La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este lunes concederle la prisión domiciliaria a Julio De Vido al considerar que el Servicio Penitenciario Federal no logró garantizar adecuadamente la atención médica que requiere el exministro.

El fallo fue firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes hicieron lugar al recurso presentado por la defensa encabezada por Maximiliano Rusconi.

La decisión dejó sin efecto la resolución previa del Tribunal Oral Federal N°4, que había rechazado el pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa de De Vido.

El exministro de Planificación Federal, de 76 años, cumple una condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta y permanecía detenido en la Unidad 19 del penal de Ezeiza.

Según el expediente judicial, De Vido padece enfermedad cardiovascular arteriosclerótica difusa, diabetes tipo 2 insulinorequirente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial, además de antecedentes de accidente cerebrovascular.

Uno de los puntos centrales del fallo fue el cuadro cardíaco sufrido por el exfuncionario el pasado 1° de abril.

La resolución recordó que De Vido debió ser trasladado de urgencia primero al Hospital Eurnekian y luego al Sanatorio Trinidad de Palermo, donde se le practicó una angioplastia con colocación de un stent.

Los camaristas valoraron especialmente informes del Cuerpo Médico Forense que advertían sobre la necesidad de contar con guardia médica permanente, controles cardiológicos y capacidad de derivación inmediata ante emergencias.

El juez Carlos Mahiques sostuvo en su voto que la Unidad 19 no cuenta con guardia médica las 24 horas y señaló que durante la noche y fines de semana sólo permanecen enfermeros en el lugar.

Además, remarcó que los médicos especialistas permanecen únicamente “localizables telefónicamente” y advirtió sobre el riesgo de nuevas emergencias cardiovasculares dentro del penal.

Otro aspecto señalado en el fallo fue la falta de determinados medicamentos anticoagulantes y las dificultades del SPF para responder rápidamente ante cuadros críticos.

La resolución también citó informes médicos aportados por la defensa que calificaron a De Vido como un paciente de “alto riesgo cardiovascular”.

Los peritos indicaron además que el sistema penitenciario “no está en capacidad de atender” posibles descompensaciones agudas y mencionaron demoras graves durante el episodio sufrido en abril.

Finalmente, Casación entendió que correspondía aplicar el principio de humanidad de las penas y conceder el arresto domiciliario bajo las condiciones que determine el Tribunal Oral Federal N°4.

Por Emerio Agretti

El próximo domingo 18 se cumplirán 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que apareció sin vida en su departamento pocos días antes de la fecha en que debía presentarse ante el Congreso de la Nación para informar sobre la investigación referida al memorándum con Irán, por el atentado a la AMIA.

Según Nisman, ese acuerdo firmado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner formaba parte de una maniobra de encubrimiento de los responsables del ataque terrorista producido en 1994, con el saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

La causa por el atentado no está resuelta y todavía no se ha podido llevar a cabo un juicio con presencia física de los acusados principales. Sin embargo, hay avances procesales importantes que permiten un juicio en ausencia, y existe una creciente presión internacional y judicial para que el Estado argentino concluya una investigación que lleva más de 31 años sin resolver plenamente.

El año pasado, los fiscales a cargo del caso publicaron un informe como parte del juicio en curso y confirmaron su hipótesis de que Nisman fue asesinado por intentar exponer el papel del gobierno argentino en el encubrimiento del atentado.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio”, dice el informe de 56 páginas, publicado en el sitio web de la Procuración General de la Nación (fiscales.gob.ar).

“Su muerte estuvo motivada por su trabajo en la Unidad Especial de Investigación AMIA y, específicamente, por sus acciones relacionadas con el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán”, añade la publicación.

En 2006, Nisman acusó formalmente a Irán de orquestar el ataque y a su representante terrorista libanés Hezbolá de perpetrarlo. Nueve años después, acusó a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de intentar encubrir el crimen y bloquear los esfuerzos para extraditar a los sospechosos a cambio de petróleo iraní.

Un día antes del que debía presentarse ante el Congreso para presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones contra Kirchner y varios de sus colegas, Nisman fue encontrado muerto en su departamento, con una herida de bala en la cabeza y una pistola a su lado.

Una investigación oficial sobre su muerte inicialmente concluyó que el fiscal se había suicidado. Sin embargo, la Justicia federal más tarde revirtió esa decisión, afirmando que la herida de bala no podía haber sido autoinfligida.

Las investigaciones continúan para identificar tanto a quienes ejecutaron el hecho como a quienes lo ordenaron, sin avances determinantes.

En cuanto al memorándum objeto de la denuncia de Nisman, fue un pacto secreto firmado en 2013 por el gobierno en Alepo (Siria) y revelado por el periodista ya fallecido Pepe Eliaschev. Allí se preveía, en nueve puntos, la creación de una Comisión de la Verdad para analizar la causa y la posibilidad de interrogar a los iraníes sospechosos del atentado, que tienen una notificación roja de Interpol.

El Congreso argentino aprobó el pacto, pero el fiscal Nisman, con evidencias de escuchas telefónicas sobre los acusados, dijo que era una maniobra para encubrir el atentado, levantar los pedidos de captura de Interpol y favorecer a los iraníes a los que se dejaría de perseguir. Por eso, denunció a Cristina Kirchner.

La postura oficial del gobierno de entonces fue que, en términos políticos y jurídicos, el memorándum con Irán era una herramienta legítima de cooperación judicial, que no benefició a los imputados iraníes, que no afectó la causa AMIA ni las alertas de Interpol, y que buscaba romper la parálisis de la investigación, no encubrirla.

Cristina Kirchner había sido beneficiada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, que la sobreseyó por estimar que los hechos que motivaron la causa no constituían delito.

Esta sentencia fue apelada por los fiscales y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a las impugnaciones y revocó la decisión. Cristina apeló a la Corte que, con el voto conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó ese planteo en noviembre de 2024 y ordenó que se lleve adelante el juicio oral.

El proceso será por el delito de encubrimiento agravado (y posiblemente otros accesorios) por la firma del Memorándum con Irán, en la que Nisman sostenía que el acuerdo habría buscado “bajar” las alertas rojas de Interpol contra iraníes acusados del atentado a la AMIA, con el presunto objetivo de obtener beneficios para ese país y entorpecer la investigación.

Todavía no tiene fecha fijada, aunque sí Tribunal conformado: Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, que a mediados del año pasado pidieron recursos para llevar adelante el proceso.

Dos de ellos -Basso y Giménez Uriburu- ya condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión. Basso votó en disidencia: pretendía condenarla también por asociación ilícita. La defensa de la ex presidenta recusó a los tres, pero el planteo fue rechazado.

Entre los acusados, además de Cristina, se encuentran Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche.

Por su parte, en junio de 2025 el juez federal Daniel Rafecas aceptó la solicitud de la Unidad Fiscal AMIA para aplicar la nueva legislación que habilita juicios en ausencia contra imputados prófugos en casos de delitos graves como terrorismo o crímenes de lesa humanidad, y dispuso avanzar con el proceso oral sin la presencia física de los acusados.

El juez Daniel Rafecas argumentó que el trámite sirve para "mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y, por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar".

Los 10 sospechosos que serán juzgados incluyen ex ministros y diplomáticos iraníes y libaneses, todos ellos con órdenes de arresto internacional emitidas por Argentina por su presunta participación en el ataque terrorista.

El fiscal principal Sebastián Basso -quien asumió el caso tras la muerte de Nisman- también solicitó a Rafecas que emita órdenes de arresto nacionales e internacionales contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, por su presunta implicación en el ataque.

Esta acción legal marca un cambio significativo respecto a la postura anterior de Argentina en el caso, bajo la cual al líder iraní se lo consideraba con inmunidad diplomática.

Según consigna el semanario judío Algemeiner en una reseña a propósito del nuevo aniversario, desde 2006 las autoridades argentinas han buscado la detención de ocho iraníes -incluido el ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, fallecido en 2017- pero, más de tres décadas después de la explosión mortal, todos los sospechosos siguen prófugos.

A pesar de la creencia de Argentina de que el grupo terrorista libanés Hezbolá llevó a cabo el ataque a pedido de Irán, el atentado de 1994 nunca fue reivindicado oficialmente ni resuelto en términos judiciales.

Asimismo, en 2024, la Cámara de Casación Penal dictaminó que el ataque fue “organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, dentro del marco de la Yihad Islámica”, y que Hezbolá actuó como respuesta a “un diseño político y estratégico” de las autoridades iraníes.

También determinó que Irán fue responsable del atentado con camión bomba contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que dejó 29 muertos.

No obstante, Teherán ha negado consistentemente cualquier implicación en estos ataques y se ha negado a arrestar o extraditar a sospechosos, destaca Algemeiner. Y deja constancia de que “hasta hoy, la prolongada investigación sobre el atentado terrorista ha estado marcada por alegaciones de manipulación de testigos, alteración de pruebas, encubrimientos y juicios anulados”.

Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este martes a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), tras haber recibido el alta médica por una operación de apendicitis. En su publicación, agradeció al personal médico del Sanatorio Otamendi y a quienes le expresaron su apoyo durante la internación.

La publicación marca su segunda aparición en redes desde el alta médica. A diferencia de su anterior mensaje, que tuvo un tinte político vinculado a la situación en Venezuela, esta vez la exmandataria centró su mensaje en el aspecto personal: “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111”, escribió, en referencia a su domicilio porteño.

Cristina Kirchner explicó que el proceso fue más complejo de lo habitual: “Fue un largo y dificultoso proceso de recuperación”. La expresidenta agradeció de forma directa “a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, destacando el trato profesional y humano durante la cirugía y su posterior evolución.

La exmandataria permaneció internada entre el 20 de diciembre y el 3 de enero. Fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis aguda con peritonitis localizada, y el proceso posoperatorio se extendió debido a un íleo, una parálisis intestinal transitoria provocada por la cirugía.

Durante esos días, Cristina Kirchner pasó las fiestas en una habitación individual del sanatorio. Militantes peronistas se acercaron a las inmediaciones del centro médico para expresarle su apoyo. En el mensaje de este martes, también agradeció esas muestras de afecto.

“Gracias a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento”, concluyó.

La expresidenta Cristina Kirchner fue dada de alta este sábado tras más de dos semanas de internación en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Ahora seguirá su recuperación en su domicilio bajo seguimiento médico.

Cristina Fernández de Kirchner fue ingresada de urgencia al Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre de 2025 luego de presentar intensos dolores abdominales que derivaron en un diagnóstico de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Durante la intervención quirúrgica, los médicos confirmaron la necesidad de la operación y procedieron con éxito a la misma.

La exmandataria, que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, Constitución, había sido trasladada al centro de salud con autorización médica y judicial para recibir tratamiento especializado.

El parte emitido por el Sanatorio Otamendi.

El alta se produce luego de que los especialistas constataran que los tratamientos postoperatorios más críticos —como el control de infección y la eliminación del drenaje peritoneal— habían culminado satisfactoriamente, permitiendo así la salida del nosocomio.

Durante su postoperatorio, la ex mandataria enfrentó un periodo de recuperación dentro del hospital, en el que se monitoreó su evolución tras la operación. Ante la presencia de un íleo postoperatorio, una paralización temporal del intestino común después de cirugías abdominales, los médicos mantuvieron medidas de apoyo como drenajes y tratamientos antibióticos, sin que se registraran complicaciones mayores ni fiebre en el transcurso de los últimos días.

Durante ese período, seguía bajo estricta observación clínica hasta completar la fase más delicada de la recuperación, lo que finalmente permitió autorizar su regreso a domicilio.

La ex mandataria presentó de un íleo postoperatorio.

La operación de Kirchner se realizó en medio de un contexto de fuerte exposición pública y actividad política, ya que la dirigente cumple una condena de seis años de prisión y arresto domiciliario en el marco de la causa conocida como Vialidad. Su estado de salud y el tratamiento médico requerido durante este episodio histórico generaron repercusión en el escenario político y mediático nacional.

Con el alta médica en mano, Cristina Kirchner inicia una nueva etapa de recuperación en su casa, luego de un cuadro de apendicitis que requirió cirugía y atención prolongada en el Sanatorio Otamendi. Su evolución será monitoreada de cerca por profesionales de la salud, mientras el entorno político y social sigue de cerca su estado de salud en pleno inicio de 2026.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, sin fecha de alta confirmada, mientras se mantiene a la expectativa de novedades judiciales vinculadas a su régimen de prisión domiciliaria, en el marco de la feria judicial de enero.

La titular del Partido Justicialista nacional fue ingresada de urgencia el pasado 20 de diciembre y sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Desde entonces, su evolución es monitoreada de manera permanente por el equipo médico.

Según el último parte difundido por el sanatorio, la ex mandataria presenta una recuperación lenta, con complicaciones propias del postoperatorio, lo que motivó que continúe bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal.

“El cuadro evoluciona lentamente”, indicó el informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi. Allí se precisó que Cristina Kirchner padece un íleo posoperatorio, una parálisis temporal del intestino frecuente tras cirugías abdominales.

Esta condición provoca una detención del tránsito gastrointestinal y suele extender los tiempos de internación. Por ese motivo, los profesionales descartaron por el momento otorgar el alta médica, priorizando la estabilidad clínica de la paciente.

La ex presidenta permanece alojada en una habitación individual, donde pasó tanto la Nochebuena como la Navidad, acompañada por su círculo íntimo. Hasta el momento, no se informó una fecha estimada para su externación.

En paralelo a la situación sanitaria, la defensa de Cristina Kirchner aguarda definiciones judiciales clave. Durante la feria de enero, el Tribunal Oral Federal N° 2 modificará su integración habitual, lo que podría abrir una nueva instancia de análisis.

El tribunal está conformado de manera regular por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Sin embargo, durante la feria, Barroetaveña y Hornos iniciarán su período de vacaciones anuales.

La nueva integración quedará encabezada por Borinsky, junto a la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci. Este cambio implica una variación de dos votos, lo que habilita la posibilidad de revisar decisiones adoptadas con anterioridad.

Los abogados de la ex mandataria, encabezados por Carlos Beraldi, presentaron una serie de pedidos ante el TOF 2 vinculados al régimen de prisión domiciliaria que cumple en su domicilio de la calle San José 1111.

Entre las solicitudes se incluyen la ampliación del régimen de visitas, el retiro de la tobillera electrónica y la extensión del tiempo habilitado para el uso de la terraza del edificio. Estas presentaciones fueron rechazadas en una primera instancia.

La defensa busca ahora que, durante la feria judicial, el tribunal reconsidere esas decisiones. El planteo se da luego de que se restringieran algunas condiciones de la domiciliaria tras una reunión de la ex presidenta con economistas del peronismo.

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión en el marco de la denominada causa Vialidad. Mientras continúa su recuperación médica, el escenario judicial permanece abierto y sujeto a definiciones que podrían conocerse en las próximas semanas.

La fiscal general Fabiana León afirmó que el expediente conocido como “Cuadernos” constituye la investigación por corrupción más extensa en la historia judicial argentina, y presentó un informe con el detalle del juicio oral que comenzará el 6 de noviembre.

León asumirá la acusación a partir del jueves previo al inicio del debate, que se desarrollará en el ámbito del Tribunal Oral Federal 7 y en formato virtual. La fiscalía describió el alcance procesal y la multiplicidad de imputados.

Cuadernos es "solo comparable a unas pocas a nivel mundial", planteó en el documento que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que tiene entre los procesados a la expresidente Cristina Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales.

El juicio oral reunirá a 87 acusados que afrontarán 540 hechos imputados, según el informe fiscal. Entre los procesados figuran exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. También incluyen a 65 empresarios y dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, identificado como el remisero que escribió los cuadernos y actúa como imputado colaborador. La acusación señala la existencia de una asociación ilícita que operó en el Poder Ejecutivo nacional para recaudar dineros de empresas a cambio de adjudicaciones.

La fiscalía detalló que las empresas involucradas pertenecen a los sectores de la construcción, la energía y el transporte y mencionó a empresarios como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra y Enrique Pescarmona, entre otros. La presentación también recordó las medidas cautelares dispuestas desde la apertura del expediente, que incluyeron embargos, inhibiciones generales de bienes, intervenciones societarias y secuestros de maquinaria. El objetivo, indicó la fiscalía, fue preservar activos en beneficio del Estado.

El informe subrayó la magnitud del proceso y la comparó únicamente con pocos casos similares a nivel internacional. El debate reunirá a exfuncionarios, empresarios y colaboradores que integran los distintos legajos que componen la causa Cuadernos. El Tribunal Oral Federal 7 fijó la realización de audiencias en formato virtual para garantizar la continuidad del juicio.

Entre los 87 acusados, la fiscalía consignó la presencia de figuras centrales de la gestión pública que ahora afrontan cargos vinculados con la recepción de pagos. La acusación incluye delitos como asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, según los casos que instruyó la fiscalía. Las penas máximas señaladas en el expediente alcanzan hasta 10 años para asociación ilícita y hasta 6 años para cohecho.

El informe también precisó que, de los 540 hechos imputados, varios describen maniobras de recaudación y transferencia de fondos entre empresas y funcionarios. La fiscalía sostuvo que las pruebas permiten trazar el circuito de pagos y adjudicaciones, y resaltó la participación de empresarios del rubro de la construcción y la obra pública.

El expediente se originó en 2018 con la apertura del primer legajo (n.º 9608) tras la presentación de los llamados cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli, en Comodoro Py 2002. Desde entonces, la fiscalía aplicó distintas medidas cautelares sobre bienes y sociedades vinculadas a los imputados. Esas medidas incluyeron embargos, inhibiciones generales y secuestros de maquinaria para asegurar posibles resarcimientos.

La fiscalía informó que, pese a ajustes en determinadas medidas, los bienes afectados y las acciones de recuperación no se perdieron ni dejaron de perseguirse en beneficio del Estado. De ese modo, la investigación mantuvo la traza patrimonial como eje para futuras decisiones judiciales y para sustentar la acusación en el juicio oral.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, fijó la modalidad virtual de las audiencias desde el 6 de noviembre. La fiscalía expuso que asumirá la acusación el jueves previo al inicio del debate y detalló los ejes probatorios que sustentan la imputación contra los distintos involucrados.

El proceso impacta de manera directa en las expectativas de recuperación de activos y en las consecuencias penales para los acusados, y las partes esperan que el desarrollo virtual del juicio permita avanzar en la evaluación de pruebas y en la determinación de responsabilidades

En clave electoral, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un audio en sus redes sociales, en el que aseguró que el gobierno del presidente Javier Milei "fracasó". Lo hizo mediante la publicación de un video que difundió en sus redes sociales.

“Este domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores”, introdujo la ex mandataria que cumple con la prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

“El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida”, agregó.

“Mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera. Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica, su jefe de campaña, el presidente norteamericano Donald Trump, que hace poquitos días lo dijo muy clarito: ‘Los argentinos no tienen dinero. Están luchando fuerte para sobrevivir’. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”, continuó.

En esa línea, continuó: “Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo”.

“La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional”, enfatizó.

Para la ex jefa de Estado, la “única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”. “Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”, resaltó.

Por otra parte, apuntó contra la Boleta Única de Papel (BUP): “El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.

“El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, concluyó.

(Por Mauro Muñoz) - Lo que se pensó como excepción terminó volviéndose norma: entre 2011 y 2024, en la Argentina se dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia cada tres leyes sancionadas. Así lo revela un informe publicado en vísperas de la sesión que miércoles tiene Diputados, donde buscará discutir un proyecto con media sanción del Senado que limita el uso de esta herramienta mediante la modificación de su régimen legal.

Titulado "De la excepción a la regla. Un análisis de los decretos de necesidad y urgencia dictados desde 2011 hasta la actualidad”, el documento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con autoría de Patricio Méndez Montenegro, traza una recopilación del 344 DNUs emitidos durante las presidencias de Cristina Fernández en su segundo mandato, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei en su primer año al frente del Ejecutivo.

El informe da cuenta del desequilibrio en el recayó el sistema de contrapesos que buscó introducir la reforma constitucional de 1994, advirtiendo que si bien se buscó atenuar el presidencialismo, los sucesivos mandatos terminaron por sobredimensionar las atribuciones del Ejecutivo por sobre las del Legislativo.

"Las decisiones estatales pierden su componente deliberativo y participativo en la medida en que los DNU se dictan unilateralmente, sin ningún proceso de intercambio con las diversas fuerzas políticas y los distintos actores sociales", señala como extralimitaciones de uno de los tres poderes del Estado que, en principio, no tiene la potestad de legislar.

"Si a principios de los años ‘90 las extraordinarias facultades en cabeza del Poder Ejecutivo eran señaladas como responsables institucionales de la atrofia del sistema de frenos y contrapesos y de las crisis recurrentes de la democracia argentina, el abuso de esta herramienta sigue siendo una de las grandes deudas pendientes para la creación de una práctica constitucional virtuosa", indica el informe como conclusión del período reciente que analiza.

El informe analiza cómo los gobiernos se valieron de este instrumento, evidenciando que pese a tener distintos signos políticos se repitieron en "gobernar por decreto" dictando un total de 344 entre 2011 y 2024. Las cuatro presidencias analizadas comparten una serie de medidas vía DNU como las ampliaciones presupuestarias y la reforma a la Ley de Ministerios, aunque difieren en cantidades y alcances por impronta propia o contexto.

El primero en la serie es el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Fue el que menos DNU registró entre los analizados: 47 en total, enfocados principalmente en programas sociales como el Progresar y el Procrear, y para avanzar con estatizaciones como en los casos de YPF, Belgrano Cargas y Ciccone.

Por vía de decretos, la entonces presidenta también puso en marcha cinco fondos fiduciarios, un mecanismo criticado por su opacidad y por quitarle al Congreso el control sobre la asignación de recursos públicos. “Estos fondos invierten las jerarquías y las atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo”, advierte el documento, señalando que potencia la discrecionalidad y debilita los controles.

Cantidad de DNU dictados por presidencias.

Mauricio Macri (2015-2019) elevó la vara en cantidad: fueron 70 los DNU durante su gestión. El informe remarca que puso mayores esfuerzos en la justificación de su uso, aunque superando de todos modos los estándares de la Corte Suprema.

El análisis indica que hubo decretos de "gran trascendencia legal" como el número 257, que aplazó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, y el número 62 que creó el el Régimen de Extinción de Dominio, para avanzar sobre bienes del narcotráfico y la corrupción. A su vez, otros los encuadra en la "impopularidad" de las medidas, como la suspensión de beneficios previsionales para escuelas privadas (DNU 258/2017), y para crear un fondo fiduciario para financiar la Cobertura Universal de Salud (DNU 908/2016).

Signada por la pandemia de Covid-19, la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) lidera el ranking de DNUs emitidos: fueron 177 en cuatro años, el número más alto de todo el período. La excepcionalidad del contexto explica buena parte de ellos: el DNU 260/2020 estableció la emergencia sanitaria y marcó el inicio de una cadena de medidas de alcance nacional que definieron la cuarentena, el aislamiento y luego el distanciamiento social.

Se marca que como los demás, Alberto Fernández usó los decretos para reorganización de ministerios y regulaciones menores. Pero el informe señala, además, una continuidad con el gobierno de CFK, mediante la creación de programas sociales y de diferentes fondos fiduciarios para la implementación de programas con gasto público previstos para provincias.

Cantidad de DNU por año desde 2011 a 2024.

Por último, se aborda el primer año de Javier Milei. Entre 2023 y 2024, el libertario firmó 50 DNU y uno de ellos de gran repercusión institucional, que resuena hasta la fecha: se trata del llamado Mega DNU 70, que significó "una reforma legislativa masiva y sistémica del ordenamiento jurídico argentino", al derogar y modificó más de 300 normas en materia económica, laboral y social.

“Fue una novedad en la práctica institucional argentina, por la magnitud y la cantidad de regímenes afectados”, apunta el informe, recordando que hasta entonces los DNU eran de alcance determinado, regulando un solo asunto por texto, con excepciones puntuales como el DNU 95/2018 de Macri o el 260/2020 de Alberto Fernández.

Durante el breve período libertario, el análisis repara también sobre una serie de decretos destinados a la intervención, reorganización y financiación del sistema de inteligencia. En particular, en el relativo a la financiación, recalca que fue un DNU "rechazado por ambas Cámaras del Congreso, por primera vez en la historia".

El informe también se inmiscuye en las dinámicas de control posterior por parte del Poder Legislativo, tanto en lo relativo a la Comisión Bicameral Permanente como al plenario de las Cámaras.

Actuación del Congreso ante los DNU de 2011 a 2024.

En cuanto al rol de la Comisión en el control de los DNU destaca que dictaminó en muy pocos casos. "Desafortunadamente, no funciona como un ámbito de discusión y deliberación rigurosa sobre las condiciones de validez de los DNU", indica. Y completa: "Del análisis de sus pronunciamientos surge que no existe un estudio pormenorizado de los méritos de cada decreto, lo que dificulta su tratamiento informado y detallado".

"Independientemente del comportamiento adoptado por la Comisión, cabe destacar que del total de 344 decretos, 233 (67,7%) no fueron rechazados ni aprobados por el Congreso, 104 fueron aprobados por una sola Cámara (30,2%), 2 por ambas (0,6%), 4 lograron el rechazo del Senado (1,2%), y solo 1 fue rechazado por las dos Cámaras, dejando de producir efectos (0,3%). Salvo aquellos que fueron posteriormente derogados por otra norma, el resto se mantuvo vigente", resalta el informe.

Respecto al rol del pleno de las Cámaras menciona que solo en una oportunidad del período analizado rechazó un decreto, "incumpliendo sistemáticamente" la obligación de intervenir luego del dictamen de la Comisión Bicameral o ante su ausencia, que en la práctica implica una aprobación tácita frente al silencio legislativo.

Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó una durísima crítica contra el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, utilizando la reciente reunión del mandatario con Donald Trump como disparador para cuestionar el rumbo económico del país. "¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...", arrancó la exmandataria en un extenso posteo donde lo acusó de agravar los problemas económicos y de gobernar de espaldas a la realidad de la gente.

"Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES… Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable", sentenció Kirchner.

En su publicación, Cristina Kirchner advirtió a Milei que la "ayuda" de "las fuerzas del norte" es "pan para hoy y hambre para mañana", y trazó un paralelismo con el Blindaje y el Megacanje del gobierno de De la Rúa.

Sin embargo, el eje más duro de su crítica se centró en el impacto social del modelo libertario. "El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos", afirmó.

"HOY, 9 DE CADA 10 HOGARES ARGENTINOS ESTÁN ENDEUDADOS… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…", detalló la exmandataria.

Para Kirchner, este endeudamiento masivo es "la contracara brutal de la riqueza de unos pocos" y "la foto de un país que vive al revés". Finalmente, interpeló directamente al Presidente por sus promesas de campaña: "¿Dónde dejaste la motosierra? Al final…. ¡NO SOLUCIONASTE NADA Y EMPEORASTE TODO!", concluyó. En una posdata, también criticó el costo del endeudamiento con el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este viernes un duro mensaje contra el presidente Javier Milei, a través de su cuenta de X, donde denunció un presunto esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El posteo, titulado irónicamente “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, vincula directamente a la hermana del mandatario, Karina Milei, y al funcionario Hernán “Lule” Menem con retornos ilegales por la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Cristina Kirchner recordó que la “doctrina Vialidad” fue utilizada en su condena por la obra pública y sostuvo que, aplicando el mismo criterio, Milei debería afrontar responsabilidades penales por su presunta inacción ante las irregularidades denunciadas.

En su mensaje, la ex presidenta precisó: “Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”.

El posteo se difundió luego de que salieran a la luz audios de Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde afirmaba haber informado al Presidente sobre la existencia del supuesto esquema de corrupción.

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, señaló Fernández de Kirchner, remarcando la presunta falta de acción del mandatario.

Según la ex mandataria, una de las droguerías involucradas en la operatoria es La Suizo Argentino S.A., cuyo directivo Jonathan Kovalivker fue vinculado por Cristina Kirchner con el ex presidente Mauricio Macri.

Cristina Kirchner destacó que el esquema no solo compromete a funcionarios actuales, sino que también mantiene conexiones con antiguos responsables del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, mencionado en los audios como parte del circuito de retornos ilegales.

“Todo tiene que ver con todo”, enfatizó la ex presidenta, aludiendo a la continuidad de prácticas irregulares en distintos gobiernos. Con este mensaje, buscó mostrar que la presunta corrupción no es un hecho aislado, sino parte de una red más amplia que involucra actores actuales y pasados.

La denuncia se centra también en la transparencia del Estado, cuestionando la falta de control y los posibles encubrimientos por parte de las autoridades. Cristina Kirchner subrayó la gravedad de la situación en términos legales y políticos.

En el cierre de su mensaje, la ex presidenta no dejó de lado al Poder Judicial, al que acusó de actuar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”.

“Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, sostuvo, cuestionando su imparcialidad y capacidad de investigar de manera independiente los hechos denunciados.

Las acusaciones de Cristina Kirchner ya generan repercusión nacional, y se espera que tanto legisladores como actores judiciales respondan ante la controversia. El mensaje publicado en X también provocó un amplio debate en medios y redes sobre la responsabilidad del Ejecutivo y la transparencia en la gestión de fondos públicos.

El Tribunal Oral Federal 2 intimó a los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al pago de la suma de más de 600 mil millones en el plazo de “10 días hábiles”.

Así lo determinó el TOF 2 en una resolución emitida este martes. En total, los nueve condenados deberán pagar $684.990.350.139,86 en un plazo de diez días hábiles a partir de este martes. De no hacerlo, podrían ser ejecutados los bienes de los condenados que sirvan a esos fines.

Además de Fernández de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, Kosé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la causa Vialidad. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nación a nombre del tribunal.

"Intímese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente", según indica Clarín de acuerdo a la resolución judicial.

Al analizar la cifra que corresponde al decomiso, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu indicaron que se corresponde con un “gravísimo hecho de corrupción”.

En ese sentido, la resolución sostiene: “De acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines".

En este sentido, el Tribunal ordenó que se libre oficio electrónico al Banco de la Nación Argentina “para que proceda a la apertura de una cuenta judicial a cuenta y orden de esta sede, con motivo del trámite de este incidente la que se encontrará a disposición de las personas condenadas para materializar el pago en cuestión”.

El Tribunal, junto con la intimación del pago, adoptó otras medidas tendientes a la ejecución de bienes. En este sentido ordenó ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.

En lo que respecta a los embargos ordenados sobre bienes muebles, considerando que las sumas garantizadas mediante dichas medidas superan en todos los casos el valor de los bienes cautelados, “una nueva inscripción registral -por el monto de la suma dineraria sujeta a decomiso- resulta innecesaria”, resolvió el magistrado.

César Rodríguez

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió este viernes mantener las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico (tobillera) para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la decisión en el marco de la causa Vialidad.

El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, evaluó -de acuerdo a lo expresado por el sitio Infobae- los planteos de la defensa respecto de dos condiciones impuestas en la modalidad de prisión domiciliaria: la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina, y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. También se pronunció sobre el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado inicialmente la revocación de la prisión domiciliaria.

Durante una audiencia oral y pública, el fiscal general Mario Villar desistió de su recurso para revocar la modalidad de prisión domiciliaria, al considerar que la expresidenta cumple adecuadamente con las condiciones impuestas y que las circunstancias justificativas iniciales de su solicitud ya no estaban vigentes.

La mayoría conformada por Hornos y Barroetaveña sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, argumentando que permiten un control judicial efectivo y una protección jurídica tanto frente a riesgos procesales como a la seguridad personal de la ex mandataria.

Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la ex presidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.

En la resolución firmada este viernes, los jueces del máximo tribunal penal redactaron una resolución de más de cien páginas, en la que se destacan las siguientes consideraciones:

“El arraigo y el bienestar social de la señora penada también permanecen plenamente garantizados. Su familia, abogados y médicos tienen acceso irrestricto. El domicilio se halla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un centro de su actividad social, pública y política. La eventual ampliación de la nómina de visitantes puede solicitarse tantas veces como considere necesario, con un trámite sencillo y sometido a la razonabilidad del juez a cargo de supervisar la ejecución de la sentencia. En ese esquema no se advierte limitación alguna a sus derechos, antes bien, se conjuga su ejercicio con la exigencia de que la pena se cumpla eficazmente y sin riesgos".

“Por otro lado, corresponde destacar que a partir de la modificación introducida a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad mediante la ley 27.375, la concesión de la prisión domiciliaria incluye, como regla, la colocación de un dispositivo electrónico de control al condenado. Dicha norma establece que el juez de ejecución podrá excepcionalmente prescindir de su utilización, siempre que existan informes favorables de los órganos de control y del equipo interdisciplinario (art. 33, último párrafo). En otras palabras, el legislador ha conferido expresamente al juez la facultad de determinar las condiciones específicas del régimen de cumplimiento, dentro del marco de legalidad y razonabilidad que la propia norma establece".

El Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema informó que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad tendrán que devolver $684.990 millones, unos 537 millones de dólares, por el perjuicio ocasionado al Estado por la maniobra de corrupción que benefició al empresario Lázaro Báez con millonarios contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El cálculo inicial del daño había sido fijado en $85.000 millones cuando se dictó la condena en diciembre de 2022. Ahora, tras la actualización pedida por el Tribunal Oral Federal 2, el monto del decomiso subió más de ocho veces.

La Justicia consideró probado que durante más de una década Báez, a través de su Grupo Austral, recibió el 86% de las obras viales financiadas por el Estado en Santa Cruz. Muchas de esas rutas quedaron inconclusas, pero los contratos se pagaron con sobreprecios promedio del 64%.

En el fallo, los jueces señalaron que se trató de “un grave hecho de corrupción sin precedentes” y que la ex presidenta encabezó un esquema para beneficiar intereses privados en perjuicio del Estado Nacional.

El proceso judicial también destacó que estos beneficios indebidos generaron un daño difícil de cuantificar por completo, pero cuya existencia es “incontrovertible”.

El juez Jorge Gorini, que lleva adelante la ejecución de la pena, pidió a los peritos contables de la Corte que recalcularan el monto del decomiso para reflejar la inflación acumulada desde la sentencia original. La cifra base fue de $ 84.835 millones, que tras la actualización trepó a casi $ 685.000 millones.

Con la cifra definida, el Tribunal notificará a los condenados que tienen diez días para depositar el dinero. Si no cumplen, se avanzará en el embargo y ejecución de bienes.

Entre los bienes que podrían ser alcanzados figuran propiedades, sociedades y activos registrados a nombre de Cristina Kirchner y del resto de los condenados. Cuando se dictaron los procesamientos, el juez Julián Ercolini había ordenado embargos por $10.000 millones, que ahora serán actualizados para cubrir el nuevo monto.

Según explicaron fuentes judiciales, tras la confirmación de la condena, la Justicia podrá rematar inmuebles, congelar cuentas y liquidar activos para recuperar parte del dinero.

El dinero recuperado se destinará al presupuesto del Poder Judicial, aunque también podría ser administrado o utilizado por otros organismos del Estado, de acuerdo a lo que permita la ley.

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema, aunque aún falta que quede firme la pena de seis años de prisión porque resta que se resuelvan planteos pendientes. Mientras tanto, la Justicia continuará con el trámite administrativo para ejecutar el decomiso y determinar exactamente qué bienes pueden garantizar el cobro.

En paralelo, el fiscal Diego Luciani remarcó que la ejecución del decomiso es clave por tratarse de “hechos de corrupción que provocaron un daño social inconmensurable”.

Así, más allá de las apelaciones y planteos pendientes, la causa Vialidad sigue avanzando en el intento de recuperar parte del dinero público que, según la Justicia, se desvió en una de las maniobras más emblemáticas de corrupción en la historia reciente del país.

Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura y cabeza de la nómina que representó al Justicialismo en la elección de concejales de Rosario, se quedó con el primer lugar en los comicios de este domingo. En el segundo puesto, La Libertad Avanza; y en el tercero, Unidos. En diálogo con El Litoral, el dirigente habló de los desafíos por delante, de las elecciones de 2027 y del proceso que debe consolidar el peronismo en Santa Fe.

- Se habla de "la sorpresa" en Rosario por tu victoria… ¿lo sentís así?

- No sé si la sorpresa, pero sí creo que fue una victoria importantísima. En Rosario hacía casi 30 años que la oposición no ganaba una elección. O sea, 30 años que el oficialismo venía ganando ininterrumpidamente todas las elecciones. Por eso creo que se rompió la idea de que hay una única fuerza que puede gobernar Rosario y creo que prepara el camino para que en 2027, por fin y después de tanto tiempo, la ciudad pueda cambiar para siempre.

- Ese hecho histórico también implica una responsabilidad. ¿Cuál crees que sea el principal desafío?

- Sí, es una gran alegría pero también es una gran responsabilidad. Yo creo que tenemos dos desafíos; por un lado, cuidar y proteger esta unidad, este proyecto político nuevo que hemos construido, que tiene lo mejor de la tradición política y lo mejor de la renovación. Somos muy plurales y muy diversos, tan plurales y tan diversos como nuestra sociedad, y creo que por eso podemos representarla, pero es un desafío cuidar esto. Por otro lado, tenemos que ir a buscar a esa otra mayoría que este domingo no fue a votar. No soy un dirigente que porque gana la elección mira para el costado como si todo estuviera bien. Una democracia donde la mitad de la gente no va a votar, es una democracia en una crisis muy profunda. Me tomé el desafío de, en el término de estos dos años, ir a convencer a esa mayoría que se quedó en la casa para que en 2027 participe porque habrá cosas importantes en juego. Mientras la gente vea que no hay conexión entre lo que discute la política y su vida cotidiana, la democracia va a estar cada vez peor.

Monteverde este domingo celebrando en el bunker. Crédito: Prensa Monteverde

- ¿En 2027 serás candidato a intendente de Rosario?

- A ver… Creo que es el camino que venimos construyendo… Yo empecé a militar cuando tenía 20 años, no para ser concejal, intendente o gobernador, sino para cambiar el mundo y después lo hacemos desde el lugar que nos toque. Y atrás de todo esto hay una hipótesis de construcción política que es que esta democracia que tiene tantas deudas y está tan debilitada, la podemos salvar desde las ciudades, porque en el 2027 no solamente va a ganar un candidato o una fuerza política distinta, sino que vamos a gobernar de otra manera. O sea, vamos a mostrar desde la segunda ciudad de Argentina que los gobiernos pueden ser distintos, que pueden escuchar a su gente, que pueden invitarla a participar, a ser protagonista. Ése es el desafío; mostrar que no se trata de que gane una fuerza y trata de gobernar de manera distinta. Y creo que también es una pista o un camino que ojalá inspire a toda la Argentina.

- ¿Cuál es el mensaje para el peronismo en la provincia, que tuvo propuestas electorales por fuera de la estructura?

- El mensaje para cada compañero y compañera es que estas elecciones así como las de abril a constituyente, demostraron que el camino es esta fórmula que inauguramos de unidad y renovación. Sin unidad no se puede. Para defender a nuestra gente necesitamos ser muchos; necesitamos estar juntos y ser un escudo que protege a los que más lo necesitan, pero también la renovación es necesaria y ello no implica solamente caras y nombres. La renovación es de prácticas políticas. Si cambiamos la cultura política, si logramos construir estos espacios que son plurales, que son diversos donde nadie pierde su identidad, me parece importante. La clave es la unidad y la renovación. Por fuera de la unidad no hay nada. Les pasó a todos los que fueron por afuera; los convoqué a todos y no tengo duda de que en 2027 vamos a estar todos juntos. La unidad es el camino y la renovación es la manera.

Monteverde este domingo celebrando en el bunker. Crédito: Prensa Monteverde

- ¿Te sentís conductor de ese peronismo provincial?

- Me parece que el desafío es construir una conducción colectiva. Creo que si somos capaces de construir espacios que no están alineados bajo una figura, sino bajo un proyecto y una idea, eso es mucho más duradero. Además, no estamos discutiendo proyectos personales. Por lo menos yo voy a apostar para eso; que todos estos espacios que vamos armando y que estas victorias que vamos logrando se solidifiquen bajo esta idea de una conducción colectiva más horizontal. No se trata tanto de liderazgos individuales y verticales, sino colectivos y horizontales.

- ¿Cómo tomaste el saludo de Cristina Fernández?

- Me llamó antes de hacer el tuit. Estuvimos hablando un rato largo y hablamos justamente de esto; de esta crisis de representación y de cuáles son los desafíos para ir a buscar a esa mitad de la gente que no fue a votar. Y de cuáles son los cambios que tenemos que hacer en la política y en esta democracia que tenemos. Fue una charla muy profunda, no tan coyuntural, sino más profunda. Creo que tenemos que hablar entre todos; es momento más que nunca de ampliar la mirada. Estoy convencido de que hay que tomar lo mejor de la tradición política con lo mejor de la renovación, y saber que no hay uno que la tenga tan clara. Tampoco la historia empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Hay errores y aciertos en un montón de espacios políticos; creo que llegó el momento de profundizar los aciertos y minimizar los errores. Me parece que ése es el desafío de lo que viene. Si somos capaces de reconocer en nosotros una virtud y tomarlo para hacerla más grande, pero también sabiendo que hay cosas que no se pueden repetir, ésa va a ser la garantía para no volver a cometer los mismos errores, sino para construir algo mucho mejor a futuro y dejarle a las generaciones que vienen la vara mucho más alta.

“Vomitaré a los tibios” es una frase extraída del libro del Apocalipsis que se recicla en la arena política actual con la virulencia de un dogma. Y aunque no se trate de religión, la moderación, que alguna vez fue considerada una virtud republicana, hoy parece una flaqueza. Es que la política argentina se convirtió en un campo minado por los extremos, donde las posiciones radicalizadas son exaltadas como únicas formas posibles de acción. Los que no se alinean, los que dudan, los que matizan, quedan reducidos al silencio o directamente son expulsados del tablero. 

Y, sin embargo, paradójicamente, una parte significativa del electorado -probablemente la mayoría- se identifica más con la mesura que con la furia, con el diálogo que con la imposición. Son millones de ciudadanos que, ante la falta de representación genuina, terminan votando “lo que hay”. Optan por alguno de los polos intensos, no por convicción, sino por descarte, atrapados en la trampa de una polarización forzada. Además, ante la ausencia de proyectos convocantes, en distintos puntos de país crece el abstencionismo a través del “no voto”. 

Mientras tanto, los que ganan las elecciones son populismos que, además de contar con una base respetable de núcleos duros, consiguen seducir a los habitantes de la ancha avenida del medio y, lo que es más inquietante, no lo logran tanto por méritos propios como por el fracaso del oponente a cargo de la gestión. 

Así se llega a los comicios, una y otra vez, con climas enrarecidos, dominados por antagonismos artificiales que simplifican la realidad a dos modelos que, en rigor, son recíprocamente funcionales. A la vez que los moderados -esos que se resisten al lenguaje agresivo y cancelatorio, que reclaman calidad institucional, que exigen un Estado ágil y moderno, que aspiran a acuerdos básicos- quedan fuera de juego. Pero no desaparecieron. Están ahí. Son muchos. Y el espacio que habitan sigue huérfano de representación política.

Es un espacio que, por supuesto, no se construye sin costos. Representarlo implica desafiar una lógica binaria que no es natural, sino impuesta. Implica enfrentar el relato irascible de los extremos, animarse a transitar el camino resbaladizo del acuerdo, aún a riesgo de ser acusados de tibios, como en el texto bíblico. Alguien debe hacerlo, aunque ese espacio vacante no sea fácil de ocupar. Requiere sentido común, pero también sentido estratégico, porque el escenario actual, a poco tiempo de las elecciones nacionales de medio término, se vuelve cada vez más preocupante: otra vez se plantea todo en blanco y negro, como si no hubiera grises posibles.

El presidente Javier Milei, que llegó al poder prometiendo dinamitar las estructuras de la “casta”, terminó adaptando su programa económico a la necesidad política de sobrevivir hasta las legislativas de octubre, con evidentes éxitos macroeconómicos, y una “peruanización” en el horizonte que, más temprano que tarde, los sectores medios habrán de resistir. La Casa Rosada, que acusa de demagogos a todos los demás, no duda en administrar recursos discrecionalmente para garantizar apoyo parlamentario o territorial. El relato de “gobernar para todos” mutó en un “gobernamos para los que nos aplauden”.

Del otro lado, Cristina Fernández, condenada en la “causa Vialidad” con ratificación de la Corte Suprema incluida, aprovechó la penosa circunstancia para recuperar protagonismo y centralidad, buscando transformar el castigo judicial en una épica política comparable con el lejano 17 de octubre de 1945. La expresidente se ilusiona con un colapso del experimento libertario que la catapulte de nuevo al centro del escenario, sin poder postularse a cargos públicos, claro está, pero conservando poder de movilización y estructura, sobre todo en su bastión del AMBA. Porque, guste o no, el kirchnerismo sigue siendo el sector mejor organizado del peronismo.

Y, en ese juego, ambos polos opuestos se alimentan mutuamente. El fracaso de uno legitima la existencia del otro. Cristina sabe que, mientras no se edifique nada nuevo en el centro político, el peronismo, en cualquier caso, será la opción a nivel país en 2027 ante un eventual traspié de La Libertad Avanza. “Vamos a volver”, canta la militancia, y aplaude la Jefa, pero falta aclarar con qué proyecto, con qué autocrítica, con cuánta renovación, con cuáles aliados. 

Sin embargo, en los márgenes de este duelo, comienzan a surgir algunas señales. Paradójicamente, en el centro del país, provincias como Santa Fe y Córdoba (integrantes de la rejuvenecida Región Centro junto a Entre Ríos) hacen oír su voz con otra lógica. El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, en un año y medio, ya dio pasos adelante en la construcción de una narrativa diferente. Habla de "santafesinidad" como un concepto político que reivindica el federalismo, exige equidad en la distribución de recursos y se planta frente a los atropellos del poder central, venga de donde venga. Rechaza el vejo autoritarismo kirchnerista, pero también marca distancias claras con los rasgos autocráticos de Milei. A ambos los califica como “gobiernos para pocos”. A ambos los denuncia por haber discriminado sistemáticamente al interior profundo del país. También reclama el pago de la deuda que Nación aún mantiene con Santa Fe y cuestiona el polémico DNU presidencial (70/2023) por “inconsulto y perjudicial” para las pymes industriales y las economías regionales. 

El hughense no está solo. En Córdoba, el “cordobesismo” también tracciona en igual sentido con el gobernador Martín Llaryora y su antecesor Juan Schiaretti. Y en distintos puntos del país, emergen voces que -desde el PJ, el radicalismo, el socialismo, el liberalismo, e incluso desde partidos provinciales- podrían confluir en una plataforma política nueva, sensata, equilibrada, que no reniegue de las diferencias, pero que parta de una premisa básica: sin unidad nacional, no hay proyecto posible. Asimismo, legisladores nacionales de diversas vertientes ideológicas, como el peronista Roberto Mirabella, ya dieron sonoros portazos y constituyeron sus propios bloques en respuesta a las agendas unitarias que nunca satisfacen las necesidades del interior productivo.     

La política en blanco y negro atrasa. Convierte a los adversarios en enemigos. Cierra puertas. Y, sobre todo, quiebra el principal objetivo que debería tener cualquier dirigencia responsable: construir un país viable, con alternancias razonables, al estilo de la mayoría de los países vecinos. La moderación no necesariamente implica indiferencia. También implica coraje para decir que ni unos ni otros tienen el monopolio de la verdad. 

¿Llegó, entonces, la hora de los tibios? Quizás llegó la hora de dirigentes de la generación joven e intermedia que se animen a desafiar la lógica de las trincheras, según la cual el que no piensa igual es un traidor a la Patria. La hora de los que aún creen que la política no es una guerra, sino una herramienta para transformar la realidad. Es, quizás, la única salida posible para una Argentina que, si sigue eligiendo enemigos en lugar de proyectos, no va a salir nunca del círculo vicioso del fracaso.

Por Raúl S. Vinokurov

Los folclóricos cantos se repitieron varias veces. "¡Si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar!" "¡Con Cristina no se jode!" Aviso y amenaza. No se atrevan, Cristina es intocable. Se escuchó durante días mientras se esperaba el fallo de la Corte. Pero la tocaron. Ratificaron la condena, ya no hay ningún tipo de apelación o reclamo, seis años presa que podrán ser menos si se porta bien, presa con tobillera, presa con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Presa.

Obviamente todo se aprovecha políticamente. Cristina, sus amigos y sus no tanto, aunque finjan serlo. Muchos festejan dentro del peronismo e incluso no son pocos los que afirman que se terminó el kirchnerismo para siempre. Máximo no cuenta ni lo aceptan, y más apellido Kirchner no hay. Lentamente los hechos de cada día, dentro y fuera del país ocuparán los principales títulos de los medios y Cristina se irá diluyendo, ya no determinará la agenda. Aprovecharán esto para criticar a Milei, enviar mensajes hacia dentro, tratar de recomponer al peronismo sin Cristina, ver mientras tanto, como organizarse para recuperar el poder perdido. Esto si duele, fuera del poder no saben vivir. Sin Cristina sí.

Cristina aún tiene causas pendientes y no sería tan raro en función de los tiempos políticos actuales, que se aceleren los trámites de los juicios orales sobre Los Cuadernos, Hotesur o el tratado con Irán, donde, además, en las dos primeras está incluido Máximo, que mientras tanto fue designado como garante de la prisión domiciliaria de su madre. Pero hay cuestiones discutibles o inaceptables. La prisión domiciliaria la deberá cumplir en su departamento de la calle San José 1111, en Constitución, la famosa esquina, departamento sospechado de haber sido comprado con el dinero robado.

¿Podrá salir a saludar al balcón? ¿Seguirá cobrando las jubilaciones de privilegio? ¿Podrá gozar del celular, radio, televisor, hacer un streaming, seguir teniendo casi un centenar de custodios, etc.? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tantos privilegios? Su investidura como ex presidenta, ex vicepresidenta, no la habilitan a gozar de privilegios, y si los tenía los perdió absolutamente a todos. La justicia en todas sus instancias legales, constitucionales y democráticas la juzgó, la declaró culpable, lo probó y la condenó a seis años, que tendrían que haber sido más. Porque habían constituido una asociación ilícita. ¿Cuándo se comenzará a recuperar lo que nos robaron?

Que la indulten, que la dejen libre, que no le pongan la tobillera, que la habiliten para ser candidata y otras tantas tonterías más dichas para la tribuna y que no son creídas ni por aquellos que pregonan estas cosas. Ya está. Cosa juzgada. Lo que tendrían que hacer ahora es recomendarle a Cristina que se porte bien, que cumpla durante los varios años que vienen con las condiciones que le dictaron. Caso contrario deberá ir a una cárcel federal, seguramente con algunos beneficios, pero cárcel al fin.

Todos los sectores opositores a Javier Milei aprovechan en su beneficio esta coyuntura. El peronismo en general está probando su capacidad de organización, su capacidad de llenar de militantes y personas la ciudad de Buenos Aires reclamando algo. Muchos intendentes y algunos gobernadores apoyaron los traslados del pasado miércoles que costó muchísimo dinero a las provincias y municipios. El peronismo se movilizó, o al menos un sector importante de él. Y eso no es poca cosa.

A Cristina la tocaron y esta historia recién comienza. Es de desear que prontamente el país vuelva a trabajar con normalidad, que se terminen los asuetos y licencias para ir a Plaza de Mayo y que la tobillera de Cristina funcione como debe funcionar. A Cristina no la proscriben, no la humillan, no le vulneran ningún derecho. Simple y llanamente a Cristina la juzgaron, se probó que robó y le corresponde la cárcel. No es la única, pero es la principal.

La dirigencia provincial del Partido Justicialista dejó de lado las diferencias y coincidió en repudiar "enérgicamente" la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y sumarse a las acusaciones de "proscripción". Y, al mismo tiempo, fustigó a los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y especialmente Horacio Rosatti, por el hecho de haber sido intendente de Santa Fe por el peronismo e incluso integrante del Consejo Ejecutivo.

Luego de una extensa reunión, en la que coincidieron numerosos referentes de distintas líneas internas (tanto las explícitamente alineadas con el kirchnerismo como aquellas que guardan alguna distancia), se acordó el texto del comunicado oficial del Consejo Ejecutivo Provincial. Allí consignan que "desde el Partido Justicialista Distrito Santa Fe repudiamos enérgicamente la condena a Cristina Fernández de Kirchner en una causa sin pruebas, ya juzgada, que sólo busca disciplinar políticamente a quien representa los intereses mayoritarios del pueblo argentino.

Coincidió en repudiar "enérgicamente" la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Crédito: Reuters.

"Nadie está exento. Ni un presidente comunal, ni una legisladora o legislador de nuestra provincia están a salvo de ser perseguidos por el sólo hecho de representar intereses contrarios al poder económico y político que hoy gobierna. Lo que le sucede a Cristina Fernández de Kirchner puede pasarle a cualquiera que se anime a defender al pueblo. Nos preocupa y atemoriza la postura que manifestó públicamente el gobernador Pullaro, que lejos de defender la institucionalidad, deja en claro que está dispuesto a replicar estas prácticas en nuestra provincia", añadieron.

Para los justicialistas santafesinos, el fallo en la causa Vialidad, que consistió en rechazar los recursos de queja presentados contra la condena dictada en primera instancia y ratificada por la Cámara de Casación, "es un ataque directo a la democracia, impulsado por el poder real y los sectores mas antipopulares que ahora recurren a un Poder Judicial cooptado y funcional a esos intereses".

"La celeridad inusual con la que se dictó esta sentencia -en contraste con el letargo con que se tratan las causas vinculadas al poder económico- confirma que la Justicia no actúa de manera imparcial, sino que es selectiva y direccionada. No es casual: dos de los tres jueces que integran esta Corte Suprema aceptaron ser designados por decreto, en violación al procedimiento constitucional", argumenta el documento, en consonancia con los lineamientos planteados por el partido a nivel nacional.

"Esto no es sólo por Cristina. Esto es por el pueblo". Crédito: Reuters.

Pero el punto en el que el posicionamiento del justicialismo provincial adquiere tintes propios, es donde rechaza el rol de "los jueces santafesinos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, protagonistas centrales de esta maniobra judicial. En particular, señalamos a Rosatti, quien fuera intendente de la ciudad de Santa Fe por nuestro partido y quien ocupó este mismo Consejo Ejecutivo. Hoy traiciona no sólo los principios del justicialismo sino también a la ciudadanía que alguna vez dijo representar".

En su tramo final, el documento advierte que "las necesidades del pueblo no se resuelven con fallos inconstitucionales ni con persecución judicial. Por eso, desde Santa Fe no sólo adherimos a la convocatoria nacional del PJ, sino que también impulsamos la conformación de una Mesa de Acción junto a partidos aliados, organizaciones sociales y todos los sectores comprometidos con la democracia. Esto no es sólo por Cristina. Esto es por el pueblo. Unidad, movilización y acción".

El empresario Lázaro Báez deberá cumplir en una cárcel común el resto de su condena a diez años de prisión por lavado de dinero. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 4, tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron su “inmediata detención y/o captura” y su alojamiento en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. Se prevé que sea trasladado a un penal en Río Gallegos.

Báez estaba bajo arresto domiciliario en Santa Cruz por otra causa también vinculada al lavado, en la compraventa del campo El Entrevero. El tribunal consideró que no hay condiciones excepcionales para sostener ese beneficio.

“El cumplimiento de la pena se ha tornado operativo”, afirmaron los jueces, y recordaron que la prisión domiciliaria no se concede de forma automática, sino que requiere una evaluación judicial específica según el caso.

El pedido de detención inmediata fue realizado por el fiscal Abel Córdoba. El tribunal contabilizó que Báez ya cumplió tres años, ocho meses y ocho días de prisión preventiva, por lo que le restan seis años, tres meses y 22 días.

La Corte Suprema también confirmó ayer otra condena de seis años para Báez en la causa Vialidad, donde fue juzgado junto a Cristina Kirchner. Ambas condenas están ahora firmes y activas.

Por Ivana Fux

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la resolución de la Corte que confirmó la condena a prisión de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aunque lamentó que el fallo se conociese tantos años después de iniciada la causa. Tras presidir un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y en diálogo con la prensa, el mandatario desestimó que la determinación del máximo tribunal implique un hecho de proscripción.

"Lo de ayer fue justicia, no fue proscripción. Todos hubiésemos esperado que la Justicia fuese más rápida. Una causa que comenzó con una denuncia en el año 2008, termina teniendo una ratificación en la corte 17 años después. Pero creo que aquí lo importante es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y lo que hizo la Corte Suprema fue ratificar los fallos de las diferentes instancias judiciales y demostrar que en la Argentina no hay impunidad", planteó. A su criterio, este martes "fue un día importante y nos tiene que servir a todos para poder reflexionar".

- ¿Fue también un día triste para el país? 

- Bueno, miren, es un sentimiento difícil de poder expresar. Triste, porque indudablemente la corrupción golpea a la democracia y a las instituciones democráticas y es la credibilidad que tienen que tener todos los funcionarios públicos. Pero la verdad es que a uno lo reconforta ver que todos los ciudadanos rendimos cuentas ante la ley y que todos los ciudadanos somos iguales; que una persona que haya tenido realmente tanto pero tanto poder en la República Argentina tenga que pagar por sus delitos con pena de prisión, creo que es importante. Por eso en la provincia de Santa Fe y en nuestra reforma constitucional tenemos que consagrar instituciones que nos permitan primero no tener impunidad; y en segundo término, tener mucha pero mucha presencia en el Estado para que estas cosas no sucedan nunca en la provincia.

- Cristina dijo que había un cepo a la participación popular… 

- Fue una condena que tuvo diferentes instancias judiciales, y revisada por diferentes magistrados. Lo que hizo fue tener ahora una sentencia, una condena, en definitiva. Creo que el kirchnerismo lo que intenta es mezclar la cuestión política con la cuestión legal y judicial. Recordemos que Cristina en ningún momento prácticamente se defendió. Siempre se defendió con acusaciones políticas hablando de lawfare, pero no yendo en profundidad a lo que era la causa. O los diferentes elementos que primero llevaron a una imputación, posteriormente a un juicio, una condena en primera y luego en segunda instancia y a una ratificación de la Corte. Lo importante es que esto no tiene que nada que ver con ningún tipo de proscripción; tiene que ver con delitos graves que cometieron estando en la función pública y que se pagarán con pena de prisión.

- ¿En todo caso, hubo un manejo particular de los tiempos de parte de la Corte, que justo resuelve cuando ella confirma que es candidata? 

- No, bueno, eso también se puede leer completamente al revés; que ella entendiendo que los tiempos de la Corte se empezaban a agotar, anuncia su candidatura. No tengo claro qué es lo que motivó a la ex presidenta a anunciar su candidatura la semana pasada, pero también había habido un fracaso de ficha limpia en el Congreso de la Nación y eso indudablemente empezaba a complicar la situación. Lo primero que queda claro con esto es que en Argentina no hay impunidad. En segundo término, todos somos iguales ante la ley, y en tercer término, fue un proceso donde la Justicia fue pasando las diferentes instancias y ratificando una condena que va a tener que ser cumplida. Por supuesto que erosiona, que golpea y que aleja a los ciudadanos y también termina perjudicando al sistema democrático, pero tiene que servirnos para ser mejores, y más transparentes. Siento que en la provincia de Santa Fe tenemos una oportunidad que es la reforma de la Constitución, para que podamos terminar con los privilegios, tener una justicia claramente independiente, un Ministerio Público de la Acusación sumamente fuerte. Este fallo lo que muestra es que hay instancias institucionales y que el que las hace las termina pagando a nuestro país. Si usted me pregunta a mí, 17 años después, uno siente que la justicia terminó actuando muy tarde y eso indudablemente genera mucha pero mucha tensión, abre una etapa nueva en la Argentina nueva. Lo mismo quiero para la provincia de Santa Fe, donde no haya impunidad y tengamos consagrada también la ficha limpia en nuestra Constitución.

Para la UCR Santa Fe, "una medida ejemplar"

Mediante un comunicado de prensa, la Unión Cívica Radical de Santa Fe subraya que el fallo de la Corte que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner "es una medida ejemplar que marca el camino seguir". Y advierte: "Este decisorio que hace cosa juzgada, NO es persecución, ni proscripción, ES JUSTICIA", el subrayado pertenece al original.

Desde el Comité Provincial de la UCR se sostiene que la confirmación de la condena por actos de corrupción es "una medida ejemplar en búsqueda de la verdad y la Justicia, que marca el camino a seguir para consolidar la transparencia republicana en los actos de gobiernos".

"Respetar dicho fallo es entender la importancia de honrar a las instituciones de la democracia, de que todos somos iguales ante la LEY y de que de una vez por todas tenemos que comprender como sociedad que la corrupción es uno de los mayores males de estos tiempos que debemos desterrar con el debido funcionamiento de las instituciones democráticas", destaca.

"Los radicales santafesinos hemos combatido siempre con coraje contra la corrupción y por el respeto de nuestras instituciones, somos el fiel reflejo de lo que pregonamos lo cumplimos, para contribuir a tener una sociedad honesta, responsable y trabajadora, que busca la igualdad social y el respeto a las normas que hicieron grande a nuestro país", indica el Área de Prensa y Difusión del Comité Provincial UCR Santa Fe.

Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz firmaron la condena de Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvieron rechazar el recurso de queja interpuesto por la defensa de la expresidenta sobre la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 y ratificada luego por la Cámara Federal de Casación Penal.

La decisión de los cortesanos contra la expresidenta de la Argentina fue tomada este martes 10 de junio de 2025. Los hechos juzgados refieren al desvío de fondos en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015.

Por ser mayor de 70 años (tiene 72), Cristina Kirchner podrá gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Se especula que lo haga en su departamento de San Cristóbal, adonde se mudó tras su paso por Recoleta.

Según el fallo, "las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida", y se remarcó que Cristina Kirchner "relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares". La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había sentenciado a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y ordenado el decomiso de $84.835 millones, al considerar probado un esquema que favoreció a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.

La defensa de la ex presidenta planteó numerosos cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte concluyó que esos planteos no lograron demostrar arbitrariedad ni violaciones a garantías constitucionales.

En sus fundamentos, la Corte rechazó los argumentos sobre supuesta parcialidad de los jueces y consideró que las críticas de la defensa fueron una "reedición" de argumentos ya descartados por instancias inferiores. "No resulta una refutación suficiente sostener un criterio interpretativo distinto", señalaron los ministros.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner