Por la publicación de un decreto del gobierno nacional referido a rutas de esa jurisdicción, El Litoral consultó puntualmente por este tema al ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico. Su reacción fue cauta y al mismo tiempo mostró interés en buscar acortar pasos para que se llegue por fin a soluciones en la práctica.

Enrico dijo que el decreto "no avanza mucho en los pedidos concretos que hicimos", desde 2024, en una serie de gestiones que se repitieron durante estos dos años y fracción de sendos gobiernos. Agregó que es "solamente un decreto que establece un nuevo marco normativo con (algunas) provincias, para que se puedan concesionar en el futuro tramos desde los estados provinciales".

Aclaró de inmediato que se establecen, además otros pasos que enumeró para mostrar que la meta reclamada por Santa Fe desde hace más de dos años, es todavía lejana: "se podrán hacer concesiones, en función de cumplir "un montón" de trámites anteriores, de alcanzar "ciertos requisitos, de firmar convenios, etcétera, etcétera".

"En concreto -concluyó- no hay nada por ahora, en cuanto a la transferencia a la provincia de Santa Fe de alguna ruta o algún tramo para poder concesionarlo", respondió el ministro.

Mayo de 2024. Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares; y de la Producción, Gustavo Puccini, en una de las gestiones de Santa Fe ante las autoridades nacionales para que se transfieran a la provincia las rutas que la Nación no repara.

Más allá de las definiciones del ministro, ahora las provincias involucradas llevan adelante una lectura técnica a fondo del decreto 253, para fijar posición. Mientras tanto, a continuación se exponen desde el análisis periodístico algunas pautas básicas para entrar en las densidades textuales del Boletín Oficial de la Nación.

Con solo recorrer el decisorio llaman la atención dos elementos: lo breve de sus fundamentos, que nunca aclaran por qué unas provincias sí son parte de la decisión y todas las demás no. Y también, que no cuente un anexo que implique un avance mayor, del tipo de los que reclama Enrico en sus declaraciones. Los artículos dicen qué se quiere hacer. Sin un anexo procedimental no se sabe cómo. Y mucho menos cuándo.

Lo dicho: Santa Fe como Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz quedan ahora habilitadas a la chance de iniciar ante las autoridades nacionales procesos administrativos para llegar a una concesión de tramos de rutas nacionales en sus territorios, siempre bajo la autoridad de la Dirección Nacional de Vialidad (1).

Es probable que los considerandos eviten exponer las razones para esa lista, por la sencilla razón de que se trata de provincias que desde hace años realizan gestiones para poder avanzar con concesiones en rutas nacionales o tomar directamente en sus manos ciertos tramos. Dar explicaciones hubiera implicado admitir el tiempo perdido (más de la mitad del plazo de la presente gestión).

Se trata de un cambio normativo general, de tipo marco, reclamado por Santa Fe desde hace años, ante el notorio abandono del mantenimiento de las rutas nacionales por parte del Estado nacional que ciertamente por primera vez plantea una solución fuera de su competencia pero que podría llegar a ser una salida.

La gestión de Javier Milei tomó como bandera el recorte presupuestario en mantenimiento vial al sostener su política de "obra pública cero" como una premisa de gobierno (y antes una promesa electoral).

Ruta 83 que une la Ruta Nacional 11 con la comunidad de La Gallareta. 

Debe además decirse que desde que se iniciaron las actuales gestiones en el orden nacional y provincial, Santa Fe lideró el reclamo que también otras provincias también llevaron adelante y que en ciertas situaciones consiguieron como moneda de cambio. Acaso fue solamente una chicana, pero en medio del juicio por la deuda previsional del Estado Nacional con la provincia, las autoridades de Balcarce 50 plantearon pagar con rutas deterioradas lo adeudado, en lugar de recursos constantes y sonantes, lo que fue obviamente rechazado.

Frente al problema vial nacional la Casa Gris apuntó a lo urgente: los trabajos que estaban en ejecución y se detuvieron por falta de pago (en la 34 por ejemplo), los tramos más deteriorados por décadas de desinversión (en la 11 al norte) y sobre todo el circuito más destrozado que rodea a los puertos del sur de la Provincia (donde además hay vías alternativas comunales y municipales que hacen más compleja una intervención). Para atender todas esas situaciones puntuales falta mucho.

Hubo numerosas reuniones que no produjeron más que partes de prensa oficiales y fotos de funcionarios sonrientes. Se sucedieron contactos entre la Nación y Santa Fe, sin éxito. Por la provincia siempre acudió el ministro mencionado, por la administración central en cambio los interlocutores cambiaron frecuentemente, lo que significó un elemento extra para no avanzar. El propio Enrico comenzó a llevar la cuenta de sus frustrantes viajes a Buenos Aires. Para enero de este año ya llevaba una docena.

(1) En 2025 la gestión del presidente Javier Milei dispuso la disolver a la Dirección Nacional de Vialidad, hasta que hasta que un recurso de amparo primero evitó avances inmediatos en la Justicia. Más tarde el Congreso nacional rechazó los decretos que ordenaban liquidar la DNV y sus bienes.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informó que se procedió a la designación interina de más de mil horas cátedra para el personal docente de las Escuelas Superiores de Enfermería dependientes de la cartera sanitaria. La medida alcanza a las sedes de Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Reconquista, San Jorge y Vera, y fue oficializada mediante el Decreto 1476/25.

El comunicado, remitido al Concejo Municipal de Venado Tuerto por la Subsecretaría de Recursos Humanos, destaca que se trata de un hecho “sin precedentes en años”, ya que se reconoce formalmente la función docente en el ámbito del Ministerio de Salud, superando el esquema precario de contratación por locación de servicios.

Según la resolución, este paso regulariza la situación laboral de profesionales de la salud que venían desempeñándose como docentes sin estabilidad, y permitirá fortalecer el sistema público de formación de enfermeros en toda la provincia.

“Este logro es el resultado de un trabajo técnico y político sostenido, producto de un equipo organizado, con planificación, palabra y compromiso institucional”, expresa la nota oficial, en la que también se subraya la gestión de la ministra de Salud y del gobernador de Santa Fe.

La medida es presentada como una señal de la orientación de la actual gestión provincial, con “organización, reconocimiento, planificación y ejecución como pilares de la transformación del sistema de salud”. Además, se informó que ya se procedió a abonar los haberes y períodos certificados correspondientes.

Finalmente, el Ministerio remitió al Concejo de Venado Tuerto un cuadro específico con los cargos docentes alcanzados en esa ciudad.

(Por Valentina Chiaraviglio e Ileana Hotschewer) - Un fallo reciente de la Corte Constitucional de Italia ha generado un giro significativo en el proceso de reconocimiento de la ciudadanía por derecho de sangre (ius sanguinis), ratificando que no existe un límite generacional para este trámite.

La decisión judicial abre una nueva esperanza para miles de descendientes de italianos, incluidos muchos argentinos, al aclarar que el vínculo de filiación es suficiente para adquirir la ciudadanía, sin importar la antigüedad del ancestro.

La medida surge en contrapeso al decreto del gobierno italiano que buscaba imponer restricciones, y refuerza la idea de que este derecho es "permanente e imprescriptible". En diálogo con El Litoral, el abogado italiano y especialista en ciudadanías, Dr. Emiliano Rosalia, junto a Valeria Fornari, periodista santafesina y también conocedora en la materia, explicaron de qué se trata este fallo.

La sentencia, emitida el 31 de julio de 2025, ha sido recibida con optimismo por expertos en el tema. Según el Dr. Rosalia, titular de Rosalia Studio Legale, la decisión es "igualmente importante e igualmente poderosa" que cualquier otra normativa. Rosalía subraya que el fallo aclara que no hay un límite generacional para el reconocimiento de la ciudadanía por ius sanguinis.

Además, la Corte aclaró que cualquier futuro intento del gobierno italiano de modificar su política de ciudadanía debe respetar la Constitución. Esto implica que no se puede quitar un derecho a quien ya lo tiene.

Valeria Fornari y el Dr. Rosalia explicaron particularidades del fallo. Crédito: Luis Cetraro

Valeria Fornari, santafesina y también especialista en el tema, enfatiza que este fallo revierte las intenciones de limitar la ciudadanía a generaciones más antiguas. "Nosotros estamos aquí para decir que esto no está terminado, al contrario", afirma Fornari. Además, sostiene que el decreto actual es "completamente injusto" y cree firmemente que "va a decaer".

El optimismo se extiende más allá del fallo de la Corte Constitucional. El Dr. Rosalia señala que, pocas semanas después de la implementación del nuevo "decreto Tajani" —que corta la posibilidad de pedir el reconocimiento de la ciudadanía—, un tribunal del sur de Italia ya había teorizado sobre su inconstitucionalidad.

Lo que es aún más relevante para los argentinos, y en particular para los santafesinos, es que el Tribunal de Torino, considerado competente para la mayoría de estos casos por las raíces piamontesas y friulanas de la región, formalizó una queja de inconstitucionalidad.

Este tribunal es el primero en Italia que no cree en la validez del decreto, y sostiene que todos los pedidos presentados antes del 27 de marzo de 2025 deberían regirse por la normativa anterior.

El fallo de la Corte y el accionar de los tribunales como el de Torino consolidan la posición de que el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia no puede ser arbitrariamente restringido. La decisión no solo impacta en los procesos judiciales pendientes, sino que también establece un precedente sólido para impugnar futuras normativas que intenten limitar este derecho.

Valeria Fornari y el Dr. Emiliano Rosalia, especialistas en ciudadanías italianas. Crédito: Luis Cetraro

Para la comunidad de descendientes, especialmente en Argentina, esto representa un alivio y una confirmación de que la fuerte relación cultural entre ambos países sigue siendo un factor clave en la defensa de sus derechos.

El Gobierno nacional oficializó este jueves mediante el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial, un mecanismo que permite a ciudadanos extranjeros recibir la ciudadanía argentina sin cumplir el mínimo de residencia, siempre que realicen una inversión calificada como “relevante” .

La innovación forma parte de la reforma migratoria implementada previamente mediante el Decreto 366/2025, que establece el concepto de “ciudadanía por inversión” como parte de una estrategia para atraer capitales al país.

Se creó una nueva agencia dependiente del Ministerio de Economía que centralizará las solicitudes de inversores. El organismo diseño, gestionará y controlará el programa de naturalización vinculado a proyectos productivos.

Una vez recibida la solicitud, la agencia evalúa la inversión conforme a criterios económicos fijados por Economía. Luego, solicita informes a organismos clave como la UIF, SIDE, RENAPER, Registro de Reincidencia, y el Ministerio de Seguridad para descartar riesgos para la seguridad nacional.

Con esos antecedentes, eleva una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver la concesión o el rechazo de la ciudadanía.

Hasta ahora, quienes aspiraban a naturalizarse debían demostrar dos años de residencia continua en el país. Eso cambia para quienes aporten capital significativo: se elimina esa exigencia si la inversión es aprobada por Economía.

El decreto refuerza también las restricciones a extranjeros con antecedentes penales, regula motivos de expulsión y limita el acceso gratuito a servicios públicos para quienes no cumplan la norma.

El umbral mínimo para acceder al beneficio sería de USD 500.000, aunque el Decreto 524/2025 deja a Economía la facultad de definir qué proyectos se consideran “relevantes”.

La medida entra en vigencia el mismo día de su publicación, lo que marca un paso inmediato para la implementación del programa.

Argentina se convierte en uno de los pocos países sudamericanos con un programa de ciudadanía por inversión. La medida busca atraer capitales, crear empleo y generar un nuevo perfil de inversor que contribuya al desarrollo económico local —aunque no sin debates sobre transparencia y alcance social.

Este jueves se oficializó la derogación del Día del Trabajador del Estado por parte del gobierno nacional, tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni.

Fue mediante el Decreto 430/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial y que cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y todos los miembros de su Gabinete de ministros.

"Sí, soy cruel. Soy cruel con los kukas, soy cruel con la casta política, soy cruel con los estatistas, soy cruel con los empleados públicos que no trabajan", declaró Milei este miércoles en un evento de La Libertad Avanza.

La medida va por encima de la Ley 26.876 sancionada en el Honorable Congreso de la Nación en 2013 determinando al 27 de junio como día no laborable. Este viernes, como el decreto llega sobre la fecha, se mantendrá el feriado “con el fin de no afectar el correcto desenvolvimiento de los trámites administrativos y de tutelar los derechos de los particulares frente a la Administración”.

El Día del Trabajador del Estado se celebra para conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio N.º 151 y la Recomendación N.º 159.

"Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano, que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que, de manera directa o indirecta, es responsable del presente y del futuro del país", argumentó este miércoles Adorni.

Dentro del documento oficial, entre los argumentos remarcan la presencia de un total de 19 feriados nacionales siendo “uno de los países con mayor cantidad de días feriados en el mundo”.

Si bien, este número varía levemente dependiendo del distrito, no es correcto. Un total de 12 países poseen más feriados que Argentina, con Chile siendo el más cercano geográficamente con 20, dentro de un ránking liderado por India con 42 y Nepal con 35. En Europa, Liechtenstein posee 22.

La contracara de este dato, en favor del argumento oficialista, es que el Día del Trabajador del Estado del 27 de junio sólo se celebra en Colombia.

En otro tramo, con posible fallo en la redacción, se remarcan los logros económicos de la gestión, pero se aclara que no afectó a todos los ciudadanos por igual: “Que tomando en consideración la situación que, más allá de los logros conseguidos en materia económica a lo largo de los últimos meses, aún hoy atraviesa un gran sector de la ciudadanía argentina, no es adecuado que la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad”.

Decreto 430/2025 by El Litoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que promete recortar drásticamente el precio de los medicamentos en el país, con reducciones que podrían llegar hasta el 90%. “Ya no toleraremos la especulación de las grandes farmacéuticas”, advirtió el republicano de 78 años.

La medida establece que el precio de ciertos medicamentos en EE.UU. se equiparará con el valor más bajo pagado por países desarrollados. “Estamos subsidiando la atención médica de otras naciones que pagan una fracción por lo mismo. Eso se terminó”, dijo Trump, en un tono similar al que usó durante su anterior presidencia (2017-2021), cuando promovió la “regla de la nación más favorecida”, finalmente bloqueada en tribunales.

Trump y sus medidas poco "liberales". Foto: Reuters

La decisión tiene resonancias internacionales. En Argentina, uno de los casos más recientes y controversiales fue el del presidente Javier Milei, quien autorizó en abril de 2024 la desregulación total de precios en el mercado farmacéutico.

Su decreto eliminó controles y acuerdos previos con laboratorios, generando aumentos de hasta un 200% en pocos meses, según la Confederación Farmacéutica Argentina. A diferencia de Trump, Milei defendió el libre mercado y se desentendió del control estatal sobre precios esenciales.

Milei, lejos de este Trump. Foto: Reuters

En el plano histórico, una de las comparaciones más cercanas a la iniciativa de Trump fue la política del presidente Richard Nixon, quien en 1971 implementó un control de precios y salarios para contener la inflación, que incluyó restricciones temporales a los aumentos de medicamentos. También Barack Obama, con su ley “Affordable Care Act” en 2010, impulsó mecanismos indirectos para reducir el costo de fármacos, aunque sin medidas tan agresivas como las actuales.

El decreto firmado por Trump, también ordena al representante comercial de EE.UU. y al secretario de Comercio intervenir para evitar que otros países manipulen precios “de forma deliberada y desleal”.

A pesar del tono combativo, Trump aclaró que tiene “gran respeto” por el sector farmacéutico. “Convencieron a la gente durante años de que este sistema era justo. Hicieron un gran trabajo para sus empresas, pero eso ya no puede seguir así”.

Los analistas se preguntan si la medida resistirá embates judiciales, como ocurrió con iniciativas similares durante su primera presidencia. De aplicarse, podría provocar una reconfiguración global del mercado farmacéutico.

La semana tuvo un punto álgido, en lo mucho malo que contuvo: desde el nombramiento de dos jueces de la Corte por mero decreto del Presidente y la abstención argentina que da la espalda a una país invadido (Ucrania) en favor del invasor (Rusia) en Naciones Unidas, pasando por la nota de tapa del New York Times que menciona al Presidente y su rol central en caso $Libra. Pero hubo otro asunto aún peor, al que bien le cuadra el término "abominable".

El miércoles se supo que no era una mentira más de las tantas que en las redes difunden fanáticos K y de LLA que el gobierno nacional había decidido volver al siglo XIX al redactar lo más importante de la norma con la que reformó a la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, no había duda, los términos "idiota", "imbécil" y "débil mental" son usados para personas con "retardos mentales" bajo el título "Psiquismo" en el anexo de la Resolución 187 publicada el 16 de enero pero descubierta recién ahora.

La explicación oficial que ha dado el Ministerio de Salud no se parece a un pedido de disculpas pese a que varios medios así lo hayan interpretado. Simplemente admite "un error (…) en un anexo" con "términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados".

En realidad, son los términos que correspondían a otros esquemas para entender a las discapacidades, y que son propios de la idea de apartar, encerrar y hasta descartar a esas personas. Más que "discontinuados" esos términos fueron superados por la ciencia y, sobre todo, por los valores sociales imperantes (hasta ahora).

Es absurdo plantear que se trata simplemente de una equivocación por el uso de una "terminología obsoleta". El descalificar a "el otro" o "los otros" es una constante del ejercicio del poder desde que Javier Milei es presidente. No hay contradicción entre lo ocurrido y su diatriba de siempre a lo que llama "ideología woke". (¿Amar a hijitos de cuatro patas no es acaso parte de esos cambios sociales?).

Ya desde la campaña electoral quedó claro: con La Libertad Avanza se agregaron al debate político palabras como "mongólico" o construcciones poéticas como "viejos meados" para descalificar a quien lo critique y tenga canas. "Cabeza de pulpo" es otro decadente aporte.

No fue una ofensa solo para las personas que necesitan de la psiquiatría. El Poder Ejecutivo Nacional trata con ciudadanos, no con súbditos, ni subordinados. A todos los argentinos está dirigido el Boletín Oficial que todavía no ha sido corregido. Se ofendió a esos ciudadanos y a quienes los queremos. Se degradó la idea de la condición humana. Al presidente le gusta la ópera y no teme mostrar su sensibilidad, se lo ha visto muy mal cuando se lo acusa livianamente de "nazi". En alguna entrevista hubo hasta un sollozo al enfrentar ese agravio. Sería bueno que desde el poder se piense en la misma escena en cada uno de los hogares donde esos términos hieren profundamente.

La cartera a cargo del ministro Lugones (¿con cual de ellos habría que emparentarlo?) bien pudo ya haber dictado a varios días de la ola de indignación reinante una nueva resolución que deje sin efecto el Anexo de la 187. Sin embargo sigue ahí, a un par de clics en internet, el texto cuya redacción ahora investiga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal. Habrá que ver si no hubo delito. La clasificación es "estigmatizante y presumiblemente contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)" y "generó "numerosas críticas por especialistas en la materia", indica ese órgano del Poder Judicial de la Nación.

La redacción del Anexo pasó el filtro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese ministerio. Así lo indican los considerandos y hasta ahora solo hubo dos remociones de funcionarias de cargos muy menores. Sigue en su puesto el director de la Agencia, Diego Spagnuolo, que firmó la resolución. De acuerdo con expertos en el tema, lo medular del cambio es que se recortan o directamente suprimen -según el caso- las ayudas y subsidios del Estado.

El argumento de que se trata de un apéndice, de un texto supletorio es rebatible: quien tenga el hábito de leer el Boletín Oficial o las leyes en general sabe que, en el ámbito de lo administrativo, muchas veces allí está lo medular de una resolución o de un decreto.

El presidente de la Nación decidió encabezar la reunión semanal del Gabinete nacional ampliado este martes en Casa Rosada, y no como viene siendo habitual los días jueves.

Luego de su viaje a los Estados Unidos -en medio del conflicto por la criptomoneda $LIBRA- donde los objetivos planteados por el Gobierno se consideran realizados, hubo asistencia perfecta en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental.

Ariel Lijo, juez federal.

Aunque una de las normas del denominado ‘triángulo de hierro’ es que no se filtren a la prensa los temas tratados en este tipo de encuentros, El Litoral pudo saber que uno de los puntos que se tuvo en consideración es la incorporación del juez Federal, Ariel Lijo y el académico, Manuel García-Mansilla, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la firma de un decreto que ya fue elaborado por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Javier Herrera Bravo.

De esta manera, ambos juristas se sumarán al principal tribunal del país -antes de la apertura de Sesiones Ordinarias del próximo sábado 1 de marzo- junto a los demás ministros de la CSJN: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Algo que ocurre tras la salida de Juan Carlos Maqueda, quien cumplió el límite de edad de 75 años. De este modo, también se completa la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco.

Recordemos que el pliego de Lijo iba a ser tratado en el Senado el viernes pasado, y aunque el oficialismo presionó con el objetivo de incorporar el tema en el orden del día, luego tuvo que retirarlo y suspender la sesión tras contabilizar que no estaban los números necesarios.

Vale aclarar que la designación a través de este mecanismo se va a extender hasta el fin del año parlamentario, es decir, por nueve meses. En el caso de Ariel Lijo, deberá renunciar a su cargo antes de integrar el tribunal supremo.

Manuel García-Mansilla, también llegaría por decreto a la Corte.

En Balcarce 50 se minimiza la cerrada negativa que la oposición ya adelantó que intentará imponer al mecanismo de nombramiento. Desde el bloque en la Cámara alta -que lidera Cristina Kirchner- ya adelantó uno de sus laderos, el formoseño José Mayans, que, si se ejecuta la designación bajo el recurso del decreto se va a pedir una sesión especial para votar la destitución del letrado.

Otros de los actores políticos que se opusieron públicamente a la nominación del magistrado de Comodoro Py fueron el expresidente Mauricio Macri y la titular del cuerpo senatorial -y actual vicepresidenta-, Victoria Villarruel.

Un antecedente, pero a la inversa, ocurrió en diciembre de 2015, cuando Macri -apenas asumido al frente de la administración de Cambiemos- nombró a Rosenkrantz y Horacio Rosatti por medio del Decreto 83. Hecho que se dio una vez confirmada la renuncia del ya fallecido Carlos Fayt y la salida, un año antes, de Eugenio Raúl Zaffaroni.

Lo cierto, es que las críticas opositoras del momento hicieron que ambos legistas aguardaran tener el aval del Senado para jurar como miembros de la Corte.

La reciente implementación del autodespacho de combustible en estaciones de servicio, establecida por el decreto 46/2025, ha generado un intenso debate entre empresarios del sector, gremios y especialistas en seguridad. La medida, que busca modernizar el expendio de combustibles y reducir costos operativos, plantea preocupaciones en torno a la seguridad, el empleo y la capacitación de los usuarios.

Uno de los principales cuestionamientos proviene del sector de seguridad industrial, que advierte sobre los peligros asociados al manejo de combustibles inflamables por parte de personas sin la formación adecuada. Especialistas señalan que el autodespacho incrementa el riesgo de accidentes por derrames, incendios y explosiones si no se toman las precauciones necesarias.

El secretario de Seguridad Industrial de la Federación de Trabajadores de Estaciones de Servicio (FOESGRA), Juan Carlos Méndez, expresó: “El manejo de combustibles requiere conocimientos específicos. En otros países donde se implementó, se han registrado incidentes por errores humanos, falta de atención o manipulación incorrecta”.

Otro eje del conflicto es el impacto en el empleo. El gremio de trabajadores de estaciones de servicio ha manifestado su rechazo al decreto, advirtiendo que miles de puestos de trabajo podrían verse amenazados. Desde el sector empresarial, sin embargo, sostienen que la medida no implicará despidos masivos, sino una reestructuración con nuevos roles enfocados en la supervisión y asistencia.

El titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Carlos Acuña, declaró: “Esta medida perjudica a los trabajadores y a la seguridad de los consumidores. No estamos en contra de la modernización, pero debe garantizarse la estabilidad laboral”.

En países como Estados Unidos y Brasil, el sistema de autoservicio es común y ha mostrado ventajas en términos de eficiencia y reducción de costos. No obstante, en naciones como Uruguay y México, la resistencia de los gremios y las regulaciones locales han impedido su implementación masiva.

Un informe de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Argentina (CECA) indica que, para evitar riesgos, se requiere una adaptación progresiva con protocolos de seguridad, capacitaciones obligatorias y sistemas de monitoreo en tiempo real.

El Ministerio de Energía defendió el decreto argumentando que el autodespacho facilitará el acceso a combustibles las 24 horas y permitirá reducir costos para los consumidores. “El modelo tradicional seguirá vigente, pero ofreceremos una alternativa más ágil y eficiente para quienes deseen cargar su combustible por cuenta propia”, explicó el ministro Diego Martínez.

Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las negociaciones entre el Gobierno, empresarios y sindicatos para definir los alcances y condiciones de implementación del decreto 46/2025.

Este viernes, en el segundo día hábil del 2025, el gobierno nacional lo declaró oficialmente como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.

Fue a través del Decreto 2/2025 publicado en Boletín Oficial este 3 de enero y que cuenta con las rúbricas del presidente Javier Milei y el canciller Gerardo Werthein.

A pesar de no poseer las firmas del jefe de Gabinete o el resto de ministros que lo conforman, el documento especifica que durante el año 2025 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.

El decreto también indica en otro artículo que “El Poder Ejecutivo Nacional realizará las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para la consecución de la reconstrucción del país”.

En un signo de eventual conciliación, a diferencia del trato durante la primera parte de la gestión, el texto invita a “los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente decreto”.

El decreto a su vez argumenta que la decisión llega luego de que “las políticas públicas adoptadas durante el transcurso del año 2024 permitieron alcanzar la estabilización de la situación macroeconómica, poniendo a nuestro país de pie y sentando las bases para que pueda avanzar al horizonte que proyectaron nuestros fundadores de la Patria”.

“Que la estabilidad económica y el desarrollo sostenible son fundamentales para el bienestar y el progreso del país, y es responsabilidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL implementar políticas coherentes y eficaces que fomenten el crecimiento económico, así como también impulsar reformas que aseguren mejorar la calidad y eficiencia de la gestión”, agrega el documento.

A pesar de que se trata de una medida de menor escala a comparación de otras nombradas como la Ley de Bases, agrega que “ratificando el rumbo establecido durante el primer año de gestión y a fines de ubicar al país en la senda de la estabilidad y el crecimiento, resulta imperioso proseguir con la implementación de aquellas reformas que harán grande a la REPÚBLICA ARGENTINA”.

Decreto 2/2025 by El Litoral

Con la finalidad de evitar la cobertura de vacantes en el Estado de manera "indiscriminada", el Poder Ejecutivo dictó un decreto que establece un nuevo procedimiento a tal fin. El texto lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y de cada uno de los ministros de su gabinete.

A partir de ahora, todas las vacancias que se produzcan serán "cooptadas" por una única jurisdicción que determinará su "indisponibilidad". Desde entonces, una comisión especial analizará la pertinencia o no de su cobertura y sólo de acuerdo con el resultado de esa evaluación, se tomará la decisión política de iniciar el trámite para cubrirla.

La jurisdicción única que "congela" la vacante es "Obligaciones a cargo del Tesoro" (se identifica como Jurisdicción 91) y el ámbito de análisis que decidirá sobre su cobertura es la "Comisión de Planificación y Diseño Funcional de la Organización", que operará bajo el ámbito de los ministerios de Economía y Gobierno. Estarán exceptuados de dicho mecanismo el régimen policial y docente.

Hasta aquí, cada vacante producida en cualquier repartición pública disparaba un mecanismo de cobertura, que debía promover el ministro del área. Pero según explicaron fuentes oficiales a El Litoral, dicho procedimiento se activaba de manera casi automática sin reparar en la real necesidad de la cobertura; esto es, sin tener en cuenta aspectos asociados a los avances tecnológicos o a los cambios de la propia organización del Estado. Se desencadenaba, además, una sucesión de ascensos para el resto de los eslabones. La práctica implicaba, asimismo, una fuerte mediación y participación de los sindicatos como "guías" a lo largo de todo el proceso; y hasta que se llegara a la instancia política de la firma del respectivo decreto.

A partir de ahora, ya no será potestad de los ministros habilitar tales procedimientos, si no se cuenta antes con una opinión favorable de la Comisión citada, que deberá estudiar cada caso y habilitar la cobertura correspondiente.

En sus considerandos, el decreto N° 1962 firmado este lunes 21 de octubre, repara en la decisión adoptada oportunamente para sistematizar los cargos vacantes a fin de "transparentar y optimizar la gestión de los mismos". Asimismo, plantea que a raíz de la reciente reforma previsional, se generó un "significativo número de vacancias, motivadas en las renuncias presentadas por los agentes para acogerse a la jubilación". Del mismo modo, se advierte que el gobierno digital obliga a "repensar las estructuras orgánicas y los puestos de trabajo actuales". Por todo ello, se considera "necesario articular un instrumental de planificación, mediante el cual la organización realice estudios de necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos". Frente a ello, se plantea, se requiere "sistematizar adecuadamente la cantidad de cargos vacantes de cada jurisdicción con el objetivo de transparentar el manejo de los mismos y elaborar pautas de cubrimientos, buscando siempre atender necesidades funcionales y la mejora de la gestión administrativa en línea con las ideas de austeridad, transparencia, innovación, digitalización, eficacia y eficiencia del Estado".

Respecto del rol de la Comisión a crearse, deberá "relevar, analizar y describir los puestos de trabajo en su ubicación organizativa; determinar perfiles de aptitudes y competencia; redistribución flexible de las personas en función de las necesidades organizativas, proyectar innovaciones estratégicas e incorporar tecnología en los diferentes procesos administrativos vinculados al diseño de las estructuras orgánica-funcionales de la Administración Pública Centralizada".

La Mesa Directiva del PRO encabezada por Mauricio Macri, se reunió este lunes para analizar la postura que adoptará en la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados, para rechazar el veto a la ley de aumento de los recursos para las Universidades Nacionales.

Tras dicha reunión, se conoció que el partido acompañará la decisión de Javier Milei de vetar la ley.

Desde las 11 y por Zoom, se llevó a cabo el encuentro del que participaron, además de Macri, los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Chubut, Ignacio Torres el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, el presidente del bloque Cristian Ritondo, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

El comunicado del PRO.

La postura asumida por la fuerza política es clave para el oficialismo para conseguir el tercio de los votos y así impedir que se rechace, en la sesión convocada del miércoles por la UCR, Encuentro Federal, y Unión por la Patria, el veto presidencial a la ley Universitaria.

El Gobierno Nacional necesita alcanzar 87 votos para blindar el decreto que rechazó esa ley, con lo cual son claves los 38 votos del PRO, aunque ya se sabe que al menos dos legisladores cercanos a Horacio Rodríguez Larreta no acompañarán la decisión presidencial.

El partido presidido por Mauricio Macri acompañará el veto de Milei.

Hasta ahora el oficialismo tiene los 39 votos de la LLA y podría sumar como sucedió cuando se confirmó el veto a la ley jubilatoria, dos diputados del MID, dos de Producción y Trabajo, uno de Creo, y tres de Independencia, y cinco radicales M, lo cual alcanzaría los 50 votos.

La comunicación oficial del partido fundado y presidido por Macri llegó pasadas las 14.30 en un texto titulado “Sobre la postura del partido en relación al conflicto universitario”.

“Hoy nos toca desde el Congreso definir nuestra posición en relación al veto del Presidente Milei sobre la ley de Financiamiento Universitario. Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo”, comunicaron.

En el año se llevaron adelante dos marchas por el financiamiento a las universidades públicas.

“Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia. Rechazamos el populismo legislativo de fuerzas como la UCR que mientras defiende el aumento de presupuesto a las universidades, rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias”, ampliaron en el texto.

Así también, en el comunicado, el PRO enumeró lo que consideran errores del gobierno en los últimos 10 meses y le pidieron a Milei tres acciones.

El presidente Javier Milei firmó anoche la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23, que establece los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial. Esta información fue confirmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La implementación de esta medida fue anunciada después del paro llevado a cabo recientemente por los gremios, lo que causó un gran perjuicio a Aerolíneas Argentinas y sus usuarios.

El presidente @JMilei acaba de firmar la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 con los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial. Mañana daremos más detalles…

“El presidente @JMilei acaba de firmar la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 con los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial. Mañana daremos más detalles…”, escribió el funcionario.

“En esta reglamentación se garantizan los derechos laborales de los trabajadores, pero se persigue evitar la extorsión de los gremialistas. Por ejemplo, se asimilan a un paro las medidas de fuerza que interrumpen los servicios disfrazados de asambleas”, precisa el escrito. Y agrega: “La realización de asambleas de cualquier tipo en ningún caso podrá ser invocada para interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada, ni, en su caso, el desarrollo normal y regular de los servicios mínimos”.

La norma “prevé medidas para garantizar un nivel mínimo de actividad ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades”, había precisado el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La reglamentación establece que la Secretaría de Trabajo será la autoridad de aplicación para garantizar el cumplimiento de la actividad civil aerocomercial como servicio esencial. “Va a prever la actuación de la Comisión de Garantías, un organismo tripartito que ya existe, para fijar las condiciones de los servicios mínimos que deberán cumplir las partes frente a un conflicto”, según dichos de una fuente gubernamental.

El nuevo paro de aeronáuticos por 24 horas comenzará este viernes a las 12.00 y se extenderá hasta el sábado a la misma hora, y afectará a más de 30.000 pasajeros.

La medida de fuerza fue dispuesta por tres sindicatos: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), luego de una asamblea conjunta.

La huelga afectará tanto a los vuelos de Aerolíneas Argentinas como a los de las dos compañías low cost que operan cabotaje en el país, además de las empresas internacionales. Por el paro de pilotos de este viernes, 183 vuelos se vieron afectados y más de 15.000 personas sufrieron las consecuencias.

El Gobierno, a través del Decreto 350/2024 publicado en el Boletín Oficial, declaró la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán" como Zona Militar, con el objetivo de incrementar la seguridad y resguardar este establecimiento estratégico ubicado en la localidad homónima del Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.

La Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán" es un establecimiento industrial de gran importancia, dedicado a la fabricación de munición y armamento para uso de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del país. La relevancia de esta planta radica en su papel estratégico para la seguridad nacional, pues su destrucción o daño afectaría significativamente la capacidad defensiva del Estado argentino.

El decreto, firmado por el presidente y sus ministros, establece que la declaratoria de Zona Militar a la fábrica permitirá a las Fuerzas Armadas diseñar e implementar un sistema de seguridad adecuado que contribuya a la protección de la integridad física de las personas y el patrimonio del Estado. Además, autoriza a las Fuerzas Armadas a dirigir el uso adecuado de los medios materiales necesarios para prevenir y reprimir delitos dentro de la zona militar establecida.

Anexo by El Litoral

La decisión de declarar Zona Militar a la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán" se toma en un contexto de emergencia en seguridad pública en la provincia de Santa Fe, tal como lo establece la Ley Provincial N° 14.237. Esta ley declara la emergencia en seguridad pública debido a los elevados índices de criminalidad, violencia e inseguridad que afectan a la vida, derechos y garantías de las personas, así como a la propiedad privada y los bienes del Estado argentino.

La provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario y sus alrededores, ha experimentado un incremento en la inseguridad y los delitos violentos en los últimos años. Este contexto genera la necesidad de adoptar medidas de seguridad más estrictas para proteger instalaciones estratégicas como la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán".

El Ministerio de Defensa, como entidad competente para determinar los objetivos y políticas en el área de defensa, ha jugado un papel fundamental en la decisión de declarar la fábrica como Zona Militar. La Ley N° 22.520 otorga competencias al Ministerio de Defensa para coordinar aspectos comunes a las Fuerzas Armadas, incluyendo aspectos administrativos, legales y logísticos, y para formular y aplicar principios y normas para el funcionamiento y empleo del Instrumento Militar.

En el mismo sentido, la Ley N° 23.554 establece la distinción entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, especificando que ambas áreas se rigen por ordenamientos legales específicos. La preservación de la seguridad interior es una obligación primaria de las autoridades militares, y la declaración de la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán" como Zona Militar busca garantizar dicha seguridad.

El decreto también instruye al Ministerio de Defensa a brindar acompañamiento jurídico y patrocinio legal a todo el personal que cumpla con sus obligaciones en acto del servicio regulado por el presente decreto, en caso de enfrentar procesos judiciales o administrativos derivados de su labor.

El establecimiento de la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán" como Zona Militar permitirá a las Fuerzas Armadas diseñar sistemas de seguridad que abarquen aspectos como organización, prevención, coordinación, reacción, neutralización y restablecimiento del orden en la zona militar. Además, esta medida contribuirá a la eficacia y eficiencia del sistema de seguridad, permitiendo a las Fuerzas Armadas actuar de manera rápida y efectiva ante posibles amenazas.

Resolución 6/2024 by El Litoral

Convocaron de forma oficial al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo martes 30 de abril.

Si bien, había trascendido la fecha durante la semana, restaba confirmación desde el Boletín Oficial. Se hizo mediante la Resolución 6/2024 publicada este miércoles 24 de abril.

El documento indica las 16:00 como horario para la sesión plenaria, con las 17:30 para la segunda sesión, a los fines previstos en el artículo 137 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias. Será mediante plataforma virtual.

Además, se designó a María Liliana Acosta, flamante subsecretaria de Trabajo y ex directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo de la Nación, como presidente alterno del Consejo del Salario.

La publicación cuenta con la firma de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación.

La convocatoria pautada para la previa del día internacional de los trabajadores, tiene el objetivo de fijar la suba en el salario mínimo de mayo y recortar algo de la pérdida contra la inflación que vienen registrando los ingresos de los argentinos.

La última vez que se llevó a cabo el cónclave entre los gremios, los empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales fue en febrero, tras varias postergaciones. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, y el Gobierno terminó definiendo un aumento del 30% en el piso salarial en dos tramos (febrero y marzo).

De esta manera, el salario inicial pasó de $156.000 a $180.000 en febrero para los trabajadores mensualizados, mientras que en marzo alcanzó los $202.800. En cuanto a los empleados jornalizados, la hora aumentó de $780 a $900 en el segundo mes del año y a $1.014 en el tercero.

Resolución 6/2024 by El Litoral

En respuesta a los recientes cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria y para garantizar una transición suave hacia el nuevo sistema, el Gobierno anunció modificaciones en las ayudas económicas previsionales. Estas medidas tienen como objetivo asegurar la protección del poder adquisitivo de los adultos mayores y ajustar las prestaciones a la realidad económica del país.

El pasado mes de marzo, el Gobierno emitió el Decreto 268/24, que establecía ayudas económicas previsionales para aquellos titulares cuyos ingresos no superaran cierto umbral. Sin embargo, debido a cambios posteriores en la fórmula de movilidad jubilatoria, se hizo necesario ajustar nuevamente estas ayudas para garantizar su efectividad y coherencia con el nuevo sistema.

Según lo dispuesto en el Decreto 282/24, aquellos titulares cuyos ingresos no excedan los $171.283,31 recibirán una ayuda económica previsional de $70.000. Esta medida busca asegurar un apoyo significativo para aquellos jubilados y pensionados que se encuentran en los rangos más bajos de ingresos, proporcionándoles una mayor estabilidad financiera en un contexto económico desafiante.

Por otro lado, para aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen el mencionado umbral, la ayuda económica previsional será calculada de manera que complemente sus ingresos hasta alcanzar un tope de $241.283,31. Este enfoque busca garantizar que todos los jubilados y pensionados reciban un apoyo adecuado, sin importar su nivel de ingresos, y que ningún beneficiario quede desatendido en este proceso de transición hacia el nuevo régimen de movilidad jubilatoria.

Estos ajustes en las ayudas económicas previsionales son parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno argentino para proteger el bienestar de los adultos mayores y asegurar que sus ingresos sean suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, el Gobierno también anunció la implementación de adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, para garantizar que los jubilados y pensionados no se vean afectados negativamente durante la transición hacia el nuevo sistema de movilidad jubilatoria.

Además, como parte de estas medidas, se concedió un incremento extraordinario del 12,5% sobre el Índice de Precios al Consumidor, lo que proporcionará un alivio adicional a los adultos mayores frente a la creciente inflación y los aumentos en el costo de vida.

Estos cambios fueron recibidos con cierto alivio por parte de la comunidad de jubilados y pensionados, quienes expresaron su preocupación por la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Sin embargo, algunos sectores señalaron la necesidad de seguir monitoreando de cerca la situación y asegurar que estas medidas sean efectivas en la práctica, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y la volatilidad financiera.

Decreto 282/2024 by El Litoral

El Gobierno dispuso modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la fórmula de movilidad jubilatoria, estableciendo que desde julio los haberes se actualizarán por inflación y que, en los meses previos, los jubilados percibirán adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgará un incremento extraordinario del 12,5%.

Así surge del DNU Nª 2024, que además no incluye al bono de $ 70.000 en la suba en el aumento de abril, sino que lo reduce, porque se mantiene con el mismo tope total de los ingresos en $ 204.445 de marzo.

Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se argumentó que "con el objeto de dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores de la República Argentina, el Estado Nacional ha tomado la determinación de modificar la actual fórmula de movilidad a fin de garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación".

A partir de dicha premisa, el Ejecutivo consideró que "es necesario establecer una nueva pauta de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".

Asimismo, sostuvo que "el cambio de componentes de la fórmula y su actualización mensual permitirán la implementación de una política eficiente de la seguridad social que considere el índice de costo de vida, logrando la plena efectividad de los derechos de la sociedad conforme el máximo de los recursos de que se disponga, de conformidad con las normas internacionales en la materia".

Al mismo tiempo, justificó el cambio por DNU en que "la urgente necesidad de modificar la fórmula jubilatoria a los efectos de lograr mantener el estándar de vida de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo poder adquisitivo y el inminente inicio del mes de abril, cuyo transcurso dificultaría el debido empalme de fórmulas dan cuenta de las circunstancias excepcionales que exigen el dictado del presente decreto".

De esta manera, el decreto estableció que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación a través del IPC oficial y determinó que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario".

Con respecto a la entrada en vigencia de la nueva fórmula, el Gobierno especificó que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta "se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024".

De cara a los meses que quedan hasta la aplicación de la modificación, el Ejecutivo dispuso que "a los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente".

Teniendo en cuenta que la próxima actualización de haberes por ley corresponde a junio, y a raíz de que "la gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes", se dispuso que "a partir del mes de abril del corriente año se concederán adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor, a cuenta del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad prevista por la Ley N° 27.609, de modo que la transición de uno a otro régimen de movilidad no implique padecimiento alguno para los adultos mayores".

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará en abril "un incremento extraordinario equivalente al 12,5 % sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024" y además "un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241".

A su vez, los jubilados percibirán "en mayo de 2024, un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241", mientras que cobrarán "en junio de 2024, un incremento, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241".

En el decreto se aclaró que los incrementos dispuestos "serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente", precisando que "una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido".

Asimismo, el Ejecutivo expresó que "en caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo, no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante".

Cómo serán los próximos aumentos

1) Los haberes de los jubilados aumentarán en el orden del 27,5% en abril a partir de la publicación del Decreto que oficializó la nueva fórmula de ajuste y la norma contiene una serie de eslabones legales que deben cumplirse, de allí a que su redacción deja abiertos algunos interrogantes.

2) Lo concreto es que desde el Ministerio de Economía confirmaron que las jubilaciones en abril aumentarán un 13,2% (inflación de febrero), más un tramo compensatorio del 12,2%, más el bono de $70.000, lo que resulta en un haber mínimo de unos $241.000.

3) Para los meses siguientes, en el bolsillo de los jubilados seguirá impactando esta forma de medir la inflación, es decir, sobre el haber base se suma la inflación. Pero la norma fue redactada con la obligación legal de mantener la fórmula de movilidad jubilatoria vigente hasta el 1° de julio.

4) En consecuencia, en los meses de mayo y junio el haber final también será ajustado por la inflación de marzo y abril (lo que se conoce cono t-2), pero la forma de llegar a ese número será la siguiente: se abonará bajo la forma de "pago a cuenta", dado que ese porcentaje deberá calcularse en base a la ley aún vigente que es trimestral. Por ejemplo, si con la ley actual el trimestre (abril, mayo junio) dio un aumento del 17% y la inflación fue del 20%, cobrarán los 3 puntos adicionales.

5) Dado que en julio ya queda derogada la ley actual, se comienza con el cálculo directo con la inflación de mayo. Lo que quedará en forma discrecional a cargo del Poder Ejecutivo será el monto de los bonos, que en caso de no actualizarse favorecerán la licuación de los haberes jubilatorios.

6) El ajuste por inflación hace que no exista ningún mecanismo para que los haberes jubilatorios recuperen el poder adquisitivo perdido. .

Con el argumento de la "urgencia" en recomponer los haberes jubilatorios, el gobierno volvió a utilizar la herramienta del DNU para definir una fórmula jubilatoria que actualiza por inflación, pero reconoce sólo 12,5% de enero, que tuvo un IPC de 20,6%. Ningún bloque opositor coincide con ese recorte del valor real de los haberes previsionales y quieren corregirlo.

Lo anticipó Maximiliano Ferraro, de HCF, durante la reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social. Pidió volver a reunirse para corregir un eventual decreto, que se anunció horas después.

La UCR también anunció que intentará subir las jubilaciones con una ley, a través de un comunicado del bloque de Diputados, que fue impulsado por los sectores vinculados a Facundo Manes y Martín Lousteau.

El PRO no quiere enfrentarse a los jubilados, su principal base electoral. María Eugenia Vidal ofrece un índice que contempla la inflación y un refuerzo retroactivo por salarios.

El Presidente no encuentra una salida a un dilema que acorraló a todos los gobiernos: cómo evitar la licuación de las jubilaciones sin sumar déficit fiscal. Tampoco puede quedarse quieto, porque la fórmula actual, que combina recaudación de ANSES y variación salarial (Ripte), se hace impagable si baja la inflación.

Pero a esto hay que sumar a la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene jurisprudencia sentada para exigir que los haberes previsionales no pierdan contra la inflación.

Trabada la posibilidad de llegar a buen puerto en el Congreso, el Gobierno Nacional promulgó un decreto que redefine la fórmula de movilidad jubilatoria, que impactará en los haberes a partir de abril.

El nuevo decreto, firmado por el Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros, establece cambios significativos en la manera en que se calculan los ajustes de las prestaciones previsionales. En lugar de basarse en un índice que combina el crecimiento de la recaudación con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el aumento de los salarios, la nueva fórmula vincula los ajustes de los haberes de los jubilados y pensionados a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este cambio es fundamental, ya que aborda de manera directa una de las principales críticas hacia la fórmula anterior: su incapacidad para proteger a los adultos mayores contra el riesgo inflacionario. De acuerdo con el Gobierno, la movilidad basada en el IPC garantizará una actualización más precisa y justa de los haberes, asegurando que los jubilados y pensionados no pierdan poder adquisitivo frente a los aumentos de precios en la economía.

Además, el decreto introduce medidas extraordinarias para mitigar los efectos negativos de la transición entre las dos fórmulas de movilidad. Se establece un incremento extraordinario del 12.5% sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024, seguido de adelantos incrementales de la movilidad correspondiente a los meses siguientes. Estas medidas tienen como objetivo garantizar que los adultos mayores no sufran una disminución en sus ingresos durante el período de transición hacia el nuevo sistema.

La urgencia de esta acción se fundamenta en la grave situación que enfrentan los adultos mayores en Argentina, quienes experimentaron una notable pérdida de poder adquisitivo debido a la fórmula de movilidad anterior. Esta crisis se ve exacerbada por la falta de un ajuste adecuado de las prestaciones en relación con el aumento del costo de vida, lo que ha llevado a una creciente litigiosidad y malestar entre los beneficiarios del sistema previsional.

El cambio en la movilidad jubilatoria también está respaldado por el marco legal internacional en materia de derechos humanos. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas afirmativas para garantizar la plena integración social, económica y cultural de las personas mayores. Asimismo, el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) insta a los Estados a revisar periódicamente los montos de los pagos destinados a la vejez en función de las variaciones del costo de vida.

Se espera que esta medida contribuya significativamente a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados, así como a fortalecer la seguridad social en Argentina.

Decreto 274/2024 by El Litoral

Por Mauro L. Muñoz

El día previo a la reunión pautada con los gobernadores, el gobierno nacional prorrogó un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, de manera que resolvió enviar a las provincias los recursos de coparticipación destinados al sistema educativo. Sin embargo, gremios docentes salieron a señalar que esta decisión "significa cero pesos en el bolsillo de los trabajadores".

La medida fue confirmada a través del Decreto 231/2024, publicado en la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial. Con la firma del presidente Javier Milei, se decretó la vigencia del artículo 7 de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que asegura que un porcentaje de los fondos coparticipables se destinen al gasto educativo.

La norma garantiza el envío de los recursos para que las provincias y municipios destinen un porcentaje específico a Educación. Aunque no implica que la Nación envíe más dinero, sino que se trata de una “asignación específica” que busca “proteger” la inversión en este área en cada una de las jurisdicciones del país.

De esta manera, según aclaró el gobierno mediante un comunicado que hizo circular la secretaría de Educación de la Nación, "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la obligatoriedad, pueden ejecutar estos fondos educativos tanto al pago de salarios, como al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa".

"Si bien el cálculo de la afectación específica determina qué monto se deduce del total de recursos coparticipables en cada jurisdicción para ser destinado a Educación, se calcula que alrededor del 25% de los fondos son los que se deben destinar a tal fin", se aclaró en el comunicado enviado a los medios de prensa.

La decisión no es una novedad en si misma pero cobra relevancia de cara a la cumbre entre el Presidente y los Gobernadores que este viernes tendrá lugar en Casa Rosada, como parte de la convocatoria al Pacto de Mayo, en el cual se busca consensuar un acuerdo fiscal en las provincias en medio del programa de ajuste nacional.

En la antesala de esta cumbre, este miércoles se llevó a cabo una reunión entre las carteras económicas de la Nación y las provincias. Allí, entre otras promesas, el Gobierno central comunicó la intención de comenzar a girar algunos fondos para actividades educativas ante el contexto de ahogo financiero que expresaron los ministros.

Esa voluntad fue expresada en los considerandos del Decreto publicado este jueves. Allí, el Poder Ejecutivo Nacional explicó que, frente a la decisión de prorrogar el mismo presupuesto que el año pasado, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias”, necesarias para “garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Aun así, la medida no significa una novedad por sí sola. Las anteriores gestiones de gobierno dispusieron sucesivas prórrogas de este artículo de la ley sancionada en 2005 con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector. La última había vencido en 2023.

Conocida la disposición, la secretaría de políticas educativas de la CGT que encabeza Sergio Romero, junto a los gremios docentes UDA, Amet, CEA y Sadop, salieron a señalar que estos recursos "significan 'cero peso' para el bolsillo".

Asimismo las entidades de representación nacional advirtieron que el Decreto 231/2024 del Poder Ejecutivo Nacional "no incorpora ni el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) ni el ítem 'material didáctico'" por lo que acusaron "una quita salarial significativa y concreta para la remuneración docente".

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/mnScmPfSil

Si bien los dirigentes celebraron que “el Poder Ejecutivo reconozca que debe garantizar el Financiamiento de la Educación en Argentina", reclamaron que el Decreto “resulta claramente parcial, escaso e incompleto” porque “se olvida de las personas que trabajamos en la educación y sostenemos el sistema”.

“Este DNU -agregaron- busca oxigenar los presupuestos educativos provinciales, con fines y objetivos específicos, en el marco de una disputa política que mantienen las jurisdicciones con el poder central de la que los trabajadores no formamos parte”.

“El Estado Nacional aparentemente cumplirá con parte de la tarea (financiar la educación) que hasta ahora buscaba eludir, pero se olvidó de los docentes que hemos sostenido el reclamo por salarios y fondos para la educación”, completaron los sindicatos.

Protesta frente al Congreso

Por otra parte, este jueves se realizó una jornada nacional de protesta por parte de la Ctera, en el marco del conflicto con el gobierno nacional ante el fracaso de las negociaciones paritarias y el desfinanciamiento del sector.

La concentración principal se realizó frente al Congreso de la Nación, y fue encabezada por la secretaría general de la entidad, Sonia Alesso, quien rechazó la "embestida del gobierno de Milei contra la educación pública, los docentes, nuestros salarios, los programas educativos nacionales y los haberes de los jubilados”.

En ese marco, Alesso explicó que durante las últimas semanas vienen llevando adelante reuniones “con varios bloques de la Cámara de Diputados de la Nación” y que ya hay “9 proyectos de ley para restituir el FONID y fondos para la educación”.

Además, se informó sobre un fallo de la Justicia que estableció que la educación “no es un servicio esencial”, y que determinó la inconstitucionalidad y el “avasallamiento” de la prohibición al derecho a la protesta, presente en el DNU del gobierno nacional.

El próximo martes los gremios docentes nacionales volverán a verse las caras con la secretaría de Educación y Trabajo dependientes del ministerio de Capital Humano, tras el cuarto intermedio pactado tras el fracaso de la última reunión para definir el mínimo salarial de los docentes de todo el país.

El Gobierno Nacional anunció la prórroga para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, conocida como Ley de Financiamiento Educativo. Esta decisión, plasmada en el Decreto Nº 231/2024, busca garantizar la continuidad de recursos destinados a fortalecer el sistema educativo nacional, ante la falta de aprobación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el presente año.

La situación se originó a principios del ejercicio presupuestario, cuando el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2024 no obtuvo la aprobación correspondiente en el Congreso de la Nación. Ante este escenario, el Gobierno emitió el Decreto Nº 88 del 26 de diciembre de 2023, en el cual se estableció que, a partir del 1º de enero de 2024, regirían las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, junto con sus modificatorias y complementarias.

Posteriormente, la Decisión Administrativa Nº 5 del 11 de enero de 2024 determinó los recursos y créditos presupuestarios correspondientes a la prórroga de la Ley N° 27.701, considerando las adecuaciones institucionales del Poder Ejecutivo Nacional establecidas por el Decreto N° 8 del 10 de diciembre de 2023.

En el contexto de estas medidas, se destaca la importancia de la asignación específica de recursos coparticipables establecida por el artículo 7° de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo. Originalmente, esta disposición preveía una asignación por un plazo de cinco años con el objetivo de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, así como contribuir a la disponibilidad de recursos en los presupuestos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con el vencimiento del plazo fijado por la Ley N° 26.075, se realizaron sucesivas prórrogas, siendo la última dispuesta por el artículo 13 de la Ley N° 27.701. La asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar la inversión en educación a nivel provincial, destinando fondos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa.

La dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 26.075 generó preocupación, ya que impide la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir con los objetivos de financiamiento educativo. Esto afecta directamente la situación económica de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular en lo que respecta al respaldo financiero del sistema educativo.

En este contexto, el Gobierno Nacional considera necesario e urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga establecida, con el fin de garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional. La naturaleza excepcional de la situación planteada hace que sea imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de leyes.

En respuesta a esta urgencia, el presidente de la Nación argentina, en acuerdo general de ministros, emitió el presente decreto en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.

El decreto establece la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias. El objetivo principal es asegurar el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educativa.

La medida busca garantizar la continuidad de la asignación específica de recursos coparticipables, contribuyendo así a mantener y mejorar las condiciones educativas en todo el país. Sin embargo, la aprobación de esta medida excepcional está sujeta al pronunciamiento de la Comisión Bicameral Permanente, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso de la Nación respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Decreto 231/2024 by El Litoral