A través del decreto 370, el Ejecutivo dispuso la limitación de la circulación entre las 23:00 y las 05:00 durante dos semanas. La medida alcanza a provincias estratégicas como Pichincha, Guayas, Manabí y Esmeraldas, además de varios municipios del interior.

Durante ese horario, se suspenden derechos como la libertad de tránsito, en un esquema que también contempla restricciones a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, en línea con el estado de excepción vigente desde abril.

Nueva ofensiva contra el crimen: Ecuador limita la circulación en gran parte del país

Quedan exceptuados los servicios esenciales, entre ellos salud, seguridad y atención de emergencias, así como actividades clave vinculadas a servicios públicos y sectores estratégicos.

El Gobierno sostiene que la decisión responde a un patrón de violencia concentrado en horas nocturnas. Según datos oficiales, entre el 1 y el 20 de abril se registraron 76 homicidios en esa franja horaria, con la provincia de Guayas como principal foco.

Aunque la cifra representa una leve disminución respecto al año anterior, las autoridades remarcan que las zonas alcanzadas por el toque de queda concentran cerca del 90% de la violencia a nivel nacional.

Informes de inteligencia también advierten sobre un “efecto desplazamiento” del delito, detectado tras medidas similares aplicadas previamente, donde las organizaciones criminales trasladaron sus operaciones hacia territorios sin restricciones.

El endurecimiento de las políticas de seguridad se inscribe en una estrategia más amplia iniciada por Noboa, quien declaró la existencia de un “conflicto armado interno” para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas contra bandas criminales.

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Desde entonces, el país ha recurrido de forma recurrente al estado de excepción y a medidas como el toque de queda. Sin embargo, los resultados generan debate: pese a los operativos y detenciones, Ecuador cerró 2025 con un récord cercano a los 9.300 homicidios.

A esto se suman cuestionamientos de organismos de derechos humanos por presuntos excesos de las fuerzas de seguridad. Frente a esas críticas, el Gobierno mantiene una postura firme. “No vamos a pactar, los vamos a atacar”, aseguró el ministro del Interior, en defensa de una política que busca recuperar el control territorial frente al avance del crimen organizado.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, fue atacado este martes mientras se desplazaba por la región andina de Cañar. Su caravana oficial fue blanco de piedras y disparos por parte de un grupo de manifestantes indígenas que protestan contra el ajuste en los subsidios al combustible. El mandatario resultó ileso y participó más tarde de un acto público.

Así lo confirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien describió que al menos 500 personas rodearon el convoy presidencial: “Le lanzaron piedras y también hay signos de bala en el auto del presidente”, detalló ante la prensa.

Videos oficiales muestran el momento desde el interior de uno de los vehículos: se escuchan gritos de alerta, golpes contra los vidrios y la orden de “agachar la cabeza”. Otras imágenes, tomadas desde afuera, registran a manifestantes con vestimentas tradicionales arrojando objetos y bloqueando el paso de la comitiva, escoltada por una tanqueta.

Más tarde, desde Cuenca, Noboa repudió lo sucedido. “No vamos a permitir que un poco de vándalos impidan que trabajemos por el país”, expresó. Y llamó a enfrentar los desafíos de forma “pacífica, inteligente y colectiva”.

Las movilizaciones indígenas comenzaron el 12 de septiembre, tras la eliminación del subsidio al diésel que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Además del reclamo por restituir el beneficio, las organizaciones exigen una baja del IVA del 15% al 12% y se oponen a la consulta popular del 16 de noviembre que podría habilitar una Asamblea Constituyente.

Noboa defendió su decisión argumentando que los fondos antes destinados al subsidio se redirigen ahora como ayuda directa a los sectores vulnerables, sin beneficiar al narcotráfico ni al contrabando de combustibles. “Estamos golpeando a los que le buscan el mal al Ecuador”, dijo desde la comunidad de Sigsihuayco.

Videos muestran piedras y disparos contra la comitiva presidencial.

Los bloqueos se mantienen firmes en varias provincias, como Imbabura, donde marchas en favor del trabajo y la apertura comercial chocan con piquetes que impiden el funcionamiento normal de ciudades. Comercios, hoteles y restaurantes denunciaron pérdidas por cancelaciones de turistas y desabastecimiento de productos.

El gobierno enfrenta así su primer gran desafío de calle, en un país marcado por tensiones sociales recurrentes. Noboa, de 36 años, asumió en noviembre de 2023 con un discurso de renovación, pero las reformas fiscales y de subsidios pusieron en alerta a los sectores populares.

El actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata Luisa González, representante del correísmo, se disputarán la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta que se llevará a cabo en abril, según los primeros resultados oficiales.

El actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, durante los comicios. Reuters.

Con un 60% del voto escrutado, Noboa lidera con un 44,86% de los votos, superando por una estrecha diferencia a González, quien alcanza el 43,68%. Esta cifra se considera casi un empate técnico, dado lo ajustado del margen, lo que ha provocado que la expectativa para la segunda vuelta sea elevada.

En tanto, los ecuatorianos también eligieron a 151 miembros de la Asamblea Nacional y a cinco del Parlamento Andino para un mandato de cuatro años.

El contexto político es complejo, ya que esta contienda representa una nueva edición de las tensas luchas electorales en Ecuador.

En las elecciones de octubre de 2023, Noboa logró la presidencia por una diferencia mínima de menos de cuatro puntos, después de haber caído en la primera vuelta ante González por un margen superior al 10%. Esta polarización ha dejado en claro que solo dos candidatos tienen posibilidades reales de llegar al poder.

Además de la disputa presidencial, las elecciones legislativas también han dejado un panorama fragmentado en Ecuador.

El Parlamento, que ha sido históricamente un campo de batallas políticas intensas, parece estar aún más dividido, con los bloques oficialistas y correístas sin posibilidad de alcanzar una mayoría calificada.

Luisa González y Diego Borja, candidatos a presidente y vice, en conferencia de prensa este domingo. Reuters.

Esto supone que el presidente electo no estará en riesgo de destitución, pero tampoco podrá modificar la Constitución sin apoyo de la Asamblea Nacional.

El 9 de febrero también reflejó la escasa representación de otros sectores políticos en la contienda. Los 12 candidatos que no lograron superar el umbral del 5% han quedado prácticamente fuera del debate principal, dejando a Noboa y González como los protagonistas indiscutibles de la segunda vuelta.

La polarización política en Ecuador no se limita solo a las elecciones presidenciales. La lucha por la Asamblea Nacional está igualmente reñida, y el partido de Noboa, Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), mantiene una ligera ventaja con el 45,56% de los votos, frente al 39% de Revolución Ciudadana, el movimiento de González.

Con un balotaje en puerta, Ecuador se prepara para definir en abril su futuro político en un escenario de alta competitividad.

El próximo enfrentamiento entre Noboa y González podría ser tan reñido como el proceso electoral de 2023, cuando el país vivió una de las contiendas más polarizadas de su historia reciente.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó el martes el estado de emergencia en cinco provincias costeras debido al "conflicto armado interno".

La medida marca la segunda declaración de emergencia basada en la seguridad por parte de Noboa, quien asumió el cargo en noviembre con la promesa de revertir una situación de seguridad en deterioro que provocó un aumento de muertes violentas y otros delitos.

El estado de emergencia incluye a las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena y tendrá una duración de 60 días, señala el decreto.

La policía y las fuerzas armadas serán desplegadas en las provincias debido a la "necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados", agrega el documento.

El gobierno culpa de la violencia -incluida la dramática invasión de una estación de televisión y la toma masiva de rehenes de guardias priónicos en enero- a las bandas de narcotraficantes.

Una cascada de acontecimientos violentos se desborda sobre Ecuador: el domingo pasado, 7 de enero de 2024, se dio a conocer la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", el jefe de la organización criminal Los Choneros; el lunes, el presidente Daniel Noboa implantó el Estado de Excepción; el martes, el mandatario declaró al país en "conflicto armado interno", después de que hombres armados tomaran un canal de televisión pública .

Este miércoles, la respuesta del crimen organizado a la ofensiva del nuevo Gobierno ecuatoriano ha dejado por lo menos diez muertos, más de cien policías y personal penitenciario retenidos por presos y una serie de ataques armados. "Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", subrayó Daniel Noboa, en entrevista con un medio local.

"Los desafíos de seguridad son graves y complicados, y el Gobierno no tiene mucho tiempo o recursos financieros para hacer frente al crimen organizado", remarcó Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center. Y, puesto que "hay mucha presión por parte del pueblo ecuatoriano para respuestas rápidas a la crisis, habrá una gran tentación para replicar las políticas de seguridad de El Salvador , incluyendo arrestos masivos", agrega el experto en seguridad. Su colega del Wilson Center, Beatriz García, opina que la escalada de violencia y terror en Ecuador "necesita de una mano dura", pero recuerda que herramientas como el estado de excepción por sí solas no han resuelto la crisis de seguridad.

"Sin resolver la crisis penitenciaria y depurar la corrupción en altos mandos de la rama judicial, la situación aún puede empeorar", insistió García sobre este tema. A su vez, Glaeldys González, experta del International Crisis Group para los Andes Centrales, consideró que "las repercusiones e implicaciones legales, políticas y humanitarias de la respuesta del nuevo gobierno ecuatoriano aún están por verse".

Asimismo, Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), teme que, al calificar la situación como un "conflicto armado interno" , se otorgue el carácter de actores no estatales beligerantes a organizaciones de naturaleza criminal y de creación. de economías ilícitas. "Se corre el gran riesgo de darles una especie de legitimidad y legalidad para 'librar una guerra' contra el Estado y la ciudadanía", sostiene.

Por su parte, Bernarda Jarrín, del centro de análisis Diálogo Interamericano, califica la respuesta de Noboa de "rápida y eficaz": "Está tomando las medidas necesarias para tratar de estabilizar el país y parar estos actos extremos que fomentan el pánico en la población" . Jarrín observa que la crisis en las prisiones comenzó hace varios años. Desde 2021, han sido asesinados al menos 460 reos en masacres carcelarias. "Estando apenas un mes en el poder, Noboa se enfrenta a un gran reto", insiste y agrega que "la ayuda internacional es urgente".

"El panorama para Ecuador no es nada lento. La tasa de homicidios se ha duplicado cada año desde 2020 y este año cerró con alrededor de 7.592 muertes violentas, la mayor cantidad de homicidios registrados en un año en su historia", destacó Glaeldys González. La experta del Crisis Group está convencida de que la situación de inseguridad y violencia "seguirá escalando a pasos agigantados". También Benjamin Gedan, del Wilson Center, cree que "el combate contra el crimen organizado va a ser un largo y arduo camino".

A la administración de Daniel Noboa le quedan menos de quince meses, subrayó, por su parte, Beatriz García. Para asegurar una posible reelección, advierte, deberá "demostrar algún tipo de logro a la ciudadanía ya la clase política que, por el momento, le ha brindado su apoyo". En cuanto al impacto del narcotráfico en el continente americano, "el caso de Ecuador demuestra que ningún país es inmune a los tentáculos de estas organizaciones que han sabido permear capas del Estado y ejercer control sobre la seguridad de los países", sostiene la politóloga.

Para García, las principales razones por las que ningún país ha podido domar a las bandas del narcotráfico son la "gran disparidad que existe entre los países de la región, los niveles de corrupción y los estratos que provocaron la pandemia, dilapidando a la clase media". que había surgido previo al Covid-19".

Las experiencias de México y Colombia no son alentadoras, dice Gedan, desde el Wilson Center: "Ambos países tienen mucho más experiencia y capacidades que Ecuador y se han beneficiado de más asistencia internacional, pero siguen sufriendo muy altos niveles de violencia". Además, la situación en Ecuador va a agravar la crisis migratoria en la región, prevé.

A Carolina Jiménez, de WOLA, le preocupa, además, "la salud de la democracia" en América Latina: "Estamos viendo una clara tendencia de retrocesos democráticos", en parte, debido a los miedos frente a la inseguridad ciudadana. Por último, Jiménez insiste en que "mientras se mantenga el sistema de prohibición de drogas regional y global, la producción, el tráfico y la venta de drogas ilegales seguirán empoderando al crimen organizado, con nefastas consecuencias para los ciudadanos de América Latina".