El viernes pasado, a horas de iniciarse el receso parlamentario y ya en etapa de veda electoral, el Poder Ejecutivo remitió a Legislatura el mensaje 5.047 con las propuestas de 48 pliegos para ocupar cargos vacantes de fiscales y defensores del sistema penal.

Se trata de 16 postulantes para ocupar cargos en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal en cuatro de las cinco circunscripciones que tiene la provincia así como para 32 fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las cinco circunscripciones.

Ambas cámaras dispusieron receso durante las dos últimas semanas de julio al igual que el sistema educativo y el Poder Judicial con lo que cortaron los plazos de tratamiento. Así, la consideración de los 48 nombres se dará durante el mes de agosto. En tanto, el Poder Ejecutivo tiene preparados otro tanda mayor de pliegos para vacantes en diferentes fueros judiciales derivados de concursos que se fueron realizando en los últimos tres años. El objetivo de la Casa Gris es que los pliegos de jueces se discutan a partir de septiembre, incluso con ya las autoridades electas a asumir en diciembre.

En los considerandos del Mensaje 5.047, señala que los postulantes fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura en resoluciones que datan del 17 de mayo de 2021 y del 20 de octubre de 2022.

En el caso de la circunscripción judicial N° 1 con cabecera en Santa Fe son tres pliegos para la Defensa y siete para el MPA.

El listado de postulantes enviado por el Ejecutivo para la Defensa es el siguiente:

* Defensores adjuntos en Santa Fe: Valentín Acuña, Gastón Martínez Montyn e Ignacio Martín Cecchini.

* Defensora titular de Rosario: Marianela Di Ponte.

* Defensores adjuntos en Rosario: Anabela Antegiovanni, Martina Guirado, María Paula Flores, Lucía Fernanda Araya y Agustina María de los Milagros Norman.

* Defensora titular de San Lorenzo: Luisa Fernanda Cañavate Santesso.

* Defensora adjunta en San Lorenzo: Flavia Renzi.

* Defensora Adjunta en Villa Constitución: María Virginia Quiroga.

* Defensor adjunto en Cañada de Gómez: Nahuel Nardoni Toloza.

* Defensor titular en Reconquista: Orlando Toniolo

* Defensor adjunto en Las Toscas: Nicolás Hugo Vera.

* Defensora adjunta en Rafaela: Luciana Chiavarini.

El listado de postulantes para el MPA:

* Fiscales titulares en Santa Fe: Raúl Marcelo Nessier e Ignacio Lascurain (ambos adjuntos actualmente).

* Fiscal adjunta en Santa Fe: Vivian Ester Galeano.

* Fiscal titular en Esperanza: Alejandro Benitez (hoy adjunto en esa ciudad).

* Fiscal adjunto en San Jorge: Diego Gustavo Rodríguez y Barros.

* Fiscal adjunto en Coronda: Julio Marcelo Lema.

* Fiscal adjunta en Helvecia: María Rosa Haeffeli.

* Fiscal titular en Rosario: Franco Mariano Carbone.

* Fiscales adjuntos en Rosario: Lisandro Artacho, Julia Feldman, César Pierantoni, Noelia Navone, Martín Sanguinetti, María Victoria Gigli, Brenda Debiasi, Bárbara Gialdini, María Virginia Llaudet Maza y Agustina Fertitta.

* Fiscal titular en Villa Constitución: Eugenia Lascialandare.

* Fiscales adjuntas en San Lorenzo: María Cecilia Loberse, Bárbara Glikman y Agustina Eiris.

* Fiscal adjunta en Villa Gobernador Gálvez: Luisina María Paponi Arizaga.

* Fiscales adjuntas en Venado Tuerto: Mayra Soledad Vuletic, Larisa Celeste Baruca y Mariana Bressanelli.

* Fiscal adjunta en Rufino: Rafaela Florit.

* Fiscales adjuntos en Reconquista: Nicolás Aureliano Maglier y Amílcar Carlos Bernardi.

* Fiscal adjunto en Rafaela: Ardían Darío Soria.

* Fiscal adjunto en Frontera: Pedro Ignacio Machado.

* Fiscal adjunto en Sunchales: Juan Manuel Puig.

Seguramente el 2 de agosto, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la diputada Lionella Cattalini (PS) convoque a los integrantes del grupo bicameral para abrir oficialmente estos pliegos y elaborar el cronograma de trabajo que pasa por recibir impugnaciones de la ciudadanía o entidades, fijar fecha de las entrevistas personales a cada uno de los postulados y la fecha de la Asamblea Legislativa que debe considerar esos nombres.

La defensora general, Estrella Moreno, señaló que con la aprobación de los pliegos quedarían prácticamente cubiertos los cargos actuales del organigrama del servicio aunque restará cubrir las vacantes dejadas por los designados fiscales regionales e incluso el suyo que era en Rafaela. No obstante, advirtió que se vienen creando nuevas fiscalías y eso deben tener su respectivo cargo de defensa “para que haya proporcionalidad o igualdad de armas”.

Además de cargos judiciales, resta la cobertura de diferentes organismos de control en la provincia que vienen funcionando en los últimos años al límite del quórum cuando son órganos colegiados como el Ente Regulador de Servicios Sanitarios donde resta la designación de dos directores, uno de ellos -por ley- correspondiente a los sindicatos de trabajadores del sector.

También hay vacantes en el Tribunal de Cuentas, órgano constitucional, aunque una ley determinó que los vocales pueden seguir en el cargo mientras no tengan el reemplazo respectivo. Es el caso de María del Carmen Crescimanno. El Poder Ejecutivo propuso a la abogada galvense Flavia Leonor Acuña pero nunca envió su pliego a la Legislatura. Voceros parlamentarios hicieron saber a representantes del Poder Ejecutivo que iban a rechazar ese nombre y explicando las razones. Por ahora, Perotti difundió los antecedentes públicos como marca el decreto para recibir opiniones de la ciudadanía pero no avanzó con el trámite legislativo.

También está vacante el cargo de Defensor del Pueblo titular, instancia que hoy es cubierta por los delegados zona norte y zona sur, Jorge Henn y Gabriel Savino. Pero además está vacante la Defensora General de Niños, Niñas y Adolescentes previsto en la ley provincial. Esta vacante es reclamada por el Poder Legislativo por la importancia que tiene el cargo en defensa de la minoridad.

El gobierno nacional promulgó la ley de fortalecimiento de la Justicia federal de Santa Fe, para aumentar el número de jueces, fiscales y defensores. La iniciativa nació a partir de la grave crisis desatada por el avance del narcotráfico, sobre todo en el sur santafesino, fue impulsada por legisladores nacionales de la provincia de distintos partidos, y se aprobó por unanimidad en el Congreso el 13 de abril.

Este mismo miércoles, uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, solicitó por nota al presidente del organismo encargado de la selección de los candidatos a cubrir vacantes judiciales, Horacio Rosatti, que se abran los concursos para 14 cargos.

La aprobación de la ley fue impulsada decididamente por el gobernador Omar Perotti, que participó de la jornada en la que obtuvo media sanción en Diputados, e hizo mención a ella en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, para remarcar el hecho de que todos los diputados y senadores nacionales santafesinos avalaran la iniciativa, sin distinción de filiaciones partidarias.

La norma recién promulgada establece la creación de veintisiete cargos de fiscal federal penal, quince de los cuales tendrán asiento en la ciudad de Rosario, siete en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe. Pero habrá uno además en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde terminan impactando numerosas causas que tienen origen en territorio santafesino. Además, se crean nueve cargos de defensor público oficial federal, de los cuales tres tendrán asiento en la ciudad de Rosario, dos en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Entre otros puestos, crea seis cargos de juez penal federal con funciones de Garantía, con asiento en las siguientes ciudades: Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Los jueces del Juzgado Federal Nº 3 y Nº 4 de Rosario y el Nº 2 de San Nicolás pasarán a ejercer simultáneamente, sin perder las funciones actuales, las funciones de garantía en la aplicación del Código Procesal Penal Federal.

La ley que acaba de promulgar el Poder Ejecutivo Nacional establece que los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario actuarán simultáneamente, sin perder las funciones actuales, como jueces con funciones de revisión. Ley de Alcohol Cero El gobierno nacional promulgó también la Ley de Alcohol Cero en las rutas nacionales y la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

Después de la aprobación en Diputados y Senadores la normativa comenzó a regir a nivel nacional. La Ley de Tránsito (27.714) reglamentada modifica uno de los artículos de la anterior (Ley 24.449) donde se establecía una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre para conductores de autos. Con respecto a los choferes de las motos y ciclomotores era de 200 miligramos (0,2) y para los de transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.

“Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario”, indica el documento en el Boletín Oficial.

El siguiente paso que buscan aprobar es que la normativa de Alcohol Cero alcance los caminos provinciales en aquellas jurisdicciones donde todavía no hay leyes similares. Hasta la sanción de esta ley de alcance federal, 13 provincias y más de 50 ciudades argentinas ya tenían una normativa de alcohol cero al volante.

Emerio Agretti

Ni impasse, ni paralización, ni freno. Pese a las observaciones diversas y dudas generadas en torno del concurso para renovar autoridades en el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, Celia Arena defendió la transparencia del proceso y ratificó su continuidad. Como ministra de Gobierno, quedó al frente del procedimiento – junto al Fiscal de Estado- después de que uno de los audios difundidos en el marco de la causa sobre presunto espionaje durante la gestión de Marcelo Sain, comprometiese al actual secretario de Justicia.

Gabriel Somaglia es también quien preside el Consejo de la Magistratura y, tras aquella difusión, se excusó de seguir interviniendo en este concurso en particular y el Poder Ejecutivo convalidó el corrimiento. En las últimas horas, otro elemento volvió a sumar volumen a la polémica. Uno de los integrantes del cuerpo evaluador – Arsenio Domínguez- fijó domicilio legal en el estudio jurídico de Somaglia. El hecho no constituye una incompatibilidad, pero la desprolijidad terminó forzando la renuncia del profesional al jurado – es el noveno que da un paso al costado, entre dimisiones y excusaciones-, y enardeció la discusión política en torno de un proceso que generó controversias desde su origen.

Para aplacarlas, y para frenar una posible interpelación en la Cámara de Diputados a los funcionarios que ahora pilotean el proceso, el oficialismo convocó a la oposición. Funcionarios y jefes de bloques se reunirán el 18 de octubre próximo para intentar zanjar dudas y sospechas. No habrá definiciones administrativas mientras tanto, pero tampoco el proceso se detendrá.

Así lo expresó en diálogo con El Litoral, la ministra Celia Arena. “Ratificamos la continuidad del proceso y hay un fuerte compromiso no sólo nuestro, sino también de todos los postulantes que se han inscripto”, aseveró.

En tal sentido, destacó que la gran mayoría de inscriptos – 93 sobre 112- presentó sus planes de trabajo en el plazo previsto. “Por lo tanto – sostuvo-, muchos de los cuestionamientos que vinieron de algunos sectores de la oposición, no fueron vividos por los propios interesados. Así que seguimos adelante.

– ¿En qué instancia se encuentran hoy los concursos?

– En este momento estamos evaluando las renuncias y excusaciones de los integrantes del jurado, evaluando cómo queda a la vez la admisibilidad de cada una de las personas que se inscribieron para saber si cumplen o no con los datos formales. Respecto de los planes de trabajo, es importante decir que son anónimos; eso tiene un código que se revela el día de la entrevista. Allí, cada concursante define su plan y se profundiza en esa línea. Pero reitero, 96 sobre 112 demuestra un compromiso. Respecto de la transparencia, todo está ajustado a la normativa existente y hay una decisión de avanzar en profundizar esa transparencia. Por eso el gobernador tomó la decisión cuando se puso en marcha este concurso de que todas las entrevistas fuesen transmitidas en directo para que las personas que quisiesen participar, pudieran hacerlo. Todos los que quieran ser veedores este proceso, podrán serlo.

– ¿Cuándo serán esas entrevistas?

– No hay plazos estipulados. La fecha de cambio de autoridades es en abril de 2023, pero nuestra idea es poder avanzar en los próximos meses para tener el proceso terminado.

– ¿No se piensa, como lo está sugiriendo la oposición, en constituir un nuevo cuerpo evaluador a partir de las vacantes que se produjeron?

– No, por eso justamente se sortean titulares y suplentes. La decisión es continuar con este jurado y evaluar las excusaciones y renuncias; se cubrirán las vacantes con los suplentes y eventualmente se tomarán las medidas necesarias (un nuevo sorteo, por ejemplo), para completar los lugares que hagan falta.

– ¿Los postulantes no pueden objetar que se cambió ese jurado ‘a mitad de camino’?

– No, porque en realidad sí hay un período de tres días después de que los nuevos nombres se publican para efectuar las eventuales recusaciones u objeción.

– ¿Somaglia seguirá estando a cargo de los demás concursos que se tramitan en el Consejo de la Magistratura?

– Sí, sólo se ha excusado y así se le ha aceptado, para no participar de este concurso que pretende renovar autoridades en el MPA y MPD. Estamos a cargo el Fiscal de Estado y yo. En el resto de las cuestiones sigue funcionando todo de la misma manera. Claramente hay una decisión respecto de este concurso en marcha de poder trabajar particularmente, no sólo con la transparencia que mencionaba, sino con un diálogo permanente hacia todos los involucrados porque pensemos que es un concurso que se hace cada seis años y con las autoridades que estarán a cargo de la política de persecución penal de los próximos años. Están todos los esfuerzos puestos allí.

– Habla de diálogo entre todos los sectores y hay una oposición que objeta el concurso y que deberá aportar los votos cuando deban aprobarse los pliegos. ¿Se dialoga con ellos?

– Sí, por supuesto. El diálogo está presente siempre, más allá de las expresiones que plantean diferencias, sobre todo, a través de los medios.

(Por Luis Rodrigo)- En las últimas horas renunciaron tres jueces camaristas, del fuero federal, que iban a participar del proceso de selección de los aspirantes a ocupar los cargos más importantes en el Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

La novedad no impedirá que continúe ese proceso, ya que están definidos los miembros suplentes del denominado Cuerpo Evaluador del concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. En Santa Fe, ese es un órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo que carece de autonomía, ya que la Constitución de la Provincia no lo ha previsto. Nació como una forma de autolimitación del gobernador, así como la celebración de concursos técnicos, que ya constituyen una tradición institucional en Santa Fe, capaz de continuar con gestiones gubernamentales de distinto signo partidario.

De todos modos, las renuncias provocaron más reacciones en el ámbito judicial y en la Legislatura. Las dimisiones se conocieron este miércoles 28 por la noche y para la mañana del jueves 29 una asociación de fiscales de Rosario reclamó que todos los pasos dados para los concursos vuelvan a foja cero. Incluso que se cambie la reglamentación de las evaluaciones técnicas.

La presidenta de la Asociación de Fiscales de la Zona Sur, Gisela Paolicelli, dijo que “hay que empezar otra vez”, y sostuvo que los jurados deberían volver a ser designados. La semana pasada todo el arco opositor (con número suficiente para tener la mayoría en la Asamblea Legislativa) respaldó sus quejas, previas a la divulgación de los audios del caso Sain y la causa por espionaje.

Sobre los renunciantes, la fiscal deslizó: “las personas que habían elegido iban a ofrecer transparencia al concurso. El hecho de que hayan renunciado, inferimos, responde a que no encontraron condiciones de transparencia en el concurso”.

En tanto, desde el radicalismo, el diputado provincial Fabián Bastia vinculó la decisión con la crisis desatada luego de la divulgación de los audios del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y del secretario de Justicia Gabriel Somaglia que fue apartado de la conducción de los concursos por el gobernador Omar Perotti. Esa responsabilidad recae ahora sobre su superior, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena.

“Perotti protegiendo a Somaglia y el proceso sospechado sumado al accionar ilegal de Sain y Mirabella generan una crisis institucional muy grave e inédita en nuestra provincia que provoca la renuncia masiva de los miembros del jurado”, interpretó el legislador de “Evolución”, el sector del radicalismo que impulsa a Maximiliano Pullaro como precandidato a gobernador. Bastia fue uno de los oradores que explicó por qué no reunía condiciones de transparencia la selección de los jurados. La respuesta oficial (aún a cargo de Somaglia) fue fáctica: en efecto, nadie impugnó formalmente a los jurados sorteados. Sólo con declaraciones, que abren el paraguas para la hora del envío de los que queden en las ternas de las que el gobernador decidirá qué pliegos enviar a la Legislatura. (En abril de 2023 vencen los mandatos de las autoridades de los órganos de Acusación y Defensa).

Dos de las tres renuncias de los jurados, corresponden al concurso para definir las ternas de candidatos a fiscal general del MPA, para sus cinco fiscales regionales y para su auditor general. Dimitieron los doctores Alejandro Walter Slokar y Ana Figueroa. Integran además ese Cuerpo Evaluador: Sandra Valenti, Eugenio Darío Vezaro y Arsemio Domínguez como miembros titulares. Como miembros suplentes (que seguramente asumirán como reemplazos en dos casos): María Florencia Blotta, Aníbal Pineda, Sergio Alvira y Aldo Mario Alurralde.

En tanto, en el concurso para la cúpula del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, para los cargos de defensor general y de cuatro de sus cinco defensores regionales, dejó de ser jurado la Dra. Ángela Ledesma. A ese Cuerpo Evaluador lo integran los doctores Gustavo Salvador, Rodolfo Zehnder, Marta Feijoo, y Sergio García Ramírez “(Condicionada su participación según disponibilidad de Agenda), en defecto se reemplazará entre los miembros suplentes designados”, que son: Danilo Kilibarda Enrique Álvarez, Gabriela del Castillo, Carolina Hernández y Élida Vidal.