La Justicia condenó a nueve años de prisión a Fabián Alejandro Suárez, un hombre de 34 años acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina cuando la víctima era una niña, en la ciudad de Venado Tuerto.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Belén Vidal, luego del juicio oral y público que comenzó el 23 de julio y en el que Suárez fue juzgado por hechos calificados como abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino la fiscal Débora Valentín, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Mauro Javier Blanco.

Los hechos investigados

Según sostuvo la Fiscalía durante el debate, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía alrededor de seis años y se habrían producido en una cantidad indeterminada de oportunidades.

La acusación planteó que Suárez se aprovechaba del vínculo familiar y de la confianza generada en situaciones en las que acompañaba a su pareja a cuidar a la niña y a su hermano.

De acuerdo con la teoría presentada por el MPA, el acusado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su sobrina para someterla a distintas conductas de contenido sexual.

La Fiscalía también describió otros episodios en los que Suárez llevaba a la niña hasta otro domicilio mediante diferentes excusas y allí continuaban los abusos.

El planteo de la Fiscalía

Durante su alegato de apertura, Valentín sostuvo que la prueba permitiría acreditar que el acusado actuó aprovechándose de la confianza y de las circunstancias de cuidado de la niña.

Para la representante del MPA, las conductas atribuidas a Suárez fueron prematuras e impropias para la edad de la víctima y tuvieron incidencia sobre su desarrollo sexual.

La fiscal consideró que durante el proceso quedaron acreditados tanto los hechos de abuso sexual como aquellos vinculados con la promoción de la corrupción de menores.

En función de esa acusación y del cuadro probatorio presentado durante el debate, la Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión.

El desarrollo del juicio

El juicio oral comenzó el 23 de julio ante un tribunal unipersonal encabezado por la jueza Vidal.

Suárez participó presencialmente desde el inicio de las audiencias y fue informado de sus derechos y de la posibilidad de declarar durante el proceso.

Cuando prestaron testimonio los padres de la víctima, el acusado fue retirado de la sala principal y siguió las declaraciones desde un espacio contiguo. Allí pudo mantener contacto con su abogado defensor y proponer preguntas para los testigos.

Durante las audiencias se incorporaron los testimonios y demás elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación.

La condena

Tras analizar las pruebas producidas durante el juicio, la magistrada consideró acreditada la responsabilidad penal de Suárez.

En consecuencia, resolvió condenarlo como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

Si bien la Fiscalía había reclamado 14 años de cárcel, finalmente la jueza estableció una pena de nueve años de prisión.

De acuerdo con la parte resolutiva del fallo, las figuras penales por las que fue condenado fueron consideradas en concurso ideal.

Alexander B. quedó en prisión preventiva en Venado Tuerto, acusado de haber ingresado a una vivienda y sustraído una bicicleta rodado 29. La medida fue solicitada por la fiscal Débora Valentín, quien remarcó que el imputado tenía vigente una condena de tres años de prisión de ejecución condicional dictada en mayo pasado.

El robo y las cámaras de seguridad

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho ocurrió el 5 de agosto de 2026, alrededor de las 17:50, en una vivienda ubicada sobre calle Ulises Giacaglia, en Venado Tuerto.

Según la reconstrucción fiscal, Alexander B. habría abierto la puerta de ingreso de la propiedad y entrado al inmueble, donde se apoderó de una bicicleta rodado 29, marca Gribón, de color negro y verde, que se encontraba en el porch.

La propietaria advirtió lo sucedido al revisar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en su casa. Siempre según la acusación, a partir de esos registros logró reconocer al sospechoso.

Horas después, aproximadamente a las 23, un hermano de la víctima interceptó al acusado en la zona de las calles Libertad y Lola Mora.

El joven permaneció retenido en el lugar hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes concretaron su aprehensión.

La imputación

La audiencia imputativa se realizó el 7 de agosto en Venado Tuerto. La fiscal Débora Valentín atribuyó a Alexander B. la presunta autoría de los delitos de hurto simple y violación de domicilio en concurso real.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la abogada Antonela Dalzotto, del Ministerio Público de la Defensa.

Una condena condicional que estaba vigente

Uno de los elementos centrales considerados por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva fue la situación penal previa del acusado.

El 8 de mayo de 2026 había sido condenado, mediante un procedimiento abreviado homologado judicialmente, a tres años de prisión de ejecución condicional. También se le habían impuesto reglas de conducta por un plazo de tres años.

De esta manera, el episodio investigado ahora habría ocurrido menos de tres meses después y mientras aquella condena estaba plenamente vigente.

Por qué se ordenó la prisión preventiva

Valentín solicitó que Alexander permanezca detenido durante el desarrollo de la investigación. La fiscal argumentó que la prisión preventiva era la medida cautelar adecuada para garantizar su sometimiento al proceso y neutralizar los riesgos procesales que consideró acreditados.

Finalmente, la Justicia hizo lugar al planteo del Ministerio Público de la Acusación y dispuso la prisión preventiva del joven.

Un hombre fue condenado en Venado Tuerto a un año y tres meses de prisión efectiva por amenazar con un arma blanca a su expareja, resistirse a un procedimiento policial e incumplir reiteradamente una orden judicial de “acercamiento”. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado y también incluyó la declaración de reincidencia.

El condenado es Diego Fernando Estévez, quien fue considerado autor de amenazas calificadas por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y cinco hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Amenazas y resistencia

El primero de los episodios ocurrió durante la tarde del 22 de junio de 2025, cuando Estévez se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Venado Tuerto.

Según consta en la investigación, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Su intención era llevarse a sus hijos, quienes se negaron a acompañarlo.

Ante esa situación, amenazó a la mujer mientras le exhibía una navaja de color marrón. La víctima pidió ayuda mediante una llamada al 911 y, minutos después, arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico.

Estévez desobedeció las indicaciones de los agentes, los insultó y arrojó golpes de puño contra los uniformados. Luego escapó, aunque fue detenido poco después por otro móvil policial que había llegado en apoyo.

Prohibición de acercamiento

Al día siguiente del episodio, el Juzgado de Familia de Venado Tuerto dictó una prohibición de acercamiento por 180 días respecto de la expareja del acusado.

La medida también impedía cualquier tipo de comunicación telefónica o mediante mensajes y establecía la suspensión provisoria del régimen de contacto con sus hijos.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el hombre incumplió la resolución judicial en cinco oportunidades durante julio de 2025. Los contactos se realizaron a través del teléfono utilizado por uno de sus hijos y tenían como objetivo comunicarse con otra de las niñas.

Las llamadas fueron efectuadas desde la Alcaidía de Melincué donde el acusado se encontraba alojado bajo prisión preventiva.

Acuerdo homologado

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Débora Valentín.

El acuerdo de procedimiento abreviado contó con la conformidad del imputado, de la defensora pública Melisa Verónica Andreatta y de la víctima. Finalmente, fue homologado por el juez Adrián Godoy, luego del correspondiente control de legalidad.

Estévez reconoció su responsabilidad penal en los delitos atribuidos y aceptó la pena acordada por las partes.

Prisión efectiva

El magistrado condenó al acusado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el uso de arma blanca y desobediencia a la autoridad reiterada en cinco hechos.

Todos los delitos fueron considerados en concurso real. Además, el fallo dispuso la declaración de reincidencia del condenado.

Comenzó este jueves el juicio oral y público contra Fabián Alejandro S., de 34 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. La fiscal Débora Valentín, solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según la acusación, los hechos se prolongaron durante aproximadamente un año y habrían ocurrido tanto en la vivienda donde residía la víctima con su madre como en el domicilio del propio imputado. El Ministerio Público de la Acusación sostiene que Fabián Alejandro S. se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con la nena —en su carácter de pareja de una tía de la víctima— para cometer los abusos.

La causa, caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima" fue iniciada por la entonces fiscal Andrea Cavallero —hoy jueza— y continuada por Valentín. La imputación de cargos se formalizó el 11 de junio de 2024, con la defensa del acusado a cargo de la Dra. Silvia Couselo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos fueron calificados como gravemente ultrajantes en atención a sus características y a la normativa vigente al momento de su comisión, previa a la reforma introducida por la Ley N° 27.352 en 2017.

En la audiencia de este jueves, la Fiscalía comenzó a incorporar como prueba la evidencia recabada durante la investigación, con el objetivo de acreditar ante el tribunal la responsabilidad penal del acusado en los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

El debate continuará en los próximos días.

La fiscal Débora Vanesa Valentín solicitó 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L., acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su expareja. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, mientras el imputado convivía con la víctima y su madre.

La investigadora sostuvo que el acusado se habría aprovechado de la situación de convivencia y del vínculo familiar para cometer los abusos, generando un grave daño en la salud mental de la menor.

Denuncia que inició la investigación

La causa comenzó a partir de la denuncia presentada el 27 de agosto de 2024 por la madre de la víctima ante el Centro Territorial de Denuncias de Venado Tuerto.

Según consta en el expediente, la mujer relató que la menor le había contado los abusos y que esto le generó preocupación por su estado emocional. La madre solicitó que se adoptaran medidas para impedir nuevos acercamientos del acusado hacia ella y sus hijos.

Evidencias y testimonios

Durante la investigación, se recopilaron declaraciones de familiares, docentes, asistentes sociales y profesionales de la salud mental, además del testimonio de la menor en Cámara Gesell.

La Fiscalía destacó que la víctima se encontraba en una situación de absoluta vulnerabilidad, dada su edad y el vínculo de autoridad afectiva que mantenía el imputado dentro del hogar, lo que agrava la conducta delictiva.

Desobediencia judicial

Además de los abusos, el sujeto fue imputado por desobedecer una resolución judicial del Juzgado de Familia de Venado Tuerto que le prohibía acercarse y mantener contacto con su expareja.

Según la investigación, el acusado habría enviado mensajes por Facebook y WhatsApp a pesar de la restricción, hechos denunciados ante la Comisaría de la Mujer.

Calificación legal y pedido de pena

La Fiscalía encuadró los hechos en abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por el daño en la salud mental de la víctima, corrupción de menores agravada y desobediencia al mandato judicial.

Al fundamentar la solicitud de pena, la fiscal Valentín resaltó la gravedad de los hechos, la reiteración de los abusos y el impacto psicológico sobre la menor. Por ello, solicitó 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L.

Un joven de Villa Cañás fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional en el marco de un procedimiento abreviado, luego de aceptar su responsabilidad en una serie de hechos vinculados con amenazas, lesiones, daños, violación de domicilio, desobediencia a la autoridad y violencia de género.

Se trata de Mauro Nicolás Gallego, de 32 años, oriundo de Venado Tuerto y domiciliado en Villa Cañás. La pena fue acordada entre la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Débora Valentín, la defensora pública Antonela Dalzotto y el propio acusado.

Al no registrar antecedentes penales, la sanción fue fijada bajo la modalidad condicional. Esto significa que no será alojado en una unidad penitenciaria, aunque deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta. En caso de incumplirlas, su situación judicial podría agravarse.

Episodios de violencia

La investigación reunió distintos hechos ocurridos en Villa Cañás. Según el expediente, el primero de los episodios se registró el 9 de noviembre de 2024, cuando el acusado pasó en moto frente al domicilio de una ex pareja y la amenazó a los gritos, junto a su actual pareja y sus hijos.

Otro de los hechos atribuidos ocurrió el 21 de noviembre de 2025, en una vivienda ubicada en la zona de calles 49 y 62. Allí, de acuerdo con la acusación fiscal, Gallego agredió físicamente a otra ex pareja cuando la mujer intentaba retirarse del lugar junto a una bebé.

La víctima sufrió golpes en las costillas, en el rostro y otras lesiones consideradas leves. La fiscalía sostuvo que el ataque se dio en un contexto de violencia de género y que el acusado llegó a impedirle salir de la vivienda.

Desobediencia

El expediente también incluyó episodios posteriores en los que el acusado habría incumplido medidas dispuestas por el Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Villa Cañás.

Una de esas situaciones ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando el hombre se acercó a su ex pareja en una plaza de la ciudad, pese a tener vigente una prohibición de contacto violento u hostil. Según la acusación, la insultó, la tomó del brazo y le escupió el rostro.

Ese mismo día, durante la madrugada, también se le atribuyó haber roto el vidrio de una ventana trasera de la vivienda de la mujer. Para la fiscalía, esa conducta constituyó un nuevo incumplimiento de las restricciones judiciales vigentes.

Días después, el 20 de diciembre de 2025, Gallego volvió a ser señalado por ingresar sin autorización al domicilio de la misma ex pareja. Según el expediente, entró en estado violento y agresivo mientras buscaba a la mujer por distintos ambientes de la casa.

Agresiones a familiares

La causa sumó además un grave episodio ocurrido el 7 de febrero de 2026, alrededor de la medianoche, en una vivienda de calle 46 Bis al 600 de Villa Cañás.

De acuerdo con la acusación, el joven ingresó violentamente a la casa donde se encontraban su madre, la pareja de ella y otros familiares. Allí provocó daños, amenazó de muerte a los presentes y agredió físicamente a varias personas.

Como consecuencia de ese ataque, dos víctimas sufrieron lesiones leves y una tercera resultó con lesiones graves. La fiscalía también le atribuyó haber exhibido un cuchillo en la vía pública en actitud intimidatoria.

Esa misma madrugada, cerca de la 1.30, el acusado fue vinculado con otro hecho de violación de domicilio y daños, tras ingresar sin autorización a una vivienda ubicada en la intersección de calles 49 y 62 bis, mediante la rotura de una puerta y vidrios de una ventana.

Calificación legal

Los hechos fueron encuadrados como amenazas simples y calificadas, lesiones leves dolosas, lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones graves dolosas agravadas por violencia de género, desobediencia a la autoridad, violación de domicilio y daños.

Para definir la pena, se valoraron como agravantes la reiteración de los hechos, el vínculo con algunas de las víctimas, el contexto de violencia de género y el daño causado al entorno familiar.

Como atenuante, se tuvo en cuenta que Gallego no registraba antecedentes penales.

Reglas de conducta

Durante tres años, el condenado deberá fijar domicilio en la localidad de Santa Isabel e informar cualquier cambio a la Fiscalía y a la Oficina de Gestión Judicial.

También deberá abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos.

Además, tendrá prohibido acercarse o contactar por cualquier medio a las víctimas mencionadas en el expediente. Tampoco podrá hostigarlas mediante llamadas, mensajes o redes sociales.

Otra de las obligaciones impuestas es la prohibición de portar o tener armas de cualquier tipo.

Un hombre de Venado Tuerto, identificado como Lucas N., seguirá detenido al menos 60 días más, acusado de golpear brutalmente a su hijastra en Lavalle al 1.200 en plena vía pública. La resolución fue tomada por el juez Leandro Martín, quien ratificó la prisión preventiva luego de considerar los antecedentes del imputado y la necesidad de proteger a las víctimas.

Lucas N. había cumplido recientemente una condena de tres años por violencia de género contra su pareja, quien también es madre de la víctima actual. La fiscal Débora Valentín se opuso a la liberación del imputado, señalando que representa un riesgo para las víctimas y podría entorpecer la investigación.

Antecedentes y riesgo procesal

En 2023, Lucas N. fue condenado mediante procedimiento abreviado por violencia contra Claudia M., madre de la víctima. La mujer declaró que vivió con miedo durante la relación y consideró prudente que él no pueda ingresar a la ciudad.

Además, el acusado enfrenta otras causas por infracción a la ley 23.737 y registros de violencia hacia otras parejas, lo que refuerza la decisión de mantenerlo detenido. La fiscalía destacó que, de ser condenado en el nuevo proceso, la pena sería de cumplimiento efectivo, lo que aumenta el riesgo de fuga.

Hechos y pruebas

El ataque ocurrió frente a varios testigos, quienes relataron que el acusado golpeó a la joven y le arrojó su celular al piso. La víctima, identificada como Jazmín, quedó tendida en la calle con sangrado en el oído, siendo asistida por vecinos hasta la llegada del servicio de emergencias.

El 911 recibió tres llamados alertando sobre la agresión, y videos aportados por vecinos muestran la brutalidad del ataque. Testigos relataron el notable estado de angustia de la joven durante todo el hecho.

Resolución judicial

La defensa había solicitado alternativas a la privación de libertad, pero la fiscalía argumentó que ningún otro recurso neutralizaría adecuadamente los riesgos de fuga o presión sobre testigos. Por ello, el juez Martín resolvió mantener la prisión preventiva, asegurando la protección de las víctimas y el normal desarrollo de la investigación.

Dos jóvenes de Venado Tuerto fueron imputados tras protagonizar disturbios en el bar “Shaddai” y agredir a personal policial que acudió al lugar. Se trata de Franco Manuel M. (27 años) y Gabriel Jesús T. (36), quienes quedaron bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

Qué pasó en la noche del 2 de mayo

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 del 2 de mayo en calle Santa Fe N.º 1040. Según la fiscal Débora Valentín, los acusados estaban ocasionando disturbios en el local comercial y posteriormente se mostraron hostiles cuando llegaron los policías del Comando Radioeléctrico: desobedecieron órdenes, empujaron a los agentes y profirieron agresiones verbales, resistiendo finalmente su detención.

La calificación penal

En esta primera etapa, la conducta de ambos se encuadra en el delito de “resistencia a la autoridad”, según lo explicó la fiscal en la audiencia formal de imputación.

Medidas alternativas a la prisión preventiva

Para que puedan continuar el proceso sin ir a la cárcel, se establecieron varias condiciones:

El procedimiento se inició el 29 de marzo de 2026, alrededor de las 19, en la intersección de Lavalle y Avellaneda, en Venado Tuerto, donde personal del Comando Radioeléctrico detuvo la marcha de una motocicleta en la que se trasladaban dos hombres.

Los involucrados fueron identificados como Sergio David C., de 45 años, quien conducía el rodado, y Josué Alan L., de 28, que viajaba como acompañante.

Según consta en la imputación, durante la requisa se secuestraron envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, junto con un paquete compacto de mayor tamaño, los cuales eran transportados por Josué en una riñonera.

Medidas investigativas y allanamientos

A partir del procedimiento, se dispusieron allanamientos en domicilios vinculados a los imputados, realizados el 30 de marzo.

En la vivienda de Josué, ubicada en Pasaje Gatti al 2500, se incautaron recortes de material plástico compatibles con el fraccionamiento de estupefacientes.

Por su parte, en el domicilio de Sergio David C. en calle Junín al 1600, se secuestraron una sustancia vegetal compatible con marihuana, semillas, recortes de nylon y una balanza de precisión, elementos que —de acuerdo a la investigación— resultan indicativos de actividades de comercialización.

Audiencia imputativa y calificación legal

La audiencia imputativa se llevó a cabo el 1 de abril y fue encabezada por la fiscal Débora Valentín, del Ministerio Público de la Acusación.

A ambos se les atribuyó, en carácter de coautores, el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, conforme a la calificación legal provisoria dispuesta en esta etapa del proceso.

La fiscalía sostuvo que tanto la modalidad de acondicionamiento de la sustancia secuestrada como los elementos hallados en los domicilios constituyen indicios suficientes de una finalidad de venta.

Prisión preventiva

Tras la formulación de cargos, el juez interviniente resolvió dictar la prisión preventiva de los imputados, medida cautelar que se mantendrá mientras avanza la investigación penal.

La fiscal Débora Valentín, del Ministerio Público de la Acusación con asiento en Venado Tuerto, pidió una pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo para Juan Edgardo C., de 49 años y domiciliado en Villa Cañás.

La causa está caratulada “abuso sexual con acceso carnal” y tiene como víctima a una adolescente que actualmente transcurre los 16 años.

Según la acusación, el imputado habría cometido distintos abusos cuando la menor tenía 14 años, aprovechando el vínculo familiar que mantenía con la madre de la víctima.

Cómo habrían ocurrido los abusos

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos se habrían producido en reiteradas oportunidades en el domicilio del acusado en Villa Cañás, cuando la adolescente lo visitaba junto a su madre.

La Fiscalía sostiene que el hombre tocaba las partes íntimas de la menor, situaciones que ocurrían generalmente cuando la madre se iba a bañar o cuando quedaban solos en la vivienda.

Además, se le atribuye un hecho ocurrido el 18 de abril de 2024, cuando el acusado habría ido a buscar a la adolescente a Teodelina. Según la imputación, durante el trayecto en su vehículo hacia Villa Cañás le practicó sexo oral.

Los investigadores consideran que los abusos se extendieron desde que la víctima tenía 14 años hasta la fecha del último episodio denunciado.

El relato de la víctima y la denuncia

La adolescente reveló lo ocurrido primero a su abuela y posteriormente a su padre, con quien finalmente se presentó para radicar la denuncia.

En su declaración también relató que el acusado le enviaba mensajes en los que le ofrecía dinero, compras y recargas para el teléfono si mantenía una relación con él.

La joven indicó además que en su momento le contó la situación a su madre, quien habría confrontado al acusado. Según el testimonio, el hombre negó las acusaciones y la mujer abandonó el domicilio con sus pertenencias. Sin embargo, luego regresó indicando que no le habían tomado la denuncia por falta de pruebas, ya que no contaba con los mensajes.

Detención y prisión preventiva

Tras reunir distintas evidencias en la investigación, el 5 de mayo de 2025 la Fiscalía ordenó la detención de Juan.

Posteriormente, durante una audiencia realizada el 8 de mayo, la Justicia dispuso que el imputado quedara en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Evaluación del testimonio

Un informe profesional incorporado al expediente analizó el relato de la adolescente y concluyó que su testimonio presenta coherencia con su edad y desarrollo madurativo.

El documento señala que la víctima pudo diferenciar actores, lugares y tiempos de los hechos, responder preguntas y aportar detalles durante la entrevista, manteniendo además una actitud colaborativa durante el proceso.

Análisis de comunicaciones

En el marco de la investigación también se analizaron comunicaciones del acusado. Según el informe técnico, no se encontraron conversaciones entre el imputado y la víctima en los registros examinados.

Sí se detectaron intercambios con la madre de la adolescente, entre el 12 de febrero y el 5 de mayo de 2025, aunque los investigadores indicaron que no surgieron elementos relevantes para la causa, salvo algunos mensajes incorporados al expediente.

Calificación legal del caso

La Fiscalía encuadró la conducta del imputado como:

En base a la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes, el Ministerio Público solicitó una pena de 13 años de prisión efectiva.

Un joven de 22 años, identificado como Eric C., fue imputado formalmente y quedó en prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal, tras ser denunciado por una adolescente de 17 años, oriunda de San Eduardo.

La audiencia imputativa se llevó a cabo este miércoles en los tribunales de Venado Tuerto, donde la fiscal Débora Valentín, del Ministerio Público de la Acusación, expuso los hechos que se investigan en el marco de una causa penal en etapa preliminar.

Relato de la víctima

Según consta en la denuncia, el episodio tuvo lugar en horas de la madrugada del 8 de febrero, alrededor de las 7 de la mañana, en el domicilio de la víctima, ubicado en la localidad de San Eduardo.

La joven relató que, tras asistir a una fiesta junto a su madre y un grupo de amigos —entre ellos el acusado—, Eric. C. fue invitado a pernoctar en su vivienda debido a que había consumido bebidas alcohólicas. Durante la noche, se acostaron en la misma habitación, ella en su cama y él en un colchón en el piso.

Horas más tarde, mientras dormía, la víctima asegura haberse despertado al sentir que era abusada. Al reaccionar, reconoció al joven sobre su cuerpo y, según su relato, le pidió que se apartara. Sin embargo, el acusado habría ejercido fuerza sobre su cabello y caderas para impedir que se moviera. Finalmente, logró liberarse, se dirigió al baño y dio aviso a su pareja, quien se trasladó desde Venado Tuerto al enterarse de lo sucedido.

La víctima manifestó que Eric negó los hechos y alegó que "no recordaba" haber hecho nada. Sin embargo, la joven decidió radicar la denuncia ese mismo día y presentó como evidencia la ropa que llevaba puesta durante el presunto abuso.

Calificación legal

La fiscal Valentín calificó provisoriamente los hechos bajo la figura penal de abuso sexual con acceso carnal, delito que prevé penas de prisión efectiva.

Durante la audiencia, el joven acusado fue representado por la abogada defensora Silvia Cousselo. La investigación continúa en etapa de instrucción penal preparatoria, con medidas en curso que incluirían pericias médicas, análisis forenses y la toma de declaraciones testimoniales.

La joven denunciante expresó que conocía a Eric desde los 13 años y que mantenían una relación amistosa. Aseguró también que actualmente se encuentra en pareja desde hace tres años.

Un hombre de 36 años fue imputado este martes en Venado Tuerto acusado de abusar sexualmente de una niña de 13 años, hija de su pareja, y de filmarla con fines sexuales. La Justicia dictó la prisión preventiva ordinaria, mientras avanza la investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación.

La audiencia imputativa se llevó a cabo en sede judicial, con la intervención de la fiscal Débora Valentín, quien presentó los cargos contra el acusado, quien estuvo asistido por su abogado defensor, Alfredo Cutuli.

Dos hechos, una misma víctima

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en el domicilio familiar ubicado en calle José Martí, en fechas aún no determinadas, pero dentro del período de convivencia con la víctima.

Medidas judiciales

Tras escuchar la imputación, el juez interviniente dispuso la prisión preventiva ordinaria para el acusado, medida que busca resguardar la investigación y evitar riesgos procesales. La medida fue solicitada por la fiscalía.

Mientras tanto, el equipo investigador continúa reuniendo evidencia, entre ellas pericias al dispositivo móvil secuestrado, y testimonios que serán incorporados a la causa en las próximas semanas.

El Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto solicitó una pena de nueve años de prisión efectiva para dos hombres acusados de integrar una banda delictiva que en noviembre de 2022 perpetró un robo millonario en una vivienda de esta ciudad.

Los imputados, Agustín Damián A. y David Sebastián S., son oriundos de la provincia de Buenos Aires y enfrentarán el juicio oral a partir de este martes 16 de diciembre. La acusación es llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, con el acompañamiento de la fiscal adjunta Débora Valentín.

El hecho

El violento asalto ocurrió el sábado 12 de noviembre de 2022, en una casa ubicada en calle Colón de Venado Tuerto, propiedad de un matrimonio de jubilados. Según la investigación, ese día la pareja salió de su domicilio alrededor de las 16.30 y, al regresar cerca de las 20, notaron las luces encendidas, signos de violencia en las aberturas y la casa completamente revuelta.

Al revisar las habitaciones, la víctima descubrió que habían sido sustraídos 2 millones de pesos en efectivo, 64.000 dólares, 7.000 euros y joyas de alto valor sentimental y económico, entre ellas relojes de oro, cadenas y anillos con iniciales grabadas.

Los delincuentes forzaron una reja, ingresaron por el patio trasero y revolvieron cada ambiente del hogar en busca del botín. Finalmente, encontraron los ahorros de toda una vida escondidos en un hueco de la claraboya del baño.

Robo planificado

De acuerdo al relato de la Fiscalía, Damián Agustín A. fue el encargado de la logística. Condujo un vehículo Ford Focus azul con el que la banda se trasladó desde Buenos Aires a Venado Tuerto. Una vez en la ciudad, siguieron a las víctimas cuando salían rumbo a su comercio habitual, y confirmaron que la vivienda quedaba deshabitada.

Luego, Damián Agustín A. dejó a David y a un tercer cómplice aún no identificado a pocas cuadras del domicilio. Ambos saltaron las rejas del frente, subieron al techo y descendieron al patio trasero. Desde allí forzaron una reja y una puerta para ingresar al interior del inmueble.

Mientras los autores materiales del robo saqueaban la vivienda, Damián coordinaba las acciones por teléfono desde una esquina cercana, según surge de los registros de comunicaciones. Tras el golpe, los recogió con el vehículo y los tres huyeron rumbo a Buenos Aires.

La acusación

El fiscal Raposo imputó a ambos sujetos por el delito de "robo calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con escalamiento y efracción", y solicitó nueve años de prisión efectiva para cada uno.

El juicio oral comenzará este martes 16 de diciembre y será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados y el posible avance en la identificación del tercer integrante de la banda.

La Justicia de Venado Tuerto imputó este martes a Jonathan Omar Z., de 36 años, como autor de dos hechos delictivos bajo la modalidad conocida como "cuento del tío". El primero no se concretó, pero el segundo resultó en una importante estafa contra una vecina de la localidad de San Eduardo.

Según la investigación, el malviviente habría actuado por su cuenta, utilizando una línea telefónica registrada a nombre de otra persona, desde la cual contactó en reiteradas oportunidades a sus víctimas.

Primero en Maggiolo

El 11 de septiembre de 2025, el acusado llamó al teléfono fijo de una mujer mayor de Maggiolo, simulando ser su nieto y pidiéndole dinero con urgencia. Le indicó que una persona de su confianza pasaría por el domicilio.

Jonathan se presentó en el lugar pero fue atendido por un empleado del comercio familiar. Al no poder concretar el engaño, se retiró sin llevarse nada. Este hecho fue calificado como estafa en grado de tentativa.

Robo en San Eduardo

Al día siguiente, el 12 de septiembre, Jonathan volvió a utilizar el mismo ardid. Esta vez, llamó al domicilio de una señora mayor, haciéndose pasar por su nieto. Le explicó que su hijo estaba en el banco y necesitaba cambiar dólares, y que enviaría al “sobrino del gerente del banco” a retirarlos.

Minutos más tarde, se presentó en la vivienda ubicada en Av. Independencia, donde la mujer le entregó un bolso negro con 200 mil dólares en efectivo y una importante cantidad de joyas de oro, entre ellas anillos, alianzas y pulseras grabadas.

Tras concretar el hecho, el sujeto abandonó la localidad en un remis que abonó mediante transferencia bancaria desde la cuenta de una tercera persona, con el objetivo de ocultar su identidad. Este segundo hecho fue calificado como estafa consumada.

Allanamientos

Como parte de la investigación, se realizaron tres allanamientos en Buenos Aires, donde se logró recuperar apenas 1.200 dólares y un anillo, una fracción mínima del monto robado. La Fiscalía estima que el resto del dinero ya fue dispuesto por el acusado.

La audiencia imputativa se llevó a cabo el 9 de diciembre en los tribunales de Venado Tuerto, con la intervención de los fiscales Débora Valentín y Luis Lagioia. El sospechoso fue imputado como coautor de estafa en uno de los hechos y de tentativa de estafa en el otro, y quedó detenido con prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Palabra fiscal

Débora Valentín dejó en claro que “el modus operandis fue el mismo: se comunicaba a teléfonos fijos de personas mayores, y se hacía pasar por un familiar. Les decían que estaba en el banco y que el sobrino del gerente iba a pasar a retirar los dólares”.

En Maggiolo la operación fue desbaratada a último momento, pero en San Eduardo no. La señora preparó 200.000 dólares en una bolsa a la que sumó joyas y alhajas.

El malviviente llegó a San Eduardo en un remis, se llevó el bolso y se fue de la localidad.

La fiscal destacó el trabajo llevado adelante por la Policía de Investigación (PDI). “Hicieron un informe que nos permitió determinar la identidad del autor y su domicilio. Una persona oriunda de Capital Federal, donde se hicieron tareas investigativas. Se ordenaron tres allanamientos en el mes de octubre, donde encontramos algunos de los objetos sustraídos, pocos en relación a lo sustraído”, indicó Valentín.

Jonathan no fue ubicado en ese momento, “pero el sábado 29 de noviembre fue detenido, ya que cometió otro hecho en provincia de Buenos Aires y en ese momento ‘salta’ el pedido de captura que fue realizado por esta fiscalía. se hizo el pedido de extradición, se realizó la audiencia imputativa y se resolvió que quede en prisión preventiva ordinaria”, resumió Débora Valentín.

De la audiencia formó parte el hijo de la víctima, quien indicó que contaban con ese dinero de reserva como un sostén para atravesar la adultez y posibles problemas de salud.  

La fiscal precisó que la pena a la que se expone Jonathan “es de ejecución efectiva, ya que hablamos de una persona que cuenta con antecedentes condenatorios, además del daño y perjuicio económico que causó en la víctima”.

Por último, pidió a los vecinos “no brindar información ante este tipo de llamadas, en todo caso pueden consultar a un vecino o a un familiar. Tampoco recibir a nadie en la vivienda, y mucho menos, proporcionar dinero u objetos de valor. Y siempre radicar la denuncia.”.