La laguna La Picasa atraviesa una de las peores crisis ambientales de los últimos años. La pronunciada bajante del agua ha provocado la muerte masiva de peces, afectando no solo el ecosistema, sino también a decenas de familias de pescadores que han perdido su fuente de ingreso.

Una bajante crítica

Ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, la laguna La Picasa es un importante ecosistema que alberga diversas especies de peces y aves. Sin embargo, en los últimos meses, la falta de lluvias y la disminución del caudal han reducido drásticamente su nivel. Como consecuencia, miles de peces han muerto, lo que genera un fuerte impacto en la biodiversidad de la zona.

Además del daño ambiental, la situación golpea de lleno a la economía regional. Decenas de familias que dependen de la pesca artesanal han quedado sin trabajo de un día para otro.

El sector pesquero no solo enfrenta la falta de recursos naturales, sino que también debe lidiar con la incertidumbre sobre cuánto tiempo durará esta crisis y si habrá medidas oficiales para ayudar a los damnificados.

San Gregorio

Una de las localidades afectadas en San Gregorio, ubicada sobre ruta 14 en el departamento General López.

“Estamos tratando de sobrellevarla. La laguna comenzó a bajar el nivel del agua con el bombeo sur y los grandes calores mató todo el pejerrey, así que nos quedamos sin trabajo de un día para otro”, precisó Jesús Molina, pescador de la localidad de San Gregorio.

En este marco, agregó que “estamos complicados. Ahora más o menos empezamos a tener trabajo de parte de la comuna de San Gregorio. Pero Diego de Alvear y Aarón Castellanos están muy complicados, y no tienen ayuda de ningún lado. Son muchas las familias que se quedaron sin trabajo”.

Según cuenta Jesús el nivel de la laguna “comenzó a bajar hace más de un año cuando habilitaron el bombeo sur. Después clausuraron los canales clandestinos que venían de Córdoba. Los productores reclaman sus tierras. Y ahora van a habilitar el bombeo norte”.

En San Gregorio “no somos muchos los pescadores comerciales, pero en Diego de Alvear, como en Aarón Castellanos, todo el pueblo vive de la laguna, y se encuentran muy complicados. En nuestro caso hubo respuesta de la provincia y de la comuna, para conseguirnos ayuda y trabajo”, añadió Jesús.

Diego de Alvear

La localidad más afectada por la bajante de la laguna es Diego de Alvear, ubicada en el extremo suroeste de la bota. Cuenta con 2.000 habitantes, y son más de 150 las familias que dependen directa e indirectamente de la pesca.

El impacto económico en la localidad comenzó a sentirse y los damnificados dependen principalmente de las posibles ayudas que puedan llegar desde el estado.

Lo cierto es que “actualmente no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda”, aseguró un pescador de la localidad den diálogo con Sur24. 

“En esta zona se trabajaba entre los tres pueblos, porque demanda mucha mano de obra, entonces era una elaboración que se hacía entre varias familias. Los pescadores éramos más de 100 habilitados con carnet, y después había otra cantidad reconocidos por las comunas y la provincia”, precisó Diego Leiba, oriundo de Diego de Alvear.

Posteriormente, “esos pescadores, para poder elaborar el filé del pejerrey, llamaban a cuatro o cinco personas más. Entonces, la plata circulaba acá en el pueblo, el pescador la dejaba siempre en los comercios de la localidad”, añadió. 

La cadena de trabajo consiste en “el pescador que va a tirar el trasmallo. Al otro día ir a levantar el pescado, a sacarlo de la red y traerlo al pueblo. Había gente que de dedicaba a limpiarlo, a cortarle cabeza, a sacarle las vísceras, la cola. Después se necesita una o dos personas para sacarle las escamas y lavarlo, luego otra que le saca las aletas, y de ahí pasa a la gente que lo fileteaba. Por último, el que lo embolsaba y lo llevaba a las cámaras”, detalló Diego Leiba.  

La crisis en La Picasa deja en evidencia la fragilidad del ecosistema y la dependencia de muchas familias de los recursos naturales. Mientras los pescadores esperan asistencia y una solución de fondo, la laguna sigue perdiendo vida, y con ella, la economía de la región se resiente aún más.

Ante la llegada de lluvias al sur-sur santafesino vuelven a encenderse las alarmas por el posible desborde de la laguna La Picasa, como ocurriera en los años 2017 y 2020. Y desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) advirtieron sobre las posibles consecuencias de la falta de obras en el sector, que podrían desembocar en un anegamiento más rápido que en otras épocas.

Ángel Borrello, productor agropecuario y miembro de la Comisión de Asuntos Hídricos de Carsfe, compartió con Sur24 su perspectiva sobre la situación actual y las medidas que se están tomando.

"En Hidráulica de Santa Fe, La Picasa aparece como Reservorio 8, de manera tal que la han incorporado de prepo a un sistema de control de escurrimiento, que no era el objeto principal de las obras que se hicieron, es decir, atenuar las crecidas periódicas de la laguna", sostuvo.

Mientras la preocupación se acentuó en los últimos tiempos, en marzo de 2022, la ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, anunció la realización de una reunión tripartita entre técnicos de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba para abordar la situación y encontrar soluciones definitivas. Sin embargo, desde la entidad ruralista destacan que los resultados de dicha reunión no se han hecho públicos. "Si esa reunión se hizo, nunca se conocieron los resultados", expuso Borrello.

Además, destaca que, hasta la fecha, las acciones han sido insuficientes. "Se ha hecho poco y nada, sólo pequeñas obras de mejoramiento en el canal de salida de la Alternativa Norte que, hasta ahora, por la altura que se encontraba la laguna La Picasa ante la extrema sequía, es muy poca el agua que salía por ahí", esgrimió el productor rural. Asimismo, resaltó que la antigua estación de bombeo dejó de funcionar hace años, y los intentos por rehabilitarla han sido lentos. "Están haciendo un mamarracho ahí, un arreglo de aficionados para ponerla en marcha", subrayó, añadiendo que "habían empezado la construcción de una estación de bombeo nueva, que va muy lenta, si no es que está paralizada del todo". 

En consonancia, el miembro de la Comisión de Asuntos Hídricos de Carsfe señaló que la Alternativa Sur ha tenido un impacto limitado debido a la falta de agua en el cuenco del bombeo y esto ha llevado a una cota de espera en la que el agua no se desplaza, resultando en una elevación del nivel del agua en la laguna. "Estamos convalidando un piso para la laguna, no de 93,50 como tendría que ser, sino que estamos hablando de prácticamente nueve metros más arriba, lo que es grave en cuanto a la superficie que eso anega". 

Un aspecto preocupante es que se están agregando caudales a la laguna por gravedad a través de canales legales, como el sistema de Córdoba y Buenos Aires. Este aumento en la entrada de agua, en caso de lluvias fuertes, podría superar la capacidad de bombeo actual. 

"En la provincia de Córdoba, especialmente, se ha seguido trabajando en canalizaciones que aportan al sistema. Yo estimo que un solo canal, que es el que entra al sistema de La Picasa por la zona norte, y que empieza al sur de la localidad de Viamonte y se incorpora a la altura del Reservorio 3, está sumando cerca de 40 mil hectáreas al sistema y, potencialmente, ese solo canal estaría en condiciones de aportarle, como mínimo, cinco metros cúbicos por segundo a la laguna, que es justamente la capacidad de una de las dos estaciones de bombeo", detalló el productor agropecuario. 

"Le suman caudales que entran por gravedad, solamente por el efecto del declive del terreno, que después va a la laguna La Picasa, o sea, ahora al Reservorio 8, y hay que sacarlo con bombas que funcionan con electricidad. Es realmente un disparate provocar una inundación artificial y después pretender atemperarla con bombeo eléctrico", lanzó Borrello. 

Por su parte, la provincia de Buenos Aires, en concordancia con Córdoba, "hizo un canal cuneta paralelo a un camino vecinal de tierra que une la ruta 33, a la altura de Cañada Seca, pasa cerca de Villa Saboya e ingresa al sistema en la proximidad del Reservorio 7. Tiene importantes alcantarillas, el camino ha sido consolidado y enripiado, y probablemente, en caso de que el agua corra como consecuencia de las próximas lluvias que se esperan, ese canal aporte otros tres o cuatro metros al sistema. Entonces, aún funcionando adecuadamente los dos sistemas de bombeo, es más lo que le incorporamos por gravedad que lo que se pretende sacar por bombeo", advirtió.

Ángel Borrello, en el diálogo con Sur24, también hizo hincapié en la poca utilidad de la Estación de Bombeo Norte, que según expresa, "no funcionó nunca. Hace 21 años que está, se han pagado unas cifras impresionantes de un servicio eléctrico que nunca brindó ningún resultado". 

"El balance es sumamente negativo en el sentido de que la capacidad de entrada está cada vez más aumentada, sin considerar lo que puede entrar en caso de lluvias fuertes, sólo a través de canales legales y por canales clandestinos, y por un intrincado sistema de cuneteado de los caminos en la zona de Aarón Castellanos, San Gregorio, Diego de Alvear, más, obviamente, los de la provincia de Buenos Aires que también están ahí, más el sistema de Córdoba. Los aportes a la laguna pueden estar entre los 120 y los 150 metros cúbicos por segundo de entrada, si es que se repitieran fenómenos de años anteriores, mientras que la capacidad de salida sigue siendo la misma", sostuvo el integrante de Carsfe. 

"Nos vamos a encontrar con que la laguna tiene todas las chances de repetir, pero esta vez con mayor velocidad, lo que ya hemos visto en otros años", dijo Borrello, anunciando que La Picasa "va a crecer hasta los 105,10 o 105,20, cuando ya derrama de manera natural y excede los bordes de la laguna, pero vamos a estar hablando de duplicar la superficie inundada, elevación de napas y todo lo que conlleva".

El conflicto generado entre los propietarios de campos inundados por la laguna La Picasa y el gobierno provincial, por la decisión de declarar de interés general y calificar como “servidumbre administrativa de ocupación hídrica” a aquellos lotes que se encuentren en los reservorios 6, 7 y 8 de dicha Cuenca, recrudeció en los últimos días.  

Según los productores, el problema resurgió cuando la Provincia rechazó los recursos de amparo que a mediados de este año se habían presentado para que no se avance hasta tener mayores precisiones al respecto.   

Otro dato que tensó más la situación fue el llamado, con fecha del 4 de noviembre, realizado por el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Santa Fe – Distrito Sur a sus afiliados, para dar cumplimiento al convenio firmado con el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. En él se detalla que la oferta laboral corresponde a “la mensura para Modificación de Estado Parcelario y Mensura para Constitución de Servidumbre Administrativa de Ocupación Hídrica de la obra: Obras Internas Cuenca Laguna La Picasa – Departamento General López”.  

Foto: Juan Jose Garcia.

El sorteo para la adjudicación de los trabajos profesionales fue este lunes 21 de noviembre, a las 10.30, y se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio (Bv. Oroño 396, Rosario, Santa Fe).  

La decisión de Provincia se basa en la Resolución 382/2022 decretada el 28 de abril pasado, la misma que en mayo desembocó en la presentación de 26 recursos de amparo, entre ellos el del Comité de Cuenca de La Picasa, que hicieron dar marcha atrás y abrir una instancia de debate e información luego del enojo de parte de los propietarios sureños por la falta de información. Cabe recordar que ese mismo mes se desarrolló una reunión con el gobierno provincial que no dejó nada conformes a productores de la zona.    

Según los productores agrupados en la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, al proceder a la servidumbre o expropiación, y con los datos que poseen sobre el llamado a concurso para dividir los lotes por parte del Colegio de Agrimensores, se elevaría la cota a 104 metros y podrían inundarse Diego de Alvear, San Gregorio y Aarón Castellanos. También sostienen que La Picasa tiene que estar en un nivel de cota 90-102 para que no tenga ningún tipo de problema y que eso se podría lograr con bombeos.   

“Necesitamos parar esto”, explicó a Sur24 el presidente de la entidad, Enrique Rey, añadiendo que “ya estamos en contacto con legisladores, como Carolina Losada, para que esto se investigue y llegue ‘más arriba’. Nosotros necesitamos que Provincia saque el agua, no que pague servidumbre ni nada, porque hacen firmar a los productores y los condenan para toda la vida”.  

 “Al elevar la cota a 104 -explicó el productor de San Gregorio- suben las napas y se inundan todos los campos a los que nunca les llegó el agua de la laguna, además de que Aaron Castellanos queda bajo agua, Diego de Alvear al límite y lo mismo San Gregorio. Si les llega el agua a los lotes que hoy no tienen se perdería toda la producción y, por supuesto, todos los productores se quedarían sin nada”  

Para Rey, a través de lo hecho hasta aquí se podría trabajar de otra manera. “Hay obras que se están haciendo y hay un canal por gravedad que se ejecutó hace tiempo y tenía una loma que se logró cortar para que el agua pueda tener su caudal”, expresó.  

Las sospechas vienen por el lado del interés que, según los productores locales, puede tener el gobierno de Omar Perotti para expropiar. “Creemos que el tema viene por el lado del interés turístico, por la presión que ejercen las comunas sobre el tema. No nos dejaron ver el expediente cuando pidieron la expropiación o servidumbre para saber por qué la provincia la pedía”, observó.  

Entre las gestiones iniciadas por la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, se encuentra una carta que fue enviada al gobernador Omar Perotti; a la Confederación Rural Argentina (CRA) y a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, donde expresan su desconformidad por las medidas que se pretenden implementar y explican los motivos. 

“En relación al Proyecto de Resolución N° 382 emitido por la Provincia con fecha 28 de abril donde se habla de Expropiaciones y Servidumbres de Uso, a los productores afectados por los desbordes de la Laguna La Picasa, vemos con preocupación que se sigue adelante con tal iniciativa pese a que varios productores se manifestaron en forma contraria a través de varios recursos de amparos, además del emitido por el Comité de Cuenca”, comienza el escrito.  

La preocupación, según los productores, se basa en que dicho proyecto “no está acorde a la realidad económica actual, ya que las hectáreas a expropiar o destinar a las mal llamadas servidumbres de uso implican cifras millonarias en U$S que en la actualidad son de imposible cumplimiento. Dichos importes superan holgadamente los U$S 55.000.000 que, si se destinaran a bajar el agua de la laguna, ofrecerían una solución definitiva al problema y solo se necesitaría un porcentaje menor al importe mencionado”. 

La carta prosigue: “No es este el momento ni la forma para proceder a tal ejecución (especialmente a los productores afectados por el crecimiento directo de la laguna). Primero habría que bajar la laguna y luego ofrecerles a los productores que decidan”. 

También hacen mención en cuanto a lo ofrecido por el gobierno provincial, afirmando que, en el caso de elegir servidumbre de uso, “la Provincia ofreció un monto mínimo en U$S a determinar en el futuro, a cambio de aceptar una cláusula por la cual nunca demandarían al Estado por las pasadas y futuras inundaciones. Sería mucho más útil que ese monto sea entregado como subsidio, una vez bajada la cota de la laguna y que sea exclusivamente utilizado en inversión para infraestructura productiva (alambrado, molinos, tanques bebederos, etc) sin la cláusula que impida ejercer sus derechos, si el Estado no vela por los intereses de los productores. En el caso de elegir Expropiación el Estado en la reunión realizada en Diego de Alvear el día 17 de mayo, informó no tener plan a futuro, con lo cual seguramente van a terminar siendo usurpadas”. 

Para los agrupados en Aprusfe, lo resuelto puede generar un problema mayor a futuro, para la región y los productores a los “que “aparentemente” se quiere beneficiar. En el futuro sea quién fueren los circunstanciales administradores estatales podrían por acción u omisión no gestionar adecuadamente los recursos hídricos dejando totalmente indefensos a los productores, esto implica que esos miles de hectáreas no tendrán valor de mercado, ya que nadie compraría o alquilaría un campo para invertir en mejoras, porque los funcionarios de turno son los que van a decidir sobre su propiedad, independientemente si la cota de determinación de Servidumbre de Uso es 102,50 o de 104”. 

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Roberto Gioria, se manifestó sobre el tema y aclaró que “lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que nos comprometimos hacer, que es expropiar los campos que están bajo agua y dentro de los reservorios. El nivel máximo de cota que se espera es de entre 98,5 y 102,5; de ninguna manera se pretende llevar la cota a 104. Y añadió: “Puede pasar que La Picasa, como ocurrió en febrero, pase la cota establecida e inunde por encima de esa cota. En ese caso, se le pagaría al productor por el uso de esos lotes que se inunden”. 

Además, Gioria destacó que es en ese sentido que están trabajando y para ello contrataron al Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Rosario, “para hacer las mediciones correspondientes y delimitar dónde serían las expropiaciones”, destacando que “primero se mide, después llega a una junta que hace una evaluación de lo que se expropia o puede llegar a un acuerdo de servidumbre, después se le ofrece un monto al dueño del campo; ahí puede aceptar o no, y luego viene al negociación, y el pago, se encarga el Ministerio de Economía; tengo entendido que es un pago único, en una vez”. 

“Lo que se pretende es resarcir a los productores por la afectación que nosotros le podemos provocar por el uso que le daremos a esa servidumbre o expropiación. La Picasa se usa como una represa, entonces, a los dueños hay que resarcirlos. La servidumbre es un beneficio para el productor, porque no se le saca el campo, no se le afecta en nada, es más, se les paga cuando la laguna suba y tengamos que usar esos lotes para inundarlos y bajar la cota”, afirmó. 

Además, destacó que la laguna “ocupaba 3 mil hectáreas y cuando tuvo su inundación máxima pasó a afectar 60 mil hectáreas”, por lo que “se hizo un sistema de drenaje y reservorios donde las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tienen cada una un porcentaje para disminuir los picos de la crecida. A través de este acuerdo interjurisdiccional también hicieron sistemas de bombeos (norte y sur) que sacan el agua hacia otro sistema”.  

Respecto a las dudas sobre los intereses turísticos detrás de la intención de provincia, el funcionario resaltó que “la provincia no está vinculada a ese tipo de cosas; no quiero hablar de invento, pero es una cosa que extrañamente trae confusión”. 

Seguidamente, el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe aseguró que “de ninguna manera se pretende aumentar la cota a 104 y dejarla permanente, y estamos trabajando para aumentar el bombeo y dejar la cota por debajo de 102,5”. 

Gioria aseguró que “la intención del gobierno provincial es buena” y admitió que “a aquellos productores que no quieran recibir una servidumbre no se le va a hacer, aunque esté por debajo de 102,5”.  

Funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat participaron de una nueva reunión para analizar los caudales de la Cuenca Laguna La Picasa. 

Del encuentro, desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, participaron integrantes del Comité de Cuencas Laguna La Picasa y Canal Alternativa Norte, la Sociedad Rural de Rufino y productores de la zona. 

En la oportunidad, se trataron temas vinculados al estado actual de la cuenca, especialmente ante el incremento del nivel de la laguna La Picasa, a partir de eventos lluviosos importantes ocurridos durante los meses de diciembre/2019, enero y febrero/2022. 

 Además, se analizaron las alternativas de medidas a tomar en el ámbito del Comité Interjurisdiccional de la Laguna La Picasa, las cuales serán elevadas en la reunión de dicho comité, el próximo miércoles 16 de febrero, de la que participará la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana. 

La preocupación por el incremento de niveles de la laguna y los escurrimientos aportados por las provincias vecinas fueron planteados al gobierno nacional para la toma de medidas inmediatas que permitan acotar el crecimiento de la laguna y disminuir los anegamientos rurales de la zona del sur provincial, partiendo que el territorio santafesino es el colector final de los escurrimientos propios y de los provenientes de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. 

 Participaron del encuentro por la provincia de Santa Fe, el subsecretario de Estudios y Proyectos, Jorge Collins y el director Provincial, Nicolás Fernández; por el gobierno nacional, el subsecretario de Obras Hidráulicas, Gustavo Villauría, y el director de Política Hídrica, Pablo Storani; el presidente del Comité de Cuencas, Juan Carlos Duhalde; y representantes de la Sociedad Rural de Rufino, funcionarios del municipio de Rufino, y el senador provincial Lisandro Enrico.