La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe realizó esta semana una serie de actividades en Venado Tuerto con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad. La agenda incluyó operativos en territorio, charlas informativas y encuentros con instituciones locales para abordar distintas problemáticas sociales.

Durante su visita a la ciudad, el defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, y la defensora del Pueblo adjunta para la zona sur, Erika Gonnet, destacaron la importancia de mantener el contacto directo con los vecinos y explicar el alcance de las herramientas que ofrece el organismo.

“Es importante para nosotros tener cercanía con la audiencia y con la ciudadanía”, señaló Lazarte, quien explicó que la Defensoría cuenta con una delegación permanente en Venado Tuerto, pero además realiza operativos móviles para acercar sus servicios a distintos sectores de la ciudad.

Uno de los puntos de atención se instaló el lunes en el Parque Municipal General Belgrano, donde vecinos se acercaron para realizar consultas y recibir asesoramiento sobre distintos temas.

Según detalló el defensor del Pueblo, muchas de las inquietudes estuvieron vinculadas a servicios públicos, facturación y derechos de los consumidores. “En general las consultas estuvieron relacionadas con servicios, lectura de boletas, subsidios y también con reclamos de consumidores”, explicó.

El funcionario agregó que la Defensoría trabaja como un espacio de escucha y acompañamiento ante distintos tipos de conflictos. “Ante cualquier tipo de problema, queja o reclamo, las personas pueden acercarse a la Defensoría. No sólo atendemos cuestiones de usuarios y consumidores, sino que también contamos con herramientas como la mediación comunitaria”, señaló.

Entre los servicios que brinda el organismo se encuentra la mediación comunitaria, un mecanismo que busca resolver conflictos de manera pacífica, especialmente en situaciones entre vecinos.

“Es una herramienta que permite a los ciudadanos tratar de resolver los conflictos de manera pacífica. El año pasado más de mil personas en la provincia utilizaron este sistema para intentar solucionar sus problemas”, indicó Lasarte.

Además, la Defensoría cuenta con el Centro de Asistencia a la Víctima, integrado por equipos interdisciplinarios conformados por abogados, trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos que acompañan a personas afectadas por distintos delitos, especialmente en casos de violencia de género.

De acuerdo con los datos del organismo, la mayoría de las consultas que recibe la Defensoría están vinculadas a conflictos con empresas privadas.

“Si vamos a los números fríos, cerca del 80% de las personas que se acercan a realizar reclamos lo hacen por situaciones vinculadas a privados, sobre todo por cuestiones de defensa del consumidor o problemas con entidades financieras”, detalló el defensor.

Entre los temas más frecuentes también aparecen situaciones de sobreendeudamiento y conflictos vecinales que pueden resolverse mediante instancias de mediación.

Por su parte, la defensora adjunta Erika Gonnet destacó el trabajo conjunto que se realiza con organismos e instituciones de la región.

En el marco de la visita a Venado Tuerto, equipos de la Defensoría participaron de encuentros con áreas locales vinculadas a niñez, adolescencia y salud mental, además de realizar actividades junto a instituciones que trabajan con adultos mayores.

“Para nosotros es muy importante esta interacción con los equipos locales porque nos permite recoger demandas y luego trabajar con los distintos niveles del Estado para buscar respuestas”, explicó.

Las actividades continuaron este martes con encuentros en la Casa del Bicentenario, donde se desarrollaron espacios de trabajo junto a instituciones de la ciudad para abordar temáticas vinculadas al 8 de marzo, especialmente el reconocimiento de las tareas de cuidado.

Gonnet señaló que estas instancias buscan visibilizar problemáticas que muchas veces permanecen naturalizadas. “Las tareas de cuidado históricamente se asociaron a las mujeres y hoy es necesario debatir cómo se distribuyen y cómo impactan en la vida cotidiana”, sostuvo.

La Defensoría del Pueblo cuenta con una delegación en Venado Tuerto que atiende consultas de los vecinos y brinda asesoramiento sobre distintos conflictos.

Además, los ciudadanos pueden realizar consultas a través de la página oficial del organismo, www.defensorialpueblosantafe.gob.ar, donde también se encuentran disponibles canales de contacto y acceso a diferentes servicios.

Desde la institución remarcaron que el objetivo principal es brindar acompañamiento y orientación ante distintos problemas que afectan a la ciudadanía. “La Defensoría es un espacio de escucha, pero también de acompañamiento para quienes atraviesan una situación conflictiva”, concluyó Gonnet.

En el marco del incremento del tránsito por rutas nacionales y provinciales con motivo de las vacaciones, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe brindó información de interés público sobre los requisitos que debe cumplir una multa de tránsito para ser considerada válida en el territorio nacional.

Actualmente, gran parte de las fiscalizaciones de tránsito se realiza con radares y sistemas automáticos. De acuerdo con la legislación vigente, para que un radar de control de velocidad opere legalmente debe estar homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y la autoridad de aplicación es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, su ubicación debe encontrarse previamente aprobada y correctamente señalizada en la vía pública. Cuando alguno de estos requisitos no se cumple, la infracción puede ser considerada nula.

Los conductores pueden consultar el listado de radares habilitados en todo el país en el sitio web oficial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde se detallan tanto los dispositivos fijos como los móviles. Ante cualquier duda o inconveniente relacionado con una fotomulta, los automovilistas pueden comunicarse con la mesa de ayuda de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al 0800-122-2678 o enviar un correo electrónico a consultasradares@seguridadvial.gov.ar adjuntando copia de la infracción recibida.

La Disposición ANSV 104/2009 aprobó el modelo único de acta de infracción. Cuando una notificación por fotomulta llega al domicilio del titular del vehículo, entre los datos obligatorios que deben figurar se encuentran el número de identificación del radar utilizado, el nombre del municipio o autoridad que labró la infracción, la fecha completa del hecho con día, mes, año y hora, la ruta y kilómetro exacto donde se produjo la presunta infracción, la velocidad máxima permitida y la velocidad registrada del vehículo expresadas en kilómetros por hora, la firma de la autoridad interviniente, la matrícula habilitante del operador del radar otorgada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y los datos de contacto del Juzgado de Faltas o Tribunal Administrativo competente. La omisión de cualquiera de estos elementos puede invalidar el acta de infracción.

En el caso de operativos móviles de control de velocidad, para que sean considerados válidos deben cumplir con requisitos específicos. Debe haber señalización con conos ubicados entre mil y quinientos metros antes del radar, un cartel que indique la presencia del radar, otro cartel que señale la velocidad máxima permitida, y el agente de tránsito debe contar con matrícula habilitante para operar el radar. El incumplimiento de estos requisitos mínimos de señalización constituye causal de nulidad de la infracción labrada.

En el caso de comprobación por parte de personal de tránsito, la normativa vigente señala que las autoridades deben identificarse ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que pertenecen, utilizar el formulario de acta reglamentario y entregar copia al presunto infractor, salvo que este no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que deberá constar en el acta.

Respecto de los plazos para ejercer el derecho de defensa mediante la presentación de descargos, existen diferencias según la jurisdicción. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo recomienda que al recibir la notificación, las personas se comuniquen cuanto antes con el juzgado o tribunal interviniente, cuyos datos aparecen en el documento, para conocer los plazos.

La Defensoría del Pueblo recuerda a la ciudadanía que la presentación de un descargo implica la renuncia automática al beneficio del pago voluntario con descuento del cincuenta por ciento sobre el valor mínimo de la sanción, por lo que se recomienda evaluar cada situación particular antes de ejercer este derecho.

Los fundamentos válidos para presentar descargo incluyen que el radar no esté homologado por la autoridad competente, lo cual anula el acta y la infracción; la inexistencia de la infracción imputada; defectos formales en el acta que afecten su validez, tales como la imposibilidad de lectura de la patente en una fotomulta; falta de notificación fehaciente; incumplimiento de los requisitos mínimos de señalización en operativos móviles; falta de identificación del funcionario actuante y ausencia de entrega de copia del acta al presunto infractor, entre otros.

En ese sentido, la institución protectora de derechos invita a todas las personas que tienen dudas o consultas sobre multas de tránsito a que se acerquen a cualquiera de las sedes y oficinas de atención o se contacten por las vías de comunicación que pueden consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa a la población que, desde el 1° de enero de 2026, se encuentra vigente en todo el país el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por el gobierno nacional. Este nuevo régimen reemplaza programas anteriores, como la segmentación por niveles y el Programa Hogar, y alcanza a los siguientes servicios: energía eléctrica, gas natural por red, gas propano indiluido por redes y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kg.

Desde la Defensoría del Pueblo se remarca la importancia de que la ciudadanía conozca en detalle el funcionamiento del SEF, los requisitos de acceso y el procedimiento de inscripción, ya que se trata de información fundamental para hacer valer los derechos como usuarios y usuarias de servicios públicos esenciales.

Pueden acceder a los Subsidios Energéticos Focalizados los hogares cuyos ingresos netos totales (considerando a todos los integrantes) sean menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, lo que equivale a 3.771.987,09 pesos según los últimos valores publicados por el Indec.

Asimismo, podrán ser incluidos hogares que superen ese umbral de ingresos cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones: existencia de un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), percepción de Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o presencia de un Certificado de Vivienda emitido por el Renabap.

De acuerdo con la nueva normativa, para el caso de la energía eléctrica, quienes accedan al beneficio recibirán un subsidio del 50 % sobre el consumo base durante todo el año. En este caso se fija un tope al bloque subsidiado de 300 kWh en los meses de altos consumos (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, diciembre) y de 150 kWh en los meses templados de menor consumo eléctrico (marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre).

En lo que respecta al gas por redes (natural o propano indiluido), el subsidio es del 50 por ciento en los meses de mayor consumo (de mayo a septiembre), sin bonificación en meses de baja demanda.

Mientras que para las garrafas de 10 kg, el subsidio del 50 por ciento se aplicará como descuento en la compra, utilizando medios de pago virtuales. El consumo subsidiado es equivalente a una garrafa por mes, que ascenderá a dos garrafas en los meses de más frío (mayo a septiembre).

Asimismo, durante enero de 2026 se prevé que la Secretaría de Energía aplique una bonificación extraordinaria del 25 por ciento tanto para luz como para gas, que irá disminuyendo de manera progresiva a lo largo del año.

Es importante destacar que quienes ya estaban inscriptos en el Rase no deben realizar el trámite nuevamente, ya que los datos migran de forma automática al nuevo registro. No obstante, pueden actualizar los formularios en caso de que fuera necesario. Y la recomendación es siempre chequear que las personas chequeen que los datos estén cargados, para poder así ejercer sus derechos.

Por su parte, las personas usuarias de garrafas o beneficiarias del Programa Hogar sí deben inscribirse en el nuevo ReSEF para continuar recibiendo el subsidio.

La inscripción se realiza a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), disponible en el sitio oficial del Estado Nacional: www.argentina.gob.ar/subsidios

Para completar el formulario se solicita:* Número de medidor y/o número de cliente o servicio (figura en la factura).* DNI vigente de los integrantes del hogar.* Número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años.* Dirección de correo electrónico personal.* Información sobre ingresos familiares y servicios utilizados.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recuerda que el acceso a la información clara y oportuna es un derecho fundamental, y que conocer las condiciones del nuevo sistema de subsidios resulta indispensable para evitar exclusiones indebidas, realizar reclamos y garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.

Ante dudas o dificultades, los ciudadanos pueden acercarse a las sedes de la Defensoría del Pueblo o comunicarse a través de sus canales oficiales para recibir asesoramiento y orientación.

Antes del inicio del Black Friday, uno de los eventos de comercio electrónico más grandes del año, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe difundió una serie de recomendaciones para promover compras responsables y evitar fraudes.

El organismo alertó que el volumen de ofertas, la circulación masiva de publicidades y el aumento de la actividad online durante estos días generan un escenario propicio para estafas y operaciones impulsivas, por lo que es clave que los consumidores actúen con prudencia e información.

La Defensoría del Pueblo recomendó, en primer lugar, asegurarse de que las compras se realicen únicamente en páginas oficiales, pertenecientes a comercios adheridos al Black Friday.

Para ello, se sugiere ingresar directamente a las direcciones web conocidas o guardadas por el propio usuario, en lugar de hacerlo a través de enlaces recibidos por correo electrónico, redes sociales o servicios de mensajería.

Según advirtió el organismo, muchos de esos mensajes pueden conducir a portales falsos que imitan sitios reales para robar datos o generar cargos indebidos.

Además, remarcaron la importancia de verificar que la página utilice protocolos de navegación segura. Esto implica chequear que la dirección comience con “https://” y que aparezca el ícono de candado en la barra del navegador.

Ambas señales indican que la información personal y bancaria viaja encriptada, reduciendo el riesgo de filtraciones. También aconsejan evitar realizar compras desde computadoras públicas o redes de Wi-Fi abiertas, ya que pueden ser fácilmente intervenidas por terceros.

El organismo santafesino insistió en la necesidad de operar desde dispositivos propios y actualizados, con antivirus o sistemas de protección activos, especialmente en días de alto tráfico online como los del Black Friday. Esta recomendación busca minimizar la posibilidad de caer en fraudes digitales o sufrir robo de información sensible.

Otro de los ejes señalados por la Defensoría está relacionado con la lectura detallada de las promociones. Antes de concretar la compra, aconsejan revisar las condiciones financieras, las tasas asociadas a los planes de cuotas y los límites de crédito disponibles para evitar sorpresas en el resumen de la tarjeta.

Comparar precios con días anteriores también es una práctica útil para detectar promociones que no son tales o que incluyen incrementos disfrazados de descuentos.

El organismo provincial subrayó que es fundamental observar siempre el costo total de la operación, incluyendo impuestos, gastos de envío, cargos administrativos o cualquier otro adicional que pueda modificar el monto final. También recordaron conservar comprobantes, capturas de pantalla y todos los registros de la transacción, ya que sirven como respaldo en caso de reclamos.

La Defensoría hizo hincapié en el monitoreo del resumen de la tarjeta durante los días posteriores a la compra. Recomiendan revisar movimientos, detectar débitos no reconocidos y efectuar de inmediato el reclamo ante la entidad bancaria o financiera correspondiente.

Respecto de las garantías, recordaron que todos los productos nuevos cuentan con un mínimo legal de seis meses de cobertura. En el caso de servicios turísticos o paquetes promocionales, sugieren prestar especial atención a las políticas de cancelación, reprogramación y reembolso, ya que suelen variar según la empresa y el tipo de servicio contratado.

El organismo también reiteró un derecho muchas veces desconocido por los consumidores: el derecho de arrepentimiento. Este permite cancelar compras realizadas de manera online dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción del producto, sin necesidad de justificar el motivo. En esos casos, la empresa debe aceptar la devolución y reembolsar el dinero sin aplicar penalidades.

Entre las recomendaciones generales, la Defensoría del Pueblo insistió en la importancia de mantener una actitud crítica frente a los mensajes publicitarios diseñados para generar sensación de urgencia.

Expresiones como “últimas horas”, “solo por hoy”, “comprá ya” o “pocas unidades disponibles” pueden llevar a decisiones apresuradas que luego se convierten en arrepentimientos o gastos innecesarios.

“Evaluar la necesidad real del producto, leer con atención las condiciones y evitar compras motivadas por la presión del momento es fundamental para atravesar el Black Friday de manera responsable”, remarcaron desde el organismo.

También aconsejan desconfiar de ofertas excesivamente tentadoras o que parezcan demasiado buenas para ser reales. Los estafadores suelen aprovechar estas fechas para difundir promociones falsas que buscan captar datos personales o bancarios.

Ante cualquier inconveniente, los consumidores pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a través del sitio web oficial, donde están disponibles los formularios de consulta y reclamo.

También pueden acercarse a las sedes y oficinas descentralizadas distribuidas en toda la provincia, cuyas direcciones y horarios están publicados en el mismo portal y en las redes sociales del organismo.

Con estas recomendaciones, la Defensoría busca acompañar a quienes participen del Black Friday y promover un uso más seguro y consciente del comercio electrónico, evitando estafas y garantizando que los derechos de los consumidores se respeten en cada compra.

Tras 16 años de vacancia en el cargo, por falta de acuerdos políticos para cubrirlo, y una nueva exhortación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Congreso puso en marcha el proceso para designar al Defensor del Pueblo de la Nación. Lo hizo a instancias de la oposición y con objeciones por parte del oficialismo, que cuestiona la oportunidad por cuanto se pone en marcha en medio de un proceso electoral y la designación tendrá lugar justo antes de un cambio en la composición del parlamento.

La medida se publicó en el Boletín Oficial y se da en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 24.284, que regula los requisitos para el nombramiento, incompatibilidades y competencia de la Defensoría del Pueblo. Se trata de un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación y previsto en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. En ese marco, la Comisión Bicameral del Congreso recibirá las propuestas de candidatos hasta el próximo 8 de octubre.

El texto constitucional establece que el Defensor del Pueblo "actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad" y que "su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas". También, tiene legitimación procesal y dura en su cargo 5 años, pudiendo ser reelecto por una sola vez, siempre con "el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras", una mayoría especial que requiere un nivel de consenso no alcanzado en los últimos más de tres lustros.

Cabe señalar que desde el año 2009, cuando renunció Eduardo Mondino, no hay un titular frente a la Defensoría del Pueblo de la Nación. En reiterados fallos, la Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso a nombrar al Defensor. En tal sentido se pronunció en una sentencia dictada en el mes de agosto. En ese mismo expediente, el Máximo Tribunal volvió a reclamar una ley que regule los procesos colectivos, al cerrar la causa iniciada para extender el alcance del "fallo Badaro" a todos los jubilados y pensionados en situación similar.

En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz remarcaron que el trámite del expediente se vio condicionado por la falta de un "ombudsman" que pudiera adaptar la demanda a los requisitos fijados por la propia Corte para este tipo de procesos.

La última vez que más "cerca" se estuvo de avanzar con la elección de un ombudsman fue en 2017, durante la gestión Cambiemos, cuando la bicameral eligió una terna de candidatos (Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor), pero finalmente no se avanzó en el recinto. Ese último proceso surgió de un fallo que en agosto de 2016 emitió la Corte, donde frenó los tarifazos de gas dispuestos en ese momento por el gobierno de Mauricio Macri y recomendó por la cobertura del cargo.

Actualmente, la bicameral está presidida por el senador Daniel Kroneberger (UCR) e integrada por los senadores María Victoria Huala (Pro), Mónica Silva (JSRN), Vilma Bedia (LLA), Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino y Alicia Kirchner (UP); y los diputados Margarita Stolbizer (EF), Emmanuel Bianchetti (Pro), Lilia Lemoine (LLA), Fabio Quetglas (UCR), Juan Manuel Pedrini, Cecilia Moreau y Germán Martínez (UP).

En la reunión convocada luego de la exhortación de la Corte, toda la oposición unida, sin aval de La Libertad Avanza, resolvió iniciar el proceso de selección. Entre el 13 a 19 de octubre se recibirán impugnaciones y adhesiones a las candidaturas presentadas hasta el día 8, mientras que el 22 la bicameral se reunirá para anunciar a los pre-seleccionados. Los candidatos asistirán a audiencia pública a la comisión el 29 de octubre.

Finalmente, el 5 de noviembre la bicameral deberá confeccionar una terna y elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el cual será elevado a ambas cámaras para su tratamiento y votación. Las mismas fechas correrán para el concurso del procurador Penitenciario.

"Es imprescindible iniciar este proceso. Un proceso abierto, participativo, prolijo, transparente", destacó Stolbizer, vicepresidenta de la bicameral, y agregó: "Es lógico que entendamos que por detrás de nuestra mora están los derechos de muchísimas personas".

A su turno, la senadora de UP Anabel Fernández Sagasti recordó que "quedará pendiente para el año que viene el Comité de la Tortura, que también es un organismo pendiente de resolución". "Me alegra que estemos cumpliendo con este objetivo", dijo y señaló que poner el requisito de que los candidatos presenten un plan de gestión, "nos pone la vara un poco más alta para la elección de alguien tan importante".

Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas observó que "la capacidad de acuerdo político es una señal de fortaleza institucional". "Quizás hubo un exceso en la redacción constitucional con los dos tercios en ambas cámaras, pero ahora tenemos por tercera vez el pedido de la Corte Suprema", resaltó.

Y sumó: "Es un cronograma que no me parece descabellado, me parece cumplible. El 5 de noviembre estamos después de las elecciones y con esa temperatura política se podrá medir si lo pueden resolver los plenos con esta constitución o con la próxima".

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advierte a la ciudadanía sobre la circulación de un mensaje fraudulento que promete un supuesto “Bono Mujer de $240.000”, bajo el apócrifo nombre del Gobierno Nacional. Este tipo de mensajes, que se repiten periódicamente con distintos formatos, forman parte de una modalidad de estafa conocida como phishing, por lo que es importante desestimarlos y no compartir información de ningún tipo.

El mensaje que está circulando invita a registrarse en una página web con apariencia oficial, pero que en realidad busca engañar a las personas para obtener sus datos personales y financieros. En este caso, se difunde un texto en el que se anuncia un beneficio para mujeres de 18 años o más y se invita a registrarse en un enlace sospechoso.

Desde la Defensoría del Pueblo se constató que actualmente no existe ningún programa oficial llamado Bono Mujer. Además, el dominio en el que se invita a registrar los datos no tiene extensión .gob.ar —como corresponde a todos los sitios oficiales—, sino .org, lo cual constituye un indicio claro de estafa. En computadoras, algunos antivirus impiden el ingreso al sitio advirtiendo sobre el potencial robo de datos, pero en dispositivos móviles y en computadoras con antivirus desactualizados esta seguridad puede no funcionar.

El phishing es una técnica de fraude digital mediante la cual los delincuentes simulan comunicaciones oficiales —por correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o páginas web falsas— para engañar a las personas y lograr que entreguen datos sensibles como números de tarjeta, claves de acceso o información bancaria. Con esta información luego concretan hechos ilícitos que pueden ir desde la toma de créditos en nombre de la víctima hasta el acceso a sus cuentas bancarias.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo alerta que en las últimas semanas se ha registrado un incremento de consultas y reclamos de personas que detectaron descuentos no autorizados en sus cuentas o tarjetas.

Ante esta situación, la institución protectora de derechos aconseja solicitar al banco el stop debit y el reverso del dinero, además de registrar formalmente el reclamo a través de los canales de atención de la entidad financiera. En caso de no obtener una respuesta favorable, se recomienda acudir a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, donde se brindará asesoramiento y acompañamiento para defender sus derechos.

Se insiste en la necesidad de no brindar información personal o sensible y, ante cualquier duda, consultar únicamente en los canales oficiales de los organismos o empresas. También se puede acudir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para recibir orientación. Los datos de contacto y horarios de atención están disponibles en www.defensoriasantafe.gob.ar

Más de 50 vecinos autoconvocados han alzado su voz y presentado un petitorio ante la Defensoría del Pueblo, exigiendo respuestas ante irregularidades de la empresa vinculada al concejal electo Franco Stampone. En una primera instancia de mediación, los reclamos son contundentes y revelan una situación que consideran “insostenible”.

El petitorio firmado por los vecinos expone una serie de abusos que no pueden ignorarse: “Sufrimos un aumento casi mensual de las cuotas sin previo aviso, nos exigen que al menos tres personas se afilien por familia, los costos son exorbitantes para servicios de sepelio y además tenemos que contratar servicios de ambas empresas sí o sí”, enumeró un vecino ante medios locales, que agregó: "Y no hay otra empresa que brinde el servicio, es la única opción".

La intervención de la Defensoría del Pueblo ha sido valorada por los afectados, quienes esperan que esta mediación logre un acuerdo justo que ponga fin a la explotación que sufren. “Los aumentos son desmedidos, suman un 140% en el año. Nos han reducido las prestaciones y no tenemos un contrato claro que especifique lo que nos brindan. No sabemos qué servicios están incluidos, y cuando llamamos a la ambulancia, muchas veces no hay médico y la espera se vuelve eterna”, siguió el vecino y vocero.

Con la Defensoría del Pueblo a cargo de la mediación, los vecinos mantienen la esperanza de que se escuchen sus voces y se tomen medidas concretas para solucionar esta grave problemática. Hasta el momento no hubo declaraciones por parte de la empresa denunciada.

El Poder Ejecutivo puso en marcha el mecanismo para finalmente designar los titulares de la Defensoría del Pueblo provincial, zona norte, zona sur y el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.

De esta manera, para el cargo de Defensor del Pueblo de la provincia la propuesta es para el abogado Arístides Lasarte mientras que para la zona norte propone a Estanislao Parreño y para la sur a Erika Gonnet. En tanto, Juan Cruz Giménez es postulado para defensor provincial de Niñas, Niños y Adolescentes.

De acuerdo a la norma vigente, "los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el plazo de 15 días hábiles administrativos a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, enviar por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, para que sean consideradas por el Poder Ejecutivo".

Los nombres fueron publicados este jueves en el Boletín Oficial de la Nación.

Lasarte tiene origen en el Pro y actualmente es director provincial de Áreas Metropolitanas; Parreño, de origen radical, es subsecretario Legal y Técnico en el ministerio de Justicia y Seguridad mientras que Gonnet es asesora del bloque de diputados justicialistas y acompañó a Omar Perotti como ministra de Medio Ambiente.

En cuanto a Giménez, vinculado al Partido Socialista, es docente universitario y fue funcionario del ministerio de Educación.

Pasado el plazo de 15 días para conocer opiniones de la ciudadanía, en caso de no tener objeciones, el Poder Ejecutivo enviará a Legislatura los pliegos para que sean considerados por las cámaras.

Después de haber sido engañada, secuestrada y explotada sexualmente, una joven trans oriunda de Neuquén fue trasladada a un refugio de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para poder ser asistida y recibir contención durante su situación de vulnerabilidad. La víctima logró escapar y denunciar una red de trata de personas pero, bajo un presunto estado de confusión, se subió a otro ómnibus y terminó en Venado Tuerto.

El caso se dio a conocer por la Defensoría del Pueblo venadense, luego de que el abogado Alberto Turcato contara que todo inició con un pedido de ayuda de la mujer a las autoridades, a quienes les manifestó que se encontraba perdida. “No sabía dónde estaba, no tenía alimento, ni medios, ni plata”, describió al remarcar que “venía de una situación de explotación”.

“Recibimos su mensaje en la delegación a la 1.05 de la madrugada del 2 de octubre y la convocamos para que se acerque y nos cuente su situación”, recordó el defensor al asegurar que “se la notaba muy desesperada”. Fue así como la joven relató todas las situaciones por las que tuvo que atravesar desde que la engañaron con una supuesta propuesta de empleo en Buenos Aires que, en realidad, se trataba de una trampa para ser captada por una red de trata de personas.

Falsas promesas

De acuerdo a la información publicada por LM Neuquén, la víctima viajó desde Neuquén a Buenos Aires y descubrió que detrás del local en el que creía que iba a trabajar se ubicaba un prostíbulo. Desde ese entonces, la mujer aseguró que permaneció secuestrada durante un mes hasta que pudo escapar y denunciar lo ocurrido en una comisaría de la Policía Bonaerense.

Luego de que se abriera una investigación al respecto, el personal policial se puso en contacto con el Ministerio de la Justicia para poner en funcionamiento el protocolo de asistencia a las víctimas de trata de personas. A raíz de esto, se determinó que fuera enviada a un refugio de Río Cuarto, le entregaron los pasajes, pero no se estableció cómo fue que terminó en un micro con destino a Venado Tuerto.

“El asunto es que queda acá en la ciudad, totalmente desamparada, sin ningún tipo de ayuda ni contención”, remarcó Turcato al indicar que, una vez que llegó a la ciudad, volvió a pedir ayuda a la Policía, quienes le brindaron alojamiento por una noche en la delegación de la zona y le facilitaron el contacto con la Defensoría del Pueblo. Asimismo, el abogado aseguró: “Le dimos la primera ayuda para que se pueda alimentar, pueda higienizarse mínimamente y descanse”.

Por medio de la coordinación con el Ministerio de Justicia, se tramitó un segundo pasaje desde Venado Tuerto hacia Río Cuarto, por lo que la víctima pudo viajar hacia la localidad cordobesa este jueves por la madrugada. “De acá se fue en perfecto estado, contenida, y en buen estado de salud, ahora seguramente haremos el seguimiento”, afirmó.

“Nosotros, creo, hemos cumplido nuestra labor. Cuando se trabaja coordinadamente, con voluntad, por lo general las cosas salen bien”, expresó el abogado de la Defensoría del Pueblo al reconocer que el caso conmocionó a toda la comunidad, debido a que no había antecedentes de un hecho de estas características.

Respecto a la investigación por la causa que investigaría la comisión de un presunto delito de trata de personas, el abogado no pudo dar demasiados detalles, ya que solo manifestó que se encontraría en proceso e instruida por las autoridades pertenecientes a la jurisdicción en la que se encontraría el prostíbulo en el que fue sometida la joven trans.

*Con información de INFOBAE

A partir de diversas consultas recibidas por parte de la ciudadanía en relación a la falta de abastecimiento en la demanda de gas natural, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe envió un pedido de informes a la empresa prestadora Litoral Gas, solicitando información sobre la situación de provisión de este vital fluido.

En la misiva, la institución protectora de derechos consultó a Litoral Gas si “existe a la fecha falta de abastecimiento en la demanda de gas natural en nuestra zona”. Y, en caso afirmativo, que detalle los motivos de la misma, a qué servicios afecta y cuál es la demanda prioritaria.

Además, en base a la situación de público conocimiento, la Defensoría del Pueblo requirió información a la empresa respecto de si ésta “prevé mecanismos o posee infraestructura para evitar la falta total o parcial de dicho suministro en estaciones de Gas Natural Comprimido”. Y, en caso de que así sea, “cuáles son las herramientas a utilizar para evitar inconvenientes no solo a la ciudadanía, sino al sector del transporte público (taxis)”.

Asimismo, la institución le consultó a Litoral Gas si “prevé mecanismos o posee infraestructura para evitar la falta total o parcial de dicho suministro en establecimientos industriales”. Y también le solicitó precisiones sobre éstos.

El pedido de informes de la Defensoría del Pueblo fue cursado luego de que circulara en los medios de comunicación una supuesta nota de Litoral Gas en la que señala que “Transportadora de Gas del Norte SA ha declarado una situación de Fuerza Mayor, razón por la cual se ve comprometido el normal abastecimiento de la Demanda Prioritaria en nuestra zona de distribución”. Razón por la que solicitó a las estaciones de servicio el “cese a la mayor brevedad y hasta que medie comunicación expresa en contrario, del expendio de gas natural en sus estaciones, independientemente de quién sea su proveedor de transporte y/o gas”.

Esta situación ha repercutido en una suspensión de la provisión de Gas Natural Comprimido en estaciones de servicio y ha generado incertidumbre en la sociedad en general. De acuerdo a lo informado por Litoral Gas, la medida busca “evitar la afectación del suministro a la Demanda Prioritaria”.

Por Diego Budassi

La Oficina Móvil de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe atendió a una importante cantidad de vecinos firmatenses en la plaza Bernardino Rivadavia. 

Gracias a gestiones llevadas a cabo por el intendente Leonel Maximino y a partir de un trabajo coordinado a través de la Secretaría de Gobierno municipal, el organismo provincial brindó asesoramiento y recibió reclamos en la esquina de Av. Santa Fe y Buenos Aires.

La actividad fue acompañada por la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini; el secretario de Control Urbano y Convivencia, Federico De Vincenti y la responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor y de Mediación, Julieta Massa.

Vale señalar que los vecinos que necesiten hacer un reclamo ante la Defensoría del Pueblo o recibir asesoramiento jurídico, pueden acercarse a los espacios municipales: Consultorio Jurídico, Oficina de Defensa del Consumidor, o la Oficina de Mediación.

El lunes 8 de abril, en el hall de ingreso a Municipalidad, se realizó una nueva apertura del Buzón por la Vida, iniciativa del gobierno municipal para que los vecinos puedan hacer denuncias anónimas sobre cuestiones vinculadas a la comercialización de estupefacientes y trata de personas.

En ese marco, se colocaron 18 denuncias en un sobre, que luego fue entregado a Fiscalía Federal para que puedan iniciar las investigaciones correspondientes.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini; el secretario de Control Urbano y Convivencia, Federico De Vincenti y la fiscal Vanina Servidio Pozzi.

Cabe recordar que junto al Buzón por la Vida, los vecinos cuentan también con otros espacios y modalidades para realizar estas denuncias: por mail a fisfed-vnt@mpf.gov (Fiscalía Federal) y por teléfono al 03462-400534 / 437275.

“La violencia de género no tiene más lugar en nuestra sociedad y desde la Defensoría consideramos que este es el momento para unirnos y erradicar de raíz esta problemática creando espacios digitales amigables en los que todas las voces sean respetadas”, afirmó el Defensor del Pueblo adjunto, Jorge Henn, al presidir la firma de un documento al respecto.

El documento lleva la firma de 40 representantes de instituciones.

El documento, dijo, “se alzará como hoja de ruta de acciones conjuntas entre los organismos públicos y privados para prevenir la violencia de género de la que son victimas las mujeres por su condición de tal a través de los medios digitales. Es abierto y esperamos que muchos otros espacios se sumen”.

Gran parte de la actividad laboral, profesional, familiar y social es hoy atravesada por el uso de redes, mensajerías y demás opciones conque la informática a irrumpido en la vida cotidiana de todas las personas. También es un medio por el que se ejerce violencia contra las mujeres en diversas formas.

La mencionada ley de referencia en su artículo 4 precisa que es “violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, qué de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

La carta firmada ayer promueve 10 puntos específicos:

1) Aunar esfuerzos y trabajar de manera coordinada en la promoción de un entorno digital respetuoso de los derechos humanos, libre de violencia y discriminación por razones de género”.

2) Desplegar acciones conjuntas de sensibilización, concientización y capacitación que adviertan sobre las características y consecuencias de la violencia de género digital.

3) Promover la educación en materia de ciberseguridad ciudadana con lenguaje claro y accesible.

4) Informar de manera sencilla sobre lugares y procedimientos de denuncia.

5) Realizar estudios e investigaciones que contribuyan a desnaturalizar esta problemática y favorezcan una comprensión integral e interseccional de la misma, asociada a uncontexto sistémico de desigualdad de género.

6) Aportar a la construcción de datos estadísticos oficiales sobre violencia de género digital.

7) Promover la inclusión de la protección de los datos personales en el diseño de políticas de responsabilidad social, que se opongan de manera categórica a cualquier conducta o práctica que implique discriminación o violencia de género en el entorno digital.

8) Acompañar procesos de reforma normativa que tengan por objeto tipificar como delito y reconocer explícitamente a la violencia de género digital entre las modalidades comprendidas dentro de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

9) Fomentar la elaboración e implementación de políticas públicas de prevención y sanción de la violencia de género digital que establezcan dispositivos efectivos de protección administrativa y judicial, e impulsar la cooperación nacional, regional, e internacional con organismos especializados en la protección de derechos.

10) Incorporar en cada una tales medidas, la perspectiva de género, diversidad y derechos.

Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano

El defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn, remitió un oficio a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), por el cual pide prorrogar la fecha límite para que los clientes del Plan 30 de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé -a quienes se les efectuó una estimación de los consumos-, puedan contactarse con la empresa para formular los reclamos y la aplicación de las tarifas correspondientes. Advierten que el 31 de mayo culmina el plazo y, con los feriados en el medio, sólo restan 5 días hábiles.

“Todavía quedan unos 3.000 ó 3.500 clientes que no se han inscripto (para el reclamo), de un total de 10.000 afectados”, remarcó Henn este martes en una conferencia de prensa, junto a Laura Santamaría, directora de Atención Ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

“Existen las herramientas para hacerlo; no nos corresponde a nosotros pero queremos pedirles formalmente desde la Defensoría del Pueblo a los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Fe y Santo Tomé que se inscriban, porque van a tener una reducción -que puede ser o no importante- de la factura”, dijo Henn.

“Lo que hubo fue un error de facturación de parte de la empresa que perjudicó a los usuarios y sobre el que todavía no sabemos bien qué pasó”, amplió el defensor. Al tiempo que agregó. “En el área de Santa Fe no se midieron (los consumos) por problemas operativos de la empresa. Esta es una cuestión absolutamente distinta a lo que ocurrió en Reconquista, donde hubo un problema relacionado con una empresa contratista”.

“Queremos saber qué es lo que ha ocurrido en este caso concreto: porque aquí hubo una ‘no’ medición y una imputación que distorsionaba en perjuicio del usuario”, amplió.

En el escrito que la Defensoría envió a la EPE, además de la extensión del plazo para el reclamo, se pidió a la empresa que “actúe de oficio” para solucionar los problemas derivados de la facturación. “Que no pongan a nuestros abuelos y abuelas a hacer dos o tres cuadras de cola para reclamar algo que tiene que ver con solucionar una cuestión que otros cometieron”, reclamó Henn.

Por su parte, Santamaría agregó que, como quedan pocos días para la fecha de reclamo, “le solicitamos a la empresa que proceda de oficio con la revisión de todos aquellos clientes que por diversos motivos no han reclamado”.

Los clientes afectados pertenecen al Plan 30, que es un procedimiento habitual en la empresa, por el cual debido a cuestiones operativas se realizó una estimación de lectura en el primer bimestre y la lectura real en el segundo bimestre, en base a una estimación que se basó en los consumos registrados en los últimos 12 meses, según se explicó desde la EPE recientemente.

La Defensoría también solicita a la EPE que revea “la leyenda en letra muy chiquita que dice cuando la empresa factura en base a un consumo estimativo. Pedimos que esto se haga en un tamaño visible y con una mayor claridad”.

La directora de Atención Ciudadana explicó qué es la estimación: “Es cuando la empresa no ha medido la factura que te llega. No es en base a un consumo real, sino en base a un consumo estimado. Entonces se cobra todo junto al valor del kilowatt del momento”.

Santamaría recordó el esquema vigente de segmentación, que implicó la quita del subsidio en cuanto a la energía: “Recordemos que el 20% se quitó el 1° de octubre; el 40% el 1° de enero; y el 40% último a partir del 1° de mayo. También tengamos en cuenta que el Ministerio de Infraestructura autorizó a la EPE a actualizar su cuadro de tarifario en un 34,8% a partir del 1° de marzo”.

“Es decir, el marco es muy grave y, cuando el usuario no alcanza a pagar la factura, la estimación no corresponde, menos en estos tiempos. Desde el Área de Atención Ciudadana recibimos día a día reclamos de gente con sus facturas que no las pueden pagar”, advirtió.

¿Dónde reclamar?

La EPE habilitó una línea de WhatsApp (342 521 36 87) donde los usuarios pueden enviar una imagen de su factura del segundo bimestre para su revisión. También pueden realizar reclamos de forma presencial en las Oficinas Comerciales.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe envió un oficio al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) solicitando que se extienda de 48 horas a 30 días el plazo de vencimiento de los bonos y órdenes de consulta y también pidió informes por la imposibilidad de afiliados para acceder a la vacuna antigripal.

En el texto que remitió el defensor a cargo Gabriel Savino a la obra social provincial, pidió conocer “el motivo por el cual las órdenes tienen un vencimiento de 48 horas”. También recomendó la posibilidad “de extender el mismo, ya que los afiliados refieren que son muy engorrosos los trámites para solicitar el reintegro”.

En otro de los puntos de la misiva dirigida a Iapos, el defensor del Pueblo informó que por “la cercanía de la temporada de gripe estacional” se recibieron en la institución “reclamos de afiliados que se encuentran comprendidos en el rango etario de los afiliados los mayores de 18 y menores de 65 años debido a que no pueden acceder a la misma”. Al respecto, la institución consideró que esto constituye un “perjuicio” para los afiliados y afiliadas. Por lo que solicitó conocer “qué medidas se tomaron o se tomarán al respecto” a los fines de que puedan acceder sin restricciones los mayores de 65 años y también los menores que tienen enfermedades que los colocan en grupos de riesgo.

En ese sentido, remarcó que en el organismo se reciben numerosas presentaciones de afiliados que intentan gestionar las vacunas en las farmacias y se encuentran con que esa posibilidad no existe en el sistema de Iapos. Por lo que se solicitó rever este mecanismo.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recomendó al Ejecutivo provincial que “se articulen todos los mecanismos administrativos necesarios para la emisión de normativa que consagre y reglamente” una eximición del pago de peajes en los corredores viales provinciales para los ex soldados combatientes en la Guerra de Malvinas, en la línea con lo que sucede a nivel nacional.

A través de la resolución 074/23, firmada por los defensores Gabriel Savino y Jorge Henn el 17 de abril, el organismo protector de derechos plasmó lo trabajado a partir de una queja ingresada en la institución por un ex combatiente, quien solicitó a la Defensoría del Pueblo que analice “la posibilidad de recomendar a la provincia de Santa Fe la factibilidad de este beneficio a los veteranos de guerra que transitan por rutas y autopista bajo concesión provincial y/o municipal”.

Ello, recordando que “existe a nivel nacional la exención de pago de peaje para Veteranos y Veteranas de Malvinas determinada por resolución 430/2022 de la Dirección Nacional de Vialidad donde se consagra que el beneficio es posible utilizar en una serie de rutas y autopistas que se encuentren bajo la órbita de competencia del Estado nacional”.

En los considerandos de la resolución se detalla la norma vigente en la materia y se explicita que en la “provincia de Santa Fe rige la ley 11.204 que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obras viales por un plazo determinado a Municipalidades y Comunas vinculadas y/o Unidades Ejecutoras, para la construcción, administración, conservación, reparación, mantenimiento o ampliación de obras viales y que únicamente se podrá percibir peaje respecto de las concesiones de obras viales realizadas o a realizarse sobre las rutas provinciales”.

Y que “la fiscalización de las Unidades Ejecutoras está a cargo del Poder Ejecutivo Provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad, quien designa un representante en el ente concesionario, cualquiera sea su naturaleza, con las facultades que se fijen en el contrato de concesión”. También que “el cobro de peaje está previsto en la concesión y sus valores son autorizados por resolución de la Dirección Provincial de Vialidad”.

En ese contexto, los defensores Savino y Henn consideraron que respecto de “la solicitud de eximición del peaje en rutas provinciales realizada por Ex Combatientes de Malvinas se debe decir, no solo que el planteo es razonable a la luz de la normativa nacional, sino que como Defensoría del Pueblo se impone el deber institucional de apoyar y recomendar en los términos de las propias facultades la implementación de un beneficio similar.

Los funcionarios también recordaron en el texto que en la provincia de Santa Fe existe un proyecto de ley que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados que dispone en su artículo primero “la exención de pago de peajes para aquellos vehículos donde se trasladen Excombatientes de Malvinas”.

Asimismo, también citaron que en “la provincia de Córdoba eximió a los Ex Combatientes del pago del peaje en todas las rutas que componen la Red de Accesos a Córdoba y la provincia de Buenos Aires, mediante ley 14.793, hizo lo propio en los peajes en todas las rutas y autopistas provinciales en beneficio de los ex-soldados conscriptos y civiles que hubiesen participado en el Teatro de Operaciones de Malvinas.

En base a todo ello es que la Defensoría del Pueblo resolvió “recomendar al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat que por medio de la Dirección Provincial de Vialidad se articulen todos los mecanismos administrativos necesarios para la emisión de normativa que consagre y reglamente el beneficio de eximición del pago de peajes en los 4 corredores viales de la provincia cuyas Unidades Ejecutoras administran las rutas provinciales N. 18, 14, 6 y 70 Autopista provincial 01, a los Ex Soldados conscriptos y civiles que hubieren participado las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y quienes hubieren entrado en efectivas acciones de combate en el área del teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) dentro de la zona de exclusión de las 200 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas y quienes fueron afectados al crucero “Ara General Belgrano” hasta el 2 de mayo de 1982”.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, tras recibir numerosas presentaciones de ciudadanos con problemas por estafas virtuales, emitió, en septiembre del 2022, una resolución que envió a distintas cámaras que aglutinan entidades bancarias y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde instaba a incorporar una serie de medidas con el fin de prevenir a los usuarios de estafas virtuales.

En estos días, los defensores Gabriel Savino y Jorge Henn recibieron la respuesta del Banco de Santa Fe donde detalla el estado en que se encuentran las distintas medidas que la Defensoría solicitó implementar y, a su vez, recibieron una comunicación del BCRA donde manifiesta estar al tanto de estas medidas de implementación a las cuales les está realizando un seguimiento. En ese sentido, enfatizaron: “Escuchamos las necesidades de los ciudadanos y las entidades aceptaron nuestro rol de intermediarios y pusieron manos a la obra para proteger los derechos de los ciudadanos, eso nos genera gratitud y nos impulsa a seguir esforzándonos en la tarea”.

Entre las medidas que el Banco de Santa Fe está poniendo en marcha por solicitud de la Defensoría del Pueblo se encuentra un sistema de alertas mediante la notificación al usuario cuando se accede a algún canal electrónico mediante un dispositivo nuevo; la red de atención y monitoreo todos los días durante las 24 horas; la implementación de Apps por módulos en donde el usuario acepte qué movimientos y/o operaciones va a tener habilitado; el control permanente y preventivo en los buscadores de internet, de modo de detectar la publicación de sitios falsos y el monitoreo de transacciones.

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En este sentido, la entidad bancaria también señaló que tiene en marcha una importante y creciente campaña de prevención de fraudes, tendiente a informar y concientizar a los clientes de la entidad, para que operen en forma más segura en los canales y medios electrónicos que se ponen a disposición.

Por último, los defensores del Pueblo destacaron que la entidad bancaria también informó que, a partir de las medidas implementadas, el Banco informó que registró una disminución en relación a los casos denunciados por los usuarios.

En noviembre pasado, Savino y Henn habían solicitado al BSF que, “en el marco de las regulaciones existentes incrementen las acciones preventivas para aquellas operaciones mediante canales electrónicos que no cumplen con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad conforme con registros que deben contar y que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente posibilitando advertir situaciones sospechosas basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario”.

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También le solicitaron a la entidad financiera que, “además de requerir la confirmación o revalidar la instrucción del cliente mediante un segundo factor, por ejemplo un token dinámico, secretos compartidos, tarjeta de coordenadas, PIN, PIL, entre otras, en los casos en que no se cumple con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad, verificar la identidad del cliente mediante técnicas de identificación positiva”. Y que a esto se le sume la validación a través de datos biométricos.

En ese contexto, la institución defensora de derechos insistió con un pedido que ya había cursado anteriormente respecto de la necesidad de que se “provea una red de atención y monitoreo denominada 24/7 según terminología del Convenio de Budapest de las transacciones y operaciones de los usuarios/clientes”.

También se le había recomendado al Banco profundizar la difusión en forma masiva de información y alertas de estafas, mediante la realización de campañas de “concientización sobre ciberfraude y la importancia del resguardo de los datos personales de usuarios y clientes”.

Respecto de la atención de los casos de estafa ya concretados, la Defensoría del Pueblo le había solicitado al BSF “el abordaje de todas las denuncias recibidas y dar una respuesta particular a cada una de ellas, teniendo en cuenta los hechos, pruebas obrantes, vulnerabilidad del usuario, perjuicio sufrido, controles efectuados por la entidad, patrones y alertas, evitando desconocer automáticamente su responsabilidad con la única argumentación de la proporción de datos de accesos a los canales electrónicos por parte del/la usuario/a”.

Por último, el organismo provincial pidió al agente financiero oficial la implementación de un “Botón de Congelamiento de Cuentas” para que el usuario tenga la posibilidad de inhabilitar los movimientos bancarios en caso de detectar movimientos extraños en relación a su comportamiento transaccional habitual.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo Gabriel Savino participó este martes, en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados del Sindicato Municipal Rosario, del lanzamiento de la campaña “Tu espera tiene un límite”, que busca promocionar los derechos que contempla la ley 13.271 de Trato Digno y hacer cumplir los plazos de atención al público que estipula la normativa.

De la iniciativa forman parte, además, la Cámara de Diputados y Diputados de la Provincia de Santa Fe, la Oficina Municipal del Consumidor, la Unión de Usuarios y Consumidores, la Red Argentina de Consumidores y la Dirección de Adultos y Adultas Mayores municipal.

“Nuestra institución tiene la función de proteger los derechos y también de promocionarlos, es decir enseñarle a la ciudadanía cuáles son para que pueda hacerlos cumplir. Eso estamos haciendo con otras instituciones del Estado y de la sociedad civil en este caso. Informando cuáles son los derechos que contempla la Ley de Trato Digno para que puedan ejercerlos”, explicó el defensor Savino tras el acto de presentación.

El funcionario puso un ejemplo al señalar que la norma mencionada estipula que “todo consumidor o usuario que deba permanecer por más de treinta minutos para ser atendido podrá denunciar la infracción en el Libro de Quejas habilitado al efecto, además de utilizar los demás canales permitidos para denuncias”. Además, destacó que la espera debe ser en un lugar cómodo y adecuado para tal fin.

Estos preceptos deben cumplirse en entidades bancarias, financieras, mutuales de ayuda económica, empresas prestadoras de servicios públicos, compañías de telefonía móvil, medicina prepaga, servicios de televisión por cable e internet, entre otros, que cuenten con lugares habilitados para cobros, pagos y/o trámites.

La campaña contempla la entrega de folletería y cartelería para promocionar la ley 13.271, así como la instalación de banners y otras piezas comunicacionales destinadas para este fin.

Del lanzamiento participaron, además de Savino, el diputado provincial Luis Rubeo, el titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Antonio Salinas, Delia Roa, de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Rosario, y representantes de los demás organismos impulsores de la campaña.

El defensor del Pueblo a/c, Jorge Henn, dirigió un oficio a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), requiriendo una respuesta a los masivos cortes de energía eléctrica acaecidos el pasado fin de semana en la ciudad de Santa Fe y localidades adyacentes y la descripción de los motivos por los cuales se prolonga la falta de servicio con la consecuente demora en la reconexión.

En función de ello, Henn pidió que se bonifique la energía no abastecida, a los clientes de Pequeñas Demandas que sean alcanzados por interrupciones del servicio, teniendo como antecedente la resolución 133/2010 de la EPE.

Dicha norma estableció que para aquellos usuarios que hayan sufrido cortes por lapsos mayores a 8 horas corridas, o 3 cortes de más de 3 horas en el bimestre serán bonificados con el equivalente al doble de los kilowats no suministrados.

Para ello se tomaba como referencia el consumo del bimestre del cual se está facturando, los que serán acreditados que se emitan con posterioridad a dichos cortes, agrega la resolución.

Finalmente, en el oficio se pide acelerar las medidas para reconectar los servicios afectados.

Los defensores del Pueblo de Santa Fe a cargo, Gabriel Savino y Jorge Henn, dirigieron una nota al gerente de la sucursal Santa Fe -la misma situación se vive en la sucursal de Venado Tuerto- de Litoral Gas, Ing. César Donna, en la que exhortan a que “se arbitren los medios necesarios en las sucursales de la empresa para garantizar la atención presencial sin turno previo para aquellos usuarios que manifiesten dificultades en el acceso a los conocimientos técnicos necesarios para obtenerlo a través de la web; y/o en los casos en que la urgencia del caso así lo amerite”.

Jorge Henn, en una reunión que tuvo con Donna, en la sede Santa Fe, también le transmitió la queja de la Cámara de Gasistas, Sanitaristas y Servicios de la Construcción de Santo Tomé por las demoras en el otorgamiento de turnos para realizar las inspecciones, que “entiende que no hay un uso eficiente de los recursos humanos disponibles”.

Los gasistas argumentan que “por cada inspección final que conlleve el servicio, la vivienda se inspecciona dos veces, en un claro ejemplo de desperdicio de horas hombres siendo que la empresa aduce tener poco personal para llevar adelante esa tarea. Este procedimiento sólo se aplica en la sucursal Santa Fe y no así en otras, como por ejemplo la de Rosario”, cita la Defensoría.

“Tanto los clientes como los gasistas matriculados que concurren a la sucursal Santa Fe de Litoral Gas son atendidos por personal de limpieza y el guardia de seguridad, prohibiéndole el ingreso si no cuentan con turno”, aseguran los instaladores santotomesinos en el comunicado de los defensores del pueblo Santa Fe y Rosario, a cargo del organismo.

“El mismo proceder tienen con los adultos mayores que se acercan a la sucursal para consultar cómo obtener turnos. Obtienen la misma respuesta: a través de la web, sabiendo que dicho grupo etario o no posee la tecnología adecuada o no la sabe utilizar”, describe la nota presentada en la Defensoría.

Finalmente, Henn y Savino le recordaron al gerente de la sucursal Santa Fe, César Donna, que la resolución 139/20 de la Secretaría de Comercio Interior considera consumidores hiper vulnerables a las y los consumidores que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, éticas, y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores.

En el marco de una nueva edición del Travel Sale, el conjunto de promociones de viajes y turismo que comenzó el pasado 22 de agosto y se extenderá hasta el 28 de este mes, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe recordó una serie de advertencias para evitar estafas y que las personas hagan valer sus derechos como consumidores.

Este año, la campaña promocional organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el apoyo de la Cámara de Comercio electrónico, tiene el foco en los destinos nacionales, aunque también ofrece rebajas para viajar al exterior. En ese caso, no se puede pagar en cuotas, dada la prohibición de financiar servicios turísticos en el exterior dispuesta desde diciembre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ante esta situación, algunas agencias promocionan cupones de descuento para atraer a los clientes.

La Defensoría del Pueblo recordó la recomendación de informarse siempre antes de contratar un servicio o producto, principalmente respecto de precios de plaza, medios de pago y condiciones de contratación (siempre leyendo la letra chica). También es importante realizar las compras desde la página web oficial para no caer en estafas, y chequear siempre que se trate de un sitio seguro (certificados de seguridad) y exigir siempre la factura, que es prueba fehaciente de la compra.

La Defensoría del Pueblo brinda asesoramiento no solo para proteger los derechos de los usuarios y consumidores, sino que está abocada desde hace años a la orientación y concientización del ciudadano frente a los cambios que en materia de consumo se vienen desarrollando. Quienes tengan dudas o consultas para realizarlas de manera online ingresando a www.defensoriasantafe.gob.ar o consultas en el mismo sitio otros datos de contacto de la institución.