El Boeing E-4B Nightwatch, modificado a partir de un 747-200 para operar como centro de mando aéreo en situaciones extremas, fue visto despegando desde la Base Aérea de Offutt, en Nebraska, con rumbo a la Base Conjunta Andrews en Maryland, a pocos minutos de la Casa Blanca. Posteriormente, también se lo observó llegando al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

La aeronave rara vez aparece en el radar público debido a la naturaleza reservada de su misión, lo que ha convertido su reciente visibilidad en un evento poco habitual.

El Boeing E-4B forma parte del programa NAOC (National Airborne Operations Center), diseñado durante la Guerra Fría para garantizar la continuidad del mando político y militar de Estados Unidos ante un ataque que incapacite los centros de comando terrestres.

Capaz de permanecer en el aire durante muchas horas gracias al repostaje en vuelo y equipado con sistemas de comunicación avanzados —incluyendo enlaces satelitales seguros y protección contra pulsos electromagnéticos—, el E-4B puede transportar a más de un centenar de personas, entre ellas altos mandos del gobierno y las Fuerzas Armadas.

Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el E-4B es utilizado por el presidente, el secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto. Este avión también presta apoyo logístico durante los viajes internacionales del secretario de Defensa y su equipo para garantizar la conectividad y el mando conforme al Título 10 del Código de Estados Unidos.

La reaparición del “Avión del Fin del Mundo” coincide con un clima global donde las tensiones entre potencias y crisis regionales ocupan la agenda internacional.

La reaparición del “Avión del Fin del Mundo” coincide con un clima global donde las tensiones entre potencias y crisis regionales ocupan la agenda internacional. Pese a ello, expertos en defensa recuerdan que este tipo de movimientos puede formar parte de ejercicios de preparación y pruebas de sistemas, más que indicar una crisis inminente.

Sin embargo, la presencia de esta aeronave en bases cercanas a Washington y en distintos aeropuertos civiles ha generado consultas y comentarios entre analistas y el público, que asocian su aparición con escenarios de emergencia o tensión militar.

El E-4B aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Visualizado solo en contadas ocasiones, el Boeing E-4B representa una pieza clave de la infraestructura de defensa estadounidense para garantizar que, incluso en las peores circunstancias, el liderazgo nacional pueda comunicarse y operar sin interrupciones.

Hoy, su vuelo ha vuelto a poner el foco mediático en una aeronave legendaria que, aunque poco conocida fuera de círculos especializados, sigue siendo una muestra del nivel de preparación que algunos gobiernos consideran necesario frente a amenazas extremas.

La presencia del “Avión del Fin del Mundo” en vuelos públicos no solo rememora décadas de historia de la Guerra Fría y la estrategia militar moderna, sino que también estimula el debate sobre la percepción pública de la seguridad global y la manera en que se comunica la actividad de activos estratégicos poco visibles al gran público.

Iván Ambroggio

Durante las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y lo que va de la gestión de Javier Milei, la política de seguridad y defensa en Argentina ha oscilado entre la expansión del rol militar en asuntos internos y su restricción a amenazas externas.

Esta ausencia de una política de Estado consistente, en un contexto de inseguridad persistente, crisis económica y memoria de la dictadura, plantea riesgos para la estabilidad social. Veamos los vaivenes normativos, los datos de inseguridad y las tensiones entre prioridades sociales y militares.

Durante la administración de Macri, la inseguridad se consolidó como una preocupación ciudadana clave, según encuestas de 2018. En respuesta, el gobierno modificó el marco normativo con el Decreto N° 683/2018, derogando el Decreto N° 1691/2006 de Néstor Kirchner -que prohibía la intervención militar en seguridad interior- y alterando el Decreto N° 727/2006.

El nuevo texto permitió a las Fuerzas Armadas custodiar "objetivos estratégicos" y enfrentar amenazas como el narcotráfico y el terrorismo, definidos de manera vaga. Esto generó alarma entre académicos y defensores de derechos humanos, evocando los seis golpes de Estado acaecidos entre 1930 y 1982.

El marco legal posdictadura, con la Ley de Defensa Nacional (1988) y la Ley de Seguridad Interior (1992), establece una clara distinción: la defensa se centra en agresiones externas, mientras que la seguridad interior queda reservada a las fuerzas policiales, con apoyo logístico militar solo en casos específicos.

Completan el Sistema de Seguridad Nacional, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (1998) y la de Inteligencia (2001). Sin embargo, las reformas de Macri abrieron la puerta a interpretaciones expansivas, especialmente al abordar "conflictos de nuevo tipo" como el terrorismo, definido por el politólogo Robert Keohane como la "globalización de la violencia informal".

Algunos analistas interpretaron estas medidas como un cambio de paradigma; otros, como una estrategia electoral para desviar la atención de una economía en retroceso. Sorprendentemente, el debate ignoró el Libro Blanco de Defensa, un instrumento crucial para la transparencia en políticas de defensa.

En términos de inseguridad, Argentina registró en 2018, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), una tasa de homicidios de 5,3 cada 100.000 habitantes, comparable a la de Estados Unidos de entonces, pero la tasa de robos duplicaba el promedio hemisférico, (973 cada 100.000 habitantes versus 456 cada 100.000), según datos de la OEA.

Esto último alimentó una elevada sensación de inseguridad, a pesar de que Argentina era el segundo país con menos homicidios en América Latina, solo detrás de Chile. Con la llegada de Alberto Fernández en 2019, el nuevo gobierno buscó revertir las reformas de Macri.

El Decreto N° 571/2020 restableció los límites kirchneristas, restringiendo nuevamente el rol de las Fuerzas Armadas a amenazas externas. El entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, priorizó la cooperación latinoamericana, la ciberdefensa y el reclamo por las Islas Malvinas.

Además, se creó el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) en 2020, destinando el 0,2% del presupuesto al reequipamiento militar, incluyendo la reactivación de bases como Petrel. Sin embargo, estas medidas fueron cuestionadas en un contexto de pobreza superior al 40% (Indec 2020), donde las prioridades sociales parecían más urgentes.

En 2022, la tasa de homicidios se estabilizó en 5,1 cada 100.000 habitantes, pero los robos permanecieron altos, con más de 900 casos cada 100.000 habitantes.

El Libro Blanco de Defensa 2023 destacó amenazas no tradicionales, como el cambio climático, pero omitió el tema de inteligencia, un punto crítico según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió sobre las grietas en la lucha contra el crimen transnacional.

La falta de una integración clara entre defensa y seguridad interior generó inquietudes entre expertos, que señalaron la desconexión entre las políticas implementadas y las demandas sociales. El arribo de Javier Milei en 2023 marcó un nuevo viraje.

En un contexto de ajuste económico, los decretos 1107 y 1112 de 2024 ampliaron nuevamente el rol de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles custodiar infraestructuras críticas, actuar en el ciberespacio y enfrentar el terrorismo transnacional.

Un sector de la oposición denunció violaciones a las leyes de Defensa y Seguridad Interior, alertando sobre el riesgo de militarización interna. En 2024, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) reportó un aumento en el gasto en defensa, financiando adquisiciones como aviones F-16, vehículos Stryker y aviones P-3 Orion, además de avances en ciberdefensa.

Argentina se sumó a la OTAN como socio global y se alineó plenamente con Estados Unidos.

La "Operación Tridente" conocida en octubre de 2025, relativa a un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos en Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, desató críticas por cuestiones de soberanía, especialmente en Ushuaia, un punto estratégico para la Argentina (por el acceso a pasos marítimos importantes en términos geopolíticos, la Antártida y la cuestión Malvinas).

En materia de inseguridad, un estudio de InSight Crime (2024) reveló que Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de Sudamérica (3,8 cada 100.000 habitantes), pero los robos aumentaron a 1.068 cada 100.000, lo que representa un incremento interanual de 1,4%.

La historia reciente de Argentina evidencia carencia de continuidad en seguridad y defensa. Macri dejó la puerta entreabierta para la injerencia militar interna, Fernández la cerró priorizando modernización y Milei las reabrió con un enfoque globalizado.

El desafío es claro: Argentina debe construir un consenso político que fortalezca el Sistema de Seguridad Nacional, no comprometa la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, priorice datos objetivos, y aborde la inseguridad desde una perspectiva holística, priorizando la prevención y la contención social.

El autor es profesor de Ciencia Política especializado en Seguridad y Defensa en Estados Unidos.

El gobierno nacional publicó este lunes 29 de abril de 2024 un Decreto 370/2024 que declara bajo el término de “Secreto Militar” una adquisición de material dirigido a los “objetivos de la Defensa Nacional”.

El documento presentado en el Boletín Oficial cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Las rúbricas autorizan a la Subsecretaría de planeamiento operativo y servicio logístico de la defensa del Ministerio de Defensa a instrumentar los actos conducentes y necesarios para efectivizar las operaciones.

El texto en cuestión hace alusión al el artículo 2° de la Ley N° 23.554, del cual destaca el fragmento en el que se afirma que “la Defensa Nacional tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes”.

Además, Nación argumenta que la República Argentina requiere, por su gran extensión territorial y litoral marítimo, un Sistema de Defensa Nacional con capacidad de reacción inmediata y alcance suficiente para la reacción ante amenazas que se desplacen por el aeroespacio.

Esta presentación se da en la misma jornada en la que también se publicó la Decisión Administrativa 252/2024 del Ministerio de Defensa que aprueba el presupuesto para la compra de los 24 aviones caza Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon a Dinamarca.

La operación había recibido el primer aval con el Decreto 315/2024 publicado el 16 de abril. En esta segunda instancia administrativa, se aprueban los 301.200.000 dólares por 16 aeronaves Monoplazas y 8 aeronaves Biplazas.

La coincidencia de ambas publicaciones podría ser simplemente dicha casualidad y que el secreto haga referencia a una segunda operación que carece de voz pública o que efectivamente sean detalles de la misma adquisición.

Decreto 370/2024 by El Litoral

Decisión Administrativa 252... by El Litoral

La asistente técnica del ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe en el sur provincial, Liliana Rostom, brindó detalles a sur24 de las obras hídricas que se llevan adelante en la cabecera del departamento General López, destacando la importancia y relevancia de las mismas, recordando la devastadora inundación del año 2017, cuando el desborde de la laguna de Melincué generó grandes pérdidas en la comunidad de Melincué. 

Entre ellas, destacó el corrimiento del terraplén de defensa que separa el espejo de agua de la ruta 90, una colosal obra de 1900 metros de largo (en zigzag) con un ancho de corona de 5 metros y que requiere del movimiento y compactación de 70 mil metros cúbicos de tierra, con una inversión millonaria.  

Melincué: con diseño innovador comenzó el corrimiento de la defensa sobre ruta 90 

“Después de las grandes inundaciones que tuvo Melincué no se hizo ningún tipo de obras hasta la gestión de Omar Perotti, donde llegamos a tener hasta cinco obras hídricas juntas, de las cuales dos ya se terminaron”, disparó Rostom.  

Seguidamente, destacó que en la actualidad “estamos trabajando en el corrimiento de la defensa, una obra de altísimo impacto y costo (casi 600 millones de pesos en su inicio, monto que se actualiza todos los meses por la inflación), que además de ser necesario, va a generar un impacto estético importante por su diseño”. 

Además, la venadense subrayó que “esta es solo una de las obras que estamos ejecutando en este momento en Melincué, pero creo que es la que generará mayor impacto”, especificando que la realización consta en su mayoría de “movimientos de tierra a distancias considerables; se traen equipos de tierra, se compacta y todos los días se hacen ensayos de suelo, para saber si la densidad es la que corresponde, porque lo que se está construyendo de manera artificial es una barrera de contención, que no es más que un movimiento de tierra compostado”. 

Liliana Rostom junto a trabajadores de la empresa Río Salado en los trabajos de corrimiento de la defensa. Foto: Gentileza

La integrante del ministerio provincial que encabeza Silvina Frana informó también que “hasta el momento, se llevan colocados 11 mil metros cúbicos de tierra de un total de 70 mil”, asegurando, no obstante, que “vamos con un ritmo de obra bueno con la empresa Río Salado, pero son obras lentas. Cada vez que llueve no se puede trabajar por dos o tres días y eso va generando algunas demoras, pero la obra nunca se paró”.  

Seguidamente, la asistente técnica del sur sur santafesino enumeró otras obras, como la construcción de una alcantarilla con sistema de esclapetra “que es como una exclusa que se abre y se cierra en losmomentos que se necesita; es un regulador del agua de la laguna en un lugar donde ademásse hizo el alteo de un camino comunal. Todos estas obras, junto otras que se hicieron y se hacen, forman un conjunto de trabajos para la contención del agua de la laguna”.

Obra de alcantarillado en alteo de camino comunal realizado por P rovincia. Foto: Gentileza

Rostom también hizo hincapié en la decisión política del gobernador Omar Perotti de invertir en estas obras, acotando que “hay pocos políticos que deciden hacer obras alejadas, que no están a la vista de la gente y pasan desapercibidas donde el beneficio solo es, nada más y nada menos, que para el ciudadano”. 

“Cuando se desbordó la laguna, entró agua a los domicilios y las napas subían era un sufrimiento tremendo y salíamos todos a hacer colectas. Ropa y muebles arruinados, no había alimentos, no se podía trabajar; todo eso pasó y es una realidad y, la primera vez que se toma una decisión política de hacer una obra después de eso, es ahora”, finalizó la venadense Liliana Rostom.  

La Legislatura acelerará, en la semana próxima, el análisis de los doce pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para los cargos de conducción del Ministerio Público Fiscal (MPA) y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal con las entrevistas y la votación de esos pliegos en la Asamblea Legislativa convocada para el jueves 13, a las 13. En caso de no reunirse, será el jueves 20, a las 13, la segunda convocatoria y al día siguiente los nombramientos quedarán aprobados en firma ficta. El otro detalle es que el día 19 vencerán los mandatos de once de los doce actuales funcionarios. Sólo el fiscal regional N° 4, Rubén Martínez, tiene mandato hasta el 1° de agosto.

Este lunes, al mediodía, vencerá el plazo para presentar impugnaciones de particulares o entidades ante la Comisión de Acuerdos. La comisión, ahora presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini entrevistará el miércoles a los doce propuestos. La jornada empezará con María Cecilia Vranicich, convocada para las 9.

El día antes, la Cámara de Diputados escuchará los informes finales de gestión de la actual titular de la Defensa, Jaquelina Balangione y del MPA, Jorge Baclini. A esa reunión han sido invitados los integrantes del Senado.

Estos son los principales antecedentes de los propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar estos cargos para los próximos seis años.

María Cecilia Vranicich (51 años): propuesta como fiscal general de la provincia. Abogada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) desde el 27 de diciembre de 1996. En la función pública, fue Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente; directora provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (patronato de Liberados) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 2007 al 2011. Fue Secretaria de transformación de los Sistemas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Período en los cuatro años siguientes; personal de gabinete en la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y adolescentes de Santa Fe e ingresó al Poder Judicial, en Fiscalía General de la provincia en el año 2017, como Auditor General de Gestión del MPA, cargo que ocupa actualmente.

La postulante acredita haber finalizado el cursado y aprobado las materias de la “Maestría en Derecho Procesal”, estando pendiente la correspondiente tesina en la Facultad de Derecho de la UNR. Es docente universitaria y autora de publicaciones en revistas de derecho.

Leandro Mai (41) propuesto como auditor general del MPA. Abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, desde septiembre de 2007. Se desempeñó en el Ministerio de Educación de la Provinica desde el 2007 a 2014 y declaró haberse desempeñado como secretario en una Fiscalía Federal por un breve período. Desde septiembre de 2014 hasta diciembre de 2018 fue Subsecretario de persecución penal en el MPA en la ciudad de Reconquista y desde diciembre de 2018 a la actualidad ocupa el cargo de fiscal en la misma ciudad. Es abogado “Especialista en Derecho Procesal Penal”, habiendo aprobado la última materia el 9 de diciembre del 2020, en la Universidad Nacional del Litoral, con título en trámite. También ejerció la docencia y tiene publicaciones.

Jorge Nessier (59). Postulante para fiscal regional N° 1 en Santa Fe. Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, desde el 9 de diciembre de 2002. Ingresó al Poder Judicial con anterioridad a la obtención del título de abogado y desde diciembre de 2013 es fiscal del MPA, Desde 2015 fue designado Fiscal Regional reemplazante en esta circunscripción hasta la designación de Carlos Arietti. Especialista en Derecho Procesal Penal por la FCJS-UNL.

María Eugenia Iribarne: (54) Propuesta como fiscal regional N° 2 en Rosario. Abogada por UNR desde el 30 de julio de 1992. Ingresó al Poder Judicial antes de obtener el título y en 2020 fue designada interinamente para ejercer, como reemplazante, el cargo de Fiscal Regional de la 2da cargo que continúa ejerciendo. Fue docente en la UNR hasta 1997 y en los últimos años en el ISEP.

Matías Merlo (44) propuesto como fiscal regional N° 3, en Venado Tuerto. Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Rosario desde el 4 de febrero de 2002. Ingresó al Poder Judicial en el 2013 como fiscal del MPA en Melincué. Fue asesor jurídico del Concejo Municipal de Pérez y Secretario de Gobierno de la misma municipalidad entre los años 2011 y 2013.

Rubén Martínez (63) candidato a fiscal regional N° 4 en Reconquista. Abogado por UNL desde el 23 de diciembre del año 1982. El 30 de noviembre de 2013 ingresó al Poder Judicial. Fue fiscal y desde 2017 es fiscal regional de la circunscripción donde es propuesto nuevamente.

Además fue Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Reconquista e n el 2005; concejal en Avellaneda en el período 1989-1993 y asesor legal en cuestiones penales de sectores con vulnerabilidad Social entre 1985 a 2013, de la comuna de Romang.

Orlando Toniolo (43). Propuesto como fiscal regional N° 5 con sede en Rafaela. Abogado por la UNR desde 30 de junio del 2008. Trabajó en la Policía de la provincia desempeñándose como numerario Profesional Jurídico entre 2000 y el 2019. Su ingreso al Poder Judicial fue en el 2020, como Defensor Público Adjunto, en la ciudad de Reconquista, cargo que ocupa actualmente.

Estrella Moreno Robinson (60) candidata a defensa general del Servicio Público de la Defensa Penal. Abogada por la UNR desde el 17 de marzo de 1987. En Villa Constitución, fue abogada asesora de la UOM y apoderada de la Municipalidad. A partir de 1996 se radicó en Israel donde obtuvo matrícula profesional y ostentó el cargo de Fiscal. En el 2011, ingresó el Poder judicial de Santa Fe y desde ese año y hasta la actualidad se desempeña como Defensor Regional del Servicio Público de la Defensa Penal de la 5º Circunscripción. Cursó pos grado en la UNR y la UNL. Es docente adjunta en la Universidad Católica de Santiago del Estero delegación Académica Rafaela y tiene publicaciones, entre artículos y libros, siempre directamente relacionados con el Derecho Penal.

Jorge Miró (48) propuesto a defensor regional N° 1, sede Santa Fe. Abogado desde el 22 de mayo de 1997 de la UNL. Ingresó al Poder Judicial el 30 de noviembre de 2013. En el ámbito público, trabajó en el Ministerio de Educación desarrollando tareas como empleado y luego como asesor letrado, desarrollando labores de análisis jurídico de normativa. Luego cumplió funciones en la Asesoría Letrada de Fiscalía de Estado, donde se desempeñó como Asistente Profesional. En el Poder Judicial fue Defensor Público y desde 2017, defensor regional. Docente en la Universidad Católica de Santa Fe y en el ISEP.

Gonzalo Armas (51) Postulado para Defensor Regional N° con sede en Rosario. Abogado por la UNR desde el 19 de noviembre de 1998. Ocupó cargos en PAMI Rosario y fue asesor legislativo en las comisiones de Derechos y Garantías y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia en el 2010. Además fue secretario de Control del Ministerio de Seguridad entre 2009 y 2010; abogado de la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación (2010); auditor adjunto de la Auditoría de la Dirección de control policial de la Policía de Seguridad Portuaria; Subsecretario de Gestión y bienestar del personal de las fuerzas policiales y de seguridad ( 2011-2012) y personal de gabinete de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2012). En el año 2005 ingresó al Poder Judicial Nacional o Federal ejerciendo diversas funciones en la unidad de asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación; empleado en general de fiscalías penales), secretario de Primera Instancia y fiscal federal. Desde el 2013 y hasta la actualidad se desempeña como Defensor Público en Rosario.

María Valeria Lapissonde (52) Defensora Regional N° 4 con sede en Reconquista. Abogada por la UNR desde su título el 30 de diciembre de 1994 con ingreso en el 2013 al Poder Judicial. En la administración pública santafesina se desempeñó en la Unidad Penal de Santa Felicia del Servicio Penitenciario como asesora jurídica e Integrante del equipo social, desde el año 2003 hasta 2013. Fue defensora pública en Vera y desde 2017 defensora regional.

Carlos Flores Zanella (49). Propuesto como defensor regional N° 5 en Rafaela. Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL desde el 15 de octubre de 1998. Ingresó a la órbita del Poder Judicial en el 2013, desempeñando el cargo de Defensor Público en Rafaela (cargo que ocupa en la actualidad).

Luego de la adjudicación de las obras, en agosto del año pasado, comenzaron las obras de corrimiento de la defensa de la ruta 90, a la altura de Melincué.  

Cabe recordar que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat había informado en diciembre que la empresa Rio Salado S.R.L. llevará adelante los trabajos por un monto (inicial) de $536.972.497,47 y con un plazo de ejecución previsto en ocho meses. El objetivo es trasladar la ubicación del terraplén al sur de la ruta, hacia el área lagunar, ya que representaba un inconveniente vial para conductores, quedando habilitada una sola mano para circular. 

En los últimos días los vecinos de Melincué dejaron ver su entusiasmo y alegría por la puesta en marcha del proyecto, que tiene un curioso diseño en forma de “zigzag”, lo que permitirá que ya no sea un paredón monótono lo que separe la laguna del pueblo, sino que tendrá una impronta más sofisticada que permitirá que este espacio pueda ser visitado por los vecinos de la región y además contribuye en la rapidez de la realización, ya que de esta manera se evitó expropiar terrenos privados que existen en el lugar y se buscó la manera de hacerlo en terrenos fiscales.  

Preparativos para los trabajos de corrimiento de terraplén de defensa sobre ruta 90

En diálogo con Sur24, la delegada del citado Ministerio, Liliana Rostom, explicó que “el diseño del proyecto busca hacer la defensa por terrenos fiscales (del Estado) para no tener que demorar y entrar en el trámite legal de tener que expropiar, porque en ese trayecto hay terrenos privados; estéticamente y arquitectónicamente es muy bueno”, puntualizó. 

Además, Rostom destacó que la defensa “va a quedar muy linda, porque después va a haber un lugar de paseo y esparcimiento, con plantas e iluminación, sumando estética al lugar”. 

Posteriormente, la venadense Liliana Rostom informó sobre la licitación realizada durante la última semana de febrero en la ciudad de santa Fe, donde se abrieron los “sobres con ofertas para el mantenimiento de las dos viejas bombas de las Estaciones de Bombeo 1 y 2 y su puesta en servicio, que serán llevadas a nuevo con todo su funcionamiento”. El presupuesto para esta obra suma 144 millones de pesos y hubo un solo oferente.  

“La idea de la gente de Recursos Hídricos que está trabajando en esto es, además de hacer todas las obras, tenerlas preparadas y operativas por si en algún momento tienen que funcionar”, detalló la delegada del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe. 

Además, señaló que este es un procedimiento que “nunca estuvo ni cerca de darse en Melincué, porque además del corrimiento de la defensa de ruta 90, del nuevo puente, de la alcantarilla con exclusas y del alteo de caminos, se hace también la puesta en servicio de las dos bombas”. 

Un oferente para las obras de mantenimiento y reparación en estaciones de bombeo de laguna Melincué

Por último, Rostom subrayó que lo que se está haciendo en la cabecera del departamento General López “es un trabajo importantísimo Todas estas realizaciones se dan gracias a la decisión política del gobernador Omar Perotti”.   

Trabajos en defensa 

El secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, había explicado hace algún tiempo que la obra del corrimiento de la defensa sobre ruta 90 “tiene como propósito reemplazar las defensas precarias dispuestas sobre media calzada de esa ruta, dado que fueron realizadas durante la emergencia hídrica por el crecimiento de la laguna Melincué en 2017. Por lo que correremos la ubicación del terraplén al sur de la ruta, hacia el área lagunar”. 

Con respecto a las tareas a desarrollar, Gioria detalló que se removerá la defensa precaria para restituir la normal circulación de la ruta; se implantará el nuevo terraplén que deberá poder cerrarse en un único anillo defensivo con los terraplenes noroeste y sureste, acorde a la planificación realizada por la Secretaría durante la última emergencia. La obra en cuestión es el tan reclamado corrimiento del terraplén de la ruta 90, que trae innumerables problemas de circulación a la altura de Melincué. 

Foto: Armando Senese.

Mientras la justicia continúa investigando el reprochable accionar del fiscal Omar de Pedro, quien definió devolver a sus captores a 77 perros galgos que eran utilizados para carreras ilegales en Santo Tomé, cerca de la capital provincial, y ante el malestar de las sociedades protectoras que se habían hecho cargo de los animales, la senadora nacional, Carolina Losada, elevó un proyecto de Ley que tiene como objetivo actualizar la protección de los derechos de los animales domésticos y silvestres, así como penas más duras para quienes atenten contra ellos.

“Este caso es solo uno de los miles que hay día a día. Tenemos que estar juntos y pedirle a la Justicia que actúe con una medida ejemplar, no sólo poniendo a salvo a los galgos, sino también actuando sobre quienes negocian poniendo en peligro la vida de estos animales”.

Señalando que la Ley vigente sobre maltratos o actos de crueldad contra animales en nuestro país data de 1954, la senadora de Juntos por el Cambio, expresó la necesidad de actualizar la legislación, creando una más moderna y concreta para dotarla de mejores herramientas en la protección de los derechos de los animales ante la negligencia, la mala praxis, la crueldad y la perversidad con la que son tratados en muchos casos.

Entre otras medidas propuestas dentro del proyecto de Ley, se busca incorporar al Código Penal de La Nación los delitos contra animales domésticos y de compañía y también la figura de “Familia Multiespecie”, en donde se salvaguarden los derechos de los animales que viven en el seno de una organización familiar y se ponga de manifiesto el compromiso de las personas a cargo del cuidado de los mismos.

“Proteger los derechos de los animales tiene que ser una causa nacional. Es necesario que juntos, como Nación, nos unamos para salvaguardar estos derechos y aumentar las penas para quienes los infrinjan con cinismo y crueldad. Reconocer las vidas de los animales y sus derechos, es un gran paso hacia la convivencia fraternal, la conservación de especies y la sustentabilidad ambiental”.

La vicepresidente, Cristina Kirchner, cuestionó las “arbitrariedades” que se cometieron en el juicio por la Causa Vialidad y afirmó que “si no hubiese sido abogada, habría estado en estado de indefensión”.

“Como soy acusada, pero al mismo tiempo soy abogada, puedo hacer uso de esta etapa del alegato, por mi carácter de profesional”, sostuvo la titular del Senado.

Al exponer en el juicio oral, la principal acusada en la Causa Vialidad denunció las “arbitrariedades” que -a su entender- hubo a lo largo del proceso judicial: “Me fue negado el derecho de ejercer la defensa”.

“Esta declaración que voy a hacer ahora no es una graciosa concesión del Tribunal, sino que me asiste el Código de Procedimiento. Si no hubiera tenido la suerte de ser abogado, hubiera estado en estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, señaló Cristina Kirchner, quien contó que se sentía como “en una película en esas de juicios, en que se busca la verdad”.

Asimismo, pidió formalmente -en su rol de abogada- que “al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio”.

“Todo esto que pasó en estas jornadas lo vamos a compendiar, lo voy a subir a mis redes, para que el mundo pueda observar lo que fue este juicio. Una ventaja del Zoom, que a mí no me gustaba”, lanzó la vicepresidenta, quien advirtió que se trata de “un claro caso de prevaricato”.

En ese sentido, insistió en que “el fiscal (Diego) Luciani y el fiscal (Sergio) Mola mintieron en el alegato final de acusación”.

Al recordar la carrera política de su fallecido ex marido, Néstor Kirchner, la titular del Senado ironizó: “Militamos toda una vida para 51 obras viales”. Y agregó: “Kirchner llegó a la Presidencia de chiripa, en medio de una crisis monumental”.

“La realidad de lo que pasó no resiste esta acusación, pero sin embargo fue llevada adelante”, se quejó.

“Fuimos elegidos por el pueblo, así que no podemos ser nunca una asociación ilícita”, remarcó Cristina Kirchner, quien destacó que las obras cuestionadas estaban en la órbita de Santa Cruz y fueron juzgado por la Justicia de la provincia patagónica.

La ex mandataria consideró que la acusación de asociación ilícita “no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirrepublicana y profundamente antifederal”. “Uno es responsable por las competencias que tiene”, señaló la titular del Senado, al advertir sobre las funciones que establece la Carta Magna tanto para el Presidente de la Nación como para el Poder Legislativo.

La diputada Georgina Orciani impulsa un proyecto en defensa de las y los usuarios y consumidores que son víctimas de prácticas abusivas por parte de empresas y bancos. Son maniobras que incumplen con las normativas vigentes y que se agravaron durante la pandemia. Según las estadísticas, en el primer semestre de 2020 se habían recibido la misma cantidad de reclamos que en todo el año 2019: más de 90.000.

La iniciativa que la legisladora radical busca impulsar en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe pretende brindar contención a usuarios y consumidores que no reciben un trato equitativo y digno, tal como está plasmado en la Ley de Defensa del Consumidor.

Las prácticas abusivas que más se repiten provienen de los bancos que efectúan débitos por contrataciones que no fueron requeridas por los usuarios, particularmente con los seguros, robos de cartera y de cajero, combinado familiar. “Funcionan como una especie de imposición de un seguro por cada cuenta. Son montos no muy grandes individualmente, pero si los multiplicamos por miles de usuarios damnificados, las sumas que perciben las entidades financieras por estas prácticas es enorme”, agregó Orciani.

En el marco de la emergencia sanitaria y de las disposiciones nacionales hubo muchas denuncias de consumidores y usuarios por “malos tratos” o “tratos indignos”. “Hubo muchos casos donde se quebrantaron los derechos sociales y económicos que establecen las normas dictadas durante la emergencia”, aclaró la legisladora, haciendo alusión a situaciones en las que no se respetó el diferimiento del pago de alquileres; el incumplimiento en los servicios prestados o en los plazos de entrega; ofertas engañosas; presuntas cláusulas abusivas e

información falsa y engañosa. Solo en el período del Aislamiento y de Distanciamiento Social declarado por el Covid 19 la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores recibió más de 70.000 reclamos realizados de manera virtual de todo el país.

Otra de las prácticas abusivas que sufren las usuarias y los usuarios es la clonación o duplicación de las tarjetas de créditos. El aumento de los casos estuvo motivado por el gran crecimiento que tuvo el comercio electrónico en 2020 debido al aislamiento obligatorio. El e-commerce creció 124% respecto de 2019 con una facturación de más de 900 millones de pesos.

“Es fundamental que las y los usuarios y consumidores conozcan sus derechos como así también las prácticas que perjudican su condición, por eso es necesario tomar acción para dar respuesta a los reclamos”, finalizó la diputada isabelense.