La Oficina Móvil de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe visitará Elortondo el martes 15 de julio con el objetivo de acercar servicios y asesoramiento gratuito a la comunidad. La jornada contará también con la participación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizando un abordaje integral de las problemáticas más frecuentes.

¿Qué tipo de consultas podés realizar?

Durante la visita, los equipos profesionales brindarán asesoramiento en:

Además, se brindará asistencia para quienes aún no se hayan anotado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con el fin de acceder al subsidio para el consumo de luz y gas. Para ello, se recomienda acercarse con el DNI y las últimas facturas de servicios.

Una oportunidad para ejercer tus derechos

La iniciativa busca facilitar el acceso a derechos en territorios alejados de las sedes institucionales, promoviendo una atención directa, cercana y eficaz. La actividad es abierta a toda la comunidad, sin necesidad de turno previo.

Por gestiones del intendente Municipal Leonel Maximino y a partir de un trabajo coordinado a través de la Secretaría de Gobierno, la Oficina Móvil de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe atenderá nuevamente en Firmat.

Desde el gobierno local invitan a los vecinos a acercarse el martes 18 de marzo, de 9:30 a 12:30 hs, a Santa Fe y Buenos Aires.

En ese marco, se brindará asesoramiento y orientación en reclamos sobre:

- Servicios públicos: agua, luz, gas.

- Usuarios y consumidores: tarjetas de débito, crédito.

- Salud: falta de respuesta o negativa de prestaciones de las obras sociales.

- Derivación al Centro de Mediación por conflictos entre vecinos.

- Cuestiones de familia, jurídicas e inquilinos.

- Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe ad hoc, Gabriel Savino, se refirió este martes la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y señaló que, más allá de la utilización de terminología obsoleta y peyorativa, lo grave de esa normativa es que estipula fuertes restricciones al acceso a las pensiones por invalidez laboral, lo que coloca en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes perciben actualmente esa prestación.

“Nosotros, en la Defensoría, venimos desde mediados de enero recibiendo un número creciente de reclamos por esta situación. Nos preocupa la utilización de términos como idiota, imbécil y débil mental, porque lo simbólico tiene mucha importancia. Pero nos preocupa más que con esta resolución se busca quitarle a un sinnúmero de personas su pensión, porque se endurecen los criterios para acceder a ella y los turnos para realizar los trámites los están dando para marzo o abril”, remarcó Savino, quien dijo que “colapsaron todos los canales para realizar estas denuncias”.

El defensor también cuestionó que hay muchas personas que no reciben la notificación para revalidar su pensión, con lo cual “el resultado es que se las terminan quitando”. “Tengamos en cuenta que para una persona con invalidez laboral la pensión es su medio de vida. Y también el acceso a su cobertura de salud. Quitárselo es colocarla en una situación de extrema vulnerabilidad. Con esto hemos retrocedido 90 años en la promoción y protección de derechos para las personas con discapacidad, yendo en contra de Tratados Internacionales y de la propia Constitución nacional”, evaluó.

Savino comentó que en estos momentos la Defensoría del Pueblo se encuentra atendiendo y asesorando a las personas que se ven afectadas por esta medida, y que ya se han realizado reclamos y recomendaciones al Ejecutivo nacional. “A través de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) enviamos al gobierno nacional, y desde la propia Defensoría elevamos recomendaciones al Ejecutivo y también a Andis, respecto sobre la posibilidad de extender los plazos y otras medidas que permitan que las personas puedan realizar los trámites para revalidar sus pensiones sin perder el beneficio”, afirmó.

Por gestiones del intendente Municipal Leonel Maximino y a partir de un trabajo coordinado a través de la Secretaría de Gobierno, la Oficina Móvil de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe atenderá nuevamente en la ciudad de Firmat. 

Desde la organización invitan a acercarse el martes 26 de noviembre, de 9:30 a 12:30 hs, a Santa Fe y Buenos Aires.

En ese marco, se brindará asesoramiento y orientación en reclamos sobre:

- Servicios públicos: agua, luz, gas.

- Usuarios y consumidores: tarjetas de débito, crédito.

- Salud: falta de respuesta o negativa de prestaciones de las obras sociales.

- Derivación al Centro de Mediación por conflictos entre vecinos.

- Articulación con el Centro de Asistencia a la Víctima, de la Defensoría, en casos de violencia de género.

- Cuestiones de familia, jurídicas e inquilinos.

- Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe alertó a los automovilistas que circulen por las autopistas de la Capital Federal que, desde junio de 2023, para hacerlo es obligatorio tener habilitado el sistema de TELEPASE para evitar ser multado al pasar por los puntos donde se encuentran los peajes inteligentes (sin barrera).

Desde el organismo se informó que se han recibido en las últimas semanas numerosas presentaciones de personas que se sorprenden al recibir multas por “forzar barrera/evadir peaje autopista” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata, en realidad, de peajes inteligentes que, para el cobro, leen un dispositivo (TAG) que debe ser tramitado en www.telepase.com.ar y adherido al parabrisas del vehículo. Estos peajes se encuentran dispuestos en la autopista Illia, los accesos Sarmiento y Salguero, Peaje Alberti y Paseo del Bajo de la Capital Federal.

La Defensoría remarcó que quienes pasen por esos lugares sin tener el TAG tienen la posibilidad de evitar el pago de la multa ingresando a www.ausa.com.ar dentro de los 30 días en que se utilizó el peaje y realizando el pago del mismo. En este caso, el costo del peaje es el doble (ya que se toma como si fuera un pago manual), suma que igualmente es significativamente inferior a la posible multa, que en la actualidad alcanza los 70 mil pesos.

La institución santafesina, asimismo, informó que ya se han realizado gestiones al respecto y que próximamente se enviarán oficios a la autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los peajes de las autopistas para implementen mejoras en la señalética, para que de esa manera no pase inadvertida para quienes transiten con sus vehículos por allí.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, al igual que los defensores y defensoras de la República Argentina reunidos en ADPRA, expresó su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar un amplio compendio de legislación vigente. En este contexto, delineó una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, tales como el monitoreo constante de éstos, el Fortalecimiento de las vías de atención, en caso de ser necesario, y la interrelación con otros organismos protectores y de contralor.

El carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. A su vez, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen.

Al mismo tiempo, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29.

En ese sentido, resulta cuestionable que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos; constitucionalmente previstos como una excepción. La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones económicas, políticas y sociales en nuestro país.

En consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de contralor, promoviendo y protegiendo las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo santafesina estableció una serie de acciones para garantizar los derechos de las personas. En primer lugar, informar a través de diferentes vías sobre los cambios introducidos por el DNU y cómo afectan sus derechos y responsabilidades. Además, proporcionar información clara y accesible sobre los servicios que la Defensoría del Pueblo ofrece en relación con las nuevas situaciones.

Al mismo tiempo, se dispuso, en caso de que sea necesario por un incremento en la demanda, reforzar la atención ciudadana para dar respuesta a las consultas, quejas y reclamaciones relacionadas con los cambios introducidos por el DNU. También brindar asesoramiento jurídico especializado y fortalecer las áreas específicas para abordar los aspectos legales y derechos afectados por el Decreto y crear equipos o áreas específicas para abordar consultas relacionadas con temas particulares del decreto, como alquileres, tarjetas de crédito, empleo, entre otros.

Asimismo, la institución ya se encuentra realizando un monitoreo constante de la situación para identificar tendencias, áreas críticas y posibles violaciones a derechos. A partir de la información recopilada se elaborarán informes y recomendaciones que puedan ser presentados a las autoridades pertinentes.

Entre los objetivos también está establecer colaboraciones con otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales que estén involucrados en la implementación o supervisión de las medidas del DNU.

La Defensoría del Pueblo se propuso realizar campañas de promoción de derechos para empoderar a la población sobre sus derechos en el marco de las nuevas regulaciones y canalizar casos que requieran intervención legal o mediación a través de los mecanismos correspondientes, como tribunales, organismos gubernamentales o servicios de mediación.

Y, finalmente, participar activamente en debates públicos, audiencias y consultas que se realicen sobre el impacto del DNU, proporcionando una perspectiva basada en los derechos del ciudadano.

“Hermosa factura de luz. Me llegó 3 veces más, gracias a la segmentación. Pasé de pagar $1.300 a una factura de $14.000”, dijo Gabriela B., sin saber cómo proceder ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la boleta de luz, y con el temor a cuestas de quedarse sin servicio. “Y eso que hice el trámite para mantener el subsidio”, aclaró luego la vecina afectada en la ciudad de Santa Fe, con provisión de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe advierten que son muchos los casos en los que la factura de los servicios de energía llegó con montos imposibles de pagar. El principal motivo de ello es la quita de subsidios que aplicó el Gobierno nacional, en el marco de un nuevo esquema de segmentación tarifaria de gas y energía eléctrica. Otro problema se genera por las facturas que se generaron sin medición domiciliaria, es decir, por estimación de la empresa.

La Defensoría calcula que son unas 320 mil las personas que no tramitaron el subsidio en toda la provincia. “Y no sabemos por qué no lo hicieron, si fue por desconocimiento o por una especulación con el dólar ahorro”, dijo el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn. Y advirtió que “el impacto será importante. En enero van a llegar facturas con aumentos de 15 mil pesos de aumento, porque este mes recién se aplicó el incremento del 20 por ciento”.

Lo primero que debe hacer cualquier ciudadano que entienda que la factura de un servicio le llegó por un monto irreal o sobrecargada es dirigirse a la empresa e iniciar un reclamo administrativo. Luego podrá recurrir a la Defensoría del Pueblo para recibir la asistencia que necesite.

“Son muchos los usuarios que aún permanecen sin ingresar al RASE y no sabemos si es por propia decisión, por desconocimiento o por la imposibilidad de haber completado el trámite. Por eso considero oportuno reiterar que quienes no se inscribieron lo pueden hacer a través de los canales establecidos”, dijo Henn, quien advirtió además que los incrementos notados en las facturas de noviembre “corresponden a la primera etapa, y todavía faltan los de diciembre y enero, lo que implicará una quita del cien por cien de los subsidios”, dijo, por lo que “todavía en el cimbronazo no vino lo peor”.

Las personas que deseen inscribirse o bien realizar modificaciones deberán hacerlo de la siguiente manera:

2) Las personas que deseen saber cómo quedaron clasificados pueden hacerlo a través de https://www.argentina.gob.ar/subsidios con el número de trámite y documento utilizado al momento de la inscripción. De igual manera pueden consultar en el Anses o a la empresa prestataria del servicio.

En la Defensoría del Pueblo se asesora y orienta sobre la nueva segmentación tarifaria. Desde el organismo aclaran que ellos no son quienes “definen el valor de las tarifas que se apliquen, como tampoco los niveles que se asignen a cada usuario, ya que es facultad del Gobierno Nacional”.

Quienes precisen asesoramiento para tramitar los subsidios deben acercarse a la sede de la Defensoría en Santa Fe, en San Jerónimo 2721, de 8 a 18 horas. También puede comunicarse a los teléfonos (0342) 4573904 – 4573374, o bien solicitar un turno on line en: defensoriasantafe.gob.ar

“El derecho a la energía es un derecho humano”, advirtió Henn. “Y tenemos la obligación de alertar a los ciudadanos sobre lo que les va a ocurrir por el desconocimiento general que reina, y la situación se va a ir complicando”.

-Al que este mes le llegó la factura por un monto impagable, ¿está a tiempo de reclamar para pagar menos o debe abonarla y adherir al subsidio para recibirlo a futuro?

-Siempre hay tiempo para reclamar ante la empresa y aquí, en la Defensoría del Pueblo. También hay problemas por los casos de facturas estimadas por la EPE, en viviendas en las que no se midió el consumo, y no es real, por lo que se generan distorsiones. Pero si el consumo es real, no es retroactivo, por lo que debe abonarla y gestionar el subsidio en adelante.

“Las empresas están abiertas a brindar planes de pago, a traer a la gente al sistema, pero también están facultadas para cortar el servicio a quien no lo pague”, advirtió la directora de Atención Ciudadana de la Defensoría, Laura Santamarina. “Hay mucha preocupación, acá llega gente que nos dice que no podrá pagar la factura de gas por red y va a tener que pasar a la garrafa”, graficó. “Y la factura de luz ya era cara antes de la quita de subsidios, ahora se fue de las manos, es impagable. Por lo que la preocupación existe y es real”, concluyó.