El Gobierno declaró Monumento Histórico Nacional al local donde funcionaba República de Cromañón y al hotel Central Park, ubicados en la calle Bartolomé Mitre, en el barrio porteño de Balvanera.

A través del decreto 571, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, dispuso, además, incluir como Lugar Histórico Nacional al espacio donde se emplazan el Paseo de los pibes de Cromañón, los murales artísticos alusivos y el santuario, que se extienden sobre la misma calle, entre Jean Jaures y Ecuador.

A través del decreto 571, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso incluir como Lugar Histórico Nacional al espacio donde se emplazan el “Paseo de los pibes de Cromañón, los murales artísticos alusivos y el santuario que se extienden sobre la misma sobre Mitre, entre Jean Jaures y Ecuador. Además, declárase Bien de Interés Histórico Nacional la Colección “Cromañón” alojada en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex-ESMA)”.

El texto, remarca que los bienes que conforman este “conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico constituyen el crudo testimonio, material e inmaterial, de uno de los capítulos más dolorosos en la historia del país” y afirma que “es un deber del Estado Nacional generar conciencia y compromiso en la comunidad, que es garantía de que su reiteración en el futuro sea menos probable”.

En tanto, destaca que “la presente norma es inédita en la historia de la protección de bienes por parte del Estado Nacional argentino” y señala como un antecedente en la región a lo sucedido en Paraguay con las instalaciones del x-Supermercado Ycuá Bolaños - declarado bien Patrimonial de Valor Cultural-, donde en agosto de 2004 murieron 327 personas también producto de un incendio.

“En el caso de Cromañón, los objetos muebles existentes al día de hoy dentro del conjunto son piezas clave por su valor testimonial. El uso del conjunto de bienes relacionados con Cromañón será establecido mediante procesos participativos entre las agrupaciones de familiares de víctimas fatales, de víctimas sobrevivientes y el Estado Nacional.

En el mismo sentido, el decreto deja en claro que “el conjunto conformado por los edificios del antiguo local bailable y el hotel lindante, más la parcela a cielo abierto emplazada en la calle Jean Jaures fue declarado ‘de utilidad pública y sujeto a expropiación’ por medio de la Ley N° 27.695, lo cual no afecta los fines de protección patrimonial de la presente norma declaratoria”.

Durante la noche del 30 de diciembre de 2004, la banda Callejeros se presentó en Cromañón para brindar un show. Al poco tiempo de iniciar el espectáculo, mientras tocaban el tema “Distinto”, uno de los espectadores encendió una candela “tres tiros”, un producto de pirotecnia que impactó en la media sombra ubicada en el techo que provocó un fuego inmediato en esta tela de plástico y comenzó a generar gases y humo que imposibilitaba ver y respirar.

Las luces del establecimiento se apagaron y los asistentes comenzaron a intentar evacuar el lugar, pero el local no se encontraba en condiciones. La salida de emergencia estaba obstruida por la presencia de vallas, algo que dificultó la evacuación inmediata al momento del incendio. Asimismo, la Certificación de Bomberos de este establecimiento se encontraba vencida, por lo que sus matafuegos no se encontraban en funcionamiento.

República Cromañón contaba con la habilitación para una capacidad máxima de 1031 personas en sus instalaciones. Sin embargo, se estima que aquella noche, ingresaron al menos 4500.

En el trágico episodio murieron 194 personas y 1432 resultaron heridas. Entre las víctimas fatales, se encontraban la novia del vocalista, Pato” Fontanet, la madre del baterista, la esposa y primos del mánager y cinco familiares del guitarrista. Se determinó que la mayoría de las muertes se produjeron a causa de inhalación de gases como el monóxido de carbono y ácido cianhídrico.

Este lunes, sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón presentarán un petitorio a las autoridades de los tres poderes del Estado nacional.

Su objetivo es solicitar la reglamentación de la ley de expropiación que permitiría preservar el inmueble donde ocurrió la tragedia el 30 de diciembre de 2004.

El Senado argentino convirtió en ley la expropiación de Cromañón

En un comunicado, los convocantes declararon: “Esta acción tendrá lugar el lunes 12 del corriente en los correspondientes edificios públicos. Los convocamos a las 13 en Casa Rosada para que nos acompañen a presentar el petitorio”.

Además, enfatizaron que la reglamentación de la ley es crucial para preservar el lugar y su importancia histórica, sin que se vea afectada por la incertidumbre del calendario electoral.

Los convocantes expresaron su preocupación por la posible modificación o reforma del inmueble por parte del titular de la empresa offshore propietaria del lugar, Rafael Levy. Por lo tanto, solicitaron a todos los actores involucrados que cumplan con la expropiación dispuesta por ley.

El comunicado fue firmado por diversas organizaciones como la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, No me Olvides, Movimiento Cromañón, Ni Olvido ni Perdón, No nos cuentes Cromañón, Organización 30 de diciembre, Que no se repita, Sin derechos no hay Justicia y Plaza de la Memoria los Pibes de Cromañón Presentes.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón luchan por crear un espacio de memoria

El 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda Callejeros en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, una bengala encendida prendió fuego al techo del lugar, hecho de material inflamable.

El incendio, que ocurrió con el local superando su capacidad permitida, y la salida de emergencia bloqueada, resultó en la muerte de 194 personas y dejó heridas a 1.500.

En 2009, la Justicia condenó a varios responsables, incluyendo al gerenciador del local Omar Chabán, al manager de la banda Diego Argañaraz, al subcomisario Carlos Díaz, al coordinador general del boliche Raúl Villarreal, y a las funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández.

En 2011, Casación redujo las calificaciones de incendio doloso a culposo y atribuyó la misma figura a los integrantes de Callejeros. También se calificó el caso como omisión de los deberes de funcionario público en lugar de incumplimiento.

El 27 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la ley nacional 27.695, que permite la expropiación del local de Cromañón para establecer un sitio de memoria.

El Senado de la Nación aprobó este jueves y convirtió en ley el proyecto que decreta la expropiación del predio donde funcionaba el local de espectáculos República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, donde a fines de 2004 se produjo un incendio que mató a casi doscientas personas.

Con 60 votos afirmativos y 1 voto negativo queda aprobado el proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles sitos en CABA popularmente conocidos como República Cromañón

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 28, 2022

La iniciativa recibió el respaldo de todas las bancadas ante la presencia de familiares de víctimas de la tragedia.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón celebraron la sanción en el Senado. El objeto de la expropiación es destinarlo a un espacio para la memoria de las 194 personas que murieron en el incendio de ese local del barrio porteño de Balvanera la noche del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda Callejeros.

Organizaciones como la “Coordinadora Cromañón”, “El Camino es Cultural”, “Familiares de la Matanza”, “Movimiento Cromañón”, “Ni Olvido Ni Perdón”, “No Nos Cuenten Cromañón”, “Organización 30 de Diciembre”, “Que No Se Repita”, y “Sin Derechos No Hay Justicia”, entre otras colgaron banderas y pancartas con nombres y fotografías de los fallecidos en el incendio sobre las rejas del Congreso en la esquina de Hipólito Yirigoyen y Entre Ríos, en donde leyeron un documento conjunto.

El texto afirma: “el inmueble donde funcionó Cromañón está a nombre de una empresa off shore radicada en Uruguay llamada Nueva Zarelux, sin embargo, en los juicios penales la justicia determinó que su verdadero dueño es Rafael Levy; fue responsable, y por ello condenado a 4 años y medio de prisión, de varias de las decisiones que llevaron a Cromañón a sus condiciones de funcionamiento, por ejemplo, tapar los extractores de aire que originalmente se encontraban en el techo del lugar para la instalación de canchas de fútbol que puso en alquiler”.

En ese sentido las organizaciones recordaron que “hasta el año 2018 el inmueble se encontraba judicializado pero en octubre de ese año el Tribunal Oral en lo Criminal 24 devolvió la posesión del mismo a la empresa Nueva Zarelux a través de su representante legal. Dicha devolución no fue correctamente notificada a familiares y sobrevivientes impidiendo la posibilidad de retirar del lugar numerosas pertenencias, tanto de víctimas sobrevivientes como de las víctimas fatales”.

Es una reivindicación a esos jóvenes que esa noche entraron a Cromañón una y otra vez a salvar vidas. pic.twitter.com/TGXISVzDE1

— Mariano Recalde (@marianorecalde) October 28, 2022

“Dentro de Cromañón quedaron diversos objetos como zapatillas, documentos, billeteras, banderas -hasta una bicicleta- de altísimo valor simbólico y afectivo que no sólo no fueron devueltos, sino que fueron desechados por empleados de Rafael Levy. En el interior de Cromañón había huellas de memoria, como las emblemáticas manos en las paredes que, entre otras reformas a su estructura, también fueron borradas en un acto de querer eliminar todo lo allí ocurrido”, añadieron.

“Este largo trayecto comenzó en la Legislatura Porteña, con la presentación durante dos períodos consecutivos, en 2019 y en 2021, de proyectos de expropiación y patrimonialización que lamentablemente en esa cámara no prosperaron”, subraya el documento.

Las organizaciones remarcaron que “la masacre de Cromañón puso de manifiesto que el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la connivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado, tanto del ámbito local como nacional, tiene consecuencias irreversibles. No podemos dejar de mencionar, en este sentido, a Aníbal Ibarra como máximo responsable político de la Masacre, quien fuera destituido como Jefe de Gobierno”.

El documento también recuerda que “el 31 de diciembre de 2004, el diario de mayor tirada del país, por primera vez en su historia, largaba tres ediciones impresas en un mismo día. La magnitud y el impacto de la masacre obligaba a la prensa a ir corrigiendo y actualizando la información; lo que eligieron no corregir fue la instalación de mitos como, por ejemplo, la existencia de una guardería en el baño de mujeres y la construcción de relatos violentos como “los padres y las madres no los cuidaron”, entre otras mentiras que sólo buscaron socavar la lucha de familiares y sobrevivientes”.

“Muchos y muchas sobrevivientes lograron salir de Cromañón, pero al no soportar las secuelas de la masacre llegaron a quitarse la vida; otros familiares fallecieron por enfermedades relacionadas con los efectos de la misma causa; mientras que muchos otros y otras conviven hoy con afecciones físicas y psíquicas severas, reclamando la atención que el Estado tiene la obligación de brindar”, enfatiza el texto.

Las organizaciones consideraron que “a partir de la aprobación de esta Ley confiamos en que el Poder Ejecutivo, en nombre del Estado Nacional, tendrá la celeridad y la responsabilidad necesaria para promulgarla y para reglamentarla con la participación de todas las organizaciones de familiares y sobrevivientes que formamos parte de este proceso y así continuar con la materialización del Espacio para la Memoria por la Masacre de Cromañón”.

“Esta es una oportunidad histórica para construir una política pública para la memoria y los derechos humanos de ayer y de hoy. Este logro se cristalizará como un hito de reparación simbólica que permita proyectar un futuro donde el presente continúe construyendo sentidos que, compartidos, dialoguen con quienes fuimos, quienes somos y quiénes queremos ser. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”, finalizaron las organizaciones.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto que busca expropiar el edificio donde funcionó el boliche ‘República Cromañón’, donde murieron 194 jóvenes y centenares sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria.

En el mismo sentido, también se aprobó el proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares, sancionada en 2018, y que prorroga por diez años la vigencia de la suspensión de los desalojos.

El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos sufragios negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio).

A lo largo de la sesión que se extendió por espacio casi diez horas se aprobó también un paquete de proyectos sin disidencias ni observaciones, entre las que figuraron un dictamen que permite a los familiares de los trabajadores enviar telegramas o cartas documentos gratuitos.

También se aprobó y giró al Senado un dictamen donde se establece la obligatoriedad de cantar el himno en las competencias internacionales deportivas donde participen equipos superiores.

El plenario legislativo convirtió en ley un proyecto que declara de utilidad pública y expropiación a la “Casa Grande”, ubicada en Chacras de Coria, provincia de Mendoza; y otro que modifica la ley Nacional del Deporte sobre asociaciones civiles y deportivas superiores.

La sesión especial -presidida por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau- se inició a las 13 y en el primer tramo se aprobó la renuncia de Victoria Tolosa Paz, quien asumirá mañana como ministra de Desarrollo Social, y se tomó juramento a la dirigente massista Micaela Morán, quien cumplirá su mandato hasta diciembre de 2025.

También se recordó a los exlegisladores que fallecieron en las últimas semanas: el socialista Héctor Polino y el correntino del Frente de Todos Fabián Ríos y se rindieron homenajes por el Día de la Diversidad Cultural.

La iniciativa ingresó este viernes a la Cámara baja y será oficializada el jueves a las 16 en una actividad en el Salón de los Pasos Perdidos.

El proyecto fue presentado por sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón, en la que murieron 194 personas. El obejtivo principal es que el edificio donde funcionó el local bailable sea declarado de “utilidad pública y sujeto a expropiación” con el propósito de crear un “espacio dedicado a la memoria” de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004.

Entre las organizaciones convocantes destacan: El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

El proyecto, en rigor, repite la propuesta presentada en varias oportunidades en la Legislatura porteña, donde nunca prosperó debido a la falta de acompañamiento del bloque oficialista, que responde al Ejecutivo local y dificultó su aprobación debido a que cuentan con la mayoría parlamentaria.

En ese marco, las organizaciones decidieron llevar la iniciativa a la Cámara baja, donde ingresó con las firmas de 20 diputados de diversas fuerzas políticas como el Frente de Todos; el interbloque de Juntos por el Cambio que conforman el PRO, la Coalición Cívica y la UCR-; el Frente de Izquierda; Identidad Bonaerense y el Socialista, entre otros.

En el artículo primero, el proyecto plantea la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3, predio popularmente conocido como República Cromañón”.

Indica que el lugar “será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos”, en tanto que establece que “a tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas”.

“La edificación existente en el inmueble expropiado deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio”, señala.

En cuanto a los fondos para concretar la expropiación, el texto fija que “el valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la ley 21.499, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, al tiempo que autoriza “al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de la Administración Nacional del ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten para el cumplimiento de la ley”.

El 30 de diciembre del 2004 y durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en el boliche República Cromañón, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros.

A poco de comenzado el concierto, el accionar de una bengala prendió fuego una media sombra situada en el techo del local y generó un humo tóxico que fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo ya que las salidas de emergencias del local estaban cerradas con candados.

El edificio es actualmente de la sociedad “Nueva Zarelux”, cuyo dueño es Rafel Levy -el mismo propietario que al momento del incendio-, y fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.

“Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias. Y entre dichas instancias, es indispensable que se garantice la Memoria Colectiva”, manifestaron los autores del proyecto.