El gobierno nacional aprobó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 del Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

El texto que llega sobre el límite del plazo establecido por la Justicia Federal, siendo este mismo miércoles 4 de febrero el último día, define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

En simultáneo, el gobierno nacional publicó el Decreto 83/2026 donde designa a los nuevos funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Con la firma del líder de La Libertad Avanza y el ministro de Desregulación, Federico Adolfo Sturzenegger, el documento pone a Alejandro Vilches en el cargo de Secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. Vilches había sido designado en agosto de 2025 como interventor de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio de las acusaciones por su intervención en una red de coimas.

A su vez, Gianfranco Scigliano será Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos y Esteban Giler Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.

El gobierno nacional autorizó el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A, la empresa que controla las centrales generadoras de energía Embalse y Atucha I y II.

Fue mediante la publicación del Decreto 695/2025 en el Boletín Oficial de Nación de este 30 de septiembre, el cual cuenta con firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta norma establece un Programa de Propiedad Participada que permitirá la venta del 44% de las acciones de NASA, manteniendo el Estado Nacional con una participación mayoritaria del 51%.

La medida en cuestión, enmarcada en la Ley N° 27.742 Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, entra en vigencia desde este mismo martes.

Según Nación, la privatización busca atraer inversores privados para mejorar la eficiencia operativa y financiar proyectos estratégicos, como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I.

El decreto detalla: “Instrúyese a NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a transferir, en el plazo de SESENTA (60) días, el CERO COMA CERO UNO POR CIENTO (0,01 %) de las acciones del capital accionario de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA al ESTADO NACIONAL -SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA”.

Además, se agrega en el texto: “Instrúyese a ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a transferir el UNO POR CIENTO (1 %) de las acciones del capital accionario de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA al ESTADO NACIONAL -SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA- previo al perfeccionamiento del procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, con base, previsto en el artículo 2°, inciso b) del presente”.

El bloque kirchnerista del Senado de la Nación presentó este lunes un proyecto de ley que frene la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), y de otros 24 senadores de la principal bancada de oposición de la Cámara alta. Además, fue presentado esta tarde durante una actividad que tuvo como escenario la sede nacional del PJ y se desarrolló bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”.

El texto tiene apenas cuatro artículos resolutivos y en el primero se declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino”. Y en clara respuesta a lo anunciado por el Gobierno, en el artículo 3 se exceptúa a Nucleoléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases, que en su articulado facultó al Poder Ejecutivo a realizar acciones de venta o cesión de empresas públicas.

En su cuarto artículo, la iniciativa “deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)”.

La UPCN Seccional Santa Fe expresa su profunda preocupación por el Decreto 273/2025, sancionado por el gobierno nacional, y su impacto negativo en el empleo privado de nuestra provincia.

Este decreto, que modifica la nomenclatura del comercio exterior y desregula la importación de bienes usados, pone en riesgo miles de puestos de trabajo, un pilar fundamental de la economía santafesina.

En nuestra provincia, sectores claves como la agroindustria, la metalmecánica y la tecnología dependen de la producción interna para sostener el empleo privado. La importación descontrolada de estos bienes podría desplazar la demanda de productos fabricados en la provincia, llevando a una reducción de la actividad económica y, consecuentemente, a despidos en empresas locales.

Nuestra entidad gremial advierte que, asimismo, la caída en la producción local no solo afectará a los trabajadores del sector privado, sino también a la economía en su conjunto, ya que una menor actividad industrial reduciría la recaudación fiscal, limitando la capacidad del Estado para invertir en áreas que sostienen indirectamente al empleo privado, como la obra pública o los incentivos a la producción

El Decreto 273/2025 prioriza la importación por sobre la industria nacional, desconociendo las necesidades de las economías regionales y podría frenar el crecimiento de la provincia, aumentando las desigualdades con otras zonas del país.

Desde UPCN Santa Fe solicitamos al Gobierno Nacional que reconsidere las implicancias del Decreto 273/2025 y abra un diálogo con los sectores productivos y gremiales para evaluar sus efectos en el empleo privado. Asimismo, apoyamos a las Provincias en la defensa de la producción, ya que la misma genera crecimiento y empleo.

El Gobierno Nacional emitió el Decreto 1084/2024, a través del cual introduce importantes restricciones sobre el uso de los bienes públicos. Esta resolución busca evitar que los recursos estatales sean utilizados para promoción personal, propaganda política o glorificación de figuras políticas, priorizando la neutralidad y el interés colectivo.

La medida, publicada en el Boletín Oficial tiene como eje principal garantizar la transparencia en la administración pública y erradicar prácticas que, según el Poder Ejecutivo, atentan contra los principios republicanos y la equidad política.

El decreto prohíbe expresamente la colocación o difusión de imágenes, símbolos o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como propaganda política en edificios, monumentos, obras públicas, oficinas y otros bienes estatales. Esta medida tiene como objetivo eliminar prácticas que promuevan la imagen de funcionarios públicos o partidos políticos mediante recursos financiados con dinero de todos los ciudadanos.

“La administración pública debe mantenerse neutral y ajena a los intereses partidarios o personales. Es fundamental garantizar que los bienes del Estado sirvan únicamente al bien común”.

Uno de los puntos más destacados del decreto es la prohibición de utilizar nombres de personalidades políticas para denominar bienes públicos antes de que hayan transcurrido al menos diez años desde su fallecimiento. Esta restricción busca evitar el uso de estas denominaciones como herramientas de autopromoción o partidismo. Además, no podrán recibir homenajes aquellas personas que hayan ejercido cargos mediante actos de fuerza contra el orden democrático y constitucional.

Esta disposición responde a la necesidad de preservar la objetividad en las denominaciones públicas, evitando que las mismas sean influenciadas por decisiones políticas momentáneas. Según el Gobierno, el tiempo permite emitir un juicio más equilibrado sobre las figuras públicas, reduciendo el riesgo de personalismos antirrepublicanos.

El decreto también habilita a cualquier ciudadano a denunciar violaciones a estas normativas a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), un mecanismo digital que busca facilitar el acceso a la justicia y promover la participación ciudadana en el control de la gestión pública.

Las infracciones a las disposiciones del decreto serán consideradas como faltas graves en el ejercicio de la función pública. Los funcionarios que las incumplan podrían enfrentar responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales, según lo establecido en las normas vigentes.

“Es fundamental que los recursos del Estado no se desvíen hacia intereses particulares o partidarios. Este decreto es un paso importante hacia la construcción de una administración más ética y transparente”.

El presidente Javier Milei oficializó la decisión de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) deje de otorgar créditos, medida implementada mediante el Decreto 1039/2024, con el objetivo de preservar la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El decreto deroga los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley 24.241, que permitían a la ANSES otorgar financiamiento con recursos del FGS tanto a beneficiarios del sistema previsional como a trabajadores aportantes.

La medida salió este lunes en el Boletín Oficial

Según el Gobierno, las tasas negativas aplicadas a esos créditos, en un contexto de alta inflación —211,4% en 2023, según el INDEC—, perjudicaban significativamente los activos del Fondo, cuyo propósito principal es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

El Presidente fundamentó que la inclusión financiera debe fomentarse a través del sector privado, que cuenta con la capacidad para ofrecer créditos de manera competitiva.

Además, el decreto aclara que el FGS debe dedicarse exclusivamente a inversiones que aseguren la preservación y rentabilidad de su capital.

La medida también busca aliviar la carga administrativa de la ANSeS y concentrar sus esfuerzos en su función principal. Desde el Ejecutivo se destacó que esta reestructuración es clave para optimizar los recursos públicos en un contexto de emergencia económica y social.

El decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, será revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la Ley 26.122 sobre decretos delegados.

Decreto 1039/2024 - Anses ... by El Litoral

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados sigue buscando masa crítica con el fin de poder llevar al recinto el debate del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el mega DNU por el cual el Gobierno nacional derogó casi un centenar de leyes y modificó alrededor de otras 300 normas.

En esa línea es que para este martes organizó una Jornada Debate en el anexo del Palacio Legislativo en donde concurrirán especialistas en derecho con el fin de intercambiar opiniones sobre la norma que rige desde hace casi cuatro meses y que, entre otras cosas, eliminó la ley de alquileres.

“Es imprescindible rechazar el inconstitucional y nocivo DNU 70/2023. Por eso, diputadas y diputados de distintos bloques de la Cámara de Diputados mañana recibiremos a constitucionalistas y especialistas del derecho”, escribió el presidente del bloque de UP, Germán Martínez.

Entre los invitados estarán los constitucionalistas Andrés Gil Dominguez, Eduardo Barcesat, Pablo Manili, entre otros. “Va a ser variopinto. La idea es convocar a todos los constitucionalistas a que vengan a exponer. Van a hablar cada uno alrededor de unos 10 minutos y luego se va a abrir a preguntas de los diputados de todos los bloques”, explicó a Infobae uno de los organizadores de UP.

En pocos días más se va a cumplir un mes desde que el Senado de la Nación rechazó el DNU que el Ejecutivo firmó el 20 de diciembre y que se está aplicando desde el 21 de diciembre del año pasado -salvo el capítulo laboral, que se encuentra suspendido por la Justicia-. Y hasta ahora Diputados no logró conseguir el apoyo necesario para avanzar también en un rechazo.

A diferencia de lo que sucedió en el Senado en donde UP pidió en varias oportunidades llevar el tema al recinto y la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, estiró los plazos, en la Cámara Baja aún no se presentó un pedido de sesión especial para llevar el DNU 70/2023 al recinto.

“El reglamento es diferente. En Diputados, juntás 10 firmas y pedís una sesión especial. Se fija día y hora y la presidencia -Martín Menem- no puede hacer nada. El que pide es quien se tiene que cargar de reunir el quórum y esa es la principal razón por la que Martínez aún no hizo el pedido, aún no junta los 129 votos”, explicó una fuente parlamentaria.

En el caso de Diputados, el bloque de Martínez conformado por 99 diputados no parece lograr romper la barrera de los 110 votos que tiene como base para avanzar en el tratamiento del Mega DNU.

El DNU es muy extenso y genera muchas controversias el punto de la reforma laboral es el único que no es de aplicación por una decisión de la Justicia. Ahora, esto podría volver a discutirse ya que el Ejecutivo está definiendo por estas horas el camino a seguir ya que podría ser incluida en la nueva ley ómnibus el mismo articulado que figura en el DNU 70.

Pero mientras el bloque peronista busca sumar voluntades que le permitan ir al recinto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 sigue en vigencia, por eso es que en el Ejecutivo cuando se habla de la Ley Bases no hay tanta ansiedad. “Mucha de las desregulaciones que se buscan en la ley bases está en el DNU que está vigente y que hoy ya parece difícil de dar marcha atrás. ¿Cómo haces con los que cerraron un contrato de alquiler desde diciembre para acá? Hay cosas que no parecen tener una solución tan simple como rechazar el DNU y listo”, explicó un legislador libertario a la hora de analizar el por qué la oposición no logra seguir la línea que se impuso en el Senado.

El Gobierno Nacional fijó este jueves la eliminación de las retenciones para una serie de productos de las economías regionales como el maní, el arroz, la industria forestal y el vino, formalizando así el reciente anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa.

El titular del Palacio de Hacienda precisó hace dos semanas que se reducirán las retenciones a un 0% para economías regionales que tengan valor agregado industrial citando, como ejemplo, el vino, mosto, arroz, tabaco, producción forestal y cáscara de citrus.

"Todos los productos que tienen un proceso de industrialización para las exportaciones, van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado", enfatizó el ministro en un mensaje en la red social Instagram.

El Decreto 462/2023, publicado en el Boletín Oficial, formaliza la eliminación de retenciones, destacando, en los considerandos, que continúa un proceso de reducción de los mismos que comenzó en 2020.

"Si bien durante los años 2020 y 2021 la alícuota del Derecho de Explotación se ha reducido, e incluso se fijó en un 0% para distintas mercaderías, aún quedan pendientes algunas modificaciones, ya que siguen existiendo productos de las economías regionales y otros, con agregado de valor respecto de sus procesos de elaboración, que continúan pagando este derecho", señalan los considerandos.

La decisión apunta a "promover las ventas a mercados externos" y "mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores", además de "fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región" y "propender a mejorar la calidad de los productos".

Entre los productos beneficiados por la eliminación de las retenciones se encuentran 348 posiciones arancelarias, entre ellas, las cascaras de cítricos, jugos y esencias cítricas; el sábalo, pescado seco, jugo de uva, vino, arroz sin cáscara parbolizado o procesado, arroz descarrillado, extracto de roble y de quebracho, tanino, papa, maní sin cascara y aceite de maní.

Los anexos del decreto aclaran que algunos productos dentro de las cadenas regionales seguirán pagando retenciones.

Entre ellos, se mantendrán derechos de exportación del 3% para el arroz con cáscara parbolizado y el arroz con cáscara común, un 2% para el arroz partido; y 3% para el pellet de maní.

Del mismo modo, el tabaco con rama o sin procesar pagará 5%, mientras que la leña abonará 4% y distintas maderas en bruto 3%.

La decisión fue celebrada por la Cámara Argentina del Maní (AM) porque "ayuda a impulsar impulsar la competitividad de una de las economías regionales más importantes en Argentina, y una de las cadenas agroindustriales que porcentualmente más exporta".

Diego Yabes, presidente de la CAM, destacó en un comunicado que estos dos productos "son exportados a más de 80 países en el mundo", compitiendo con países como Estados Unidos o Brasil "donde no existen este tipo de impuestos distorsivos y, por el contrario, reciben subsidios y reintegros para poder producir más y crecer".

En ese marco, el dirigente empresario pidió que esta decisión se transforme en una política de Estado hacia el futuro, y que "ninguna economía regional vuelva a tener retenciones".

En contraparte, la Asociación Argentina del Girasol (Asagir) lamentó hoy que la oleaginosa no haya sido contemplada dentro de la medida.

La cámara sostuvo que el cultivo se "extiende principalmente en el Norte de nuestro país, en La Pampa y el Sur de Buenos Aires, y las industrias de transformación también tienen una distribución muy regionalizada y constituye un elemento clave para el empleo industrial en sus localidades".

En ese sentido, la Asagir cuestionó que, además de la retención del 7% para el grano, se mantengan las alícuotas en la industria del procesamiento con retenciones de entre el 5% y el 7% para el aceite y los pellets, lo cual provoca que se compita "con desventaja" en el mercado internacional.

"Esto va en desmedro de la agregación de valor industrial, e impide la mejora de los precios percibidos por los productores agrícolas, resultando en un desincentivo para ampliar la superficie de producción", sostuvieron.

La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) envió este jueves una carta a la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos solicitándole que “se revea, en carácter de urgente” el decreto 841/2022, que estableció un bono de 24 mil pesos para trabajadores del sector privado.

Pide Camima “contemplar casos particulares en que los empresarios pymes no pueden afrontar ese costo”. La entidad que preside José Ammaturo recordó que representa a un sector caracterizado por ser de mano de obra intensiva.

“Queremos manifestarle los importantes inconvenientes económicos y financieros que nos produce dicha medida unilateral, llevando a muchas pymes a no poder afrontar el mismo, con las consecuencias laborales que podrá entender”.

Según el dirigente empresario, “esta medida imprevista (al igual que uno de los feriados) se establece en un mes de grandes erogaciones” para las pymes que “deben afrontar sueldos, aguinaldos, vacaciones, además de soportar en particular la carga de cuatro feriados en el mes sin poder producir”.

“Las pymes metalúrgicas entienden perfectamente las necesidades de sus empleados ante una economía que les hace perder el poder adquisitivo de sus salarios en forma constante, sabiendo además que un bono no soluciona la economía de sus trabajadores y sí complica financieramente a las empresas, principalmente a las pymes, es por ello que Camima y el resto de las cámaras metalúrgicas acabamos de firmar (simultáneamente al dictado del DNU 841/2022), acuerdos en el marco de las paritarias”.

Los empresarios metalúrgicos acordaron tanto con la UOM como con ASIMRA, un aumento de salarios anual del 110% para el período abril 2022 a marzo 2023. Los convenios contemplaron las proyecciones de inflación a futuro y superaron los porcentajes previstos.

“La industria metalúrgica cuenta con convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios. Las negociaciones paritarias han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación. La metodología dispuesta por el Gobierno afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes de trabajadores y empresarios industriales como son las paritarias”, cuestiona la carta de Camima a Olmos.

Para la cámara, el decreto del Gobierno “interfiere con acuerdos existentes” porque “hace responsable del pago de un bono a empresarios pymes, que no son los culpables de la inflación, solo sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores”.

“Solicitamos se revea en carácter de urgente los alcances de este decreto con el fin de contemplar los casos particulares que hemos señalado, en pos de una buena relación entre trabajadores y empleadores, evitando situaciones críticas económicas y financieras de las empresas, que lamentablemente tarde o temprano se reflejará en las relaciones laborales”, finalizó el escrito.

Además, Ammaturo se puso a disposición de la ministra para “generar las reuniones operativas y de articulación que considere necesarias” de manera tal de poder sentar posición de las pymes metalúrgicas argentinas.

El Gobierno nacional anunció este jueves un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino. De esta manera, a partir de su entrada en vigencia, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.

En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

Por ese tema, este jueves por la tarde el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de Casa Rosada al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y a las ministras de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

El decreto instruye además a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa “Puente al Empleo”.

Otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $ 300.000.000, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Asimismo, instruye a los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

También convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los representantes que integrarán el referido Consejo.

El Cepssc tiene como misión promover una “Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular”, con los siguientes objetivos: el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras, y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular.

Calles vacías, locales trabajando parcialmente y principalmente poca circulación de personas era la estrategia que el Gobierno nacional había planeado para este sábado 5 y domingo 6 de junio en las zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica para frenar el aumento de contagios de coronavirus generado en los últimos meses, que tensó el sistema sanitario nacional. Venado Tuerto y varias localidades de Santa Fe están dentro de este parámetro, pero en principio durante la jornada hubo muy bajo acatamiento al decreto proveniente de Casa Rosada y que tuvo adhesión provincial.

Las calles céntricas venadenses tuvieron una circulación normal y la gente se llegó hasta los comercios que acataron en parte lo decretado.

De acuerdo al Centro Comercial e Industrial, el sector respetará el cierre de las 18 horas ajustando aún más los protocolos de cuidado. En el caso de los gastronómicos, un rubro más golpeado por las sucesivas restricciones horarias, se plegaron más a las medidas, algunos con capacidad medida y otros directamente atendiendo “take away”.

Consultado por Sur24, el delegado del Ministerio de Seguridad en la región, Sergio Maidana, indicó que los controles se iban a centralizar más que nada en la circulación y en evitar las aglomeraciones innecesarias en espacios públicos, labor que se vio llevar adelante junto a personal de Control Urbano municipal, principalmente en la plaza central y en las calles Belgrano y San Martín y avenida Casey.

“Anoche se fortalecieron los controles de vehículos en Venado, Firmat y Rufino donde se pidieron certificados de circulación y se han labrado infracciones a los artículos 305 y 239 del Código Penal. Y además resaltamos que no hemos recibido denuncias de fiestas clandestinas”, detalló el funcionario.

Respecto a cómo procederá en la jornada de hoy y mañana, indicó que por la tarde verificaría si hubo incumplimientos al decreto, “pero los controles principales serán después de las 18” cuando queda prohibida la circulación de personas que no son consideradas esenciales.

“Vigilaremos principalmente la zona céntrica, la avenida Jorge Newbery y el sector de la Rotonda de 8 y 33”, señaló Maidana sobre los lugares más concurridos por los venadenses los fines de semana.

Y remarcó una vez más que “la situación sanitaria es muy grave, necesitamos pasar estos meses más complicados a medida que se va vacunando a la población” y “salir por lo estrictamente necesario”.

A la fecha, según datos oficiales en Venado hay 445 personas que transitan el coronavirus y ya son 190 los vecinos que perdieron la vida a causa de la enfermedad.

En tanto en el Hospital regional “Dr. A. Gutiérrez”, mientras se avanza en la vacunación contra el Covid, la ocupación de camas varía día a día con dos o tres plazas libres en UTI y sala común cada vez que son consultados sus directivos.

Por esta situación que se replica en otras zonas de Santa Fe, este sábado la Provincia extendió una semana más las  medidas que se aplicaron hasta ayer, es decir circulación restringida de 18 a 6, comercios abiertos hasta las 19 (en el caso de Venado), clases presenciales suspendidas hasta el 11 de junio y varias actividades suspendidas como gimnasios, clubes o celebraciones religiosas, entre las principales.