Mauro L. Muñoz

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley 26.122, y la giró al Senado para su sanción definitiva tras cambios en el articulado del proyecto que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia, con el fin de poner límites a su uso de parte del Poder Ejecutivo.

La votación en general se saldó por 140 afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. Sin embargo, la votación en particular no logró consensos absolutos: el artículo 3° que estipulaba un máximo de 90 días para tratar un decreto fue rechazado.

Con 130 legisladores sentados en sus bancas la sesión especial abrió pasadas las doce del mediodía, con la presidencia de Martín Menem, con un amplio abanico de temas en el que el eje principal puesto el proyecto de modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes.

Luego de casi siete horas de debate se avanzó con la votación del proyecto. Resultado aprobado con la mayoría absoluta de los miembros presentes requerida según el artículo 99 inciso 3 del Reglamento de la Cámara. Pero distinto fue el resultado en el tratamiento en particular: los artículos 1,2,4,5 y 6 fueron aprobados, pero el artículo 3 -que proponía plazo de 90 días para tratar los decretos- cosechó solo 127 a favor, 90 en contra y 7 abstenciones.

De esta manera, el texto regresa al Senado con modificaciones, donde en función de ser la cámara de origen podrá insistir con la sanción original del 4 de septiembre que había resultado aprobado con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones.

Al inicio del tratamiento, ante el extenso listado de temas incluidos en la convocatoria y por falta de acuerdo en labor parlamentaria, se votó que el debate sobre los límites a los DNU sea acotado a un número limitado aunque con extensión en el tiempo para los oradores.

Unión por la Patria abrió el debate en la voz de la miembro informante, Mónica Litza, asegurando que la reforma no busca "quitarle las facultades al presidente (Javier) Milei". "¿Están mal los DNU? De ninguna manera. No es el instrumento, sino cómo se ha usado", remarcó. Y apuntó contra el abuso del libertario para gobernar "de espaldas al Congreso": "No todos los DNUs fueron iguales. Hay algunos que ampliaron derechos y otros vinieron a eliminar el Estado. Estamos orgullosos de no ser iguales y haber usado los DNU para cosas diferentes al Presidente", planteó.

Luego habló el presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto. Aseguró que el proyecto “no es iniciativa contra el Presidente Javier Milei” sino que permitirá tener “una democracia de consenso”. “La utilización desmedida del DNU, rozando materias que no son pertinentes, obligan a un debate”, agregó.

Más adelante, el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz se expresó en contra de la reforma, atribuyendo la iniciativa a una maniobra para “desestabilizar al Gobierno”. “La urgencia es una valoración política, no una valoración jurídica”, sostuvo concluyendo que "querer consagrar la caducidad automática de los DNU va contra el sistema constitucional argentino”.

La reforma a los DNU fue aprobada en general y será girada a la Cámara de origen para su revisión.

Por la Coalición Cívica, el titular de la bancada, Juan Manuel López, presentó el dictamen de minoría que labró su espacio, argumentando que “los DNU no estaban previstos en la Constitución histórica, pero ya se habían usado antes de la reforma del 94”. Repasó las gestiones peronistas indicando que "se hizo uso y abuso de los DNU con el agravante de que tenían mayorías en el Congreso” y sobre la administración libertaria señaló que “corrió una línea del DNU 70/2023”.

También se expresó a favor del proyecto la diputada del bloque Coherencia - ex integrante de La Libertad Avanza -, Marcela Pagano. “Los DNU se convirtieron en la costumbre. El Congreso no fue creado para obedecer, fue creado para controlar. Cuando el Congreso funciona la nación se fortalece, cuando se arrodilla, se apaga” afirmó desde su banca en la sesión especial.

En tanto, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, pidió que se aplique la ley de DNU a partir del 10 de diciembre. “La oposición trae una reglamentación de los DNU en términos teóricos muy positiva y necesaria, pero que intenta aplicarla en tiempo récord a uno de los gobiernos mas débiles en su representación democrática lo que no le aplicó a sus propios gobiernos, que encima tenían mayoría parlamentaria”, señaló el cordobés.

De parte del PRO, habló la diputada Silvia Giudici planteando que su espacio no permitirá que "se lleven puesto" al Gobierno con el desgaste constante que le hacen. "Los invito a pensar los que hablan de autoritarismo y tratan de convencer. Esto que tratan de votar genera un agujero financiero", afirmó.

El artículo que proponía plazo de 90 días para tratar los DNU no alcanzó la mayoría absoluta por lo que el proyecto vuelve al Senado.

Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia para Siempre, puso sobre la mesa que “es este el mejor Congreso para debatir esta ley porque fue el primero que rechazó un decreto”. “Los DNU solo pueden ser dictados en situaciones de urgencia”, enfatizó y remarcó la irregularidad del mega decreto 70/23: “No hay país que haya cambiado su sistema de Inteligencia ni tomar deuda a fuerza de decreto. Este es un debate que teníamos atragantados los republicanos”, evaluó.

Finalmente, el jefe de bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni sostuvo en una breve exposición que con esta modificación de la ley se busca "ponerle palos en la rueda a los argentinos".

El proyecto establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el trámite legislativo de blindaje a los DNU. Establece que los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es el que no prosperó este miércoles en la votación en particular de Diputados. Establece que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

Mauro L. Muñoz

Otra semana compleja para el oficialismo en el Congreso. El primer traspié fue ayer en la sesión en Diputados, donde no pudo sostener el veto en Discapacidad y con esfuerzo lo hizo en jubilaciones. El segundo ocurrió este jueves, con un nuevo revés de parte del Senado con la derogación de decretos desregulatorios del presidente Javier Milei.

La sesión fue encabezada por la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Minutos después de las once, el quórum se consiguió con la presencia de 40 senadores de los bloques de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y La Libertad Avanza.

En el inicio de la sesión, el cuerpo trató expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo vinculados a militares. Fue a través de 69 votos afirmativos que se sancionó, en general, los pedidos de ascensos para personal de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina.

La sesión fue presidida por Victoria Villarruel.

Al continuar con el temario, la oposición logró rechazar cuatro decretos desregulatorios del presidente Milei oficializadas en la última semana de sus facultades delegadas que disolvían organismos nacionales. De esta manera, el Presidente ya no podrá volver a tomar esa medida este año. Lo propio ocurrió con el DNU que incluía nuevas actividades bajo la caracterización de esenciales e incluía la categoría de trascendentales para más servicios.

La sesión siguió con el temario acordado en labor parlamentaria que incluía dos proyectos con media sanción de Diputados que, de aprobarse, se convertirán en ley: el de financiamiento universitario, que establece una actualización retroactiva del presupuesto desde enero y recomposición salarial para docentes y no docentes; y la declaración de la emergencia pediátrica, que hace eje en el funcionamiento del Hospital Garrahan, que prevé refuerzo de fondos, mejoras salariales y facilidades para la compra de insumos y medicamentos

El primero en rechazarse fue el Decreto 462/25 con votos 60 en contra 10 a favor y 1 abstención, que disolvía de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; y transformaba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

El segundo en rechazarse fue el Decreto 345/25 por 57 votos en contra, 13 afirmativos y 1 abstención, que ordenaba la disolución del Instituto Nacional del Teatro, la fusión del Instituto Yrigoyeneano y el de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y la degradación de instituciones como el Instituto Sanmartiniano, el de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Amplio acuerdo opositor para derogar los decretos de Milei.

El tercero en ser rechazado fue el Decreto 351/25 por 58 votos negativos, 12 afirmativos y 1 abstención, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El cuarto rechazo fue el DNU 340/25 por 55 votos en contra, 13 a favor y 3 abstenciones, que disponía la desregulación de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad, que en los artículos 2 y 3 imponía restricciones al derecho de huelga en actividades consideradas como servicios esenciales y trascendentales.

El quinto en ser rechazado fue el Decreto 461/25 por 60 votos negativos, 10 positivos y 1 abstención, que modificaba organismos de la Secretaría de Transporte y disolvía Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, promoviendo una reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Durante su intervención por los decretos de facultades delegadas, la senadora Juliana Di Tullio fustigó a Javier Milei: "Yo estoy segura de que el Presidente quiere suprimir el funcionamiento del Congreso nacional", apuntó y dijo que "si nosotros cedemos el poder, estamos desamparando a los argentinos y argentinas".

José Mayans apuntó duramente contra Milei. Foto: HCSN.

Luego, hizo lo propio el jefe de bancada del Frente Nacional y Popular, José Mayans, con fuertes críticas contra el presidente libertario al que trató de "estúpido" en más de una ocasión y "un corrupto que le dice que no a jubilados y discapacitados mientras coimea con medicamentos y libra". Luego extendió los cuestionamientos a los principales funcionarios de su gabinete como Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich: "Esos infelices volvieron otra vez para hacer un desastre peor".

Previamente, durante la mañana, Milei había criticado con dureza el funcionamiento del Congreso, luego de que este miércoles Diputados lograra el rechazo al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad y este jueves el Senado trate una serie de decretos que desregulan organismos nacionales.

“No vamos a negociar nuestros valores, no vamos a entregar el futuro de los argentinos a este conjunto de psicópatas”, había dicho en el Council de las Américas. Y agregó que "el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo", ya que "solo responde a sus propios intereses".

Mediante una resolución que lleva la firma del ministro de Economía, Pablo Olivares, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió prorrogar nuevamente por dos meses el funcionamiento de la Comisión Revisora que fuera creada por el Poder Ejecutivo a través del decreto N° 38 de 2023.

En dicho ámbito se analizan cada uno de los nombramientos que fueron realizados durante la gestión anterior, esencialmente en el período comprendido por los últimos seis meses de mandato, sobre la base de que ello transgrede lo estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El plazo original establecido en el decreto de diciembre y que planteaba su constitución fijaba un funcionamiento por sesenta días, que vencían el pasado 11 de febrero. En esa instancia, Economía estableció una primera prórroga por otros dos meses para dar continuidad al trabajo de revisión, extendiendo la vigencia de la comisión hasta el último 12 de abril. El 11 del corriente, nuevamente con la firma de Olivares, se amplió el plazo de trabajo de la comisión por idéntico período.

En sus considerandos, la nueva resolución plantea la necesidad de concederle nuevamente más tiempo a la comisión revisora "atento a la existencia de situaciones en instancia de revisión, y a fin de garantizar la debida defensa de los distintos agentes que pudieran encontrarse en curso" por algunas de las causales mencionadas en el decreto que da origen a la comisión en cuestión.

En dicha disposición se apuntaban a todos los nombramientos presuntamente indebidos por haberse consumado durante los últimos dos trimestres de gestión, en cuyo período no deben firmarse actos administrativos que pueda incrementar el gasto corriente de la provincia.

Asimismo, se mencionan actos y contratos celebrados que, aun cuando no hayan estado comprendidos en el período mencionado -seis meses antes del fin de gestión-, "podrían presentar vicios de ilegitimidad susceptibles de afectar su validez, por contravenir el régimen jurídico de derecho administrativo aplicable en cada caso".

La Comisión está integrada por el titular de la Sindicatura General de la Provincia, el Fiscal de Estado; y por los titulares de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública, y la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública.

A poco de asumir, la actual gestión reveló que la administración anterior cerró con la incorporación de unos "seis mil nuevos agentes" a la planta permanente del Estado. Las máximas autoridades mencionaron que entre ellos, se encontraban "funcionarios políticos y familiares de políticos". Desde entonces, se inició el período de revisión mencionado para analizar la legitimidad de cada acto y confirmar sólo a aquellos que se ajustaran a derecho.

En la misma línea, el gobierno estudia una posible adecuación de la normativa vigente para evitar que en el futuro, los nombramientos políticos de cada gestión puedan solicitar posteriormente su incorporación a la planta permanente del estado. El tema era uno de los agendados para su desarrollo en la reunión de gabinete de este miércoles.

"Sostenemos la legalidad de lo actuado. La habilitación correspondiente la proporcionó la Ley de Presupuesto 2023 votada por los distintos bloques legislativos, incluso de los que hoy están gobernando", afirmó el ex ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, al conocerse la decisión del gobierno provincial de dejar sin efecto cuatro decretos de la última semana del gobierno de Omar Perotti con pases a planta de agentes.

Son cuatro los decretos conocidos con objeciones a otros tantos decretos de la gestión anterior y que comprende a 191 agentes que -de acuerdo a la actual administración- no deben pasar a planta permanente del Estado santafesino.

Las observaciones apuntan a 24 pases en el ex Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad; 134 del ministerio de Educación; 6 del entonces ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y 27 en la Empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM.

Así el decreto 0012 deja de lado 24 designaciones de personal de la Universidad Nacional de Rafaela que cumplían funciones de capacitación sobre el programa Micaela en territorios. "Ese personal no tenía ningún vínculo jurídico previo con el Estado provincial que permita su inclusión en los términos del Decreto 0641/23" se expresa en los fundamentos.

Por el decreto 0013, se dejan sin validez el pase a planta de 134 personas al Ministerio de Educación contenidas en sendos decretos del 6 y 7 de diciembre último. "Ninguno de los agentes incluidos en las normas de referencia ha tomado posesión de los cargos respectivos", dice en parte de los considerandos. Se trata de personas que prestaban servicios en programas del Ministerio de Educación de la Nación en la provincia, la mayoría financiados por el gobierno central en tareas administrativas en Santa Fe.

En el caso del decreto 0022, alcanza a 6 personas provenientes de un acuerdo entre el ex ministerio de Producción y la fundación Potenciar por el cual ésta entidad formaba equipos de asistencia local. El contrato aclaraba que las partes manifestaban que el acuerdo "de manera alguna incorpora al profesional como empleado de la Fundación" por lo tanto no existe vínculo jurídico previo estas personas y la Administración Pública provincial.

Por último, el decreto 0023 contempla el caso 27 personas que cesaron su vínculo como contratados de la Empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables Sapem.

Pusineri destacó la validez de las designaciones en las carteras de Igualdad y de Educación. "La habilitación correspondiente la proporcionó la Ley de Presupuesto 2023 votada por los distintos bloques legislativos, incluso de los que hoy están gobernando. Las paritarias se celebraron y ejecutaron en función de ello y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal". El ex ministro de Trabajo hizo notar que los decretos no fueron objetados por el Tribunal de Cuentas.

"Los fundamentos expuestos para desvincular a trabajadores no logran superar la base de legalidad sobre la que se asientan los actos administrativos dictados por nuestra gestión. Es más, en sus fundamentos se sostiene que no se trata de la potestad autoanulatoria del Estado con lo que es evidente que no está en juego la legitimidad de aquellos actos, que se ajustan a la normativa y materializan obligaciones contraídas en el marco de la negociación colectiva, que se encuentra inscripta por la O.I.T dentro de los principios fundamentales del trabajo de reconocimiento efectivo para los Estados" le señaló a El Litoral.

En los cuatro decretos actuales firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro y los responsables actuales de las áreas: Victoria Tejeda, José Goity, Gustavo Puccini y Lisandro Enrico, se parte del dictamen de la comisión creada por el gobernador el 13 de diciembre para revisar las designaciones de los últimos meses de la gestión de Perotti.

Coinciden los cuatro decretos en que no se dio aún la efectiva toma de posesión de los 191 agentes por lo que "no está perfeccionada la relación de empleo público" y que en varios de ellos falta la firma del ministro de Economía (Walter Agosto).

"Son acuerdos derivados de la paritaria de marzo del año pasado" acotó Pusineri. "Son trámites culminados en diciembre de acuerdos de principios de año" acotó.

Son 5.400 los casos de pases a planta que están siendo analizados bajos los alcances de la comisión creada por Pullaro el 13 de diciembre bajo el decreto 0038/23. Los cuatro decretos conocidos en las últimas horas alcanzan a 191 personas que todavía no habían hecho la respectiva toma de posesión del cargo. En Casa Gris se asegura que la restricción de pases no alcanzará a personal de salud ni en el caso de educación de personal con tareas en aulas o en conducción de establecimientos. Pero también se reveló que se conocerán nuevas revocatorias según el consejo de la Comisión.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó este lunes que el aumento salarial ofrecido por el gobierno provincial, y aceptado por la casi totalidad de los gremios de la administración pública y parte de los docentes, no será liquidado a los trabajadores que pertenecen a gremios que la rechazaron. Para el caso, los docentes públicos nucleados en Amsafe y Amet. Y que así surge del juego de los dos decretos que se dictaron: uno estableciendo la pauta salarial general, y otro las excepciones.

“El día posterior al rechazo yo dije que la decisión tenía que ver con lo que es el desarrollo de una negociación, que implica oferta y aceptación. Mal puede liquidarse un aumento de sueldo a quien no lo acepta. Esa situación se sigue manteniendo hasta el presente. Trascendió el decreto 2173 que dispone la norma general, está el 2180 que establece concretamente lo que les estoy diciendo. Nada distinto de lo que vinimos informando”, explicó el funcionario, en diálogo con la prensa.

Ante la repregunta de El Litoral, Pusineri subrayó la manera en que se articulan ambas normas, luego de que la difusión extraoficial de una de ellas generase algún grado de confusión durante el fin de semana, en el sentido de que el aumento se aplicaría también a los salarios de quienes no aceptaron la propuesta.

“Hay una norma general de política salarial, el decreto por el cual se dispuso el aumento, y después en línea con lo que veníamos diciendo, se explicó que quedaba circunscripto a los que habían aceptado la oferta. Allí no hay nada de inédito. Porque no podríamos demorar el pago a los sectores que aceptaron la propuesta salarial, porque en materia laboral existe el principio de que hay que liquidar a favor del trabajador las situaciones consolidadas. Es decir, el hecho de que Sadop y UDA hayan aceptado, esto nos pone en situación de aplicar en favor de los trabajadores los aumentos que han sido aceptados”, remarcó.

Con respecto a la nueva instancia de diálogo pautada con Amsafe y UDA, el ministro destacó que “la vocación de diálogo del gobierno,  y creo que de las entidades gremiales, está vigente. Vamos a ver las alternativas en un marco en el que creo que no va a haber medidas de fuerza, lo que permite llevar adelante la negociación”.

En cualquier caso, insistió en que no habrá modificaciones en la oferta salarial. “Tenemos la aceptación de prácticamente todos los gremios de la administración pública. O sea que podemos trabajar en otros puntos de los que se han venido planteando, pero la oferta salarial es la que el gobierno efectuó, y se trata de la mejor oferta salarial que se conozca el país. Se supera la paritaria nacional, no existe otra provincia que lo haya hecho. Por eso, no vemos motivo para modificarla, porque además cumple con la premisa que nos planteamos, y supera la inflación. Nuestra vocación es que todos los docentes puedan ir percibiendo el aumento a partir del mes que viene, tenemos que ponerlo en este contexto, explicar que estamos en un contexto de mejora”.