Desde diciembre de 2024, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ha actualizado los requisitos para que los jubilados y pensionados puedan acceder a la cobertura del 100% en medicamentos esenciales. La medida busca garantizar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan, estableciendo nuevos criterios de ingresos y patrimonio. Sin embargo, en febrero se volvieron a modificar las condiciones, facilitando las condiciones de acceso al subsidio social a los afiliados más vulnerables.

Para recibir el subsidio social que permite acceder a la gratuidad de los medicamentos, los afiliados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Además, si los gastos en medicamentos superan el 15% de los ingresos mensuales, PAMI permite una solicitud excepcional para acceder al beneficio, incluso sin cumplir todas las condiciones previas.

Los afiliados pueden solicitar el subsidio social siguiendo estos pasos:

Además de la cobertura en medicamentos, PAMI ofrece una amplia variedad de prestaciones para sus afiliados:

El acceso a estos beneficios permite mejorar la calidad de vida de los jubilados y garantizar una atención médica integral.

Para más información y trámites, los afiliados pueden ingresar a la página web de PAMI o acudir a las oficinas locales.

El trámite se puede realizar a través de la página web: www.pami.org.ar, o bien en la sede de avenida Lisandro de la Torre 841 de Venado Tuerto (03462-422402).

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento fundamental para las personas que viven con alguna discapacidad en Argentina. Este certificado no solo sirve para garantizar el acceso a ciertos derechos y beneficios, sino que también asegura que estas personas reciban el apoyo necesario en diversas áreas de la vida cotidiana, como la salud, el transporte y el trabajo.

Al obtener este documento, las personas con discapacidad pueden acceder a una serie de prestaciones que les permiten llevar una vida más plena y en igualdad de condiciones frente a los demás ciudadanos.

El CUD es un documento de carácter nacional que tiene validez en todo el país. Está diseñado para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en diferentes áreas de la vida. Entre los principales beneficios que otorga el CUD se encuentran la cobertura del 100% en tratamientos de rehabilitación, medicamentos y equipamiento, acceso gratuito al transporte público, exenciones impositivas, y acceso a asignaciones familiares especiales.

La emisión de este certificado está a cargo de Juntas Evaluadoras, equipos interdisciplinarios que evalúan cada caso en particular para determinar si corresponde o no otorgar el certificado. El proceso implica una evaluación médica y social que considera cómo la discapacidad afecta la vida diaria de la persona y su capacidad de integrarse plenamente en la sociedad.

Una de las dudas más comunes entre quienes buscan obtener el CUD es si se necesita un porcentaje mínimo de discapacidad para acceder a él. Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla. No existe un porcentaje único de discapacidad que sea aplicable a todas las personas. Esto se debe a que cada discapacidad es diferente y afecta a las personas de diversas maneras. Por esta razón, las Juntas Evaluadoras analizan el impacto que la discapacidad tiene en la vida cotidiana de la persona, considerando tanto aspectos médicos como sociales.

Es importante destacar que las Juntas utilizan criterios y pautas establecidos por la legislación argentina para realizar estas evaluaciones. En cada caso, se analiza la situación de la persona en detalle, y no se trata de cumplir con un porcentaje específico, sino de evaluar cómo la discapacidad afecta su vida en relación con su entorno social, familiar y laboral.

En Argentina, la Ley Nacional de Discapacidad (Ley N.º 22.431) establece que se considera persona con discapacidad a quien padezca una alteración funcional, ya sea física, sensorial o mental, que sea permanente o prolongada. Esta alteración debe generar desventajas para la persona en términos de su capacidad para integrarse a la sociedad, trabajar, estudiar o participar plenamente en la vida familiar y social.

Entre las discapacidades que pueden ser evaluadas para el otorgamiento del CUD se encuentran:

Discapacidad visual

Discapacidad mental

Discapacidad auditiva

Discapacidad visceral (afectación de órganos internos)

Discapacidad motora (limitaciones en la movilidad)

Cada tipo de discapacidad tiene sus propios criterios de evaluación, y se analiza de forma personalizada cómo impacta la vida diaria de la persona.

Una vez obtenido el CUD, la persona recibe también una cartilla donde se detallan todos los derechos que le corresponden. Estos derechos incluyen, entre otros:

Cobertura total en tratamientos: El titular del CUD tiene acceso a la cobertura del 100% en prestaciones de salud, rehabilitación, medicamentos, equipamiento y tratamientos médicos necesarios.

Acceso gratuito al transporte público: Tanto en corta, media como en larga distancia, las personas con CUD tienen derecho a viajar gratuitamente en transporte público nacional.

Asignaciones familiares: Los titulares del CUD pueden acceder a asignaciones como la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, la asignación familiar por hijo con discapacidad y la asignación por cónyuge con discapacidad.

Símbolo de acceso: El CUD otorga también el Símbolo de Acceso, que permite a las personas con discapacidad el libre tránsito y estacionamiento en cualquier vehículo que las traslade, ya sea propio o de un tercero.

Exenciones impositivas: Entre los beneficios fiscales se encuentran la exención de algunas tasas municipales, el pago de patentes y peajes.

Beneficios para la compra de vehículos: Las personas con CUD pueden acceder a ciertos beneficios económicos para la adquisición de vehículos adaptados a sus necesidades.

Una novedad importante para quienes ya tienen el CUD o planean solicitarlo es la Resolución 322/2023, publicada en el Boletín Oficial en agosto. Según esta resolución, el CUD se otorga sin un plazo temporal de vencimiento, lo que significa que tendrá vigencia mientras se mantengan los criterios que justificaron su emisión.

Sin embargo, existen algunos casos en los que se podrá solicitar la actualización del certificado. Estos casos incluyen situaciones en las que cambie el perfil de la persona con discapacidad o cuando se modifiquen las necesidades de equipamiento o de asistencia para que pueda seguir participando plenamente en la sociedad.

Los criterios para la emisión del CUD:

Renovaciones previas: Las personas que ya tengan emitidos dos certificados previos y cuyas condiciones se mantengan estables podrán recibir el CUD sin fecha de caducidad.

Personas mayores: Aquellas personas mayores de 60 años que mantengan sus condiciones físicas y funcionales estables durante al menos 5 años también podrán acceder al CUD sin vencimiento.

Equipamiento permanente: Las personas que requieran equipamiento o dispositivos permanentes para preservar funciones vitales también podrán acceder al CUD sin necesidad de renovaciones periódicas.

Por Juan Cruz Zwiener

La auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad refleja que los derechos de las personas discapacitadas han sido vulnerados casi sistemáticamente en los últimos años, por ejemplo, con el otorgamiento de pensiones "truchas".

No solo el abuso de pensiones otorgadas por supuesta invalidez debido a discapacidades motoras ha producido un desfalco a las arcas del Estado nacional -tal cual lo describimos en nuestra nota anterior, publicada el 25 de julio pasado bajo el título "Burlando la discapacidad"-, que no es otra cosa que nuestro dinero, de los contribuyentes, los ciudadanos de a pie. Sino que, además, ese desfalco puede costarnos cerca de 2.000 millones de dólares al año, si las estimaciones sobre las pensiones "truchas" se confirma, a través de la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin olvidar, por otra parte, que a esos millones hay que sumarles los erogados por las prestaciones terapéuticas a personas con discapacidad que nunca las recibieron.

Este mecanismo de hacer dinero por prestadores "truchos", es una copia del sistema del dinero destinado a los comedores escolares que nunca llegó, o de los fondos destinados para construir casas o caminos que jamás se vieron materializados. El mecanismo de esta estafa esta originado en un Certificado Único de Discapacidad (CUD), que puede ser otorgado correctamente o en forma indebida. Por medio de ese CUD, la persona beneficiaria por la ley Nº 24701 tiene acceso a una cantidad de terapias y beneficios en salud física, psíquica y social muy importante, además del transporte que facilite el acceso a las citadas prestaciones (un vehículo con chofer hacia donde dispongan las terapias, sin límite prácticamente). (*)

Es ahí donde comienzan los abusos hacia el financiador, el Estado nacional y a cualquier obra social o prepaga. Uno de esos abusos puede consistir en facturar terapias que llegan hasta los 3 millones de pesos por mes en una internación por discapacidad, en la cual la persona portadora del CUD quizás jamás pisó una clínica. A ello se le suman los insumos que pueden sumarse a esas jugosas facturaciones que nunca se realizan, como equipamiento costosísimo para personas con discapacidad: sillas de ruedas, ortesis y prótesis importadas, cirugías y medicación, terapias ambulatorias y el supuesto transporte del paciente hacia las terapias.

Dentro de los abusos más comunes -sobre una persona que verdaderamente tiene una discapacidad- y una estafa -sobre una supuesta persona que está en tratamiento-, está el cambio de dirección en el DNI, que se hace para "alejarlo" del lugar de las terapias. Entonces, por un recorrido corto, cambian la dirección legal hacia otra dirección "más alejada" (de un pariente por ejemplo) y así los transportistas facturan más de lo debido. Lo mismo pasa con los prestadores de terapias que sobrecargan a las obras sociales con prestaciones, pero el paciente recibe menos de las autorizadas y facturadas. Esto puede ser inferido y auditado, ya que ha hecho mucho ruido que parte del denominado colectivo de Discapacidad se haya opuesto rotundamente al sistema de auditoría de las prestaciones de la Andis mediante el uso de tecnología de geolocalización.

Hace unos meses, la Andis quería implementar la geolocalización para tener un seguimiento de las personas con discapacidad que son beneficiadas por las prestaciones. Como en el "Caso Loan", donde se peritan los celulares para saber dónde estaba cada uno de los supuestos implicados en la desaparición del niño, en el ámbito de la Discapacidad podríamos saber si el paciente con su celular está, o no, próximo a sus lugares de terapia cuando los prestadores dicen que lo está, vía seguimiento del celular (como el sistema LoJack en los vehículos).

Esto haría más verosímil y tecnológico el control del presentismo a las terapias y al transporte de las personas, generando una confianza a los financiadores de las terapias, ya que sabrían quiénes son los prestadores que trabajan honestamente, además de generar un ahorro a las arcas del Estado nacional y las obras sociales, cajas profesionales y prepagas que brindan coberturas de salud indispensables para el bienestar del colectivo de Discapacidad, que honestamente las requiere.

Recordemos que, por el llamado Mecanismo Integrador, las prestaciones de salud de las obras sociales nacionales, todas las erogaciones (tratamientos, transporte e insumos) que abonan los distintos financiadores (obras sociales) se les reintegra en la Nación. Es decir que las obras sociales nacionales no tienen costo alguno sobre prestaciones de afiliados con CUD, y reciben el cheque de esas prestaciones. Lo que se pone en juego aquí es la reputación de esas obras sociales nacionales, porque si no auditan a los prestadores, son cómplices de una estafa al Estado nacional.

La pregunta que todos nos hacemos hoy en día es: ¿Vamos a seguir permitiendo que se despilfarre el dinero de los contribuyentes? Así jamás vamos a poder obtener la baja de impuestos y entonces la Justicia Social siempre será, meramente, el sostenimiento de bienes y servicios en forma gratuita a quienes "no tienen", en contra de aquellos que producen dinero mediante la venta de bienes o servicios y el Estado les cobra impuestos por ello. Porque, si de por sí financiar la Justicia Social impone un debate enorme, financiar las estafas de prestadores en salud es injusto y está penado por la ley.

¿Será quizás la Discapacidad otra parte del Estado que es apretada y expulsa pus? Solo con la intervención de la justicia lo sabremos, si es que se animan los fiscales y quienes tienen que actuar. O seguirán, como siempre, pagando justos por pecadores, como nos hemos -lamentablemente- acostumbrado los argentinos.

(*) Sancionada el 5 de noviembre de 1997, esta normativa es la que establece en todo el territorio argentino el llamado Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Fue promulgada el 2 de diciembre del mismo año.

Los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) ya no tendrán plazo de vencimiento, a partir de una resolución adoptada por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que será publicada este lunes en el Boletín Oficial.

A través de una nota de prensa, ese organismo comunicó este domingo por la noche que la primera etapa de la decisión oficial será de implementación inmediata y preverá que los CUD sean emitidos sin plazo de vencimiento, tanto en su versión física como digital.

En consonancia con ello, Andis consignó que el Estado tomará contacto con “la persona con discapacidad para acompañarla y mantener sus datos actualizados, cuestión clave para asegurar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, como así también para mantener los registros actualizados que sirven para diseñar y ejecutar eficientemente políticas públicas para las personas con discapacidad”.

Certificado de Discapacidad: prorrogaron los vencimientos por un año

“Las instancias de acompañamiento y actualización -agregó la Andis- se efectivizarán con una periodicidad entre los 5 y 15 años, en todos los casos, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente, mediante un contacto y acercamiento fehaciente por parte del Estado, a través de los canales y vías de comunicación existentes y de los que se implementen en el marco de la innovación tecnológica planificada a tal efecto”.

“El CUD es la puerta de acceso para muchos de los derechos de las personas con discapacidad. Esta actualización nos permite contar con una herramienta menos burocrática, más moderna y más sencilla”, señaló el director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga.

El funcionario agregó: “Es una medida que nació de la escucha y el compromiso con todo el colectivo de Discapacidad en todo el país; que se fue nutriendo del trabajo mancomunado del gobierno nacional, las provincias y la sociedad civil; y que impactará positivamente en las personas con discapacidad y sus familias”.

Para el organismo, la inminente resolución oficial” ratifica la implementación progresiva, gradual y en etapas, de una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación, tanto para quienes ya poseen el CUD, como para aquellas que tramiten la obtención del mismo por primera vez”.

Certificado de discapacidad: implementan cambios para simplificar y optimizar el acceso

El propósito de la administración encabezada por el presidente Alberto Fernández es dar “un paso fundamental hacia una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación y de acceso a derechos, simplificada, desburocratizada y con mayor presencia del Estado en el acompañamiento permanente de las personas con discapacidad y sus familias”, consignó la Andis.

La implementación de estas mejoras, inscriptas en el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad, requerirá la adopción de diversas medidas administrativas, normativas y tecnológicas que se irán formalizando paulatinamente, salvaguardando, en todo momento, la continuidad ininterrumpida del acceso a derechos, prestaciones y servicios por parte de las personas con discapacidad.

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El Gobierno nacional, a través de la Resolución 186/2023, publicada en el Boletín Oficial, prorrogó por un año la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que vencen en 2023. También afecta a los certificados que vencían en 2022 y que ya habían sido extendidos.

Las dificultades que refiere el organismo son las decenas de pedidos de familiares y pacientes que, ya desde fines de 2022, vienen reclamando que no hubiera que renovar este documento, clave para la cobertura de un medicamento o para el derecho a viajar sin cargo en transporte público.

La campaña, impulsada en las redes sociales, apunta a las complicaciones en la renovación: los certificados suelen ser expedidos por dos años y los turnos con la Junta Médica Evaluadora pueden tener siete meses de demora, lo que obliga a comenzar la ronda de trámites casi apenas obtenido el CUD.

Certificado de discapacidad: implementan cambios para simplificar y optimizar el acceso

Se trata del primer paso de implementación del plan de mejora en la Certificación que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció el organismo.

La ANDIS instituyó el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: “Se trata de una propuesta integral con el fin de mejorar los procesos y la normativa vigente para la Certificación de la Discapacidad, a partir de la optimización administrativa, la amplificación del despliegue territorial y el fortalecimiento del rol proactivo del Estado en la vinculación y acompañamiento de las personas con discapacidad”.

Por ello la mencionada agencia nacional consideró que con la oficialización de la prórroga de vencimiento de certificados fue “el primer paso efectivo hacia la implementación de este Plan que se está desarrollando, y se adopta ante las dificultades que se han experimentado en algunas jurisdicciones con el objetivo que ninguna de las prestaciones que derivan de la vigencia del CUD se vea interrumpida como el sistema de prestaciones básicas, gratuidad del servicio de transporte público, entre otras”.

Discapacidad: buenas intenciones legislativas sin recursos ni responsabilidades

En este marco, se Instruyó a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios para que se proceda a la implementación administrativa y operativa de la presente medida, y realice las acciones necesarias a tal efecto. “Asimismo, corresponde instruir a dicha Dirección Nacional a fin de propiciar la notificación del presente acto resolutivo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por intermedio de la Dirección Ejecutiva de esta AGENCIA, como así también a los organismos y jurisdicciones responsables de evaluar y certificar discapacidad”, se comunicó en la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

En Argentina se estima que unos 5 millones de ciudadanos tienen algún tipo de discapacidad, el 55% son mujeres y 45%, varones. De este total, 8 de cada 10 están desocupados.

Dentro de ese universo, según el último anuario estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hay más de 3.744 argentinos con CUD que buscan empleo y no lo consiguen.

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El Gobierno implementó nuevos cambios en el certificado de discapacidad y algunas personas ya no tendrán que hacer renovaciones. Así lo comunicó a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida será complementada con una prórroga de los vencimientos actuales de los Certificados únicos de Discapacidad, mientras tanto, se instrumentarán las nuevas medidas administrativas y tecnológicas para que se pueda implementar el nuevo sistema. De esta manera, se incorporará la eliminación de la fecha de vencimiento.

Entre los objetivos específicos que propone el anexo de la Resolución 113/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, se encuentran además los de “difundir los derechos y servicios a los que se accede con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, “fortalecer las herramientas y recursos vinculados con la certificación” y “disminuir la brecha entre personas certificadas y población con discapacidad estimada”.

Discapacidad: buenas intenciones legislativas sin recursos ni responsabilidades

Se trata de un plan que “permitirá brindar previsión y seguimiento a las acciones ya desarrolladas y a desarrollar por la ANDIS en materia de certificación” y que tiene como población destinataria a las “personas con discapacidad certificadas”, así como también la “población con discapacidad estimada en un 10.2% del total del país”.

También aplica para “el entorno de las personas con discapacidad, (familia, amigos y apoyos), organizaciones de la sociedad civil y actores vinculados con los procesos de certificación”.

Entre los puntos más destacados del plan, ANDIS menciona:

Para cada uno de los ejes de trabajo contenidos en dicho plan, se irán emitiendo, en el transcurso de las próximas semanas, las Resoluciones complementarias que permitan su instrumentación a nivel federal y de manera progresiva en etapas, salvaguardando a las personas con discapacidad y la vigencia de sus prestaciones.

La Provincia aumentó un 800% el presupuesto para asistir a personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) aportó información que ayudó a concretar la nueva medida ya que estableció el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: una propuesta integral que buscaba mejorar los procesos para la certificación de discapacidad.

El plan recibe los aportes recolectados en el marco de la consulta federal hacia una nueva Ley de Discapacidad, de insumos trabajados con las autoridades de discapacidad de todas las jurisdicciones, como así también reclamos históricos del colectivo y organizaciones de la sociedad civil, e incluye medidas como apoyo a las Juntas Evaluadoras de Certificación de todo el país, incorporación de innovaciones tecnológicas, simplificación del trámite y otras líneas de acción concretas que implican una mejora en el acceso a la certificación.

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Según información publicada por la Agencia Nacional de Discapacidad, la cantidad de personas a las que se les ha extendido el Certificado Único de Discapacidad en Argentina trepó de 9 mil en 2009 a 1,5 millón en 2021.

“Esto implica que la emisión de CUD creció a una tasa del 54% promedio anual”, señala un análisis del Instituto Argentino para el Desarrollo Social. “Estos datos señalan que el crecimiento de la cantidad de personas con discapacidad acreditada viene mostrando un enorme crecimiento en la última década”.

Si bien el tema ha sido y es materia de acusaciones partidarias cruzadas, cabe destacar que el 3,17% de personas con CUD sobre una población total de 47,3 millones de personas (censo 2022) no es un dato desproporcionado. Según el Banco Mundial, (informe 2021) “el 15 % de la población mundial, o 1000 millones de habitantes, experimentan algún tipo de discapacidad, y la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo.

“Entre 110 millones y 190 millones de personas, o sea la quinta parte de la población mundial, se ven afectadas por discapacidades importantes”, advierte el informe del BM, que sostiene además que las cifras podrían haberse agravadas con las consecuencias de la pandemia.

Idesa señala que “suministrar las prestaciones especiales de la discapacidad implica un desafío complejo de financiar y gestionar. Por eso, para los seguros de salud –que no son entes especializados en gestión de servicios de discapacidad– se han convertido en un factor de desestabilización financiera.

“Conceptualmente -dice el análisis el centro de estudios- las discapacidades severas son de baja incidencia entre la población total, pero de muy alto costo. Como las prestaciones específicas de la discapacidad no son prestaciones médicas, en los países bien organizados el Estado –con entes especializados– cofinancia a las familias estas prestaciones con un orden de priorización. Por ejemplo, en Uruguay esta función la cumple la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y en Chile el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS)”.

Expone que “en Argentina, en cambio, esta cobertura es otro testimonio del voluntarismo y la demagogia con que se abordan temas de alto impacto social. Para la gente con seguro de salud se apeló a la simplista receta de ampliar el Programa Médico Obligatorio (PMO). Imponer derechos sin mecanismos apropiados de financiamiento y gestión deriva en permanente conflictividad.

“Las personas -explica Idesa- enfrentan muchas dificultades para acceder a las prestaciones y es frecuente que tengan que acudir a la Justicia. La situación es peor aún para las personas sin seguro de salud. La misma ley que le impone la obligación a las obras sociales y prepagas (Ley 24.901) estipula que, para las personas sin cobertura de salud, el Estado (genéricamente) brindará las prestaciones en la medida que las personas no puedan afrontarlas”.

“La discapacidad es una condición de la que se derivan desafíos muy complejos de financiamiento y gestión. La Argentina tiene un sistema de cobertura improvisado con un régimen financiero inconsistente. Esto provoca enormes daños individuales, familiares y sociales que podrían ser evitados con reglas más racionales”.

Idesa recuerda que “la discapacidad no es una enfermedad sino una condición” que “plantea a los afectados una serie de necesidades específicas. Si bien comprende situaciones muy heterogéneas, los principales servicios especiales que puede requerir son la rehabilitación, la educación especial y la asistencia para la vida cotidiana que, en los casos más complejos, involucra la adaptación de la vivienda, alimentación y transporte especial y asistencia de personal especializado. Para muchas familias con un miembro del hogar con discapacidad el acceso a estos servicios plantea enormes desafíos.

“La Argentina -añade- tiene la peculiaridad de que el suministro de estos servicios se asignó al sistema de salud. En 1997, la Ley 24.901 definió las prestaciones específicas para la discapacidad y estableció que las obras sociales están obligadas a suministrarlas a sus afiliados. Luego, en el 2011, en la regulación de las prepagas, se estipuló la misma obligación para las prepagas.

“Como ocurre con las prestaciones médicas, para quienes no tienen seguro de salud queda implícito que la cobertura queda a cargo de los efectores públicos. La discapacidad se acredita legalmente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que otorga la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ese certificado genera el derecho a recibir las prestaciones específicas de la discapacidad”.

Desorden público

Idesa sostiene que, a falta de definiciones normativa, hay “superposición entre un organismo nacional (ANDIS) con las secretarías provinciales y municipales de discapacidad. El desorden sirve para expandir la burocracia y diluir responsabilidades, pero no para dar una respuesta apropiada a la gente sin cobertura. El resultado es una larga y demagógica enunciación de derechos que en la mayoría de los casos resulta muy difícil o imposible de ejercer.

Demagogia

“Una respuesta socialmente eficaz exige salir de la mediocre y cómoda actitud de agregar derechos al PMO sin reparar en cómo satisfacerlos. Esto lleva a la necesidad de asignar fondos públicos específicos para la discapacidad para todos los argentinos con y sin cobertura. La gestión debe estar exclusivamente a cargo de los organismos provinciales que deben priorizar en función del nivel de complejidad de la discapacidad de cada persona”.

A principios de mayo los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz y Carla Carrizo, cumplieron con la promesa que promovieron en Twitter: tratar de eliminar el trámite “más inútil”, el cual según sus seguidores es la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), que se realiza cada 10 años (a partir de los 5 años de edad).

A este proyecto adhirió desde Venado Tuerto la edil Mariana Iturbide, considerando que si bien “en determinados casos resulta razonable establecer un período de vigencia del CUD, fundado en el hecho de que la situación de la persona con discapacidad puede modificarse y esta modificación debe ser constatada por la Junta, la realidad indica que existen casos de discapacidades permanentes e irreversibles, en donde esta renovación constituye un trámite burocrático”.

En tanto, retrató que desde la Comisión de Discapacidad del Concejo “siempre estamos viendo de qué formas se pueden agilizar muchas cuestiones para las personas con una discapacidad, porque éste es un tema lento, pero se comprende que lo sea porque debe ser bien evaluado”. Asimismo, entendió que la renovación del carné de discapacidad, cuando el diagnóstico es permanente e irreversible, “es innecesario”; además “se cortaría cada diez años todo lo referente al CUD, como las prestaciones y otros beneficios que posee”.

El proyecto de resolución de la concejala de Primero Venado, que adhiere al presentado en el Congreso de la Nación, expresa que “en determinados casos resulta razonable establecer un período de vigencia del CUD, fundado en el hecho de que la situación de la persona con discapacidad puede modificarse y esta modificación debe ser constatada por la Junta, pero la realidad indica que existen casos de discapacidades permanentes e irreversibles, en donde esta renovación constituye un trámite burocrático que muchas veces termina haciendo de obstáculo para el acceso a las prestaciones correspondientes”.

Mencionando como objetivo principal “remover obstáculos y allanar el camino en el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y, en este caso, en las situaciones más vulnerables cuando se trata de personas con discapacidades permanentes e irreversibles”.

Consultada sobre la aprobación de esta ley a nivel nacional, Iturbide señaló que se comunicó con Carla Carrizo, “a quien le envié el proyecto y ella en las redes comenzó a sumar a las personas de los diferentes lugares del país que adherían para que este proyecto de ley sea efectivo. Creo que haciendo fuerza entre todos va a salir esta norma tan importante para muchos”.

Sobre el tema discapacidad, el cual siempre está muy presente en los proyectos iniciados por la edil, comentó que desde la Comisión se habla no solo de la burocracia de éste y otros trámites, sino que tratan la inclusión de las personas con alguna incapacidad. Y en este punto destacó que “este año se está trabajando en una nueva ley de discapacidad que no apunta tanto a lo asistencialista o médico, sino a la integración, porque cambia la perspectiva, es decir, considera a la persona como un sujeto activo dentro de la sociedad, donde las únicas barreras que existirán serán las de infraestructura (también a considerar)”, detalló.

La nueva ley de discapacidad, para la cual se hacen audiencias en diferentes regiones del país y hay una página web para aportar ideas, busca un cambio hacia el modelo social de la discapacidad, con un enfoque que ubica a las personas con discapacidad, en primer lugar, como sujetos activos de la vida en sociedad en todas sus esferas.

La consulta federal organizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) debate acerca de una normativa que es la modificación de la Ley 22.431 sancionada en Argentina en el año 1981.

Para la concejala venadense, el presentado no es el primer proyecto relacionado a este abordaje, sino que por lo general su agenda se enriquece de este tipo de temáticas, relacionadas todas a la salud.

Otra de las iniciativas presentadas y aprobadas fue la de capacitaciones en RCP para instituciones y/o lugares de asistencia masiva.

“Establécese, con carácter obligatorio, la adquisición, puesta en funcionamiento y mantenimiento para su correcta utilización, de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en los lugares públicos y privados de concurrencia masiva o de alto riesgo en el ámbito de la ciudad de Venado Tuerto”, agrega el proyecto que inició con una instrucción en el Concejo Municipal y seguirá hacia las entidades que lo soliciten.

La iniciativa parte desde el dato que “los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de defunción en nuestro país. Y la muerte súbita produce entre 30.000 y 40.000 muertes al año, representando alrededor de una muerte cada quince minutos”.

Por lo que “la emergencia que surge de un paro cardiorrespiratorio es tal que, por cada minuto que un paciente transcurre sin atención, disminuye un 10% su posibilidad de sobrevida. En esta situación, entre 3 y 5 minutos después de producido el paro cardiorrespiratorio, comienza la muerte cerebral. Es por ello que la aplicación inmediata de técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) resulta fundamental hasta el arribo del auxilio de emergencia médica especializada, que realizará entonces resucitación cardiopulmonar avanzada y cardiodesfibrilación”.

Otro de los proyectos de Iturbide ya aprobados apunta a visibilizar la enfermedad de la celiaquía que establece “programas de información a pacientes y a la población en general sobre la enfermedad, sus consecuencias y complicaciones, métodos de diagnóstico y tratamiento”, mencionó.

“Ya empezamos a difundir esta ordenanza en ‘Venite al Parque’ y pronto haremos las capacitaciones en bares y restaurantes de la ciudad para puedan tener la alimentación para celíacos”, desarrolló, agregando que próximamente presentará un proyecto similar para promocionar la diabetes y darle mayor difusión.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DE ESTE LUNES 23 DE MAYO 

Mariana Iturbide, concejal de la UCR, presentó un proyecto de resolución en apoyo al presentado por los diputados nacionales Carla Carrizo y Martín Tetaz en el Congreso de la Nación con el fin de evitar la renovación periódica del Certificado Único de Discapacidad en los casos en que esta sea irreversible o permanente. «Creemos que es muy importante eliminar obstáculos para el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Muchas veces la renovación del CUD termina constituyendo una traba burocrática que impide que las personas accedan a las prestaciones establecidas por la ley y se da una situación de desprotección que este proyecto busca evitar», comentó Iturbide. El proyecto presentado por los legisladores nacionales de UCR Evolución surgió después de que el diputado Tetaz hiciera una convocatoria por redes sociales para encontrar entre las propuestas de los usuarios el “trámite más inútil”, siendo la renovación del CUD en casos de discapacidad irreversible o permanente el más mencionado. “Creemos que la sanción de este proyecto puede dar solución a muchos problemas que surgen ante el vencimiento del CUD de personas con discapacidades irreversibles o permanentes, ya que cuando esto ocurre, deben hacerse todos los estudios nuevamente, retrasando, en algunos casos, el acceso a tratamientos y medicación que necesitan para su vida cotidiana”, cerró Iturbide.