Dos personas fueron condenadas por el delito de abandono de persona y lesiones graves dolosas, tras ser halladas responsables de someter a una mujer de 70 años a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad en una propiedad ubicada en calle Chile al 700, en la ciudad de Venado Tuerto.

Tras una investigación llevada adelante por el fiscal Damián Casullo, la jueza Paula Borrello homologó este martes un acuerdo de procedimiento abreviado, solicitado por el Ministerio Público de la Acusación, que contó con la anuencia de la víctima, Gladis Noemí B., y la participación de sus representantes legales, como así también de los acusados. La resolución a su vez establece la restitución del inmueble a la mujer.

Abandono y precariedad

Los hechos fueron descubiertos el pasado 30 de mayo, en el marco de un operativo por una causa de microtráfico, llevado a cabo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VIII.

Durante la intervención, los agentes constataron que en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda residía una mujer de avanzada edad, postrada en una cama, sin acceso a luz eléctrica, baño ni calefacción. La habitación carecía de aislamiento y presentaba aberturas que la exponían al clima. Según el informe policial, junto a la cama había un balde que la mujer utilizaba como sanitario.

En el sector principal de la casa vivían otras tres personas —dos mayores de edad— quienes aseguraron estar al cuidado de la mujer. Uno de ellos presentó una escritura que documentaba la supuesta venta del inmueble en 2024, por la suma de un millón de pesos, cifra considerada ínfima en relación al valor de mercado.

Condenas y restitución

Como resultado del acuerdo, la Justicia resolvió condenar a Yanina Alejandra Onelia, de 38 años, como coautora de abandono de persona y lesiones graves dolosas, imponiéndole una pena de tres años de prisión condicional. También se la obligó a restituir la vivienda a la señora Gladis Noemí B. y a firmar los documentos necesarios para que la mujer recupere la titularidad del inmueble.

En tanto, Juan Andrés Ríos Muller, de nacionalidad paraguaya y 39 años, fue condenado a dos años de prisión condicional por los mismos delitos.

Reparación patrimonial

El fiscal Casullo destacó que el acuerdo no solo procura una respuesta penal a los responsables, sino también una reparación concreta para la víctima, restituyéndole la vivienda y permitiéndole iniciar un proceso de recuperación patrimonial.

Asimismo, se informó al Registro de la Propiedad Inmueble acerca de la forma en que la condenada habría adquirido el dominio del inmueble, con el fin de evitar futuras operaciones sobre la vivienda mientras se formaliza su restitución legal.

Venado Tuerto vivió un nuevo episodio judicial este viernes, cuando se firmaron dos juicios abreviados para dos jóvenes responsables de varios robos a remiseros en la ciudad. Los imputados, Jonatan Emanuel Ortega, de 21 años, y Néstor Omar Peralta, de 30, fueron condenados a tres años de prisión efectiva por su participación en dos hechos ocurridos en marzo de este año, y un tercer robo en la localidad de Melincué.

En el primer caso, el 7 de marzo último, Ortega y sus cómplices abordaron un remis de la empresa "Libertad" que era conducido por Enrique Luis Canevari. Durante el trayecto, cerca de las calles Dimmer y República de Irlanda, los asaltantes forzaron al conductor a detenerse, lo amenazaron y le robaron diversos objetos, incluyendo la llave del vehículo, un celular, una billetera con documentos y aproximadamente $60.000 en efectivo.

Dos días después, el 9 de marzo, Ortega, nuevamente junto a otros cómplices, abordó otro remis de la misma empresa, esta vez un Fiat Palio rojo. Luego de solicitarle al conductor que los llevara a un punto alejado, lo agredieron y le robaron alrededor de $70.000 en efectivo, un celular y la llave del vehículo, dándose a la fuga rápidamente.

El tercer hecho imputado a Peralta, ocurrió el 28 de marzo en un remis que viajaba de Melincué a Venado Tuerto. Peralta y otro sujeto amenazaron al conductor con un arma y le robaron dinero, luego de obligarlo a detenerse en un lugar aislado del barrio San Vicente.

Los dos jóvenes, Ortega y Peralta, recibieron la condena de tres años de prisión efectiva por los delitos cometidos. En cuanto a las sanciones accesorias, se incluyen las costas del proceso y una serie de restricciones legales adicionales.

El caso resalta la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la Fiscalía, y muestra cómo se pueden lograr acuerdos judiciales efectivos dentro de un marco legal que respete tanto a las víctimas como a los acusados.

La Fiscalía, representada por Damián Cassullo, destacó que las víctimas fueron informadas durante todo el proceso judicial y manifestaron su conformidad con el acuerdo alcanzado. Esto se hizo conforme a lo dispuesto por la Ley 14181 y el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. 

Por otra parte, cabe destacar que la causa fue enriquecida por una herramienta visual utilizada en la investigación: el "mapa de calor", que reveló cómo se concentraban los incidentes en una pequeña zona del barrio Villa Casey, donde se situaban los domicilios de los acusados, donde se abandonaba a las víctimas y donde se hallaban las antenas de telefonía celular que originaban las llamadas a las remiserías.

En una audiencia que se llevó adelante en los tribunales venadenses en la jornada del jueves se definió que Cesar E. continuará en prisión preventiva ordinaria, al menos por 60 días más. El sujeto fue acusado de robar 7.5 millones de pesos a un adulto mayor con discapacidad, a quien también golpeó y amenazó con un arma de fuego. Además, fue imputado por sustraerle 6.000 dólares a otra persona.

La medida fue dispuesta por el juez Mauricio Clavero a instancias del fiscal Damián Casullo, quien lleva adelante la investigación, y se basa principalmente en el riego de fuga y la falta de un sustento económico lícito por parte del imputado. 

Los hechos

Cesar E. hacía las veces de “arbolito” comercializando dólares de terceros. El 10 de marzo de este año alrededor de las 7:30 de la mañana fue hasta el domicilio de un hombre al que le había ofrecido 6.000 dólares a la venta, habiendo acordado previamente que el comprador pagaría 7.560.000 pesos.

Cuando estaban por concretar la transacción, el investigado apuntó con un arma de fuego hacia la cabeza de la víctima y le sustrajo el dinero que tenía. Al mismo tiempo conservó consigo los dólares, que pertenecían a un tercero que se los había entregado para cambiarlos.

Antes de irse el imputado agredió a la víctima con una patada que la hizo caer al suelo y, una vez allí, la golpeó de nuevo de la misma forma. En el marco de la situación violenta, Cesar E. amenazó de muerte al hombre atacado y lo instó a que no denunciara lo sucedido.

El juez penal de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, rechazó el pedido de la defensa de Maximiliano Ríos, conocido como el "Wacho Maxi", para cesar su aislamiento en prisión. La decisión se basó en que el 17 de marzo se le encontró un cuarto teléfono celular y un elemento punzante en su celda, lo que refuerza las sospechas sobre su conducta dentro del penal.

De manera inédita, el magistrado condenó tanto a Ríos como a su defensa al pago de las costas procesales, debido a que se convocaron a diversos funcionarios penitenciarios para declarar en la audiencia. 

Investigarán la venta de celulares dentro de la cárcel

Durante la audiencia, Ríos afirmó que adquiere los teléfonos móviles dentro del propio Servicio Penitenciario. Ante estas declaraciones, el fiscal Damián Cassullo informó que puso en conocimiento del hecho a la Fiscalía General y a la Regional N°1 de Santa Fe para que se investigue la posible connivencia entre internos y agentes penitenciarios en la venta de estos dispositivos.

Antecedentes: otro revés judicial para Ríos

No es la primera vez que el juez Clavero rechaza un pedido de la defensa de Ríos. El pasado 7 de marzo, el Poder Judicial denegó una solicitud de similares características. Además, previamente, el magistrado había descartado concederle el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando: "No puedo confiar en alguien que soborna a un funcionario público. No es una persona confiable para cumplir reglas de conducta, como propone su defensor".

En esta nueva oportunidad, el juez mantuvo su postura y negó el traslado solicitado por la defensa. 

El caso del 'Wacho Maxi' y su captura

La detención de Ríos se remonta al 8 de junio de 2024, cuando fue capturado en Venado Tuerto junto a "Jeringoso" Castillo y dos mujeres, tras una persecución policial de 14 cuadras. Todo comenzó cuando la policía intentó identificarlos y, en respuesta, emprendieron la fuga en un Ford Focus. Finalmente, el vehículo fue interceptado en la intersección de Pavón y las vías del tren. Sin embargo, antes de ser alcanzado, Castillo logró escapar corriendo a través de un túnel ferroviario.

En el operativo, los agentes encontraron en poder del 'Wacho Maxi' 8 gramos de marihuana y 600.000 pesos en efectivo. Las dos mujeres que lo acompañaban recuperaron la libertad horas después, mientras que semanas más tarde la policía logró capturar a Castillo.

En la jornada de este viernes, en la sala 1 de los Tribunales Penales de Venado Tuerto, se dispuso, por parte del juez Adrián Godoy, la prisión la prisión preventiva de CAMC y AC, padre e hijo, quienes fueron imputados del delito de encubrimiento agravado por habitualidad, de acuerdo al artículo 277 inciso 3 del Código Penal, en calidad de coautores. Cabe señalar que el hombre de 41 años y el hijo de 18 habían quedado detenidos hasta la audiencia imputativa celebrada en la víspera.

Como es de público conocimiento, la investigación se inició a raíz de una denuncia por la sustracción de materiales y herramientas de construcción en una obra de calle Moreno al 3600 de Venado Tuerto, donde el dueño de la propiedad, EF, denunció la rotura de tres candados que aseguraban el obrador que contenía los materiales y herramientas, y el faltante de los mismos, pertenecientes al denunciante y al constructor que lleva adelante la obra.

Como consecuencia de esta denuncia por un hecho delictivo cometido el 1 de enero, el día siguiente fueron aprehendidos cinco miembros de una familia (cuatro mayores y un menor) que, según fuentes judiciales, “tenía a mal traer” a gran parte del barrio Villa Casey.

En paralelo, el fiscal Damián Cassullo dispuso distintas medidas el jueves 2, sobresaliendo el allanamiento en una finca de calle Bonansea 1058, donde residen los imputados, y, salvo las bolsas de cemento, se encontró en el lugar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos por la víctima. 

Además, se halló una cantidad considerable de cables perteneciente al tendido aéreo de telefonía de la empresa Telecom. En este sentido, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se expuso durante la audiencia que el 30 de diciembre, en horas de la madrugada, en calle Dorrego al 3700 se sustrajeron cables de ese tipo desde la vía pública, acreditando la relación de los imputados entre ese hecho y el hallazgo vinculado con el ilícito cometido en calle Moreno. 

Por otra parte, de manera extraoficial, Sur24 accedió a última hora de este viernes a información que indica que unas pocas horas antes, y en íntima relación con lo resuelto judicialmente respecto de CAMC y AC, un menor perteneciente a la familia de ambos habría atacado a piedrazos la vivienda de los padres del denunciante, hecho en el que habría intervenido personal del Comando Radioeléctrico para restablecer el orden.

Tras la autopsia realizada en las últimas horas quedó completamente descartada la versión que el joven encontrado sin vida anoche en el camino a San Marcos haya recibido un disparo de arma de fuego.

Fuentes oficiales consultadas por Sur24 indicaron que todo indicaría que “Bruno Motura de 32 años habría fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito”. 

Se trata de un joven oriundo de la localidad de San Francisco, chofer de camión y padre de dos hijos. 

Las cámaras de seguridad de la pequeña localidad lo captan saliendo en motocicleta del casco urbano con destino a Venado Tuerto a las 20:34. Los investigadores intentan determinar si la víctima perdió el control de su birrodado y cayó al suelo o si fue atropellado por otro vehículo, cuando le faltaban tan solo 3 kilómetros para llegar al cruce con la ruta nacional 33.

Lo cierto es que el joven no portaba casco y las lesiones en la cabeza le provocaron la muerte inmediata.

La motocicleta tenía daños importantes en la estructura, y a 10 metros del cuerpo los uniformados secuestraron un teléfono celular que está siendo analizado. También, solicitarán información sobre “impacto de antena” a la empresa de telefonía celular. 

Durante la madrugada el fiscal Damián Casullo ordenó tomar una serie de testimonios, como así también analizar imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas. 

Al mismo tiempo, los médicos forenses practicaban la autopsia, la cual en su informe preliminar descarta que el cuerpo tenga una “herida por proyectil de arma de fuego”.

Fue condenado a 8 años de prisión de ejecución efectiva Mauricio Daniel Burgos (52), uno de los seis delincuentes que dieron un golpe comando en la Estancia la Magdalena (Maggiolo) el 14 de septiembre de 2022.

La pena fue impuesta en el marco de un juicio abreviado, celebrado el último viernes en Venado Tuerto, donde el acusado aceptó la culpabilidad y la pena propuesta por el fiscal que llevó adelante la investigación, Damián Casullo.

El malviviente actualmente se encuentra alojado en el penal de Piñero y tendrá que permanecer tras las rejas hasta diciembre de 2030. 

Historia del caso

La noche del 14 de septiembre al menos fueron seis los delincuentes que ingresaron a la estancia y redujeron a una familia, para posteriormente perpetrar el robo.

Según se pudo demostrar, los ladrones habían llegado en un camión, una camioneta Ford Dutty con un carro, una camioneta Ford Eco Sport y en un Citroën C3. Y tras reducir a las víctimas cargaron en los vehículos los agroquímicos (1.400 litros de 2-4D, 900 litros de Acuron, 8.300 litros de sulfosato, 1.400 litros de S-metolaclor, 17 kilos de diclosulam y 360 litros de labdacialotrina) junto a 220 bolsas de semillas de maíz híbrido de diferentes tipos.

A la lista se suma que se llevaron una camioneta Chevrolet Meriva, un Peugeot 308, dos carabinas calibre 22, una escopeta calibre 28, 32.000 pesos en efectivo, joyas, herramientas, dos televisores de 32 y 43 pulgadas, una computadora, tres celulares, una valija y prendas de vestir. 

Investigación

“Nos llevó casi cuatro meses la investigación para poder avanzar con lo que fueron los allanamientos, las detenciones, los secuestros de elementos de interés para la causa. Recuperamos elementos en Monte Hermoso, Rufino, en General Rodríguez. Era una banda integrada por algunas personas con conocimiento de la zona”, detalló Damián Casullo.

En este marco agregó que “pudimos avanzar sobre lo que se denomina la ‘criminalidad organizada’. La particularidad es que dimos con los cinco vehículos, con el camión cargado con fertilizantes. Y lo pudimos hacer con un grupo de trabajo, con los recursos que tenemos y la sapiencia, y así poder llegar a esta cuarta condena que registra causa”.

En lo previo habían sido condenados una mujer oriunda de Rufino, un transportista y uno de los cabecillas de la banda, sentenciado a nueve años. 

De esta manera “les dimos una respuesta a las víctimas de semejante hecho, las cuales han manifestado en todo momento su beneplácito y su agradecimiento por la actuación de la policía y de la fiscalía. fueron detenidos cinco de las seis personas que actuaron, quedando desbaratada la banda”, finalizó el fiscal Damián Casullo. 

Condena

Mauricio Daniel Burgos, 52 años, nacido en Rufino y viviendo en los últimos años en Merlo, provincia de Buenos Aires, fue condenado a 8 años de prisión bajo la carátula de ‘robo doblemente agravado’ (por ser cometido con armas cuya aptitud para el disparo no se acreditó y en despoblado y en banda) como coautor. 

Desde el poder judicial dictaron la prisión preventiva ordinaria para el hombre de 62 años (D.I.B.) acusado de abusar sexualmente con acceso carnal de una mujer de 24 en la vecina localidad de Carmen.

La audiencia imputativa y cautelar se llevó adelante en la tarde del martes en los tribunales de Venado Tuerto, con Damián Casullo como fiscal acusador y Adrián Godoy como juez.

Si bien la abogada defensora había solicitado la libertad del detenido bajo una serie de normas de conductas, finalmente el magistrado no hizo lugar al planteo.

Igualmente, las partes acordaron una serie de puntos, entre ellos que el hombre reciba la medicación correspondiente, ya que es hipertenso. 

Historia del caso

El sujeto de 62 años fue acusado de abusar sexualmente con acceso carnal de una mujer de 24 años en una vivienda ubicada en el casco urbano de la localidad de Carmen el jueves 10 de octubre. 

Fuentes del caso consultadas por este medio indicaron que “no existe un grado de parentesco entre el denunciado y la víctima”, pero sí dejaron en claro que serían “familiares el marido de la joven de 24 años y el detenido por el abuso”. 

Tras la denuncia “el hombre quedó detenido ya que, a pesar de las pocas horas que llevaba la investigación, se había recabado la evidencia necesaria para solicitar la audiencia imputativa y cautelar (de detención)”, sostuvo una fuente del Ministerio Público de la Acusación. 

El próximo martes 6 de agosto la Cámara de Apelaciones definirá si Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46) continuará en prisión preventiva ordinaria, accederá al beneficio de una domiciliaria o en su defecto, será liberado.

El músico y profesor venadense fue condenado a 11 años acusado de “abuso sexual con acceso carnal” contra su hijo menor de edad, en una sentencia que se dio a conocer el viernes 19 de julio. 

Tras la lectura del fallo, Dabove decidió prescindir de los servicios de la Defensora Pública, Silvia Cousello, para contratar al reconocido penalista Arsenio Domínguez. El abogado la semana pasada presentó la apelación a la prisión preventiva ordinaria sin plazo impuesta a Juan Alfredo, solicitando la inmediata liberación o en su defecto la prisión domiciliaria.

La audiencia se llevará adelante en los tribunales venadenses de calle Chacabuco desde las 7:15 horas, y será el juez Tomás Orso quien deba resolver al respecto.

Historia del caso

Se trata de un caso donde la denuncia fue radicada en el año 2019, y que, por cuestiones ligadas en su momento a la pandemia, el proceso judicial sufrió importantes demoras.

En un comienzo la investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien realizó la requisitoria de elevación a juicio solicitando una condena de 10 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. En tanto, en el juicio fue Damián Casullo el representante del Ministerio Público de la Acusación. 

Por el lado de la querella, Ignacio Blanc Codina representó al niño, pidiendo 14 años de prisión, aseverando que las pruebas contra el profesor de música “son contundentes”.

Finalmente, el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Roberto Benjamín Révori, en forma unánime sentenció a 11 años de prisión a Dabove. Y minutos más tarde, en una audiencia cautelar, resolvió la prisión preventiva ordinaria del acusado, basados principalmente en el riesgo de fuga y en el incumplimiento de ciertas normas de conducta por parte de Dabove durante el proceso.

Dos personas resultaron heridas con arma de fuego en el marco de un conflicto interpersonal que se desató en la tarde del domingo en una vivienda ubicada en calle Junín a la altura de Mariano López en Venado Tuerto.

En el lugar trabajó personal policial con una cantidad importante de agentes para evitar que la situación aún se ponga más compleja.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 indicaron que todo habría comenzado con una discusión entre un hombre y una mujer, luego intervino un tercero (Gerardo G.) que portaba una escopeta y efectuó disparos provocando heridas de gravedad a un sujeto de nombre Juan V. y lesiones menores a Débora M.

A los pocos minutos ambas personas fueron trasladadas al Hospital Gutiérrez. El parte médico oficial difundido en la mañana de este lunes precisa que el hombre de 30 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado estable. Mientas que la joven de 22 años fue dada de alta en la noche del domingo.  

En tanto, los investigadores a los pocos minutos detuvieron al autor del disparo, como así también incautaron la escopeta que utilizó. 

A cargo de la causa se encuentra el fiscal Damián Casullo. 

Tras el crimen del sábado por la noche en el barrio Tiro Federal de Venado Tuerto, donde una vecina fue víctima de un disparo letal de arma de fuego a las puertas de su domicilio, en 2 de Abril al 1900, en las últimas horas se confirmó la detención del primer sospechoso (K.A.), alrededor de las 6 de la mañana.

El sujeto aprehendido reside en las inmediaciones del lugar del hecho, al igual que su cómplice, que sigue siendo intensamente buscado por las fuerzas policiales, bajo la supervisión de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Damián Cassullo y Horacio Puyrredón, quienes actuaron desde el primer momento.  

Aunque el asunto es materia de investigación, los testimonios ubican a K.A. en el lugar del hecho y sería quien efectuó el disparo que impactó en la víctima, una mujer de 62 años de edad.

También se ratificó que el origen de la controversia interpersonal que desembocó en la salvaje agresión fue la posesión de un camperón que habían vendido un día antes a la vecina y en ese momento -se desconocen los motivos- exigían la devolución.

Por otra parte, fuentes vinculadas a la causa descartaron la versión circulante el mismo sábado a la noche, que relacionaba el episodio con un presunto ajuste de cuentas por deudas relacionadas con drogas (narcomenudeo).

Tal cual adelantó Sur24 en las últimas horas de este sábado, los jóvenes se desplazaban en bicicleta y llegaron al domicilio de la víctima reclamando la devolución de la prenda, tras lo cual se generó una discusión en duros términos. Y cuando los individuos se retiraban del lugar, a unos 30 metros de distancia, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la mujer que se encontraba en la vereda. Poco después, ambulancias del SIES 107 arribaron al lugar, pero la vecina ya no tenía signos vitales.Los agresores fueron rápidamente identificados en la misma noche y enseguida los efectivos policiales se lanzaron en su búsqueda, hasta que el primero de ellos cayó preso en la madrugada de este domingo. 

Un hombre de 43 años, cuyas iniciales son D. Ch., quedó en prisión preventiva en el marco de una audiencia imputativa que se llevó adelante en la noche del sábado en los tribunales venadenses. El sujeto está acusado de ingresar a una vivienda en la mañana del viernes 19 de abril con el objetivo de robar distintos electrodomésticos.

La investigación la llevó adelante el fiscal Damián Casullo, mientras que la jueza fue Paula Borrello.

Los datos oficiales indican que el malviviente entró en un domicilio ubicado en calle Chaco al 700 tras romper la puerta trasera. En el momento que huía con distintas pertenencias fue avistado por la policía. Fue ahí que el hombre comenzó a descartar parte de lo robado y comenzó a correr, pero a los pocos metros fue detenido por los agentes del orden público. 

La evidencia presentada en la audiencia por Damián Casullo indica que D. Ch. cerca de las 10 horas del viernes ingresó a la finca para cometer el delito, y eso fue comprobado por un informe de las cámaras de seguridad de la zona realizado por la Policía de Investigación. 

“Son delitos que afectan el normal desenvolvimiento de la vida familiar. Difícilmente una persona víctima de un hecho de este tipo vuelva a sentir la tranquilidad que le brinda su propio hogar”, destacó Damián Casullo.

En este caso, “con la pronta actuación del personal policial y demás evidencias que pudimos obtener, pese al exiguo tiempo de investigación, fue suficiente para que la jueza haga lugar al pedido de prisión solicitado por la Unidad Fiscal a mi cargo”, finalizó Casullo.

En tanto, una vez culminada la audiencia, el ladrón fue trasladado a la Alcaidía de Melincué. 

La joven Francina habría sido asesinada en Teodelina por un chico de 15 años de edad.

Si bien en los primeros minutos de este lunes circuló el rumor de que el asesinato de Francina Arroyo, de 25 años, ocurrido pasada la medianoche en Teodelina, había sido cometido por un menor de edad, según manifestaciones de dos jóvenes que estaban en inmediaciones del Hospital adonde se trasladó en grave estado a la joven agredida, poco después se hizo cargo del hecho Jael A., una joven de 22 años, quien llamó por teléfono a la Comisaría 7° dispuesta a entregarse.

Esa fue la versión que se sostuvo durante la mañana, hasta que pasado el mediodía la causa dio un brusco giro en su curso, cuando trascendió que el homicida sería un chico de 15 años de edad, hermano de Jael, la cual en un primer momento se había adjudicado el crimen de Francina en un presunto intento de encubrimiento.

La denuncia la recibió personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y siguiendo directivas del fiscal Damián Cassullo, se comunicó con la Comisaría 6° de Villa Cañás para que sus agentes se constituyan de inmediato en el domicilio del acusado, sito en la vecina localidad. Al apersonarse en la vivienda, la madre manifestó a los policías cañaseños que su hijo estaba en la casa, con varios golpes, y que no oponía reparos a su traslado. En consecuencia, fue derivado al Hospital para brindarle las primeras curaciones.

Por su parte, efectivos de la AIC, junto al fiscal, se dirigieron al Hospital de Villa Cañás y libraron comunicación telefónica con la secretaria del Juzgado de Menores, Nora Ferrando, quien ordenó que se notifique al quinceañero de la causa por homicidio, se convoque a personal de Policía Científico Forense a los fines de proceder al secuestro de las prendas de vestir, y se lo interne en el mencionado centro médico “en forma provisoria para resguardo de la integridad de sus derechos y a disposición de esos estrados”, según reza el parte policial.

La víctima, Francina Arroyo, fue atendida en el hospital de Teodelina, pero los médicos no lograron revertir el grave cuadro ocasionado por la salvaje agresión con un arma blanca en la zona del cuello.

En la mañana del viernes feriado, sorprendió en la Comisaría 2° la presentación de cinco denuncias consecutivas por robo de cables del tendido eléctrico urbano venadense que dejó a varios sectores sin provisión de energía eléctrica.

El primero de los casos ocurrió de Dr. Cobeñas al 2300, donde un vecino manifestó que cerca de las 7.30, al levantarse, se dio cuenta de que no tenía luz y pensó que era un corte normal, aunque al salir observó que le faltaba el cable de bajada que va hacia su pilar.

Por su parte, un vecino de Cerrito 50 manifestó en sede policial de calle Saavedra al 400 que, cerca de las 9.15, los albañiles que trabajan para él en el terreno de República de Irlanda al 3500, le avisaron que no podían seguir adelante ya que no tenían luz, y descubrieron que los cables de bajada que van hacia su pilar estaban cortados.

También un venadense domiciliado en Lascala al 4100 relató en la comisaría que en horas de la mañana detectó que no tenía luz y observó que le habían sustraído el cableado aéreo.

En tanto, un vecino de Colón al 300 expresó en su denuncia que en la noche del jueves descubrió la faltante del cable de bajada de su casa en construcción de Los Benteveos al 1400, en barrio Los Robles. Luego se dio conocimiento al fiscal Damian Cassullo, quien dispuso dar intervención a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Y la última de las presentaciones correspondió a una vecina de calle Huhn al 2200, quien manifestó que en la noche del jueves le sustrajeron el cableado de la luz que va de la calle a calle hasta el medidor. También en este caso se dio conocimiento al fiscal Damian Cassullo, quien dispuso dar intervención a la AIC.

También en todos los casos dieron aviso a la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto.