El discurso de Rafael Gutiérrez en la apertura del año judicial asumió en la última semana un carácter fuertemente significativo, poniendo en escena un punto de inflexión en el marco de un cambio mucho más profundo de lo que permiten apreciar los chisporroteos de la coyuntura, pero que a la vez se asienta en una asentada tradición y enfrenta desafíos inmediatos.

La renovación casi por completo de la Corte Suprema de Justicia de por sí supone un momento de estruendo político e institucional, y decididamente de carácter histórico. Después de casi 20 años sin ningún movimiento en la integración del Alto Tribunal, en una misma gestión se eligieron a seis nuevos ministros, de los siete que ahora son.

El proceso avanzó al amparo de un nuevo texto constitucional, que ahora especifica la edad jubilatoria de los magistrados y que fuera uno de los puntos que jalonó la refriega previa al anuncio del apartamiento de los actuales integrantes, que por momentos escaló la virulencia y amenazó con constituir un verdadero conflicto entre poderes, pero que finalmente se zanjó cuanto menos en términos corteses.

Mientras nuevas discusiones se abrieron en torno a las asunciones pendientes (no vinculadas a la persona de los elegidos, Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, pero sí a cuestiones como la temporaneidad de la aprobación de sus pliegos y a cuestiones que también reclama la Constitución, como la paridad de género), la Corte ya inició su transición con los tres primeros ingresos.

Así, tras el alejamiento de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se sumaron al cuerpo el ex fiscal general Jorge Baclini, la académica Margarita Zabalza y el ex fiscal de Estado (y relator de la propia Corte) Rubén Weder, junto a Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler (que dejarán el Tribunal este año) y Daniel Erbetta, el único ministro de la anterior composición que permanecerá.

La reconfiguración es aún más profunda de lo que más presencia tuvo en la vidriera pública y mediática. Y es que, si bien sumó un ministro, la Corte tendrá un integrante menos, que no ostentaba ese carácter: el Procurador General, actualmente Jorge Barraguirre, ya no formará parte del elenco.

En otro plano, el retiro del secretario general Eduardo Bordas implicará más que el relevo de un cargo técnico, y supondrá una nueva organización de atribuciones y responsabilidades. La concentración de ellas que caracterizó la gestión del estratégico funcionario no se repetirá en quien vaya a reemplazarlo, sino que se distribuirá en áreas a cargo de los distintos ministros.

Sin abundar en pormenorizaciones de las modificaciones impuestas por la manda constitucional, otro cambio que asume la condición de hito institucional es la flamante categoría de órgano extrapoder asignada al Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa, creados en oportunidad de la puesta en marcha de la reforma procesal penal.

La nueva condición, expresamente reclamada por quienes los encabezan, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, como lo fuera por sus antecesores en el cargo (entre ellos el propio ministro Baclini) tuvo como efecto secundario y colateral una polémica inesperada, vinculada a la ocupación de un espacio en el nuevo edificio de Tribunales de Santa Fe.

Inopinadamente, el debate se remitió también en un punto a una discusión mucho más antigua, que fue la postura discordante que asumieron los entonces ministros de la Corte Suprema al respecto de la propia reforma procesal penal, tanto como a la naturaleza de los órganos que la encarnan y a las cuestiones presupuestarias y administrativas vinculadas a ello. Otro conflicto que zanjó la actual Constitución, pero parece estar lejos de haber quedado en el olvido.

En cuanto al discurso en sí (una práctica que no es novedosa por sí misma, ya que es la décimo cuarta vez que lo pronuncia, pero sí por el contexto), fue una ocasión ineludible para ejercitar el análisis del discurso. Del verbal y del no verbal; porque no solo cada palabra (pronunciada u omitida) estaba cargada de potencialidad polémica, y en esos términos fue medida, sino que el desfile de gestos y actitudes estuvo sujeto al mismo escrutinio.

Quizá por eso primó la mesura táctica. La alocución de Gutiérrez no incursionó en ningún momento en el terreno del conflicto, al menos en el tono. En el contenido, el trípode "austeridad-eficiencia-eficacia" atravesó desde la primera mayúscula al último punto, se desglosó en un prolijo inventario y se apoyó en una sólida base conceptual, conformada por la defensa de la independencia del Poder Judicial, su rol de gobierno y la necesidad del diálogo, que echó en falta como signo de actualidad.

Una respuesta no altisonante, pero que sí buscó ser categórica, al montado por el gobernador Maximiliano Pullaro para sustentar la necesidad de reformar al Poder Judicial, por considerarlo "caro, ineficiente, que no da respuestas".

Números en mano, la produjo frente al propio mandatario, que no esquivó el compromiso institucional, y compartió con los ministros el escenario y no pocos momentos de camaradería. Tampoco incurrió en ninguna gesticulación que pudiera haber contaminado ese ambiente.

En las omisiones del discurso de Gutiérrez se cuenta su propia renuncia (a la que aludió sin tapujos en declaraciones periodísticas posteriores, del mismo modo que al conflicto por el edificio) y el mismo proceso de renovación. Antes bien, campeó una mirada de continuidad, sin fecha de fenecimiento: "Mis colegas y quien les habla seguiremos ejerciendo el rol de guardianes de la Constitución con la seriedad que el momento histórico exige", dejó sentado.

Gutiérrez, que no esquiva la posibilidad de una candidatura política el año que viene, tendrá a su cargo conducir así este último tramo de transición en la conformación de la Corte, dando continuidad a programas y pautas en curso, y a la vez asistiendo a una renovación que va más allá de las personas.

En esa agenda está también no solo la readecuación del funcionamiento del Tribunal, sino también la cobertura de vacantes, largamente postergada pero ya en plena ejecución, la reformulación del mapa judicial, que ya tuvo un capítulo con el rediseño de órganos jurisdiccionales, y el envío a la Legislatura de iniciativas propias. Todo encuadrado en un vínculo que respeta la independencia de poderes, pero confía en la colaboración.

El conflicto, no obstante, sigue estando presente en los desafíos pendientes. Desde la disputa por la jurisdicción en los casos de narcomenudeo, hasta la constitucionalidad de la reforma previsional, que tuvo otra puja por colectora en la recusación del Ejecutivo a cuatro miembros del Tribunal, y que fuera rechazada por el pleno de los miembros.

Todos ellos desafíos que jalonan el último período de la Corte con su actual composición, y que inevitablemente se transmitirán a la próxima, alumbrada por el acuerdo político y la vocación de renovación, aunque también interpelada por la necesidad de reestructurar su funcionamiento y estar a la altura de las altas expectativas depositadas en ella.

Mientras tanto, la Provincia atraviesa un punto de inflexión institucional cuya dimensión no puede quedar opacada por intereses inmediatos, que requerirá un compromiso de toda la estructura de poder y también perspectiva histórica para ser juzgado. Pero que, sin esquivar la contradicción y el debate, se desenvuelve sorteando el trauma y la agresión. Un valor que hace honor a la tradición santafesina, y la recorta con brillo y nitidez en el panorama nacional.

Este viernes 26 de diciembre se presentó la nueva Unidad Fiscal integrada por 11 fiscales, un jefe y un vicejefe, la cual se aboca a investigar la cadena minorista de comercialización de estupefacientes que generan violencias. Participaron en el tradicional corte de cinta junto a la fiscal general; el jefe de la Unidad, Franco Carbone y la fiscal coordinadora de la FG Carla Cerliani; el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Durante el acto, Vranicich hizo un recorrido de los primeros dos años de vigencia de la ley de microtráfico, que inició con la decisión política institucional de poner en vigencia –de manera inmediata y con las capacidades existentes–, la nueva incumbencia.

“La implementación fue gradual y comenzó con la conformación de un equipo de trabajo en el ámbito de la Fiscalía General y guías de actuación específicas. Luego se incorporaron fiscales y se requirieron las ampliaciones presupuestarias necesarias para la incorporación de nuevos recursos humanos al área”, sostuvo Vranicich.

Finalmente señaló a los integrantes de la nueva Unidad que “orienten su actuación a dar respuesta a las víctimas de los delitos violentos generados por el microtráfico”.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó: “Tenemos el problema del microtráfico, pero nos damos los debates necesarios para enfrentarlo. No es solamente brindar recursos, sino también la coordinación interinstitucional. La violencia, cuando hay determinación, retrocede”.

Por su parte, el jefe de la nueva Unidad de la Fiscalía General, Franco Carbone indicó que: “nuestro objetivo es perseguir a los vendedores de drogas asociados a las violencias, reducir el impacto junto a los hechos conexos que tiene la compra venta de estupefacientes. Se lograron 99 derribos en territorio, 350 condenas. Ahora buscamos replicar y estandarizar procedimientos de trabajo en toda la provincia, coordinadamente con las fiscalías regionales.”

Aseguró que “La Ley 14.239 vino a dar un marco normativo claro y definido, y fue decisión de la fiscal Vranicich de darle inmediata implementación. Empezamos de cero, y a dos años, estamos inaugurando la primera Unidad Fiscal que depende directamente de la Fiscalía General y con incumbencia en toda la provincia. Debemos ser selectivos y estratégicos en la persecución penal”.

Al finalizar el acto recorrieron las instalaciones de la Unidad en Rosario con los presentes.

Estuvieron presentes en el acto, el Gobernador de la provincia, el ministro de Justicia y Seguridad junto a su gabinete, fuerzas de seguridad provinciales y federales, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, los ministros de la Corte, Daniel Erbetta y Jorge Baclini; el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, funcionarios y representantes de los tres poderes del Estado tanto nacional, provincial como municipal, como así también fiscales regionales y funcionarios de la Fiscalía General.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe discutirá esta semana la elección de su presidente para 2026, en reemplazo del actual titular del cuerpo, Roberto Falistocco. Y también, seguramente, de un criterio que rigió durante las últimas décadas, sustentado por mayorías que hoy ya no existen. Y de cara a un verdadero cambio de época, paulatino, pero con fecha cierta.

La determinación de quien vaya a ponerse al frente del máximo organismo del Poder Judicial se lleva a cabo todos los años, en el último acuerdo de noviembre, según dispone la Carta Orgánica de Tribunales; aunque en esta oportunidad, como ocurrió en otras, la definición podría dilatarse unos días.

Con el sistema de rotación imperante desde principios de los 2000, para remediar y prevenir situaciones de tensión a veces asociadas a estos procesos, la presidencia recayó sucesivamente en Santa Fe (los años pares) y Rosario (los impares). No prosperó la idea blandida alguna vez por Daniel Erbetta de que la alternancia sea no solo de regiones, sino de personas.

Con la nueva Carta Maga, la Corte Suprema queda conformada por siete integrantes.

Porque el mecanismo actual dejó como saldo la particularidad de que, al ser solamente dos los ministros de la ciudad capital y uno solo dispuesto a asumir el cargo (Eduardo Spuler nunca quiso hacerlo), año por medio la presidencia vino recayendo sin excepciones en Rafael Gutiérrez. Al punto que acumuló el récord de 13 mandatos, siempre con el acompañamiento de sus pares.

El santafesino, recién electo al frente de la delegación regional de la Junta Federal de Cortes, aspira a un catorceavo período en 2026, que corone su larga trayectoria en el organismo y su propia carrera en el Poder Judicial, con el broche de oro de la inauguración de la demorada nueva ala de los Tribunales capitalinos.

Rafael Gutiérrez.

Según pudo establecer El Litoral, esta idea es acompañada por parte de los ministros, aunque no por todos. Lo que podría extender las deliberaciones hasta entrado diciembre, como ocurrió en otras oportunidades.

De darse, este último período presidencial podría ser la "puerta grande" que, con sus tiempos y sin someterse a la imposición de cronograma alguno, Gutiérrez atraviese el año que viene. Paso que ya dieron María Angélica Gastaldi y Mario Netri, y al que Spuler fijó fecha para septiembre.

No lo hicieron Gutiérrez, ni Falistocco. En ambos casos (como en los demás mencionados), superan la edad de 75 años que la actual Constitución Provincial pone como tope, y que la gestión Pullaro esgrime como argumento para propiciar la renovación.

Eduardo Spuler. Foto: Manuel Fabatia

La carta de la reforma remite a un conflicto jurídico-institucional (más o menos) dirimido en 1999, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la Carta Magna santafesina que fijaba en los 65 años la edad tope a la garantía de inamovilidad judicial, mientras que la nacional lo estableció en 75. Lo hizo en el fallo "Casiano Iribarren".

Roberto Falistocco. Flavio Raina.

En los hechos, esto dejó un vacío legal, que distintos intereses llenaron de manera divergente: sea pretendiendo que se aplique en Santa Fe el tope de la Constitución Nacional, o bien arguyendo que, ante la inconstitucionalidad declarada y el federalismo imperante, en Santa Fe no había tope alguno. El vacío se subsanó con la reforma de este año, y así lo esgrimió el gobierno, ante los jueces que superaron esa edad.

Fuera de este universo se encuentra Erbetta, el último ministro designado antes del actual período de gobierno, y de las cuatro gestiones sucesivas (las tres socialistas y la última peronista) en las que se mantuvo exactamente la misma composición. Quien seguirá formando parte del tribunal, junto a los miembros ingresados este año: Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder; y los que vayan a reemplazar llegado el momento a Gutiérrez, Falistocco y Spuler.

Margarita Zabalza.

En estos términos está planteada la reconfiguración del Tribunal, lo que incluye además la desvinculación del procurador general por efecto de la reforma constitucional. Y otro dato que sorprendió en la última semana, y que no es sólo un elemento más de esta renovación: también anunció su retiro el secretario general de la Corte, Eduardo Bordas.

El cimbronazo de este anuncio se vincula a que, por delegación de los ministros (en una acordada con voto mayoritario, pero no unánime), Bordas concentró en su momento las tareas de gestión, incluyendo contrataciones, manejo de recursos, y desarrollo de programas, como la informatización.

Por eso, los cambios que sucederán al alejamiento del funcionario van más allá de las improntas personales. El futuro secretario general tendrá menos atribuciones. Y puertas adentro de la Corte ya se trabaja en un rediseño de funciones, en un esquema de áreas diferenciadas, y roles más activos de los ministros.

Rubén Weder.

Este trabajo de reformulación interno se compadece con la reorientación reclamada de manera algo estentórea por el actual gobernador desde su mismo discurso de asunción, cuando habló del costo y la ineficiencia de la Justicia.

La fuerza de este concepto, y su correlato en la pretensión del paso al costado de los ministros más veteranos, gestionados por integrantes de elenco gubernamental con modos y tonos de discurso a veces más funcionales al conflicto que a la diplomacia, generaron tensiones y cruces verbales públicos o privados donde no faltaron los pases de facturas recíprocas.

Jorge Baclini.

Pasado el trance constitucional y la faena de la campaña electoral, el gobernador insistió con su planteo original sin restarle fuerza, pero tampoco reconocimientos. Un acercamiento conceptual que ya se había dado en la inauguración del año judicial con el discurso de Falistocco, aunque más no sea como un modo civilizado de dirimir lo que ineludiblemente resulta conflictivo.

Lo concreto es que, atravesada la línea del medio término de la gestión, con el aval de la reforma constitucional, la tormenta con el personal por el traspaso al Ministerio Público, la puesta en marcha de la cobertura de vacantes y una serie de reformas del funcionamiento del Poder Judicial impulsadas por el Ejecutivo y por la propia Corte, los tiempos corren distinto.

Daniel Erbetta.

La renovación de la Corte también se encuentra en su término medio, y no sería correcto ni justo suponer (como pretenden algunos críticos poco rigurosos) que se encamina a una composición funcional al gobierno de turno. El perfil y la trayectoria de los ministros, y los acuerdos por los que fueron propuestos y elegidos, no es congruente con una pretensión de esa naturaleza.

En cualquier caso, el curso de esa renovación es suficiente para alterar la dinámica de funcionamiento interno y la toma de decisiones de gestión. Todo lo cual permite tener en claro que se trata de un proceso de transición hacia una nueva época de la Corte.

Una transición tan obvia e inevitable, como difícilmente favorecida por apresuramientos o palabras altisonantes. Y que va mucho más allá de los nombres propios, y también de los ministros.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia recibió este martes a funcionarios del Poder Ejecutivo. Fue el primer encuentro con representantes de la Casa Gris, desde que el máximo tribunal estrena nueva composición.

En rigor, fueron dos las instancias de los encuentros. En primer término, los ministros de Gobierno, Fabián Bastía; y de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, ratificaron ante el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, la denuncia contra el juez penal Mauricio Martelossi. Se trata del magistrado de la ciudad de Reconquista que liberó al asesino del remisero Juan Carlos Martínez. El escrito de la denuncia había sido presentado la semana pasada, pero debía ser ratificado por sus patrocinantes. El trámite se terminó de cumplir este martes.

Tras ello, también Coccocioni, pero en este caso junto al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, fueron recibidos por la Corte. Bastía no participó de la conversación.

El cónclave estaba previsto inicialmente para la semana pasada, tras la asunción de Rubén Weder como nuevo integrante del máximo tribunal, pero se suspendió por cuestiones de agenda. Finalmente se realizó este martes. Asistieron todos los ministros de la Corte, excepto Daniel Erbetta -por razones de salud-, y se extendió entre 30 y 40 minutos.

Se trató del primer encuentro cara a cara, formal y oficial, entre referentes de la Casa Gris y una Corte que por primera vez en la historia ostenta el número de siete miembros, y en la que "debutaban" tres de sus integrantes: Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Weder. Tienen orígenes político-partidario diferentes y todos fueron producto de los acuerdos que entabló el Poder Ejecutivo con distintos sectores para cubrir las vacantes que se habían producido, en el proceso de renovación que encaró la actual gestión para la Corte.

Rubén Weder es el flamante séptimo integrante del tribunal. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Sin embargo, en el encuentro de este martes, sin fisuras, el máximo tribunal insistió en la necesidad de cubrir, al menos de manera progresiva, las vacantes – más de noventa- existentes en diferentes juzgados de la provincia. La "prioridad" de cada uno de esos espacios sigue siendo el eje de discusión; lo fue meses atrás, cuando la disputa sobre el intercambio de información respecto de qué juzgados eran indispensables generó uno de los momentos más tensos en la relación Ejecutivo – Corte Suprema, y volvió a serlo en la reunión del martes.

Sobre el particular, hay criterios disímiles entre gobierno y justicia; el primero entiende que sólo deben ser cubiertos aquellos juzgados que verdaderamente sean necesarios. La Corte, en tanto, considera que si hay juzgados que no pueden ser considerados esenciales, entonces, directamente deben ser dados de baja. Y le recuerda en ese punto de la discusión al poder político, que la creación de juzgados no es una responsabilidad de la justicia, sino de la Legislatura que los debe crear -y así lo hizo- por ley. Si hay juzgados que deben cerrar, ello debe establecerse a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Corte acepta, en todo caso, que sí hay diferentes niveles de "urgencia" en los juzgados que deben ser cubiertos, pero que si existen, todos deben ser concursados en algún momento.

La manera de arribar a un punto medio para zanjar -al menos circunstancialmente- la discusión fue la decisión de constituir una suerte de mesa conjunta para definir en ese ámbito qué juzgados vacantes que aún no cuentan con un concurso iniciado deben ser considerados "prioritarios"; o qué niveles de prioridad existen.

La reunión de este martes, como se dijo, se dio ante una Corte parcialmente renovada, fruto del proceso que encaró la gestión del actual gobernador. Pero como lo sostuvo en reiteradas ocasiones el propio Maximiliano Pullaro, se trató sólo de una primer etapa.

El máximo tribunal santafesino por primera vez funciona con siete miembros.

El Poder Ejecutivo insiste en que siguen en sus cargos tres ministros -Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler- que traspasan el límite de los 75 años de edad fijado por ley, que deben dar un paso al costado. Se apunta, de todos modos, a un mandato más moral que jurídico, puesto que la norma fue sancionada el año pasado y no podría ser retroactiva. El gobernador apeló a un retiro amigable y voluntario; de lo contrario, avisó que tiene "las herramientas constitucionales" y que no le "faltará autoridad" para establecer el cese de los magistrados, por ejemplo, por decreto.

En las últimas horas, y ya con el resultado electoral del domingo consumado, volvieron a acrecentarse las versiones sobre la decisión de uno de los magistrados aludidos de acelerar su salida. Para ello, ya se habrían entablado contactos con el propio Poder Ejecutivo.

Jorge Baclini y Margarita Zabalza juraron y asumieron este lunes como ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El acto estuvo encabezado por el actual presidente, Roberto Falistocco, y los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi.

Los nuevos magistrados cubrirán, por un lado, la vacante que se generó a partir de la renuncia de Mario Netri el año pasado; y por el otro, el nuevo cargo que se creó en la última reforma a la ley judicial, que incorporó un séptimo lugar al Tribunal.

Según lo estableció el decreto de designación firmado oportunamente por el gobernador Maximiliano Pullaro después de la aprobación respectiva de los tres pliegos enviados a la Legislatura, Zabalza y Baclini serán los primeros en asumir. El restante, Rubén Weder, lo hará luego del 2 de abril, cuando se haga efectiva la renuncia de María Angélica Gastaldi.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, el presidente provisional del Senado Felipe Michlig, la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García, las titulares del MPA María Cecilia Vranicih y de la Defensa Estrella Moreno Robinson, los ministros Fabian Bastia (Gobierno), Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), José Goity (Eduación), Enrique Estévez (Ambiente), Susana Rueda (Cultura), el fiscal de Estado Domingo Rondina, el intendente Juan Pablo Poletti, la titular del Concejo Municipal Adriana Molinapte, los rectores y decanos de las Universidades, miembros del Poder Judicial y Colegios profesionales.

También asistieron en futuro ministro de la Corte Rodolfo Weder y el ex procurador Jorge Bof, además del histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza, padre de la nueva ministra. Entre quienes enviaron mensajes de adhesión está el ex miembro de la Corte Mario Netri, que renovó su "compromiso con la independencia del Poder Judicial".

Baclini comenzó proponiendo una batería de reformas para lograr mayor celeridad y eficiencia. Foto: Guillermo di Salvatore

Tras los juramentos de rigor, y el saludo a todos los ministros (especialmente afectuoso en el caso de Margarita Zabalza), los nuevos miembros de la Corte tomaron sitio junto a sus pares y tuvieron un momento para dirigirse al auditorio.

Jorge Baclini comenzó su discurso amparándose en "la emoción y la efervescencia" que "no me dejan pensar con claridad", para remontarse a sus inicios en el Poder Judicial hasta llegara a éste, que "es mi séptimo y último juramento" en ese ámbito.

"Me trajeron aquí el esfuerzo, la actitud, las ganas, el compañerismo y la decisión de trabajar por un Poder Judicial mejor, sentimientos que hoy están mucho más fuertes", planteó a continuación, como preludio a una escueta pero nutrida agenda de "decisiones a tomar, algunas de las cuales están en marcha", reconoció.

En ese contexto, luego de remarcar como mandato central "velar fuertemente por la independencia del Poder Judicial y la separación de los poderes del Estado", se refirió al "momento histórico" que supone la reforma de la Constitución.

Y en ese marco apuntó a la necesidad de incorporar al Consejo de la Magistratura para trabajar en la designación de jueces y fiscales, y también de su eventual remoción; los nuevos derechos, como usuarios, medio ambiente, usuarios y consumidores, acceso a la justicia, derechos de las víctimas y, fiel a su trayectoria inmediata, la autonomía del Ministerio Público de la Acusación.

"Entiendo como un gran desafío la idea de promover cambios materiales, en base a mi formación teórica, pero también a mis 35 años en el Poder Judicial, recorriendo y conociendo todos los lugares y sus necesidades", planteó. Y colocó como norte orientador lo que llamó "las cuatro E": excelencia, eficiencia, eficacia y efectividad.

Se refirió a la necesidad de trabajar exhaustivamente con diagnósticos y estadísticas, mejorar la litigación en las audiencias para evitar dilaciones, respetar los plazos y estableciendo prioridades. Apuntalar el desafío del proceso acusatorio juvenil, pero también llevarlo a todos los fueros, y a los juzgados de pequeñas causas, erradicando la burocracia y la delegación de funciones judiciales.

"Los procesos no pueden durar indefinidamente", remarcó, y apuntó a fortalecer "la inmediatez y la oralidad, con audiencias reales, no ficticias", y una firme tarea de capacitación, con la modificación de prácticas y modelos de trabajo largamente instalados, sobre la base de dos audiencias y la apuesta a la mediación, que facilite soluciones y no encarezca los procesos.

También apostó a la tecnología, con "un sistema informático cada vez más dinámico y amigable, incorporando la inteligencia artificial" y con "evaluaciones periódicas" de recursos humanos y materiales, en un nuevo mapa judicial que contemple las necesidades de cada lugar, instando a la cobertura de cargos según esos parámetros.

Zabalza convocó al trabajo "en equipo", en base al diálogo y el consenso, entre los miembros de la Corte y con los demás poderes del Estado. Foto: Guillermo di Salvatore.

A su turno, Zabalza trazó su hoja de ruta remarcando la trascendencia de la ocasión en el contexto "histórico, político e institucional" de Santa Fe.

"Acá hay representantes de los tres poderes. Y esto es consecuencia de acuerdos políticos, pero también de haber cumplido lo que dice la Constitución. Y eso no es menor, porque estamos en un contexto político complejo, donde pareciera que todo da lo mismo y que no hay que defender a las instituciones. Acá, más allá de cada uno de nosotros, está la institución, está el Poder Judicial", subrayó, y aseguró que "la Constitución Nacional, la Provincial y los tratados internacionales van a ser la guía de mi camino en la Justicia", al que anticipó como "largo".

El siguiente eje al que apuntó es el de que, más allá de la incorporación de nuevas tecnologías, no se debe perder de vista de que la esencia del trabajo judicial "es lo humano; los seres humanos que están detrás de cada expediente.

"Tenemos la enorme responsabilidad de recuperar lo humano. Incorporemos las herramientas tecnológicas, pero decidamos cuándo, cómo y para qué. No solamente para reducir tiempos y costos, sino para dar respuestas en todos y cada uno de los expedientes que tengamos que resolver", propuso, logrando el aplauso del auditorio.

Fuera de ello, instó a no olvidar que "la Corte tiene un rol de gobierno. Es el órgano central del gobierno del Poder Judicial y como tal hay que ejercerlo, y hacerlo con cercanía, reconstruir el mapa judicial en territorio, conociendo lo que pasa en cada jurisdicción, para dar respuesta a la gente. Y en la tarea jurisdiccional, para quienes defendemos el estado de derecho, los jueces tenemos que ser imparciales e independientes, y ése es mi compromiso", remarcó.

En ese marco, destacó el hecho de que "vamos a tener una Corte plural, con diversidad de miradas, de géneros, de origen, de especialidades, de edades. A eso hay que potenciarlo, para tener un mejor trabajo en equipo. Y ejercer el diálogo y el consenso, no solo entre nosotros, sino con los demás poderes y funciones".

Más allá del impacto político, y del reordenamiento interno que inevitablemente producirá el evento, se trata de un hecho con características históricas, en tanto desde hace 18 años que no se produce el ingreso de un nuevo ministro a la Corte Suprema. El último fue Daniel Erbetta, en 2007.

La otra particularidad con ese rango es que, por primera vez y durante unos pocos días, dos mujeres compartirán espacio en la integración del alto tribunal, María Angélica Gastaldi y Margarita Zabalza.

Por lo demás, con la asunción de los nuevos ministros, el Poder Ejecutivo comienza a ver materializado el proceso de renovación del máximo tribunal que se planteó desde comienzo de la actual gestión, no sin tensiones, presiones e incluso cruces de planillas estadísticas.

En el interín, la Legislatura sancionó una ley que modifica los parámetros del funcionamiento e integración de la Corte. Plantea sumar un miembro al máximo tribunal, pero también fijar un tope de 75 años a la edad de los magistrados. Sólo con convalidación legislativa y a propuesta del gobierno, podrían permanecer cinco años más.

El rosarino Roberto Héctor Falistocco presidirá la Corte Suprema de Justicia de la provincia en el 2025, informó esta tarde el propio tribunal en un escueto parte de prensa. El Litoral había anticipado el viernes que el hoy ministro decano del cuerpo volvería a la presidencia de cara al próximo ejercicio donde además encabezará el Tribunal Electoral y formará parte del cuerpo encargado de supervisar la elección de legisladores nacionales en el distrito Santa Fe.

Roberto Falistocco. Crédito: Guillermo Di Salvatore

La información difundida por la Corte señala que participaron del acuerdo los seis integrantes, es decir el actual presidente, Rafael Francisco Gutiérrez y los ministros Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi, y Daniel Aníbal Erbetta. "Materializada la votación resultó electo por unanimidad, el doctor Roberto Héctor Falistocco", precisa el comunicado.

La elección del presidente de la Corte, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 10.160 dispone que en el último acuerdo de noviembre se designa el titular para el ejercicio siguiente. Además, el acuerdo interno hace que la titularidad rote año a año entre Santa Fe y Rosario. Pero además, entre los cuatro ministros rosarinos hay un acuerdo para rotar el cargo, a excepción de Netri quien no quiso ejercer la función. Lo propio hizo Spuler en Santa Fe.

Falistocco había sido presidente, por última vez, en 2021, también año electoral.

El acuerdo de este martes fue el último que contó con la presencia de Netri quien renunció a partir del 1 de diciembre y hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha enviado pliego alguno a la Legislatura para su reemplazo. Tampoco fue enviado el pliego para el séptimo integrante que tendrá el tribunal de acuerdo a la reciente modificación de la ley.

En tanto, Gastaldi se retirará el 2 de abril de acuerdo a la renuncia presentada oportunamente y aceptada por el Poder Ejecutivo.

Falistocco es el decano de los ministros actuales ya que se sumó en 1987 propuesto por el Poder Ejecutivo que conducía Víctor Reviglio y venía desempeñándose como secretario de Asuntos Legislativos.

No se trata de un número más en la secuencia elemental. No. Se trata de siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (CSJP) y no seis, como hasta hoy. De diversos modos se habla de este tema y parece resuelto: habría cambios con mucha sustancia en la Corte Provincial, la cima del Poder Judicial. Una nota del colega Mario Cáffaro, una voz directa de diario El Litoral, puso claramente las cosas en su lugar. Antes, como después, diversas voces, como esta, apuntan a los alrededores del hecho.

De producirse lo que se promete para agosto de 2024, cuando comenzarían varias tareas de profundos cambios del entramado provincial -un entramado de poderes y de nombres que detentan tales categorías-, el gobierno de Maximiliano, es decir la "Gobernación Pullaro", estaría marcando una diferencia muy grande con las anteriores. Se insiste: grande, muy grande, acaso excesivamente grande, pero queda en claro que, de producirse, como todo indica, la provincia avanzaría a otro plano.

El cambio de la "Gobernación Pullaro" sería histórico. Un cambio en cuestiones de fondo que se extenderían al menos por los próximos veinte años. Tal vez más. Un llamado a una Convención Constituyente traería el relevo de la Constitución 1960-1962 (la referencia es para indicar los años de su escritura). Los mandatos del Poder Ejecutivo, donde aparecería la posibilidad de la repetición sin intermitencias, es una reforma que no se puede considerar menor. Hay más. El articulado sobre jueces, duración y forma de elegirlos, la posibilidad de las autonomías municipales, el modo de la distribución de fondos y la recaudación, según esa misma autonomía.

La cuestión de los legisladores y esa inaudita (hoy inaudita) mayoría automática en la Cámara de Diputados, por un simple voto de diferencia, otorgando 28 bancas al ganador y solamente 22 para todos los perdedores no resiste consideración alguna. No públicamente. Bien que en el fondo de sus despachos los gobernadores que contaron con esa herramienta la gozaron, los que no la tuvieron sufrieron la capacidad del torniquete legislativo, una injusticia electoral que se consolida al no respetar una simple proporcionalidad según cantidad de votos emitidos. Eso debe reformarse sí o sí,... o sí.

El Senado y esa suma/división en 19, sin respeto por el género y con más, con la felicidad eterna de la repetición de mandatos al infinito, es algo que no se explica fácilmente y muchos prefieren no mencionarlo. Tampoco queda claro (para algunos sí) que los candidatos votados y con mandato real no admiten licencias para ejercer otro cargo provincial al mismo tiempo, hay diferencia con las enfermedades que no terminan en inhabilitación y todo, todo esto, es parte de discusiones escondidas en despachos y pocas discusiones públicas.

Llamar a una Junta de Especialistas para justificar la Reforma de la Constitución obliga, periodísticamente al menos, a repreguntar: ¿Quiénes son los especialistas en Reforma Constitucional en la provincia de Santa Fe? Cabe agregar que urge reformularla, no está adecuada al siglo XXI. No se encuentran defensores a ultranza del total de sus artículos. Debe reformarse. Listo.

¿Hay antecedentes sobre Constitución, jueces y permanencia en el cargo? Hay uno, un fallo en especial que sí se comenta. La Constitución vigente en la provincia de Santa Fe indica que, más allá de los 65 años, los jueces deberían pasar a retiro, deberían… antes de esa fecha no es posible pedirles el retiro, después… qué importa del después. Después es supervivencia natural, porque la Constitución Provincial lo permite.

Hay un interesante fallo sobre un juez de la CSJP que consiguió eso, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que decía lo obvio. Los 75 años para pasar a retiro corresponden a la justicia federal, a los jueces federales y nada dice de los jueces provinciales. De reformarse corresponderá otra pregunta: ¿Los jueces de la CSJP que hoy están, con qué régimen de jubilaciones se rigen? Citemos el tango: "hay un vacío imposible de llenar".

¿Quién elige a los jueces? ¿Quiénes pueden ser jueces de la Suprema Corte? Muchos, ante estas dos preguntas, intentan contestar con códigos y eso no es lo cierto. Los jueces los elige el sistema político y sus actores. Mario Netri, en su momento, fue sugerido por el intendente de Rosario, Horacio Daniel Usandizaga. Un acuerdo sobrio y tranquilo hizo que el hombre de Franja Morada, Daniel Erbetta, en el interregno entre Jorge Obeid y Hermes Binner, fuese nombrado juez. María Angélica Gastaldi fue una decisión de Carlos Reutemann, como la de Rafael Gutiérrez, hombre con genética en esa familia. Eduardo Spuler de una parte, como Roberto Falistocco de la otra (la renuncia de Iturraspe lo colocó en tal cargo) provienen de razones políticas.

Todos, cabe destacar, han servido fielmente a las leyes de la Constitución Provincial. En todos hay una suficiente probanza que sus fallos están más ajustados a derecho que en otras provincias, también más sobrios y serenos que algunos fallos nacionales. Todos tienen el boleto marcado. Es posible asegurar que un cambio en la conformación de la CSJP pondría a la "Gobernación Pullaro" como la que actualizó el más alto tribunal. Con igual énfasis es posible asegurar que la misma tendrá un clarísimo tinte político y reformista, muy siglo XXI.

El tema obliga a una repetición: un cambio en las estructuras que durará al menos veinte años. Debe insistirse y lo hacemos: va de la mano de un llamado a Reforma de la Constitución. No es poco. Es mucho. Son dos movimientos telúricos por cuerdas separadas, pero en el mismo momento, en la misma provincia y con los mismos actores. Ah… ¿Pueden gobernador y vice ser convencionales constituyente? Una biblioteca entera dice que no, el borrador de la Boleta Única dice que sí,… pero es un borrador.

A todo eso, el sistema previsional (Caja de Jubilaciones) está en alerta súper rojo y va a la reforma, o el rojo hace estallar a la provincia. Nación ni pagó, ni paga, ni pagará. El proporcional de activos contra pasivos y los descuentos actuales sobre los sueldos no alcanza. Es un cambio basal.

La provincia, con estos tres temas, estaría con estudios, análisis y actividades febriles desde agosto de 2024 a mayo de 2025. Sobre tal mes la elección parcial/ provincial de autoridades comunales daría un marco estrictamente territorial. Si se une a las nacionales ("oktober fest") a las provinciales vendrían Javier y Karina, y nadie quiere que en este negocio aparezca un kiosco nacional. No irían juntas.

Los jueces que se irían pueden ser todos. Nadie cree que a Erbetta, antiguo hombre de Franja Morada, con un paso veloz y certero por las definiciones "zafaronianas", más allá de sus posibilidades de integrar cortes nacionales, donde hay abundancia de santafesinos a esta fecha, lo inquieten demasiado. Le cabe el Martin Fierro: "Mantente en el rincón donde empezó tu existencia…"

Es raro el destino de Rafael Gutiérrez. Todo indica que, pese a la fecha de vencimiento que teórica y unilateralmente han fijado (los 75 en la Libreta de Enrolamiento y Libreta Cívica) el hombre de la Santa Fe señorial se quedaría. Solo en la Casa Gris está la respuesta. Es más cercano a las intuiciones positivas el adiós de Gastaldi, Spuler y Netri. Igual suerte correría el otro hombre del sur: Falistocco.

¿Terremoto o secuencia? Hay una diferencia entre la renuncia pactada de uno tras otro, escalonadamente, y el adiós en conjunto. Si Gutiérrez no se va en el mismo barco que lleva a mansas lagunas a los otros cuatro mencionados, el efecto de su despedida no sería tal y acaso le perdonarían la vida mas allá de octubre del 2025 y quien dice después dice a lo mejor, dice está por verse, dice déjamelo pensar, en fin, y ya veremos…

¿Es la Dra. Levin un pedido radical?¿Es Diego Giuliano un pedido peronista? ¿Existe el Dr. Carranza en el magín de alguien? ¿Tiene el socialismo un nombre? ¿Quién estará en el pequeño cónclave donde se decidirán estos nuevos miembros?

Lo que se indica como posible, siguiendo la lógica elemental que brinda el periodismo y la veteranía, seria esto. Una corte de siete miembros. Una compensación a lo mucho que pierde Rosario (Netri, Gastaldi y Falistocco) de no cumplirse estas primeras variables la ciudad de Santa Fe se vería triunfadora (y ese es el deseo de la burocracia patricia santafesina, como la bauticé en el 1985). Advertencia elemental: al menos dos mujeres deberían ser juezas.

Desde Rosario se indica que hay algo cierto: a nadie inquieta, en la masa electoral del sur, este tema puesto a consideración en mitad del año 2024. Sus efectos, porque esto indefectiblemente sucederá, se verán reflejados en los actos judiciales de los próximos veinte años. Muchos analistas, ante tal posibilidad inatajable sostienen: siete es mejor que seis. ("Dese por aprobado, publíquese, archívese").

El gobernador Omar Perotti participó este jueves del acto de toma de juramento de las nuevas autoridades que fueron designadas para ocupar cargos en el Sistema Penal de la provincia. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Erbetta, y se desarrolló en el Salón de Actos del Palacio de Tribunales, en la ciudad de Santa Fe.

Luego del acto, Perotti agradeció y reconoció “el enorme trabajo realizado en un proceso complejo, en una de las instituciones más importantes de la Justicia de la Provincia de Santa Fe, de su engranaje institucional, que se ha podido llevar adelante de la mejor manera, de manera transparente, donde todos los postulantes y cualquier interesado, cualquier santafesino de cualquier lugar pudo seguir cada uno de los exámenes de cada uno de los que se presentó”; y reconoció que se trató de “una instancia inédita, pero me parece necesaria, y ojalá se siga aplicando siempre en cada instancia de selección de este tipo”.

Asimismo, el gobernador expresó que “con los procesos de los trámites legislativos correspondientes y los plazos cumplidos, con las mayores expectativas, como seguramente tiene la población, en el deseo de una justicia presente que nos ayude a encaminar un mayor nivel de convivencia en la ciudadanía, mayores expresiones de justicia que den bases sólidas a cualquier desarrollo de una comunidad”.

Finalmente, Perotti destacó este acto como “uno de esos hechos importantes y trascendentes que tiene la vida de una sociedad, donde empezamos, queremos y deseamos que las condiciones y capacidad de las nuevas autoridades designadas nos permitan mejorar y mucho el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación en la conducción de la política criminal”.

En primera instancia, se tomó juramento como Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, a la doctora María Cecilia Vranicich y, como Defensora Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, a la doctora Estrella Moreno Robinson. Además, prestaron juramento como fiscales regionales, el doctor Jorge Alberto Nessier, la doctora María Eugenia Iribarren, el doctor Matías Sebastián Merlo correspondientes a las Circunscripciones Judiciales N° 1, 2 y 3 respectivamente, y como Auditor General de Gestión, el doctor Leandro Luis Mai, todos para el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.

Como Defensores Regionales dieron juramento también el doctor Jorge Leandro Miró, la doctora María Valeria Lapissonde, el doctor Carlos María Flores Zanella, correspondientes a las Circunscripciones Judiciales N° 1, 4 y 5 respectivamente, todos para el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe.

De la ceremonia participaron también los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, y el Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, junto con las autoridades salientes, Jaquelina Balangione como Defensora Provincial, y Jorge Baclini como Fiscal General.

Además estuvieron presentes la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas; el presidente provisional de la Cámara de Senadores de la provincia, Rubén Pirola; el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías; los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Gestión Pública, Marcos Corach; y de Igualdad, Género y Diversidad, María Florencia Marinaro; el fiscal de Estado, Rubén Weder; el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; senadores y diputados provinciales; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda; y demás autoridades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y representantes de universidades y de colegios, entre otros.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, abrió en Rosario el año judicial con un discurso con fuertes referencias a la violencia en esa ciudad. Junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri, ante un auditorio compuesto por los titulares de los demás poderes y autoridades municipales, Erbetta agradeció “especialmente” a los “familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo”. Dijo que “a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad”.

“No quiero con esto asumir para el judicial responsabilidades que están fuera de su competencia pero si reafirmar que vamos a estar cuando nos necesiten”. Dijo que “los operadores judiciales deben desarrollar una especial sensibilidad frente a las lesiones a la dignidad humana, para no naturalizar situaciones inaceptables y para que la técnica jurídica elevada a ontología que proponen algunas corrientes jurídicas, no nos lleve al lugar de aquel famoso guillotinador que todas las mañanas limpiaba la cuchilla para no ensuciar a la víctima”.

“Cuidado con el idealismo y el normativismo extremo que como bien ha advertido Francisco en la Carta dirigida el año pasado a académicos y magistrados, lejos de una virtud contribuyen a reforzar los rasgos autoritarios del ejercicio de poder”, a lo largo de su exposición, el Papa sería citado en casi una decena de oportunidades.

Sostuvo que “la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales (Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del estado); el problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales”.

Tras enumerar la “genealogía de esta complejidad”, hoy existe un “escenario de bandas criminales polirubros, que aprovechan su expertice en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos. En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia”.

Señaló a las “financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales”.

Afirmó que “a este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas”. Más adelante, en clara referencia a las lamentables expresiones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que “no hay ninguna lucha perdida en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ni tampoco vamos a resignarnos ante la dinámica de un año electoral”.

“El plan de acción debe necesariamente ajustarse al mandato constitucional y a ese pilar básico de la democracia argentina que, con el consenso multipartidario, institucionalizó las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia, advirtiendo que la violación de cualquiera de ellas pone en riesgo la estabilidad democrática y que la apelación excluyente a las instituciones de la política criminal y, peor aún, la eventual militarización de la seguridad, nos coloca en el riesgo cierto de comenzar a caminar hacia el precipicio”, observó.

Admitió que existe una crisis judicial describió “patologías” en los “poderes judiciales” en el país, cuyos integrantes “tenemos serias dificultades para reconocer que la ciudadanía no confía, nos guste o no, tenga fundamentos o no, en el servicio de justicia”.

Dijo que “la política que debe recuperar el estado para la política, recuperar la democracia con partidos políticos no mediáticos” y que la interpelación es también para “el aparato judicial y del mismo modo para el campo académico, en tanto necesidad de repensar nuestros saberes y doctrinas, para construir la nueva institucionalidad del siglo XXI”.

Al concluir su mensaje citó nuevamente al jefe de la Iglesia Católica en su mensaje a la Asociación de Magistrados de Italia: “Sin justicia, toda la vida social permanece atascada, como una puerta que ya no puede abrirse, o termina por chirriar y crujir, en un movimiento farragoso”.

Erbetta sostuvo que en Santa Fe “por primera vez se ha perforado, en alguna medida, la selectividad estructural del sistema penal y se ha avanzado sobre sectores y capas sociales que antes eran invulnerables. No sólo estructuras u organizaciones delictivas vinculadas a mercados y economías delictivas (generadoras de niveles de violencia inusuales) e integradas incluso con sectores de la agencia policial sino también sobre sectores del poder real e incluso sobre integrantes del propio MPA”.

Agregó que “las amenazas y balaceras a nuestros fiscales, jueces y tribunales, únicas en la historia judicial argentina dan cuenta de ello. Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir”. En otro momento de su discurso reclamó “la garantía de plena autonomía al MPA que ha sido legislativamente debilitada”.

Describió problemas, entre ellos, “las malas prácticas, los riesgos de burocratización y también de colonización política especialmente del MPA. Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilitara un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación” de la reforma del proceso penal. Mencionó como “una deuda enorme” al “juicio por jurados populares”

Erbetta no habló sobre el pedido de juicio político a la cabeza del Poder Judicial que impulsa el oficialismo en el Congreso; sí se expresó sobre la necesidad de la reforma y de modernizar la estructura judicial. Mencionó que por ejemplo “luego de casi 4 años de vacancia recién en estos días la Procuración llamó a concurso el relevante cargo de Fiscal general de Rosario”. Reconoció “el acuerdo político de nuestros representantes ha posibilitado la presentación y tratamiento la ley de fortalecimiento de la justicia federal”.

“Debe debatirse necesariamente -siguió- la reforma de integración y función de la CSJN, cuyo diseño y atribuciones son únicos en el planeta, en tanto ningún país desarrollado concentraría en sólo 5 personas la función de control de constitucionalidad, la revisión de cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier fuero del país por vía de arbitrariedad (algo más del 90 % ciento de los casos que resuelve), el gobierno del poder judicial y también la presidencia del CMN. ¿Puede naturalizarse que cinco o cuatro jueces, sumamente calificados en sus antecedentes por cierto, puedan igualmente estudiar y resolver casi 17.000 o más casos por año?”, cuestionó. Y subrayó “no sólo es la más reducida de los países occidentales”, sino que es “la más chica de toda la República Argentina”.

Privilegios porteños

El juez Daniel Erbetta, titular de la Corte de Santa Fe, dijo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es “un lugar por cierto muy particular, donde no hay campos, ni vacas, tampoco soja o trigo, ni fábricas, ni siquiera cárceles, cuenta con la policía mejor paga del país y el más alto ingreso per cápita, y hasta reciben un aumento del coeficiente de coparticipación en materia de seguridad por vía de una cautelar judicial que la justicia jamás otorgó a las provincias de San Luis, Córdoba o Santa Fe; un dato anecdótico a propósito de lo dicho por el papa Francisco sobre la necesidad de un federalismo sano.

Un campo de lucha

Para el juez Daniel Erbetta en el país ha existido recientemente “la pretensión de colonización de sectores del poder judicial para convertirlo en un campo de lucha político partidaria” y recordó que esos “fenómenos de patología institucional” se “han potenciado especialmente a nivel federal, la judicialización de la política y la politización de la justicia, patologías que han merecido el cuestionamiento severo del Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019”.

(Por Luis Rodrigo) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, abrió en Rosario el año judicial con un discurso con fuertes referencias a la violencia en esa ciudad. Junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri, ante un auditorio compuesto por los titulares de los demás poderes y autoridades municipales, Erbetta agradeció “especialmente” a los “familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo”. Dijo que “a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad”.

“Cuidado con el idealismo y el normativismo extremo que como bien ha advertido Francisco en la Carta dirigida el año pasado a académicos y magistrados, lejos de una virtud contribuyen a reforzar los rasgos autoritarios del ejercicio de poder”, a lo largo de su exposición, el Papa sería citado en casi una decena de oportunidades.

Sostuvo que “la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales (Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del estado); el problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales”.

Señaló a las “financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales”.

Afirmó que “a este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas”. Más adelante, en clara referencia a las lamentables expresiones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que “no hay ninguna lucha perdida en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ni tampoco vamos a resignarnos ante la dinámica de un año electoral”.

Admitió que existe una crisis judicial describió “patologías” en los “poderes judiciales” en el país, cuyos integrantes “tenemos serias dificultades para reconocer que la ciudadanía no confía, nos guste o no, tenga fundamentos o no, en el servicio de justicia”.

Dijo que “la política que debe recuperar el estado para la política, recuperar la democracia con partidos políticos no mediáticos” y que la interpelación es también para “el aparato judicial y del mismo modo para el campo académico, en tanto necesidad de repensar nuestros saberes y doctrinas, para construir la nueva institucionalidad del siglo XXI”.

Al concluir su mensaje citó nuevamente al jefe de la Iglesia Católica en su mensaje a la Asociación de Magistrados de Italia: “Sin justicia, toda la vida social permanece atascada, como una puerta que ya no puede abrirse, o termina por chirriar y crujir, en un movimiento farragoso”.

Erbetta sostuvo que en Santa Fe “por primera vez se ha perforado, en alguna medida, la selectividad estructural del sistema penal y se ha avanzado sobre sectores y capas sociales que antes eran invulnerables. No sólo estructuras u organizaciones delictivas vinculadas a mercados y economías delictivas (generadoras de niveles de violencia inusuales) e integradas incluso con sectores de la agencia policial sino también sobre sectores del poder real e incluso sobre integrantes del propio MPA”.

Agregó que “las amenazas y balaceras a nuestros fiscales, jueces y tribunales, únicas en la historia judicial argentina dan cuenta de ello. Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir”. En otro momento de su discurso reclamó “la garantía de plena autonomía al MPA que ha sido legislativamente debilitada”.

Describió problemas, entre ellos, “las malas prácticas, los riesgos de burocratización y también de colonización política especialmente del MPA. Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilitara un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación” de la reforma del proceso penal. Mencionó como “una deuda enorme” al “juicio por jurados populares”

Erbetta no habló sobre el pedido de juicio político a la cabeza del Poder Judicial que impulsa el oficialismo en el Congreso; sí se expresó sobre la necesidad de la reforma y de modernizar la estructura judicial. Mencionó que por ejemplo “luego de casi 4 años de vacancia recién en estos días la Procuración llamó a concurso el relevante cargo de Fiscal general de Rosario”. Reconoció “el acuerdo político de nuestros representantes ha posibilitado la presentación y tratamiento la ley de fortalecimiento de la justicia federal”.

“Debe debatirse necesariamente -siguió- la reforma de integración y función de la CSJN, cuyo diseño y atribuciones son únicos en el planeta, en tanto ningún país desarrollado concentraría en sólo 5 personas la función de control de constitucionalidad, la revisión de cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier fuero del país por vía de arbitrariedad (algo más del 90 % ciento de los casos que resuelve), el gobierno del Poder Judicial y también la presidencia del CMN. ¿Puede naturalizarse que cinco o cuatro jueces, sumamente calificados en sus antecedentes, por cierto, puedan igualmente estudiar y resolver casi 17.000 o más casos por año?”, cuestionó. Y subrayó “no sólo es la más reducida de los países occidentales”, sino que es “la más chica de toda la República Argentina”.

El juez Daniel Erbetta, titular de la Corte de Santa Fe, dijo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es “un lugar por cierto muy particular, donde no hay campos, ni vacas, tampoco soja o trigo, ni fábricas, ni siquiera cárceles, cuenta con la policía mejor paga del país y el más alto ingreso per cápita, y hasta reciben un aumento del coeficiente de coparticipación en materia de seguridad por vía de una cautelar judicial que la justicia jamás otorgó a las provincias de San Luis, Córdoba o Santa Fe; un dato anecdótico a propósito de lo dicho por el papa Francisco sobre la necesidad de un federalismo sano.

Para el juez Daniel Erbetta en el país ha existido recientemente “la pretensión de colonización de sectores del poder judicial para convertirlo en un campo de lucha político-partidaria” y recordó que esos “fenómenos de patología institucional” se “han potenciado especialmente a nivel federal, la judicialización de la política y la politización de la justicia, patologías que han merecido el cuestionamiento severo del Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019”.

(Por Gabriel Rossini) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, señaló la necesidad de que en la provincia de Santa Fe se lleve adelante una reforma policial que reemplace la estructura “arcaica y fuera de tiempo” que tiene, dijo que el problema de la violencia en Rosario tiene por lo menos 10 años y consideró necesario encarar la inseguridad de manera más integral, ya que antes de la intervención de las fuerzas de seguridad y de la Justicia están las políticas que los estados tienen que impulsar en los barrios para no perder el control territorial.

– ¿La seguridad es el principal problema que tiene hoy la provincia?

– Tenemos una provincia con muchas potencialidades, con los números estabilizados, obviamente con los problemas que afectan a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Pero si tuviera que definir un denominador común, la seguridad es un problema que por lo menos en la agenda de la gente aparece de manera prioritaria, sobre todo en el lugar de mayor concentración, que es la ciudad de Rosario.

– Es claro que este no es un problema nuevo. En primer lugar, al tema de la seguridad hay que distribuirlo territorialmente porque la provincia es muy extensa y no es igual en Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe o Rosario. Si tomamos el caso de Rosario, que concentra el 62 % de la conflictividad penal de toda la provincia, hay un diagnóstico. Hace más de diez años que arrastra este problema. En 2013 tuvimos una tasa de homicidios dolosos que fue la más alta del país por mucho, muy parecida a la de 2022, donde batimos nuestro propio récord. Tiene que ver con distintas situaciones, con una policía que comenzó a autonomizarse y que hoy está atomizada, por eso es importante que la nueva conducción del Ministerio de Seguridad pueda alinear esta situación; con la aparición de un mercado minorista vinculado al comercio de drogas que fue creciendo exponencialmente, vinculado a una demanda muy rígida. Lo cual genera un volumen de dinero que empezó a ser disputado por distintas organizaciones; un fenómeno de migración muy grande, con barrios en la periferia poco protegidos que se desmadraron. En alguna medida, algunos sectores de la policía terminaron gerenciando una parte de este negocio con un sector de la delincuencia. Esto no es una especulación, son los sectores de la policía que están procesados o condenados en causas judiciales por trabajar para distintas organizaciones. Esto hizo que, en alguna medida, estos mercados ilegales se desregularan y que la policía haya perdido el control de la calle.

-Muchas veces a Rosario se la compara con otras ciudades donde el narcotráfico tiene una decisiva participación, como varias de México o Colombia. ¿Estamos cerca o lejos de ellas? ¿Es comparable la situación?

-Bajo ningún punto de vista es comparable. El fenómeno de México o Colombia es distinto. Nosotros no tenemos carteles. Rosario tiene un problema de narcomenudeo y de tránsito de la droga, pero no se vaya a creer que es un problema distinto al que ocurre en otras partes del país. ¿Alguien piensa que en Córdoba no hay drogas? ¿Qué la sociedad cordobesa no consume y no hay un mercado ilegal en torno a la droga? Sin embargo en Córdoba tienen 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes y Rosario 22. Evidentemente lo que ocurre es que en Córdoba hay una regulación de este mercado ilegal y en Rosario no. El puerto de Hamburgo en Alemania es la principal puerta de acceso de la droga a Europa. ¿Piensa que la policía alemana no lo sabe? Lo sabe y lo regula. Cuando tiene una demanda rígida y en alguna medida detrás del delito hay una ley del mercado, no lo va a controlar con una ley penal, porque siempre va a aparecer alguien que la provea. Acá hay un gran desafío y tenemos un problema que resolver en el nivel de la agencia policial y de la carcelaria.

-Señaló al narcomenudeo como la principal causa de la violencia en Rosario. Como ya existe en otras provincias, en algún momento se propuso trasladar las causas de narcomenudeo a la Justicia provincial. ¿Esta de acuerdo con esa idea?

-No estoy de acuerdo y de hecho en las provincias que se implementó no hubo ningún resultado positivo. Lo que ocurre es que, en alguna medida, Rosario y Santa Fe tienen un problema muy grave, que es que casi no tienen Justicia federal. Fíjese que la mayoría de las organizaciones que manejan este negocio ilegal fueron perseguidas por la Justicia provincial con el pretexto de delitos que son graves y corresponde castigarlos, como extorsiones, amenazas, tenencia de armas, homicidios, etc. Pero la capacidad de rendimiento de la Justicia federal es muy pobre. Por ejemplo, Rosario tiene una estructura de la Justicia federal que es absurda. Es una pirámide invertida. Usted tiene en la cúspide tres tribunales de juicio oral, esto es nueve jueces para llevar adelante un juicio, y en la base solo tres fiscales para investigar. De los cuales dos son a medio tiempo, porque además están subrogando en las ciudades de Venado Tuerto, Victoria y San Nicolás; más dos jueces federales que delegan la investigación en los fiscales. Me parece que este es un tema pendiente sobre todo de la política nacional, del Congreso Nacional, del Consejo de la Magistratura, de la Procuración de la Corte que tiene a su cargo el concurso de los fiscales. Rosario tiene el cargo de fiscal general vacante desde hace cuatro años.

-Hubo expresiones de compromiso para solucionar esta situación, la Corte nacional y los jueces federales fueron el año pasado a Rosario. Pero no no se avanzó.

-Fue un hecho simbólico y del que tuve una posición crítica, porque trasladar tantos jueces federales uno o dos días hábiles a la ciudad de Rosario…. Imagínese si nosotros decidimos ir a darle el apoyo al Poder Judicial de otra provincia y nos vamos con todos los jueces de Santa Fe dos días. ¿En que se tradujo esta inversión de tiempo? Hubo una convocatoria con motivo de esta reunión, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y elevaron un proyecto de ley para fortalecer a la Justicia federal, pero que no se trata porque el Congreso nacional no funciona. De modo que me parece que hace falta un poco más de compromiso, se debe tener en cuenta que Rosario pertenece a Argentina y es una ciudad muy importante como para dejarla sola.

-Se refirió a dos problemas que tiene la provincia para enfrentar los problemas de inseguridad, que son la Policía y el Servicio Penitenciario. ¿Son necesarias reformas profundas o con lo que hay se puede? ¿Con las leyes que hay se puede enfrentar?

– La cuestión de la seguridad es un tema bastante complejo, que no solo se agota en la etapa más inmediata. Que es la que tiene que ver con los tres actores de política criminal: la policía, los fiscales que son los encargados de la persecución e investigación y el Servicio Penitenciario carcelario. Obviamente que antes de esto hay la necesidad de un conjunto de políticas públicas que comprometen al Estado nacional, provincial y municipal, desde primarias como la generación de empleos, la presencia en los barrios, urbanización, iluminación, generación de actividades recreativas, en fin, de tratar de que el Estado no pierda el control territorial. Respecto a los tres actores de política criminal, tenemos problemas serios en la Policía y el Servicio Penitenciario porque en el sector judicial, y no va en esto una defensa corporativa, los datos duros muestran que la tasa de encierro en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario, más que se duplicó en menos de diez años. Es decir que la actividad de los fiscales y los jueces ha sido superlativa. Esto ha generado un problema adicional de sobrepoblación carcelaria, porque este aumento no vino de la mano de un aumento del personal penitenciario, y esto plantea un problema de gobierno de las cárceles. Que hay que tomar medidas en el sector penitenciario carcelario no hay ninguna duda. Nosotros tenemos probado en distintos procesos judiciales que muchas de las balaceras, extorsiones y homicidios de Rosario fueron dispuestos de las penitenciarias de la provincia y en las federales, donde parece ser que el sistema penitenciario federal no quiere hacerse cargo o no entiende. Los privados de la libertad tienen derechos, pero todo derecho está sujeto a una regulación. No se puede dejar de hacer inteligencia para prevenir hechos delictivos en la penitenciaría, no se pueden dejar de tomar medidas que apunten a limitar que desde la penitenciaría se puedan generar hechos delictivos de manera reiterada, como se ha probado ocurren en la ciudad de Rosario.

– ¿Y la policía?

– No hay ninguna duda. Pero las leyes de reforma policial no fueron tratadas por la Legislatura, las de seguridad tampoco. Hace un tiempo el ingeniero Giustiniani presentó nuevos proyectos para la discusión, porque no hay ninguna duda de que Santa Fe no necesita con urgencia una reforma policial ahora: la necesitaba hace diez años. Hoy es una obligación moral asumir y abordar cómo reformar la policía, porque tenemos una estructura arcaica y fuera de tiempo, pero también hay que pensar en la formación, la capacitación, en las condiciones dignas de trabajo. Policías que no solo estén bien equipados y con tecnología, sino que también tengan buenos salarios. Y fundamentalmente en un cambio radical de la estructura.

-¿La Justicia tiene los instrumentos, los hombres, las capacidades técnicas y los recursos para hacer frente al delito?

-No tiene lo suficiente, pero se avanzó mucho. En paralelo de la reforma del sistema de investigación y enjuiciamiento se tomó conciencia, y hubo un avance en este sentido, de la necesidad de empezar a contar con equipamiento tecnológico. Pero a veces no es el suficiente para enfrentar el volumen de delitos que suceden, como por ejemplo pasa con la Unidad de Delitos Complejos y la de Homicidios Dolosos de Rosario. Hay problemas que tienen que ver con la investigación criminal y que se vinculan con la capacitación del personal y a veces con la falta de insumos y tecnologías. Otras veces pasa a la inversa, tenemos tecnología pero no el personal. Se han adquirido equipos para destripar celulares con una tecnología que no tiene nadie en el país y no tenemos quien los pueda operar. A tratar de resolver muchos de estos problemas tiene que apuntar tanto la convocatoria que hicimos la semana pasada en Rosario con las distintas agencias que intervienen en la investigación criminal, como la que en el seno de la Junta de Seguridad Provincial el gobernador convocó esta semana.

-Hay otra parte de esta situación compleja que es el económico, el vinculado con el lavado de dinero proveniente de los delitos y la economía informal que se genera a su alrededor. ¿Considera que la instalación de una sede de la UIF en Rosario va a ayudar a combatir estos delitos?

-Rosario tienen una economía informal de arriba del 65 por ciento y esto favorece la canalización y el lavado del dinero que proviene del delito. Este es uno de los grandes temas. El problema de Rosario no se reduce a Los Monos o a Lindor Alvarado y los homicidios. Hay una arista, que incluso sube en los escalones sociales, porque el dinero que provienen de estos delitos no se lava en los barrios periféricos ni en la cárcel. Acá me parece que hay una deuda pendiente de la política y del Ministerio Público Fiscal. Por eso la importancia de los concursos de fiscales, ya que a quien le toque ejercer el cargo de fiscal general, y fundamentalmente el de fiscal general de Rosario, tiene que tener muy en claro esta problemática para poder diseñar una política estratégica que apunte a golpear donde más duele. Que es el eslabón de arriba, porque si corta ese eslabón de la cadena, el problema tiende a reducirse. Este es un tema significativo, es un problema que tiene Rosario y que termina favoreciendo y siendo funcional a la consolidación de estos mercados ilegales.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe informó que, conforme a la previsión contenida en el artículo 29 de la Constitución de la Provincia, en consonancia con leyes y reglamentaciones respectivas, ha resuelto declarar integrado el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe para el año 2023.

El mismo será presidido por quien estará al frente de la Corte durante el próximo año, Daniel Erbetta, y se desempeñarán como vocales los magistrados que resultaron sorteados.

Conforme a ello, serán titulares Alfredo Ivaldi Artacho y Armando Drago, respectivamente juez de Cámara del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Rosario y juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Santa Fe.

En tanto, serán vocales suplentes Edgar José Baracat y Roberto Reyes, uno juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Rosario y el otro juez de Cámara del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Santa Fe. En tanto, el procurador fiscal será Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte.

Por Emerio Agretti (El Litoral)

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia elegiría hoy como su presidente para el período 2023 al penalista rosarino Daniel Erbetta.

De esta manera, Erbetta, que ya estuvo al frente del organismo en 2017, volverá a hacerlo en este caso también como titular del Tribunal Electoral, en un año marcado políticamente por la renovación de autoridades ejecutivas y legislativas.

La designación de Erbetta, que se concretaría en la jornada de hoy en el marco de la última reunión de acuerdo del mes de noviembre (salvo que, como en otras ocasiones, la Corte decida posponer la decisión por una semana), no es una sorpresa, en la medida en que se deriva del acuerdo de rotación geográfica y personal suscripta en su momento por los ministros.

Erbetta ingresó como miembro de la Corte en diciembre de 2007, designado por el entonces gobernador Jorge Obeid, pocos días antes de la asunción de Hermes Binner en la Casa Gris.

Con alto perfil público y habituales pronunciamientos sobre temas institucionales, Erbetta fue un fuerte impulsor (y es un firme defensor) del sistema procesal penal acusatorio que rige en la provincia. En ese contexto, se manifestó en minoría en su momento (junto a su par Mario Netri), cuando la Corte avaló el control de la Legislatura sobre el accionar de los fiscales, y también defendió el criterio de que los legisladores pueden ser citados a audiencia imputativa.

La presidencia de la Corte está a cargo en el corriente año de Rafael Gutiérrez, al igual que en 2020, mientras que durante 2021 quien estuvo al frente fue el rosarino Roberto Falistocco.

Senador provincial Lisandro Enrico (UCR – General López)

La decisión de la Corte Suprema de Justicia santafesina de ordenar un “recálculo” de la pena de 21 años y medio dictada al femicida Manuel Masilla (17) de su novia Chiara Páez (15), ocasionó el repudio de los familiares y allegados de la víctima, como así también del movimiento “Ni una Menos”, colectivo contra la violencia machista que se originó precisamente con motivo del crimen cometido siete años atrás, en la ciudad de Rufino, por el entonces menor de edad.

La resolución estableció que, de acuerdo a las normas internacionales que protegen a la niñez en materia penal y a la jurisprudencia interna existente al respecto, en este hecho debe aplicarse la ley penal juvenil, que prevé que para los casos de reclusión perpetua -como le habría cabido a Mansilla si hubiese sido mayor-, debe reducirse la sanción si se trata de un menor.

El controvertido fallo también dio lugar a un nuevo contrapunto entre el senador provincial Lisandro Enrico y uno de los jueces del Máximo Tribunal provincial, Daniel Erbetta, luego de que el legislador venadense cuestionara el nuevo episodio de “justicia garantista”.

Mediante un posteo en redes sociales, el legislador había dicho: “El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, escrito por el juez Daniel Erbetta (votado por todos los jueces menos uno) sigue el lineamiento y la mirada tan particular sobre beneficiar al menor que delinque, del ex juez Eugenio Zaffaroni, cuando era miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trató de un caso en el que se estableció, para una sentencia a un menor que robó y mató (el famoso caso “Maldonado”), que la pena correspondiente debía reducirse entre un 33% y un 50% porque el delincuente no tenía 18 años”.

En su réplica al senador por el departamento General López, Erbetta refiere que “lo más fácil para un juez sería hacer lo de Enrico. Pero un juez no puede ser demagogo. Aun cuando tenga que tomar decisiones en situaciones extremas, debe siempre ajustarse a lo que establece la legislación”. El ministro de la Corte provincial también pidió al venadense que sea “respetuoso” de las instituciones y que no use el dolor de la gente “para hacer política”.

Ante la embestida del juez Daniel Erbetta, Sur24 convocó una vez más a Lisandro Enrico, quien ratificó sus dichos y aprovechó para subrayar algunos aspectos en particular: “Este fallo de la Corte provincial me inquieta porque se está tomando el criterio usado en su momento por Eugenio Zaffaroni, cuando era juez de la Corte Suprema nacional, en el episodio de un menor que robó y mató con saña, el recordado “caso Maldonado”, en Mendoza, según el cual, a todos los menores de edad se les debe descontar, al menos, la mitad de la pena. Esto se tiene que terminar -exigió el senador- porque si no la condición de menor edad es un vale para zafar de la Justicia”.

“No estoy pidiendo que se cambie ninguna ley ni objetando ningún tratado internacional; en este caso el más grave problema es la interpretación de las leyes por parte de algunos jueces. Y en el tema que nos ocupa, el redactor de este fallo (que beneficia al femicida de Chiara) es el juez Erbetta, el mayor exponente de la doctrina garantista de Zaffaroni en nuestra provincia, que, en pocas palabras, es la mirada de los jueces en favor del delincuente”, simplificó el dirigente boinablanca y sumó: “Nada tiene sentido si los jueces distorsionan la aplicación de la ley de esta manera”.

“No debemos permitir que esta clase de fallos profundice esa tendencia ideológica que persigue el claro objetivo de que los menores de edad no sean penados por sus delitos, y que si debe aplicarse una pena, sea la mínima, y entonces siguen en libertad y delinquiendo, como lo padeció el joven murphense Juan Cruz Ibañez, asesinado en Rosario por un menor de edad con frondosos antecedentes, al que el Estado le permitió seguir asolando a la sociedad, sin hallar nunca un límite”, reflexionó con disgusto el presidente de la Convención Provincial de la UCR. “No puede ser que sean tratados, como si fuesen niños, personas que comprenden el daño que causan, que no tienen respeto por la vida humana y, en algunos casos, hasta la desprecian”.

“Todos sabemos que los menores tienen un régimen penal diferente al de los adultos, pero en cualquier caso la pena debe corresponderse con el delito cometido. Sin embargo, en este fallo de la Corte provincial, adoptando como referencia una creación de Zaffaroni en la Corte nacional, establece que la pena a un menor debe ser la mitad de la que correspondería, y eso no sólo baja la magnitud de la sanción, sino que en muchas veces la vuelve excarcelable”, razonó Enrico, asegurado además que “esto que pasa en Argentina no ocurre en otros países”.

Daniel Erbetta, juez de la Corte Suprema de Justicia provincial.

“Daniel Erbetta representa en Santa Fe esta mirada zaffaronista, de que las penas no sirven para nada, y así estamos, con un país lacerado por la delincuencia gracias a la protección ideologista de muchos exponentes del Poder Judicial”, disparó el legislador, sin generalizar; por el contrario, elogió a magistrados del sur santafesino, como el juez de Menores Javier Prado, que condenó a 21 años al femicida de Chiara Páez, y el fiscal de Cámara, Fernando Palmolelli. Y esa misma valoración positiva hizo del fiscal Guillermo Corbella en el caso de Juan Cruz Ibañez, que está pidiendo una condena justa (prisión perpetua o más de 30 años) para ese crimen aberrante.

“Sin embargo, cuando las causas llegan a las instancias superiores, hay jueces que prefieren rebajar las penas y favorecer la impunidad”, lamentó Lisandro Enrico. “No voy a abandonar esta lucha y voy a discutir con quien sea necesario, incluso con los jueces de la Corte Suprema. Si Erbetta piensa que por ser juez es una vaca sagrada y nadie le puede decir nada, está equivocado, porque estamos en una República”.

En esa misma línea impetuosa, en cuanto al planteo del ministro de la Corte sobre una supuesta “interferencia” de su parte sobre otro poder de Estado, Enrico no vaciló en responder: “Si un legislador no puede opinar del fallo de un juez, tenemos que cerrar la puerta e irnos a casa. Los jueces son personas que le deben una explicación de sus actos a la sociedad. Además, jamás le pediría a un juez que actúe fuera de la ley, lo que estoy pidiendo es que se apliquen la ley y los tratados con otro criterio. La ley la elabora el legislador y la aplica el juez. Hoy, más que nunca, la sociedad está exigiendo acabar con la impunidad, y resulta que los jueces de la Corte, en la aplicación de la ley, toman como referencia un fallo de Zaffaroni y hacen todo lo contrario”.