El juez argentino Ariel Lijo ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, así como de una docena de colaboradores, por la "violación sistemática de derechos humanos" en el país centroamericano, informó este lunes (30.12.2024) el abogado que radicó la denuncia.

"El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria (dar testimonio) y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo", dijo el abogado Darío Richarte a la agencia AFP.

Además, detalló que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.

"Luego de casi dos años y medio de investigación el juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos", manifestó antes Richarte en un mensaje en su cuenta en la red social X.

El gobierno de Ortega y su esposa "es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente", dijo Richarte. "Un poco de luz entre tanta oscuridad! Un poco de justicia para tantas víctimas”, agregó.

Hace dos años, Richarte, profesor de Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, inició una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua a propuesta de un grupo de estudiantes de su cátedra en la Universidad de Buenos Aires.

La denuncia fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.

Los crímenes de los que son acusados incluyen "asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad".

"Es algo que no tenía previsto, lo hicimos probono, y lo seguimos haciendo de esta manera, es realmente emocionante la ayuda de docentes, de estudiantes de la universidad, que se han comprometido con esto", añadió.

"Cuando empezábamos sabíamos poco y ya era suficiente -recordó el abogado, y agregó: "Después, créame que a lo largo de estos dos años no perdemos la capacidad de asombro y horror de lo que está haciendo esta dictadura en Nicaragua”.

También tienen orden de captura "cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad", agregó.

La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como "plan criminal de represión" y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.

La acción judicial "se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos", precisó Richarte.

El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.

El exmandatario uruguayo José “Pepe” Mujica (2010-2015) realizó severas críticas a diversos líderes y gobiernos de América Latina, mencionando a Cristina Kirchner, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales.

Convencido de que los líderes de su misma corriente ideológica “cometen errores graves”, Mujica, de 89 años, criticó al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), quien mantiene un enfrentamiento con el actual mandatario Luis Arce por el control de la izquierda oficialista. Morales acusa a Arce de intentar “proscribirlo” de la contienda electoral mediante el sistema judicial. “En la vida hay un tiempo para llegar y otro para retirarse. Lo de Evo es inadmisible”, afirmó Mujica.

Después fue contra Cristina Kirchner. ”Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí”, se quejó y exclamó: “¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Qué lo parió!”.

La crítica de Mujica hacia Cristina Kirchner se originó tras sus cuestionamientos al ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019), quien se enfrenta al control de la izquierda oficialista liderada por el mandatario Luis Arce, a quien acusa de intentar “proscribirlo” de la contienda electoral mediante el sistema judicial. “En la vida hay un tiempo para llegar y otro para irse (...) Lo de Evo es inconcebible”, afirmó.

El exmandatario uruguayo José “Pepe” Mujica. Créditos: Reuters

Posteriormente, de manera menos dura, el líder del Frente Amplio manifestó su inquietud por la falta de un sucesor para el futuro liderazgo en Brasil. Aunque reconoció la figura de su “viejo amigo” Luiz Inácio Lula da Silva, Pepe lamentó que no se vislumbre un reemplazo. “Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil”, concluyó.

Mientras tanto, en relación con otros países, Pepe expresó su preocupación por su "viejo amigo" Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien gobierna Brasil por tercera vez, al no tener un sucesor claro. "Lula está cerca de los 80 años y no tiene un reemplazo. Esa es la desgracia de Brasil", afirmó.

Tras unas elecciones en Venezuela que no cuentan con el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional, Mujica calificó al gobierno de Nicolás Maduro como un “régimen autoritario” y expresó que el cambio llegará “desde adentro” en “algún momento”.

“Siento una profunda discrepancia con los regímenes autoritarios. Sin embargo, no respaldo la intervención externa. Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los propios venezolanos. En todo caso, se les puede brindar apoyo, pero sin inmiscuirse”, expresó el exmandatario, y agregó: “En algún momento, habrá una evolución interna en Venezuela”.

Mujica también rechazó que el gobierno de Maduro pueda considerarse de izquierda o compararse con el de su predecesor, el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013). “Muchos de los chavistas están al margen de esto, y una gran cantidad se encuentra perseguida en diversas partes del mundo”, destacó.

El exguerrillero que, tras pasar 14 años en prisión, en su mayoría durante la dictadura (1973-1985), abrazó la democracia, también condenó el “autoritarismo” en Nicaragua bajo el mandato de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ambos, tras luchar contra el régimen de facto de Anastasio Somoza, gobernaron en los años 80 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y regresaron al poder en 2007.

"Lo de Nicaragua es incomprensible", expresó, fiel a su estilo. "Es increíble en lo que ha derivado la revolución sandinista: en esa vieja estructura llena de piedras y despropósitos. Es monstruoso. Era una revolución soñadora contra Somoza", lamentó. Además, señaló que él "hace una distinción" con los cubanos. "No porque tengan razón, sino porque definieron hace unos 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros mantenemos relaciones con China y Vietnam sin ningún problema. Entonces, aceptemos esa realidad. Aunque no estoy de acuerdo con ello, porque no da resultados", subrayó.

Aseguró que lo que más le indigna es cuando los gobiernos “fingen ser democráticos” y luego cometen fraude. “Eso es intolerable. El autoritarismo en América Latina representa un retroceso. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos intervenía en todas partes”, opinó Mujica, quien concluyó: “Pero ahora también nosotros cometemos desatinos”.

Juan Sebastián Chamorro, un exiliado y ex candidato presidencial de Nicaragua, acusó al actual líder de su país, Daniel Ortega Saavedra, de corrupto y dictador.

Este opositor, actualmente radicado en Estados Unidos, estuvo casi dos años encarcelado en su nación y este sábado analizó la situación nicaragüense en una entrevista para Radio Splendid, conducida por Alfredo Casado.

Chamorro señaló que el fin de la guerra fría "pacificó a Nicaragua" al caer la Unión Soviética, privando al gobierno nicaragüense del apoyo y armamento de Estados Unidos para los "contras". Sin embargo, expresó que Ortega nunca fue un demócrata y cedió el poder constitucional bajo presión internacional.

En esta nueva etapa de su mandato, según Chamorro, Ortega ha prometido "nunca más celebrar elecciones en las que pudiera perder" y ha forjado alianzas con otros políticos "tan corruptos como él".

El exiliado también relató las penurias de su encarcelamiento, señalando que Ortega envió a personas a la cárcel sin distinguir si eran excompañeros de ruta. Chamorro resumió la historia contemporánea de su país, comentando que la dinastía de Somoza, en su intento de contener el comunismo en Nicaragua, generó una reacción que resultó en un régimen de esa tendencia.

Nicaragua disolvió este miércoles (10.05.2023) a la Cruz Roja Nicaragüense tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas de 2018 y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno.

“Derogase el Decreto Legislativo número 357 […] del 29 de octubre de 1958, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense”, dice la resolución adoptada por la unanimidad de la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega.

La norma aprobada por el parlamento ordena la creación de una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que será un “ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”, adscrito al Ministerio de Salud.

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Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.

Unos diputados (todos son oficialistas) acusaron a la Cruz Roja de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro y el principio de neutralidad de la organización humanitaria.

La Cruz Roja fue fundada en Ginebra en 1863 para proteger a las víctimas de conflictos armados por impulso del banquero suizo Henri Dunant (1828-1910), ganador en 1901 del primer premio Nobel de la Paz.

Las protestas de 2018 se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, con bloqueos de carreteras, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

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La ira del gobierno izquierdista de Ortega contra la Cruz Roja se debe a que sus voluntarios atendieron a manifestantes opositores heridos en las protestas, según medios de oposición.

El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras organismos internacionales acusaron al ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.

“En los actos acontecidos en el 2018 […], algunas filiales de esta asociación [Cruz Roja] actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país”, se lee en la exposición de motivos que fundamentan esta ley presentada por el gobierno.

“Todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado y serán administrados por la [nueva] Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al ministerio de Salud”, agregó.

“Tenemos conocimiento sobre la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua respecto de la Cruz Roja Nicaragüense. Como es una situación en desarrollo que está siendo estudiada, por el momento, no podemos hacer comentarios”, dijo en un escueto mensaje enviado a la AFP por la oficina de comunicación de la delegación del CICR para México y América Central.

Aunque la ley que la regía era de 1958, la Cruz Roja Nicaragüense nació en 1931 y prestaba servicios de socorro en emergencias y accidentes. Con 28 filiales en ciudades y pueblos del país, tenía unos 2.000 voluntarios y 63 ambulancias. También recaudaba sangre para hospitales y realizaba exámenes para la obtención de licencias de conducir.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó a la Iglesias Católica, institución a la que calificó como una “dictadura perfecta” por no permitir que sean los propios católicos quienes elijan a su máxima autoridad.

Durante un acto por el 43 aniversario de la Policía Nacional y transmitido en cadena de radio y televisión, el mandatario acusó a la Iglesia católica que dirige el papa Francisco de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.

“Todo es impuesto, es una dictadura perfecta, es una tiranía perfecta (…) ¿Quién elige a los curas, quién elige obispos, quién elige al papa, a los cardenales, cuántos votos, quién se los da?”, cuestionó, en momentos en que su Gobierno mantiene tensas relaciones con esa institución.

“Si van a ser democráticos que empiecen a elegir con el voto de los católicos al papa, a los cardenales, a los obispos”, insistió.

Subiendo la apuesta, Ortega tildó nuevamente a los obispos y sacerdotes de “asesinos” y “golpistas” por el apoyo que los templos dieron a las protestas opositoras que sacudieron el país en 2018.

Los manifestantes “salían de las iglesias, no de todas -matizó-, armados para lanzar los ataques contra los cuarteles de policía (…) y algunos curas llamando a la gente (para) que me metieran plomo”, reprochó.

También criticó a los obispos por haber apoyado una propuesta opositora de recortar su periodo de Gobierno, cuando oficiaron de mediadores de un diálogo que buscaba una salida a la crisis.

“Una institución como la iglesia católica utilizó a los obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado”, recriminó.

Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica se deterioraron significativamente desde las protestas del 2018, que el mandatario vinculó a un fallido golpe de Estado urdido por la oposición con el apoyo de Washington.

La tensión se disparó en agosto pasado con la detención, bajo arresto domiciliario, del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, un fuerte crítico del Gobierno.

También fueron detenidos al menos cuatro sacerdotes y dos seminaristas sin precisar los cargos que hay contra ellos.

En marzo pasado, el Vaticano informó que el nuncio apostólico Waldemar Sommertag fue expulsado de Nicaragua.

Meses más tarde, en julio, el Gobierno ilegalizó la asociación de Misiones de la Caridad, creada por la santa Madre Teresa de Calcuta, y sus monjas tuvieron que salir del país.

A mediados de este mes, el Papa Francisco informó que había un “diálogo” con Nicaragua en torno de la detención de varios miembros de la Iglesia católica, pero se desconoce su avance.

“En Nicaragua las noticias son claras, hay diálogo, se ha hablado con el Gobierno. Hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el Gobierno”, dijo entonces el pontífice.

Ortega, quien gobernó por primera vez durante la revolución en la década de los años 80, obtuvo en 2021 su cuarto mandato consecutivo, en unas elecciones que se desarrollaron con sus adversarios presos o en el exilio.

La comunidad internacional ha demandado a su Gobierno la liberación de más de 200 opositores, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que fueron condenados este año a penas de entre ocho y 13 años de cárcel por “menoscabo a la integridad nacional” y otros delitos.

En su discurso, Ortega también arremetió contra el Secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, del departamento de Estado de Estados Unidos, por demandar la liberación de los opositores nicaragüenses.

Los nicaragüenses votaron este domingo en elecciones con una predecible victoria del presidente Daniel Ortega para asumir un nuevo mandato tras 14 años en el poder, sin mayor competencia y con varios aspirantes opositores encarcelados.

Ortega, de 75 años, se aprestaba a ratificar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, de izquierda) y con su esposa Rosario Murillo, de 70 años, candidata a la vicepresidencia por segunda vez.

Su permanencia en el poder no se dudaba. Ortega, quien gobernó en la década de 1980 luego de que la guerrilla del FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrentaba a cinco candidatos desconocidos para la mayoría de los nicaragüenses.

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Unos 4,4 millones de electores estaban llamados a las urnas para elegir también a 90 diputados de la Asamblea Nacional (parlamento) y 20 para el Parlamento Centroamericano, informó la agencia de noticias AFP.

Los comicios se celebraron tres años y medio después de protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó unos 320 muertos, más de 150 manifestantes aún presos y más de 100.000 exiliados.

La jornada de votación llegó, además, precedida por una campaña tenue, apenas matizada por escasos avisos en los medios y poquísimos actos públicos de los candidatos, en buena medida por la pandemia de coronavirus.

El Consejo Electoral solo autorizó actos de no más de 200 personas y con un máximo de 90 minutos de duración.

De hecho, las principales plazas de Managua estuvieron en las últimas semanas llenas de adornos navideños y una iluminación especial, y sin afiches ni pasacalles con promesas de campaña.

La votación también fue el final de un proceso por demás cuestionado, tanto a nivel nacional como internacional, tras la detención de casi una cuarentena de opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales, la prohibición de participar a tres partidos y la cancelación a una veintena de ONG.

Incluso en las horas previas a la jornada electoral, el observatorio ciudadano Monitoreo Azul y Blanco denunció el arresto arbitrario de 21 personas -17 hombres y cuatro mujeres- en nueve departamentos del país.

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La mayoría de las decisiones, de las que el gobierno se despegó atribuyéndoselas a la Justicia, están basadas en una norma inédita para la región: la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, una norma que tiene apenas 224 palabras, dos artículos (el segundo de forma) y que fue votada en solo 24 horas por el parlamento.

Parte de la oposición llamó a la abstención: artistas y cantantes, inclusive, grabaron (en Costa Rica) una canción para instar al no voto. También sacerdotes católicos, incluso en las homilías de las misas de este domingo, recomendaron no concurrir a las urnas.

“El pueblo manda y eligió no salir de su casa. ¡Porque aquí no se rinde nadie! ¡No más dictaduras!”, tuiteó este domingo la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que compartió fotos de calles vacías en distintos puntos del país.

Esas imágenes contrastaron con las palabras de la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, quien afirmó que la participación superó los tres millones de votantes y los comicios se desarrollaban en un ambiente tranquilo, según la agencia de noticias Sputnik.

También en las redes circulaban videos que mostraban centros de votación llenos, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, destacó una “asistencia masiva” que “da un tapabocas” a “los que rechazan la democracia”.

La mayor defensa del proceso electoral la hizo el propio Ortega, quien poco después de emitir su voto este mediodía brindó una cadena nacional de más de 40 minutos en la que destacó su importancia y criticó a la oposición por denunciar unos comicios fraudulentos y alentar la abstención entre la ciudadanía.

“El voto no mata a nadie, el voto no causa herida alguna en ninguna persona, el voto no llama al terrorismo, a la guerra jamás”, manifestó Ortega desde su residencia, rodeado de Murillo y un pequeño grupo de jóvenes simpatizantes.

El mandatario, que buscaba su quinto mandato y cuarto de forma consecutiva, rechazó los cuestionamientos de los que “no tienen patria en Nicaragua” y orquestaron “el intento de golpe terrorista del 2018”, en referencia a las protestas antigubernamentales que sacudieron al país entre abril y julio de ese año.

“No podemos olvidar después de tantos años de paz a quienes sembraron el terror, no respetaron nuestro himno y se jactaban filmando la destrucción y los asesinatos”, sentenció desde una mesa adornada con motivos navideños.

Con el periodo que termina en enero, Ortega ya es el presidente con más años en el poder en la historia del país, y los cinco años que probablemente ganará mañana lo llevarán a un lugar que difícilmente pueda igualar otro mandatario.

Lleva más de la mitad de su vida como líder indiscutible del FSLN, partido del que ya fue único candidato presidencial en 1984, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011 y 2016.

Desde 2014, por una decisión del parlamento avalada por la Justicia, no hay límite en el número de mandatos presidenciales y Ortega repite la fórmula con su esposa.

El sistema electoral prevé una segunda vuelta, evitable si el ganador alcanza el 45% de los votos o un mínimo de 35% y cinco puntos de diferencia con el segundo. Quien gane empezará su mandato el 10 de enero, y un día antes asumirán los nuevos legisladores.

Aunque ningún país haya anunciado que tenga planeado desconocer los resultados, el día después de los comicios representa una verdadera incógnita porque la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos denunciaron la situación de opositores encarcelados y una manipulación del Consejo Electoral.

El gobierno respondió rechazando observadores electorales de esos países o bloques regionales.

Unos 30.000 efectivos de seguridad resguardaron los comicios.

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