el pago de intereses. 

El Estado argentino e YPF consideran que esa cifra no tiene fundamentos, y que la metodología utilizada para realizar el cálculo de daños es defectuosa. 

Ya presentados los escritos que piden una sentencia sumaria, ahora vienen posteriores escritos de oposición, que están previstos para el 26 de mayo, y la réplica, pactada para el 23 de junio de este años. 

La jueza Loretta Preska no está sujeta a ningún plazo para emitir su fallo y debe resolver si la Argentina e YPF son responsables de aquello que les reclaman los fondos. 

La defensa argentina entiende que, aún si fueran declarados responsables de haber procedido incorrectamente sobre los derechos de Petersen Energía, el monto a pagar por los supuestos daños corresponde a una etapa posterior a este proceso. 

Los abogados de Procuración del Tesoro e YPF también sostienen que la sentencia, en el momento que ocurra, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. 

Burford se podría quedar con el 70 por ciento de lo obtenido en el juicio, mientras que hay un 30 por ciento de las eventuales ganancias que repartirá con un socio, cuyo nombre nunca fue revelado. 

Asimismo, se informó que varios miembros de la familia Eskenazi declararon en este juicio. 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió la expropiación de la petrolera YPF ocurrida hace 10 años, y remarcó que “hoy se puede hablar de construir soberanía energética”, pese a las críticas que recibió la empresa por tener un precio de mercado 75 por ciento inferior al que tenía hace una década.  

“Hoy se puede hablar de construir soberanía energética porque hace 10 años se tomó una decisión estratégica. Hoy Vaca Muerta tiene la importancia que tiene por esa misma decisión. Recuperar YPF fue un acto de soberanía que cambió la dinámica sectorial”, afirmó Guzmán en su cuenta de la red social Twitter. 

El funcionario aseguró que “la transformación más relevante fue el notable aumento de la inversión para poner en marcha el desarrollo productivo de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional y así, cambiar la historia energética de nuestro país”. 

Guzmán planteó que “luego de una nueva etapa de desinversión y declive desde fines de 2015, YPF está transitando un notable proceso de recuperación, con el mayor programa de inversión del último lustro (u$s 3.700 millones)”. 

Asimismo, en una serie de tuits que publicó en su cuenta durante las últimas horas, el ministro de Economía afirmó que “cuando YPF crece, toda la industria energética nacional se potencia”. 

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que “hoy Argentina enfrenta una gran oportunidad para acelerar el desarrollo energético, lo que sería transformacional para nuestro sistema productivo y la estabilidad económica”. 

“La decisión sobre YPF del 16 de abril de 2012 permite que 10 años después este camino sea posible”, defendió el titular del Palacio de Hacienda. 

Con información de NA 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a España a recurrir a medidas como el aumento de impuestos para reducir el déficit a partir de 2023, en medio de un debate nacional en torno a la reforma fiscal que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un informe publicado el 16 de febrero, el organismo internacional plantea a España un “refuerzo de la recaudación del IVA, el aumento de los impuestos ambientales y la reducción de las ineficiencias del sistema tributario” teniendo en cuenta que “la relación impuestos-PIB es relativamente baja” respecto a otros países.

España se encuentra en el camino hacia la recuperación económica después de la pandemia del coronavirus, que provocó una escalada de la deuda pública hasta el 120% del producto interior bruto (PIB).

El FMI sostiene en su documento que, una vez consolidada la recuperación, el Ejecutivo debe acometer un plan enfocado a “reducir los niveles de deuda pública” para “crear espacio para responder a futuros shocks”.

En este sentido, el organismo recomienda un proceso de consolidación fiscal a medio plazo “sostenido” y “gradual” en el momento en que la economía se encuentre en una senda de crecimiento sostenido y se haya cerrado la brecha de producción, condiciones que se darían en 2023.

Para reducir el déficit público, el organismo sugiere una “movilización de ingresos adicionales” a partir de 2023 que pasa por medidas como la subida de impuestos, que vengan acompañadas de “transferencias sociales específicas” para “mitigar el impacto” en los hogares vulnerables.

El Fondo reconoce que la economía española “se está recuperando” de la recesión provocada por el Covid-19 y destaca que el empleo está por encima de su nivel previo a la pandemia y se espera que la producción haga lo mismo a finales de 2022.

Sin embargo, existe una “gran incertidumbre” vinculada a la evolución de la pandemia y la duración de los cuellos de botella en el suministro global, así como el ritmo de absorción de los fondos europeos.

El FMI estima que España reducirá su déficit presupuestario al 5,3% del PIB en 2022 frente al 7,8% del año pasado.

Pedro Sánchez planea impulsar una ambiciosa reforma fiscal a partir de las recomendaciones de un comité de expertos que en las próximas semanas presentarán sus conclusiones.